- EE.UU,Mexico
- José Francisco Gallardo Rodríguez
Al pueblo de México.
“El tráfico de drogas de México representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos (EUA), y por ello se necesita y se debe ampliar el papel del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico en ese país”, dice el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso, publicado el 8 de marzo de 2010.
La amplia investigación, solicitada por el Capitolio, es realizada por Sun Wyler: “no hay avances significativos en la lucha militarizada contra el narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón, por lo que es urgente una mayor intervención del Pentágono”. Esta observación, más tarde es retomada por Janet Napolitano.
El informe anota que, “por encima del respaldo que da la Casa Blanca al gobierno de Calderón con la Iniciativa Mérida, que consiste en proporcionar entrenamiento a militares y policías, otorgar equipo militar y tecnológico sofisticado e intercambiar información de inteligencia, los cárteles del narcotráfico mexicano son cada vez más poderosos en sus operaciones ilícitas, hecho que aumenta la necesidad de una mayor participación de los militares estadounidenses en México”.
Con la Authorization of National Defense Act 1991, el Pentágono puede apoyar la lucha contra el narcotráfico de Calderón, siempre y cuando sea notificado el Congreso de EUA y por medio de una solicitud expresa de asistencia en materia antidrogas de parte del gobierno mexicano. La sección 1033 especifica que el Departamento de Defensa, en sus tareas de “estratega líder” de la lucha contra el narcotráfico en el extranjero, tiene en el caso de México, luego de que éste solicitó la intervención del Pentágono por medio de la Iniciativa Mérida, autorización para realizar acciones…” (Proceso 1745, 11-IV-10)
A pocos días del informe, casualmente el día 13 siguiente, son asesinadas tres personas vinculadas al consulado de EUA en Ciudad Juárez, entre ellas un agente penitenciario que se dedicaba a hostigar a los reclusos de La Línea, grupo delictivo juarense. Dos días después, el presidente Obama, indignado, hace un pronunciamiento; al mismo tiempo Janet Napolitano critica la efectividad de los militares contra la violencia en el Paso del Norte, lo que causa irritación al gobierno de Calderón, y Washington insiste en la lucha binacional contra las drogas; el día 16 ingresa a México la FBI para investigar los crímenes. Luego se anuncia una visita de altos funcionarios de la seguridad encabezada por Hillary Clinton a México, con los homólogos mexicanos que se realiza el 22 de marzo pasado.
En esa reunión el gobierno de Felipe Calderón “manoteado” es sometido y hace abdicar al Estado mexicano en su defensa por la soberanía. Es decir, entrega el país al imperio; “Janet Napolitano indicó el 24 de marzo, que Felipe Calderón pidió al gobierno de Barak Obama enviara militares del Pentágono para que realicen operaciones antinarco junto al Ejército Mexicano. Y puntualizó que el personal del Pentágono que se encuentra en el territorio mexicano está ahí a petición directa de Los Pinos.
El conductor del programa All Things Considered, de la National Public Radio (NPR) cuestiona a Napolitano. NPR: Sólo para dejar las cosas en claro, ¿está usted diciendo que el presidente Felipe Calderón expresó su apertura a la presencia de personal militar de EUA en México? JN: Sí. Déjeme ser clara, porque este asunto es muy delicado. En forma limitada, nuestro Ejército ha estado trabajando con el de México en su lucha contra los cárteles de la droga, pero a pedido del gobierno de México, en consulta con el gobierno de México; es solamente una parte de nuestros esfuerzos generales con México, que ante todo son de naturaleza civil”. (Proceso 1743, 28-III-10).
Sin embargo, el documento de Sun Wyler señala que aun cuando se argumenta que es urgente una intervención más directa del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico… La solución al problema de la violencia, podría tomar posiblemente más de una década. (Proceso 1745, 11-IV-10)
Así las cosas, en el mismo sentido que Napolitano apoya sus declaraciones en el informe de Sun Wyler, lo hacen también, vilmente, Felipe Calderón y el secretario Guillermo Galván al comparecer en el Senado el 11 de abril, “se requiere al Ejército en las calles para combatir el tráfico de drogas, por lo menos 10 años”. No obstante que la “guerra” arroja un saldo de casi 23 mil ejecuciones hasta la fecha, crímenes de lesa humanidad, le auguro a Calderón, si termina su gestión, más de 40 mil muertes, todas bajo su responsabilidad.
La conducta desplegada tipifica el delito de traición a la patria contemplado en el Código Penal Federal que dice: “Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.
Me pregunto como general brigadier del Ejército Mexicano, ¿vale la legitimidad de un gobierno, la soberanía de la nación?
Fuente: Forum 199. Mayo de 2010.
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