Banderazo para arriar la bandera de Pemex

Javier Jiménez Espriú

Con bombo y platillos, la dirección de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, esta última estrenando titular, anuncian la próxima inauguración de los contratos incentivados, con los que pretenden entregar a la iniciativa privada, anticonstitucionalmente, como afirma el consejero profesional de Pemex Rogelio Gasca, para "abrir boca", tres bloques "maduros" para su exploración y explotación.

La fórmula de pago será, dicen, el 70 por ciento de los gastos del contratista –70 por ciento en que obviamente cabrá bastante más del ciento por ciento de los mismos–, más una cuota por volumen; es decir, por barril extraído. Esto, pagar con una parte del valor de lo que se extrae, ¿no es anticonstitucional?, ¿no es hacer participar al contratista del recurso que es exclusivamente de la nación?, ¿no es esto un contrato de riesgo?, ¿no es esto lo que literalmente prohíbe la Constitución? O no entiendo yo nada o nada entienden ellos, o ambos entendemos claramente todo, pero cada quien defiende lo que le interesa.

Yo defiendo la validez de la Constitución y el concepto de que los hidrocarburos son propiedad única de la nación y que los servicios privados no pueden pagarse con parte del producto obtenido –o su equivalente en una cuota por barril–, y ellos, el enorme negocio que significa la firma de los contratos, para ellos y para los contratistas –asunto mercantil– y su tesis de que Pemex debe abrirse a la participación total de la iniciativa privada –asunto ideológico–. La tesis de la entrega total.

El nuevo secretario de Energía, distinguido ex funcionario de Hacienda a su vez, se estrena con la mentira, varias veces expuesta –pero no por ello convertida en verdad– y la misma aclarada por alguien –yo entre muchos otros– de que los contratos incentivados están autorizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es falso, absolutamente falso. La Suprema Corte aclaró con precisión que, en relación con la controversia constitucional planteada por un grupo de diputados, al conocerse la autorización del consejo de Pemex a las nuevas formas de contratación con incentivos, que era legal la facultad del consejo para fijar las formas de contratación, pero no autorizó, como expresó específicamente uno de los ministros, los contratos, que obviamente debían ser, señaló, constitucionales.

Esto es, el consejo está facultado para definir las formas de contratación, no para autorizar la contratación de nada fuera de la ley como, con subterfugios insostenibles, lo ha hecho. Los contratos planteados son ilegales porque trastocan el espíritu y la letra de la Constitución y quienes los suscriban estarán expuestos a serias consecuencias administrativas y penales. En esto también, los contratos son, no de riesgo, sino de altísimo riesgo.

De esto deben ser conscientes tanto los funcionarios que los suscriban como "los cientos de interesados" a los que en gira artística les serán presentados los primeros contratos a licitación.

Ya en ocasión anterior, después de aprobada la "reforma energética", expresé que se había logrado detener la entrega total de Pemex, pero que no había que bajar la guardia, porque vendrían nuevos embates. Éstos han seguido y, con renovados ánimos y renovado secretario de Energía, ahora aparecen para tratar de asestar un golpe mortal a nuestra industria petrolera.

Con la misma tenacidad de los agresores, quienes queremos a Pemex como una industria nacional apegada a lo que define nuestra ley superior, lo defenderemos sin descanso, con la ventaja de que a nosotros nos asiste la razón legal y los Sentimientos de la Nación.

jimenezespriu@prodigy.net.mx