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Contralínea 346 / julio 2013
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Elva
Mendoza
El
gobierno mexicano prepara la incorporación de 138 millones de hectáreas (el 70
por ciento del territorio nacional) al mecanismo internacional Redd+. Aunque la
estrategia se encuentra aún en la etapa de discusión y formalmente se someterá a
consulta hasta 2014, el país ya recibió 33.8 millones de dólares de dos fondos
del Banco Mundial: el Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de
Inversión Forestal. Con ello, se comprometió a concluir la estrategia y a
avanzar por 5 años en las “acciones tempranas” de la Redd+. La Conafor,
encargada de la ejecución del proyecto, celebra la “vocación” de todas las áreas
naturales protegidas y reservas naturales mexicanas para incorporarse al
mecanismo. Asegura que nada se impondrá a las comunidades, pues se realizarán
consultas y los campesinos recibirán recursos económicos. Se prepara la
usurpación de territorios más grande de todos los tiempos, considera Red
Indígena
México cuenta con, al menos, 33.8 millones de
dólares para discutir la Estrategia Nacional Redd+ y hacer funcionar pruebas
piloto en cinco estados de la República. Los recursos, provenientes de dos
fondos multilaterales de los que el Banco Mundial es fideicomisario, comprometen
al país en la ejecución del mecanismo de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Evitada (conocida como Redd+) sobre las áreas
forestales de todo el país. Con ello, consolida el acceso al financiamiento
internacional y su participación activa en el mercado de bonos de carbono.
El gobierno federal –a través de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), organismo público descentralizado de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales– trabaja desde 2010 en el documento
rector de la Estrategia Nacional de Redd+.
El último borrador que aún se discute, fechado
en noviembre de 2012, pretende ser llevado a consulta pública en 2014, no
obstante que se espera que Redd+ esté en operación hasta 2020 sobre la totalidad
de las áreas forestales mexicanas, incluidas aquellas que se encuentran bajo
alguna categoría de protección.
Los recursos son utilizados para el diseño de
la Estrategia y pruebas piloto o acciones tempranas Redd+ en cinco estados de la
República: Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.
Redd+ es un planteamiento de los países
integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto
invernadero por medio de la conservación de bosques o bien la restauración de
las áreas forestales que han sido degradadas.
Se diseña frente a la crisis climática para
otorgar compensaciones económicas, por parte de los países del Norte que tienen
compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del
Sur para mantener en pie sus bosques.
Redd+ parte de la idea de que los bosques son
sumideros de carbono al capturar uno de los principales gases de efecto
invernadero, el dióxido de carbono (CO2), identificado por la Convención como la
principal causa del calentamiento global.
La deforestación, degradación o quema del
bosque, permite que se libere el carbono como CO2 o como metano (CH4), lo que
contribuye al cambio climático. Es por esto que el mecanismo financia proyectos
que evitarían que eso suceda.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura calcula que los ecosistemas forestales del mundo
almacenan alrededor de 289 gigatoneladas (Gt) de carbono. Si se considera el
conjunto del carbono almacenado en la madera muerta, la hojarasca y el suelo, la
cantidad es mayor que todo el carbono presente en la atmósfera: 652 Gt.
México con potencial en
Redd+
En el documento que se prepara, la Conafor
califica a México como un país con potencial dentro del programa Redd+. De la
superficie total del territorio nacional (196.4 millones de hectáreas), el 70
por ciento está cubierta por ecosistemas forestales (138 millones de hectáreas)
y el resto corresponde principalmente a zonas con agricultura, ganadería y áreas
urbanas (29.7 por ciento).
Aunque Sergio Graff, coordinador general de
Producción y Productividad de la Conafor y secretario del Comité Técnico
Consultivo Redd+ (CTC-Redd+), reconoce en entrevista que no existe una
evaluación nacional detallada de los diversos procesos de degradación forestal
del país y que las causas son múltiples, como la tala ilegal, los incendios
forestales o los subsidios gubernamentales para el desarrollo de actividades
pecuarias, frutícolas o agroenergéticas, afirma que “la mayor parte del problema
ligado a la deforestación y a la degradación está relacionado con las
actividades agropecuarias en el medio rural”.
Los bosques y selvas mexicanas se encuentran
entre los primeros 24 del mundo con mayor volumen de existencias de carbono en
la biomasa forestal viva. “Para 2010 se calcularon en 2 mil 43 millones de
toneladas de dióxido de carbono equivalentes [tCO2e] con un promedio de 32
toneladas por hectárea”. Se aspira a que en 2022 México sea un sumidero
neto.
Además, con este mecanismo, las autoridades
mexicanas ven en las 174 áreas naturales protegidas existentes nuevas
oportunidades.
Para Paloma Neumann, de la Campaña de Bosques y
Selvas de Greenpeace México, Redd+ debiera aplicarse prioritariamente en las
zonas donde se detecte que haya emisiones de gases de efecto invernadero por
deforestación o degradación. “Se supone que si tienes un Área Natural Protegida
ya estás conservando y se está dando financiamiento para conservar ese bosque;
¿por qué se necesita financiamiento para reducir emisiones en un área que se
supone ya está conservada?”.
—¿No basta con que ya estén bajo alguna
categoría de protección? –se le pregunta a Sergio Graff.
—Aunque tengan un decreto están sujetas a
presiones de actividades porque la mayor parte de la superficie es propiedad de
ejidos y comunidades y hay actividades económicas. Esta Estrategia también
coadyuva a que las actividades económicas sean compatibles con la
conservación.
Según el Convenio de Diversidad Biológica,
alrededor del 15 por ciento del carbono se encuentra almacenado en las áreas
protegidas del mundo, por lo que el manejo efectivo y la expansión de estas
zonas de conservación pueden contribuir a la mitigación del cambio climático,
reduciendo las emisiones presentes y futuras y protegiendo los sumideros
actuales.
Territorios indígenas
En México, el 58 por ciento de los bosques son propiedad de
los pueblos indígenas y campesinos que los habitan bajo tenencia ejidal o
comunal, indican cifras del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo de
México (Ceccam).
Como una conquista de la Revolución Mexicana de
1910, la mayor proporción de los bosques y selvas del país son propiedad de las
comunidades forestales y de los pueblos indígenas.
Dentro de la Estrategia se subraya que el 26.2
por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas federales y
estatales del país se encuentran en territorio de pueblos indígenas: más de 2
millones de hectáreas.
Sin embargo, tal como lo indica el Ceccam, los
pueblos indígenas y las comunidades rurales no cuentan con títulos formales de
propiedad de tenencia sobre estos territorios ni están reconocidos sus derechos
sobre los bosques.
La Organización de las Naciones Unidas ha
expresado que para el correcto funcionamiento de Redd+ es necesario establecer
una posesión clara de la tierra.
Ante este hecho, según la Red Indígena
Ambiental Internacional, Redd+ prepara la mayor usurpación de tierras de todos
los tiempos. “El riesgo para las comunidades de los bosques es el desalojo de la
tierra, su privatización a favor de las corporaciones y las restricciones de uso
de su propio territorio, aunque dependen de este hábitat para garantizar su
existencia como sociedades y culturas distintas”.
Ejemplo de ello es el programa piloto Redd+ que
el exgobernador Juan Sabines Guerrero puso en marcha en 2011 sobre 614 mil
hectáreas de selva chiapaneca, y que a decir de la Conafor no forma parte de sus
acciones tempranas.
Tal como lo señaló públicamente Juan Sabines,
desde que Redd+ llegó a la selva, 100 comunidades han sido desplazadas de su
territorio. En enero de 2011, durante la entrega de recursos de Redd+, el
exgobernador dijo ante los comuneros “beneficiados” que de los 170 pueblos que
permanecían invadiendo alguna reserva, sólo quedaban siete.
Los pueblos en resistencia están dentro de la
Reserva de la Biósfera Montes Azules, área declarada en 1978, que se extiende
321 mil hectáreas sobre el territorio chiapaneco. Ahí se refugian del
hostigamiento y de la represión militar y paramilitar de la que son
objeto.
Aunque la prueba piloto en Chiapas fue
presentada como un caso de “éxito”, el 8 de julio pasado Isaí López dio cuenta
en una nota de prensa en El Heraldo de Chiapas de la suspensión del
proyecto del exgobernador Sabines. “Fue un fracaso. Esa estrategia ya está
cancelada, no se tuvieron los resultados que se anunciaron”, dijo Carlos Morales
Vázquez, secretario del Medio Ambiente e Historia Natural de la recién llegada
administración.
Consulta Pública
Las salvaguardas ambientales y sociales son
parte de los principios adoptados por México. Provienen de los Acuerdos de
Cancún de la CMNUCC. Entre otros, establecen el cumplimiento al consentimiento
libre, previo e informado de las comunidades rurales e indígenas en todos
aquellos aspectos de Redd+ que incidan o puedan afectar sus territorios, bienes,
derechos individuales o colectivos.
Aunque la Estrategia incluye esta salvaguarda,
Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación,
AC, apunta que éste es uno de los temas críticos de la Estrategia.
“Nuestro principal señalamiento es el vacío que
hay con relación con el enfoque de derechos humanos y derechos de pueblos
indígenas. No estamos en contra de que se recojan las salvaguardas, pero el
instrumento normativo de protección a los derechos de las personas afectadas por
Redd+, sobre todo a los pueblos indígenas, deben ser los derechos humanos, y las
salvaguardas deben ser una normativa complementaria”.
Explica el investigador que el derecho al consentimiento que
recupera la Estrategia es limitado y por tanto no es verdadero, porque no
reconoce el derecho al veto. “Un derecho al consentimiento que no tienen derecho
al veto es un falso derecho al consentimiento”.
Frente a ello, el Grupo de Trabajo del
Protocolo de Consulta –conformado por Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, AC; Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona
Maya, SC; Red Indígena de Turismo de México, AC; Red Mexicana de Organizaciones
Campesinas Forestales, AC; y Sakbe, Comunicación y Defensa para el Cambio, AC–
elaboró, dentro del Consejo Técnico Consultivo, un Protocolo de Consulta y
Participación para la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Plus.
Remarca el investigador que la necesidad de
hacer el Protocolo surgió de la falta de una ley de consulta de pueblos
indígenas.
No obstante, el documento no tiene carácter
vinculante. “Aún cuando se construyó participativamente y en el marco de la
institucionalidad, no se puede decir que tenga una fuerza obligatoria para las
autoridades. No es una ley de consulta ni un reglamento”.
Expresa Edmundo del Pozo que una de las
preocupaciones es que dentro del documento rector no se retomen los insumos que
se colocaron dentro del Protocolo, “no aparece la obligación de consulta del
Estado a los pueblos y comunidades indígenas”.
Cuestionado al respecto, Sergio Graff asegura
que no hay necesidad de incorporar el tema a la Estrategia Nacional, porque lo
único que marcará ésta son los lineamientos generales.
“No sé por qué tiene que
ser vinculante. La consulta es una obligación”. Agrega que “las organizaciones
hicieron una propuesta de protocolo que la autoridad está considerando”.
—¿Ustedes tienen contemplado el derecho de los
pueblos al consentimiento?
—Claro. Sí. La Estrategia va a contemplar que
cualquier acción ligada a un mecanismo Redd+ deberá tener consentimiento previo,
libre e informado. No va a haber ninguna acción en la que no esté de acuerdo el
dueño. Si en una comunidad indígena se quiere implementar [sic] una acción Redd+
tendrá que buscarse el consentimiento de la comunidad antes de hacerlo.
—¿Con el derecho de veto?
—En su comunidad sí, por supuesto. Lo que no
pueden hacer es vetar una Estrategia Nacional, nadie.
—Localmente sí…
—Claro. Si la comunidad no quiere que haya un
incentivo adecuado para que maneje sus bosques o no quiere un apoyo para
fortalecer su organización, un apoyo para desarrollar proyectos integrales; si
la comunidad no quiere, puede vetar la acción. Pero lo que busca la Estrategia
es que todos los programas públicos tengan un mejor impacto a favor de la
comunidad y de sus recursos. Yo no creo que nadie quiera oponerse a eso.
—Pero habría que preguntarles…
—Claro. Al momento que uno quiera entrar a su
comunidad se les tiene que preguntar. Por supuesto.
Octavio Rosas Landa, catedrático en la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante de la
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, recalca que los bienes, propiedad de
comunidades, han sido conservados y protegidos a pesar de las políticas de
gobierno, pero que ahora, frente a la crisis financiera y ambiental de escala
global, ésta última pretende ser paliada por medio de mecanismos de mercado que
no van a solucionar el problema.
“¿Por qué presionar a los campesinos y
ejidatarios a que acepten este tipo de convenios si son ellos quienes más
contribuyen a que el calentamiento global no se agrave? Y si no aceptan, ¿son
ellos quienes no quieren detener el calentamiento global?”, pregunta.
Acciones tempranas
Como parte del proceso de preparación para la
próxima aplicación de la Estrategia, se han puesto a prueba acciones tempranas
en el país que servirán de ejemplo para la construcción y posterior aplicación
de la Estrategia Nacional.
Una de ellas es en la región de las Cuencas
Costeras de Jalisco, donde se contabilizan 10 áreas naturales protegidas, además
de ser zona prioritaria para la conservación del jaguar y una de las de mayor
importancia para la conservación de aves migratorias de América del Norte.
Otra de las acciones se realiza en el Corredor
Biológico Mesoamericano, que incluye a Campeche: zona de influencia de Calakmul;
Yucatán: Sierrita de Ticul; y Quintana Roo: municipios de Bacalar, José María
Morelos, Othón P Blanco y Felipe Carrillo Puerto.
Y por último, acciones tempranas en 5 millones
de hectáreas que abarcan 57 municipios del estado de Chiapas, así como 16 Áreas
Naturales Protegidas en Corredores Biológicos y la Selva Lacandona.
Además, de acuerdo con Sergio Graff, se espera
próximamente iniciar proyectos piloto Redd+ en el Estado de México y en Oaxaca,
aunque aún no se define la zona.
Sobre los resultados, Graff no tiene noción.
“Es un proceso que apenas acaba de empezar, pero por ejemplo en el caso de la
[Selva] Lacandona se ha tenido un impacto positivo reduciendo la deforestación.
En algunos lugares se registran tasas de 7 por ciento anual y ha bajado a menos
de 1 [por ciento]”.
—¿Cuántas de estas acciones han implicado la
venta de bonos de carbono? –se le pregunta.
—No. Ninguna. Como está en un proceso de
preparación, los mecanismos todavía no están definidos en los acuerdos
internacionales. Nada más se trabaja a través de recursos que se asignan a estos
programas.
El mercado de carbono
De acuerdo con el documento Redd+ y los
territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en
el Campo Mexicano (Ceccam), Redd+ es un instrumento de la economía verde
y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de
la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.
A partir de que se determinó en el Protocolo de
Kioto el límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos
a la atmósfera, a los países industrializados se les permite financiar proyectos
de captura o reducción de estos gases en países en vías de desarrollo.
De este modo, las empresas que necesiten
aumentar las emisiones por encima de su límite compran bonos (certificados) que
les representan el derecho a emitir una cantidad determinada de residuos. Con
esto, el comprador paga por contaminar, mientras que el vendedor se ve
compensado al evitar la deforestación, la degradación y la tala.
Al no obligar a las empresas contaminantes a
reducir sus emisiones a la atmósfera, el esquema es objeto de la oposición de
organizaciones como Vía Campesina, Red Indígena Ambiental, el Ceccam y la
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
La Estrategia Nacional no impide ni acota la
venta de bonos de carbono, expone abiertamente que el mercado voluntario puede
representar una fuente complementaria de financiamiento.
Aunque Sergio Graff aclara que en la Estrategia
la venta de bonos de carbono es una posibilidad, dependerá de cómo se establezca
el mecanismo a nivel internacional. “Todavía no se sabe si va a haber un mercado
de carbono por reducción de emisiones, pero lo que sí es que va a haber
transferencias económicas teniendo resultados de disminución de emisiones de
carbono”.
Financiamiento
La Estrategia Redd+ posibilita el
financiamiento de fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales. Así
como el uso de fideicomisos para hacer factible la movilización de recursos
basados en resultados climáticos y la distribución de beneficios y estímulos a
los dueños de terrenos forestales, comunidades indígenas y rurales.
En la Visión de México en REDD+, el
documento que antecedió al borrador de la Estrategia, se lee: “Los fideicomisos
nacionales, regionales o locales jugarán un papel como operadores protagónicos
que tendrían la capacidad de administrar y desembolsar de manera eficiente y
oportuna los fondos para promover Redd+ y dar seguimiento y evaluar el ejercicio
de presupuestos con transparencia, a partir de esquemas confiables de monitoreo
y verificación”.
Y agrega: “los fideicomisos podrían ser
públicos, privados o mixtos y mantenerse desde fondos multilaterales, mercados
de carbono –en su momento– u otros recursos fiscales etiquetados que acogerían
la participación de gobiernos, empresas, propietarios de tierras (ejidos,
comunidades, individuos, empresas), organizaciones de la sociedad civil e
intermediarios financieros, entre otros”.
En los Acuerdos de Cancún los países
desarrollados adoptaron formalmente el compromiso de proveer “financiamiento de
inicio rápido” a los países en desarrollo durante el periodo 2010-2012 para
acciones de mitigación (incluyendo Redd+), adaptación, desarrollo y
transferencia de tecnología y creación de capacidades, previamente mencionado en
el Acuerdo de Copenhague, donde se comprometieron a movilizar recursos para 2020
y cubrir las necesidades de los países en desarrollo en el contexto de acciones
de mitigación significativas y de transparencia en su ejecución. Estos fondos
pueden provenir de fuentes públicas, privadas, bilaterales, multilaterales y
alternativas.
En el caso de México, la Ley General de Cambio
Climático instruye la creación del Fondo para el Cambio Climático con el objeto
de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e
internacionales para apoyar acciones que enfrenten el cambio climático.
La Estrategia plantea que parte del presupuesto
del fondo se habrá de constituir con los recursos derivados de su actividad en
el mercado de bonos de carbono.
Refiere Sergio Graff que, hasta ahora, México
cuenta con 33.8 millones de dólares para las etapas preparativas de Redd+; de
éstos, 3.8 millones se derivan del Forest Carbon Partnership Facility: “Apenas
se va a firmar el apoyo para preparación; son 3.8 millones de dólares que se
utilizan para la elaboración de la Estrategia, pero sobre todo para la
consulta”; y un “donativo” de 30 millones de dólares para ejercerse en 5 años
del Programa de Inversión Forestal, destinados a programas especiales en las
acciones tempranas de Redd+.
“No es mucho dinero pero sirve para hacer los
trabajos de innovación. Ese dinero está en un fondo internacional y conforme se
van aplicando los recursos, México tiene reembolsos; no se los entregan todos al
país”, aclara el funcionario.
Según se lee en la Estrategia, el
financiamiento para las acciones tempranas en Jalisco conjuntará recursos de la
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), de la Unión Europea a través del
proyecto de Facilidad para la Inversión en Latinoamérica (LAIF, por su sigla en
inglés), del gobierno de Jalisco y de la Conafor.
Además, se cuenta con tres fideicomisos donde
es posible recibir recursos públicos del gobierno federal, estatal, de
organismos de la sociedad civil y organismos privados.
En la Península de Yucatán, señala la
Estrategia Nacional Redd+, habrá financiamiento de la Unión Europea proveniente
del LAIF a través de una acción conjunta con la AFD, la AECID y la Conafor, para
la construcción de mecanismos de gobernanza a nivel local; financiamiento de los
gobiernos de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como de
Conabio, The Nature Conservancy, la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas y la Conafor a través del ProÁrbol y los lineamientos del Programa
Especial para la Conservación, Restauración y el Manejo Sustentable de los
Recursos Forestales de la Península de Yucatán.
En Chiapas, a partir de 2010, la Conafor
promueve el Programa Especial para la Conservación, Restauración y
Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, que integra las modalidades
de apoyo económico en agroecología, regeneración de selvas, restauración de
riveras y arroyos, reforestación diversificada, pago por servicios ambientales,
estudios forestales y silvicultura comunitaria.
Mediciones y verificación
Para monitorear, medir y evaluar el desempeño
de Redd+, México habrá de desarrollar un sistema verificable de medición y
reporte en el que deberá establecer la cantidad de emisiones y remociones de
gases de efecto invernadero para una región dada y para un periodo determinado
(niveles de referencia). Su definición será apoyada por el Fondo Cooperativo
para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial y por Noruega.
El sistema de monitoreo mexicano deberá ser de
bajo costo. “Mientras más costoso sea, más oneroso será para el país desarrollar
un mecanismo de Redd+ y menores los beneficios que se obtendrán”, apuntan las
autoridades en Visión de México sobre Redd+. Hacia una estrategia
nacional.
De acuerdo con el mismo documento, México ha
participado activamente en las principales iniciativas multilaterales
relacionadas con mediciones y verificación para Redd+, incluidos el Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques y la iniciativa de rastreo de carbono
forestal del Grupo de Observación de la Tierra. Asimismo, el país ha
desarrollado trabajos bilaterales con Canadá sobre el modelo de contabilidad del
carbono; con Alemania, para el uso de tecnologías de radar, y con Estados Unidos
y Finlandia, para fortalecer el inventario forestal.
Fuente:
www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación
