La investigación de la PGR encubre al Ejército y a la Policía Federal

Revista Proceso # 1990

Como en el caso Tlatlaya, el de Ayotzinapa revela una estrategia ya ensayada por el gobierno de Enrique Peña Nieto: el encubrimiento de agentes del Estado, señaladamente el Ejército y la Policía Federal. Como entonces, hoy la Procuraduría General de la República descalifica, miente, oculta, exonera por adelantado y sin investigación de por medio a otros posibles responsables. A continuación se exponen de manera pormenorizada los elementos fácticos y documentales que sirvieron de base al reportaje publicado en la edición 1989 de Proceso y que sustentan la tesis periodística de los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher, junto con nuevas y sólidas evidencias que apuntan al entorpecimiento de la búsqueda de los jóvenes en instalaciones militares y de la PF.

La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México.

Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.

Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.

La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.

El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.

En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.

“El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”

En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.

El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.

Del indicio periodístico al indicio oficial

La PGR envió a Proceso una breve nota aclaratoria: “La investigación que lleva a cabo la Procuraduría se ha basado en testimonios, revisión de documentos, videograbaciones, fotografías, peritajes, inspecciones ministeriales, análisis técnicos y forenses, entre otros.

“Ninguno de estos elementos arroja indicios de que miembros de la Policía Federal o del Ejército Mexicano hayan participado en los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.”

Pese a las declaraciones públicas de Murillo Karam en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, donde pide que se le muestren las evidencias de la investigación periodística sobre la participación de la PF y el Ejército, tal solicitud no ha sido dirigida a Proceso ni al Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de Berkeley.

El jueves 18 se envió una carta solicitando al procurador general acceso a la investigación y a las pruebas que deslindan a la PF y al Ejército. Aún se está en espera de la respuesta. Y cabe señalar que no hubo ninguna carta aclaratoria por parte de la Secretaría de Gobernación, responsable de la PF y de la coordinación de los C4 en Guerrero.

Tampoco la hay de parte de la Policía Federal.

La investigación periodística publicada se basó en la revisión de miles de hojas de averiguaciones previas, testimonios, videos, informes y tarjetas informativas del gobierno de Guerrero. Se hizo un recorrido por los lugares donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre y se verificó la información contenida en las averiguaciones previas y causas penales. Se tomaron videos y fotografías.

Durante todas las indagatorias oficiales fue patente la ausencia de la PGR. Para entender lo ocurrido esa noche, no interrogó a testigos imprescindibles, quienes contradicen la versión oficial del ataque y desaparición de los estudiantes. No protegieron las pruebas ni hicieron los análisis periciales con oportunidad. En todos sus informes sobre el caso, la PGR omitió las primeras declaraciones ministeriales rendidas por los estudiantes atacados, quienes imputaron, además de a la Policía Municipal, a la Federal y denunciaron el hostigamiento del Ejército. Ocultó la existencia de videos grabados por los estudiantes esa noche –mostrados por Proceso– y nunca dio una versión del actuar de la PF y el Ejército ese día.

Sin hacer una investigación completa y transparente de las diferentes líneas de investigación que se desprendían de las declaraciones ministeriales y elementos de prueba, la PGR adelantó conclusiones y dio el caso por resuelto el pasado 7 de noviembre.

Sustento documental

A continuación se enumeran algunas de las pruebas documentales con las que cuentan la reportera y el reportero, las cuales sustentan la tesis periodística acerca de la participación de la PF y el Ejército en el ataque, las graves deficiencias y omisiones de la PGR en la investigación, el ocultamiento de información y declaraciones ministeriales rendidas bajo violencia previa ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Cualquier persona interesada en consultar directamente los documentos puede contactar a la reportera y al reportero en el Investigative Reporting Program, UC Berkeley, 2481 Hearst Avenue, Berkeley, CA 94709 y en Proceso.

1. Declaración ministerial del estudiante Luis Pérez Martínez rendida el 27 de septiembre ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG) que obra en la causa penal 172/2014-I. Afirmó que en el ataque contra sus compañeros en la calle Juan N. Álvarez, policías municipales les cerraron el paso, pero la PF fue la que disparó contra ellos.

2. Declaración ministerial del estudiante Francisco Chalma, rendida el mismo día –obra en la averiguación previa (AP) HID/SC/02/0993/2014– sobre la actuación del Ejército en el hospital Cristina e identifica la presencia de policías con pasamontañas, pecheras y rodilleras, equipo del cual carece la Policía Municipal de Iguala. Cabe señalar que Chalma fue golpeado la madrugada del 14 de diciembre en Chilpancingo por policías federales aparentemente ebrios.

3. Declaración ministerial del estudiante Ángel Mundo Francisco, en la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014. También reconoce a policías con guantes negros y equipo antimotines, que no usa la policía de Iguala.

4. Declaración ministerial del estudiante José de Jesús Vázquez –en la AP HID/SC/02/0993/2014–, quien señala la existencia de videos grabados por los estudiantes con celulares y afirma que entregó uno a la PGJG.

5. Videos grabados con teléfonos celulares por los estudiantes la noche del 26 de septiembre. En uno de ellos claramente un normalista identifica la presencia de la PF. “Ya se están yendo los policías… se van a quedar los federales y nos van a querer fastidiar”.

6. Entrevista con el licenciado Vidulfo Rosales, abogado de los estudiantes y de los padres de los desaparecidos, quien afirmó que desde sus primeras declaraciones ministeriales los normalistas señalaron la participación de la PF y el Ejército, y que a finales de noviembre ampliaron sus declaraciones al respecto ante la PGR, la cual no quiso darles copia de las mismas.

7. Declaración ministerial de Osvaldo Arturo Vázquez, escolta del exalcalde Abarca, quien declaró que éste y su esposa se retiraron de la explanada del centro de Iguala a las 20:45 horas, al terminar el informe de la gestión de ella al frente del DIF municipal, y luego fueron a cenar a una taquería en la colonia Río Balsas.

8. Entrevista con la señora Lili, dueña de la mencionada taquería, quien confirmó que el exalcalde y su familia fueron a cenar esa noche y se retiraron a las 22:20 horas. Se le preguntó si la PGR la había citado a declarar o si había ido a su local. Respondió que no.

9. Informe del gobierno de Guerrero que consta de más de 900 hojas en las que se desglosan las acciones realizadas durante el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre, cuando la PGR atrajo el caso.

10. Tarjeta informativa (TI) número 02370, de dos hojas, firmada por el coordinador operativo de la región norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista.

11. Se obtuvo información en los C4 de Chilpancingo e Iguala acerca de que en sus instalaciones hay representantes de las policías Federal, Estatal y Municipal, así como del Ejército. Todos ellos reciben simultáneamente los reportes del 066.

12. Entrevista con Omar García, líder del Comité de Orientación Política e Ideológica de la Normal Rural de Ayotzinapa, quien afirma que 10 alumnos quedaron encerrados en un autobús que llegó a la terminal de Iguala, que éstos llamaron para pedir ayuda a sus compañeros y que los dos camiones monitoreados por la Policía Estatal y la PF se movieron de la caseta 3 hacia la central de autobuses.

13. Declaración ministerial de Felipe Flores Velázquez rendida el 27 de septiembre –AP HID/SC/0993/2014– en la cual asegura que a las 21:24 horas informó al jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes, que los estudiantes estaban secuestrando camiones y aquél respondió que estaría pendiente.

14. Constancia de actuaciones en la AP HID/SC/0993/2014 sobre nuevas diligencias. En el análisis de los hechos dentro de la averiguación previa y “para la debida integración y perfeccionamiento”, la agente del Ministerio Público del fuero común Maribel Morales García solicitó con carácter de urgente las imágenes grabadas por las cámaras del C4 instaladas en la calle Juan N. Álvarez, de Iguala.

15. Oficio 7314. El 28 de septiembre Morales García pidió al titular de la PF en Iguala que informara urgentemente “si los elementos a su mando participaron de manera activa en los hechos que se registraron el 26 de septiembre”. Y en caso afirmativo, “señalar cuántos elementos se movilizaron en estas acciones”. La PF no respondió.

16. Oficio 7324. En la misma fecha Morales García pidió de manera urgente a la PF de Iguala copias certificadas de la bitácora de registro de entrada y salida del personal que laboró los días 26 y 27 de septiembre. La Policía Federal no respondió.

17. Oficio 7331. En la misma fecha Morales García pidió a la PF de Iguala un informe con el número de patrullas, su fecha de adquisición y asignación y copia de la licencia colectiva de resguardo del armamento en uso dentro de la corporación, “con el fin de resolver conforme a derecho la averiguación previa que se inició por los hechos violentos registrados el día 26 de septiembre”. La Policía Federal no contestó.

18. Seis hojas de la “Orden de los Servicios Operativos de Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos que con esta fecha desempeñara el personal adscrito a esta corporación”. “Servicio de las 8:00 horas del día 26 de septiembre a las 8:00 horas del día 27 de septiembre del 2014”. Ninguno de los 165 efectivos de la SSP municipal tiene el nombre de David Hernández Cruz, quien según Murillo Karam señaló a Abarca como el que dio la orden de “contener” a los estudiantes.

19. Se visitó la base de la Policía Municipal de Iguala en Rayón 109. Se tomaron videos del exterior y del interior del inmueble que muestran lo modesto de las instalaciones, y que las casas y vecindades que la rodean tienen vista al patio central, donde supuestamente fueron llevados los estudiantes. Se cuenta con videos que demuestran que las patrullas con roll bar, como las usadas por la Policía Municipal y por la Federal –la cual ahora está encargada de esa base–, no caben por la puerta principal. Aunque aún no termina la investigación, las instalaciones están en remodelación.

20. Testimonios de personas ajenas al incidente, que vieron el ataque y señalaron la presencia de policías con uniformes distintos a los de los municipales.

21. Visita al corralón de Grúas Mejía Meta II, en Periférico Sur sin número, en Iguala, donde desde el 27 de septiembre hay cuatro autos particulares, una motocicleta, patrullas municipales y los tres camiones atacados en la calle Juan N. Álvarez. No fueron protegidos para preservar huellas y pruebas. Se constató directamente que apenas entre los pasados 12 y 14 de noviembre, peritos de la PGR acudieron al lugar a practicar pruebas periciales de los vehículos, una semana después de que el procurador general había anunciado en conferencia de prensa las conclusiones del caso.

22. Dictamen de integridad física número de folio 78336 realizado por la PGR a Néstor Napoléon Martínez Morales, a quien le atribuyeron el apodo de El Napo, detenido en Iguala y acusado de ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). En el documento se enumeran los daños físicos que presentaba.

23. Declaración ministerial de Martínez Morales donde afirma que las lesiones le fueron causadas con motivo de su detención y que fue golpeado por varios de los policías federales que lo aprehendieron.

24. Declaración ministerial de Raúl Núñez Salgado, alias El Camperra, detenido por la Marina en Acapulco y acusado por la PGR de ser operador financiero de Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Y “fe de integridad física” donde se enumeran todas las lesiones que presentaba. Su abogado pidió hacer un estudio de mecánica de lesiones.

25. Declaración ministerial de Sidronio Casarrubias Salgado rendida el 17 de octubre de 2014, causa penal 100/2014. Declaró que fue detenido en un restaurante y no en la carretera México-Toluca. Afirmó que apenas había salido de la cárcel hacía cinco meses y que no es líder de Guerreros Unidos. Fue quien declaró que supuestamente en los camiones donde viajaban los estudiantes iban integrantes del grupo delictivo Los Rojos y que por eso Guerreros Unidos, en complicidad con la Policía Municipal de Iguala, los atacó. Afirmó que los estudiantes fueron “asesinados”, “quemados” y arrojadas las cenizas al “río”. Y que supuestamente el procurador del estado, Iñaki Blanco, y el titular de la SSP de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez, estaban involucrados.

La PGR en sus conclusiones descartó que en los camiones hubieran viajado integrantes de Los Rojos y no ha presentado hasta ahora ninguna acusación contra Vázquez ni Blanco. Este último renunció al cargo a mediados de noviembre.

26. Declaración ministerial de Carlos Canto Salgado, alias El Pato, detenido en Iguala por marinos (PGR/SEIDO/UEID MS/816/2014). Dio una lista de supuestos integrantes de Guerreros Unidos, implicó a los comandantes de la Policía Municipal de Iguala, a Raúl Núñez Salgado, a José Luis Abarca, a El Napo y una decena más de personas identificadas por apodos.

27. Declaración preparatoria de Canto Salgado donde revela que efectivos de la Marina y funcionarios del gobierno federal lo torturaron sometiéndolo a asfixia, toques eléctricos, golpes y amenazas contra su familia. Que los marinos tenían una lista de nombres de personas contra las que debía declarar.

28. Dictamen de integridad física número de folio 78130 realizado por la PGR a Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, detenidos en Cuernavaca por la Marina (PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Se enumeran las múltiples lesiones con las que fueron presentados ante el MP.

29. Declaración ministerial de Lozano Cuevas, quien testificó que fue torturado por los marinos que lo detuvieron. El defensor público dejó asentado que pedía se le aplicara el Protocolo de Estambul, el procedente cuando hay tortura.

Tlatlaya-Iguala: modelo necrófilo

Carlos Fazio

Fue el Estado. El operativo especial en 36 alcaldías de la Tierra Caliente, que abarcará espacios territoriales de Guerrero, Michoacán, Morelos y el estado de México, no podrá hacer desaparecer la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos de Tlatlaya e Iguala. En ambos casos, agentes del Estado, en su carácter de servidores públicos, participaron de manera directa en la comisión de ejecuciones extrajudiciales y en la práctica de la tortura y la detención-desaparición forzada de 43 normalistas, lo que configuran crímenes contra la humanidad sancionados por el Estatuto de Roma, del que México es signatario desde 2005, por lo que dichos actos caen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional (ONU, 1998).

La ejecución sumaria de 22 jóvenes sometidos por miembros del Ejército en Tlatlaya, y los homicidios de seis personas y la detención-desaparición de 43 normalistas en Iguala exhiben el carácter necrófilo del capitalismo: la compulsión por subordinar la vida social al imperativo de la ganancia económica, de convertir lo viviente en oro (muerte). El neoliberalismo como una fábrica de muerte; la acumulación por apropiación-desposesión, mediante programadas políticas de exterminio de población sobrante, que se combinan con otras formas de disciplinamiento social ejercidas por agentes estatales y grupos criminales subrogados.

La palabra necrófilo para designar un rasgo de carácter fue utilizada por el filósofo Miguel de Unamuno en 1936, a raíz de un discurso pronunciado por el general nacionalista Millán Astray en la Universidad de Salamanca. Empezaba la guerra civil española y la divisa favorita de Astray era ¡Viva la muerte! Uno de sus seguidores la voceó durante su alocución. Cuando el general terminó, Unamuno, rector de la Universidad, se levantó y dijo: “Acabo de oír el necrófilo e insensato grito ‘¡Viva la muerte!’ Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como experto en la materia, que esa ridícula paradoja me parece repelente”. Ante eso, incapaz de reprimirse, Astray gritó: ¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte! Los falangistas aclamaron su réplica. Pero Unamuno prosiguió: Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha.

El pasaje fue recuperado por Erich Fromm en su Anatomía de la destructividad humana. Allí señala que el carácter necrófilo es una forma extrema donde la necrofilia es el rasgo dominante. Según Fromm, la necrofilia puede describirse como “la atracción apasionada por todo lo muerto, corrompido, pútrido y enfermizo; es la pasión de transformar lo viviente en algo no vivo, de destruir por destruir (…) es la pasión por destrozar las estructuras vivas”.

Queda para sicólogos y siquiatras definir un eventual carácter necrófilo en el ex presidente Felipe Calderón, quien, con base en un Estado de excepción permanente de facto, puso en práctica una violencia exterminadora sin límites, que facilitó una caótica y devastadora política de desposesión y arrasamiento de las mayorías en beneficio de la acumulación de capital de los amos de México, convirtiendo al país en un gran cementerio clandestino de seres humanos, en su abrumadora mayoría jóvenes y pobres.

Ahora, cuando afloran otras ridículas y repelentes paradojas, como el grito de ¡Todos somos Ayotzinapa! que hizo suyo de manera inmoral y demagógica el presidente Enrique Peña Nieto, repetimos que podrá emplearse la fuerza bruta vía la militarización y la paramilitarización del país, pero eso no convencerá a gran parte de la población mexicana, que es hoy consciente de que a la clase dominante y sus administradores de turno no les asiste ni la razón ni el derecho.

Impelido por el gran capital tras sendos encuentros furtivos con emisarios del Consejo Coordinador Empresarial, Peña Nieto ordenó un raído decálogo de medidas de fuerza dirigido a profundizar el proceso de militarización iniciado por Calderón en la Tierra Caliente. Exhibidos en la coyuntura signos de ofuscación, enojo y una cierta alteración emocional; desnudado, acotadas sus capacidades para la simulación y la seducción, con su decisión de crear enclaves (zonas económicas especiales) para el saqueo de recursos geoestratégicos y la explotación neocolonial de mano de obra, y de mantener y reforzar a las fuerzas armadas en el control territorial en regiones donde han florecido históricos movimientos de resistencia popular al despotismo y la barbarie, el ilusionista de Los Pinos podría verse tentado a acentuar el carácter necrófilo del actual modelo de dominación. Lo cual significaría mover a México hacia una pendiente resbalosa que podría derivar en el surgimiento de un Estado autoritario de nuevo tipo.

El nuevo pacto en las sombras entre las élites del poder económico y político apuesta una vez más por sofocar con terror, sangre y fuego la resistencia social. Cuando crecen las demandas de verdad, justicia y aparición con vida a los 42 normalistas que nos faltan, la decisión de enviar al general Enrique Dena a la Tierra Caliente envía un mensaje de mayor violencia represiva. La ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales es un ardid que pretende encubrir la estructural e histórica cohabitación y/o colusión entre grupos terciarizados de la economía criminal y las fuerzas institucionales de disciplinamiento social (el Ejército, la Marina de guerra y las distintas policías) en todo el país. El decálogo de Peña Nieto tiene como propósito seguir administrando de manera violenta la lucha de clases; es un plan desmovilizador policiaco-militar que busca desarticular el actual proceso de lucha democrática en redes de los de abajo; la rebelión de las víctimas. También es un intento por invisibilizar la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad de Tlatlaya e Iguala.

Ayotzinapa o la rebelión de las víctimas

Armando Bartra

El 26 y 27 de septiembre el crimen de Iguala rompió el dique y empezaron a correr las aguas de la indignación popular; un torrente ciudadano que una y otra vez llena calles y plazas de la capital y de los estados. El gobierno está en medio de la turbulencia y no halla para dónde hacerse. El barco de Enrique Peña Nieto se hunde. Vivimos una crisis de gobernabilidad que pone a México ante una inédita encrucijada.

1. Muchos son los agravios que padecemos: nos exprimen como asalariados, nos bolsean como agricultores; como pobladores nos arrebatan territorios y patrimonios, malbaratan los recursos naturales que son de todos, nos pendejean como ciudadanos comprando las elecciones, hacen perdidizos nuestro derecho a trabajar, a comer, a estudiar, a curarnos, a habitar, a crear y disfrutar del arte, a tener o no tener hijos, a coger sin temor con quien nos plazca…

Y nos defendemos. Nos defendemos como obreros, como campesinos, como colonos, como pueblos, como mujeres, como estudiantes, como sexualmente diversos, como ciudadanos, como consumidores…

Pero hay un agravio que, cruzando todos los demás, es también específico. Un agravio dirigido contra nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos: nos han hecho víctimas, víctimas de la violencia y con frecuencia víctimas mortales.

Somos víctimas del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico; víctimas de los cárteles, de la policía y del Ejército; víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; víctimas del secuestro y de la desaparición forzada; víctimas de la tortura; víctimas de la fuerza pública, que lejos de protegernos, nos agrede; víctimas del acoso judicial; víctimas de la cárcel injusta; víctimas de la amenaza; víctimas del miedo a ser la próxima víctima…

Y también nos revelamos contra este agravio específico. Nos alzamos precisamente en nuestra condición de víctimas de la violencia. Pero si hay víctimas es que hay culpables, de modo que nos alzamos contra nuestros victimarios.

Porque toca fibras muy sensibles, el de las víctimas es un movimiento expansivo y potente. Recordemos la rapidez con la que en 2012 se extendió el que encabezó Javier Sicilia. Y como los ríos serranos tras la lluvia ha corrido el movimiento por la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa. Pero el horrendo crimen es emblemático de los que a diario ocurren en todo el país y buscando castigar a quienes lo cometieron se busca igualmente limpiar de criminales las instituciones públicas. Limpiarlas desde arriba hasta abajo. Sobre todo arriba, mero arriba.

La lucha es contra con un orden que no sólo despoja, explota y oprime, también secuestra, tortura y mata a los jóvenes. Un movimiento que nos incumbe a todos, porque todos somos víctimas, pero que es mayormente un movimiento de jóvenes y por los jóvenes.

Nadie debería morir entre los 15 y los 25, pero aquí muchos mueren por violencia en ese rango de edad. Jóvenes son los muertos y los secuestrados de Ayotzinapa; jóvenes casi todos los de las narcofosas de Iguala; jóvenes los ejecutados por el Ejército en Tlatlaya; jóvenes la mayoría de los más de 100 mil muertos y 20 mil desaparecidos que ha dejado la masacre iniciada por Felipe Calderón y continuada por Peña; jóvenes los narcos que se torturan, balacean y despedazan luchando por los territorios; jóvenes los soldados, jóvenes los sicarios, jóvenes las víctimas accidentales… En México se mata a los jóvenes y los jóvenes se matan los unos a los otros. Toda muerte duele, pero la muerte de un joven duele más porque es la muerte de una vida por vivir. ¿Cuántos años no vividos acumula el juvenicidio nacional?

Sin embargo, desde hace dos meses las víctimas se alzan, las víctimas se rebelan… Y si los agraviados se ponen en marcha, que tiemblen los victimarios y sus cómplices, que tiemble el sistema que nos victimiza…

2. El regreso de un dinosaurio que en realidad no se había ido –sólo salió a mear– dejó un amargo saldo de atonía ciudadana, de pasmo social, de duelo. #Yosoy132 se desfondaba, los movimientos contra las diversas reformas estructurales se quedaban cortos, el PRD pactaba vergonzosamente mientras Morena no lograba combinar la movilización social con la movilización por el registro como partido. Entre tanto, los ciudadanos del común se iban dando cuenta de que el frenético activismo de la nueva administración sólo era exitoso en sus iniciativas entreguistas, mientras las promesas de campaña se diluían. Pero la creciente desaprobación que evidenciaban las encuestas no se expresaba en acciones de protesta.

Hacía falta un sacudón de las conciencias y éste fue el crimen de Iguala. La indoblegable y bien conducida protesta de los padres y compañeros de los normalistas puso fin al letargo, abriendo paso a una infinidad de agravios antes soterrados que ahora se hacían visibles. Las torpezas de Peña hicieron el resto. Primero la pretensión de desmarcarse y responsabilizar sólo a los gobiernos municipal y estatal; luego el intento de echarle toda la culpa al narco; más tarde el show con que el procurador trató de darle carpetazo al asunto dando por muertos y calcinados a los normalistas, y por último el anuncio de nuevas promesas resumidas en 10 puntos. A lo que se añadieron tropiezos, frivolidades y desfiguros como el balconeo de la casa presidencial de Las Lomas, con la que presumiblemente un contratista pagó contratos otorgados, incluyendo un tren bala que por el desaseo del concurso de plano se cayó incomodando a mil 300 millones de chinos –es un decir– y aguándole a Peña Nieto su inoportuno viaje a oriente.

Acompañan a las protestas por el crimen otros movimientos que la rebelión de Ayotzinapa potencia y galvaniza. La huelga del Politécnico en contra de un reglamento policiaco y de la reforma neoliberal de los planes de estudio avanza hacia un Congreso refundacional. El 6 de diciembre, a 100 años de que Villa y Zapata entran a la capital, pueblos que defienden sus territorios, organizaciones campesinas que reivindican la propiedad social de la tierra, sindicatos democráticos, agrupaciones urbano-populares y convergencias estudiantiles se unieron los de Ayotzinapa en la toma simbólica de la ciudad de México. Y el activismo cunde.

3. A diferencia del movimiento de 2012 impulsado por padres y madres, esta vez la rebelión de las víctimas tiene por protagonistas mayores a los jóvenes, inscribiéndose en la insurgencia juvenil que en el arranque del tercer milenio se expande por todo el mundo.

País de jóvenes, México debiera gozar de un bono demográfico, consistente en que la gran mayoría de nuestra población está en edad productiva. Bono que se dilapida al enviarlos a la migración, la marginalidad, la delincuencia. Vivimos en un país de jóvenes que no educa a sus jóvenes, que no emplea a sus jóvenes, que sataniza a sus jóvenes, que mata a sus jóvenes.

La paradoja es que siendo México un país de jóvenes, los movimientos campesinos, obreros, ciudadanos y, en menor medida, los urbanos y los magisteriales son encabezados y animados mayormente por gente adulta. Por esto fue tan esperanzadora la emergencia del #Yosoy132 en las elecciones de 2012, dos años después la huelga general de los politécnicos y ahora la vertiginosa incorporación de los estudiantes a la lucha encabezada por los normalistas y los padres de los desaparecidos.

Los jóvenes están siendo protagónicos, pero en cada caso con distinto perfil y causa. Aunque trascendió su escuela de origen, #Yosoy132 llevaba el sello de los chavos de la Ibero y de la coyuntura político electoral; la huelga del Poli responde al perfil de estudiantes técnicos, de quienes la impulsan y a la naturaleza educativa de sus exigencias; la insurgencia en torno a Ayotzinapa está marcada por la condición campesina de la mayor parte de los que estudian en las normales rurales, por alzarse contra la victimización, por la destacada participación de los maestros de la CNTE y porque las acciones masivas más duras se están desarrollando en el estado de Guerrero.

4. Está documentado que la Procuraduría General de la República conocía la vinculación con el narco y presunta responsabilidad en un asesinato del presidente municipal de Iguala y, sin embargo, no lo investigó. Hay datos que involucran al Ejército y a la policía con los hechos del 26 y el 27 de septiembre, y es difícil de creer que estando ahí desde hace mucho, ignoraran lo que ocurría en el municipio. Si a esto agregamos la suma de agravios que acumulan los mexicanos y las torpezas gubernamentales de las últimas semanas, no debiera sorprendernos que a más de dos meses del crimen la consigna más coreada en las manifestaciones sea ¡Fuera Peña!

¿Qué significa hoy esta exigencia?

¡Fuera Peña! es menos y más que ¡Fuera el PRI! Menos porque la de Peña Nieto es sólo una administración federal y no la totalidad del sistema autoritario. Más porque dada la quiebra moral de este gobierno, su caída es hoy posible, lo que sin duda abriría paso a un reacomodo de fuerzas político sociales y quizá a la refundación democrática de la República.

En las marchas se grita también que a los de Ayotzinapa los desapareció el Estado, queriendo decir que el crimen involucra a todas las instituciones públicas. Y quizá así es. Pero si responsabilizamos por igual a todos los políticos, entonces la consigna no debe ser ¡Fuera Peña! sino ¡Que se vayan todos! ¿Será?

Nacido en Argentina y repetido en México, el grito ¡Que se vayan todos! da fe de un merecido descreimiento en el gremio de los políticos. Sin embargo, como consigna central es hoy impertinente, pues de imponerse dispersaría un movimiento cuya fuerza radica precisamente en que está focalizado en un tema: el crimen de Iguala, y un responsable mayor: la actual administración. En cambio, si se pasa de ¡Fuera Peña! a ¡Que se vayan todos!, lo más probable es que no se vaya nadie.

El sistema político mexicano está podrido y la descomposición moral involucra a casi todos. Pero el crimen de Iguala y lo que éste representa tiene un responsable mayor: el gobierno de Peña. A oscurecer este hecho colabora no sólo la consigna ¡Que se vayan todos!, sino principalmente las acciones provocadoras espontáneas o patrocinadas que han manchado las últimas manifestaciones.

Al gobierno federal le conviene el vandalismo anónimo, sobre todo en la ciudad de México y en la UNAM. Le conviene porque conduce a la represión, que a su vez deriva inevitablemente en brutalidad y arbitrariedad policiaca (el que piense que las intervenciones podrían ser asépticas y quirúrgicas, ignora lo que son las policías realmente existentes). Y esto debilita al movimiento por dos razones: porque algunos dejan de participar por temor, pero también porque desvía la atención y lleva el debate a cuestiones periféricas: ¿no es raro que la policía detenga sólo a los pacíficos?, ¿son realmente pacíficos todos los detenidos?, ¿debemos defender también a los violentos si se les detiene? Además de que multiplica los enemigos, porque si con el conque de los vándalos el jefe de Gobierno del Distrito Federal nos manda a los granaderos, en la siguiente manifestación gritaremos ¡Fuera Mancera!, y si la rectoría de la UNAM queda embarrada en un choque en el campus entre estudiantes y un agente del Ministerio Público, en la próxima marcha gritamos ¡Fuera Narro!...

No defiendo al rector o al Jefe de Gobierno, cuyas torpezas son patentes y deben ser criticadas. Sólo digo que el más interesado en generar conflictos parásitos y en involucrar a otros actores, sobre todo si pertenecen vagamente al centro-izquierda, es el propio Peña Nieto.

5. Hoy el movimiento marcha por dos carriles: el agravio específico que los familiares tienen que tratar con las autoridades, por ríspida que sea la negociación, y el del agravio genérico: violencia incontrolable, impunidad, penetración del narco en el Estado, criminalización de la protesta, pero también las llamadas reformas estructurales, más lo que se acumule en esta semana… Asuntos que por su misma naturaleza no pueden ser negociados con una administración pública a la que el movimiento está sentando en el banquillo de los acusados. No se puede negociar con Peña Nieto la renuncia de Peña Nieto.

El gobierno tiene pocas opciones. Una es generalizar la represión, como se lo demandan la oligarquía y los fascistas, castigo que de implementarse sobre un movimiento en ascenso posiblemente endurecería y ampliaría aún más la protesta y, con ello, la ingobernabilidad. Otra es prolongar la presunta investigación y entre tanto anunciar reformas insustanciales, discutibles y sobre todo poco creíbles, confiando en que el movimiento se desgaste y se divida de modo que los persistentes y duros puedan ser encapsulados y reprimidos. Esto con el riesgo el reflujo no llegue pronto y la ingobernabilidad se profundice. La última opción es que el control de daños incluya despidos o renuncias de alto nivel ¿qué tan alto?

La moneda está en el aire.

El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida

Ramón César González Ortiz

El 26 de septiembre del presente, seis personas fueron asesinadas, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron  en ataques a tiros por parte de la policía municipal de Iguala y fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, según informaron los medios de comunicación. [1] Más tarde resultaron implicadas Fuerzas del Ejército Nacional, particularmente, el 27º Batallón de Infantería acantonado en Iguala, quien dos horas después del primer ataque, al producirse uno nuevo, sin evitar el primero, se presentaron en el segundo agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada. “Los soldados –contó el estudiante normalista Omar García a Tele Sur– "nos dijeron: 'ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, "amárrensen "  los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar" [2].

Esta acción criminal de asesinatos masivos y de desaparición forzada, se debe circunscribir en el marco de la "nueva contrainsurgencia" instaurada en América Latina con Reagan cuando declaró, en febrero de 1982, la Guerra contra las drogas, como "objetivo urgente" de Seguridad Nacional, donde se califica como meta central la detención de la cocaína que ingrese a Estados Unidos, con lo cual se responsabilizará a partir de entonces a la oferta, es decir, a los países productores, y no a la demanda (los países consumidores), generándo, desde entonces, aparte de los "terroristas", al narcotraficante como un nuevo enemigo externo, alterno al comunismo y al terrorismo, pero particularizado para el patio trasero de Norteamérica [3].

De forma tal que la guerra contra las drogas le ha permitido continuar a Norteamérica, en América Latina con la doctrina de contrainsurgencia, implementada por John Fitzgerald Kennedy en los años de 1961-1963 [4], en la cual los ejércitos latinoamericanos pasaron de la “defensa del hemisferio” ^[5] , a una misión de "seguridad interna" dando forma a la llamada vietnamización de Latinoamérica que ha significado en los hechos, que los ejércitos de cada país sean los principales responsables del combate contrainsurgente rural o urbano y ya no las tropas estadounidenses. En segundo lugar están las fuerzas policiacas, constituyendo la primera línea ante situaciones complicadas. Y tercer lugar, EEUU, se abstiene de invadir, aunque no descarta del todo, esta posibilidad en casos de emergencia ^[6] .

Todo ajustado al esquema de la redemocratización-militarización, que se dio en El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá ^[7] , cuando las dictaduras militares en América Latina se fueron desgastando, mostrándose incapaces, incluso allí donde fueron efectivas en la detención del movimiento revolucionario, de asegurar las condiciones de una dominación política estable que por supuesto, fuera acorde a los intereses norteamericanos en el curso de 1980. Así, la difusión del término Narcotráfico como un mecanismo homogenizante ha permitido asimilar y dramatizar una gran serie de elementos disímiles, con lo cual se ha construido hasta la fecha un sinónimo del Imperio del Mal. ^[8]

Además, los “regímenes democráticos” han prevalecido tanto tiempo, a pesar de las políticas neoliberales que han impulsado afectando a una gran parte de la población latinoamericana, gracias además del manto democrático, ha el apoyo que han recibido las Fuerzas Armadas latinoamericanas por parte de los estadounidenses. En este sentido, Reagan en la búsqueda de dar continuidad a una política exterior norteamericana para América Latina, que restableciera el énfasis en la cuestión de la seguridad, la implantación de democracias viables en la región, con particular interés en Centroamérica, impulsa la relación Fuerzas Armadas-narcotraficantes en Colombia que se logra después de que declara la guerra al narcotráfico, ya que encubierta en esta guerra se da la relación de varios cárteles colombianos como el de Medellín y Cali, con agencias de seguridad norteamericanas como la CIA, para desatar una devastadora guerra sucia y terrorista contra el pueblo de Nicaragua, después de que la guerrilla sandinista tomara el poder en 1979. Para financiar a “La Contra”, Pablo Escobar Gaviria entregaba cocaína a la CIA, que viajaba en aviones pertenecientes a esta agencia de seguridad para ser camuflados, hasta Centroamérica, para luego ser enviadas hasta aeropuertos militares en Estados Unidos. De ahí salía para la venta en las calles, y con las ganancias se financiaba a la “Contra”.

Asimismo, la guerra al narcotráfico ha servido toda vez que el Estado colombiano y sus aparatos represivos fueron cuestionados por su relación con el paramilitarismo y la guerra sucia, ya que el Estado: “…aparece como el gran pacificador dentro de una situación de violencia generalizada, lo cual justifica cualquier reforzamiento autoritario del mismo […] En nombre de la “guerra a la mafia” y aprovechando el consenso frente a la lucha contra el narcotráfico, se justifica la expedición de medidas autoritarias que finalmente afectan a sectores mucho más amplios de la población […] El nuevo ambiente de guerra ha permitido así que las Fuerzas Armadas recuperen y amplíen sus facultades políticas e investigativas, al tiempo que su imagen ante la opinión pública surge de tal forma que inhibe la capacidad crítica frente a los potenciales desmanes de las tropas. No solo aparecen ahora ante la ciudadanía como la institución con la cual hay que solidarizarse para hacer frente al narcotráfico sino que, además […] la militarización de la vida política aumenta considerablemente […] De esta manera las Fuerzas Armadas han comenzado a utilizar las facultades concedidas por los nuevos decretos para allanar y capturar a miembros de organizaciones populares, sindicándolos de apoyar a grupos guerrilleros y de tener alianzas con el narcotráfico”. ^[9]

La guerra contra las drogas circunscrita en la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por EE.UU, de esta manera ha servido en Latinoamérica para la instauración de “modelos estables” que restablezcan la hegemonía burguesa en la sociedad y la hegemonía norteamericana en la región. Particularmente en Colombia, que aun sin contar con una dictadura formal en los años sesenta y setenta, se impuso esta doctrina llegando hasta los cimientos del Estado mismo, por las élites y las Fuerzas Armadas de ese país. A esto respondieron los nombramientos de alcaldes militares, designados en reuniones de mandos militares con gobernadores, quienes estos últimos se encargaban de designarlos.

Y dentro de la guerra contra el narcotráfico, el eje central de su estrategia ha sido la “guerra sucia”. Dentro del terrorismo de Estado colombiano han jugado un importante papel las estructuras criminales clandestinas y el paramilitarismo. Al tener como objetivo camuflar acciones para que no sean atribuidas a personas que trabajen dentro de la estructura estatal, y por lo tanto lo comprometan: “Este objetivo de encubrimiento de responsabilidades, respecto a actos que no tienen ninguna presentación legal ni legítima, ni siquiera dentro de fuertes confrontaciones bélicas, hace que se confundan y se complementen dos tipos de procedimientos: el accionar de los militares camuflados de civiles y el accionar militar de civiles protegidos clandestinamente por militares. Ambos procedimientos tienden al mismo objetivo: el encubrimiento que salvaguarde la impunidad”. ^[10] 
  Este accionar fue inaugurado por Belisario Betancur Cuartas, presidente colombiano quien en 1982 después de decretar una amnistía que saca de la cárcel a aproximadamente 500 presos políticos, se lava las manos por el asesinato, desaparición, o exilio, de estos liberados, y se responsabiliza de estos actos a paramilitares, sicarios, pistoleros a sueldo o escuadrones de la muerte.

Así, en Colombia, tras el impulso de los paramilitares que se ponen al frente del narcotráfico de drogas, remplazando a los tradicionales carteles y la violencia generada por estos grupos conforma el discurso de que el Estado débil, casi indefenso es victima, tanto como la población de los “violentos”, sin embargo las Fuerzas Armadas no actuaban para evitar las masacres cometidas por los paramilitares, y con su omisión aportaban a su realización: “El cinismo del terrorismo de Estado en Colombia es inimaginable. Ello fue palpable durante las masacres cometidas por los paramilitares contra los pobladores de varios caseríos a orillas del río Naya, en las selvas del suroeste del país, no lejos del océano Pacífico. Cuando las autoridades judiciales al fin llegaron hasta esos lejanos y olvidados parajes, “las escenas que encontraron fueron macabras: una niña de 16 años con los brazos serruchados, unas tenían el estómago abierto y otros con señas de tortura […] Sucedió en abril de 2001, en plena Semana Santa…Era otra masacre anunciada, pues desde meses antes se había denunciado ante las autoridades esa posibilidad y, como en tantas otras ocasiones, no se movió un dedo para la protección de la población. Al final fueron asesinados unos 130 afrocolombianos e indígenas y más de tres mil tuvieron que desplazarse”. ^[11]

Consolidada esta estructura en Colombia, en la supuesta lucha contra el narcotráfico se atacó primero a consumidores de droga y a ladronzuelos, acciones conocidas en Colombia como “limpieza social”, para luego desplazar su violencia hacia campesinos, activistas comunitarios, miembros de base de la iglesia y políticos de izquierda. El complemento fundamental de este accionar fue la legalización de mercenarios y la elaboración de su conflicto interno de manera privatizada. Acción impulsada por George Walker Bush, quien a mediados de 2005 anuncia la ampliación del Plan Colombia, sustentado en los atentados del 11 de septiembre a las torres gemelas, con lo cual desde entonces lo que se intenta permee es que: “…no existe un conflicto armado en Colombia sino una “guerra contra el terrorismo”. Todo el aparato estatal y la población deben estar al servicio del esfuerzo militar y político del Estado para derrotar a los terroristas. Se debe otorgar los más amplios poderes a las Fuerzas Militares para vencer “al enemigo terrorista”. Deben reajustarse los recursos judiciales, las facultades de la Corte Constitucional y de los órganos de control del Estado para que no sean un obstáculo de la acción del Poder Ejecutivo en la guerra contra el terrorismo”. ^[12]

Así, en el 2002 el presidente Álvaro Uribe Vélez, impulso en Colombia como premisa fundamental los cánones prescritos por Washington respecto a que no existe en Colombia un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista, para lo cual afirmaba que quien sostuviera que en el país existía un conflicto armado le hacia el juego al terrorismo.

Acorde ha esta lógica, el Plan Colombia tuvo como complemento el Plan Patriota, que elimina el límite que existía sobre la cantidad de mercenarios contratados por las Compañías Militares Privadas (CMP). Lo cual solo sirvió para aumentar y agudizar los graves efectos el Plan Colombia; desplazamiento forzado, confinamiento de poblaciones e incremento de la pobreza y la miseria en el sur del país.

Para el caso de México es preciso que recordemos como en la década de los ochenta las instituciones públicas en los sectores de salud, educación, trabajo y desarrollo social fueron privatizadas de facto, para ser entregadas a mafias privadas legalizadas, así como a mafias legales empresariales que unieron sus intereses con grupos criminales, que a su vez comienzan a competir por el poder político como extensión de su fuerza económica ^[13] . En este contexto se han enriquecido un puñado de familias a costa del futuro del país, a este respecto publicó Mr. Harry Hurt la manera en que Salinas le permitió a su amigo Slim Helú adquirir Teléfonos de México en 400 millones de dólares, siendo que en realidad valía 8,000 millones. A un hijo de Carlos Hank González le remató en 10 millones una concesión de telefonía celular que luego fue revendida en 100 millones ^[14] .

Conforme estos ejemplos, se puede observar como en el México neoliberal, el aparato de justicia se ha puesto al servicio de los intereses de los grandes empresarios, algunos de ellos ligados al sector financiero, y mientras saquean a la nación, hacen fraudes millonarios y evaden impuestos han impuesto en nuestro país la visión de lo que es la delincuencia así como la manera de combatirla, mediante políticas de mano dura. Acorde con esta visión conservadora y empresarial en materia de seguridad pública, durante su campaña Felipe Calderón ya prometía mano dura contra la delincuencia, y ya una vez que asume la presidencia declara una lucha frontal contra el crimen organizado, sacando al ejército para combatir a la delincuencia.

Más aun, en nuestro país viene causando conflictos la insistencia de empresarios por reactivar la explotación minera en lugares como el predio La Revancha, del ejido Gracia, en el municipio de Chicomuselo, ubicado en el estado de Michoacán. Lo cual ha derivado en confrontaciones según reportan desde el 21 de septiembre de 2013, cuando se presento el señor Fernando Coello Pedrero, abuelo del gobernador Manuel Velazco Coello, ante un grupo de jóvenes amenazando con que se explotarían las minas de esa región “aun sin el permiso de las comunidades que ahí habitan” ^[15] .

En esta misma lógica, desde 2010 se ha venido presentando la extracción “irregular” de hierro en los estados de Jalisco, Michoacán y Colima, según indica la Secretaría de Economía. Lo relevante es que ésta extracción se le achaca a él cártel de los Caballeros Templarios y su predecesor, el de la Familia, al estar robando u obteniendo por extorción contenedores de mineral de hierro, o extrayéndolo ellos mismos, para venderlo en los puertos sobre el Pacífico ^[16] . Ante estos hechos y la ausencia de autoridad en Michoacán (como en otros Estados de la República) se ha sumado al conflicto el surgimiento de las llamadas “autodefensas comunitarias”. Lo cual pese a sus buenas intenciones, se corre el riesgo de que estos grupos de autodefensa no lo sean, y que sean infiltradas por Los caballeros templarios, la familia michoacana, zetas o el cártel Jalisco nueva generación conformando en realidad brazos armados de estos, para realizar distintas actividades ilícitas y de despojo en algunas comunidades. En un contexto donde políticos pactan con narcotraficantes, narcotraficantes financiando grupos de alzados, políticos acusándose de pactar con criminales, y criminales afirmando que ellos no pactan con políticos ^[17] .

Esto ha devenido de manera tal que desde los inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto el estado de Michoacán, resulto ser el laboratorio de lo nuevo en materia de seguridad. Ya que Fuerzas armadas “disfrazadas de carteles” que fueron activadas por el ejército, los gobiernos locales y el gobierno central durante el sexenio anterior, se resistieron a pasar a una nueva etapa dictada por la política de las transnacionales, cuyo objetivo último es concentrar el poder en el gobierno y desaparecer a las autonomías para repartirse los territorios y los recursos. Más aun, bajo las confrontaciones, se intenta ocultar que es una política útil para el reparto de tierras y recursos, ya logrados entre pequeños grupos de grandes capitalistas, sobre todo los vinculados a mineras, trazado de carreteras y presas, que lucran con políticas estatales ^[18] .

Así, refuncionalizada la estrategia de Guerra de Baja Intensidad en la “guerra contra las drogas”, tenemos que recordar que cuando el michoacano Felipe Calderón asumió el poder, surgió el cartel la Familia Michoacana, cartel “que en su primera aparición pública dijo que no estaba contra el gobierno federal ni contra las instituciones armadas, como el ejército, que simplemente querían practicar la ley y la seguridad donde el Estado no alcanzaba a resguardar la seguridad de los ciudadanos, y que enfrentaría a expresiones foráneas –como los Zetas o el cartel de Sinaloa”. Y dentro de los mismos parámetros se destaca que, los grupos La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y los Zetas cumplieron una función dentro del plan de guerra de Calderón, “que por vía paralela fue la expresión no armada para la guerra sucia de los organismos de seguridad del Estado; es decir, que fueron funcionales a la política represiva que bajo la pantalla de la guerra a las drogas, se llevó a cabo bajo el gobierno de Calderón” ^[19] .

De esta manera los operativos contra el narcotráfico en México han tomado forma institucional a partir de la “Iniciativa Mérida”. Con este plan en el sexenio de Calderón, 50% de los recursos de las fuerzas de México fueron destinados a combatir el narco. Además de que le abrió las puertas a la intervención directa de diversas agencias de seguridad norteamericanas. Desde abril de 2009, opera en el Distrito Federal una Oficina Binacional de la Iniciativa Mérida; donde trabajan “45 funcionarios estadounidenses de distintas agencias con sus contrapartes mexicanos. A este respecto en febrero de 2009, el entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) de Calderón, Genaro García Luna, le prometió a Michel Chertoff, secretario de Seguridad Interior de EEUU: "Usted tendrá acceso libre a nuestra información de inteligencia en seguridad pública". Lo cual confirma la forma en que México ha puesto a disposición del Pentágono los sistemas de inteligencia de nuestra nación sin autorización del Congreso, resultando en una violación de la soberanía, estipulado en el artículo 123 del Código Penal como un acto de traición a la Patria ^[20] . Además de que Calderón según un informe dado el 15 de diciembre de 2013, por agentes de la DEA, CIA, FBI, señalan otorgó permiso a aviones espías estadounidenses al espacio aéreo mexicano para operaciones de inteligencia, de vuelos de drones (aviones no tripulados) desde bases estadounidenses en apoyo a operaciones militares y de policías federales mexicanos, como también una amplia gama de aparatos de alta tecnología para recopilar información de inteligencia. De manera tal ha sido el uso de los drones incrementándose desde el 2010, que según The Washington Post las autoridades mexicanas han comprado sus propios drones ^[21] .

Esto unido al armamento, adquirido de distribuidores y en las mismas fábricas por los cárteles mexicanos en EEUU, por su volumen, (imposible de escapar detección), alto calibre, junto con un probable despliegue de mercenarios y/o fuerzas especiales bajo cubierta, han sido ingredientes centrales de los esquemas de “ampliación militar” por la vía de un programa de “estabilización y reconstrucción” del Departamento de Defensa en curso en México ^[22] .

Conformado el enorme trauma humano que abarrota las morgues del país y la aun más grave multiplicación de cementerios clandestinos, de lo cual ahora forma parte Ayotzinapa, entre otros casos como los siguientes, sin que ahonden las investigaciones en los factores de las muertes violentas:
·
"Sonora 18 de enero. Cinco cadáveres (dos mujeres y tres hombres) fueron ubicados entre Rosario Tesopaco y Esperanza, unos 200 kilómetros al sur de Hermosillo, en Sonora, junto a un campo de tiro, baleados y maniatados.

16 de marzo. Los cuerpos de Rafael Samaniego, El Lito, Tiburcio Olivares y dos de sus hijos, Manuel Ángel y Eduardo, aparecieron sepultados en un ejido cercano a agua prieta. Los tres últimos habían sido levantados el 4 de octubre de 2009.

10 de abril. A espaldas de las colonias CTS-CROC y Colinas del Sol, una narcofosa con al menos cuatro cadáveres fue descubierta tras una denuncia anónima, en Nogales.

28 de abril. Se hallan seis cuerpos enterrados clandestinamente en el ejido Agua Zarca, por la carretera que va de Puerto Peñasco a Caborca" ^[23] .

Así, la guerra contra las drogas ha venido marcando una nueva manera de intervenir en asuntos internos por parte de Norteamérica en México, perfilándose como una estrategia global estadounidense desde 2006. Que toma forma en la doctrina de guerras irregulares, a partir de que en 2008, la Estrategia de Defensa Nacional de Washington ha planteado que <>. Pero para poder realizar estas metas, las guerras convencionales, no son la prioridad, además de resultarle más caras e insostenibles:

-Hasta agosto de 2009, Estados Unidos había gastado más de 173 billones de dólares en la guerra de Afganistán (unos 20 billones anuales).

-Mantener una semana las guerras de Irak y Afganistán costaba 3.5 billones de dólares en 2009.

-EL nobel Joseph Stiglitz calcula que la guerra de Afganistán costará más de 3 billones de dólares ($3, 000, 000, 000, 000.00) y podría llegar a 5 o 7 trillones ^[24] .

Por lo tanto, en su intento de controlar a las masas de inconformes por las políticas económicas neoliberales, y bajar los costos de la guerra convencional, desde 2009 la Casa Blanca ha venido reformulando la estrategia de guerra irregular, que tiene como particularidad: usar fuerzas no militares; guerra de guerrillas; guerras mercenarias; intervención paramilitar; guerras contra las drogas. Donde también incluye operaciones mediáticas o guerras de cuarta generación, impulsadas desde 1991, por el teórico especialista en guerra, Martín van Creveld, quien publico "La transformación de la guerra", en la que planteó que, ante la ineficacia de los grandes ejércitos, la población podría ser controlada por medio de una guerra que maneje una combinación de propaganda y terror: las guerras de cuarta generación, también llamadas guerras asimétricas o guerras sin fusiles, donde las operaciones militares son reemplazadas, o complementadas, por operaciones con unidades mediáticas y operativos sicológicos dirigidos por expertos en comunicación y psicología de masas ^[25] .



Bibliografía
-Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011.

-Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007.

-Oikión Solano Verónica, García Ugarte Marta Eugenia. (Editoras) “Movimientos armados en México, siglo XX”. Vol. I, El Colegio de Michoacán CIESAS, 2006.

-Marini Ruy Mauro. “La lucha por la democracia en América Latina”. www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm

-Álvarez Gómez Ana Josefina (compiladora), “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa.” UNAM, ENEP ACATLAN, 1991.

-Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos positivos”. Grijalbo, 2011.

-Saxe-Fernández John, “ Diseños imperiales sobre México y América Latina”. Trabajo presentado a las Jornadas Bolivarianas, Instituto de Estudios Latino Americanos, Universidad de Sta. Catarina, Florianópolis, Brasil, Abril 6-10, 2009.

-Borrego Salvador, “México en guerra ajena”. México D.F, 2ª edición 2011.


Hemerografía
La Jornada, “Ajustes en inteligencia entre México y EU pondrían en jaque la cooperación: TWP. Política, lunes 29, de abril de 2013. Pág. 8
En Desinformémonos, periodismo de abajo. “Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías”. Por Carlos Fazio.
La Jornada, viernes 8 de sep. De 2013. “Chicomuselo, bajo asedio de mineras”. 
La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “Reconocen autoridades la incursión de cárteles de la droga en la minería: Ap”.
La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “De cárteles y autodefensas”.
Excélsior en línea, especiales. “Cronología: Paso a paso del caso de los normalistas de Ayotzinapa”. 17-11-2014.
La   Jornada   en línea, opinión. “ La matanza de Iguala y el Ejército”. Hernández Navarro Luis. Martes 18 de noviembre de 2014.
González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014.

Notas

[1] Excélsior en línea, especiales. “Cronología: Paso a paso del caso de los normalistas de Ayotzinapa”. 17-11-2014.
[2] La Jornada en línea, opinión. “ La matanza de Iguala y el Ejército”. Hernández Navarro Luis. Martes 18 de noviembre de 2014.
[3] González Ortiz Ramón César. La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México. Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014. Pág. 63
[4] En la academia militar de West Point, en 1962 Kennedy dejaba en claro sus intenciones: “La subversión es otro tipo de guerra, nueva en su intensidad aunque de antiguo origen […] Estamos obligados a emplear una nueva estrategia para contrarrestar este tipo de guerra, una fuerza militar diferente, una preparación y adiestramiento militar nuevos y distintos.”
[5] Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 89
[6] Oikión Solano Verónica, García Ugarte Marta Eugenia. (Editoras) “Movimientos armados en México, siglo XX”. Vol. I, El Colegio de Michoacán CIESAS, 2006.
[7] Ruy Mauro Marini, “La lucha por la democracia en América Latina”. www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm
[8] Álvarez Gómez Ana Josefina (compiladora), “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa.” UNAM, ENEP ACATLAN, 1991. Pp. 54-55
[9] Citado en: Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 205.
[10] Citado en: Calvo Ospina Hernando. “El terrorismo de Estado en Colombia.” Editorial el perro y la rana, 2007. Pág. 142
[11] Ibíd. 265
[12] Ibíd. 296
[13] Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos positivos”. Grijalbo, 2011. Pág. 10
[14] Borrego Salvador, “México en guerra ajena”. México D.F, 2ª edición 2011. Pág. 74
[15] La Jornada, viernes 8 de sep. De 2013. “Chicomuselo, bajo asedio de mineras”. 
[16] La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “Reconocen autoridades la incursión de cárteles de la droga en la minería: Ap”.
[17] La Jornada, domingo 1 de dic. De 2013. “De cárteles y autodefensas”.
[18] En Desinformémonos, periodismo de abajo. “Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías”. Por Carlos Fazio.
[19] En Desinformémonos, periodismo de abajo. “Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías”. Por Carlos Fazio.
[20] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 46-47 Citado en: González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. Tesis de Maestría, UNAM, FCPyS. 2014.
[21] Ibíd. La Jornada, “Ajustes en inteligencia entre México y EU pondrían en jaque la cooperación: TWP. Política, lunes 29, de abril de 2013. Pág. 8
[22] Ibíd. Saxe-Fernández John, “ Diseños imperiales sobre México y América Latina”. Trabajo presentado a las Jornadas Bolivarianas, Instituto de Estudios Latino Americanos, Universidad de Sta. Catarina, Florianópolis, Brasil, Abril 6-10, 2009.
[23] Reveles José, “Levantones, narcofosas y falsos positivos”. Grijalbo, 2011. Pág. 45
[24] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 110-111
[25] Barajas Rafael, “Narcotráfico para inocentes. El narco en México y quien lo U.S.A”. El chamuco y los hijos del averno, 2011. Pp. 124-125

Peña Nieto (y Mancera) provocadores y escarmentadores del Estado represor

Miguel Ángel Adame C.

En ocasiones como la presente se hace visible la violencia estructural del sistema […]. El régimen había exhibido parcialmente la violencia latente; había usado el miedo y la violencia institucionalizada como herramientas para el disciplinamiento social, logrando una cierta adhesión pasiva de sectores de población que más bien se asemejaba a una sumisión servil […]. La violencia practicada desde el poder para conservar las injustas estructuras en beneficio de unos pocos es producto de la falta de razón. La violencia institucionalizada es la irracionalidad social exacerbada. Atrapado, desenmascarado por los hechos de Atlatlaya e Iguala, el régimen ha quedado desnudo. Las fuerzas del orden exhibidas. Con base en recursos demagógicos, sofismas y mentiras, Peña y sus acólitos en los medios pretenden dividir a los mexicanos entre buenos y malos, pacíficos y violentos. Llaman orden al desorden, paz al miedo, justicia al hambre y desarrollo al desempleo. Buscan seducir, persuadir, ablandar, y usan agentes provocadores y propaganda negra como bandera falsa para “legitimar” detenciones arbitrarias y sembrar un terror paralizante entre los jóvenes. Quieren desactivar el descontento, la protesta, la rebeldía; la digna rabia y la contraviolencia de los de abajo […] ante la violencia estructural y su corolario, la violencia institucionalizada.

Carlos Fazio

Para describir política y diplomáticamente la situación actual que vive concretamente la presidencia de la República, y de manera más general, su gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto, se han utilizado varios términos semejantes y, de alguna manera, complementarios: deslegitimado, desprestigiado, arrinconado, desesperado, acorralado, atrapado.

Tiene pocos meses (febrero de 2014) de que lo medios conservadores periodísticos publicitarios, representados por la Revista norteamericana Time, le concedieron la portada bajo el cristiano lema de Saving Mexico; y en sendas entrevistas a sus secretarios de Gobernación y de Hacienda los llamaron en este mismo medio “Comité para salvar México”. Igualmente en su visita a Estados Unidos la fundación interreligiosa La Appeal of Conscience le entregó, el "Premio Estadista Mundial 2014" por su liderazgo y por tomar decisiones que han dado un "decidido impulso hacia adelante a su país y a su pueblo"¹. Michael Crowley en el Time internacional consigna en su entrevista a Peña Nieto que éste se concibe a sí mismo como “un fresco y joven reformista”². Todos los organismos y agencias mundiales del capitalismo neoliberal estaban de plácemes con la imposición al pueblo mexicano del segundo ciclo de reformas neoliberales logradas en un año por su gobierno a través del “Pacto por México”. Especialmente el gobierno y las trasnacionales norteamericanas que veían que nuevamente se le ponía “la mesa servida” para sus neo-negocios y neo-dominios. Así es como Barack Obama declara en ese mismo mes que: “Un México pujante pondrá viento en las velas económicas de Estados Unidos y reducirá aún más el número de migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal”.

La matanza con tiros de gracia de Atlatlaya (Estado de México), la madrugada del 20 de junio de 2014, de jóvenes supuestamente delincuentes, a manos de miembros del ejército mexicano y la manipulación de la escena por parte de los militares asesinos empezó a crear dudas de la actuación de esa agencia militar sustento primordial de los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y de Enrique Peña.

Pero fue a raíz del 27 de septiembre de 2014, un día después de la masacre de Iguala de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que las cosas comenzaron a cambiar para Peña Nieto y su gobierno. Su falta de reacción, su incapacidad para dar respuestas, su lavado de manos inicial, su contrarreacción tardía, débil, evasiva y timorata mostraron su verdadero rostro (el de él, el de su gobierno y el del Estado neoliberal criminal mexicano³). Las acciones y movilizaciones populares masivas encabezadas por los normalistas que sobrevivieron y por los padres de los secuestrados-desaparecidos, le arrancaron su guapa y altanera máscara: apareció la calavera con su guadaña⁴. Este suceso retrata con exactitud el cambio que sufrió en la percepción internacional de las élites en unos días el estatus de Peña Nieto y su gobierno. Un titular periodístico atina en señalar lo sucedido: “A Peña Nieto se le cayó el show del Saving México”⁵. Inmediatamente aparecieron las declaraciones y las opiniones de preocupación y luego de alarma en torno a sus capacidades antes alabadas. Ni la entrevista que tuvo el presidente el 29 de octubre en la casa oficial con los padres y familiares de los 43 desaparecidos y los jóvenes muertos lograron calmar las cosas; por el contrario, ante incumplimientos de acuerdos signados en los Pinos y las tácticas desviacionistas hacia la búsqueda con vida de los desparecidos, los familiares y un buen sector de la sociedad mexicana agraviada después de más de 30 años de neoliberalismo extremo en México, aumentaron sus exigencias de presentación con vida de los secuestrados por el narcoEstado militar-policial mexicano: ¡vivos e los llevaron, vivos los queremos! El montaje preparado por el titular de la PGR Murillo Karam para demostrar que los estudiantes desparecidos habían sido calcinados por el grupo de sicarios “los guerreros unidos”, y para justificar la gira presidencial al extranjero (9 al 15 de noviembre), le echó más diesel al fuego de la indignación y el hartazgo contra el gobierno. Justo en el momento de su partida se extendió como reguero de pólvora la noticia de la adquisición por parte de la pareja presidencial de una casa superlujosa valuada en 7 millones de dólares de la en la zona superexclusiva de la ciudad de México conocida como Las Lomas de Chapultepec. El vocero presidencial quiso aminorar el escándalo pero lo que hizo fue la opinión pública asociara esa casa a actos corruptos de Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera, la actriz exclusiva del consorcio televisivo que impulsó y apoyó la candidatura de su marido.

Presagios de la mano dura y la cara maquillada

Después de su viaje internacional a China y a Australia, Peña Nieto puso inmediatamente manos a la obra al ver que el enardecimiento social seguía y ahora él y su familia estaban señalados de enriquecimiento ilícito. Lo primero que hizo a su llegada a México fue advertir y amenazar a las protestas sociales y al periodismo denunciador al endurecer sus discursos declarando cosas como las siguientes: “El Estado está legítimamente facultado para usar la fuerza y para restablecer el orden”, “no se pude permitir los actos de la violencia o de vandalismo, y más cuando afectan derechos de terceros”. Unos días después manejó la hipótesis de los grupos desestabilizadores, de la siguiente manera: “ Al amparo de esta consternación social que hay por los hechos de dolor y de horror (...) hemos advertido los movimientos de violencia que, al amparo y al escudo de esta pena, pretenden hacer valer protestas que, a veces, no está claro su objetivo”. “Pareciera que respondieran a un interés general de generar desestabilización, de generar desorden social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”⁶.

Mientras tanto la pareja presidencial se afanó inútilmente en aclarar el caso de la propiedad de la Lomas llamada popularmente “La casa blanca”; esta vez la protagonista fue la actriz y primera dama Angélica Rivera que a través de la difusión televisiva de un video previamente grabado trató de justificar, a partir de sus ingresos de años de trabajo en Televisa, la compra de ese multimillonaria mansión, y terminó su alocución diciendo que vendería dicha propiedad. Las actitudes mostradas por la “primera dama” no convencieron a nadie más que a su marido y los días siguientes el video-clip y su contenido fueron objeto de mofas, de desmentidos y de contra-videos en las redes virtuales. Mientras tanto los discursos del presidente insistían en la condena a los desórdenes y en el imperio la fuerza del Estado y del estado de derecho, al tiempo que desde su experiencia de estratega represor de Atenco (2006) preparaba su plan para iniciar la contención social mediante el amedrentamiento, la infiltración y la brutalidad policiaca. En efecto, el tradicional desfile militar en el Zócalo capitalino se suspendió y Peña Nieto y su Gabinete se refugiaron en la campo militar marte en la ceremonia de elogios, condecoraciones y ascensos militares (marina y ejército).

Todo esto en vísperas y durante la realización de la Cuarta gran jornada de acción global por Ayotzinapa. Este día, 20 de noviembre, es emblemático para la conmemoración de la gesta revolucionaria de 1910; de esta manera, después de que por algunos días tres Caravanas de los normalistas y los familiares habían recorrido varias partes del país, se concentrarían en tres puntos simbólicos (plaza de las culturas en Tlatelolco, Ángel de la Independencia y plaza de la Revolución) para marchar junto con los cientos de miles de indignados mexicanos rumbo a la plancha del centro histórico de la Ciudad de México.

EL escenario

El escenario estaba preparado para el plan provocador, represor y escarmentador del narcoEstado mexicano (con aval por acción, aceptación u omisión de la mayoría de la clase política y la oligarquía mexicana, y con asesoría e intervención directa del FBI y la DEA norteamericanas “infiltradas” en los altos mandos de la marina, del ejército y de los cuerpos policíacos).

Escena 1

El 19 de noviembre a temprana hora Peña Nieto, su gabinete de seguridad y sus asesores se reúnen para ultimar los detalles del plan. Peña Nieto personalmente da las instrucciones precisas y contundentes y pide acatarlas por el bien de su proyecto de “salvación nacional” ante el embate de los desestabilizadores (anarquistas, marxistas, terroristas, guerrilleros, conspiradores, etc.) de toda calaña. Manda con sigilo y presteza girar órdenes a todos los mandos policíaco–militares (particularmente estado mayor presidencial, batallones del ejército y la marina en el DF, y cuerpo de granaderos para tareas especiales) de que lleven a cabo coordinadamente y puntualmente el plan, señala que todas las autoridades (políticas y judiciales) están de acuerdo y avisadas y que Miguel Ángel Mancera ha colaborado entusiastamente con él y ha puesto a su total disposición a sus subordinados; especialmente destaca el papel que tendrán la PGR (Procuraduría General de la República) Y PGJDF (Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Escena 2

Es el inicio de la represión anunciada. El día 20 de noviembre por la mañana. Se ven por varias de las avenidas de la ciudad de México algunos camiones del ejército mexicano repletos de militares vestidos de civil y embozados listos para actuar, se dirigen a las inmediaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), donde se preparan para actuar violentamente infiltrándose a un contingente de aproximadamente 100 jóvenes que intentaban bloquear los accesos al Aeropuerto; hay varios enfrentamientos entre estos grupos con piquetes de policías-granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). Éstos repelen a los embozados y golpean, maltratan y apresan “selectivamente” a jóvenes implicados y no implicados en los hechos⁷.

Escena 3

Entrando la noche, los contingentes de la multitudinaria y combativa marcha llegan masivamente a la plancha del zócalo, siguen incansables coreando sus consignas “Fue el Estado” y “Fuera Peña Nieto”. A mitad de la plancha los festivos manifestantes queman un enorme monigote con la efigie del ocupante de los “Pinos”. En el templete principal los familiares y compañeros de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa denuncian que el país está plagado de fosas clandestinas, que el gobierno sabe dónde están los 43 normalistas, de que están decididos a cambiar de una vez por todas el país, de que si Peña se dice facultado para usar la fuerza pública el pueblo también tiene facultades y de que invitan a los asistentes a que se retiren a sus casas tranquilamente a meditar que pasos hay que seguir para que la lucha se fortalezca.

Mientras los cansados pero no agotados familiares van saliendo de la plancha ya pasadas las 8 de la noche; los cuerpos represivos civiles y militares, previamente drogados y adiestrados de cómo actuar, se alistan para actuar la siguiente parte del plan. Un grupo de jóvenes que se decían “anarquistas”, la mayoría nuevamente embozados (eran casi los mismos de la escena 2), comienzan a remover las vallas metálicas que resguardaban el acceso al palacio nacional, a pesar de los gritos insistentes de la mayoría de los manifestantes asistentes que todavía quedaban de “no a la violencia “y “fuera provocadores”; los embozados arrojan objetos incendiarios, botellas, cohetones y piedras contra los elementos del Estado mayor Presidencial y granaderos de la policía federal que se encontraban apostados afuera de los accesos del palacio nacional⁸. Éstos estuvieron respondiendo (también bajo los estímulos de las drogas) por un buen rato intermitentemente con chorros de gases pero no avanzaban, fue hasta que se lanzaron dos bengalas al aire (cerca de las 10 de la noche) como señal del inició de la operación “barrido” que los granaderos se lanzaron indiscriminadamente contra todos las personas (manifestantes o no, incluidos periodistas, vendedores, comensales de restaurantes, niños y personas mayores) que estaban en el zócalo y sus alrededores, toleteando, pateando, golpeando, aplastando, gaseando y deteniendo “selectivamente” a los jóvenes “sospechosos”. Varias de las personas agredidas que pidieron auxilio a las camionetas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal apostadas en esas calles fueron ignoradas a propósito.

Los policías hasta donde se sabe no desaparecieron a los detenidos, pero los concentraron al lugar previamente acordado: la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Escena 4

Durante todo el 20 de noviembre Peña Nieto recibía información de los operativos del plan, media hora antes de la medianoche finalmente recibió el reporte final que fueron a notificarle personalmente los mandos superiores militares, marinos y policíacos incluido el jefe de la SSPDF. Todo había salido conforme al Script, Peña Nieto hizo dos llamadas rápidas primero al embajador norteamericano para darle la buena nueva y luego habló con Mancera para felicitarlo por su cooperación, éste le dijo que estaba a sus órdenes y se alegraba por el escarmiento; posteriormente buscó a Angélica para darle la noticia y juntos se fueron a dormir muy satisfechos, pues –dijeron- parte de su orgullo herido comenzaba a recuperarse.

A esa misma hora los infiltrados militares vestidos de civil que participaron embozados en las refriegas ya roncan plácidamente en sus habitaciones después de haber cenado opíparamente.

Escena 5

El 21 y 22 de noviembre, los 31 detenidos están en los separos de la SEIDO, la PGR de Murillo Karam a partir de las acusaciones de los policías-granaderos represores (y a éstos ¿quién los puede acusar, enjuiciar y castigar?) les fincan en colaboración estrecha con la PGJDF un catálogo de delitos “aplicando todo el peso de la ley” (dice más que satisfecho el procurador) como: ataques de la paz pública, portación de objetos aptos para agredir, ultrajes a la autoridad, daño en propiedad ajena, lesiones; y especialmente a 11 de ellos (7 varones mexicanos un chileno y 3 mujeres) se les imputa terrorismo, homicidio en grado de tentativa y delincuencia organizada, pero finalmente se les consigna por asociación delictuosa, motín y homicidio. Se les remite al Centro de Readaptación Social 5 oriente en Villa Aldama Veracruz y a las mujeres al Centro Federal Femenil Noroeste Tepic Nayarit.

A ninguno de ellos y ellas se les respetaron mínimamente sus derechos humanos pues todas les detenciones fueron arbitrarias pero “selectivas” (ser joven y traer mochilas, usar tenis, tener el pelo largo, etcétera). Fueron no sólo agredidos y golpeados sino también incomunicados, amenazados y torturados. Además los propios encargados de los procesos, los agentes ministeriales del Ministerio público de la Federación señalaron que por órdenes de “muy arriba” les sembraron esos graves delitos; todo conforme al Script del escarmiento ejemplar.

Las comunidades de las escuelas y de los lugares de donde provenían lo manifestantes pacíficos que las policías tomaron como “chivos expiatorios” se movilizan, por las redes sociales se llama a nuevas protestas para sacarlos de los centros de disciplinamiento. Por el lado de los inquietos y rebeldes de la sociedad en vez de miedo crece la rabia pero ahora recorre con más claridad las necesidades de avanzar en la autodefensa y la precaución colectivas, y en generar otras maneras más organizadas de lograr los objetivos inmediatos: ¡libres y vivos se los llevaron, libres y vivos los queremos! y ¡fuera Peña, fuera Mancera, fuera todos!

Escena 6

Los días siguientes vienen los cínico discursos re-legitimadores del orden social re-establecido: a) para generar la percepción que los responsables de la inseguridad del país no son los del Estado sino los que protestan; b) para justificar sus violencias y arbitrariedades amparados en el estado de derecho burgués; y c) para –según ellos– abonar a que Peña Nieto y todos los poderes legales y fácticos del Estado-gobierno tengan un respiro e impongan “ nuevos pactos cupulares engañabobos” y “nuevas medidas placebas“

Veamos cuatro ejemplos. El Jefe de Gobierno del DF Miguel Ángel Mancera: “Si hay violencia la Policía responderá” (¡clap, clap, clap!) El secretario de gobernación Osorio Chong: “Jamás será la violencia vía para obtener justicia” (¡clap, clap, clap!). El elocuente secretario de Marina Castro Soberón: reprobó los actos violentos protagonizados por encapuchados, que son grupos minoritarios “mezquinos” que generan violencia y destrucción . Soberón dijo que ante la situación que vive el país, están dispuestos a combatir la ilegalidad y hacer cumplir la ley y el orden pues es lo que en estos momentos los mexicanos demandan. Finalmente Indicó que las Fuerzas Armadas respaldarán las firmes decisiones del presidente Enrique Peña Nieto para consolidar su proyecto, que es “mover a México”⁹ (¡super claps, claps, claps!).

El Director de la policía del DF Rodríguez Almeida: “Felicito a mi personal por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo porque restablecieron el orden público le guste a quien le guste” (¡super sic!)

A manera de conclusiones

Como en todos los represores encumbrados en el poder habidos en la historia, la alharaca discursiva en torno a la legitimidad de la violencia estatal y luego el paso justificatorio de la represión planeada para inhibir las protestas sociales reflejan un perfil pusilánime y cobarde. Peña Nieto desde que fue gobernador en el Estado de México mostró y demostró ese perfil. Siendo candidato presidencial en el 2012, ante la pregunta cuestionadora de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana sobre su papel y su responsabilidad en los hechos de Atenco en 2006, sin ambages declaró que él había sido el que había tomado la determinación de usar todo el peso de la fuerza pública para mantener el orden, es decir, justificó ante la comunidad escolar y los medios que se encontraban en el auditorio su actitud represiva. En esa ocasión los estudiantes lo interpelaron, lo increparon y lo abuchearon ante tal descaro, así tuvo que salir por la puerta trasera y refugiarse con sus guaruras en los baños. Pero en su mentalidad la represión es recurso válido y ni importa si en Atenco se hayan violentado derechos humanos: detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, daños físicos, golpes, torturas, encarcelamientos ejemplares. Si Peña Nieto lo hizo como gobernador y lo defendió públicamente como método impositivo como candidato del PRI en aquella ocasión (11 de mayo de 2012); obviamente bajo la situación actual justo antes de que cumpla 2 años de mandato, bajo situación de acorralamiento múltiple y objeto del repudio popular con la quema simbólica de su monigote en el zócalo, lo vuelve a utilizar con esta modalidad: se atrincheró tras los costados del Palacio Nacional y con su operación «barrida» intentó arrasar con sus cuestionadores, no con los provocadores embozados infiltrados, sino con los que se atrevieron a hacerlo cenizas.

Lo necesitaba volver a hacer, pues ya no le quedan muchos recursos, pues sus iniciativas antes de nacer aparecen desgastadas y pocos efectivas de enderezar la legalidad y la legitimidad perdidas. Pero requiere mandar señales de fuerza estatal para intentar recuperar un mínimo de credibilidad ante los poderes neoliberales internacionales y nacionales que lo impusieron. Recurrir a la represión y a cerrar filas represivas en los aparatos idem del Estado era la manera de infundir miedos y amedrentamientos a las movilizaciones populares. Ahora piensa que las demás medidas simulatorias que vienen en los próximos días-meses (administrativas, políticas, etcétera) podrán asimilarse o digerirse más fácilmente.

Corazas duras y corazas blandas para encubrir ausencias de cerebro y corazón sus ineptitudes, sus desprestigios desmoronados y sus falsas salidas solucionadores de los graves problemas nacionales. Su reformas neoliberales de segundo ciclo y sus desplantes son ya inaguantables.

Como el PRD, el gendarme Mancera ha traicionado a sus votantes en el Distrito Federal que votaron por un gobierno de izquierda y progresista que los defendiera de los embates del neoliberalismo no que los dejara a la disponibilidad de las formas represivas de la que él mismo contribuyó. Él ha sido cómplice voluntario pero trata de moderarlo al reconvenirle a Almeida de que no sea tan descarado: la represión una vez hecha no se elogia, se camuflajea, le dice.

Así pues con la trampa del 20 de noviembre se cierra la doble pinza del Estado represor: Peña Nieto y su fiel colaborador Mancera.

¡La historia los juzgará, más temprano que tarde!

Notas:


1 “Recibe Peña Nieto el premio Estadista mundial 2014#, Excélsior en línea; 24/09/2014 09:28 Enrique Sánchez. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/24/983227

2 “¿Saving México, lo que dice Time sobre Peña Nieto”, SDP Noticias.com, 13 de febrero de 2014, http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/02/13/saving-mexico-lo-que-dice-time-sobre-pena-nieto
 
3 Véase mi artículo en Rebelión “El Estado mexicano Forbes y el qué hacer en la coyuntura Iguala-Ayotzinapa”, 18-11 de 2014, www.rebelion.org/noticia_pdf.php?id=192130

4 En Facebook han circulado parodias de portadas del Time re-hechas donde aparecen el cuerpo y la cara de Peña Nieto modificadas: como virgen, como títere, como encubridor de Salinas de Gortari, como pro-yanqui, etcétera. Entre las que destaca la de la muerte con su guadaña.
 
5 Aristegui noticias que cita a la revista inglesa The Economist que en un artículo dice que “La absoluta anarquía del área, a unas cuantas horas de distancia de la capital por carretera, encuentra eco en una presunta masacre en junio en Tlatlaya, no lejos de Iguala, en la que soldados mataron a 22 personas sospechosos de ser delincuentes”. “Las dos atrocidades –dice The Economist– parecen lo suficientemente serias para cambiar el rumbo del gobierno de dos años del Presidente Enrique Peña Nieto, quien ha priorizado las reformas económicas y subestimado la ley y el orden como manera de modernizar México, sin reconocer que ambas son igual de importantes”, 20 de octubre de 2014 por Dolia Estevez http://aristeguinoticias.com/2010/mexico/a-pena-nieto-se-le-cayo-el-show-del-saving-mexico/

6 Véase Excélsior, 16 de noviembre de 2014.

7 Véase Olivares, Arellano Servín: “Impide la policía bloqueo al AICM”, La Jornada, 21 de noviembre de 2014. http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/politica/004n2pol

8 Véase Camacho, Olivares y Urrutia: “Enfrentamiento frente a Palacio Nacional”, la Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/politica/004n1pol

9 Ver “Condena secretario de Marina violencia de encapuchados; son grupos ‘minoritarios’ dice”, Diario contrapoder en Chiapas, 23 de noviembre de 2014, http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/2014/index.php/nacional/5140-condena-secretario-de-marina-violencia-de-encapuchados-son-grupos-minoritarios-dice