Peña Nieto: un retorcido aniversario

Alejandro Nadal

 

Llegó a la Presidencia por medio de una enorme lista de irregularidades. Se instaló en el poder con un discurso demagógico. Transcurrió su primer año de gobierno con un saldo negativo en todos los temas, en especial en el económico y en materia de seguridad. Y ahora busca por todos los medios imponerle al país una de las reformas más trágicas de toda su historia, la entrega del petróleo a los intereses transnacionales.

Un análisis imparcial de los planteamientos del gobierno sobre su reforma energética demuestra que sí conlleva la privatización de los hidrocarburos. Puede disfrazarse todo lo que se quiera, pero Peña Nieto y su secretario Joaquín Coldwell estarán entregando estos recursos estratégicos de la nación al dominio extranjero.

El gobierno dice en su campaña publicitaria que permitir a Petróleos Mexicanos firmar contratos de utilidad compartida no es privatizar y que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos porque la Constitución así lo dispone en su artículo 27.

Pero eso esconde un hecho fundamental. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) define (Capítulo XI, artículo 1139) a la inversión extranjera como aquella en la que existe propiedad de un inversionista en territorio de una de las partes del tratado o cuando la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa. Y ese es precisamente el objetivo explícito de la reforma energética: permitir a empresas transnacionales invertir en exploración, extracción, refinación y petroquímica, y mantener esquemas de remuneración como los mencionados en TLCAN. Eso significa abrir el sector petrolero a la inversión extranjera directa y eso tiene graves implicaciones pues el citado Capítulo XI del TLCAN otorga más protección a las empresas que a los gobiernos. Para muestra véase el apartado B del capítulo XI.

Se podría pensar que la Constitución está por encima de los tratados internacionales porque el artículo 133 establece que, en caso de contradicción, prevalecerán los preceptos constitucionales. Pero precisamente lo que busca la reforma energética es eliminar cualquier contradicción entre la Constitución y el TLCAN, al permitir los contratos de utilidad compartida en el sector energético. La eliminación de la restricción contenida en el artículo 27 constitucional adaptaría la Constitución a los preceptos del TLCAN sobre inversión extranjera. Se acabó el conflicto: la inversión extranjera puede entrar al sector energético por la puerta grande. Esta es la médula de la reforma energética.

El régimen sobre inversiones extranjeras establecido en el capítulo XI del TLCAN prohíbe el empleo de instrumentos clave de política industrial. Para muestra de lo anterior, véase el artículo 1106 del TLCAN sobre requisitos de desempeño. La construcción de eslabonamientos con proveedores de la industria es uno de los instrumentos de política de industrialización más eficaces y han sido utilizados con éxito por muchos países que se industrializaron. El TLCAN prohíbe usar este instrumento y de ahora en adelante México no podrá recurrir a él en lo que concierne al sector energético. Por esa razón, con la reforma, las empresas petroleras podrán operar en México bajo un esquema de enclave económico y sin eslabonamientos con la industria nacional.

El capítulo VI del TLCAN busca liberalizar el mercado de productos energéticos. Pero México incluyó algunas reservas dado su actual marco constitucional. Esas reservas en materia energética perderán sentido con las reformas propuestas por el gobierno de Peña Nieto. Al permitir la inversión extranjera directa en el sector energético será difícil imponer y mantener controles para aplicar dichas reservas porque las empresas transnacionales podrían argumentar violaciones al capítulo XI y el gobierno mexicano tendría que ceder. No sería la primera vez que esto sucede (véase el litigio de la empresa Metalclad contra el gobierno federal), sólo que ahora tendremos la circunstancia agravante de que Estados Unidos podrá presionar más y México se encontrará en posición de debilidad. Las inversiones tienen su manera de imponerse, como bien sabemos.

El argumento de que la reforma energética generará crecimiento es falso. El modelo neoliberal que se aplica en México desde hace veinticinco años no favorece el crecimiento debido a sus propias contradicciones. Precisamente la prohibición de requisitos de desempeño en el TLCAN es uno de los obstáculos que impedirán la transmisión de impulsos dinámicos para la economía mexicana de la inversión extranjera en este sector (de la misma manera que las maquiladoras están desconectadas de la industria nacional). Además, el marco macroeconómico seguirá subordinado al capital financiero y los cambios propuestos no cambiarán eso. En síntesis, la reforma energética de Peña Nieto no modifica el marco de política económica que viene fracasando desde hace más de dos décadas. Lo único que hará es cerrar todavía más las opciones para México.