Comprometió Pemex 72% de la factura petrolera hasta 2018: ASF

Sin autorización del Congreso ofreció una garantía de 190 veces la deuda por Pidiregas
Roberto González Amador e Israel Rodríguez

Sin una autorización del Congreso de la Unión, Petróleos Mexicanos (Pemex) comprometió hasta 2018 parte de la factura por ingresos derivados de la exportación de petróleo crudo, en un hecho cuyo precedente más próximo es la hipoteca de los ingresos de la paraestatal a cambio del paquete de rescate financiero después de la crisis de 1995.
Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo fiscalizador del Congreso, encontró que el actual gobierno comprometió una parte de los ingresos petroleros, en una proporción que supera en varias veces el monto de la deuda garantizada con esos recursos, una diferencia significativa respecto de lo ocurrido en 1995.

En aquella ocasión la factura por las exportaciones de Pemex fue usada como garantía de un paquete de asistencia financiera por 50 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones eran aportados por el gobierno de Estados Unidos y el resto por organismos financieros multilaterales.

La ASF descubrió que en 2009 la administración de Pemex aceptó dejar en prenda siete de cada diez dólares de facturación por ventas al exterior de petróleo crudo de los tipos Maya y Altamira (una variedad pesada), para garantizar el pago de una deuda en moneda extranjera contratada por una filial que la propia paraestatal constituyó en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, territorio en el Caribe en el que ninguna autoridad mexicana tiene jurisdicción para investigar.

Relata la ASF: Conforme a lo dispuesto por el Congreso de la Unión (en la discusión y aprobación de la reforma petrolera de 2008), Pemex asumió como deuda pública directa la proveniente de sus vehículos financieros Pemex Project Funding Master Trust por 55 mil 198.3 millones de dólares, y el Fideicomiso F-163 por 118 mil 557.7 millones de pesos, que utilizó para el financiamiento de proyectos Pidiregas.

Los proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) son un mecanismo financiero creado a finales del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). A través de ellos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contratan deuda en moneda extranjera y/o nacional con empresas privadas para financiar la construcción de proyectos que no pueden hacer con recursos propios. En la reforma petrolera de 2008 se acordó que el saldo de los Pidiregas, que hasta entonces se registraba como deuda de las paraestatales, se contabilizara dentro de la deuda pública. A la fecha, el valor estimado de la deuda Pidiregas en Pemex es de un billón 360 mil millones de pesos, y en la CFE, de 251 mil millones de pesos.

La ASF añade que en 2009 quedaron de asumir y reconocer como deuda pública los bonos que en el periodo 1998-2000 contrató Pemex hasta por 5 mil millones de dólares mediante el vehículo Pemex Finance para iniciar el financiamiento de proyectos Pidiregas, y cuyo saldo a 2009 fue de 893.3 millones de dólares, el cual se continuará pagando hasta 2018.

Apunta la ASF: El mecanismo establecido para el pago del capital e intereses de esa deuda de 893.3 millones de dólares obliga a Pemex el poner a disposición de un tercero el 71.9 por ciento de la facturación de las ventas al exterior del crudo Maya y Altamira del orden de 18 mil 951.3 millones de dólares, equivalentes a 247 mil 479 millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre 2010 y 2018 un monto de 170 mil 561.5 millones de dólares, a fin de que en la cobranza de esa cartera se cubran las amortizaciones de la deuda y sus intereses y el remanente se le devuelva a Pemex.

Las cifras aportadas por la ASF significan que Pemex estaría ofreciendo una garantía total por el equivalente a 190 veces el saldo de la deuda pendiente de pago.

“Con este mecanismo –sigue la ASF– además de los efectos que conlleva poner a disposición de un tercero una cartera de esa magnitud, se tienen que pagar comisiones a los diversos participantes en el programa de financiamiento estructurado creado por Pemex en 1998.

La ASF considera que resulta excesivo comprometer las ventas de petróleo crudo Maya y Altamira de clientes designados a un tercero, las cuales representan 71.9 por ciento del total de las ventas de PMI CIM en un ejercicio para pagar las amortizaciones de capital de los bonos en los próximos nueve años, que representan sólo 0.5 por ciento del total de recursos que se comprometieron.

John Saxe-Fernández, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que esto indudablemente evidencia que hay una imposición arbitraria de las fuerzas ocultas que han estado en pos del petróleo mexicano y el desmantelamiento de Pemex y de México como Estado-nación.

El también coordinador del programa El mundo en el siglo XXI, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM dijo que esta estrategia se parece a la hipoteca de la factura petrolera que entregó en su momento Ernesto Zedillo al gobierno estadunidense de Bill Clinton, que parecía el tratado de rendición incondicional que se firma después de una guerra.

Sobre esta nueva hipoteca de la factura petrolera que abarca hasta 2018, John Saxe-Fernández dijo: Esto da muy mala impresión y huele a pescado podrido, y ameritaría que la Auditoría Superior de la Federación nos ilumine al respecto y haga la investigación respectiva porque alguien está haciendo un buen negocio. Alguien se está beneficiando del patrimonio nacional.

Francisco Carrillo Soberón, ex secretario de la Comisión de Energía en la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, afirmó que con la garantía de la factura petrolera entregada a un tercero se lee que al gobierno se le está haciendo bolas la falta de planeación en la industria en el sentido financiero y presupuestal.

No es posible, dijo, que los proyectos Pidiregas se conviertan en un cuello de botella. Además, no suena racional que se tengan que entregar esas garantías. Todo esto es resultado de la visión de corto plazo y de una política que sólo responde a la extracción de crudo para resolverle la falta de recaudación de la Secretaría de Hacienda.

Carrillo Soberón, integrante de la coordinación colegiada del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consideró que hay un círculo bárbaro de intereses. No dudo que haya sido la Secretaría de Hacienda la que haya autorizado esta hipoteca, porque ninguna de estas medidas se hace sin la mano de Hacienda, y por si fuera poco nunca ha respondido al verdadero daño que ha hecho a Pemex, destacó.

Fuente: La Jornada