27.6.10

Entrenan al Ejército en contrainsurgencia

El Universal
Doris Gómora

El Comando Norte de Estados Unidos entrena a miembros de las fuerzas armadas de México en programas de contrainsurgencia que utiliza para desmantelar redes en Afganistán e Irak, y que en algunos aspectos se aplican para combatir a los cárteles del narcotráfico, indica información del comando estadounidense.

Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que las fuerzas armadas de México reciben entrenamiento por parte del Comando Norte y del ejército de Estados Unidos en su conjunto, pero no dio detalles sobre los programas en los que participan los militares nacionales.

“La prioridad número uno será nuestra asociación con México. No hay duda”, afirmó James Winnefeld Jr, nuevo comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, quien agregó que la relación entre las fuerzas armadas de ambos países nunca ha sido mejor.

El reporte de mayo del Comando Norte indica que basados en la experiencia que han adquirido las fuerzas estadounidenses en Afganistán e Irak combatiendo contrainsurgentes, éste comando trabaja con las fuerzas armadas de México entrenándolos con la idea de que el enemigo vive entre civiles y no es un enemigo externo al país, como tradicionalmente se ha formado al ejército y armada mexicanos.

Mediante entrenamientos y programas de intercambio con las fuerzas armadas de México, el Comando Norte se ha concentrado en proporcionar entrenamiento en áreas de inteligencia y en la forma en que deben trabajar de manera conjunta en operaciones con otras agencias de la ley.

Al destacar el respeto a la soberanía de México, Winnefeld señaló que existen grandes oportunidades para “compartir entrenamiento, información e inteligencia, y ayudar al ejército mexicano a construir capacidades”.

“Nuestra relación —militar a militar— con México se está fortaleciendo, con total respeto a la soberanía mexicana y con responsabilidad compartida en el combate a la actividad del tráfico ilícito transnacional que afecta nuestras naciones”, afirmó en marzo pasado el entonces comandante del Comando Norte Victor Renuart ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado estadounidense.

Seguridad binacional

Renuart destacó que, como parte del acercamiento total del gobierno de Estados Unidos, la más significativa contribución del Comando Norte es el fortalecimiento de la capacidad operativa del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Armada, “centrándose en la capacidad de desarrollar análisis y compartir información que permita al Ejército Mexicano conducir operaciones en contra de las organizaciones del narcotráfico para, sistemáticamente, desmantelarlas”.

La información de mayo del Comando Norte señala que desde hace dos años el ejército de Estados Unidos envía anualmente 20 equipos, integrados por cuatro o cinco militares, que viajan a México en visitas cortas para proporcionar entrenamiento a sus contrapartes sin participar en operaciones en el país, y destacó que la mayoría de esos militares han participado en operaciones en Afganistán e Irak, incluyendo trabajo social y de reconstrucción.

“El nivel de comunicación, cooperación e intercambio de entrenamiento entre las fuerzas armadas de Estados Unidos y México se ha incrementado dramáticamente en los últimos dos años y representa una histórica oportunidad para mejorar la estrategia de largo plazo de asociación en seguridad entre Estados Unidos y México”, destacó Renuart ante el comité del senado.

Administración de justicia

Información del Comando Norte destaca que el Ejército Mexicano envía también oficiales a Estados Unidos para observar operaciones o recibir entrenamiento en diversas áreas, entre ellas en derechos humanos y legislación, aspectos que, afirmó, “se necesitan para transformar a los militares, de una fuerza convencional diseñada para combatir amenazas externas, a un ejército que tiene que enfrentar una guerra irregular donde el enemigo vive entre civiles”.

Lo anterior, destaca el informe, es un proceso similar al que enfrentó el ejército de Estados Unidos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, por lo que abogados del Comando Norte y de las fuerzas armadas de México participan en cursos, talleres y conferencias para integrar la currícula de los litigantes militares.

“Adicionalmente, abogados de las fuerzas armadas de México han visitado varias entidades militares estadounidenses para observar, de primera mano, cómo los oficiales norteamericanos se organizan y entrenan para la administración de la justicia militar y para conducir operaciones en cumplimiento con las leyes nacionales e internacionales”, refirió Renuart.

Por petición de Renuart el Instituto para la Cooperación de la Seguridad Hemisférica (WHINSEC, por sus siglas en inglés) proporcionará, en los próximos meses, entrenamiento a las fuerzas armadas de México en el tema de derechos humanos, y se estableció que no se revelarán los nombres de los estudiantes ante el riesgo de que puedan ser objetivos de organizaciones del narcotráfico o de grupos terroristas.

Las acciones del Comando Norte son coordinadas con los esfuerzos para construir las capacidades de las fuerzas de la ley civiles de México, que realizan el Departamento de Estado y otras agencias, detalló Renuart.

En este sentido, dejó en claro que si bien se trabaja con México en desarrollar y fortalecer la capacidad militar para combatir al narcotráfico, el objetivo de largo plazo es establecer una relación duradera para cooperar en futuros aspectos de seguridad mutua.

Por su parte, Winnefeld el nuevo comandante del Comando Norte, externó que existen grandes oportunidades para favorecer la relaciones entre militares de Estados Unidos y México, pero siempre en términos aceptables para ambos países, especialmente con respeto a la soberanía mexicana.

La mayoría de la asistencia militar y de seguridad por parte de los Estados Unidos se ha enfocado a la violencia y al tráfico de siete organizaciones dedicadas al narcotráfico, señala Graham Turbiville, en un reporte sobre “El compromiso del ejército de Estados Unidos con México: pasado difícil y futuro desafiante” que publicó en marzo pasado la Universidad de Operaciones Conjuntas que depende del Pentágono.

A través del reporte hace un recuento de la historia y destaca cómo desde 2002 con el surgimiento del Comando Norte, las fuerzas armadas de México han tenido una mayor participación en ejercicios de operaciones con los ejércitos de otros países y en entrenamientos con el ejército de Estados Unidos.

El desafío más grande que tienen el ejército y las fuerzas de la ley de México, apoyados por oficiales estadounidenses, es el enfrentar grupos de narcoparamilitares bien equipados, algunos de los cuales están integrados por ex militares o ex policías cuyo poder más efectivo se encuentra en la corrupción multiplicadora, señaló Turbiville, quien sirvió por 30 años en la comunidad de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

22.6.10

La Secretaría de la Defensa crea "unidad de vinculación ciudadana"


Buscará solucionar conflictos que se generen debido a la lucha anticrimen
Jesús Aranda
 
En respuesta al creciente número de denuncias en contra de militares por violación a los derechos humanos de civiles en los operativos contra la delincuencia organizada, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creó la unidad de vinculación ciudadana, la cual buscará solucionar los conflictos que se generen entre la dependencia y la sociedad con motivo de la lucha que se libra contra las acciones criminales.
En el anuncio, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, el titular de la Sedena, general Guillermo Galván Galván, justifica la necesidad de la nueva unidad al señalar que es imprescindible brindar a la sociedad en general mayores elementos de información sobre el desempeño del Ejército y la Fuerza Aérea en el desarrollo de sus tareas.
Esta nueva instancia, añade el texto, envía una señal favorable a la población civil y a la comunidad internacional de que el Estado mexicano está generando los acercamientos necesarios para la debida atención de la ciudadanía, ante los conflictos que trae aparejada la presencia militar en las calles.
Las fuerzas armadas, subraya, han contribuido decidida y notablemente en acciones de combate a la delincuencia organizada, lo que ha generado la necesidad de establecer vínculos de comunicación con la sociedad civil con el propósito de intercambiar puntos de vista e información relacionada con este quehacer militar.
El decreto apunta que la unidad estará a cargo de un general –no precisa si brigadier, de brigada o divisionario–, quien dependerá directamente del secretario de la Defensa Nacional.
Además, por ser conveniente, contará con la participación de civiles con experiencia en políticas públicas y vinculación ciudadana.
Éste no es el primer intento del gobierno del presidente Felipe Calderón por paliar las críticas al Ejército a partir de que en diciembre de 2006 asumió el peso del combate al narcotráfico y al crimen organizado, lo que detonó el número de quejas contra soldados por violación a los derechos humanos.
En enero de 2008 la secretaría creó la dirección general de derechos humanos (DGDH) –a cargo del ex procurador de justicia militar Jaime Antonio López Portillo–, cuyo objetivo era agilizar la entrega de información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando hubiera denuncias de civiles contra soldados, así como representar a la Sedena ante organismos internacionales –como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– y cuando se presenten acusaciones contra el Estado mexicano relacionadas con soldados.
También, fomentar una cultura de derechos humanos entre los integrantes de las fuerzas armadas.
A diferencia de la nueva unidad, la DGDH no tenía la encomienda de fomentar un diálogo directo con organizaciones no gubernamentales u otras agrupaciones de la sociedad civil, se explicó en su momento a La Jornada.
Por otra parte, el decreto destaca que desde 2008 –sin mencionar a la DGDH– se han realizado 24 foros de discusión que permiten el intercambio efectivo de ideas y puntos de vista entre representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y personal militar de regiones, zonas y corporaciones militares, lo que incentiva la participación ciudadana y dota a las fuerzas armadas de elementos a tomar en cuenta en su actividad cotidiana para lograr el acercamiento con la sociedad.
De acuerdo con información de la Sedena, el alto mando del Ejército tenía planeada la creación de la unidad referida desde el año pasado. Incluso la Cámara de Diputados aprobó para este año el presupuesto con el fin de que esa instancia entre en funciones lo antes posible, aunque se desconoce quién será su titular.

20.6.10

“Guerra” contra las drogas: el intervencionismo de EU

Revista CONTRALÍNEA 187
Nancy Flores

Como no ocurría en décadas, la “guerra” de Calderón Hinojosa contra las drogas terminó por someter la soberanía nacional a los dictados de Washington. Generales brigadieres reconocen que, con el fortalecimiento de la ASPAN, la Iniciativa Mérida y la adhesión militar al Comando Norte, las Fuerzas Armadas mexicanas se han subordinado completamente a los intereses de Estados Unidos

Con el pretexto de combatir el narcotráfico en México, el gobierno de Barack Obama impone su agenda de seguridad a la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. A cambio, este último ha recibido, en tres años, 1 mil 300 millones de dólares como “ayuda” antinarcóticos.

A pesar de los nulos resultados de la “guerra” contra las drogas –que ha costado la vida a más de 23 mil civiles y sólo ha enjuiciado a 1 mil 306 miembros de la mafia mexicana (Contralínea 184)–, la intervención estadunidense está en marcha.
Y es que, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) –firmada en el sexenio de Vicente Fox Quesada y ratificada por Calderón Hinojosa– se promueve no sólo la adhesión de las Fuerzas Armadas mexicanas al Comando Norte, sino también las “operaciones conjuntas” en territorio nacional, amparadas en la Iniciativa Mérida.
—Calderón está de acuerdo con la intromisión [de Estados Unidos] en los asuntos internos del país, con la participación de la potencia del norte en operativos conjuntos y acciones antidrogas en territorio mexicano. El tráfico de drogas dentro de su país los tiene sin cuidado [a los estadunidenses], únicamente les preocupa que su mercado pueda quedar desabastecido –señala el general brigadier en retiro, Samuel Lara Villa.
Entre las formas de intrusión que ya se aplican en el país, destaca la oficina bilateral de la Iniciativa Mérida, que reunirá a 75 funcionarios: 45 estadunidenses y 30 mexicanos. A decir de la embajada de Estados Unidos, se trata de un “espacio de trabajo compartido que será utilizado únicamente para la implementación de proyectos de capacitación y equipo de la Iniciativa, y de ningún modo tendrá un enfoque de realización de operativos”. No obstante, su sede se localiza físicamente en México, no en el país vecino.

Intrusión abierta y velada

El general brigadier y doctor en administración pública, Francisco Gallardo, opina que “hay una política de entrega de la soberanía que se radicaliza más con la llegada de la derecha en 2000”.
—México no es un Estado fallido. Ése es un pretexto para justificar la intromisión de las fuerzas de seguridad [estadunidenses]. Dijeron que, como México no podía con el asunto de la lucha contra las drogas y como es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, ellos se pueden meter aquí. Así lo han dicho abiertamente. Tenemos un gobierno fallido, no un Estado fallido. El gobierno es lo que está fallando: están colapsados los sistemas de justicia, seguridad, salud. Lo que no está colapsado es el pueblo, aunque lo quieren someter a través del miedo.
A mediados de marzo pasado ocurrió la primera intervención de Estados Unidos en México, sin la participación de las fuerzas del orden nacionales. Entonces, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se trasladaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, para investigar los asesinatos de Lesley Enriquez –funcionaria del Consulado de Estados Unidos en esa entidad–, su esposo y el marido de otra empleada de esa misma delegación, ocurridos en un par ataques simultáneos y atribuidos al narcotráfico.
Otras operaciones, sin embargo, son veladas. Tal sería el caso de la Operation Black Flag, a cargo de la Drug Enforcement Administration (DEA), que tiene por objetivo debilitar a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y que estaría proveyendo de información a la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Arturo Chávez Chávez.
“El principal objetivo del programa es realizar un seguimiento e informar, con recursos de inteligencia, la capacidad y la probabilidad de que esos cárteles de la droga mexicana ejecuten actos violentos en Estados Unidos”, señala la DEA en su presupuesto para 2010.
Agrega que los trabajos de inteligencia se hacen en Estados Unidos y en México y que incluyen el uso de fuentes confidenciales, el seguimiento a trabajos periodísticos y la “intercepción de telecomunicaciones”.
“La operación Bandera Negra cubrirá los cambios en las estructuras de comando y transporte de los cárteles en ambos lados de la frontera con México. Al rastrear los cambios en sus estructuras de liderazgo, la DEA desarrollará un conocimiento único dentro de las actividades y motivaciones detrás de los cárteles del Golfo y Sinaloa en su lucha por el control de la frontera”, indica el presupuesto.

Sometimiento total

El 23 de marzo de 2005, los entonces presidentes Vicente Fox, George W Bush y Paul Martin –primer ministro de Canadá– signaron la ASPAN, en Waco, Texas. De acuerdo con la información oficial difundida por el gobierno mexicano, la Alianza es un proceso trilateral permanente hacia una mayor integración de América del Norte.
El general Lara Villa opina que se trata de“otro de los engendros de Fox, con la paternidad de Bush y el consentimiento actual de Calderón. Éste –critica– fue concebido en lo oscurito para que escapara del alcance del Congreso de la Unión. Evitaron muy cuidadosamente tratar asuntos del país subdesarrollado, como la migración, pero dejaron claro los del poderoso: el terrorismo, la mercantilización, la expansión del imperialismo asegurando su dominio continental, el involucramiento de las Fuerzas Armadas mexicanas en las tareas que interesan al país del norte, así como la privatización de los energéticos”.
Entre los objetivos principales de la ASPAN, está la integración de las Fuerzas Armadas de México y de Canadá –de este último país ya abiertamente anexadas– con el Comando Norte.
—La política intervencionista de Estados Unidos en México, pero también en Latinoamérica y en todo el mundo, se debe a que existe, atrás de esta supuesta lucha contra la droga o contra el terrorismo, una lucha en la búsqueda por la hegemonía a nivel internacional entre bloques: el bloque asiático, europeo y americano –señala el general Gallardo.
El también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México refiere que, en esa lucha, Estados Unidos necesita recursos energéticos para mantener su industria bélica.
Por eso, dice, “existe una militarización a nivel internacional que, en el caso concreto de América Latina y México, aterriza primero con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y luego con la ASPAN, que se hizo a espaldas de la sociedad y sin la intervención del Congreso”.
Para Gallardo, el tema de seguridad que plantea la Alianza aterriza con la Iniciativa Mérida. En ésta, asegura, “viene perfectamente articulada la militarización de los aparatos de seguridad pública y de justicia del Estado”.
Agrega que lo que busca el Pentágono es que exista un solo ejército a nivel hemisférico: el de Estados Unidos. Así, todos los ejércitos de América Latina se convierten en policías o en fuerzas militares de ocupación que coadyuvarán en la extracción de recursos o en el sometimiento de los movimientos sociales, “como lo que estamos viendo actualmente en México, donde hay una detención de líderes sociales para desarticular esos movimientos”.

Militarización, el fin

El sometimiento de México a Estados Unidos no sólo abarca al aparato de seguridad pública. También toca al sistema judicial. De diciembre de 2006 a mayo de 2010, el gobierno del panista Calderón Hinojosa ha concedido 320 extradiciones, principalmente de presuntos narcotraficantes.
Las más recientes: Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el 19 de febrero; Óscar Arriola, el 4 de marzo; Juan José Quintero Payán, el 27 de abril; y Mario Villanueva Madrid, el 9 de mayo.
—Atrás de todo esto, paralelamente a los proyectos de carácter económico se militarizan las estructuras de seguridad y de justicia, precisamente para que a través del miedo se someta a la sociedad –señala el general Gallardo.
Critica que, a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas se habían mostrado nacionalistas y rechazaban la intervención de Estados Unidos y cualquier intervención en el orden interno, pero que, a partir de la aplicación de las políticas neoliberales, en 1982 con Miguel de la Madrid, comienza una insistente intervención de Estados Unidos.
Actualmente, indica, el vínculo se ha logrado a través del Comando Sur, que establece escuelas de capacitación “para someter a los ejércitos latinoamericanos a los mandos del Pentágono”. Como consecuencia, afirma, hay una alta presencia en México de militares estadunideneses y de agentes de la Agencia Central de Inteligencia, la DEA, el FBI.
—Qué está haciendo el Ejército Mexicano. Para qué queremos el Ejército, si históricamente se había dedicado a defender la soberanía nacional. Este momento que se vive en México es muy delicado porque atrás de todo esto está la entrega de la soberanía nacional. Tan es así, que vemos el anuncio de Obama de que van a explotar el (petróleo del) Golfo de México. A través de la doctrina del shock, se quiere someter a la sociedad para que no haya protestas. Y que entonces el coloso del norte pueda entrar a México y disponer de los recursos naturales, del territorio, de la cultura, de la fuerza del trabajo.
Para la elaboración de este trabajo y de la serie de reportajes sobre los resultados de la “guerra” contra el narcotráfico, Contralínea solicitó conocer la postura de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la PGR. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Ejército pierde visión nacionalista
El general Samuel Lara Villa –presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC– explica que la desarticulación del sector castrense inició en el sexenio de Miguel Alemán. Desde entonces, asegura, se escogen a los militares “más dóciles y sin convicciones revolucionarias”.
Sexenio tras sexenio, señala, los generales secretarios se preocupaban por cumplir de manera lacayuna los mínimos caprichos de quien los había puesto en el poder, sin importarles que violaran la Constitución de 1917. “Para eso inventaron la ‘lealtad a las instituciones’; seguramente, ignoraban que las instituciones las estableció la Carta Magna”.
Agrega que el último general revolucionario que encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue Francisco J Múgica, quien evitó la reelección de Miguel Alemán. La Ley Orgánica del Ejército y la Armada en ese entonces todavía conservaba la misión de “mantener el imperio de la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Para el general en retiro, Vicente Fox “se aseguró de nombrar a un católico en el alto mando del Ejército y se cuidó de gratificarlo convenientemente en unión de los mandos supremos. Metió la religión católica a los cuarteles, pero todavía se topó con rasgos de dignidad por parte de militares que no le permitieron hacer uso de las Fuerzas Armadas indiscriminadamente”.
Al término de su gestión, asegura Lara Villa, el general Clemente Vega García seleccionó a su relevo.
“Preparado el fraude, había que asegurar la instalación del espurio. El general Clemente Vega García se hace a un lado y asume el alto mando de la Sedena el escogido: general Guillermo Galván Galván, quien se encargaría de asegurar la toma de posesión de Felipe Calderón”.
Para ello, señala, inventó la ceremonia en el Campo Marte de Paseo de la Reforma, con la participación del alto mando de la Armada. Entonces, recuerda, “Fox depositó la banda presidencial en manos de un cadete del Colegio Militar que la mantuvo en custodia y la llevó al Palacio Legislativo el 1 de diciembre de 2006, con el fin de que Fox le entregara, en medio de un fuerte dispositivo, la banda a Calderón, y éste saliera inmediatamente del recinto camaral”.

Veintidós razones por las que la clase trabajadora estadounidense odia al Estado

James Petras

Introducción

¿Por qué el ataque lanzado desde la derecha contra el «Papá Estado» se deja oír cada vez más entre la clase trabajadora? Los liberales afirman que la población asalariada actúa «contra su propio interés» aludiendo a programas sociales como la seguridad social o las prestaciones por desempleo. Los progresistas sostienen que los trabajadores hostiles al Estado son «racistas», «fundamentalistas» y/o actúan de forma irracional o ciega a causa del miedo injustificado a las amenazas a las libertades individuales. Expondré aquí que hay muchas razones sensatas, racionales y materiales para que la clase trabajadora se rebele contra el Estado.


1.) La mayoría de las personas asalariadas pagan una suma desproporcionadamente más elevada de impuestos que los empresarios ricos y, por consiguiente, millones de estadounidenses trabajan en la «economía sumergida» para llegar a fin de mes, con lo que se exponen a ser detenidos y a que el Estado los procese por tratar de ganarse la vida eludiendo impuestos onerosos.

2.) El Estado concede exenciones generosas durante varios años a las empresas, con lo que elevan la carga fiscal de las personas asalariadas o eliminan servicios esenciales. Las políticas no equitativas de recaudación fiscal del Estado suscitan resentimiento.

3.) Los impuestos altos, unidos a la reducción y encarecimiento de los servicios públicos, incluidos el aumento de los costes de la educación superior y de los gastos sanitarios, alimentan el antagonismo popular y la frustración ante el hecho de que se les está negando a ellos y a sus hijos las oportunidades de progresar y vivir sanos.

4.) A muchos trabajadores y trabajadoras les sienta mal que el Estado gaste el dinero de sus impuestos en guerras remotas e interminables y en financiar rescates en Wall Street, en lugar de invertirlo en reindustrializar Estados Unidos para crear puestos de trabajo bien remunerados o ayudar a quienes no tienen empleo o están subempleados y son incapaces de afrontar el pago de sus hipotecas y se exponen a un desahucio o a vivir sin techo. Casi todos los trabajadores rechazan los gastos presupuestarios injustos que privilegian a los ricos y niegan a la clase trabajadora.

5.) A los trabajadores les horrorizan la hipocresía y los dobles raseros del Estado cuando denuncia a los «aprovechados» que se llevan unos centenares de dólares y hace la vista gorda con los estafadores de bancos y empresas, y los gastos militares del Pentágono cuestan excesos presupuestarios de centenares de miles de millones de dólares. Pocos trabajadores creen que exista la igualdad ante la ley, con lo que implícitamente no aceptan sus exigencias de legitimidad.

6.) Muchas familias trabajadoras se niegan a admitir el hecho de que el Estado reclute a sus hijos e hijas para guerras que se traducen en muerte y en lesiones atroces en lugar de para puestos de trabajo en el sector público, mientras que los hijos de las personas ricas y acomodadas se forjan una carrera en la vida civil.

7.) El Estado subvenciona y mejora en los barrios acomodados las infraestructuras públicas (carreteras, parques y servicios), mientras ignora las demandas de mejora en las comunidades de rentas más bajas. Además, el Estado sitúa las instalaciones contaminantes (incineradoras, industrias con alto contenido de residuos, etc.) muy cerca de los hogares y las escuelas de los trabajadores.

8.) El Estado mantiene el salario mínimo por debajo de los incrementos del coste de la vida, pero fomenta y promueve el aumento desmesurado de beneficios.

9.) En los barrios ricos los desvelos para hacer cumplir la ley son rigurosos, y en las comunidades con rentas bajas son laxos, lo que se traduce en una tasa más elevada de homicidios y robos.

10.) El Estado impone restricciones sobre las organizaciones sindicales que luchan por garantizar los salarios y los beneficios, e ignora la intimidación y el despido arbitrario de trabajadores que llevan a cabo las empresas. El Estado favorece las fusiones y adquisiciones empresariales que desembocan en monopolios, pero pone freno a la acción colectiva nacida desde la base.

11.) Las instituciones económicas del Estado buscan a las personas que ocuparán cargos públicos en los bancos e instituciones financieras para que tomen decisiones que favorezcan a sus antiguos jefes, mientras que los asalariados quedan excluidos y no cuentan con representación en los cargos rectores de la política económica.

12.) Cada vez más, el Estado quebranta las libertades individuales de los activistas sociales mediante la Ley Patriótica y las detenciones arbitrarias, y garantiza la impunidad de la violencia policial y castiga a quienes denuncian irregularidades, con lo que desdeña las críticas de los ciudadanos con su capacidad de castigar.

13.) El Estado se muestra receptivo a la financiación del complejo militar-industrial, la deslocalización de empresas multinacionales en el extranjero y los elevados ingresos del lobby de Israel, y aumenta las partidas presupuestarias que les destina, mientras recorta la financiación de inversiones públicas en actividades productivas, tecnología aplicada y formación ocupacional en alta tecnología de los trabajadores y asalariados estadounidenses y de sus hijos.

14.) Las políticas del Estado llevan décadas incrementando las desigualdades existentes entre el 10 por ciento más rico y el 50 por ciento más pobre, lo que convierte a Estados Unidos en el país industrializado con las desigualdades más acusadas.

15.) Las políticas del Estado han supuesto un descenso del nivel de vida, ya que los asalariados tienen que trabajar más horas con menos seguridad laboral, durante más años para recibir una pensión y disfrutar de la seguridad social y soportando mayores riesgos medioambientales.

16.) Los cargos elegidos del Estado incumplen la mayoría de las promesas electorales que formulan durante sus campañas ante los trabajadores, y en cambio cumplen las promesas que hacen a las élites bancarias, empresariales y de las clases altas.

17.) Las autoridades del Estado prestan más atención y se muestran más receptivos a unos cuantos grandes contribuyentes económicos que a millones de votantes.

18.) Las autoridades del Estado son más sensibles a los sobornos de los lobbies empresariales que preservan los beneficios de las empresas que a las necesidades sanitarias, educativas y de renta del electorado.

19.) Los vínculos entre las empresas y el Estado se traducen en desregulación, que desemboca en contaminación del medio ambiente y lleva a la quiebra de los pequeños negocios y a la pérdida de muchos puestos de trabajo, así como a la desaparición de zonas recreativas, lo que deteriora el descanso y el recreo de la clase trabajadora.

20.) El Estado eleva la edad de jubilación en lugar de aumentar las aportaciones de los ricos a la seguridad social, lo que se traduce en que los trabajadores de entornos no saludables disfrutarán de menos años de jubilación con buena salud.

21.) Es más probable que el sistema judicial del Estado dicte sentencias favorables a los demandantes ricos que disponen de abogados con un salario alto y buenas relaciones políticas, y contrarias a los trabajadores, a quienes defienden abogados de oficio y sin experiencia.

22.) Es más fácil que los recaudadores del Estado inspeccionen a los contribuyentes asalariados que a los directivos empresariales de clase alta que contratan a contables especializados en lagunas fiscales y en tomar medidas de protección libres de impuestos.

Conclusión

En sus múltiples actividades, ya sean las relacionadas con velar por el cumplimiento de la ley, reclutar soldados, establecer políticas fiscales y de gasto, o promulgar legislación y administrar el medio ambiente, las pensiones o la jubilación, el Estado favorece sistemáticamente a las clases altas y las élites empresariales en contra de los trabajadores y los pequeños empresarios.

El estado es permisivo con los ricos y represivo con la clase trabajadora y asalariada, y defiende los privilegios de las grandes corporaciones y la impunidad del Estado policial cuando quebranta las libertades individuales de los trabajadores.

Las políticas del Estado extraen cada vez más de los trabajadores en concepto de ingresos fiscales, y ofrecen cada vez menos en prestaciones sociales, al tiempo que disminuyen la contribución fiscal de Wall Street e hinchan las transferencias del Estado.

La percepción de la población de a pie de que el Estado es hostil y explotador se corresponde con su experiencia práctica cotidiana; su conducta antiestatal es selectiva y racional; la mayor parte de los trabajadores sustentan la seguridad social y las prestaciones de desempleo, y se oponen a las subidas de impuestos porque saben o intuyen que son injustas.

Los universitarios y expertos liberales que afirman que los trabajadores son «irracionales» son a su vez profesionales de una crítica muy selectiva: señalan los (menguantes) beneficios sociales del Estado al tiempo que ignoran un sistema fiscal injusto y no equitativo y la conducta parcial del sistema judicial, policial, legislativo y normativo.

El personal del Estado, los legisladores y las autoridades policiales son atentos, receptivos y respetuosos con los ricos, y muestran hostilidad, indiferencia o arrogancia hacia los trabajadores.

En resumen: lo que de verdad pasa no es que la gente está contra el Estado, sino que el Estado está contra la mayoría de la gente. Ante la crisis económica y las guerras imperialistas prolongadas, el Estado se muestra descaradamente más agresivo a la hora de recortar el nivel de vida para canalizar unos fondos públicos que alcanzan cifras de récord hacia los especuladores de Wall Street y el complejo militar-industrial.

Mientras los «liberales-progresistas» siguen sumidos en la ideología estatista «neokeynesiana», anticuada ante un Estado profundamente arraigado en las redes empresariales, la retórica «antiestatista» de la Nueva Derecha se hace eco de los sentimientos, experiencias y argumentaciones de sectores importantes de las clases trabajadoras y los pequeños empresarios.

El esfuerzo de los liberales y los progresistas por desacreditar esta revuelta popular contra el Estado indicando que el movimiento antiestatista está financiado por las grandes empresas y manipulado por la derecha está condenado al fracaso, pues no logra abordar las profundas injusticias que padecen hoy día las clases trabajadoras en sus relaciones cotidianas con un Estado gestionado en buena medida por militaristas y liberales defensores de la gran empresa. La ausencia de una izquierda antiestatista ha abierto la puerta al ascenso de una masa apoyada en la «Nueva Derecha».

En la sociedad civil emergerá una «nueva izquierda» cuando logre reconocer el pernicioso papel explotador del Estado y sea capaz de explicarlo mediante los poderosos vínculos existentes entre el «bienestarismo» del liberalismo, el militarismo y el corporativismo. La recuperación y la expansión de los mermados programas sociales para las clases trabajadoras sólo pueden tener lugar si se desmantela el aparato estatal actual, y eso depende de que se produzca una ruptura absoluta con el bando de la gran empresa y se establezca un calendario que «revolucione» el funcionamiento de la política en Estados Unidos.

18.6.10

Reacomodo mafioso de fuerzas al interior del bloque en el poder

Mexico
Antonio Mora

Presentación

El gobierno de los EE.UU. asume el mando operativo y territorial de la seguridad nacional del vecino país al sur de su frontera. Los herederos del pueblo azteca son mudos y tele-pasivos testigos de la virtual puertorriqueñización de México. Se instaura de facto, un estado de excepción y se suprimen las garantías individuales de los ciudadanos. Se consolida en México un estado de contrainsurgencia y se profundiza el neoliberalismo, proyecto capitalista que ya en el año 2008 mostró su agotamiento estructural en el mundo entero.

Se afianzan las únicas y preponderantes políticas públicas: la corrupción y la impunidad. También se desmantela a la nación entera: se venden a precio de saldo los bienes y los recursos naturales y se privatizan todos sus servicios públicos. La soberanía nacional, el nacionalismo y los valores emanados de la revolución, que en el siglo pasado dieron sentido de pertenencia e identidad, son enviados al baúl de los odiados recuerdos para los actuales gobernantes en turno (herederos éstos de la oligarquía criolla novohispana y los voraces hacendados del norte del país).

Ahora bien ¿Cómo interpretar el actual período en México? ¿Cómo explicar el reciente sainete mediático de la desaparición del sr. Diego Fernández de Cevallos? No es fácil vencer la tentación de sustituir un riguroso análisis de período con ingeniosas ocurrencias que tan sólo retoman hechos aislados, con las jocosas anécdotas de los personeros de la clase política o con las babeantes aseveraciones de los “analistas” televisivos. Vayan estas líneas con el propósito de contribuir a un impostergable y sano debate de las ideas, así como a la construcción del pensamiento crítico.

Postura

No comparto la postura de quienes, tal vez confundiendo sus legítimos anhelos personales con un análisis estructural riguroso desde el materialismo histórico, repiten desde hace diez años que el sistema de dominación mexicano “se encuentra en crisis”.
¿Acaso asistimos a un período de ingobernabilidad en México? ¿Las reformas estructurales más recientes en materia energética y fiscal encontraron una férrea resistencia popular? ¿Qué premisa del capitalismo neoliberal ha sido tan siquiera amenazada desde la llegada de la ultraderecha neocristera del bajío a la titularidad del poder ejecutivo? ¿Es lo mismo falta de legitimidad que ingobernabilidad? ¿Acaso alguien esperaba ver al frente de la presidencia a un estadista? ¿No siguen siendo los procesos electorales los legitimadores del poder? ¿Dejaron ya los partidos de ser la representación de la delincuencia organizada y quienes se reparten con mexicana alegría buena parte del erario y los cargos públicos? Duele decirlo, pero presenciamos el ocaso de la nación mexicana. Ocultarlo detrás de la retórica ideologizada del altermundismo tan sólo impide al pueblo mexicano construir alguna salida digna, que organice estratégicamente el descontento popular.

Ni el sistema de dominación perdió fuerza ni está en crisis, se encuentra inmerso en un reacomodo mafioso entre sus distintas facciones. No confundamos nuestros legítimos deseos personales con los hechos reales. Al realizar análisis e interpretación de período utilicemos la cabeza, no el estómago. Decir que México tiene al frente del poder ejecutivo a un psicópata borrachín no es faltar a la verdad, pero ello no es suficiente para explicar la creciente militarización de las relaciones sociales, la inseguridad pública y la desatada actividad de la delincuencia organizada. Hace falta desentrañar las condiciones estructurales que expliquen el comportamiento del estado mexicano y el de sus instituciones de gobierno.

Los enroques al interior del gabinete del poder ejecutivo, en particular el nombramiento del sr. Fernando Gómez Mont (abogado subordinado a los gansteriles negocios del sr. Fernández de Cevallos) al frente de la Secretaría de Gobernación, representan un reacomodo mafioso de fuerzas al interior del bloque en el poder, para acelerar el inminente proceso de consolidación de un estado de contrainsurgencia en México; privilegiando a las facciones vinculadas al capital financiero de los EE.UU. y al de España; además de otorgar un privilegiado espacio social y mediático a los personeros emanados del yunquismo.

Es decir, México transita por una rearticulación mafiosa de fuerzas al más puro estilo de las mafias italoamericanas de los años 30s y 40s en los EE.UU., empleando los códigos utilizados por éstas: lucha sangrienta por los territorios y por las ilícitas ganancias derivadas de la delincuencia organizada; el combate por apadrinar los cárteles así como por asegurar la corrupción y la complicidad del poder político en todos sus niveles. Dicho sea en un comprensible castellano, significa una rearticulación de las diferentes fuerzas que conforman el sistema de dominación.

Ya no me extiendo en este tema, le doy puerta por el momento señalando que la derecha llegó al poder desde 1982 y ésta se consolidó con el salinismo. Después, en el año 2000 quien tomó la titularidad del poder ejecutivo federal fue la ultraderecha neocristera del bajío. La clase política contiene en su interior a un muy reducido número de personeros e instancias quienes realmente son los que toman las decisiones que definen el rumbo de México. La ultraderecha neocristera del bajío ha consolidado su hegemonía al interior de la clase política e impone el ritmo requerido para instaurar un estado de contrainsurgencia. A los interesados en profundizar lo referido a la conformación del sistema de dominación, los remito a la noción de “clase política y clase reinante” que de manera lúcida ha expuesto el sociólogo e investigador de la UAM, Jaime Osorio.

10 tesis de período

10 son las tesis que pongo a consideración del paciente lector, mismas que buscan interpretar el sentido estratégico del actual período en México, el orden es arbitrario:

1- Refuncionalización del sistema de dominación.
2- Institucionalización de los poderes fácticos.
3- Profundización estructural de la dependencia.
4- Instauración mediática de la democracia representativa liberal como único
sistema político autorizado.
5- Aprobación legislativa de la tercera generación de reformas estructurales.

6- Consolidación de la ultraderecha neocristera del bajío al interior de la clase
política.
7- Cerco y aniquilamiento del descontento popular.
8- Organización de la base social conservadora.
9- Descomposición social.
10- Consolidación estratégica del estado de contrainsurgencia.

1- Refuncionalización del sistema de dominación

Si bien en el actual período no se vislumbra en el corto plazo un ascenso en los niveles de movilización y organización sociales, desde el poder prefiguran ya que las reformas estructurales regresivas tarde que temprano terminarán por generar un enorme rechazo popular y se multiplicarán las movilizaciones de los sectores más golpeados por dichas políticas.

A lo anterior debemos sumar que cada vez son más los sectores que, si bien de manera aún desorganizada, empiezan a expresarse al margen de la clase política y su inmoral sistema de partidos. Para la clase política toda es ya alarmante reconocer que en las pasadas elecciones presidenciales del 2006 siete de cada diez mexicanos se abstuvieron de votar. Significativos segmentos de la población más desfavorecida inician ya un proceso de perfilamiento –aún intuitivo- de su verdadero enemigo de clase: el capitalismo neoliberal, la democracia representativa y la delincuencia organizada en partidos políticos.

El arribo de un perfecto tecnócrata formado en las esferas de la economía financiera a la SEDESOL, para conducir la política social del fecalismo dibujan de manera nítida a la ultraderecha: anteayer, programas asistenciales; ayer, limosnas filantrópicas; ahora, atole con el dedo pero sin atole.

La refuncionalización del sistema de dominación es entonces una medida preventiva en contra del ascenso en los niveles de confrontación clasista. La ultraderecha se adelanta a las repercusiones sociales de su política de hambre.

No olvidemos que la estrategia de contrainsurgencia no es sólo la aplicación de una estrategia militar de cerco y aniquilamiento. Es también una estrategia preventiva de conflictos sociales, de la organización independiente del pueblo y de la rebeldía generada por la inmoral concentración de la riqueza

Para atender este escenario social la ultraderecha en el poder busca hoy refuncionalizar su sistema de dominación, pasando del corporativismo priísta-perredista, a la pulverización del tejido social y todo rastro de convivencia comunitaria.

2- Institucionalización de los poderes fácticos

Para efectos del presente análisis de período resulta menester subrayar la institucionalización de los poderes fácticos, es decir, las mafias y los grupos de poder que financiaron la campaña presidencial del sr. Calderón: la delincuencia organizada, el narcotráfico particularmente el cártel del pacífico, el Centro Coordinador Empresarial y la Asociación Mexicana de Bancos, la alta jerarquía católica, el monopolio de los medios de información y reproducción ideológica, la industria del entretenimiento masivo dependiente de los monopolios televisivos, el capital financiero-parasitario-especulativo representado por el FMI, el Banco Mundial y por Banxico, el grupo Carso y su presidente el “hombre más rico del mundo”, las cofradías clandestinas del clericalismo fundamentalista neocristero del bajío, los grandes despachos de abogados quienes al amparo del poder público amasan enormes fortunas, los cuerpos paramilitares armados y entrenados por los poderes caciquiles regionales, las mafias internacionales con franquicias en nuestro país destacadamente la gusanera de Miami).

Desde la llegada del panismo yunquista a la presidencia en México en el año 2000, los poderes delincuenciales y mafiosos – en el mayor de los casos disfrazados de honorables empresarios- , encontraron las puertas abiertas para asumir directamente el control del poder político y así consolidar su presencia, además de asegurar estar presentes cuando los tomadores de decisiones de la clase política (altos funcionarios del ejecutivo, legisladores y altos magistrados del poder judicial) instrumentan políticas públicas, dejando al titular del ejecutivo federal en calidad de vulgar capataz bananero de sus patrones, los verdaderos tomadores de decisiones quienes pretenden imponer su mafioso, regresivo y autoritario proyecto de nación.

Es decir, la población mexicana vive inerme un proceso delincuencial mediante el cual las diferentes mafias amasan enormes fortunas, siempre al amparo del poder político. El actual clima de inseguridad pública y profundo deterioro social en México, son nítidas expresiones de la sanguinaria guerra entre los poderes fácticos por institucionalizarse en las mejores condiciones… la tradicional lucha a sangre y fuego entre los padrinos para congraciarse con el monarca en turno y sentarse a su mesa.

El actual escenario mexicano nos hace rememorar cuando se formaron los estados nacionales europeos en el siglo XVI, las mafias habían logrado internarse en las entrañas de los entonces gobiernos monárquicos… “El origen de la mafia se remonta al siglo XV en España, cuando surgieron sociedades secretas dedicadas a vender protección y a ejecutar atentados, que lo mismo comprendían palizas que asesinatos. Caso típico fue la confraternidad de la Garduña y Honrada Hermandad, cuyo poder llegó a ser de tal magnitud que su gran Maestre […] llegó a ser secretario privado del Rey Felipe III”.

3- Profundización estructural de la dependencia

Tal como se describe en el ensayo Hacia un estado de contrainsurgencia … “la doctrina de contrainsurgencia [...] tiene como tarea prioritaria contener las luchas populares, apuntalar la división internacional del trabajo, establecer la supremacía del capital financiero por sobre el capital-mercancía, recomponer el esquema de dominación y restablecer la hegemonía de los sectores burgueses monopólicos proimperialistas, para llevar adelante las transformaciones estructurales que consoliden la nueva fase del capitalismo financiero: el neoliberalismo”.

Lo anterior se traduce en la urgente necesidad que el poder político y sus familias más prominentes tienen para profundizar la dependencia estructural de nuestra economía al capital financiero-monopólico-especulativo internacional; violentando por completo la soberanía nacional y el orden constitucional. En particular, la actual clase reinante yunquista centra sus abyectos esfuerzos en establecer mayor dependencia hacia el capital neofranquista con sede en Madrid y que tiene como principal publirrelacionista para latinoamérica al patético bufón de la corte bushiana, el sr. Aznar.

A la fecha, el 90% de la industria editorial mexicana está en manos de mercachifles gachupines, el 80% del estratégico sector bancario, el 100% de la distribución del gas estacionario en el D.F., el 50% de las radiodifusoras comerciales; por sólo mencionar algunos sectores de la economía y los servicios en manos de vulgares abarroteros de saco y corbata. La restauración de la Nueva España estaba (y aún continúa) en la mira de la ultraderecha católica española, con la designación del virrey Mouriño, sólo que no contaron con que dicho personaje, además de su novatez en el conocimiento de las cloacas de la nomenklatura mexicana, no contaba con el consenso ni la aprobación de la clase política.

4- Instauración mediática de la democracia representativa liberal como único sistema político autorizado

En la perspectiva de legitimarse socialmente e imponer su concepto de democracia liberal representativa (“democracia de baja intensidad” como la ha bautizado el economista egipcio Samir Amín, concepto de democracia en donde el ciudadano pasa a ser un pasivo consumidor), el estado mexicano ha impuesto a la sociedad toda, el sistema de partidos, la lógica parlamentaria y a los procesos electorales como únicas instancias y momentos en que los ciudadanos puedan ejercer su participación política. Para ello ha contado con el incondicional apoyo mediático de los medios electrónicos televisivos.

En un sector de la población lo ha logrado, en el segmento de los ciudadanos que regularmente acuden a las urnas. Si sumamos los porcentajes obtenidos por el PAN, el PRI, el PVM y el PANAL en el proceso electoral del 2006, el 60% de los votantes optó por una opción de derecha. Siendo precisos y tratando de desideologizar el sentido de estos votos, es viable afirmar que el electorado mexicano es básicamente una población conservadora. Como es también pertinente no confundir el perfil del electorado con el de la población nacional toda.

En los indicadores del proceso electoral del 2006 en México en que el electorado eligió al sr. Calderón como su presidente, se evidencia la perversidad de la democracia que ofrece el capitalismo en su fase neoliberal:

En números redondos en las pasadas elecciones votaron 41 millones de personas, es decir sólo el 39% del total de la población en México. El abstencionismo real fue del 61%, esto es, de cada 100 mexicanos 61 no votaron. 15 millones, 284 mil votantes sufragaron por Fecal, es decir, sólo el 14% de la población total de México. Quiere decir que el 14% de la población total en México elige al presidente de la República. 14 de cada 100 mexicanos eligen al 100% del gabinete, al 100% del cuerpo diplomático. 14 de cada 100 mexicanos legitiman las políticas públicas del poder ejecutivo que habrán de decidir el rumbo económico, el destino de sus recursos naturales y el de su patrimonio cultural.

A estas contundentes cifras el gobierno mexicano y su numeroso contingente de jilguerillos, disfrazados de analistas televisivos, le llaman “democracia”.


5- Aprobación legislativa de la tercera generación de reformas estructurales

Con el actual reacomodo mafioso de fuerzas al interior del bloque en el poder, la clase política busca complacer a los organismos internacionales del capitalismo financiero neoliberal (FMI, Banco Mundial, OCDE, BID), generando las condiciones materiales y jurídicas que le permitan en el corto plazo imponer la tercera generación de reformas estructurales: 1) la privatización de nuestros recursos energéticos, 2) el despojo y la privatización de nuestros recursos naturales y de nuestro patrimonio cultural, 3) la instauración de un esquema fiscal-hacendario persecutorio, 4) la desarticulación de la relación capital-trabajo y la vida sindical, al legalizar la flexibilización y la precarización laborales con la virtual desaparición de la ley federal el trabajo, y 5) una “reforma política” a modo de sus intereses que le permita la reelección indefinida de legisladores, la eternización del corrupto sistema de partidos como única vía de acceso a la vida política, así como la posibilidad de abrir las puertas a las “candidaturas ciudadanas” para la presidencia de la república, ante el enorme desgaste y desprestigio de la actual clase política toda.

Con estas reformas estructurales, que buscan refuncionalizar el modelo de acumulación capitalista, el actual bloque en el poder y en particular la ultraderecha neocristera del bajío, darán la última palada a los logros de la revolución mexicana y a la Constitución. Será su festiva manera de festejar el bicentenario de la independencia y cobrar revancha” de la revolución.

6- Consolidación de la ultraderecha neocristera del bajío al interior de la clase política


La ultraderecha yunquista consolidó su presencia política en México el pasado 2 de julio del 2006, de ser prácticamente marginal hasta hace veinte años, pasó a detentar la titularidad del poder ejecutivo y una considerable proporción del gabinete en turno. La avalancha en favor de “reconocer el triunfo” del candidato de la ultraderecha, para “defender la legalidad y a las instituciones”, así como para descalificar cualquier intento para revertir “su triunfo” fue notorio. La ultraderecha es ya la primera fuerza en el poder legislativo, la segunda en los gobiernos estatales; y asegura un consenso ideológico abrumador entre los líderes de opinión pública de la t.v., radio y medios impresos.

Todavía durante el sexenio foxista, la ultraderecha compartió el poder con los restos del antiguo régimen priísta; ya sea por falta de experiencia en la administración pública, por provenir del ámbito gerencial, así como por carecer de una figura creíble y con autoridad en el poder ejecutivo federal.

En la lógica reaccionaria de la ultraderecha, todo es todo: el gabinete de yuppies del ITAM del sr. Fecal van por violentar el estado laico, por desaparecer la educación pública gratuita, por desmantelar los servicios públicos de salud y de bienestar social que aún subsisten, por eliminar la jornada laboral de 8 hrs., por entregar nuestros recursos naturales y todo nuestro patrimonio cultural a las corporaciones multinacionales. Ya no están ni siquiera interesados en detenerse otorgando concesiones asistencialistas, tan sólo limosnas (teletones, “iniciativa México”), que de paso les sean útiles para limpiar dinero de sus ilícitos negocios, a la vez que se hacen aparecer como “respetables” filántropos.

7- Cerco y el aniquilamiento del descontento popular

Lo sucedido en el mpio. de Lázaro Cárdenas en Michoacán (SICARTSA); en Atenco, EdoMex., y en la capital de Oaxaca en contra de la APPO, apenas iniciado el actual período presidencial del sr. Fecal, no son el resultado únicamente de un abuso de la policía, el exceso en el legítimo uso de la fuerza pública o la violencia ejercida por individuos fuera de control. Los recientes hechos de violencia institucional responden a planeados operativos de contrainsurgencia desde el Estado. Todo operativo de contrainsurgencia lleva implícitos algunos mensajes, así como sus destinatarios.

El estado panista de contrainsurgencia, no permitirá ninguna movilización fuera de los límites institucionales del actual esquema de dominación, entiéndase: la democracia representativa-parlamentaria y su sistema de partidos. El mensaje es claro: “Si no votas, cállate; si no votas, te daremos de palos; si no votas, tu protesta es ilegal; si no votas, no existes en el México democrático”.

Por eso, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y la APPO en Oaxaca, fueron brutalmente golpeados; porque son un mal ejemplo para el pueblo, de la posibilidad real para detener arbitrariedades y abusos del poder público cuando se cuenta con una respuesta organizada, independiente, decidida y comunitaria.

“¿Quieren ser de Izquierda?”. Para los de arriba sólo existe una izquierda posible: la izquierda parlamentaria, la izquierda descafeinada, “la izquierda moderna” le llama el poder. Todos los demás inconformes están fuera de la ley, son subversivos, terroristas, agitadores profesionales, delincuentes comunes, guerrilleros o trasnochados ultraizquierdistas… “¿Quieren libertad de expresión?”, digan todo lo que quieran, siempre y cuando sea dentro de las campañas electorales (…quien les manda ser nacos, feos y además pobres…).

Todo lo anterior tiene un alto costo político para el gobierno. La doctrina de contrainsurgencia lo sabe, pero valora que una vez logrado su objetivo estratégico (la eliminación de la fuerza subversiva), iniciará su fase de recuperación de base social. Disminuirá la represión hacia la población, para entonces ya aterrada y desorganizada. Es decir, la campaña de cerco y aniquilamiento tiene un plazo determinado. Otra medida posterior a las operaciones de contrainsurgencia son el reagrupamiento y la cohesión de la clase política toda, en complicidad con los poderes fácticos.

Los tres poderes de la unión, los partidos políticos todos, así como el resto de las fuerzas mafiosas que componen el poder tomados de la mano, enalteciendo al “México ganador y emprendedor, que no critica sino que es pro-activo”… y al fondo, proyectándose con sublime música de fondo el promocional propagandístico (al más puro estilo del fascismo) del actual director técnico del combinado futbolero.

8- Organización de la base social conservadora


“La derecha ganó las calles que la izquierda abandonó”, reza una pinta estampada en la descuidada barda de un barrio marginal al sur del cd. Victoria, Tamaulipas, entidad al norte de México. Más allá de la anécdota testimonial, la frase da cuenta de dos fenómenos relativamente recientes en el México contemporáneo: la traición ideológica, el distanciamiento de las luchas sociales y el abandono de sus convicciones de las dirigencias de las izquierdas mexicanas; y por otro lado, la presencia en los espacios públicos, la organización primaria y el posicionamiento mediático de sectores conservadores de las llamadas clases media-alta y alta de la sociedad mexicana.

Segmentos demográficos que hasta hace treinta años permanecían ocultos en las sombras, conjurando desde los templos, algunos centros educativos y varios espacios clericales-yunquistas camuflados de instituciones altruistas: el movimiento familiar cristiano, los boys scouts, la asociación de padres de familia, y otros. Impensable hace treinta años que dichos sectores conservadores se atreviesen a pronunciarse por violentar el estado laico, en contra de la gratuidad de la educación, por reestablecer “derechos” a la iglesia católica, y algunos otras privilegios que la ultraderecha considera les fueron injustamente arrebatados por la chusma revolucionaria durante el conflicto armado 1910-1917.

Ahora es frecuente ver que las calles son tomadas por cientos de personas de las clases media y alta, pronunciándose en contra de la inseguridad pública, por la “paz social” y a favor del reestablecimiento de un régimen de mano dura que ponga orden y progreso. Las iniciativas desde la “sociedad civil” para impulsar proyectos de excelencia y de claro corte de motivacional, de superación personal y de autoayuda, son monopolizados –además de beneficiarse con recursos públicos- por las instituciones de asistencia privada (IAPs), universidades privadas y los patronatos empresariales.

Los obscuros acuerdos que el salinismo estableció con los sectores más conservadores de México para “legitimarse” después del magno fraude electoral que lo impuso al frente de la presidencia en 1988 y que le permitió gobernar así como imponer su neoliberal proyecto capitalista, que no era otro sino el mismo proyecto histórico del panismo (privatizaciones, venta de paraestatales, adelgazamiento del estado y sus obligaciones sociales, mayor peso del sector empresarial en las decisiones de estado, dejar a las fuerzas del libre mercado la regulación de los precios), abrió las puertas para el fortalecimiento de los sectores reaccionarios, quienes ya no se conformaron con ejercer el poder económico desde los entretelones del escenario, sino que decidieron pasar a ser los actores protagónicos, salir a las calles, ganar la plaza pública, los espacios mediáticos e imponer su retrógrado pensamiento decimonónico.

Si la derecha ganó las calles que la izquierda abandonó, también arrebataron las banderas de sus reivindicaciones sociales y hasta sus símbolos, sus emblemas y sus iconos. El pensamiento crítico progresista y de izquierda desapareció y hoy es substituido por un discurso autocomplaciente, light y veladamente atávico. Ahora la ultraderecha también pontifica desde la t.v., la radio, la industria editorial y la prensa escrita. ¿Vox populi vox dei?

9- Descomposición social

El movimiento estudiantil-popular de 1968 generó, más allá de sus palpables consecuencias en el ámbito político, significativas modificaciones culturales en las conductas sociales de su época: revaloración del trabajo colectivo, recuperación de la vida comunitaria, normas de convivencia solidarias y una mayor identificación ideológica de clase. Este impacto social se desarrolló todavía a lo largo de la década de los 70s, década de ascenso en los niveles de lucha y organización sociales en México, con una clara orientación progresista de izquierda y afín a las banderas de las luchas de liberación nacional que se gestaban entonces en buena parte del mundo.

Como vía para golpear, dividir y corromper a amplios sectores de la sociedad y así desdibujar la conciencia de clase emanada del movimiento estudiantil-popular de 1968 y sus secuelas, al inicio de la década de los 80s. el estado mexicano y sus instituciones, además de la industria televisiva del entretenimiento, se dieron a la tarea de fracturar ese tejido social. El patrón de acumulación capitalista en México pasó de ser una economía productiva exitosa en los 50s, a una economía parasitaria financiera y de servicios; estudiar una carrera universitaria dejó de ser una vía de ascenso social. La otrora pujante clase media pasó a ser una categoría cultural más que económica.

A la postre, este proceso de pauperización social y de proletarización intelectual, generó una lumpenización creciente, la enajenación y la nembutalización masiva de la población; se instauraron generaciones de gringos nacidos en México. Proliferó el aislamiento, la individualización, el canibalismo social, el valemadrismo militante, la corrupción como elemento de unidad nacional, la violencia desenfrenada en la convivencia cotidiana, la agresividad patológica y en general se prohijó a una sociedad de adolescentes mentales, frustrados y con una autoestima debilitada. Se había incubado el huevo de la serpiente. Ciudad Juárez, fronteriza con los EE.UU. en el estado de Chihuahua, es tan sólo un buen ejemplo a escala de este proceso de fractura y descomposición del tejido social.

Estaban creadas las condiciones materiales, estructurales y subjetivas para derivar en el peor de los países posibles: corrupción e impunidad, delincuencia organizada desatada, clase política inmoral, sectores progresistas atomizados, izquierda social inexistente; así como el desencanto, la impotencia, la rabia y el desconsuelo dibujado en el atónito rostro del mexicano.

10. Consolidación estratégica del estado de contrainsurgencia

La doctrina de contrainsurgencia es la aplicación a la lucha política de un enfoque militar. Además, tiene como propósitos centrales a saber tres: el cerco y el aniquilamiento, la conquista de base social y la institucionalización autoritaria de la democracia liberal representativa. La doctrina de contrainsurgencia ve al adversario como al enemigo al que no sólo debe derrotar, sino aniquilar.

La doctrina de contrainsurgencia fue diseñada por el Pentágono, en los EE.UU., con base en la experiencia francesa en Argelia e Indochina. Consiste en la represión sin límites, utilizando cualquier método que pueda ser eficaz para combatir a las fuerzas subversivas (la tortura, la desaparición, la infiltración, la confusión psicológica), con el propósito de desmoralizar, amedrentar y eliminar físicamente a grupos y comunidades completas; descubriendo su estructura organizativa, dirigiendo sus operaciones hacia el aniquilamiento sistemático de sus direcciones y mandos medios. Lo anterior tiene un alto costo político para quien lo practica. La doctrina de contrainsurgencia lo sabe, pero valora que una vez logrado su objetivo estratégico, es posible iniciar la fase de recuperación de base social entre la población para entonces ya aterrada y desorganizada. Es decir, la campaña de aniquilamiento tiene un plazo determinado.

Resumiendo: el estado de contrainsurgencia es un estado corporativo, entre el capital monopólico-financiero y las Fuerzas Armadas; independientemente de la forma que asuma ese Estado. Así, la toma de decisiones se desarrolla al margen de las demás instituciones y poderes del estado burgués.

Las dictaduras militares en América Latina de los años 60s a mediados de los 80s fueron entonces un requerimiento para apuntalar la división internacional del trabajo, la cual estableció la supremacía del capital financiero por sobre el capital-mercancía. Era imperativo para las burguesías criollas dependientes y el imperialismo, envueltos en una crisis prolongada del sistema capitalista, una reorganización de la producción, entregar la mano de obra a la superexplotación, poniendo como condición la destrucción de las organizaciones de clase.

La doctrina de contrainsurgencia en América Latina en dicho período, tuvo como tarea prioritaria contener las luchas populares, recomponer el esquema de dominación y reestablecer la hegemonía de los sectores burgueses monopólicos proimperialistas y llevar adelante las transformaciones estructurales para imponer en el continente la nueva fase del capitalismo financiero: el neoliberalismo. Los aparatos represivos constituyeron ya no sólo la columna vertebral del Estado, sino también su cerebro, el eje de articulación del sistema de dominación en su conjunto.

Si bien en México la doctrina de contrainsurgencia en dicho período no adquirió la forma de dictadura militar, en cambio sí asumió todas las fases de un estado de excepción: supresión de libertades individuales, represión selectiva, detención, desaparición y tortura; asesoría, entrenamiento e intervención disfrazada de las FF.AA. del imperialismo gringo; aniquilamiento físico de agrupamientos rebeldes y organizaciones de clase. Incluso se llegó a instrumentar acciones de baja intensidad (aldea arrasada, instrumentada en Viet Nam) que consistió en hostigar a la población civil considerada “base social de apoyo” de las fuerzas subversivas. En el estado de Guerrero familias y comunidades enteras de la zona de Atoyac de Álvarez fueron literalmente borradas del mapa.

La violación de los preceptos más elementales de la ideología burguesa tenía que hacerse en nombre de esa ideología. Se suprimieron las garantías y los derechos ciudadanos bajo el pretexto de defender a esas garantías y a esos derechos. Se instaura un régimen de terror institucionalizado por “el bien de la paz social”.

Decenas de jóvenes, quienes vieron cerrados todos los espacios legales para su participación social, fueron detenidos, torturados y aún desaparecidos por el único delito de repartir propaganda en alguna zona fabril, hacer una pinta o realizar un mitin relámpago. El estado mexicano instrumentó entonces una estrategia de contrainsurgencia contando para ello con la complacencia y complicidad del imperialismo gringo; para ello envió a oficiales a la Escuela de las Américas en el Canal de Panamá para su entrenamiento, también a la academia militar de West Point e incluso contó con la asesoría y el pertrechamiento del ejército de Israel en tácticas de contrainsurgencia urbana.


A continuación enlisto los rasgos de la contrainsurgencia, recuperando el registro testimonial y de observación, así como algunas fuentes documentales:


Operación articulada con mando único, de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); así como para coordinar a las distintas instancias castrenses.


Criminalizar la pobreza, al dirigir el operativo hacia sectores depauperados.

Cerco y aniquilamiento, destinado no sólo ha golpear o propinar un susto, sino expresamente para desmantelar por completo a una organización social; al reducir, eliminar y aún encarcelar a sus dirigentes y mandos medios.

Sembrar un clima de terror y pánico entre la población; que construya un imaginario colectivo de impotencia, orfandad y vulnerabilidad absolutas. Se trata aquí de dar una lección ejemplar a la población.

La infiltración, la detención, la tortura, la confusión ideológica y la persecución indiscriminada.

La desmoralización, el amedrentamiento y la humillación, al individualizar las detenciones y los interrogatorios.

La militarización de las relaciones sociales, al acostumbrar a la población a la presencia de cuerpos policíacos y militares en las calles para resolver conflictos del orden jurídico y aún civil.

La supresión de garantías individuales y los derechos humanos, estableciendo de facto un estado de excepción, un virtual estado de sitio.

La utilización de un lenguaje característico de la doctrina de seguridad nacional: “estado de derecho”, “nadie por encima de la ley”, “actuó la fuerza pública para traer la paz”.

La conformación de grupos paramilitares, para que sean éstos quienes hagan el trabajo sucio, sin que pongan en evidencia al ejército.


El control absoluto de los medios de información, para ocultar la verdad, además de difundir la propaganda oficial.

Articulación militar extraterritorial y subordinación logística a los mandos militares del Pentágono, EE.UU.

Bendición de la alta jerarquía católica, como instrumento de consenso social.


Propaganda discursiva de la contrainsurgencia: unidad nacional, estado de derecho, orden y progreso; además de provocar el odio clasista y el fundamentalismo.

Las fuerzas militares, tanto regulares como los grupos paramilitares, se comportan como ejércitos de ocupación; quienes tomarán como botín de guerra a las mujeres, los bienes materiales y aún las vidas de seres humanos.

Virulento embate en contra de las instituciones y sus preceptos republicanos: el estado laico, la educación pública, la soberanía nacional; así como la agresión directa en contra del mundo intelectual, la producción cultural, el conocimiento científico y la generación de expresiones artísticas al margen de la industria televisiva.

Descomposición social generalizada: lumpenización, valemadrismo, desconsuelo, impotencia; desintegración familiar y comunitaria, delincuencia hiperviolenta, feroz competencia individualista.

Acompañando estos rasgos distintivos, siempre va también el ejercicio de la democracia representativa, en su actual versión neoliberal: la democracia de baja intensidad, es decir, un concepto de democracia en donde el ciudadano pasa a ser un pasivo consumidor. Salvo contadas excepciones, el estado de contrainsurgencia combina la brutal represión con medidas de legitimación social. Para ello, siempre ha contado y contará, con la complicidad mezquina de antiguos dirigentes democráticos y de izquierda, dispuestos a traicionar sus convicciones ha cambio de migajas del poder.

Sin la aprobación del Congreso, el gobierno de Fecal ya instrumenta el Cuerpo Federal de la Policía, bajo un esquema semejante al de los marshall en EE.UU., esquema diseñado con la supervisión de la Guardia Civil española, el FBI y la policía francesa. Con mando único, la nueva policía podrá realizar un gran despliegue de elementos con alta capacidad de operación y detención inmediatas; estableciéndose para ello células de inteligencia en todo el país (C4, centros de control e investigación policíaca). Para alcanzar tal propósito, ya se trabaja en la integración de una base de datos única, en un mapa georreferencial de la rebelión.

La doctrina de contrainsurgencia, a veces inventa escenarios de pánico colectivo para medir la respuesta social. Otras veces aprovecha sucesos reales intentando avanzar en su proyecto estratégico buscando: atemorizar a la población que buscaría en otras circunstancias una organización independiente propia; consolidar la presencia militar en las calles y espacios públicos; incrementar la doctrina de la "seguridad nacional"; buscar la legitimidad política que la democracia representativa ya no alcanza a otorgarle al poder político; operación articulada con mando único de los distintos niveles de gobierno; sembrar un clima de terror y pánico sociales que construya un imaginario de impotencia, orfandad y vulnerabilidad absolutas; la desmoralización y la humillación colectivas al individualizar las conductas sociales; la supresión de las garantías individuales, estableciendo de facto un estado de excepción; el control absoluto de los medios de información para que sean éstos quienes hagan el trabajo sucio de justificar políticas públicas corruptas e ineficientes; propaganda discursiva de la doctrina de contrainsurgencia: "unidad nacional", “cerremos filas” y “altura de miras”

Ayer fue Díaz Ordaz, hoy se llama Fecal; ayer fue Echeverría, hoy se llama Gómez Mont; ayer fue la brigada blanca, el BARAPEM, los halcones y la DFS, hoy es la AFI, la PFP, el CISEN y los zetas. Ayer fue el delito de disolución social, ahora es el delito de ser pobre. Ayer fue el Yunque, hoy es nuevamente el Yunque.

Otros rostros, otros nombres; un mismo discurso, un mismo propósito: el cerco y aniquilamiento de la resistencia, la insurgencia, la autodefensa y la rebelión legítimas del pueblo.

Epílogo

Sea cual fuere el desenlace del caso Fernández de Cevallos, el suceso forma parte del reacomodo mafioso de fuerzas al interior del bloque en el poder. El grupo delincuencial que perpetró la desaparición envía un claro mensaje al resto de las fuerzas en pugna: “soy la única fuerza capaz de realizar una operativo de tal envergadura y mi capacidad para ejercer la venganza y un ajuste de cuentas interno es infinito”. Por lo demás en esta ocasión el personaje en sí mismo es el mensaje. Se seleccionó justo al más representativo personaje del neo-criollismo de la ultraderecha mexicana: altanero, prepotente, soberbio y clasista.

De paso y no como algo aleatorio, se le golpea en donde más le duele a la figura retenida: en su desmedido orgullo y en su patrimonio mal habido. Ambos rasgos los conoce a la perfección quien realizó con milimétrica planeación la oportuna operación. En sí mismos ambos logros constituyen no sólo el mensaje sino también el modus operandi.

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Agradezco la valiosa colaboración de la politóloga mexicana Mariana Ramírez, sin cuya aportación el presente ensayo se hubiese privado de una mirada tan imaginativa como creativa.

16.6.10

Militares estadunidenses tienen operativos especiales sobre el terreno en México

The Narco News Bulletin
El grupo de tareas está integrado junto con tropas mexicanas, afirma operador de la CIA
Por Bill Conroy

Un grupo de tareas de operaciones especiales bajo el mando del Pentágono, se encuentra actualmente en territorio mexicano proporcionando asesoramiento y entrenamiento al Ejército Mexicano en recopilación de inteligencia, infiltración y, de ser necesario, conducir acciones directas en contra de organizaciones del narcotráfico, afirma un ex activo de la CIA con una larga historia en operaciones encubiertas.


Según el agente de la CIA, la unidad estadunidense, denominada Grupo de Tareas 7, desde principios de 2009 ha ayudado a descubrir una bodega en Ciudad Juárez llena de municiones estadunidenses, la cual estaba bajo control de traficantes de droga; también proporcionó inteligencia crítica que llevó a la redada en un taller de manufactura en Juárez donde se fabricaban uniformes militares falsos; trabajó con militares mexicanos en el descubrimiento de una fosa común cerca de Palomas, México, al sur de Columbus, Nuevo México; y, detrás de escena, colaboró con la Armada de México en la caza del importante narcotraficante, Arturo Beltrán Leyva—que fue asesinado por las fuerzas especiales de la Armada de México el pasado diciembre durante una redada en un complejo habitacional de lujo en Cuernavaca, México.
“Este grupo de tareas [uno de muchos asentados en México] está fuertemente armado y está integrado con militares mexicanos,” dice William Robert “Tosh” Plumlee, un ex piloto de la CIA que voló numerosas misiones de entrega de armas a América Latina volviendo a los Estados Unidos con drogas como parte de las operaciones encubiertas Irán/Contras en la década de 1980. “Estas son operaciones en el terreno… de siete a ocho de ellos [del Grupo de Tareas 7], trabajando en calidad de civiles, lo que significa que no portan uniformes.”
Plumlee subraya que la presencia en México del grupo de tareas es anterior al gobierno de Barack Obama, pero en la actualidad permanece activo. Por obvias razones, la información de la ubicación precisa en México de la unidad no está disponible, sin embargo, Plumlee dice que en el pasado el grupo ha operado a lo largo de la frontera norte mexicana, incluyendo a Ciudad Juárez—ciudad fronteriza al sur de El Paso, Texas.
Plumlee aún tiene contactos profundos con el mundo de la inteligencia de los Estados Unidos. Sus esfuerzos anteriores por exponer la complicidad de la CIA en el tráfico de drogas están documentados en una carta enviada en 1991 al entonces senador estadunidense Gary Hart, en el testimonio que proporcionó ese mismo año al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y se detallan en una historia exclusiva proporcionada al San Diego Reader en 1990.
Además, fuentes de Narco News, incluyendo al antiguo agente encubierto de la DEA, Mike Levine, anfitrión del programa de radio de Pacifica: El show del Testigo Experto, sostiene que Plumlee es auténtico.
“Antes de invitar al aire a Tosh”, Levine le comentó previamente a Narco News, “debido a que su historia era tan increíble, lo investigué a través de agentes del gobierno, y todos ellos dijeron que era auténtico. Tengo una copia del mapa aéreo que entregó a un periódico semanal de San Diego, en donde hay anotaciones de los vuelos que hacía [transportando] con drogas, con lo que el tipo me convenció.”
Como evidencia de sus afirmaciones sobre las operaciones especiales del grupo de tareas de los Estados Unidos en México, Plumlee proporcionó a principios de abril del año pasado, información que dijo haber obtenido del mismo grupo de tareas en donde se detallaba la investigación del Ejército Mexicano de la fosa común localizada fuera de Palomas, México. Un mes más tarde, a principios de mayo de 2009, apareció por primera vez información en la prensa mexicana en donde se indicaba que una fosa común que contenía al menos siete cuerpos había sido descubierta en el mismo sitio identificado por Plumlee.
En el momento de la exhumación de la fosa común de Palomas, Narco News decidió no publicar información específica sobre el grupo de tareas de los EEUU por temor a poner vidas en peligro.
Sin embargo, desde entonces Plumlee dice que los miembros del grupo de tareas se han convencido, debido a la corrupción y filtración en el gobierno mexicano, que su presencia en México es ahora conocida por las organizaciones narcotraficantes. Además, en semanas recientes, ha habido una serie de reportajes en los principales periódicos, como el Washington Post y la revista The Nation, que indican que fuerzas especiales de los Estados Unidos están operando en numerosos países extranjeros.
De una nota aparecida el 4 de junio en The Nation:

The Nation ha conocido de fuentes bien posicionadas dentro de las operaciones especiales que de entre los países en donde trabajan fuerzas especiales de élite para el Comando de Operaciones Conjuntas Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés) que han sido desplegados bajo el gobierno de Obama, se encuentran: Irán, Georgia, Ucrania, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Yemen, Pakistán (incluyendo Balochistán) y las Filipinas. Estos equipos han sido también desplegados en Turquía, Bélgica, Francia y España. El JSOC ha apoyado también operaciones de la DEA en Colombia y México. [El subrayado es mío.]

Debido a que las operaciones del grupo de tareas ya ha sido expuesto, al menos en la medida en que las organizaciones narcotraficantes están concientes de su presencia en México, Plumlee dice que dar a conocer en los EEUU la información sobre el Grupo de Tareas 7 puede ayudar a proteger a sus miembros, a través del conocimiento público, a pesar de la vergüenza diplomática que pudiera provocar—dado la sensibilidad del Departamento de Estado de los EEUU y el gobierno mexicano para admitir cualquier tipo de operaciones conjuntas en suelo mexicano.
En cualquier caso, el que el Departamento de Defensa esté trabajando con militares mexicanos no es un secreto de seguridad nacional muy bien guardado. Una declaración publicada por la Casa Blanca en marzo de 2009 dice lo siguiente:

El Departamento de Defensa ha estado y continúa trabajando con sus contrapartes mexicanas para aumentar el intercambio de información, interoperabilidad, y en entrenar y equpiar a las fuerzas antinarcóticos.

Además, un ex funcionario del gobierno de los EEUU que tiene experiencia en operaciones encubiertas, y que pidió no ser identificado, dijo que la presencia en México de las fuerzas de operaciones especiales “no es algo realmente nuevo en términos de cómo hemos lidiado con México en el pasado.”
“Las operaciones negras han ocurrido desde siempre”, dice el funcionario. “Los recientes reportajes en los medios [comerciales] sobre esas operaciones bajo el gobierno de Obama las hacen parecer una gran primicia, pero no es nada nuevo para aquellos que entienden como funcionan realmente las cosas.”
De hecho, los grupos de fuerzas especiales de los EEUU, incluyendo la Fuerza Delta y el cuerpo de operaciones especiales SEAL de la marina estadunidense, trabajaron con una fuerza de tareas colombiana conocida como el Bloque de Búsqueda, y también, de acuerdo con algunos reportes, ayudaron a entrenar a un escuadrón de la muerte paramilitar conocido como Los Pepes, como parte del esfuerzo por cazar y en última instancia matar al conocido narcotraficante Pablo Escobar a principios de los 90.
Plumlee dice que no tiene información o evidencia que el Grupo de Tareas 7, u otra unidad similar que afirma se encuentra en México como parte de la misión de interdicción del tráfico de drogas, esté involucrado en entrenar o asistir a unidades del Ejército Mexicano para llevar a cabo asesinatos de narcotraficantes.
Sin embargo, el ex funcionario del gobierno que habló con Narco News dijo que no sería una sopresa que “los asesinatos [de narcotraficantes de alto perfil] sea parte de la misión.”
“No sería la primera vez”, dice el funcionario.
Permanezcan en sintonía…
Traducción del inglés por Fernando León

14.6.10

La Corte, Atenco y la ley

Carlos Fazio
 
Desde mayo de 2006, 12 presos políticos vinculados al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco permanecen como rehenes de los poderes ejecutivos federal y del estado de México, en virtud del uso discrecional y faccioso de la justicia contra los movimientos sociales organizados y sus demandas. Viciado de origen, el caso Atenco es emblemático porque desnuda la actitud inquisitoria y la manera en que el Estado clasista emplea a la fuerza pública y la legislación penal como herramientas de control y disuasión social. Es decir, como instrumentos, a la vez excesivos e ilegales, para la criminalización de la pobreza y la protesta social. Se trata de un abuso de poder; pero esa forma ilegítima del Estado en el uso de su potestad punitiva significa, también, una judicialización de la política.
En mayo de 2007, Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, recluidos en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, fueron sentenciados a 67 años de prisión. A Del Valle, líder del FPDT, le adicionaron 45 años. Otros nueve presos que se encuentran en el penal Molino de Flores recibieron penas de 32 años. Por consigna, en virtud de una práctica sistémica generalizada, apoyada en el poder coercitivo del Estado a través de operaciones represivas desproporcionadas y la producción de un discurso maniqueo que imputa situaciones delincuenciales a los actores sociales, los jueces que intervinieron en el caso hicieron a un lado el principio de estricta legalidad, en lo que tiene que ver con la carga de prueba y la presunción de inocencia (apelando a la acostumbrada presunción de culpabilidad, ministra Olga Sánchez Cordero dixit) , y les aplicaron un tipo penal, el secuestro equiparado, verdadera aberración jurídica contraria al principio de taxatividad penal, que condiciona la imposición de una sanción penal a la existencia de una ley exactamente aplicable a la conducta de que se trate.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los 12 casos, y tiene en sus manos la oportunidad de sentar criterios para revertir la criminalización de la protesta social, sancionar la inconstitucionalidad del secuestro equiparado, reforzar los lineamientos del uso de la fuerza policial conforme a los criterios de los derechos humanos y liberar a quienes han sido injustamente privados de su libertad.
El 25 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó ante la Primera Sala de la Suprema Corte un amparo directo en favor de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, y adjuntó el memorial amicus curiae (en latín, amigos de la Corte), que permite a terceros ajenos a una controversia judicial con interés particular en la definición de un litigio, presentar documentos para ofrecer consideraciones de derecho a un tribunal del conocimiento, con objeto de contribuir a la solución de la disputa.
El documento aboga por el papel histórico de la protesta social colectiva y su contribución al fortalecimiento de la vida democrática participativa, y lo contrapone a la recurrencia del Estado de apelar al derecho penal como única respuesta frente a grupos sociales que de manera legítima presentan exigencias al poder público. Cuando la protesta es resuelta por los gobernantes desde una óptica de confrontación, implica su criminalización o judicialización, dando paso a un proceso político, mediático y jurídico, que etiquetando a los actos de protesta como delitos, busca sacar a un conflicto (o actor) social de la arena política para llevarlo al campo penal. El objetivo de los impulsores de la criminalización es poner en marcha al poder punitivo del Estado para neutralizar, disciplinar o aniquilar la protesta. Con un efecto expansivo: paralizar por miedo y terror a todos quienes encarnan la protesta social.
Dice Esteban Rodríguez que la criminalización de la protesta es una de las manifestaciones de la judicialización de la política. O sea, la transformación de los conflictos sociales en litigios judiciales. Se trata de una lectura de la realidad bajo la lupa del Código Penal, con lo que criminalizar será despolitizar y deshistorizar o sacar de contexto un conflicto social, como vía para habilitar de manera facciosa el poder punitivo del Estado, justificando dicho conflicto con la lógica de la guerra y legitimando la intervención represiva del Estado.
En el caso Atenco (y también en el de los sindicalistas del SME y los mineros de Pasta de Conchos y Cananea en la coyuntura) dicha criminalización impugna la voz y la palabra de los actores sociales para rencuadrarlos como activistas, delincuentes o enemigos internos; desestabilizadores del orden clasista instituido.
El Centro Pro reivindica el derecho a la manifestación pública, porque el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también de participación ciudadana. Lo que en un plano simbólico y por la vía de los hechos, permite posicionar a un movimiento como el FPDT en el escenario público y colocar sus demandas en la agenda política, ante la imposibilidad de hacerlo por conducto de los laberintos burocráticos del sistema y de unos medios de difusión masiva que siguen las pautas impuestas por el duopolio de la televisión y engendros como la Iniciativa México; mismos que, como ocurre con los otros colectivos mencionados, han promovido en el imaginario colectivo un signo delincuencial contra los integrantes del FPDT.
En ese contexto, el fallo que tiene ante sí la Suprema Corte no se limita a una cuestión técnica, formal. Los ministros deben evitar reducir la protesta a un asunto de presunta legalidad y, con sensibilidad, buscar empatar la verdad jurídica con la verdad histórica, rechazando el autoritarismo y el uso faccioso de la justicia, y determinando, a la vez, la inocencia de los presos políticos de Atenco.

13.6.10

Copala: gobierno mexicano oculta información a Europa

Revista CONTRALÍNEA 186
Nydia Egremy

Los activistas europeos emboscados en San Juan Copala habían propuesto a sus gobiernos y organizaciones no gubernamentales apoyar propuestas de desarrollo para los pueblos indios mexicanos sumidos en la pobreza. La solidaridad de los activistas de los derechos humanos encontró las balas de la organización paramilitar Ubisort, que mataron al finlandés Jyri Jaakkola y a la mexicana Bety Cariño. A pesar de las promesas de Felipe Calderón, hasta ahora no hay investigaciones ni detenidos
Jyri Antero Jaakkola, Meni Morne, David Casinori Portavano, Martin Santana y la alemana Lisa llegaron a México procedentes de Alemania, Bélgica, Finlandia e Italia. Durante meses, convivieron con mujeres y hombres de las comunidades indígenas del país y los conmocionó el grado de miseria, desnutrición y penuria en que viven. Ante esa violenta realidad, propusieron a sus gobiernos y organizaciones emprender proyectos de desarrollo que respetaran su autonomía; pero a las 14:50 horas del 27 de abril, esas aspiraciones fueron liquidadas: dos balas se alojaron en la cabeza del finlandés Jyri; la mexicana Beatriz Cariño Trujillo también fue alcanzada por los disparos de paramilitares.
Los europeos se habían sumado a la caravana internacional de paz que salió de Huajuapan de León, Oaxaca. Pretendían llegar al poblado triqui de San Juan Copala para auxiliar a los habitantes asediados por un cerco que se mantiene desde hace meses. Jyri contactó a los organizadores de la caravana para orientarlos sobre la situación de los indígenas; antes habían asistido a la presentación de un video.
Todos viajaban en la camioneta Ford Van blanca, que arriba del parabrisas ostentaba una calcomanía con la palabra “soledad”. Abajo de esa calcomanía, unos 10 centímetros hacia la izquierda, está el impacto de las balas que ultimaron a los ocupantes del asiento delantero del vehículo.
La representación diplomática de Finlandia en México fue notificada del asesinato de su compatriota a las 20:00 horas de ese martes. Fue entonces que se dispuso que Seppo Tunturi, el ministro consejero, encabezara al grupo que viajó a Oaxaca para conocer los hechos y ocuparse del retorno de Jyri a su país.
Entretanto, en la ciudad de México, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrecía “todo su apoyo” a las embajadas de los países de donde procedían los extranjeros emboscados.
Martin Santana es originario de Bélgica y conoce bien la problemática social que viven las comunidades oaxaqueñas, pues estudia temas sobre el desarrollo sustentable. David Casinori es un italiano que vino al país a redactar su tesis sobre movimientos sociales. Ambos viajaban en la camioneta que abría el paso de la caravana.
Segundos después de la agresión, Martin escapó de la balacera contra la camioneta Ford. En su huida encontró a Mónica Citlali Santiago Ortiz, integrante de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad. La joven había recibido un balazo y corría en busca de ayuda. Ambos lograron abordar una ambulancia –que también había sido baleada– que los condujo a un hospital.
Mónica recuerda que, esa mañana, la finlandesa Meni Morne se sumó a la caravana: “Venía sola, no sé si conocía a Jyri, y subió con nosotros”. Meni sería la primera sobreviviente entrevistada por los corresponsales extranjeros que desde Oaxaca dieron cobertura al ataque.
Menos de 12 horas después de los acontecimientos, la mañana del 28 de abril, los italianos leían en el diario La Reppublica este titular: “México, ataque a la caravana de la paz. Cinco muertos, un italiano secuestrado”. La nota describía que, hasta entonces, el italiano David Casinori estaba desaparecido y probablemente hubiera sido raptado; agregaba que en la zona no había intervenido el Ejército.
El diario reportó que “la policía no se arriesgó a entrar” a la zona del ataque. Agregó que “las fuerzas de seguridad del estado de Oaxaca, al estar cerca, no entraron a la zona a pesar del ataque de unas 40 personas contra el convoy humanitario para acompañar a salvo al grupo en el que iba David Casinori”.
Un día después, La Reppublica dio cuenta de que Casinori estaba a salvo. Logró contactarse por teléfono con un funcionario de la embajada en México, aunque estaba bajo el efecto del impacto por la agresión que sufrió. Él, como sus otros compañeros extranjeros que vivieron la pesadilla de las balas paramilitares, vino a este país a contribuir con sus propuestas para mejorar las condiciones de vida de los indígenas mexicanos.

La promesa perdida

Jyri viajó a México para realizar labores relacionadas con la cooperación internacional, algunas, subvencionadas por el Ministerio de Exteriores de Finlandia. Colaboraba con la organización gubernamental finlandesa Uusi Tuuli (Nuevo Viento). También colaboró con la Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde preparó algunos proyectos para contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas.
Pretendía promover la autosuficiencia alimentaria de los pueblos indígenas; sostenía que el empleo de técnicas de mejoramiento elevaría su producción agrícola y podrían comercializarlos mejor. Sus trabajos hacían énfasis en la preservación de la cultura y métodos de producción tradicionales.
Sus compatriotas lo recuerdan como un joven entusiasta que, en cuanto llegó a México, procuró obtener información de distintas fuentes sobre las comunidades necesitadas de este país. Antes de partir a Oaxaca, comentó que era apremiante que el gobierno de su país emprendiera ya los proyectos de ayuda bilateral y que se dirigieran hacia los pueblos indígenas.
El 11 de mayo, durante el homenaje en memoria a este joven, Ulla Vaïsto, la embajadora de Finlandia en México, recordó que él era un activista finlandés preocupado por estudiar el desarrollo sustentable, comercio justo y derechos humanos. “Este joven no pudo concluir su labor porque fue víctima de un asesinato cruel, junto a la ciudadana mexicana Beatriz Cariño. Los culpables de este acto aún están libres”. Tras esa tragedia, la embajada de Finlandia en México ha exigido que se aclare este crimen y que los culpables sean sentenciados.
Anteriormente, la representante de Finlandia había entregado, en nombre de su gobierno, una nota diplomática a la SRE. Ahí exigía el esclarecimiento de “este hecho condenable y que los culpables sean llevados ante la autoridad y castigados según la legislación mexicana”. Esa exigencia también se transmitió al gobierno de Oaxaca, donde se abrió la averiguación previa, y a la Procuraduría General de la República.
Vaïsto admitió entonces que el proceso para llevar ante la justicia a los asesinos de Jyri “no será rápido ni fácil, pero lo más importante es que se investigue a fondo, se encuentre a los culpables, éstos sean llevados al tribunal pertinente y se les castigue conforme a las leyes mexicanas”.
Hizo notar que Jyri era una persona seria, con convicciones, que quería trabajar por el bien de Oaxaca, por el desarrollo social sustentable y “por hacer una diferencia”. El homenaje concluyó con el reconocimiento a quienes sumaron sus voces para exigir el esclarecimiento de los “cobardes hechos, para que éstos no queden impunes”.
Siete días después de ese homenaje, el 18 de mayo, la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, y el presidente de México se reunieron en Madrid, España. Ambos asistían a la VI Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea. Ahí, Felipe Calderón le manifestó su pesar por el fallecimiento de Jyri Jaakkola y le reiteró que su gobierno se comprometía a esclarecer los hechos y el castigo a los responsables.
Días después de estos hechos, el cuerpo de Jyri llegó a su patria y fue recibido por sus padres y dos diputadas del Partido Verde finlandés: Satu Hassi y Heidi Hautala. Esta última preside el grupo de derechos humanos ante el Parlamento Europeo.

Gestiones en el vacío

A las 18:36 del miércoles 29 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió su comunicado de prensa número 123. Ahí se anunciaba la creación de un “grupo de trabajo” con embajadas de la Unión Europea para “identificar y localizar a sus ciudadanos involucrados en los hechos de San Juan Copala, Oaxaca”.
Además de manifestar que el gobierno de México lamentaba “profundamente” el fallecimiento de la mexicana Beatriz Cariño y del ciudadano finlandés Jyri Jaakkola, se planteó que se trataba de dar respuesta a las “inquietudes manifestadas” por diversas embajadas europeas por la participación de algunos de sus connacionales, en lo que denominó “caravana de derechos humanos”.
El comunicado anunció que participarían diferentes dependencias federales y representantes de las embajadas europeas. La invitación a “sumarse a este grupo” también se transmitió a la Unión Europea a través de la embajada de España en México, pues ese país ostenta la presidencia temporal de esa organización regional.
También citó que una “comisión plural” –de la que no informó qué representantes extranjeros la integraban– se había trasladado a Oaxaca. Daba cuenta que el 28 de abril, un día después del ataque paramilitar, el grupo sostuvo una reunión de trabajo con Evencio Martínez Ramírez, secretario general de Gobierno; Luz Candelaria Chiñas, procuradora de Justicia, y Javier Rueda Velázquez, secretario de Seguridad Pública de esa entidad.
Desde entonces, las embajadas europeas acreditadas en México, cuyos ciudadanos fueron víctimas del ataque, reciben de vez en cuando telefonemas de las autoridades mexicanas que les “informan” que persisten las investigaciones. Más de un mes después de esos hechos, ninguna persona ha sido presentada ante la justicia como resultado de la investigación que realizan el gobierno federal y el gobierno de Oaxaca por el asesinato de Beatriz Cariño y de Jyri Jaakkola. Entretanto, todos los días y desde toda la Unión Europea, este caso sigue presente en la opinión pública y en los parlamentarios de aquel continente.
Jyri Jaakkola: in memoriam
Mensaje para Contralínea de Ville-Veikko Hirvelä, madre del activista finlandés asesinado por paramilitares de San Juan Copala, Oaxaca, el pasado 27 de abril.
Estudió en la universidad de la ciudad de Turku, en la costa, pero pronto se percató que esa forma de educación no era para él. Pensó que lo necesitaban más en el trabajo solidario internacional, a favor del comercio justo, la paz y la comprensión entre los pueblos; ya sentía de forma muy profunda la injusticia que permitía a unos cuantos acceder a la educación gratuita y exclusiva. Es decir, sólo la gente europea, de clase media y blanca.
Aunque era un estudiante brillante, que estudió filosofía y ciencias políticas, no se dedicó a hacer fortuna y seguir con el conformismo europeo en un mundo de miseria e injusticia. Por ello, en un acto solidario con quienes no tenían la misma oportunidad de estudiar que él, Jyri renunció a sus estudios. Entonces, comenzó su camino en la organización no lucrativa Uusi Tuuli (Viento Nuevo), donde trabajó por la justicia local, apoyó a productores locales en países desarrollados y las comunidades indígenas.
En esas actividades, Jyri viajó en el barco Estelle, haciendo campaña por el comercio justo. Fue voluntario de World Shops (locales de venta de productos por el comercio justo), y participó en el Proyecto de Bangladesh Aamutähti World Shop’s, así como en la Red Europea de Tiendas Mundiales. En ese tiempo, ya estaba comprometido en la lucha por la justicia climática y era miembro de la organización finlandesa ambiental Hyökyaalto.
Jyri fue conocido por su actitud positiva, dedicada e incansable. Se familiarizó con la vida local de los países que visitó. En Angola, auxilió a las víctimas de la guerra; en Bangladesh, asistió a las comunidades pobres, así como a los indígenas mexicanos.
El pensamiento anarquista y antiautoritario fue parte importante de la vida de Jyri y de ello discutía en sus artículos. Construyó su ideología en la vida social de cada día al participar en todas las actividades, como impulsar las comunas y los círculos de comida orgánica.
Jyri sabía que la mayor necesidad de cambio sobre la Tierra está aquí, en los países occidentales industrializados. Que nuestro consumismo y poder económico para gobernar el mundo tienen su base en los bajos precios de las materias primas y en el trabajo barato del sur; así como en la destrucción del medio ambiente. Esta sobreexplotación que evita la igualdad global, la verdadera democracia y la vida decente en los países desarrollados.
Una vez en México, Jyri quería compartir la alegría y la pena de la vida cotidiana y su lucha por los derechos humanos. Esperaba aprender algo de los movimientos mexicanos de autonomía y de las comunidades, a los que podría ayudar en Finlandia. En la primavera de 2010, realizaba actividades para Uusi Tuuli y diversas organizaciones mexicanas en Oaxaca. Sus tareas incluían apoyar el derecho a la seguridad alimentaria y mejores condiciones de vida en las comunidades autónomas indígenas.
También tomó parte en campañas sobre el cambio climático y visitó diferentes sitios en Oaxaca para conocer más los derechos de uso de la tierra entre esas comunidades.
Jyri el caminante
Tatjana Markus recuerda a su compañero:
Jyri llegó a Oaxaca con una mirada clara, corazón abierto y gran deseo de aprender, observar, compartir, disfrutar y regocijarse de las bellezas de la vida, el poder del compañerismo, la magia de la interacción. Vino a Oaxaca con dos oídos como conchas de mar, sus ojos como dos cámaras y su corazón abierto y listo para dar y recibir. Vino como un caballero andante pero sin caballo, armadura ni pretensiones. Enamorado de la vida. Vino a Oaxaca como un hombre despierto. Para él no había fronteras geográficas o culturales, ésas que la nación Estado nos impone. El sufrimiento de un hermano o hermana en cualquier parte del mundo era suyo, y el sistema del diablo era el mismo en todas partes. Las balas no tienen nacionalidad, como tampoco el amor y la camaradería.