Marcos Roitman Rosenmann
No cabe duda, la obligación de adjetivar las conductas de los partidos socialdemócratas y progresistas como pertenecientes a la izquierda trae consigo ejercicios teórico-ideológicos propios de un malabarismo intelectual. Es común hablar de la existencia de una izquierda institucional, sobre todo cuando nos referimos a organizaciones políticas cuyas bases doctrinales no cuestionan el capitalismo, factor suficiente para negarles el calificativo de izquierdas. No debemos olvidar que la socialdemocracia y los llamados reformistas no compartían las premisas del capitalismo. La estrategia cuestionada era la forma de enfrentarlo, la transición al socialismo. El dilema se expresaba dualmente: reforma o revolución. Ahora, el problema es otro. Quienes se autodefinen pertenecientes a la izquierda institucional comparten y aceptan las reglas del juego de la economía de mercado. El hacerlo trae consigo consecuencias inmediatas. Su decisión conlleva avalar el proceso de concentración y centralización del capital como mecanismo para la creación de riqueza. Por consiguiente, dentro de sus programas desaparece la crítica de fondo a las relaciones sociales de explotación sobre las cuales, el capitalismo, construye y ejerce el poder político. Los militantes de esta nueva izquierda institucional, parecen sentirse cómodos navegando en las aguas del capital. Eso sí, para justificar el abandono de la lucha anticapitalista, la izquierda institucional y la socialdemocracia utilizan argumentos maniqueos y pedestres. Su lógica consiste en negar la lucha de clases y la división social del trabajo basada en la propiedad privada de los medios de producción. De su lenguaje han desaparecido, por arte de magia, los capitalistas y con ello la dualidad explotados-explotadores. Asumen, sin cuestionar, una visión del mundo donde el imperialismo y los intereses depredadores de las trasnacionales se esfuman en pro de la ideología de la globalización. Sin explicación coherente enfatizan el sentido armónico de la globalización, promoviendo una gestión de la crisis con rostro humano. Según ellos, todos somos responsables y debemos compartir costos. Así sugieren un pacto estratégico entre trabajadores y empresarios, considerándolos parte de un mismo equipo con las mismas metas. De esta manera, nadie quedaría excluido de los beneficios de un trabajo solidario. Ni ganadores ni perdedores. Si actuamos con tino, nadie se verá perjudicado. Es el dilema del prisionero extrapolado ante las relaciones sociales de explotación. Si se coopera se consiguen los objetivos, todos obtienen beneficios. Los trabajadores mantienen su empleo, aunque sea en peores condiciones, y los empresarios, ya nunca más capitalistas, verán aumentar sus ganancias y con ello invertirán, incrementándose el producto interno bruto. Un verdadero pacto de caballeros. Puestos en esta lógica, el quid del capitalismo cambia de eje, no se encontraría en las relaciones de explotación. Su sitio se ubicaría, a partir de ahora, en la fuerza autorregulada de la economía de mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Para la nueva izquierda institucional y la socialdemocracia, el capitalismo debe redefinirse como un sistema político destinado a generalizar los beneficios de la economía de mercado. Con ello, lo importante es consumir, no importa qué, cómo y cuándo. Se trata de garantizar el acceso al mercado y formar parte de un ejército de consumidores diferenciados por la calidad y la cantidad de los productos que adquiere. Unos comerán angulas, caviar, beberán champagne, conducirán Lambordinis, Mercedes Benz , irán de vacaciones en yates y viajarán en primera clase; otros, en cambio, deberán conformarse con sucedáneos, imaginarse unas vacaciones virtuales, utilizar el transporte público, consumir gaseosas o tomar agua no contaminada, en el mejor de los casos. Pero tampoco se olvidan de los menos agraciados, quienes sobreviven con menos de un dólar al día o simplemente no tienen ni eso. Para este sector social les aplican el criterio de políticas para pobres. Podrán comer, tendrán un trabajo precario, y se verán avocados a la miseria, la exclusión y la marginalidad. Pero siempre tendrán una opción de salir adelante, en sí son capital humano y ese es su máximo activo. El mercado está siempre atento para recibirlos con las manos abiertas.
En otro orden de cosas, la izquierda institucional traslada el debate de la ciudadanía plena y la centralidad de la política a la esfera de la eficiencia y la racionalidad económica para lograr un mejor funcionamiento del mercado. No tienen empacho en señalar que están actuando en beneficio de todos y en favor del progreso de la humanidad. Muy a su pesar, sólo les queda constatar la pérdida de los derechos laborales, sindicales y políticos en beneficio de la comunidad del mercado. Cómplices del secuestro de la democracia, se manifiestan en pro de los tratados de libre mercado, las trasnacionales y los grandes capitalistas. Asimilados a los postulados del capitalismo se han transformados en sus cancerberos. Adoptan la función del policía bueno. Mientras critican las maneras políticas de la derecha neoliberal y conservadora, ellos encarnan, dicen, el bien común y la moral pública. Pero ambos son la cara y cruz de una misma moneda y comparten un mismo objeto, doblegar la voluntad de las clases populares. Para ellos no hay alternativa al sistema, es mejor someterse y vivir de acuerdo a las leyes del mercado. Luchar contra el capitalismo es un suicidio, porque éste siempre gana.
No hay por donde equivocarse, gracias a la izquierda institucional y la socialdemocracia, el capitalismo se reinventa y queda absuelto de ser un orden de violencia, deshumanizante, asentado en la desigualdad, la explotación y la injusticia social. Por consiguiente, es mejor llamar las cosas por su nombre y quitarle la máscara a esta nueva izquierda y sus aliados socialdemócratas. Es más apropiado llamarla izquierda del capitalismo, concepto apegado a sus prácticas y claudicaciones estratégicas de lucha anticapitalista. Por este motivo, démosle la bienvenida, poniendo al descubierto sus espurios intereses que consisten en mantener inalteradas las estructuras de explotación inherentes al modo de producción capitalista.
21.3.11
Pascual, el embajador "fallido"
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO; D.F.; 20 de marzo (Apro).- Agraviado en su persona y en defensa de su gestión gubernamental, no del país, Felipe Calderón hizo del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, un chivo expiatorio de su propia subordinación a la estrategia estadounidense contra las drogas.
Es una victoria personal de Calderón cuyo verdadero talante lo mostró uno de sus hombres, su secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien, irónico, escribió en las redes sociales apenas el Departamento de Estado dio a conocer la renuncia del embajador, la tarde del sábado pasado: “Ah, cómo lo extrañaremos”… “Tan buen ojo que tenía Pascual para evaluar a los precandidatos del PAN”.
La burla obedeció al agravio personal que el propio Lozano tenía desde que se conoció uno más de los cables incómodos de Pascual en el que calificó como “grises” a los panistas que pretenden suceder a Calderón en Los Pinos; Lozano incluido.
Calderón y los suyos se podrán ufanar de que echar a un embajador de Estados Unidos no es poca cosa. Pero tal “proeza” de nada sirve cuando se trata sólo de la defensa de intereses personales.
Pírrica, esta victoria aislará más a su gobierno. Su conflicto con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, por el caso de Florence Cassez, lo alejó de un aliado histórico y colocó a México en un escándalo internacional, como si no fuera suficiente la violencia desatada durante su gobierno.
La designación del sustituto de Pascual llevará meses. El gobierno de Barack Obama no tendrá prisa en nombrar a un nuevo embajador sobre todo conforme se acerque el final del gobierno de Calderón, quien en perspectiva de las elecciones presidenciales del 2012 se acerca cada vez más a la definición estadounidense del “pato cojo” (lame duck); es decir, cada vez tendrá menos poder y, por lo tanto, habrá menos interés en negociar con él. No hará falta, lo que había que negociar ya lo hizo el embajador non grato.
El ocupante de Los Pinos sabía a lo que venía Pascual: a trabajar en la lógica de los estados fallidos, a la que se había dedicado en Europa del Este, África y Haití y que logró colocar en la agenda pública mexicana.
Calderón no sólo le dio el beneplácito político y diplomático: hizo suya la estrategia diseñada por Washington para la “guerra” contra las drogas en México y que Pascual, además de alimentarla, estaba encargado de su instrumentación.
Pascual cayó por la revelación de los cables de Wikileaks, no por “ignorante”, por sus juicios políticos o entrometerse en la vida de México, como en efecto lo hizo y lo han hecho los embajadores estadounidenses.
El embajador cayó porque evidenció la manera en que Calderón se acercó a Estados Unidos y las dificultades que ha tenido para cumplir su “tarea” desde la perspectiva estadounidense.
En lo que ya es un hecho histórico asumido por propios y extraños es que ante su falta de legitimidad como presidente de México, Calderón hizo del combate al narcotráfico su principal política de gobierno para pasar del triunfo legal al reconocimiento social. No reparó en costos: ni en las pérdidas de vidas humanas en México ni en plegarse a los intereses estadounidenses.
Más de 35 mil muertos y las atrocidades que ocurren en todo el país, se lo dijo la semana pasada el director del FBI, Robert Muller, indican que no se puede hablar de éxito. Aun cuando la “guerra” contra las drogas salió de Estados Unidos, el mensaje no puede ser más claro: Estados Unidos no está satisfecho con la manera en que Calderón dice enfrentar el problema.
La urgencia económica y la orfandad política han llevado a los gobernantes mexicanos en años recientes –por no hablar de la historia de las relaciones bilaterales– a ceder unos más que otros. Ernesto Zedillo hipotecó la factura petrolera en medio de la crisis financiera desatada entre el salinismo y el propio Zedillo.
A cambio de nada, luego de los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, Fox cedió para que México se convirtiera en el perro guardián de la frontera y desde entonces se multiplicaron los maltratos contra los migrantes internacionales.
Calderón, más vulnerable que sus antecesores, acudió a Estados Unidos a pedir ayuda: “quería todos los juguetes” y Washington le puso un centro de espionaje civil y militar en el corazón de la ciudad de México; quería ayuda militar y a cambio de mil 500 millones de dólares –de la Iniciativa Mérida– que todavía no se entregan en su totalidad, obligó a los militares mexicanos a rendirle cuentas al Congreso de Estados Unidos, algo que ni en sueños hacen con los legisladores mexicanos.
Dividió a las Fuerzas Armadas, consintió vuelos no tripulados para que Estados Unidos hiciera espionaje en territorio mexicano, supo de la operación de contrabando de armas Rápido y Furioso y, al final, no le gustó que el embajador le pusiera “mucha crema a sus tacos”.
jcarrasco@proceso.com.mx
MÉXICO; D.F.; 20 de marzo (Apro).- Agraviado en su persona y en defensa de su gestión gubernamental, no del país, Felipe Calderón hizo del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, un chivo expiatorio de su propia subordinación a la estrategia estadounidense contra las drogas.
Es una victoria personal de Calderón cuyo verdadero talante lo mostró uno de sus hombres, su secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien, irónico, escribió en las redes sociales apenas el Departamento de Estado dio a conocer la renuncia del embajador, la tarde del sábado pasado: “Ah, cómo lo extrañaremos”… “Tan buen ojo que tenía Pascual para evaluar a los precandidatos del PAN”.
La burla obedeció al agravio personal que el propio Lozano tenía desde que se conoció uno más de los cables incómodos de Pascual en el que calificó como “grises” a los panistas que pretenden suceder a Calderón en Los Pinos; Lozano incluido.
Calderón y los suyos se podrán ufanar de que echar a un embajador de Estados Unidos no es poca cosa. Pero tal “proeza” de nada sirve cuando se trata sólo de la defensa de intereses personales.
Pírrica, esta victoria aislará más a su gobierno. Su conflicto con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, por el caso de Florence Cassez, lo alejó de un aliado histórico y colocó a México en un escándalo internacional, como si no fuera suficiente la violencia desatada durante su gobierno.
La designación del sustituto de Pascual llevará meses. El gobierno de Barack Obama no tendrá prisa en nombrar a un nuevo embajador sobre todo conforme se acerque el final del gobierno de Calderón, quien en perspectiva de las elecciones presidenciales del 2012 se acerca cada vez más a la definición estadounidense del “pato cojo” (lame duck); es decir, cada vez tendrá menos poder y, por lo tanto, habrá menos interés en negociar con él. No hará falta, lo que había que negociar ya lo hizo el embajador non grato.
El ocupante de Los Pinos sabía a lo que venía Pascual: a trabajar en la lógica de los estados fallidos, a la que se había dedicado en Europa del Este, África y Haití y que logró colocar en la agenda pública mexicana.
Calderón no sólo le dio el beneplácito político y diplomático: hizo suya la estrategia diseñada por Washington para la “guerra” contra las drogas en México y que Pascual, además de alimentarla, estaba encargado de su instrumentación.
Pascual cayó por la revelación de los cables de Wikileaks, no por “ignorante”, por sus juicios políticos o entrometerse en la vida de México, como en efecto lo hizo y lo han hecho los embajadores estadounidenses.
El embajador cayó porque evidenció la manera en que Calderón se acercó a Estados Unidos y las dificultades que ha tenido para cumplir su “tarea” desde la perspectiva estadounidense.
En lo que ya es un hecho histórico asumido por propios y extraños es que ante su falta de legitimidad como presidente de México, Calderón hizo del combate al narcotráfico su principal política de gobierno para pasar del triunfo legal al reconocimiento social. No reparó en costos: ni en las pérdidas de vidas humanas en México ni en plegarse a los intereses estadounidenses.
Más de 35 mil muertos y las atrocidades que ocurren en todo el país, se lo dijo la semana pasada el director del FBI, Robert Muller, indican que no se puede hablar de éxito. Aun cuando la “guerra” contra las drogas salió de Estados Unidos, el mensaje no puede ser más claro: Estados Unidos no está satisfecho con la manera en que Calderón dice enfrentar el problema.
La urgencia económica y la orfandad política han llevado a los gobernantes mexicanos en años recientes –por no hablar de la historia de las relaciones bilaterales– a ceder unos más que otros. Ernesto Zedillo hipotecó la factura petrolera en medio de la crisis financiera desatada entre el salinismo y el propio Zedillo.
A cambio de nada, luego de los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, Fox cedió para que México se convirtiera en el perro guardián de la frontera y desde entonces se multiplicaron los maltratos contra los migrantes internacionales.
Calderón, más vulnerable que sus antecesores, acudió a Estados Unidos a pedir ayuda: “quería todos los juguetes” y Washington le puso un centro de espionaje civil y militar en el corazón de la ciudad de México; quería ayuda militar y a cambio de mil 500 millones de dólares –de la Iniciativa Mérida– que todavía no se entregan en su totalidad, obligó a los militares mexicanos a rendirle cuentas al Congreso de Estados Unidos, algo que ni en sueños hacen con los legisladores mexicanos.
Dividió a las Fuerzas Armadas, consintió vuelos no tripulados para que Estados Unidos hiciera espionaje en territorio mexicano, supo de la operación de contrabando de armas Rápido y Furioso y, al final, no le gustó que el embajador le pusiera “mucha crema a sus tacos”.
jcarrasco@proceso.com.mx
17.3.11
Agentes de EU portan armas y coordinan inteligencia en México
No van tripulados; forman parte de acuerdos de seguridad, señala Poiré
Aviones de EU vigilan en México, reconoce el gobierno
Alfredo Méndez
El gobierno del presidente Felipe Calderón reconoció que aviones estadunidenses no tripulados han realizado vuelos sobre territorio mexicano. Todas y cada una de estas acciones se han llevado a cabo con respeto irrestricto a la legislación vigente en nuestro país, aseguró ayer en un comunicado la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional que encabeza Alejandro Poiré.
Añadió que la colaboración de agentes de otros países –en particular de Estados Unidos– con el gobierno de México, se ha sustentado en acuerdos bilaterales y la legislación vigentes, que subrayan el respeto irrestricto a la jurisdicción nacional de cada país, así como que en México el personal extranjero no llevará a cabo ninguna labor ni tendrá capacidad operativa alguna, ni tampoco portará armas.
Dijo que como parte de la colaboración bilateral en materia de seguridad, el gobierno ha solicitado, en ocasiones y eventos específicos, a Estados Unidos el apoyo de aviones no tripulados para la obtención de elementos de información específica, definida por México, en particular en la zona fronteriza, para la consecución de objetivos concretos en materia de seguridad.
El gobierno federal emitió este pronunciamiento ante la publicación de un reportaje –la noche del pasado martes– del diario estadunidense The New York Times en su página de Internet, en el que informó, citando fuentes del Pentágono, que aviones estadunidenses sobrevuelan territorio mexicano como parte de operaciones antinarcóticos.
Por la tarde, en entrevista radiofónica, Poiré indicó que los aviones no tripulados de Estados Unidos seguirán volando en territorio mexicano mientras sea necesario. Negó asimismo que la autorización del gobierno para el sobrevuelo de las naves estadunidenses haya implicado una violación constitucional.
Hay distintos mecanismos de inteligencia y éste es uno de ellos. Todos los elementos de inteligencia que podamos utilizar para desmantelar redes de distribución de droga, dinero, armas e incluso trata de personas, si es útil se seguirá utilizando, afirmó.
Refirió que alguna versión inicial de la nota del diario estadunidense hablaba de vigilancia, y aquí no ocurre nada de esa naturaleza. No podemos hablar de la violación a la soberanía porque se trata de una utilización de mecanismos bajo acuerdos bilaterales.
En el comunicado, la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional expuso que “las misiones (incursiones aéreas en territorio mexicano de naves estadunidenses no tripuladas), la definición de los objetivos, la información a recolectar y las tareas específicas a realizar han estado bajo el control de autoridades mexicanas, y se han llevado a cabo con sustento en las leyes federales que dan atribuciones a las instancias de seguridad nacional de utilizar cualquier método de recolección de información para la producción de inteligencia, con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías individuales.
Dichos esfuerzos han sido particularmente útiles en la consecución de diversos objetivos de combate a la criminalidad y han incrementado notablemente las capacidades y superioridad tecnológica de las autoridades mexicanas frente a la criminalidad, dijo.
La secretaría técnica destacó que las operaciones estadunidenses en territorio nacional se han hecho siempre con la vigilancia y supervisión de la Fuerza Aérea Mexicana.
Según The New York Times, la cooperación militar entre Estados Unidos y México se ha profundizado con el sobrevuelo del territorio mexicano por aviones no tripulados estadunidenses, como parte de un acuerdo de lucha contra el narcotráfico. Otro de los acuerdos es la creación de un centro de fusión antinarcóticos en México, en el que trabajarían conjuntamente las autoridades de los dos países.
A decir del diario, que cita fuentes del Pentágono, los vuelos son fruto de varios acuerdos bilaterales alcanzados tras la reunión sostenida por los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón en Washington, el 3 de marzo.
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Ambos gobiernos lo mantienen en secreto: fuentes de Washington
Agentes de EU portan armas y coordinan inteligencia en México
David Brooks
El Pentágono y los departamentos de Seguridad Interior y de Estado, entre otras instancias estadunidenses, tienen agentes que portan armas, coordinan centros de inteligencia y realizan operaciones de vigilancia aérea y terrestre dentro del territorio mexicano, y ambos gobiernos intentan mantener las dimensiones de estas misiones en secreto ante posibles violaciones a las leyes o a la soberanía de México, reportó ayer el diario The New York Times.
El gobierno estadunidense empezó desde el mes pasado a operar vuelos de aeronaves no tripuladas y no artilladas (conocidas como drones) en el espacio aéreo mexicano, reveló el rotativo. Funcionarios que hablaron bajo la condición del anonimato, informaron que las naves son operadas por el Departamento de Defensa y otras por el de Seguridad Interior; una de ellas fue utilizada para apoyar a autoridades mexicanas a ubicar sospechosos del asesinato del agente del servicio de Inmigración y Aduanas estadunidense Jaime Zapata.
Pero al parecer los vuelos de vigilancia de Estados Unidos sobre México no se iniciaron hace un mes, sino desde 2009. Anoche, la agencia Ap reportó que descubrió que el Servicio de Inmigración y Aduanas ha volado secretamente drones Predator sobre territorio mexicano durante dos años, asistiendo a las autoridades mexicanas en el espionaje para localizar sospechosos de narcotráfico. Estos vuelos, afirma la agencia, fueron autorizados por México, pero jamás dados a conocer por ambos gobiernos.
Aunque otros medios confirmaron con funcionarios estadunidenses la existencia de estas operaciones de inteligencia y vigilancia, el gobierno de Washington no hizo ninguna declaración pública sobre el particular.
El Times reveló que los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón acordaron formalmente continuar los vuelos de vigilancia, en su reunión en la Casa Blanca el 3 de marzo. El diario afirma que, según funcionarios, este tipo de asistencia estadunidense se mantuvo secreta a causa de restricciones legales en México y las acaloradas sensibilidades políticas ahí presentes sobre la soberanía.
En la reunión de la Casa Blanca, ambos mandatarios también acordaron abrir un segundo centro de fusión antinarcóticos, donde supuestamente trabajan de manera conjunta agencias de los dos países, aunque algunas fuentes indicaron que en realidad estos centros son manejados casi exclusivamente por agentes de Estados Unidos. La existencia del primer centro de este tipo, el cual entró en operaciones el año pasado, fue negada primero por los gobiernos mexicano y estadunidense, recuerda el rotativo.
El gobierno de Washington, comentó The New York Times, ha incrementado su papel en la lucha antinarcóticos de México en años recientes, con un énfasis mayor sobre la recaudación de inteligencia, incluyendo la operación de aeronaves tripuladas y drones en la frontera, como ahora dentro del territorio mexicano.
El diario reportó que funcionarios de ambos gobiernos comentaron que México había solicitado a Estados Unidos emplear los drones para monitorear el movimiento de narcotraficantes.
Una fuente militar estadunidense reveló que el Pentágono ha operado varios vuelos de sus drones, conocidos como Global Hawk (Halcón Global), sobre México a lo largo del último mes. Estos aparatos pueden volar a una altitud de más de 60 mil pies y vigilar unas 40 mil millas cuadradas en un día, y no son fácilmente visibles desde tierra.
Nadie confirmó el número exacto de misiones aéreas realizadas por Estados Unidos hasta la fecha, ni cuántas están bajo consideración en el nuevo acuerdo formal.
Y no son sólo operadas por el Pentágono. La agencia Ap informó que los vuelos de los drones Predator (naves más pequeñas y menos sofisticadas que el Global Hawk), de la Agencia de Inmigración y Aduanas, empezaron a inicios de 2009 y fueron primero sugeridos por los estadunidenses en coordinación con autoridades mexicanas.
La fuente oficial que pidió el anonimato dijo que se han realizado decenas de estas misiones y que continúan hasta la fecha; México inicialmente solicitó dos por semana, pero eso fue reducido a uno cada dos semanas.
Además de los vuelos de vigilancia, Estados Unidos continúa sus esfuerzos de capacitación de miles de tropas y policías; trabaja conjuntamente con unidades de seguridad especializadas; realiza operaciones de intervención de comunicaciones y mejora el equipo de seguridad y tecnología de inteligencia, informaron funcionarios estadunidenses al Times.
Fuentes oficiales de ambos países dijeron al diario que los esfuerzos cooperativos han sido clave en ayudar a la autoridades mexicanas a capturar o matar a por lo menos 20 narcotraficantes de alto perfil, y que todos estos casos fueron resultado de la inteligencia otorgada por Estados Unidos.
A la vez, el rotativo neoyorquino indica que algunas operaciones estadunidenses en México se mantienen en secreto y que aparentemente el lado mexicano permite otras prohibidas, decidiendo simplemente no reconocerlas. Citando a funcionarios de ambos países, el Times reporta que México se hace ciego ante la intervención telefónica estadunidense de las líneas de sospechosos de narcotráfico, como también ante el hecho de que agentes de seguridad estadunidenses portan armas en violación a las restricciones legales mexicanas.
El diario anota que el involucramiento estadunidense en operaciones en México preocupa al gobierno de Calderón por las reacciones políticas que éstas podrían generar internamente, además de que se podría cuestionar su legalidad bajo la Constitución mexicana.
También recuerda que del lado estadunidense, legisladores han expresado sus dudas sobre la confiabilidad de las contrapartes mexicanas en estos esfuerzos, al señalar el grado de corrupción en las agencias mexicanas.
The New York Times cita a un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, quien declara: No hace mucho no había ni manera de que la DEA pudiera realizar el tipo de actividades que están haciendo ahora. Agregó que la única manera en que podrán continuar haciéndolas es permitir que México pueda de manera plausible negar que existen.
Mientras tanto, en Washington, los voceros oficiales simplemente repiten que se continúa ampliando la cooperación sin precedente con México en la lucha conjunta y corresponsable frente al narcotráfico y el crimen organizado.
Toda cooperación es con la invitación del gobierno mexicano y es plenamente coordinada, aseguró Matthew Chandler, vocero del Departamento de Seguridad Interior, entrevistado por la agencia Reuters en torno a estas nuevas revelaciones.
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Se prefigura el delito de traición a la patria, advierten juristas
Legisladores piden explicaciones a la SRE
Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Alfredo Méndez, Jesús Aranda y Ciro Pérez
Senadores de PRI, PRD y PT advirtieron que la incursión de aviones militares de Estados Unidos sobre territorio nacional, y la posible autorización de agentes extranjeros para portar armas en el país, violan la soberanía, pasan por encima de la Constitución y son otra muestra de la subordinación del gobierno mexicano a Washington. No sé qué le falta al presidente Calderón para entregar el mando. ¡Eso es algo realmente preocupante!, sostuvo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la priísta Rosario Green.
La ex canciller consideró una barbaridad que se mantuviera en secreto ese acuerdo entre Calderón y Obama, el que, de acuerdo con la información del periódico The New York Times, posibilita los sobrevuelos de aviones estadunidenses en espacio aéreo mexicano.
Resaltó que no sólo eso le ocultó Calderón al Senado –que tiene muchísimo que ver con salvaguardar la soberanía nacional–, sino también la existencia del segundo centro conjunto contra el tráfico de drogas, de donde se deriva la posibilidad de que los agentes de Estados Unidos que participen en operativos contra la delincuencia organizada puedan portar armas en el país .
El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo que ninguna incursión de autoridades extranjeras está permitida. Tampoco, agregó, que los agentes de otras naciones puedan estar armados en el país. A su vez, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, señaló que el Senado no puede aceptar que informaciones de esta naturaleza las conozcamos por la prensa extranjera.
Para el coordinador del PT, Ricardo Monreal, la vigilancia aérea que mantiene el gobierno de Obama, sencillamente somete al país a una condición indigna, de subordinación. Es, insistió, una actitud demasiado entreguista hacia el vecino país.
Los senadores demandarán una explicación clara a la canciller Patricia Espinosa, que hoy comparece en Xicoténcatl, pues hasta los panistas expresaron desacuerdo con ese hecho. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe González, aseguró que de haberse sometido al Senado una solicitud de esa naturaleza, se habría rechazado, ya que está clarísimo que ninguna autoridad extranjera puede estar operando en México.
En tanto, en la Cámara de Diputados, el legislador priísta Alfonso Navarrete Prida dijo que no hay violación a la soberanía, si bien es un tema que debe ser avalado por el Senado. En tanto, el vicepresidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano (PRD), señaló que estamos ante un problema de soberanía en que la Presidencia de la República no puede unilateralmente asumir una responsabilidad, firmar un acuerdo. Estamos ante un serio y grave problema de violación a la soberanía nacional, señaló.
Desde la perspectiva de los juristas Elisur Arteaga y Jorge Reyes Peralta, en esta operación hay una violación constitucional, pues el presidente Calderón no tiene facultades para acordar directamente con Barack Obama un acuerdo semejante. Subrayaron que el Senado debe impedir una violación tan grave dado que lleva implícita, apegados a la interpretación constitucional, una conducta de traición a la patria.
En tanto, fuentes militares confiaron que este acuerdo que permite los vuelos no tripulados estadunidenses está apegado a derecho, toda vez que esas operaciones están sustentadas en tratados internacionales firmados por México. Aseguraron que no hay violación constitucional, si bien declinaron opinar sobre los alcances de este acuerdo y si implicaría un viraje en la estrategia de seguridad nacional.
Trascendió que el Ejército y la Armada no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de utilizar estas aeronaves para combatir al crimen organizado, ya que, mientras los militares adquirieron hace más de un año un lote de aviones de este tipo por un costo de 23 millones 250 mil dólares, los marinos no se han decidido a incorporar esta tecnología a su labor y están a la espera de un eventual incremento en el presupuesto para pensar en la adquisición de estos aparatos.
A su vez, el PAN ratificó su respaldo a las acciones en materia de cooperación internacional emprendidas por Calderón para enfrentar a la delincuencia organizada, como es el uso de aviones de vigilancia para detectar droga en territorio mexicano.
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Sobrevuelos de Estados Unidos, ausentes del documento de la SRE
Reciben senadores informe rasurado
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) remitió ayer al Senado el infome sobre la reciente visita del presidente Felipe Calderón a Estados Unidos, en el que se alude a reuniones públicas y privadas con su homólogo Barack Obama, sin que se mencione la autorización para que aviones estadunidenses vigilen el espacio aéreo mexicano, la que, según The New York Times, se concretó en ese viaje.
El informe fue solicitado la semana pasada, luego de conocerse la operación Rápido y furioso, y en respuesta la cancillería hizo llegar el documento en el que se señala que ambos mandatarios revisaron la Iniciativa Mérida y el presidente Obama ratificó el compromiso de su gobierno de cumplir con los acuerdos ahí establecidos.
En este contexto, acordaron dar prioridad a las entregas pendientes de equipos aéreos y de inspección no intrusiva, así como la ejecución de programas prioritarios de cooperación.
En cambio, se señala que los presidentes (...) se refirieron a la importancia de ir construyendo un cambio paradigmático en la cooperación, basado en la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto a la jurisdicción territorial de cada país.
Asimismo, reconocieron que la eficacia de las acciones contra las organizaciones delincuenciales que operan en ambos lados de la frontera exige una estrecha colaboración bilateral.
La SRE sostiene que Calderón y Obama revisaron el estado que guarda la instrumentación de la Iniciativa Mérida, que contempla transferencias de equipos y programas de cooperación por un monto de aproximadamente mil 500 millones de dólares.
Se constató que hasta la fecha se han entregado plenamente montos de cooperación equivalentes a 402 millones de dólares, y que ante los retrasos experimentados Obama ratificó el compromiso de instrumentar a la brevedad posible ese acuerdo, incluyendo la entrega de equipos y programas este año equivalentes a 500 millones de dólares.
Ratificaron además que seguirán fortaleciendo la capacidad de desarticulación de las organizaciones criminales y los esquemas de cooperación e intercambio de información en ámbitos prioritarios como lavado de dinero, tráfico de armas y trasiego y consumo de drogas.
Sobre Rápido y furioso, se señala que el presidente Calderón reiteró la importancia de fortalecer las acciones de cada país en sus respectivos territorios, particularmente contra el tráfico de armas y el consumo de drogas.
El Ejecutivo destacó la importancia de aplicar el marco legal vigente que prohíbe la exportación de armas de fuego.
Fuente: La Jornada
Aviones de EU vigilan en México, reconoce el gobierno
Alfredo Méndez
El gobierno del presidente Felipe Calderón reconoció que aviones estadunidenses no tripulados han realizado vuelos sobre territorio mexicano. Todas y cada una de estas acciones se han llevado a cabo con respeto irrestricto a la legislación vigente en nuestro país, aseguró ayer en un comunicado la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional que encabeza Alejandro Poiré.
Añadió que la colaboración de agentes de otros países –en particular de Estados Unidos– con el gobierno de México, se ha sustentado en acuerdos bilaterales y la legislación vigentes, que subrayan el respeto irrestricto a la jurisdicción nacional de cada país, así como que en México el personal extranjero no llevará a cabo ninguna labor ni tendrá capacidad operativa alguna, ni tampoco portará armas.
Dijo que como parte de la colaboración bilateral en materia de seguridad, el gobierno ha solicitado, en ocasiones y eventos específicos, a Estados Unidos el apoyo de aviones no tripulados para la obtención de elementos de información específica, definida por México, en particular en la zona fronteriza, para la consecución de objetivos concretos en materia de seguridad.
El gobierno federal emitió este pronunciamiento ante la publicación de un reportaje –la noche del pasado martes– del diario estadunidense The New York Times en su página de Internet, en el que informó, citando fuentes del Pentágono, que aviones estadunidenses sobrevuelan territorio mexicano como parte de operaciones antinarcóticos.
Por la tarde, en entrevista radiofónica, Poiré indicó que los aviones no tripulados de Estados Unidos seguirán volando en territorio mexicano mientras sea necesario. Negó asimismo que la autorización del gobierno para el sobrevuelo de las naves estadunidenses haya implicado una violación constitucional.
Hay distintos mecanismos de inteligencia y éste es uno de ellos. Todos los elementos de inteligencia que podamos utilizar para desmantelar redes de distribución de droga, dinero, armas e incluso trata de personas, si es útil se seguirá utilizando, afirmó.
Refirió que alguna versión inicial de la nota del diario estadunidense hablaba de vigilancia, y aquí no ocurre nada de esa naturaleza. No podemos hablar de la violación a la soberanía porque se trata de una utilización de mecanismos bajo acuerdos bilaterales.
En el comunicado, la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional expuso que “las misiones (incursiones aéreas en territorio mexicano de naves estadunidenses no tripuladas), la definición de los objetivos, la información a recolectar y las tareas específicas a realizar han estado bajo el control de autoridades mexicanas, y se han llevado a cabo con sustento en las leyes federales que dan atribuciones a las instancias de seguridad nacional de utilizar cualquier método de recolección de información para la producción de inteligencia, con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías individuales.
Dichos esfuerzos han sido particularmente útiles en la consecución de diversos objetivos de combate a la criminalidad y han incrementado notablemente las capacidades y superioridad tecnológica de las autoridades mexicanas frente a la criminalidad, dijo.
La secretaría técnica destacó que las operaciones estadunidenses en territorio nacional se han hecho siempre con la vigilancia y supervisión de la Fuerza Aérea Mexicana.
Según The New York Times, la cooperación militar entre Estados Unidos y México se ha profundizado con el sobrevuelo del territorio mexicano por aviones no tripulados estadunidenses, como parte de un acuerdo de lucha contra el narcotráfico. Otro de los acuerdos es la creación de un centro de fusión antinarcóticos en México, en el que trabajarían conjuntamente las autoridades de los dos países.
A decir del diario, que cita fuentes del Pentágono, los vuelos son fruto de varios acuerdos bilaterales alcanzados tras la reunión sostenida por los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón en Washington, el 3 de marzo.
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Ambos gobiernos lo mantienen en secreto: fuentes de Washington
Agentes de EU portan armas y coordinan inteligencia en México
David Brooks
El Pentágono y los departamentos de Seguridad Interior y de Estado, entre otras instancias estadunidenses, tienen agentes que portan armas, coordinan centros de inteligencia y realizan operaciones de vigilancia aérea y terrestre dentro del territorio mexicano, y ambos gobiernos intentan mantener las dimensiones de estas misiones en secreto ante posibles violaciones a las leyes o a la soberanía de México, reportó ayer el diario The New York Times.
El gobierno estadunidense empezó desde el mes pasado a operar vuelos de aeronaves no tripuladas y no artilladas (conocidas como drones) en el espacio aéreo mexicano, reveló el rotativo. Funcionarios que hablaron bajo la condición del anonimato, informaron que las naves son operadas por el Departamento de Defensa y otras por el de Seguridad Interior; una de ellas fue utilizada para apoyar a autoridades mexicanas a ubicar sospechosos del asesinato del agente del servicio de Inmigración y Aduanas estadunidense Jaime Zapata.
Pero al parecer los vuelos de vigilancia de Estados Unidos sobre México no se iniciaron hace un mes, sino desde 2009. Anoche, la agencia Ap reportó que descubrió que el Servicio de Inmigración y Aduanas ha volado secretamente drones Predator sobre territorio mexicano durante dos años, asistiendo a las autoridades mexicanas en el espionaje para localizar sospechosos de narcotráfico. Estos vuelos, afirma la agencia, fueron autorizados por México, pero jamás dados a conocer por ambos gobiernos.
Aunque otros medios confirmaron con funcionarios estadunidenses la existencia de estas operaciones de inteligencia y vigilancia, el gobierno de Washington no hizo ninguna declaración pública sobre el particular.
El Times reveló que los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón acordaron formalmente continuar los vuelos de vigilancia, en su reunión en la Casa Blanca el 3 de marzo. El diario afirma que, según funcionarios, este tipo de asistencia estadunidense se mantuvo secreta a causa de restricciones legales en México y las acaloradas sensibilidades políticas ahí presentes sobre la soberanía.
En la reunión de la Casa Blanca, ambos mandatarios también acordaron abrir un segundo centro de fusión antinarcóticos, donde supuestamente trabajan de manera conjunta agencias de los dos países, aunque algunas fuentes indicaron que en realidad estos centros son manejados casi exclusivamente por agentes de Estados Unidos. La existencia del primer centro de este tipo, el cual entró en operaciones el año pasado, fue negada primero por los gobiernos mexicano y estadunidense, recuerda el rotativo.
El gobierno de Washington, comentó The New York Times, ha incrementado su papel en la lucha antinarcóticos de México en años recientes, con un énfasis mayor sobre la recaudación de inteligencia, incluyendo la operación de aeronaves tripuladas y drones en la frontera, como ahora dentro del territorio mexicano.
El diario reportó que funcionarios de ambos gobiernos comentaron que México había solicitado a Estados Unidos emplear los drones para monitorear el movimiento de narcotraficantes.
Una fuente militar estadunidense reveló que el Pentágono ha operado varios vuelos de sus drones, conocidos como Global Hawk (Halcón Global), sobre México a lo largo del último mes. Estos aparatos pueden volar a una altitud de más de 60 mil pies y vigilar unas 40 mil millas cuadradas en un día, y no son fácilmente visibles desde tierra.
Nadie confirmó el número exacto de misiones aéreas realizadas por Estados Unidos hasta la fecha, ni cuántas están bajo consideración en el nuevo acuerdo formal.
Y no son sólo operadas por el Pentágono. La agencia Ap informó que los vuelos de los drones Predator (naves más pequeñas y menos sofisticadas que el Global Hawk), de la Agencia de Inmigración y Aduanas, empezaron a inicios de 2009 y fueron primero sugeridos por los estadunidenses en coordinación con autoridades mexicanas.
La fuente oficial que pidió el anonimato dijo que se han realizado decenas de estas misiones y que continúan hasta la fecha; México inicialmente solicitó dos por semana, pero eso fue reducido a uno cada dos semanas.
Además de los vuelos de vigilancia, Estados Unidos continúa sus esfuerzos de capacitación de miles de tropas y policías; trabaja conjuntamente con unidades de seguridad especializadas; realiza operaciones de intervención de comunicaciones y mejora el equipo de seguridad y tecnología de inteligencia, informaron funcionarios estadunidenses al Times.
Fuentes oficiales de ambos países dijeron al diario que los esfuerzos cooperativos han sido clave en ayudar a la autoridades mexicanas a capturar o matar a por lo menos 20 narcotraficantes de alto perfil, y que todos estos casos fueron resultado de la inteligencia otorgada por Estados Unidos.
A la vez, el rotativo neoyorquino indica que algunas operaciones estadunidenses en México se mantienen en secreto y que aparentemente el lado mexicano permite otras prohibidas, decidiendo simplemente no reconocerlas. Citando a funcionarios de ambos países, el Times reporta que México se hace ciego ante la intervención telefónica estadunidense de las líneas de sospechosos de narcotráfico, como también ante el hecho de que agentes de seguridad estadunidenses portan armas en violación a las restricciones legales mexicanas.
El diario anota que el involucramiento estadunidense en operaciones en México preocupa al gobierno de Calderón por las reacciones políticas que éstas podrían generar internamente, además de que se podría cuestionar su legalidad bajo la Constitución mexicana.
También recuerda que del lado estadunidense, legisladores han expresado sus dudas sobre la confiabilidad de las contrapartes mexicanas en estos esfuerzos, al señalar el grado de corrupción en las agencias mexicanas.
The New York Times cita a un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, quien declara: No hace mucho no había ni manera de que la DEA pudiera realizar el tipo de actividades que están haciendo ahora. Agregó que la única manera en que podrán continuar haciéndolas es permitir que México pueda de manera plausible negar que existen.
Mientras tanto, en Washington, los voceros oficiales simplemente repiten que se continúa ampliando la cooperación sin precedente con México en la lucha conjunta y corresponsable frente al narcotráfico y el crimen organizado.
Toda cooperación es con la invitación del gobierno mexicano y es plenamente coordinada, aseguró Matthew Chandler, vocero del Departamento de Seguridad Interior, entrevistado por la agencia Reuters en torno a estas nuevas revelaciones.
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Se prefigura el delito de traición a la patria, advierten juristas
Legisladores piden explicaciones a la SRE
Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Alfredo Méndez, Jesús Aranda y Ciro Pérez
Senadores de PRI, PRD y PT advirtieron que la incursión de aviones militares de Estados Unidos sobre territorio nacional, y la posible autorización de agentes extranjeros para portar armas en el país, violan la soberanía, pasan por encima de la Constitución y son otra muestra de la subordinación del gobierno mexicano a Washington. No sé qué le falta al presidente Calderón para entregar el mando. ¡Eso es algo realmente preocupante!, sostuvo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la priísta Rosario Green.
La ex canciller consideró una barbaridad que se mantuviera en secreto ese acuerdo entre Calderón y Obama, el que, de acuerdo con la información del periódico The New York Times, posibilita los sobrevuelos de aviones estadunidenses en espacio aéreo mexicano.
Resaltó que no sólo eso le ocultó Calderón al Senado –que tiene muchísimo que ver con salvaguardar la soberanía nacional–, sino también la existencia del segundo centro conjunto contra el tráfico de drogas, de donde se deriva la posibilidad de que los agentes de Estados Unidos que participen en operativos contra la delincuencia organizada puedan portar armas en el país .
El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo que ninguna incursión de autoridades extranjeras está permitida. Tampoco, agregó, que los agentes de otras naciones puedan estar armados en el país. A su vez, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, señaló que el Senado no puede aceptar que informaciones de esta naturaleza las conozcamos por la prensa extranjera.
Para el coordinador del PT, Ricardo Monreal, la vigilancia aérea que mantiene el gobierno de Obama, sencillamente somete al país a una condición indigna, de subordinación. Es, insistió, una actitud demasiado entreguista hacia el vecino país.
Los senadores demandarán una explicación clara a la canciller Patricia Espinosa, que hoy comparece en Xicoténcatl, pues hasta los panistas expresaron desacuerdo con ese hecho. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe González, aseguró que de haberse sometido al Senado una solicitud de esa naturaleza, se habría rechazado, ya que está clarísimo que ninguna autoridad extranjera puede estar operando en México.
En tanto, en la Cámara de Diputados, el legislador priísta Alfonso Navarrete Prida dijo que no hay violación a la soberanía, si bien es un tema que debe ser avalado por el Senado. En tanto, el vicepresidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano (PRD), señaló que estamos ante un problema de soberanía en que la Presidencia de la República no puede unilateralmente asumir una responsabilidad, firmar un acuerdo. Estamos ante un serio y grave problema de violación a la soberanía nacional, señaló.
Desde la perspectiva de los juristas Elisur Arteaga y Jorge Reyes Peralta, en esta operación hay una violación constitucional, pues el presidente Calderón no tiene facultades para acordar directamente con Barack Obama un acuerdo semejante. Subrayaron que el Senado debe impedir una violación tan grave dado que lleva implícita, apegados a la interpretación constitucional, una conducta de traición a la patria.
En tanto, fuentes militares confiaron que este acuerdo que permite los vuelos no tripulados estadunidenses está apegado a derecho, toda vez que esas operaciones están sustentadas en tratados internacionales firmados por México. Aseguraron que no hay violación constitucional, si bien declinaron opinar sobre los alcances de este acuerdo y si implicaría un viraje en la estrategia de seguridad nacional.
Trascendió que el Ejército y la Armada no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de utilizar estas aeronaves para combatir al crimen organizado, ya que, mientras los militares adquirieron hace más de un año un lote de aviones de este tipo por un costo de 23 millones 250 mil dólares, los marinos no se han decidido a incorporar esta tecnología a su labor y están a la espera de un eventual incremento en el presupuesto para pensar en la adquisición de estos aparatos.
A su vez, el PAN ratificó su respaldo a las acciones en materia de cooperación internacional emprendidas por Calderón para enfrentar a la delincuencia organizada, como es el uso de aviones de vigilancia para detectar droga en territorio mexicano.
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Sobrevuelos de Estados Unidos, ausentes del documento de la SRE
Reciben senadores informe rasurado
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) remitió ayer al Senado el infome sobre la reciente visita del presidente Felipe Calderón a Estados Unidos, en el que se alude a reuniones públicas y privadas con su homólogo Barack Obama, sin que se mencione la autorización para que aviones estadunidenses vigilen el espacio aéreo mexicano, la que, según The New York Times, se concretó en ese viaje.
El informe fue solicitado la semana pasada, luego de conocerse la operación Rápido y furioso, y en respuesta la cancillería hizo llegar el documento en el que se señala que ambos mandatarios revisaron la Iniciativa Mérida y el presidente Obama ratificó el compromiso de su gobierno de cumplir con los acuerdos ahí establecidos.
En este contexto, acordaron dar prioridad a las entregas pendientes de equipos aéreos y de inspección no intrusiva, así como la ejecución de programas prioritarios de cooperación.
En cambio, se señala que los presidentes (...) se refirieron a la importancia de ir construyendo un cambio paradigmático en la cooperación, basado en la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto a la jurisdicción territorial de cada país.
Asimismo, reconocieron que la eficacia de las acciones contra las organizaciones delincuenciales que operan en ambos lados de la frontera exige una estrecha colaboración bilateral.
La SRE sostiene que Calderón y Obama revisaron el estado que guarda la instrumentación de la Iniciativa Mérida, que contempla transferencias de equipos y programas de cooperación por un monto de aproximadamente mil 500 millones de dólares.
Se constató que hasta la fecha se han entregado plenamente montos de cooperación equivalentes a 402 millones de dólares, y que ante los retrasos experimentados Obama ratificó el compromiso de instrumentar a la brevedad posible ese acuerdo, incluyendo la entrega de equipos y programas este año equivalentes a 500 millones de dólares.
Ratificaron además que seguirán fortaleciendo la capacidad de desarticulación de las organizaciones criminales y los esquemas de cooperación e intercambio de información en ámbitos prioritarios como lavado de dinero, tráfico de armas y trasiego y consumo de drogas.
Sobre Rápido y furioso, se señala que el presidente Calderón reiteró la importancia de fortalecer las acciones de cada país en sus respectivos territorios, particularmente contra el tráfico de armas y el consumo de drogas.
El Ejecutivo destacó la importancia de aplicar el marco legal vigente que prohíbe la exportación de armas de fuego.
Fuente: La Jornada
16.3.11
Comprometió Pemex 72% de la factura petrolera hasta 2018: ASF
Sin autorización del Congreso ofreció una garantía de 190 veces la deuda por Pidiregas
Roberto González Amador e Israel Rodríguez
Sin una autorización del Congreso de la Unión, Petróleos Mexicanos (Pemex) comprometió hasta 2018 parte de la factura por ingresos derivados de la exportación de petróleo crudo, en un hecho cuyo precedente más próximo es la hipoteca de los ingresos de la paraestatal a cambio del paquete de rescate financiero después de la crisis de 1995.
Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo fiscalizador del Congreso, encontró que el actual gobierno comprometió una parte de los ingresos petroleros, en una proporción que supera en varias veces el monto de la deuda garantizada con esos recursos, una diferencia significativa respecto de lo ocurrido en 1995.
En aquella ocasión la factura por las exportaciones de Pemex fue usada como garantía de un paquete de asistencia financiera por 50 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones eran aportados por el gobierno de Estados Unidos y el resto por organismos financieros multilaterales.
La ASF descubrió que en 2009 la administración de Pemex aceptó dejar en prenda siete de cada diez dólares de facturación por ventas al exterior de petróleo crudo de los tipos Maya y Altamira (una variedad pesada), para garantizar el pago de una deuda en moneda extranjera contratada por una filial que la propia paraestatal constituyó en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, territorio en el Caribe en el que ninguna autoridad mexicana tiene jurisdicción para investigar.
Relata la ASF: Conforme a lo dispuesto por el Congreso de la Unión (en la discusión y aprobación de la reforma petrolera de 2008), Pemex asumió como deuda pública directa la proveniente de sus vehículos financieros Pemex Project Funding Master Trust por 55 mil 198.3 millones de dólares, y el Fideicomiso F-163 por 118 mil 557.7 millones de pesos, que utilizó para el financiamiento de proyectos Pidiregas.
Los proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) son un mecanismo financiero creado a finales del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). A través de ellos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contratan deuda en moneda extranjera y/o nacional con empresas privadas para financiar la construcción de proyectos que no pueden hacer con recursos propios. En la reforma petrolera de 2008 se acordó que el saldo de los Pidiregas, que hasta entonces se registraba como deuda de las paraestatales, se contabilizara dentro de la deuda pública. A la fecha, el valor estimado de la deuda Pidiregas en Pemex es de un billón 360 mil millones de pesos, y en la CFE, de 251 mil millones de pesos.
La ASF añade que en 2009 quedaron de asumir y reconocer como deuda pública los bonos que en el periodo 1998-2000 contrató Pemex hasta por 5 mil millones de dólares mediante el vehículo Pemex Finance para iniciar el financiamiento de proyectos Pidiregas, y cuyo saldo a 2009 fue de 893.3 millones de dólares, el cual se continuará pagando hasta 2018.
Apunta la ASF: El mecanismo establecido para el pago del capital e intereses de esa deuda de 893.3 millones de dólares obliga a Pemex el poner a disposición de un tercero el 71.9 por ciento de la facturación de las ventas al exterior del crudo Maya y Altamira del orden de 18 mil 951.3 millones de dólares, equivalentes a 247 mil 479 millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre 2010 y 2018 un monto de 170 mil 561.5 millones de dólares, a fin de que en la cobranza de esa cartera se cubran las amortizaciones de la deuda y sus intereses y el remanente se le devuelva a Pemex.
Las cifras aportadas por la ASF significan que Pemex estaría ofreciendo una garantía total por el equivalente a 190 veces el saldo de la deuda pendiente de pago.
“Con este mecanismo –sigue la ASF– además de los efectos que conlleva poner a disposición de un tercero una cartera de esa magnitud, se tienen que pagar comisiones a los diversos participantes en el programa de financiamiento estructurado creado por Pemex en 1998.
La ASF considera que resulta excesivo comprometer las ventas de petróleo crudo Maya y Altamira de clientes designados a un tercero, las cuales representan 71.9 por ciento del total de las ventas de PMI CIM en un ejercicio para pagar las amortizaciones de capital de los bonos en los próximos nueve años, que representan sólo 0.5 por ciento del total de recursos que se comprometieron.
John Saxe-Fernández, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que esto indudablemente evidencia que hay una imposición arbitraria de las fuerzas ocultas que han estado en pos del petróleo mexicano y el desmantelamiento de Pemex y de México como Estado-nación.
El también coordinador del programa El mundo en el siglo XXI, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM dijo que esta estrategia se parece a la hipoteca de la factura petrolera que entregó en su momento Ernesto Zedillo al gobierno estadunidense de Bill Clinton, que parecía el tratado de rendición incondicional que se firma después de una guerra.
Sobre esta nueva hipoteca de la factura petrolera que abarca hasta 2018, John Saxe-Fernández dijo: Esto da muy mala impresión y huele a pescado podrido, y ameritaría que la Auditoría Superior de la Federación nos ilumine al respecto y haga la investigación respectiva porque alguien está haciendo un buen negocio. Alguien se está beneficiando del patrimonio nacional.
Francisco Carrillo Soberón, ex secretario de la Comisión de Energía en la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, afirmó que con la garantía de la factura petrolera entregada a un tercero se lee que al gobierno se le está haciendo bolas la falta de planeación en la industria en el sentido financiero y presupuestal.
No es posible, dijo, que los proyectos Pidiregas se conviertan en un cuello de botella. Además, no suena racional que se tengan que entregar esas garantías. Todo esto es resultado de la visión de corto plazo y de una política que sólo responde a la extracción de crudo para resolverle la falta de recaudación de la Secretaría de Hacienda.
Carrillo Soberón, integrante de la coordinación colegiada del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consideró que hay un círculo bárbaro de intereses. No dudo que haya sido la Secretaría de Hacienda la que haya autorizado esta hipoteca, porque ninguna de estas medidas se hace sin la mano de Hacienda, y por si fuera poco nunca ha respondido al verdadero daño que ha hecho a Pemex, destacó.
Fuente: La Jornada
Roberto González Amador e Israel Rodríguez
Sin una autorización del Congreso de la Unión, Petróleos Mexicanos (Pemex) comprometió hasta 2018 parte de la factura por ingresos derivados de la exportación de petróleo crudo, en un hecho cuyo precedente más próximo es la hipoteca de los ingresos de la paraestatal a cambio del paquete de rescate financiero después de la crisis de 1995.
Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo fiscalizador del Congreso, encontró que el actual gobierno comprometió una parte de los ingresos petroleros, en una proporción que supera en varias veces el monto de la deuda garantizada con esos recursos, una diferencia significativa respecto de lo ocurrido en 1995.
En aquella ocasión la factura por las exportaciones de Pemex fue usada como garantía de un paquete de asistencia financiera por 50 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones eran aportados por el gobierno de Estados Unidos y el resto por organismos financieros multilaterales.
La ASF descubrió que en 2009 la administración de Pemex aceptó dejar en prenda siete de cada diez dólares de facturación por ventas al exterior de petróleo crudo de los tipos Maya y Altamira (una variedad pesada), para garantizar el pago de una deuda en moneda extranjera contratada por una filial que la propia paraestatal constituyó en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, territorio en el Caribe en el que ninguna autoridad mexicana tiene jurisdicción para investigar.
Relata la ASF: Conforme a lo dispuesto por el Congreso de la Unión (en la discusión y aprobación de la reforma petrolera de 2008), Pemex asumió como deuda pública directa la proveniente de sus vehículos financieros Pemex Project Funding Master Trust por 55 mil 198.3 millones de dólares, y el Fideicomiso F-163 por 118 mil 557.7 millones de pesos, que utilizó para el financiamiento de proyectos Pidiregas.
Los proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) son un mecanismo financiero creado a finales del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). A través de ellos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contratan deuda en moneda extranjera y/o nacional con empresas privadas para financiar la construcción de proyectos que no pueden hacer con recursos propios. En la reforma petrolera de 2008 se acordó que el saldo de los Pidiregas, que hasta entonces se registraba como deuda de las paraestatales, se contabilizara dentro de la deuda pública. A la fecha, el valor estimado de la deuda Pidiregas en Pemex es de un billón 360 mil millones de pesos, y en la CFE, de 251 mil millones de pesos.
La ASF añade que en 2009 quedaron de asumir y reconocer como deuda pública los bonos que en el periodo 1998-2000 contrató Pemex hasta por 5 mil millones de dólares mediante el vehículo Pemex Finance para iniciar el financiamiento de proyectos Pidiregas, y cuyo saldo a 2009 fue de 893.3 millones de dólares, el cual se continuará pagando hasta 2018.
Apunta la ASF: El mecanismo establecido para el pago del capital e intereses de esa deuda de 893.3 millones de dólares obliga a Pemex el poner a disposición de un tercero el 71.9 por ciento de la facturación de las ventas al exterior del crudo Maya y Altamira del orden de 18 mil 951.3 millones de dólares, equivalentes a 247 mil 479 millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre 2010 y 2018 un monto de 170 mil 561.5 millones de dólares, a fin de que en la cobranza de esa cartera se cubran las amortizaciones de la deuda y sus intereses y el remanente se le devuelva a Pemex.
Las cifras aportadas por la ASF significan que Pemex estaría ofreciendo una garantía total por el equivalente a 190 veces el saldo de la deuda pendiente de pago.
“Con este mecanismo –sigue la ASF– además de los efectos que conlleva poner a disposición de un tercero una cartera de esa magnitud, se tienen que pagar comisiones a los diversos participantes en el programa de financiamiento estructurado creado por Pemex en 1998.
La ASF considera que resulta excesivo comprometer las ventas de petróleo crudo Maya y Altamira de clientes designados a un tercero, las cuales representan 71.9 por ciento del total de las ventas de PMI CIM en un ejercicio para pagar las amortizaciones de capital de los bonos en los próximos nueve años, que representan sólo 0.5 por ciento del total de recursos que se comprometieron.
John Saxe-Fernández, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que esto indudablemente evidencia que hay una imposición arbitraria de las fuerzas ocultas que han estado en pos del petróleo mexicano y el desmantelamiento de Pemex y de México como Estado-nación.
El también coordinador del programa El mundo en el siglo XXI, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM dijo que esta estrategia se parece a la hipoteca de la factura petrolera que entregó en su momento Ernesto Zedillo al gobierno estadunidense de Bill Clinton, que parecía el tratado de rendición incondicional que se firma después de una guerra.
Sobre esta nueva hipoteca de la factura petrolera que abarca hasta 2018, John Saxe-Fernández dijo: Esto da muy mala impresión y huele a pescado podrido, y ameritaría que la Auditoría Superior de la Federación nos ilumine al respecto y haga la investigación respectiva porque alguien está haciendo un buen negocio. Alguien se está beneficiando del patrimonio nacional.
Francisco Carrillo Soberón, ex secretario de la Comisión de Energía en la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, afirmó que con la garantía de la factura petrolera entregada a un tercero se lee que al gobierno se le está haciendo bolas la falta de planeación en la industria en el sentido financiero y presupuestal.
No es posible, dijo, que los proyectos Pidiregas se conviertan en un cuello de botella. Además, no suena racional que se tengan que entregar esas garantías. Todo esto es resultado de la visión de corto plazo y de una política que sólo responde a la extracción de crudo para resolverle la falta de recaudación de la Secretaría de Hacienda.
Carrillo Soberón, integrante de la coordinación colegiada del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consideró que hay un círculo bárbaro de intereses. No dudo que haya sido la Secretaría de Hacienda la que haya autorizado esta hipoteca, porque ninguna de estas medidas se hace sin la mano de Hacienda, y por si fuera poco nunca ha respondido al verdadero daño que ha hecho a Pemex, destacó.
Fuente: La Jornada
7.3.11
La guerra de los gringos
Gerardo Peláez Ramos
Muchos analistas políticos, publicistas y comunicadores, en referencia a la carnicería demencial desatada y continuada por el presidente espurio de México, publicitada por la gran prensa y los medios electrónicos, y “apoyada” con fervor por los vecinos del norte, la llaman la guerra de Calderón. Esa caracterización no corresponde a la realidad.
La llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, con más de 34 mil mexicanos muertos, la militarización del país, la criminalización de la protesta social, la intervención abierta de agentes de la DEA, la CIA y la FBI en México, y la violación cotidiana y sistemática de la Constitución General de la República y de las leyes que de ella emanan, es una guerra ajena a los intereses de los mexicanos, contraria al desarrollo nacional, y, sin la más mínima exageración, está al servicio de los monopolios y gobiernos de Estados Unidos. Es, pues, una guerra de los gringos.
Para fundar esta idea es indispensable hacer alusión a dos cuestiones fundamentales: 1) El consumo de narcóticos en EU, floreciente y creciente pese a la cuota de sangre pagada día a día por los mexicanos y colombianos, se sustenta en la siembra local, la adquisición de parte de la producción foránea, el comercio, el control y la distribución de enervantes en el país de los yanquis, que como es de sobra conocido, tiene un territorio más grande que México, el Caribe y Centroamérica juntos, y 2) El combate al narcotráfico y el crimen organizado como pretexto de los gabachos para intervenir, definir las políticas “nacionales” antinarco y controlar a Colombia, México, Costa Rica, Perú, Bolivia y otros Estados de la Patria Grande.
La potencia al norte del río Bravo es la principal consumidora en el mundo de cocaína, marihuana, hongos alucinógenos, crack y otros sicotrópicos, superando el consumo unido de América Latina, el Caribe, Canadá y Francia. Los drogadictos usamericanos son decenas de millones de hombres y mujeres, incluidos adolescentes y niños, que cuentan con sus revistas, periódicos y DVD para mejor consumir y “aprovechar” los estupefacientes que se meten en el cuerpo.
Es un secreto a voces que si hay bases militares y tropas de Estados Unidos en Honduras, Colombia, Afganistán y otros países, se extienden como reguero de pólvora el tráfico y consumo de drogas, el sida y otras enfermedades venéreas. Iguales consecuencias tiene el turismo norteamericano.
En Estados Unidos se adquieren cientos de toneladas anuales de droga que se producen en Colombia, Perú, México, Afganistán, Myanmar, Tailandia, Turquía y algunas naciones más, mismas que se distribuyen y venden en California, Washington, Oregón, Texas, Luisiana, Dakota del Norte, Illinois, Florida, Maine, Nueva York y en toda la Unión Americana. A esto hay que sumar la enorme producción interna, que en el caso de la marihuana es el primer productor mundial.
Para adquirir, almacenar, distribuir y traficar esos productos tóxicos se requieren cárteles, jefes de jefes, capos, policías, jueces, agentes aduanales, gobernadores, senadores y todos los miles de individuos que participan en tan redituable y execrable negocio.
Es sencillamente imposible adquirir, almacenar y colocar tales cantidades de estupefacientes sin el apoyo de sectores importantes del Estado gringo. Otra cosa no se la creen ni los genocidas que jefaturan al Ejército y la policía estadunidenses, pues algunos de ellos están metidos en ese sucio tráfico hasta las cachas. A propósito, conviene no olvidar el caso Irán-contras.
Los yanquis cuentan con satélites, aviones espías de alta tecnología, barcos, submarinos, helicópteros, aeroplanos, trenes, camiones y bases de radares en todas las fronteras y litorales de su gigantesco país, además de contar con servicios de información, espionaje, contraespionaje y provocación que tienen infiltrados a los ejércitos, policías y cárteles de Colombia, México, Perú y otros países hermanos.
Si los gobernantes norteamericanos se propusieran, realmente, combatir y eliminar el narcotráfico y el crimen organizado en su propio suelo, no sería posible adquirir y repartir una sola tonelada de cocaína. Así de fácil.
Los estadunidenses consumen estupefacientes en bares, cantinas, restaurantes, universidades, escuelas, barcos, aviones, parques públicos, jardines, bosques, playas, desiertos, bases navales, bases militares, cárceles, oficinas, fábricas, trenes, puertos, aeropuertos, calles y domicilios particulares. De hecho, se consumen sicotrópicos en todas partes de la Unión Americana.
Tal situación establece, de entrada, que un consumo de ese tamaño necesita, mínimo, de lo siguiente:
1) Jefes de jefes y capos poseedores de miles de millones de dólares y con las relaciones adecuadas con altos funcionarios públicos, militares, policías,
guardias fronterizos, alguaciles, rinches, agentes aduanales y burócratas en puertos, ciudades, aeropuertos, vías férreas, carreteras, barcos y yates marítimos y fluviales. De lo contrario, no sería factible introducir, distribuir y expender cientos de toneladas de narcóticos.
2) Sistemas de adquisición, almacenamiento, distribución y mercadeo que precisan de aviones, barcos y yates, camiones y muchos más vehículos para cubrir toda la geografía gringa. Dicho en otras palabras: son ocupadas en el narcotráfico cientos de miles de personas que van desde los gerifaltes lumpen-burgueses hasta los vagos distribuidores de carrujos de marihuana y otras pequeñas dosis de sustancias tóxicas.
El negocio de las drogas es una rama importante de la economía de Estados Unidos, muy por encima de varias ramas de la producción y los servicios. Por eso el gobierno y los monopolios usamericanos buscan regular el trasiego de enervantes, no eliminarlo. Más claro ni el agua.
3) El lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado en Estados Unidos, involucra a parte importante del sistema bursátil, tanto de cárteles gringos como de colombianos, mexicanos, taiwaneses, afganos, turcos y de otras nacionalidades. Gringolandia es el centro mundial del lavado de dinero ilícito. Tiene tanta importancia este fenómeno que es un tema trillado en películas y series policíacas estadunidenses. Si fuera eliminado de golpe y porrazo el lavado de dinero, la economía gabacha tendría serios problemas. Esto explica, en parte, la farsa de la llamada guerra contra el narcotráfico.
4) La venta de armas de todo tipo a los grupos delicuenciales de México y otros países. A ciencia y paciencia de las autoridades de EU, la industria militar yanqui provee de pistolas, ametralladoras, granadas, bazukas y otros implementos bélicos a las tiendas extendidas por el inmenso territorio gabacho, donde se avituallan los cárteles de México y demás naciones.
Para entender el fenómeno del comercio ilícito de narcóticos, es menester no olvidar que el país más militarista, intervencionista y terrorista es Estados Unidos, así como también ocupa el campeonato mundial en la producción y el mercado de armamentos. Es, sin duda, el Estado que está en guerra permanente contra la independencia, la democracia y el progreso de América Latina, Asia y África. Es un Estado fuera de la ley internacional, expansionista, aventurero y guerrerista. Millones de muertos, heridos y desplazados han producido y producen sus intervenciones militares en Filipinas, Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Colombia, Granada, Panamá, Angola, Afganistán, Irak y tantos otros pueblos masacrados por los imperialistas del norte y sus testaferros armados.
Por si no bastara, los estadunidenses inundaron e inundan el mundo con bestiales dictaduras como las de Jiang Jieshi, Park Chung Hee, Syngman Rhee, Nguyen Cao Ky, Hají Mohamad Suharto, Lon Nol-Sirik Matak, Humberto de A. Castelo Branco, Ernesto Geisel, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Gerardo Machado, Fulgencio Batista, Rafael Leónidas Trujillo, Fran ç ois y Jean-Claude Duvalier, Maximiliano Hernández Martínez, Anastasio Somoza padre e hijo, Carlos Castillo Armas, Efraín Ríos Montt, Alfredo Stroessner, Marcos Pérez Jiménez, Gustavo Rojas Pinilla, Augusto Pinochet y Roberto Micheletti, quienes figuraron y figuran entre los grandes amigos y contlapaches de los monopolios y gobiernos yanquis, algunos de ellos elevados por la historiografía imperialista a la categoría de héroes internacionales.
No hay que hacerse bolas, para golpear fuertemente al narcotráfico hay una vía expedita: que los usamericanos pongan orden en su casa, lo cual implica bajar el número de drogadictos a menos de dos millones de personas, destruir los cárteles gringos de la droga, impedir en forma radical el lavado de dinero en su sistema financiero y prohibir la venta de armas a los grupos delicuenciales de México y América Latina. De esta manera, sería relativamente fácil proceder a disolver los cárteles de la droga en la República Mexicana y Colombia. No habría necesidad, entonces, de las guerras de los gringos aplicadas y ejecutadas por sus agentes Felipe Calderón Hinojosa y Juan Manuel Santos Calderón.
La salida de fondo al problema del narcotráfico, como lo han planteado César Gaviria, Ernesto Zedillo y Gabriel García Márquez, es la legalización de las drogas. Así, los cárteles y la violencia que los acompañan desaparecerían como por arte de magia, pero su aprobación afecta a grandes intereses, como los de Estados Unidos; por eso no se avanza en este sentido.
Asumir la concepción usamericana sobre el narcotráfico es ponerse al servicio del intervencionismo de EU, con todo lo que eso conlleva para nuestros pueblos. Si se le agrega el terrorismo al problema del trasiego de estupefacientes, el panorama se completa para la injerencia yanqui. Los gabachos llaman a emprender guerras contra el narcotráfico, bajo su vigilancia, “apoyo económico” y control, con el objeto de intervenir para dominar a nuestros países. De ahí la necesidad de estos enemigos de América Latina de desmantelar a los Estados nacionales, propiciar la descomposición social e impedir el progreso de nuestras naciones. Quieren Estados controlados por los monopolios y gobiernos gringos.
Como lo prueban con creces los cables de Wikileaks difundidos por La Jornada, el gobierno de facto de Felipe Calderón sigue las órdenes de sus jefes y mentores de Washington, razón por la cual se embarcó en una guerra sin claridad en los objetivos, sin personal calificado para detectar los centros del lavado proveniente del comercio ilícito de drogas tóxicas y para ubicar a los jefes de jefes narcos y sus apoyos en los tres niveles de gobierno, con el Ejército y la Marina en funciones policiales y sin preocupación alguna por la población civil.
Los resultados están a la vista: una matanza insensata, inconstitucional e irresponsable que ha descompuesto el tejido social, debilitado al gobierno federal, fortalecido a los capitanes del trasiego de estupefacientes y facilitado el intervencionismo norteamericano.
El gobierno ilegítimo de Calderón, no reconocido por un elevado porcentaje de los votantes de 2006, con la guerra contra el narcotráfico ha conducido y conduce al país a una crisis jamás vista después de la Revolución mexicana: desindustrialización, desastre en el campo, salarios de hambre, persecución de sindicalistas, campesinos e indígenas, destrucción del sistema de seguridad social y la educación pública, eliminación de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, desempleo agudo, entrega de los servicios e industrias estratégicos al capital extranjero, cuña agringada contra los pueblos latinoamericanos y caribeños, diplomacia en beneficio del imperio y seguidismo desvergonzado frente a los norteamericanos. En síntesis, la gestión de Calderón es inepta, corrupta y mentirosa, además de estar entregada en cuerpo y alma a los monopolios mexicanos, estadunidenses y españoles. El futuro, en tales condiciones, parece proyectar un desenlace: el Partido Acción Nacional será derrotado en 2012 y no levantará cabeza en varios años, pese al apoyo suicida que recibe de la derecha chuchista del Partido de la Revolución Democrática.
Para desgracia de México, la política antinacional, miope y entreguista del panismo ha desencadenado las peores tendencias e intenciones del imperialismo norteamericano, como no ocurría desde la década de los años 20. Declaraciones descaradas de miembros destacados del gobierno gringo, amenazas de intervención, presiones sobre la administración proyanqui calderonista, instalación en la capital federal y otras ciudades de agencias policíacas, de espionaje y provocación de EU, participación armada de agentes gabachos en pesquisas y enfrentamientos, bajo el manto de la anticonstitucional Iniciativa Mérida, que en esencia coincide con el Plan Colombia.
La cosa es más grave aún. En fechas recientes, los estadunidenses, especialistas en provocaciones y agresiones, comienzan a hablar de insurgencia del tráfico de narcóticos, de terrorismo narco y de posibles alianzas de Al Qaeda y los cárteles mexicanos, con lo que presionan y exigen más intervención en México. Entretanto, el “gobierno” del inepto, débil y entreguista Calderón continúa, al estilo de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, haciendo concesión tras concesión a los imperialistas del norte. De la digna política internacional de México hasta antes de diciembre de 1982, ejemplo de la América Latina, ya no queda ni la sombra. Los “dirigentes” del Estado mexicano han tirado la soberanía nacional por la borda y actúan como cipayos de EU.
En México, Colombia y demás países latinoamericanos el único y verdadero terrorismo es el de Estados Unidos, que cuenta con el respaldo de la gran burguesía, los latifundistas y la ultraderecha política; ese terrorismo se expresa en los intentos de asesinato de Fidel Castro, la realización de atentados contra hoteles y aviones, la quema de cosechas, la liquidación de cuadros revolucionarios, la implantación de bloqueos económicos, el apoyo encubierto y abierto a “gusanos”, contras, paramilitares y guardias blancas, la implementación de golpes de estado y acciones desestabilizadoras contra gobiernos patrióticos, amén de subsidiar a los grupos y partidos fascistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Otro tipo de terrorismo no existe en nuestras tierras y sólo es una vulgar calumnia e invención de los imperialistas yanquis. Tampoco existe relación alguna de ninguna fuerza latinoamericana con Al Qaeda. Todo eso son cuentos norteamericanos, especialmente dirigidos al chovinismo anglosajón.
En ese marco se da la guerra de los gringos, aunque haya quienes la llamen de Calderón. Tal es la situación.
Muchos analistas políticos, publicistas y comunicadores, en referencia a la carnicería demencial desatada y continuada por el presidente espurio de México, publicitada por la gran prensa y los medios electrónicos, y “apoyada” con fervor por los vecinos del norte, la llaman la guerra de Calderón. Esa caracterización no corresponde a la realidad.
La llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, con más de 34 mil mexicanos muertos, la militarización del país, la criminalización de la protesta social, la intervención abierta de agentes de la DEA, la CIA y la FBI en México, y la violación cotidiana y sistemática de la Constitución General de la República y de las leyes que de ella emanan, es una guerra ajena a los intereses de los mexicanos, contraria al desarrollo nacional, y, sin la más mínima exageración, está al servicio de los monopolios y gobiernos de Estados Unidos. Es, pues, una guerra de los gringos.
Para fundar esta idea es indispensable hacer alusión a dos cuestiones fundamentales: 1) El consumo de narcóticos en EU, floreciente y creciente pese a la cuota de sangre pagada día a día por los mexicanos y colombianos, se sustenta en la siembra local, la adquisición de parte de la producción foránea, el comercio, el control y la distribución de enervantes en el país de los yanquis, que como es de sobra conocido, tiene un territorio más grande que México, el Caribe y Centroamérica juntos, y 2) El combate al narcotráfico y el crimen organizado como pretexto de los gabachos para intervenir, definir las políticas “nacionales” antinarco y controlar a Colombia, México, Costa Rica, Perú, Bolivia y otros Estados de la Patria Grande.
La potencia al norte del río Bravo es la principal consumidora en el mundo de cocaína, marihuana, hongos alucinógenos, crack y otros sicotrópicos, superando el consumo unido de América Latina, el Caribe, Canadá y Francia. Los drogadictos usamericanos son decenas de millones de hombres y mujeres, incluidos adolescentes y niños, que cuentan con sus revistas, periódicos y DVD para mejor consumir y “aprovechar” los estupefacientes que se meten en el cuerpo.
Es un secreto a voces que si hay bases militares y tropas de Estados Unidos en Honduras, Colombia, Afganistán y otros países, se extienden como reguero de pólvora el tráfico y consumo de drogas, el sida y otras enfermedades venéreas. Iguales consecuencias tiene el turismo norteamericano.
En Estados Unidos se adquieren cientos de toneladas anuales de droga que se producen en Colombia, Perú, México, Afganistán, Myanmar, Tailandia, Turquía y algunas naciones más, mismas que se distribuyen y venden en California, Washington, Oregón, Texas, Luisiana, Dakota del Norte, Illinois, Florida, Maine, Nueva York y en toda la Unión Americana. A esto hay que sumar la enorme producción interna, que en el caso de la marihuana es el primer productor mundial.
Para adquirir, almacenar, distribuir y traficar esos productos tóxicos se requieren cárteles, jefes de jefes, capos, policías, jueces, agentes aduanales, gobernadores, senadores y todos los miles de individuos que participan en tan redituable y execrable negocio.
Es sencillamente imposible adquirir, almacenar y colocar tales cantidades de estupefacientes sin el apoyo de sectores importantes del Estado gringo. Otra cosa no se la creen ni los genocidas que jefaturan al Ejército y la policía estadunidenses, pues algunos de ellos están metidos en ese sucio tráfico hasta las cachas. A propósito, conviene no olvidar el caso Irán-contras.
Los yanquis cuentan con satélites, aviones espías de alta tecnología, barcos, submarinos, helicópteros, aeroplanos, trenes, camiones y bases de radares en todas las fronteras y litorales de su gigantesco país, además de contar con servicios de información, espionaje, contraespionaje y provocación que tienen infiltrados a los ejércitos, policías y cárteles de Colombia, México, Perú y otros países hermanos.
Si los gobernantes norteamericanos se propusieran, realmente, combatir y eliminar el narcotráfico y el crimen organizado en su propio suelo, no sería posible adquirir y repartir una sola tonelada de cocaína. Así de fácil.
Los estadunidenses consumen estupefacientes en bares, cantinas, restaurantes, universidades, escuelas, barcos, aviones, parques públicos, jardines, bosques, playas, desiertos, bases navales, bases militares, cárceles, oficinas, fábricas, trenes, puertos, aeropuertos, calles y domicilios particulares. De hecho, se consumen sicotrópicos en todas partes de la Unión Americana.
Tal situación establece, de entrada, que un consumo de ese tamaño necesita, mínimo, de lo siguiente:
1) Jefes de jefes y capos poseedores de miles de millones de dólares y con las relaciones adecuadas con altos funcionarios públicos, militares, policías,
guardias fronterizos, alguaciles, rinches, agentes aduanales y burócratas en puertos, ciudades, aeropuertos, vías férreas, carreteras, barcos y yates marítimos y fluviales. De lo contrario, no sería factible introducir, distribuir y expender cientos de toneladas de narcóticos.
2) Sistemas de adquisición, almacenamiento, distribución y mercadeo que precisan de aviones, barcos y yates, camiones y muchos más vehículos para cubrir toda la geografía gringa. Dicho en otras palabras: son ocupadas en el narcotráfico cientos de miles de personas que van desde los gerifaltes lumpen-burgueses hasta los vagos distribuidores de carrujos de marihuana y otras pequeñas dosis de sustancias tóxicas.
El negocio de las drogas es una rama importante de la economía de Estados Unidos, muy por encima de varias ramas de la producción y los servicios. Por eso el gobierno y los monopolios usamericanos buscan regular el trasiego de enervantes, no eliminarlo. Más claro ni el agua.
3) El lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado en Estados Unidos, involucra a parte importante del sistema bursátil, tanto de cárteles gringos como de colombianos, mexicanos, taiwaneses, afganos, turcos y de otras nacionalidades. Gringolandia es el centro mundial del lavado de dinero ilícito. Tiene tanta importancia este fenómeno que es un tema trillado en películas y series policíacas estadunidenses. Si fuera eliminado de golpe y porrazo el lavado de dinero, la economía gabacha tendría serios problemas. Esto explica, en parte, la farsa de la llamada guerra contra el narcotráfico.
4) La venta de armas de todo tipo a los grupos delicuenciales de México y otros países. A ciencia y paciencia de las autoridades de EU, la industria militar yanqui provee de pistolas, ametralladoras, granadas, bazukas y otros implementos bélicos a las tiendas extendidas por el inmenso territorio gabacho, donde se avituallan los cárteles de México y demás naciones.
Para entender el fenómeno del comercio ilícito de narcóticos, es menester no olvidar que el país más militarista, intervencionista y terrorista es Estados Unidos, así como también ocupa el campeonato mundial en la producción y el mercado de armamentos. Es, sin duda, el Estado que está en guerra permanente contra la independencia, la democracia y el progreso de América Latina, Asia y África. Es un Estado fuera de la ley internacional, expansionista, aventurero y guerrerista. Millones de muertos, heridos y desplazados han producido y producen sus intervenciones militares en Filipinas, Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Colombia, Granada, Panamá, Angola, Afganistán, Irak y tantos otros pueblos masacrados por los imperialistas del norte y sus testaferros armados.
Por si no bastara, los estadunidenses inundaron e inundan el mundo con bestiales dictaduras como las de Jiang Jieshi, Park Chung Hee, Syngman Rhee, Nguyen Cao Ky, Hají Mohamad Suharto, Lon Nol-Sirik Matak, Humberto de A. Castelo Branco, Ernesto Geisel, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Gerardo Machado, Fulgencio Batista, Rafael Leónidas Trujillo, Fran ç ois y Jean-Claude Duvalier, Maximiliano Hernández Martínez, Anastasio Somoza padre e hijo, Carlos Castillo Armas, Efraín Ríos Montt, Alfredo Stroessner, Marcos Pérez Jiménez, Gustavo Rojas Pinilla, Augusto Pinochet y Roberto Micheletti, quienes figuraron y figuran entre los grandes amigos y contlapaches de los monopolios y gobiernos yanquis, algunos de ellos elevados por la historiografía imperialista a la categoría de héroes internacionales.
No hay que hacerse bolas, para golpear fuertemente al narcotráfico hay una vía expedita: que los usamericanos pongan orden en su casa, lo cual implica bajar el número de drogadictos a menos de dos millones de personas, destruir los cárteles gringos de la droga, impedir en forma radical el lavado de dinero en su sistema financiero y prohibir la venta de armas a los grupos delicuenciales de México y América Latina. De esta manera, sería relativamente fácil proceder a disolver los cárteles de la droga en la República Mexicana y Colombia. No habría necesidad, entonces, de las guerras de los gringos aplicadas y ejecutadas por sus agentes Felipe Calderón Hinojosa y Juan Manuel Santos Calderón.
La salida de fondo al problema del narcotráfico, como lo han planteado César Gaviria, Ernesto Zedillo y Gabriel García Márquez, es la legalización de las drogas. Así, los cárteles y la violencia que los acompañan desaparecerían como por arte de magia, pero su aprobación afecta a grandes intereses, como los de Estados Unidos; por eso no se avanza en este sentido.
Asumir la concepción usamericana sobre el narcotráfico es ponerse al servicio del intervencionismo de EU, con todo lo que eso conlleva para nuestros pueblos. Si se le agrega el terrorismo al problema del trasiego de estupefacientes, el panorama se completa para la injerencia yanqui. Los gabachos llaman a emprender guerras contra el narcotráfico, bajo su vigilancia, “apoyo económico” y control, con el objeto de intervenir para dominar a nuestros países. De ahí la necesidad de estos enemigos de América Latina de desmantelar a los Estados nacionales, propiciar la descomposición social e impedir el progreso de nuestras naciones. Quieren Estados controlados por los monopolios y gobiernos gringos.
Como lo prueban con creces los cables de Wikileaks difundidos por La Jornada, el gobierno de facto de Felipe Calderón sigue las órdenes de sus jefes y mentores de Washington, razón por la cual se embarcó en una guerra sin claridad en los objetivos, sin personal calificado para detectar los centros del lavado proveniente del comercio ilícito de drogas tóxicas y para ubicar a los jefes de jefes narcos y sus apoyos en los tres niveles de gobierno, con el Ejército y la Marina en funciones policiales y sin preocupación alguna por la población civil.
Los resultados están a la vista: una matanza insensata, inconstitucional e irresponsable que ha descompuesto el tejido social, debilitado al gobierno federal, fortalecido a los capitanes del trasiego de estupefacientes y facilitado el intervencionismo norteamericano.
El gobierno ilegítimo de Calderón, no reconocido por un elevado porcentaje de los votantes de 2006, con la guerra contra el narcotráfico ha conducido y conduce al país a una crisis jamás vista después de la Revolución mexicana: desindustrialización, desastre en el campo, salarios de hambre, persecución de sindicalistas, campesinos e indígenas, destrucción del sistema de seguridad social y la educación pública, eliminación de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, desempleo agudo, entrega de los servicios e industrias estratégicos al capital extranjero, cuña agringada contra los pueblos latinoamericanos y caribeños, diplomacia en beneficio del imperio y seguidismo desvergonzado frente a los norteamericanos. En síntesis, la gestión de Calderón es inepta, corrupta y mentirosa, además de estar entregada en cuerpo y alma a los monopolios mexicanos, estadunidenses y españoles. El futuro, en tales condiciones, parece proyectar un desenlace: el Partido Acción Nacional será derrotado en 2012 y no levantará cabeza en varios años, pese al apoyo suicida que recibe de la derecha chuchista del Partido de la Revolución Democrática.
Para desgracia de México, la política antinacional, miope y entreguista del panismo ha desencadenado las peores tendencias e intenciones del imperialismo norteamericano, como no ocurría desde la década de los años 20. Declaraciones descaradas de miembros destacados del gobierno gringo, amenazas de intervención, presiones sobre la administración proyanqui calderonista, instalación en la capital federal y otras ciudades de agencias policíacas, de espionaje y provocación de EU, participación armada de agentes gabachos en pesquisas y enfrentamientos, bajo el manto de la anticonstitucional Iniciativa Mérida, que en esencia coincide con el Plan Colombia.
La cosa es más grave aún. En fechas recientes, los estadunidenses, especialistas en provocaciones y agresiones, comienzan a hablar de insurgencia del tráfico de narcóticos, de terrorismo narco y de posibles alianzas de Al Qaeda y los cárteles mexicanos, con lo que presionan y exigen más intervención en México. Entretanto, el “gobierno” del inepto, débil y entreguista Calderón continúa, al estilo de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, haciendo concesión tras concesión a los imperialistas del norte. De la digna política internacional de México hasta antes de diciembre de 1982, ejemplo de la América Latina, ya no queda ni la sombra. Los “dirigentes” del Estado mexicano han tirado la soberanía nacional por la borda y actúan como cipayos de EU.
En México, Colombia y demás países latinoamericanos el único y verdadero terrorismo es el de Estados Unidos, que cuenta con el respaldo de la gran burguesía, los latifundistas y la ultraderecha política; ese terrorismo se expresa en los intentos de asesinato de Fidel Castro, la realización de atentados contra hoteles y aviones, la quema de cosechas, la liquidación de cuadros revolucionarios, la implantación de bloqueos económicos, el apoyo encubierto y abierto a “gusanos”, contras, paramilitares y guardias blancas, la implementación de golpes de estado y acciones desestabilizadoras contra gobiernos patrióticos, amén de subsidiar a los grupos y partidos fascistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Otro tipo de terrorismo no existe en nuestras tierras y sólo es una vulgar calumnia e invención de los imperialistas yanquis. Tampoco existe relación alguna de ninguna fuerza latinoamericana con Al Qaeda. Todo eso son cuentos norteamericanos, especialmente dirigidos al chovinismo anglosajón.
En ese marco se da la guerra de los gringos, aunque haya quienes la llamen de Calderón. Tal es la situación.
5.3.11
¿De verdad vamos bien?
Orlando Delgado Selley
MÉXICO, DF, 4 de marzo (apro).- El ya tristemente célebre asunto de los 6 mil pesos al mes –ingreso que, según el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, le alcanza a una familia mexicana para tener casa, coche y escuela privada para sus hijos--, obnubiló mentiras tan grandes como el tamaño del desliz de aquél.
Entre las cosas que dijo la semana antepasada el disminuido funcionario federal –esta semana optó por ya no aparecer en los medios, ni siquiera para colgarse las medallas del registro mensual de creación de nuevos empleos-- fue que la economía mexicana camina por una senda de crecimiento y estabilidad, recuperándose de los impactos de una crisis ajena.
La imagen transmitida por el secretario es que vamos bien, que la economía empieza a dar bienestar a las familias, pero que aún no nos hemos dado cuenta. Pero terminaremos enterándonos porque, según él, al haber hecho las cosas bien --no como otros países que enfrentan fuertes problemas para refinanciar su deuda--, el bienestar necesariamente se percibirá.
Sin embargo, un reporte detallado de los resultados de 2010 de la balanza de pagos que acaba de ser presentado por el Banco de México (Banxico) permite evaluar la marcha de la economía. Este informe analiza la relación de México con el extranjero: exportaciones e importaciones, turismo, remesas, inversión extranjera, salidas y entradas de capital, etc. Permite conocer, por ello, cómo se comportaron las cuentas externas del país en 2010. Este año ha sido muy favorable para los países emergentes. Este heterogéneo grupo de países, que incluye a China, India, Brasil y Rusia, entre otros, ha tenido buenos resultados económicos, un dinamismo mucho mayor que el de los países desarrollados y, sobre todo, ventajosas condiciones comerciales internacionales.
Por esto, los países emergentes en 2010 tuvieron un importante superávit comercial, esto es, vendieron mucho más mercancías de las que compraron. En cambio, México que se vio favorecido por mejores precios del petróleo, que pasaron de 57.44 dólares por barril en 2009 a 72.31, y mayor volumen exportado: 1.225 millones de barriles diarios (mbd) en 2009 contra 1.361 mbd en 2010, no sólo no logró superávit comercial, sino que tuvo un déficit comercial de 3 mil 121 millones de dólares. Nuestro comercio internacional de mercancías es importante, ya que exportamos 298 mil 361 millones de dólares e importamos 301 mil 482 millones, de modo que el déficit es apenas 1% de lo que exportamos.
La explicación está en que tenemos un problema estructural derivado de decisiones políticas tomadas por los gobiernos neoliberales priístas y mantenida por los neoliberales panistas. Salinas y su grupo decidieron que dejáramos de producir refinados del petróleo y petroquímicos secundarios, lo que nos ha obligado a importar gasolinas y otros derivados del petróleo, cuyos precios aumentan pari passu que el crudo. De modo que lo que se gana con los aumentos del precio del crudo, lo perdemos con los de gasolinas y derivados. Calderón anunció que se construiría una nueva refinería para producir las gasolinas que consumimos y muchos meses después seguimos en espera de avances reales. Así que el déficit comercial tiene explicaciones y responsables.
La otra parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos es la balanza de servicios que, a su vez, se descompone en servicios factoriales, no factoriales y transferencias. En los servicios factoriales hubo un déficit de 14 mil 463 millones de dólares, explicado por ingresos de 5 mil 390 millones y egresos de 19 mil 853 millones de dólares. En los servicios no factoriales está el renglón de turismo, donde se obtuvo un superávit de 4 mil 588 millones, gracias a ingresos de turistas extranjeros por 11 mil 872 millones y egresos de turistas mexicanos en el extranjero por 7 mil 282 millones. Este buen resultado en realidad alude a las dificultades de los mexicanos para seguir turisteando por el mundo. Pero otros conceptos, como fletes y seguros, tuvieron un déficit importante, lo que explica un resultado negativo en esta cuenta de servicios de 9 mil 610 millones
Lo que compensa estos resultados negativos son las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias y que, pese a los problemas derivados de la crisis y del colapso del sector de la construcción en Estados Unidos, se mantienen constantes. En 2010, las remesas recibidas en México fueron de 21 mil 271 millones de dólares, prácticamente lo mismo que en 2009 (21 mil 245 millones). Estos ingresos dan cuenta de una economía incapaz de evitar que su gente tenga que salir en condiciones terribles a buscar lo necesario para que sus familias puedan sobrevivir. Ellos enviaron en diciembre pasado, por ejemplo, 5.6 millones de remesas, es decir, 5 millones 641 mil 520 mexicanos en el extranjero les enviaron a sus familias 302 dólares en promedio. Esos envíos logran que la cuenta corriente tenga un déficit pequeño de 5 mil 690 millones de dólares. Así que el déficit en la cuenta corriente tiene explicaciones y responsables.
El otro gran componente de la balanza de pagos es la cuenta de capital, donde se registran los movimientos de entrada y salida de dinero. El dato sobresaliente de esta cuenta es que los mexicanos ricos –pero los ricos de veras, no los que ganan 13 mil pesos al mes, a los que aludió también Ernesto Cordero hace días-- “exportaron” capital al extranjero por un monto de 31 mil 113 millones de dólares. Así que mientras los pobres salen del país a luchar por su vida y las de sus familias en trabajos que, como dijera Vicente Fox, “ni los negros aceptan”, los ricos compran casas, invierten en la bolsa o en empresas o simplemente depositan su dinero en bancos, pero en el extranjero. Esas salidas de capital hacen que los 41 mil 495 millones de dólares de inversión extranjera reduzcan sus eventuales efectos benéficos.
Si comparamos lo que los ricos mexicanos sacan del país con la inversión extranjera directa, es decir, la que compra empresas o amplía las que ya tiene en México, resulta que por cada dólar que ingresa para promover la actividad productiva del país, sale un dólar y 75 centavos. Por otra parte, ingresan capitales al país, según Cordero y demás funcionarios gubernamentales, porque confían en que nuestro país ha hecho las cosas bien y sus perspectivas son prometedoras, aunque en verdad lo hacen para aprovechar los intereses que se ofrecen en el mercado mexicano. Pero salen capitales mexicanos al extranjero porque no confían en México. Los ricos mexicanos están dispuestos a sacrificar rendimiento contra la seguridad de tener recursos en el extranjero.
De modo que el examen de la balanza de pagos no muestra que la economía va bien. Muestra que no se pueden aprovechar oportunidades excepcionales que el comercio internacional ofrece por decisiones incorrectas del pasado que se han mantenido en el presente. Muestra también que hay mexicanos que con enormes esfuerzos y sufriendo condiciones laborales discriminatorias ayudan a sus familias y, con ello, apoyan al país. Al tiempo que hay otros mexicanos que sin sufrir, ni esforzarse, han decidido que lo mejor es huir y protegerse, aunque eso afecte al país entero. Así que bien no vamos, el bienestar no llegará a la mayor parte de las familias mexicanas.
Comentarios: odselley@gmail.com
MÉXICO, DF, 4 de marzo (apro).- El ya tristemente célebre asunto de los 6 mil pesos al mes –ingreso que, según el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, le alcanza a una familia mexicana para tener casa, coche y escuela privada para sus hijos--, obnubiló mentiras tan grandes como el tamaño del desliz de aquél.
Entre las cosas que dijo la semana antepasada el disminuido funcionario federal –esta semana optó por ya no aparecer en los medios, ni siquiera para colgarse las medallas del registro mensual de creación de nuevos empleos-- fue que la economía mexicana camina por una senda de crecimiento y estabilidad, recuperándose de los impactos de una crisis ajena.
La imagen transmitida por el secretario es que vamos bien, que la economía empieza a dar bienestar a las familias, pero que aún no nos hemos dado cuenta. Pero terminaremos enterándonos porque, según él, al haber hecho las cosas bien --no como otros países que enfrentan fuertes problemas para refinanciar su deuda--, el bienestar necesariamente se percibirá.
Sin embargo, un reporte detallado de los resultados de 2010 de la balanza de pagos que acaba de ser presentado por el Banco de México (Banxico) permite evaluar la marcha de la economía. Este informe analiza la relación de México con el extranjero: exportaciones e importaciones, turismo, remesas, inversión extranjera, salidas y entradas de capital, etc. Permite conocer, por ello, cómo se comportaron las cuentas externas del país en 2010. Este año ha sido muy favorable para los países emergentes. Este heterogéneo grupo de países, que incluye a China, India, Brasil y Rusia, entre otros, ha tenido buenos resultados económicos, un dinamismo mucho mayor que el de los países desarrollados y, sobre todo, ventajosas condiciones comerciales internacionales.
Por esto, los países emergentes en 2010 tuvieron un importante superávit comercial, esto es, vendieron mucho más mercancías de las que compraron. En cambio, México que se vio favorecido por mejores precios del petróleo, que pasaron de 57.44 dólares por barril en 2009 a 72.31, y mayor volumen exportado: 1.225 millones de barriles diarios (mbd) en 2009 contra 1.361 mbd en 2010, no sólo no logró superávit comercial, sino que tuvo un déficit comercial de 3 mil 121 millones de dólares. Nuestro comercio internacional de mercancías es importante, ya que exportamos 298 mil 361 millones de dólares e importamos 301 mil 482 millones, de modo que el déficit es apenas 1% de lo que exportamos.
La explicación está en que tenemos un problema estructural derivado de decisiones políticas tomadas por los gobiernos neoliberales priístas y mantenida por los neoliberales panistas. Salinas y su grupo decidieron que dejáramos de producir refinados del petróleo y petroquímicos secundarios, lo que nos ha obligado a importar gasolinas y otros derivados del petróleo, cuyos precios aumentan pari passu que el crudo. De modo que lo que se gana con los aumentos del precio del crudo, lo perdemos con los de gasolinas y derivados. Calderón anunció que se construiría una nueva refinería para producir las gasolinas que consumimos y muchos meses después seguimos en espera de avances reales. Así que el déficit comercial tiene explicaciones y responsables.
La otra parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos es la balanza de servicios que, a su vez, se descompone en servicios factoriales, no factoriales y transferencias. En los servicios factoriales hubo un déficit de 14 mil 463 millones de dólares, explicado por ingresos de 5 mil 390 millones y egresos de 19 mil 853 millones de dólares. En los servicios no factoriales está el renglón de turismo, donde se obtuvo un superávit de 4 mil 588 millones, gracias a ingresos de turistas extranjeros por 11 mil 872 millones y egresos de turistas mexicanos en el extranjero por 7 mil 282 millones. Este buen resultado en realidad alude a las dificultades de los mexicanos para seguir turisteando por el mundo. Pero otros conceptos, como fletes y seguros, tuvieron un déficit importante, lo que explica un resultado negativo en esta cuenta de servicios de 9 mil 610 millones
Lo que compensa estos resultados negativos son las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias y que, pese a los problemas derivados de la crisis y del colapso del sector de la construcción en Estados Unidos, se mantienen constantes. En 2010, las remesas recibidas en México fueron de 21 mil 271 millones de dólares, prácticamente lo mismo que en 2009 (21 mil 245 millones). Estos ingresos dan cuenta de una economía incapaz de evitar que su gente tenga que salir en condiciones terribles a buscar lo necesario para que sus familias puedan sobrevivir. Ellos enviaron en diciembre pasado, por ejemplo, 5.6 millones de remesas, es decir, 5 millones 641 mil 520 mexicanos en el extranjero les enviaron a sus familias 302 dólares en promedio. Esos envíos logran que la cuenta corriente tenga un déficit pequeño de 5 mil 690 millones de dólares. Así que el déficit en la cuenta corriente tiene explicaciones y responsables.
El otro gran componente de la balanza de pagos es la cuenta de capital, donde se registran los movimientos de entrada y salida de dinero. El dato sobresaliente de esta cuenta es que los mexicanos ricos –pero los ricos de veras, no los que ganan 13 mil pesos al mes, a los que aludió también Ernesto Cordero hace días-- “exportaron” capital al extranjero por un monto de 31 mil 113 millones de dólares. Así que mientras los pobres salen del país a luchar por su vida y las de sus familias en trabajos que, como dijera Vicente Fox, “ni los negros aceptan”, los ricos compran casas, invierten en la bolsa o en empresas o simplemente depositan su dinero en bancos, pero en el extranjero. Esas salidas de capital hacen que los 41 mil 495 millones de dólares de inversión extranjera reduzcan sus eventuales efectos benéficos.
Si comparamos lo que los ricos mexicanos sacan del país con la inversión extranjera directa, es decir, la que compra empresas o amplía las que ya tiene en México, resulta que por cada dólar que ingresa para promover la actividad productiva del país, sale un dólar y 75 centavos. Por otra parte, ingresan capitales al país, según Cordero y demás funcionarios gubernamentales, porque confían en que nuestro país ha hecho las cosas bien y sus perspectivas son prometedoras, aunque en verdad lo hacen para aprovechar los intereses que se ofrecen en el mercado mexicano. Pero salen capitales mexicanos al extranjero porque no confían en México. Los ricos mexicanos están dispuestos a sacrificar rendimiento contra la seguridad de tener recursos en el extranjero.
De modo que el examen de la balanza de pagos no muestra que la economía va bien. Muestra que no se pueden aprovechar oportunidades excepcionales que el comercio internacional ofrece por decisiones incorrectas del pasado que se han mantenido en el presente. Muestra también que hay mexicanos que con enormes esfuerzos y sufriendo condiciones laborales discriminatorias ayudan a sus familias y, con ello, apoyan al país. Al tiempo que hay otros mexicanos que sin sufrir, ni esforzarse, han decidido que lo mejor es huir y protegerse, aunque eso afecte al país entero. Así que bien no vamos, el bienestar no llegará a la mayor parte de las familias mexicanas.
Comentarios: odselley@gmail.com
3.3.11
Banderazo para arriar la bandera de Pemex
Javier Jiménez Espriú
Con bombo y platillos, la dirección de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, esta última estrenando titular, anuncian la próxima inauguración de los contratos incentivados, con los que pretenden entregar a la iniciativa privada, anticonstitucionalmente, como afirma el consejero profesional de Pemex Rogelio Gasca, para "abrir boca", tres bloques "maduros" para su exploración y explotación.
La fórmula de pago será, dicen, el 70 por ciento de los gastos del contratista –70 por ciento en que obviamente cabrá bastante más del ciento por ciento de los mismos–, más una cuota por volumen; es decir, por barril extraído. Esto, pagar con una parte del valor de lo que se extrae, ¿no es anticonstitucional?, ¿no es hacer participar al contratista del recurso que es exclusivamente de la nación?, ¿no es esto un contrato de riesgo?, ¿no es esto lo que literalmente prohíbe la Constitución? O no entiendo yo nada o nada entienden ellos, o ambos entendemos claramente todo, pero cada quien defiende lo que le interesa.
Yo defiendo la validez de la Constitución y el concepto de que los hidrocarburos son propiedad única de la nación y que los servicios privados no pueden pagarse con parte del producto obtenido –o su equivalente en una cuota por barril–, y ellos, el enorme negocio que significa la firma de los contratos, para ellos y para los contratistas –asunto mercantil– y su tesis de que Pemex debe abrirse a la participación total de la iniciativa privada –asunto ideológico–. La tesis de la entrega total.
El nuevo secretario de Energía, distinguido ex funcionario de Hacienda a su vez, se estrena con la mentira, varias veces expuesta –pero no por ello convertida en verdad– y la misma aclarada por alguien –yo entre muchos otros– de que los contratos incentivados están autorizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es falso, absolutamente falso. La Suprema Corte aclaró con precisión que, en relación con la controversia constitucional planteada por un grupo de diputados, al conocerse la autorización del consejo de Pemex a las nuevas formas de contratación con incentivos, que era legal la facultad del consejo para fijar las formas de contratación, pero no autorizó, como expresó específicamente uno de los ministros, los contratos, que obviamente debían ser, señaló, constitucionales.
Esto es, el consejo está facultado para definir las formas de contratación, no para autorizar la contratación de nada fuera de la ley como, con subterfugios insostenibles, lo ha hecho. Los contratos planteados son ilegales porque trastocan el espíritu y la letra de la Constitución y quienes los suscriban estarán expuestos a serias consecuencias administrativas y penales. En esto también, los contratos son, no de riesgo, sino de altísimo riesgo.
De esto deben ser conscientes tanto los funcionarios que los suscriban como "los cientos de interesados" a los que en gira artística les serán presentados los primeros contratos a licitación.
Ya en ocasión anterior, después de aprobada la "reforma energética", expresé que se había logrado detener la entrega total de Pemex, pero que no había que bajar la guardia, porque vendrían nuevos embates. Éstos han seguido y, con renovados ánimos y renovado secretario de Energía, ahora aparecen para tratar de asestar un golpe mortal a nuestra industria petrolera.
Con la misma tenacidad de los agresores, quienes queremos a Pemex como una industria nacional apegada a lo que define nuestra ley superior, lo defenderemos sin descanso, con la ventaja de que a nosotros nos asiste la razón legal y los Sentimientos de la Nación.
jimenezespriu@prodigy.net.mx
Con bombo y platillos, la dirección de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, esta última estrenando titular, anuncian la próxima inauguración de los contratos incentivados, con los que pretenden entregar a la iniciativa privada, anticonstitucionalmente, como afirma el consejero profesional de Pemex Rogelio Gasca, para "abrir boca", tres bloques "maduros" para su exploración y explotación.
La fórmula de pago será, dicen, el 70 por ciento de los gastos del contratista –70 por ciento en que obviamente cabrá bastante más del ciento por ciento de los mismos–, más una cuota por volumen; es decir, por barril extraído. Esto, pagar con una parte del valor de lo que se extrae, ¿no es anticonstitucional?, ¿no es hacer participar al contratista del recurso que es exclusivamente de la nación?, ¿no es esto un contrato de riesgo?, ¿no es esto lo que literalmente prohíbe la Constitución? O no entiendo yo nada o nada entienden ellos, o ambos entendemos claramente todo, pero cada quien defiende lo que le interesa.
Yo defiendo la validez de la Constitución y el concepto de que los hidrocarburos son propiedad única de la nación y que los servicios privados no pueden pagarse con parte del producto obtenido –o su equivalente en una cuota por barril–, y ellos, el enorme negocio que significa la firma de los contratos, para ellos y para los contratistas –asunto mercantil– y su tesis de que Pemex debe abrirse a la participación total de la iniciativa privada –asunto ideológico–. La tesis de la entrega total.
El nuevo secretario de Energía, distinguido ex funcionario de Hacienda a su vez, se estrena con la mentira, varias veces expuesta –pero no por ello convertida en verdad– y la misma aclarada por alguien –yo entre muchos otros– de que los contratos incentivados están autorizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es falso, absolutamente falso. La Suprema Corte aclaró con precisión que, en relación con la controversia constitucional planteada por un grupo de diputados, al conocerse la autorización del consejo de Pemex a las nuevas formas de contratación con incentivos, que era legal la facultad del consejo para fijar las formas de contratación, pero no autorizó, como expresó específicamente uno de los ministros, los contratos, que obviamente debían ser, señaló, constitucionales.
Esto es, el consejo está facultado para definir las formas de contratación, no para autorizar la contratación de nada fuera de la ley como, con subterfugios insostenibles, lo ha hecho. Los contratos planteados son ilegales porque trastocan el espíritu y la letra de la Constitución y quienes los suscriban estarán expuestos a serias consecuencias administrativas y penales. En esto también, los contratos son, no de riesgo, sino de altísimo riesgo.
De esto deben ser conscientes tanto los funcionarios que los suscriban como "los cientos de interesados" a los que en gira artística les serán presentados los primeros contratos a licitación.
Ya en ocasión anterior, después de aprobada la "reforma energética", expresé que se había logrado detener la entrega total de Pemex, pero que no había que bajar la guardia, porque vendrían nuevos embates. Éstos han seguido y, con renovados ánimos y renovado secretario de Energía, ahora aparecen para tratar de asestar un golpe mortal a nuestra industria petrolera.
Con la misma tenacidad de los agresores, quienes queremos a Pemex como una industria nacional apegada a lo que define nuestra ley superior, lo defenderemos sin descanso, con la ventaja de que a nosotros nos asiste la razón legal y los Sentimientos de la Nación.
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