El jefe Diego, el misterio y la faida

Carlos Fazio

 

Desde hace un cuarto de siglo, tras la imposición de las políticas neoliberales, la corrupción, producto histórico estructural del capitalismo familiarista y amoral de México, generó una balcanización acelerada de la administración gubernamental. Ante la ausencia de sólidas instituciones políticas y de mercado, y la irrupción de una nueva clase política facciosa más preocupada por los intereses particulares que por los públicos, en colusión con una clase empresarial con un pie en la economía legal y otro en la ilegalidad, el crimen se convirtió en un elemento orgánico del sistema monopólico de control político y social.

Con la entronización fraudulenta del clan Salinas en 1988, y tras los crímenes de Estado de 1993 y 1994 (los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas y los priístas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu), fue tomando fuerza un gobierno privado extralegal de tipo cleptocrático y mafioso, que de manera acelerada derivó en un estado generalizado de contra-institucionalización. La protección extorsiva de los comportamientos ilegales por grupos gansteriles en el seno del viejo partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI), dio paso a una violencia reguladora de nuevo tipo que, cada vez más, recurrió al asesinato y a las purgas como norma.
Cabe anotar que la gestión de los mercados ilegales es siempre la gestión del desorden y de la faida, principio que en el viejo derecho germánico sancionaba el derecho a la venganza. Así, desde los cimientos del caos se normalizaron o naturalizaron el gobierno del crimen y la eliminación física recíproca como mecanismo de la protección criminal a la criminalidad por medio de una supracriminalidad, y de la ilegalidad por medio de la suprailegalidad.
Como señala Giulio Sapelli, es la escasez de legalidad la que produce la contra-institucionalización del gobierno criminal: éste crea, con un mercado propio, una clase política propia, que regula, administra y reproduce el sistema. Visto así, desde comienzos de los años noventa del siglo pasado asistimos a una refeudalización política del Estado, que abortó de manera temprana las expectativas de cambio y transición a la democracia de amplios sectores de la ciudadanía consciente.
Desde entonces, como un continuum, de la mano de la corrupción político-económica y la circulación de enormes masas de capital derivadas de múltiples actividades ilícitas (entre las que destaca el narcotráfico), el elemento de la violencia fue decisivo para imponer una paz de mercado, donde la competencia es eliminada. Se trata de una violencia reguladora (disuasiva, represiva, aniquiladora) que busca establecer el monopolio de la economía criminal, eliminando a los otros jugadores, y que ha venido operando como una especie de mano visible que, en última instancia, regula la resolución de los conflictos y la continuidad del círculo vicioso de la ilegalidad.

Una ilegalidad y una violencia física desembozada, en apariencia anárquica, que entraron en una fase de descontrol y se profundización durante los dos gobiernos facciosos y derechistas del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, y que llega hasta nuestros días con la desaparición forzosa del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el atentado contra el general Arturo Acosta Chaparro, prototipos, ambos, con sus especificidades y campos de actividad respectivos, de la colusión entre individuos y empresas en el marco de gobiernos amorales de tipo delincuencial, basados en un sistema de economía plutocrática-mafiosa.
El amasiato de los poderes Ejecutivo y Legislativo visibles con el poder invisible de los lobbys empresariales, legales y criminales, dio paso, para usar la figura de Bobbio, al actual neopatrimonialismo extralegal mexicano, que opera al margen de toda regla institucional. Como en Italia, Colombia o Rusia, corrupción personal y corrupción institucional –o sea en nombre del partido y en violación de las leyes que regulan su funcionamiento– involucran hoy en México de manera transversal a los principales clanes políticos, llegando hasta los más altos vértices del Estado.
En ese contexto, en el caso del jefe Diego, moderno señor feudal y personaje polémico que logró amasar una escandalosa fortuna desde los tiempos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (Punta Diamante, Banco Anáhuac, etcétera), señalado por sus relaciones inconfesables y tráfico de influencias (Martí Batres aseguró que el panista es abogado del narco y empleado de la mafia), podríamos estar ante el rompimiento de los consensos y pactos entre grupos competidores violentos que interactúan en los mercados de la ilegalidad, y que se mueven en los espacios de confluencia de empresas poderosas, clanes partidarios y mafias enquistadas en una administración pública balcanizada y penetrada por una gran corrupción.
En medio del caos y la violencia imperantes (México se colombianiza, Calderón dixit), Diego Fernández de Cevallos pudo haber sido alcanzado por la faida o el derecho a la venganza de alguno de los grupos invisibles rivales que gobiernan desde la ilegalidad. O, como se ha señalado de manera más clara, el jefe Diego pudo ser el objetivo elegido para dirimir ajustes de cuentas dentro de las mafias del poder; sin descartar, claro, en ese mismo escenario, que se trate de un secuestro o crimen de un sector del Estado, dirigido a provocar reacomodos en el seno de una cúpula colusiva signada por la relación empresa-clase política.
Más allá del silencio oficial y los galimatías informativos, Diego es el mensaje y nadie está a salvo.

Muerte, desesperación y furia en México

El gran secuestro de El Jefe Diego

John Ross

Counterpunch

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

La visita de Estado a Washington de Felipe Calderón de la semana pasada (19 al 20 de mayo) y su aparición en una sesión conjunta del Congreso de EE.UU. coloca el Sello Oficial de Aprobación de Barack Obama a un jefe de Estado elegido incorrectamente y cuya legitimidad se sigue cuestionando en su propio país.

La cena oficial de la Casa Blanca servida por los Obama al “presidente” mexicano y a su primera dama Margarita Zavala incluyó carne de vacuno de Oregón y mole negro de Oaxaca, a Beyoncé, George López, la Banda del Cuerpo de Marines de EE.UU. y un espectacular dispositivo de seguridad para excluir a potenciales participantes no invitados, en noviembre pasado, una pareja iraní-estadounidense engañó al Servicio Secreto y se coló en la primera cena oficial de los Obama, una gala en honor del primer ministro indio, Mahmonan Singh.
Aunque el discurso de 35 minutos de Felipe Calderón en una sesión conjunta del Congreso el mediodía siguiente fue previsiblemente protocolar, animó la polémica al solicitar la abrogación de la ley racista "Breathing While Brown" de Arizona y la renovación de la prohibición de la venta de armas de asalto fácilmente obtenibles en 7.000 armerías a lo largo de la frontera, en las cuales los cárteles de la droga mexicanos obtienen sus arsenales. 23.000 ciudadanos mexicanos han perdido sus vidas desde que Calderón trató de congraciarse con Washington declarando una mal concebida guerra contra las bandas de narcotraficantes hace 40 meses.
Con el estímulo de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, los somnolientos demócratas que mantienen una mayoría en disminución en ambas cámaras del Congreso de EE.UU., brindaron a Calderón una tibia ovación mientras los republicanos, mortalmente disgustados por el ataque del político mexicano contra los derechos a las armas en EE.UU., se sentaron rígidamente sobre sus manos, una posición poco confortable.
Irónicamente, desde la “victoria” de Calderón en una elección viciada por el fraude en 2006, no ha podido dirigirse a su propio Congreso por la amenaza de protestas de la oposición tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado mexicanos.
La visita subsiguiente de Felipe Calderón al Cementerio Nacional de Arlington para depositar una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido provocó una condena generalizada en su país. Ningún presidente mexicano ha rendido su homenaje en Arlington, donde están enterrados soldados de EE.UU. que participaron en tres invasiones (1846, 1914, 1916) de la nación vecina. “Ahora nuestra soberanía nacional está enterrada en Arlington”, fue la crítica expresada por el antropólogo radical Gilberto López y Rivas entrevistado por el autor en un simposio sobre derechos y costumbres indígenas. López y Rivas fue deportado una vez de EE.UU.,acusado de espiar para la Unión Soviética.
Después de cuatro meses de gira con El Monstruo - Dread & Redemption In Mexico City, he vuelto a la escena del crimen. La descomposición social en mi vecindario y país adoptivo parece generalizada. A dos cuadras hacia el este, el suelo de la gran plaza del Zócalo está cubierto de campamentos improvisados de trabajadores disidentes e indios. 100 miembros del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), que perdieron sus puestos de trabajo en octubre pasado después de que Calderón declarara la bancarrota de la paraestatal compañía Luz y Fuerza y despidiera a 43.000 miembros del sindicato como parte de una conspiración para privatizar la generación de electricidad en México, han estado en huelga de hambre durante más de un mes para instar a la Corte Suprema de México a que anule la orden de disolución y los sacerdotes administran la extremaunción a los que se encuentran en inminente peligro de muerte.
También acampan en el Zócalo maestros militantes del Estado de Oaxaca cuya huelga en 2006 provocó en el Estado sureño una brutal represión gubernamental, e indios Triqui de la localidad de San Juan Copala en las montañas Mixteco de Oaxaca, sitiada por bandas paramilitares de las que se piensa que están ligadas al gobernador saliente Ulises Ruiz, un pez gordo en el otrora gobernante partido PRI, cuyos pistoleros asesinaron a 26 activistas durante la rebelión de los maestros de 2006.
El 27 de abril, matones fuertemente armados atacaron una caravana que trataba de llevar alimentos y suministros médicos a la sitiada municipalidad oaxaqueña, matando al observador internacional finlandés Tyri Antero Jaakkola y a Alberta "Bety" Cariño, infatigable defensora del maíz nativo de México y de los derechos de las mujeres indígenas.
“Ya no damos más. No podemos soportar ni un día más de esta represión”, declara amargamente Berta Robledo, enfermera jubilada, mientras agita una lata pidiendo contribuciones para los huelguistas de hambre en el Zócalo. La mezcla volátil de desesperación y furia en la gran plaza parece un microcosmos del México de Calderón.
Durante la gira de cinco días del presidente a Washington y a la Unión Europea para alardear de la supuesta recuperación de su país del desastre económico (casi un millón de mexicanos perdieron sus puestos de trabajo en los primeros tres meses de 2010), el tejido social se ha deshilachado aún más por la tenebrosa desaparición de Diego Fernández de Cevallos alias "El Jefe", el candidato presidencial derechista del partido PAN en 1994, de quien se piensa que aspira a suceder a Calderón en 2012. El Jefe Diego fue secuestrado al parecer entre la tarde y la noche del 14 de mayo delante de su hacienda La Cabaña en el Estado de Querétaro, a dos horas al norte de la capital.
Querétaro, un reducto conservador en el cual la Iglesia Católica ejerce considerable influencia en la política pública estuvo gobernado durante los últimos 12 años por el partido PAN de Calderón y Cevallos, pero devolvió el poder al PRI el año pasado. Algunos observadores ven un subtexto político para el secuestro.
La única pista revelada hasta ahora por las autoridades, que guardan un hermético silencio, parece que es un par de tijeras ensangrentadas que El Jefe utilizaba para recortar su barba. Las tijeras se encontraron en la camioneta Cadillac Esplanade de Fernández de Cevallos y se piensa que se utilizaron para extraer un microchip colocado en la espalda del panista a fin de frustrar la ubicación satelital de El Jefe.
Aunque la familia de Fernández de Cevallos ha rogado a la prensa y al gobierno que guarden silencio mientras trata de establecer contacto con los secuestradores, rumores descabellados, avistamientos falsos, conjeturas estupefactas, incluso profecías y oraciones han reverberado a través de toda la clase política conmocionada de México. Una fotografía posiblemente modificada de El Jefe Diego con los ojos vendados, colocada en un sitio en Internet y firmada por “los misteriosos desaparecedores” sólo ha aumentado la especulación pública.
Abundan los escenarios propuestos y como el paisaje político es tan caótico en el país, todos ellos son posibles. Fernández de Cevallos es o era un abogado lleno de vida, preferido de la oligarquía, que ganó acuerdos multimillonarios en dólares para sus clientes y que causó múltiples enemigos al hacerlo, cada uno de los cuales podría sentirse motivado para tomarse la venganza máxima contra El Jefe.
A pesar de diferencias con Calderón de las que se informó ampliamente, Fernández de Cevallos ha gozado de considerable poder en el actual régimen: su ex socio en su bufete de abogados, Fernando Gómez Mont, es secretario de Gobernación, la segunda posición por su importancia en la jerarquía política de México, y otro asociado de tantos años, Arturo Chávez Chávez, es procurador general de la república. Diego Cevallos ha cabildeado con éxito para la inclusión de amigos suyos en la Corte Suprema, como Margarita Luna Ramos para cuya familia ganó una vez 250 millones de dólares en una batalla por tierras con la Ciudad de México.
Otra teoría interpreta la desaparición de El Jefe como un ajuste de cuentas perpetrado bien por el cártel de drogas de Juárez o por sus ardientes rivales, los muchachos de Sinaloa. Los vínculos de Fernández de Cevallos con el cártel de Juárez son bien conocidos desde hace tiempo. El Jefe era representante legal del Hospital Santa Clara donde expiró el jefe del cártel Amado Carrillo, “el Señor de los Cielos”, supuestamente durante una operación de cirugía estética en 1997. Carrillo había alquilado todo el hospital, ubicado a apenas una milla de Los Pinos, la Casa Blanca mexicana. Los doctores que trataron al ‘Señor de los Cielos” fueron posteriormente hallados torturados, muertos y "entambados" en la Carretera México-Acapulco.
El Jefe también sirvió como asesor legal de la funeraria en la que supuestamente se incineró a Carrillo. En vida, el Señor de los Cielos tuvo el privilegio de contar con la protección del Zar de la rama mexicana de la Guerra contra la Droga de la Casa Blanca, el desprestigiado general Jesús Gutiérrez Rebollo.
Según el testimonio de uno de los hijos de Amado Carrillo, Fernández de Cevallos también desvió millones de dólares del cártel de Juárez a los cofres de otro cliente, el Banco Anáhuac, que quebró posteriormente.
El cártel de Juárez también ha estado involucrado en una sangrienta batalla con El Chapo Guzmán cuyo cártel de Sinaloa parece que finalmente ha arrebatado Ciudad Juárez, un crucial centro de cruce de drogas, a los Carrillo. Se cree que El Chapo es el señor de la droga preferido tanto de Felipe Calderón como de su predecesor Vicente Fox, al haber escapado de una prisión de máxima seguridad un mes después de la investidura de Fox en 2001.
Un corolario de este escenario presenta a El Jefe como rehén de El Chapo con la intención de intercambiarlo por el Número Tres del cártel de Sinaloa, Nacho Coronel, cuyo arresto nunca se ha hecho público –el modus operandi usual de las fuerzas de seguridad mexicanas cuando atrapan a un pez gordo es publicitar su captura con máxima grandilocuencia. Tanto el Ejército como la Armada niegan tener a Coronel quien según se informa fue capturado a finales de abril en el Estado Jalisco, pero agencias civiles, desde la Policía Federal Mexicana al Secretariado de Salud Pública, el FBI o la DEA estadounidenses, siguen siendo sospechosos probables en la captura de Coronel.
Otra hipótesis atribuye la captura de El Jefe Diego a un grupo no identificado de guerrilla armada. México ha sido el escenario escogido para sensacionales secuestros políticos como la captura como rehén en 1994 de Alfredo Harp Helú, multimillonario presidente de Banamex, el banco más antiguo de México (ahora parte de Citigroup) y primo del magnate más rico del mundo, Carlos Slim. Se cree que se pagó un restate récord –supuestamente 14 millones de dólares– al Ejército Popular Revolucionario (EPR), que posteriormente se equipó con armamento sofisticado y libró una breve y sangrienta guerra con el ejército mexicano.
También se piensa que el EPR secuestró al antiguo secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios en 1997 por el cual se cobraron 6,5 millones de pesos –el secuestro nunca se hizo público- El Ejército Popular Revolucionario negó rápidamente toda participación en la captura de El Jefe Diego.
Pero mientras México celebra el centenario del hito histórico que representa su revolución y se predicen nuevas insurrecciones, es indudable que existen otros grupos guerrilleros. Desde la rebelión zapatista de 1994 en Chiapas existen rumores de la presencia de guerrilleros en la montañosa Sierra Gorda, a poca distancia de la hacienda de Fernández de Cevallos en Querétaro.
Otros argumentan que el secuestro es sólo una aventura comercial sin conexiones políticas, pero como señala Miguel Ángel Granados Chapa, decano de los escritores políticos de México, los posibles secuestradores podrían haber exigido un rescate astronómico apoderándose de cualquier miembro de la familia de Fernández de Cevallos y dejando libre a El Jefe para negociar el monto en dólares.
La posibilidad de la participación de guerrillas en la captura de ese político acuciado por problemas ganó adeptos el 18 de mayo cuando el general Mario Arturo Acosta Chaparro fue baleado en una calle de Ciudad de México por desconocidos. Acosta Chaparro fue un personaje esencial en cientos de ejecuciones extrajudiciales de presuntos guerrilleros durante los años setenta en Guerrero, que fue otrora un bastión del EPR. Aunque nunca fue condenado por abusos contra los derechos humanos, el general pasó varios años en prisión por suministrar protección al cártel de Juárez de Carrillo –un tribunal militar revocó posteriormente la sentencia. Ahora la revista Proceso informa de que Acosta Chaparro había sido contratado por la familia de El Jefe Diego para investigar su desaparición.
Pero la hipótesis más curiosa que ha surgido de todo este embrollo con un reparto estelar es que El Jefe se habría secuestrado a sí mismo, un “autosecuestro” en el argot criminal mexicano, y que pronto reaparecerá como salvador del PAN y será presentado como candidato presencial del maltrecho partido derechista en 2012.
Diego Fernández de Cevallos, una voz machista, misógina y racista (que una vez argumentó que las costumbres y hábitos indígenas promueven el sacrificio humano) cuenta con el respaldo incondicional de los sectores más retrógrados del PAN y del PRI. El Jefe Diego ha sido uno de los que han movido los hilos en la política durante una generación, frecuentemente acusado de tráfico de influencias y con antiguos vínculos con la fortuna de la familia del desprestigiado ex presidente Carlos Salinas, por haber aprobado la quema de boletas de la elección presidencial de 1988 robada por Salinas al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que el PAN recibió su primera gobernación (Baja California) y Fernández de Cevallos una suntuosa mansión en la ostentosa zona de Punta Diamante en Acapulco.
A pesar de un comienzo inicialmente fuerte como candidato presidencial del PAN en 1994, El Jefe Diego abandonó inexplicablemente su campaña y desapareció de la vista pública. Cuando terminó por volver a la campaña, el sucesor de Salinas, Ernesto Zedillo, había tomado la delantera. Analistas políticos como Granados Chapa sugieren que hubo un arreglo.
Ahora, con el capital político de su partido a la baja, el resultado de la devastadora depresión económica, la pérdida de la guerra contra la droga, y la presidencia inepta de Calderón, el retorno de El Jefe Diego lo transformaría en una especie de candidato de la línea dura que ansían muchos mexicanos. “Necesitamos un hombre fuerte con una mano dura como El Jefe Diego para poner orden en este lío. Rezo por su retorno”, me dijo un joven simpatizante, Eder Lenero, mientras tomábamos café la semana pasada.
Como hechos a propósito, carteles mostrando la fotografía del rostro agresivo de Fernández de Cevallos y a un lado la inscripción “¡Diego, estamos contigo!” aparecieron repentinamente en Querétaro, pero se retiraron rápidamente por orden de su familia.

El caso Fernández de Cevallos y la versión de la guerrilla

Jorge Lofredo

Rebelión

Una de las líneas de investigación acerca del caso de Diego Fernández de Cevallos que obtuvo mayor repercusión en los medios masivos de comunicación en estos últimos días es el que señala a un grupo guerrillero, puntualmente al Ejército Popular Revolucionario (EPR), como el responsable de esta actual situación de incertidumbre. Antes de este suceso, se dio a conocer una especie informativa proveniente de Colombia donde se señala que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habría “entrenado” al EPR en materia de secuestros. Como se sabe hunde sus raíces en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo, al que se le atribuyó una serie de secuestros en la década del ochenta y que existe, por lo menos, desde veinte años antes. Por ello y en torno a él se ha construido una “leyenda negra”. Cabe preguntarse, ante este hecho, de qué le han servido tantos años de clandestinidad, de “acumulación de fuerzas en silencio” y experiencia revolucionaria, estrategia y táctica si, como se afirma más arriba, necesita “entrenamiento” para ejecutar secuestros.

En el caso Fernández de Cevallos, la mayoría de los argumentos esgrimidos a través de los medios coinciden básicamente en cuatro puntos: el EPR sería el único grupo de esta especie con capacidad logística, organización interna, presencia geográfica y argumentos políticos para llevar a cabo una acción de estas características. Los razonamientos se basan en que su capacidad logística habría quedado demostrada tras los atentados contra los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX); la organización interna ratificada (algo lógico en un grupo con cuarenta años de actividad clandestina) por lo manifestado durante el desarrollo comunicativo previo que luego desembocara en esas explosiones; su presencia geográfica también refiere a uno de los lugares donde ocurrieron esos ataques –aunque una célula móvil que no tiene, por definición, base territorial pudo haber llevado a cabo esos atentados–; y, por último, su decisión política reposaría sobre una especie de represalia por sus dos desaparecidos: una suerte de “contragolpe”.
Si ello fuese así, la instancia de secuestrar a una figura política superaría con fuerza lo de PEMEX (produciría un “salto cualitativo”, entendiendo por ello el proceso diferenciador que se desarrolla entre atentar contra los ductos y la captura de un “símbolo” político, en el contexto de este simbólico 2010 y con todo el riesgo que ello implicase para el grupo), se enfrentaría a un desafío muy alto –no ya por el secuestro en sí sino para enfrentar el costo, las medidas de seguridad y secrecía para mantenerlo secuestrado– que le devolvería también trascendencia mediática inmediata. Para llevar a cabo semejante actividad debiera, en principio, utilizar un membrete falso (y éste debiera ser una sigla desconocida, porque sería imposible aceptar la idea de otro grupo, de los ya conocidos, actuando en nombre del EPR en una acción de esta envergadura) y, si así no fuera, desandaría todo el camino recorrido con la Comisión de Mediación, la que de inmediato renunciaría a sus labores pues es la condición esencial que sus integrantes solicitaron para continuar en ella y que el grupo aceptó; le quitaría base a cualquier argumento que esgrimiese acerca de sus desaparecidos y dilapidaría todo su caudal político de legitimación que ha procurado en estos últimos tiempos, al limitar su actuación exclusivamente a nivel político y no militar. Ello le cargaría de significado al comunicado eperrista en el cual se deslinda de responsabilidad (No es la primera ocasión en la cual niega protagonizar la ejecución de esa práctica.)
Siempre dentro de la idea de la posibilidad que la guerrilla haya sido responsable de este acontecimiento se ha esgrimido otra posibilidad, la que señala que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) haya ejecutado esta operación en alianza con el narcotráfico. En este sentido, es necesario considerar que el grupo acaba de ser descabezado por el asesinato de su líder, el ‘comandante Ramiro’, en Guerrero. Por otra parte se coincide en afirmar que es una organización con una cierta influencia local, sólo en algunos lugares de Guerrero y, cabe agregar, con muchísima menor importancia en limitados espacios de Oaxaca. En cuanto a su alianza con el narcotráfico, se asemeja más a lo que los propios guerrilleros mencionan en sus comunicados (una escalada de la “guerra de baja intensidad” en su contra) que a una realidad concreta y, fundamentalmente, comprobable. En todo caso cabe inferir las interrogantes que refieren al beneficio que una organización guerrillera, orillada a un espacio zonal y marginal, pudiera proveerle a un grupo que cuenta con todos los recursos de los cuales requiere para sus actividades; además del costo político que, en este caso, el ERPI debiera erogar respecto a su, mucha o poca, credibilidad con el pueblo, su base social, combatientes, militancia, etc. Y más aún: ha sido el único desprendimiento del EPR que ha sido reconocido oficialmente y que es, sin dudas, el más estigmatizado y golpeado en toda la historia del eperrismo.
Hay, para el caso, dos argumentos que merecen ser tenidos en cuenta para considerar alguna responsabilidad de la guerrilla. Uno, como ya se ha expresado más arriba, guarda relación con el hecho simbólico de ejecutar el secuestro de una figura política como la de Fernández de Cevallos. Sólo en este aspecto, alcanza con recordar que el EZLN retuvo a Absalón Castellanos en Chiapas. Si este fuese un caso semejante, la trascendencia política del mismo aspirará a cobrar mayor relevancia que el hecho en sí y debiera sentar un reclamo que trascienda lo sectorial para volverse un hecho de magnitud nacional, pues ya no se trata de la identidad del secuestrado sino de lo que tanto su figura como imagen implican para toda la sociedad. Si así fuese (cabe reiterar: si recae efectivamente la responsabilidad sobre la guerrilla) encontraría la reivindicación política clandestina un espacio de divulgación de sus demandas mucho mayor que en cualquiera otra ocasión anterior.
Y la otra es la teoría del “tiempo transcurrido”. Cuando el secuestro tiene motivaciones políticas y se enmarca dentro de una “guerra popular prolongada” como la que sostienen los guerrilleros, el paso del tiempo acrecienta la incertidumbre a la vez que allana el camino para que, conocidas las demandas, éstas conciten y obtengan mayor atención mediática y social. A la ansiedad y la angustia se le contraponen lapsos prolongados, como una forma de demostrar cierto dominio de la situación y sobre el transcurso de los hechos. En este sentido, como bien se ha dicho en otro lugar, el secuestrado cobraría el rango de “prisionero de guerra”, generalmente provisto de trato humanitario porque se trataría de un acto político y no criminal. El rédito político sería mayor cuando porque se ha demostrado que el símbolo es vulnerable. Existirá una demanda económica y a la vez también política, donde la organización pueda garantizarse expresar sin censura su reivindicación y obtener así recursos para su “causa”.
En la idea de imponer al EPR por sobre el resto como la única organización capacitada para realizar este secuestro, junto a la enumeración de algunas de las restantes que fueron descartadas desde el inicio, a excepción del ERPI como ya se mencionó, se ha omitido –deliberadamente o no– a la única organización que sí hubo de reivindicar el secuestro como forma de financiamiento y consideró legítima esta práctica como forma de acción política y que, de hecho, lo hizo público. Ello puede explicarse porque se ha traslucido la hipótesis de que el EPR sería el único capaz de realizarlo y, por otro lado, debido a que aún se considera que todas las escisiones que se han presentado como tales no son lo que dicen ser. Todavía se mantiene el mismo análisis desde, al menos, el inicio de las rupturas: el EPR desarrolla la táctica de “los espejos”, una sola figura desde la cual se reflejan varias imágenes que parecen distintas pero que en realidad no lo son. (A modo de ejemplo en sentido contrario, se omite la fuerza histórica centrífuga y divisionista en la izquierda y ultraizquierda que ha regido, y aún rige, en la mayoría de las organizaciones que se referencian en esos espacios.)
La referencia es, básicamente, a Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), organización considerada, evidentemente, como una de esas imágenes del EPR. Actualmente, conforma la “Coordinación Revolucionaria” junto al Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos y otras cuatro o cinco organizaciones más poco conocidas. TDR-EP se atribuyó, entre otras, todas las acciones ocurridas entre 2004 y 2006, incluidas las series de detonaciones menores pero simultáneas en distintos puntos de la ciudad de México en noviembre de ese año. Es una organización que ha sido caracterizada de “socialdemócrata” por un lado (un verdadero insulto en la jerga revolucionaria) y “paramilitar” por otros grupos de Guerrero, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y el Comando Justiciero 28 de Junio. Tendencia se adjudicó el asesinato del notario José Rubén Robles Catalán en Acapulco, considerado por el grupo como uno de los responsables directos de la masacre de Aguas Blancas, y el “ajusticiamiento” de Miguel Ángel Mesino, uno de los líderes de la Organización Campesina de la Sierra Sur, que disparó una crisis dentro del ámbito de los grupos clandestinos. Es un desprendimiento del EPR que nació como una tendencia al interior del eperrismo original (de ahí su nombre) y también sufrió fracturas en su interior: de ella se desprendieron el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo y la Organización Revolucionaria 2 de Diciembre, quien realizó la primera actividad política clandestina, aunque menor, del presente sexenio. Públicamente, aparte de la Coordinación, TDR-EP actúa a través de comandos (La Patria es Primero, México Bárbaro, Jaramillista Morelense, Magonista de Liberación) mediante los cuales reivindicó la serie de comunicados y acciones desarrollados durante 2003 y 2006. Éstos fechan sus comunicados desde Oaxaca, Guerrero, Morelos y Estado de México aunque su actuación también alcanzó al DF.
El 28 de agosto de 2003 el ‘Comando México Bárbaro’ dio a conocer públicamente su responsabilidad en el secuestro de Fernando Castro Suárez, retenido desde abril del mismo año. De hecho, también dieron a conocer el ultimátum enviado a sus familiares, donde incluyeron una serie de razones políticas. “Su familiar –dijeron por entonces– no es un objeto negociable, sino un ser humano concreto, un empresario y ex-diputado priista, una persona por cuyos actos hemos decidido aplicar un ley promulgada por los de abajo contra la impunidad, la corrupción y la riqueza mal habida.” Un año después, adoptará el nombre actual de ‘Comando Revolucionario del Trabajo-México Bárbaro’. No obstante, este dato histórico aún resulta endeble para la argumentación; sin embargo, el 22 de abril de 2009 el periodista Alejandro Jiménez, de El Universal, realizó una corta entrevista digital al grupo donde se abordó, entre otros temas, la cuestión del secuestro como actividad política y forma de financiamiento. A pregunta expresa, la respuesta no se hizo esperar: “Partiendo de que toda gran fortuna está cimentada en el crimen –señaló TDR-EP– gravamos la gran explotación asalariada mediante la captura y la retención física de empresarios capitalistas, con base en un código que nos obliga a respetar su la integridad física y moral del retenido.” (El texto completo de esta entrevista se encuentra disponible en la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados.)
Cabe agregar otro dato, llamativo por cierto, respecto a TDR-EP: siempre ha sido particularmente prolífica en cuanto a la emisión de comunicados y posicionamientos políticos de coyuntura; pero en julio de 2009 ha emitido el último y públicamente no se ha conocido ningún otro desde ese momento. Es difícil establecer, sin caer en especulaciones y suposiciones, si este silencio refleja una situación o dinámica interna, si se trata de un reacomodo o transición, o si bien refiere a una etapa circunstancial de esa organización. Lo único cierto, hasta ahora, es que ese silencio no descubre la dirección de algún posible cambio o si se trata simplemente de una coyuntura que no pueda divisarse a través del grueso manto de la clandestinidad.
A pesar de todo, hay cuestiones de dominio público mucho más poderosas que podrían explicar mejor las razones respecto a lo sucedido con Diego Fernández de Cevallos donde, aún en el terreno de la especulación, todo parece indicar que la guerrilla ocupa un papel marginal o definitivamente nulo.
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PD: Solidaridad con Laura Castellanos. Reproduzco, para el caso, la parte sustancial del boletín que diera a conocer la organización “Artículo 19”: “Castellanos sufrió un allanamiento a su casa. Pero esto se une a una larga línea de actos de intimidación, incluidas amenazas telefónicas, intervenciones a su correo electrónico y constante vigilancia. Estaba en París cuando sucedió el incidente el pasado 10 de mayo, al estar promoviendo su libro titulado ‘México Armado’. Ella es una renombrada periodista freelancer de investigación actualmente trabajando para la revista ‘Gatopardo’, con más de 20 años de experiencia investigando principalmente temas relacionados grupos armados y movimientos radicales que operan en México, así como lo relacionado con derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.” Me solidarizo, absoluta e incondicionalmente, con Laura.
lofredo@riseup.net
www.cedema.org

The Big Snatch

Return to the Scene of the Crime
By JOHN ROSS

Felipe Calderon's state visit to Washington last week (May 19th-20th) and his appearance before a joint session of the U.S. Congress puts the Official Barack Obama Seal of Approval on a bogusly elected chief of state the legitimacy of whose presidency continues to be questioned south of the border.

The White House state dinner served up by the Obamas to the Mexican "president" and his first lady Margarita Zavala included Oregon beef and Oaxaca black mole, Beyonce, George Lopez, the U.S. Marine Corps Band, and spectacular security to keep potential party crashers out - last November, an Iranian American couple bamboozled the Secret Service and slipped into the Obamas' first-ever state dinner, a gala honoring Indian premier Mahmonan Singh.

Although Felipe Calderon's 35 minute speech to a joint session of Congress the next noon was predictably protocolic, he animated polemic by calling for repeal of Arizona's "Breathing While Brown" law and a renewed ban on the sale of assault weapons readily available at 7000 gun shops along the border from which Mexican drug cartels stockpile their arsenals - 23,000 Mexican citizens have lost their lives since Calderon sought to curry favor with Washington by declaring an ill-conceived war on the drug gangs 40 months ago.

With House Speaker Nancy Pelosi cheerleading, somnolent Democrats who hold a diminishing majority in both houses of the U.S. Congress, offered Calderon a lukewarm ovation while Republicans, mortally miffed by the Mexican politico's assault on U.S. gun rights, sat stiffly on their hands, an uncomfortable position.

Ironically, since Calderon's "victory" in the fraud-marred 2006 election here, he has not been able to address his own congress because of threatened protests by the opposition in both the Chamber of Deputies and the Mexican Senate.

Felipe Calderon's subsequent visit to Arlington National Cemetery to lay a bouquet on the Tomb of the Unknown Soldier provoked widespread condemnation back home. No Mexican president had ever before paid his respects at Arlington where U.S. troops who participated in three invasions (1846, 1914, 1916) of this distant neighbor nation are interred. "Now our national sovereignty is buried there," critiqued radical anthropologist Gilberto Lopez y Rivas interviewed by this reporter at a symposium on indigenous rights and customs - Rivas y Lopez was once deported from the U.S. after being accused of spying for the Soviet Union.

After four months on the road with "El Monstruo - Dread & Redemption In Mexico City", I have returned to the scene of the crime. Social decomposition in my neighborhood and adopted country seems generalized. Two blocks east, the floor of the great Zocalo plaza is covered with improvised encampments of dissident workers and Indians. 100 members of the SME (Mexican Electricity Workers Union) who lost their jobs last October after Calderon declared the state-run Luz y Fuerza Company bankrupt and fired 43,000 union members in a ploy to privatize electricity generation here, have been on hunger strike for more than a month to urge Mexico's Supreme Court to nullify the dissolution order and priests are now delivering last rites to those in imminent danger of dying.

Also camped out in the Zocalo are militant teachers from Oaxaca state whose 2006 strike in that southern state triggered brutal government repression, and Triqui Indians from the autonomous village of San Juan Copala in Oaxaca's Mixteco mountains which is under siege from paramilitary gangs thought to be aligned with outgoing governor Ulysis Ruiz, a bigwig in the once-ruling PRI party whose gunsills murdered 26 activists during the 2006 teachers' rebellion.

On April 27th, heavily armed goons attacked a caravan that sought to bring food and medical supplies to the besieged Oaxacan village, killing one international observer and Alberta "Bety" Carino, an indefatigueable defender of Mexico's native corn and the rights of indigenous women.

"We're at the end of our rope. We cannot endure even one more day of this repression," Berta Robledo, a retired nurse shaking a can for contributions to the hunger strikers in the Zocalo, bitterly declares. The volatile mix of desperation and fury in the great plaza seems a microcosm of Calderon's Mexico.

During the President's five day junket to Washington and the European Union to tout his country's purported recovery from economic disaster (nearly a million Mexicans lost jobs in the first three months of 2010), the social fabric here was further frayed by the murky disappearance of Diego Fernandez de Cevallos AKA "El Jefe" ("The Boss"), the right-wing PAN party's presidential candidate in 1994 who is thought to be an aspirant to succeed Calderon in 2012. El Jefe was apparently taken prisoner late on May 14th outside his La Cabana hacienda in the state of Queretero two hours north of the capital.

Queretero, a conservative bailiwick where the Catholic Church exerts considerable influence on public policy, had been run for the past 12 years by Calderon and Diego's PAN party but ceded power back to the PRI last year. Some observers see a political subtext to the snatch.

The only clue so far disclosed by tight-lipped authorities appears to be a pair of bloody scissors that El Jefe used to trim his unruly beard. The scissors were found locked in Fernandez de Cevallos's Cadillac Esplanade pick-up and are thought to have been deployed to extract a microchip embedded in the PANista's shoulder in order to foil satellite location of El Jefe.

Although Fernandez de Cevallos's family has pleaded with the press and the government to clam up while they try to establish contact with the kidnappers, wild rumors, false sightings, stupefied conjecture, even prophecy and prayer has reverberated throughout Mexico's shaken-up political class. A possibly doctored photograph of a blindfolded Diego posted on an Internet site and signed off by "the mysterious disappearers" has only deepened public speculation.

Suggested scenarios are a dime a dozen and because the political landscape here is so chaotic, all of them are possible. Fernandez de Cevallos is or was a feisty, cigar-chomping litigator of choice for the oligarchy, winning multi-million dollar settlements for his clients and incurring multiple enemies in the process, any one of whom might be motivated to take maximum revenge on El Jefe.

Despite widely-reported differences with Calderon, Fernandez de Cevallos has enjoyed considerable juice with the current regime: former law partner Fernando Gomez Mont is Calderon's Secretary of the Interior, the second most powerful position in Mexico's political hierarchy, and another longtime associate, Arturo Chavez Chavez, is the nation's attorney general. Diego has successfully lobbied for the inclusion of cronies on the Supreme Court such as Margarita Luna Ramos for whose family he once won $250 million USD in a land battle with Mexico City.

Another theory reads El Jefe's disappearance as an "ajuste de cuentas", a settling of accounts perpetrated by either the Juarez drug cartel or its ardent rivals, the Sinaloa boys. Fernandez de Cevallos's ties to the Juarez Cartel have long been a matter of public record. Diego was the legal representative for the Santa Clara Hospital where cartel chieftain Amado Carrillo, "The Lord of the Skies", expired, purportedly during a 1998 liposuction procedure. Carrillo had rented out the entire hospital which is located a scant mile from Los Pinos, the Mexican White House. The doctors who administered to the Lord of the Skies were later found diced up and encased in concrete overcoats near Acapulco.

El Jefe also served as the legal advisor for the funeral home where Carillo was reputedly cremated. In life, the Lord of the Skies was privileged with the protection of the Czar of the Mexican branch of the White House's War on Drugs, the disgraced General Jesus Gutierrez Rebollo.

According to the testimony of one of Amado Carrillo's sons, Fernandez de Cevallos also steered millions of Juarez Cartel dollars into the coffers of another client, the Anahuac Bank, which later went belly-up.

The Juarez Cartel has been enmeshed in a bloody battle with El Chapo Guzman whose Sinaloa Cartel appears to have finally wrested Ciudad Juarez, a key drug-crossing point, from the Carrillos. El Chapo is believed to be the favored drug lord of both Felipe Calderon and his predecessor Vicente Fox, having escaped from a maximum security prison a month after Fox's inauguration in 2001.

One corollary to this scenario pictures El Jefe as being held hostage by El Chapo to be exchanged for the Sinaloa Cartel's Number Three honcho Nacho Coronel whose arrest has never been made public - the usual modus operandi of Mexican security forces when they trap a "pez gordo" ("big fish") is to broadcast the catch with maximum bombast. Both the Army and the Navy deny having Coronel who was reportedly captured at the end of April in Jalisco state but civilian agencies from the Mexican Federal Police to the Public Security Secretariat to the U.S. FBI or DEA remain likely suspects in the Coronel snatch.

Yet another hypothesis ascribes the taking of Diego to an unidentified armed guerrilla grouping. Mexico has often been a stage set for flamboyant political kidnappings such as the 1994 hostage taking of Alfredo Harp Helu, the billionaire president of Banamex, Mexico's oldest bank (now part of Citigroup) and the cousin of the world's wealthiest tycoon Carlos Slim. A record ransom - reputedly $14 million USD - was thought to have been paid out to the Popular Revolutionary Army (EPR) which subsequently equipped itself with sophisticated weaponry and fought a brief and bloody war with the Mexican Army.

The EPR is also thought to have put the snatch on former Interior Secretary Fernando Gutierrez Barrios in 1997 for which $6.5 million was collected - the kidnapping was never made public. The Popular Revolutionary Army has been quick to deny any involvement in the taking of El Jefe Diego.

But as Mexico marks the 100th anniversary of its landmark revolution and fresh insurrection is predicted, other guerrilla formations are certainly in the field. Fernandez de Cevallos's Queretero hacienda is a short drive from the mountainous Sierra Gorda where a guerrilla presence has been rumored since the 1994 Zapatista rebellion in Chiapas.

Others argue that the snatch is purely a commercial venture with no politics attached but as Miguel Angel Granados Chapa, the dean of Mexican political writers, points out potential kidnappers could have squeezed an astronomical ransom by nabbing any member of the Fernandez de Cevallos family and leaving El Jefe free to negotiate the dollar amount.

The possibility of guerrilla involvement in the taking of this embattled politico gained currency May 18th when General Mario Arturo Acosta Chaparro was gunned down on a Mexico City street by unknowns. Acosta Chaparro was a pivotal figure in hundreds of extra-judicial executions of suspected guerrilla fighters during the 1970s in Guerrero, once an EPR stronghold. Although never convicted of human rights abuses, the General served several years in prison for providing protection to Carrillo's Juarez Cartel - a military court later reversed the sentence. Now Proceso magazine is reporting that Acosta Chaparro had been contracted by Jefe Diego's family to investigate his disappearance.

But the most curious scenario to have emerged from this all-star imbroglio is that El Jefe has kidnapped himself, an "auto-secuestro" in Mexican criminal argot, and that he will soon reappear as the savior of the PAN and be ordained the battered right-wing party's presidential candidate in 2012.

A stridently Machista misogynist and racist voice (he once argued that indigenous uses and customs promote human sacrifice), Diego Fernandez de Cevallos has the unqualified backing of both the PAN and the PRI's most retrograde sectors. El Jefe Diego has been a political mover and shaker for a generation who is often accused of influence peddling and has long-standing ties to the family fortunes of reviled ex-president Carlos Salinas, having signed off on the burning of ballots from the 1988 presidential election stolen by Salinas from leftist Cuauhtemoc Cardenas in exchange for which the PAN received its first governorship (Baja California) and Fernandez de Cevallos a palatial mansion in Acapulco's swank Punta Diamante subdivision.

Despite an initially strong performance as the PAN presidential candidate in 1994, El Jefe Diego inexplicably abandoned his campaign and vanished from public view. When he finally returned to the hustings, Salinas's successor Ernesto Zedillo had taking a commanding lead. Political analysts such as Granados Chapa suggest the fix was in.

Now, with his party's political capital at a low ebb, the result of the devastating economic downturn, the lost war on drugs, and Calderon's inept presidency, Diego's return would transform him into the kind of tough guy candidate that many Mexicans crave. "We need a strong man with a hard hand like El Jefe Diego to straighten out this mess. I am praying for his return," Eder Lenero, a young sympathizer, told me over coffee last week.

As if on cue, billboards featuring Fernandez de Cevallos's pugnacious mug and slugged "Diego, We Are With You!" suddenly appeared in Queretero but were quickly ordered removed by his family.

John Ross is the author of El Monstruo. You can consult him on particulars at johnross@igc.org

Propone Pascual que personal de EU haga revisiones aduanales en México

La Jornada
26 de mayo de 2010
No operarán en nuestro territorio agentes estadunidenses, dice la canciller Espinosa
Georgina Saldierna

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron enfocarse en la creación de terminales multimodales en ambos países, con el propósito de realizar en ellas las revisiones aduanales y de seguridad y, de esa manera, agilizar el cruce en la frontera.
Al informar lo anterior, el embajador estadunidense en nuestro país, Carlos Pascual, dijo ayer que un comité ejecutivo binacional analizará la posibilidad de que en los puertos en territorio mexicano opere personal de aduanas y de inmigración de su país. Sin embargo, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, rechazó desde ayer tal situación.

“No habrá en México agentes del gobierno estadunidense desarrollando actividades que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, enfatizó la canciller en una conferencia de prensa convocada el lunes después de las 10 de la noche, luego de que por la tarde la embajada anunciara su decisión de informar sobre los acuerdos alcanzados en la visita del presidente Felipe Calderón a Washington.

En una sesión informativa por la mañana, Pascual reiteró el compromiso de su gobierno para agilizar la entrega de equipo técnico a dependencias mexicanas en el contexto de la Iniciativa Mérida. Refirió así que en octubre próximo llegarán a nuestro país tres helicópteros Black hawk para la Policía Federal y dos Bell para la Secretaría de la Defensa Nacional.

También señaló que se logró adelantar de 2013 a septiembre de 2011, la entrega de tres helicópteros para la Secretaría de Marina, y lo mismo sucedió con cuatro aviones caza destinados a la misma dependencia.

Al mediodía, la canciller Patricia Espinosa reiteró que los dos gobiernos llegaron al acuerdo de mantener la cooperación contra el crimen organizado por las características mismas de este tipo de delincuencia. No se puede pensar en que con dos o tres años de colaboración, el problema va a terminar y, por ello, se promueven acciones específicas tanto en el ámbito de la Iniciativa Mérida como en el tema del lavado de dinero y la localización de activos que pueden ser sospechosos.

Añadió que no ha se ha determinado la manera como se va a integrar la segunda parte de la iniciativa y tampoco se ha definido si se va a seguir llamando así o va a tener una nueva denominación, pero lo importante es que esta cooperación se mantiene, se fortalece y se sigue puliendo.

Sobre la oficina binacional que aterrizará los programas del citado programa, John Feeley, consejero ministro de la embajada estadunidense en México, dio a conocer que ha empezado a operar, pero no al ciento por ciento. Ello ocurrirá en los próximos meses.

Agregó que en su sede –cuya ubicación se negó a informar por seguridad– trabajarán 40 funcionarios de Estados Unidos y 25 mexicanos. Estos últimos apenas están siendo designados por la administración del presidente Calderón, explicó.

Sobre los puertos internos –o terminales multimodales–, el embajador Carlos Pascual añadió que el verano próximo se reunirá un comité ejecutivo binacional que trabajará en la creación de un proyecto para mejorar el comercio y los viajes transfronterizos. En dicha documento, planteará cuántos y cuáles puertos internos se crearán. Por ejemplo, Guanajuato es un lugar con conexiones de carretera y ferrocarril hacia la frontera y el mar, cuyas capacidades se están utilizando en 10 por ciento.

En ese sitio se pueden completar las funciones aduaneras y de seguridad que se tengan que hacer. Ahí se podrían sellar electrónicamente los camiones que transportan mercancías, ver la ruta que siguen a partir de mecanismos como el GPS, y crear en la frontera la capacidad de reconocer esa señal electrónica, para permitirles el paso si todo está de acuerdo a la señal, explicó el diplomático estadunidense.

El grupo analizará si agentes aduanales de Estados Unidos podrían trabajar en los puertos internos mexicanos y si funcionarios mexicanos harían lo mismo en el vecino país.

Espinosa rechazó esta posibilidad, al destacar que no podemos ni debemos pretender violentar los marcos jurídicos que privan en cada uno de nuestros países.

Por último, Carlos Pascual calificó la creación de estas terminales como un paso enorme e informó que los presidentes de ambos países también acordaron hacer compatibles las normas de producción en diversos sectores industriales, lo que redundaría en una disminución en los costos de producción.

El embajador Pascual y la secretaria de Relaciones Exteriores, Patrica Espinosa Cantellano, dieron un balance de la visita del presidente Felipe Calderón a Washington, luego de las críticas en torno a que nada concreto se firmó o se logró en el periplo del mandatario mexicano en su gira de trabajo.

Defensa de la industria eléctrica

La Jornada
23 de mayo de 2010 

Somos guerreros: la huelga continúa
Fabiola Martínez

Somos guerreros. La huelga de hambre sigue, expresa Miguel Márquez Ríos, integrante del grupo de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que está por cumplir un mes en ayuno en el Zócalo capitalino.

Casi 30 días alimentándose sólo con agua, suero y miel; lapso en el que han estado padeciendo no sólo mareos, náuseas, dolor en el cuerpo, punzadas en los riñones y debilidad general sino la inclemencia del clima de abril y mayo. Además, el ruido incesante de la Plaza de la Constitución.

A diario sofoca el calor debajo de la gran carpa verde y de las tiendas de campaña levantadas frente a Palacio Nacional; si hay lluvia, los chorros de agua invaden la plancha de concreto y, en la noche, la batalla es contra los insectos y el frío.

El plantón del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no ha estado exento de amagos de civiles sospechosos que merodean el lugar; una vez les aventaron una estopa ardiendo que alcanzó a quemar una manta y, hace algunos días les lanzaron, desde la parte alta de Palacio Nacional, canicas –las conocidas como ‘bombochas’– las cuales conservan como prueba de las agresiones, y que son adjudicadas a los soldados que vigilan las oficinas presidenciales.

Fieles acompañantes

A toda hora padecen el ruido de automóviles y sus bocinas y los acompaña el murmullo de la gente, las manifestaciones de apoyo de organizaciones sociales y de transeúntes, así como los mítines solidaros.

La semana pasada hicieron malabares para sortear a la multitud que acudió a un concierto de rock en el Zócalo en protesta por la ley antimigrante de Arizona. Los electricistas, frente a Palacio y los rockeros, frente a la Catedral. Los tapones en los oídos de los trabajadores en lucha fueron insuficientes ante el volúmen de la música.

Los electricistas, sus familias y otras personas –principalmente jubilados y jubiladas– que apoyan a los huelguistas, se ajustan perfectamente a las reglas para ingresar al campamento: registro puntual en un cuaderno, colocación de un gafete, cubreboca y gel antibacterial, para evitar daños inesperados.

A unos metros del punto de revisión, del lado derecho, está la carpa de la decena de mujeres en ayuno, quienes no saben estar quietas. Sacan la bolsa con el tejido, acomodan sus pertenencias, ven la televisión o se reúnen para darse ánimos.

Del otro lado están las carpas de los varones, similares a una sala de urgencias de un hospital público, catre con catre están casi pegados; los que iniciaron la protesta desde el 25 de abril pasado, un primer grupo de 10 (hasta ayer quedaban cuatro) ya no aguantan los dolores de espalda por dormir tantos días sobre una cama endeble.

Los huelguistas portan una playera roja con leyendas. Al frente está el escudo de su sindicato y se lee: Por el SME, mi mente, mi alma, mi espíritu y mi vida. Hasta la victoria. Huelga de hambre.

En la parte posterior, de un lado el logo de LFC y en el opuesto el del SME, símbolos que no se llevan en los labios para vivir de ellos, sino en el corazón para morir por ellos.

Los electricistas en resistencia se distinguen por llevar colgado al pecho su credencial, ampliada y resguardada por una mica de unos 20 centímetros de largo por 15 de alto.

Miguel es uno de los dos integrantes del comité central del SME que aprobó los exámenes médicos y que se integró a la protesta.

El otro es Gregorio Ernesto Paredes, de la Comisión Autónoma de Hacienda, con casi 25 años de antigüedad en Luz y Fuerza. Varios líderes estuvieron en la disyuntiva de ponerse en la primera línea del ayuno permanente o continuar en la organización de este movimiento opositor a la extinción de LFC.

No podía quedarme fuera, explica Miguel, prosecretario de las 11 divisiones de la extinta empresa, es decir, quien coordinaba a los 14 mil electricistas que daban servicio a los municipios de poblaciones vecinas al Distrito Federal.
Y fue justo en esa región, con amplias zonas rurales, donde se registraron los porcentajes más altos de trabajadores que se negaron a ser liquidados, pese al bono adicional ofrecido por el gobierno.
Ejemplo de la resistencia del SME es la hidroeléctrica Necaxa, cuna de la industria eléctrica en el país y donde permanece el equipo técnico manufacturado en 1907.
De una plantilla de 700 trabajadores permanecen en lucha 468. Ahí, en Necaxa, el pueblo se ha organizado para defender su principal fuente de empleo formal; las guardias al pie de la planta las encabezan no sólo los electricistas sino familias enteras; aseguran que no han dejado entrar ahí ni a la Comisión Federal de Electricidad ni a empresas contratistas.
Y es ahí también donde se prevé, de acuerdo con declaraciones del opositor en el SME, Alejandro Muñoz, la búsqueda de inversionistas privados para que se hagan cargo de esa planta, ubicada en una zona rica en recursos naturales.
Al respecto, el prosecretario de divisiones, quien conoce el proceder de los electricistas del campo y la ciudad, advierte que el pueblo de Necaxa es capaz de defender la hidroeléctrica con la vida misma.
Estamos con el corazón metido en este movimiento. Hay compañeros enlistados, que pasaron los exámenes médicos y que están con la mira de venir a integrarse a la huelga de hambre, expresa.
Porque, agrega, qué se puede esperar de un títere como Muñoz que primero fue líder, defensor de la materia de trabajo del SME, hoy es empresario y esquirol de nuestro contrato. Si aun con el repudio de trabajadores y jubilados se atreven a llevar a sus inversionistas, lo único que provocarán será un enfrentamiento. Nosotros estamos unidos.
Miguel tiene 22 años de antigüedad en LFC y se integró a la huelga de hambre el 3 de mayo, es decir, ayer cumplió 20 días en ayuno, sin importar las afectaciones –coyunturales o permanentes a su salud– porque está convencido de que la lucha es justa.
Los del SME no somos ni héroes ni mártires, sino un grupo de trabajadores que no está dispuesto a ser pisoteado. Tenemos claro que si en el país no hay justicia, ésta será tomada por propia mano.
Miguel ya perdió más de 10 kilos –al principio disminuía un kilo por día– pero todavía se ve fuerte, apenas con los labios resecos.
Asegura que no van a dar ni un paso atrás; como han repetido desde hace 28 días en que se instaló el campamento en el Zócalo, de una huelga colectiva de hambre posiblemente sin precedente, su lucha es hasta las últimas consecuencias. El gobierno federal, asevera, no les dejó otra opción.
Las respuestas del dirigente son fluidas y enfáticas; pero de pronto la voz se le corta, traga saliva y los ojos se le humedecen cuando recuerda la trayectoria del SME: ¡este es mucho sindicato. Somos guerreros y no permitiremos que este gobierno estúpido acabe de un plumazo con 95 años de historia de nuestra organización y con 106 años de Luz y Fuerza. Nos mantenemos aquí, así, porque tenemos mucha dignidad, mucho valor!

Legitimidad de Calderón y soberanía nacional

EE.UU,Mexico

José Francisco Gallardo Rodríguez

Al pueblo de México.

“El tráfico de drogas de México representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos (EUA), y por ello se necesita y se debe ampliar el papel del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico en ese país”, dice el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso, publicado el 8 de marzo de 2010.

    La amplia investigación, solicitada por el Capitolio, es realizada por Sun Wyler: “no hay avances significativos en la lucha militarizada contra el narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón, por lo que es urgente una mayor intervención del Pentágono”. Esta observación, más tarde es retomada por Janet Napolitano.

    El informe anota que, “por encima del respaldo que da la Casa Blanca al gobierno de Calderón con la Iniciativa Mérida, que consiste en proporcionar entrenamiento a militares y policías, otorgar equipo militar y tecnológico sofisticado e intercambiar información de inteligencia, los cárteles del narcotráfico mexicano son cada vez más poderosos en sus operaciones ilícitas, hecho que aumenta la necesidad de una mayor participación de los militares estadounidenses en México”.

    Con la Authorization of National Defense Act 1991, el Pentágono puede apoyar la lucha contra el narcotráfico de Calderón, siempre y cuando sea notificado el Congreso de EUA y por medio de una solicitud expresa de asistencia en materia antidrogas de parte del gobierno mexicano. La sección 1033 especifica que el Departamento de Defensa, en sus tareas de “estratega líder” de la lucha contra el narcotráfico en el extranjero, tiene en el caso de México, luego de que éste solicitó la intervención del Pentágono por medio de la Iniciativa Mérida, autorización para realizar acciones…” (Proceso 1745, 11-IV-10)

    A pocos días del informe, casualmente el día 13 siguiente, son asesinadas tres personas vinculadas al consulado de EUA en Ciudad Juárez, entre ellas un agente penitenciario que se dedicaba a hostigar a los reclusos de La Línea, grupo delictivo juarense. Dos días después, el presidente Obama, indignado, hace un pronunciamiento; al mismo tiempo Janet Napolitano critica la efectividad de los militares contra la violencia en el Paso del Norte, lo que causa irritación al gobierno de Calderón, y Washington insiste en la lucha binacional contra las drogas; el día 16 ingresa a México la FBI para investigar los crímenes. Luego se anuncia una visita de altos funcionarios de la seguridad encabezada por Hillary Clinton a México, con los homólogos mexicanos que se realiza el 22 de marzo pasado.

    En esa reunión el gobierno de Felipe Calderón “manoteado” es sometido y hace abdicar al Estado mexicano en su defensa por la soberanía. Es decir, entrega el país al imperio; “Janet Napolitano indicó el 24 de marzo, que Felipe Calderón pidió al gobierno de Barak Obama enviara militares del Pentágono para que realicen operaciones antinarco junto al Ejército Mexicano. Y puntualizó que el personal del Pentágono que se encuentra en el territorio mexicano está ahí a petición directa de Los Pinos.

 El conductor del programa All Things Considered, de la National Public Radio (NPR) cuestiona a Napolitano. NPR: Sólo para dejar las cosas en claro, ¿está usted diciendo que el presidente Felipe Calderón expresó su apertura a la presencia de personal militar de EUA en México? JN: Sí. Déjeme ser clara, porque este asunto es muy delicado. En forma limitada, nuestro Ejército ha estado trabajando con el de México en su lucha contra los cárteles de la droga, pero a pedido del gobierno de México, en consulta con el gobierno de México; es solamente una parte de nuestros esfuerzos generales con México, que ante todo son de naturaleza civil”. (Proceso 1743, 28-III-10).

Sin embargo, el documento de Sun Wyler señala que aun cuando se argumenta que es urgente una intervención más directa del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico… La solución al problema de la violencia, podría tomar posiblemente más de una década. (Proceso 1745, 11-IV-10)

    Así las cosas, en el mismo sentido que Napolitano apoya sus declaraciones en el informe de Sun Wyler, lo hacen también, vilmente, Felipe Calderón y el secretario Guillermo Galván al comparecer en el Senado el 11 de abril, “se requiere al Ejército en las calles para combatir el tráfico de drogas, por lo menos 10 años”. No obstante que la “guerra” arroja un saldo de casi 23 mil ejecuciones hasta la fecha, crímenes de lesa humanidad, le auguro a Calderón, si termina su gestión, más de 40 mil muertes, todas bajo su responsabilidad.

 La conducta desplegada tipifica el delito de traición a la patria contemplado en el Código Penal Federal que dice: “Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.

 Me pregunto como general brigadier del Ejército Mexicano, ¿vale la legitimidad de un gobierno, la soberanía de la nación?

Fuente: Forum 199. Mayo de 2010.

www.forumenlinea.com

Se pide apoyo a DEA y FBI para localizar a Fernández de Cevallos

La Jornada
20 de mayo de 2010
Cuerpos de inteligencia militares y civiles solicitan la colaboración de ambas agencias de EU

Se pide apoyo a DEA y FBI para localizar a Fernández de Cevallos

Alfredo Méndez

 

Los cuerpos de inteligencia militares y civiles mexicanos solicitaron el apoyo de las agencias estadunidenses DEA y FBI para unir esfuerzos en materia de intercambio de información clasificada, con miras a dar con el paradero del panista Diego Fernández de Cevallos, quien fue secuestrado hace cinco días en su rancho, ubicado en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro, revelaron ayer fuentes gubernamentales cercanas a las pesquisas.

La colaboración implica compartir informes de georreferencia satelital, bases de datos sobre bandas de criminales que operan en México, números telefónicos (celulares, fijos y de radiocomunicación) utilizados por personas sospechosas de pertenecer a grupos delictivos, además de otros datos confidenciales.
Este miércoles fue el quinto día consecutivo sin que las autoridades –federales y estatales– ni la familia Fernández de Cevallos tuvieran informes sobre el paradero del ex senador panista, y sin que alguno de sus posibles captores hubiera entablado comunicación para informar sobre sus pretensiones. Además, ayer fue el segundo día sin que la Procuraduría General de la República (PGR) emitiera algún comunicado para informar sobre los avances de las pesquisas.
De acuerdo con las evidencias recabadas en la averiguación previa SC/31/2010, abierta por la Procuraduría General de Justicia de Querétaro, la camioneta de la que bajó el Jefe Diego, aproximadamente a las 22:50 horas del pasado viernes en el estacionamiento de su rancho La Cabaña, no era una Hummer blanca –de la que se había dicho que fue encontrada con la puerta abierta–, sino una Cadillac Escalade EXT (pick up) color arena, la cual se halló bien cerrada, presuntamente por el mismo Diego.
Los testimonios recabados y las pruebas periciales practicadas en la escena del crimen han permitido a los investigadores saber que Fernández de Cevallos traía en una bolsa de su pantalón 100 mil pesos en efectivo, cargaba una pistola sujeta al cinturón y que por unos minutos se resistió al plagio, por lo que pudo resultar herido él o alguno de sus victimarios.
Los fiscales asignados al caso creen, por las evidencias con las que cuentan, que durante ese forcejeo el ex senador perdió unas tijeras con las que se recortaba la barba, así como un peine, una pluma y un botón de su camisa. Esas tijeras hirieron a alguien, muy probablemente a Fernández de Cevallos, por lo que un charco de sangre de menos de dos centímetros de diámetro quedó en el piso.

Por la tarde, aproximadamente 10 militares, acompañados por agentes de la dirección de investigación del delito, de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro, realizaron mediciones y otras diligencias alrededor de la camioneta Cadillac Escalade EXT, modelo 2007, estacionada en el rancho La Cabaña.
Durante el viernes pasado, antes de su secuestro, el abogado convivió con Carlos Loyola Vera, hermano del ex gobernador de Querétaro Ignacio Loyola; con Luis Cabrera, su amigo, y con Diego y David Fernández Gutiérrez, hijos del ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN). Todos ellos ya rindieron declaración ante las autoridades ministeriales.
Según revelaron a La Jornada fuentes ministeriales que han tenido acceso a la averiguación previa, el ex legislador se dio tiempo durante ese viernes para revisar diversos asuntos domésticos en sus fincas y cobró 100 mil pesos por concepto de honorarios por algún litigio que encabeza. Cuando llegó a su rancho, después de estacionar y cerrar perfectamente su camioneta, un hombre lo sujetó por la espalda y al menos otros dos lo auxiliaron para impedir que el Jefe Diego pudiera desenfundar su pistola Pietro Beretta calibre .380 (autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional), que ese día cargaba en la cintura.
Los investigadores sostienen la hipótesis de que el panista fue cargado por algunos metros hacia el exterior de la finca, donde los plagiarios huyeron con él en algún vehículo.
Una vez a bordo, los victimarios apagaron los teléfonos de Fernández de Cevallos, entre ellos un radio Nextel que cuenta con sistema GPS. El velador del rancho fue el único que se percató de la llegada del político, pero en su declaración dijo que no notó ni escuchó nada raro la noche del pasado viernes.
El sábado 15 de mayo a las 7 de la mañana llegó a la finca un trabajador del abogado panista. Cuando lavaba la camioneta de Fernández de Cevallos, observó en el suelo la pluma, el peine, las tijeras y rastros de sangre. Después de percatarse de que el político no estaba en la cabaña avisó al velador de la desaparición de su patrón, y ambos llamaron a los hijos del ex senador queretano, quienes reportaron el posible secuestro a las autoridades ministeriales.

Transparentar la justicia militar, sugiere a México subsecretario de Estado de EU

La Jornada

19 de mayo de 2010 

Se pregunta David Johnson si la estrategia antinarcóticos ha deteriorado el imperio de la ley 

Transparentar la justicia militar, sugiere a México subsecretario de Estado de EU 

David Brooks

Corresponsal

Washington, 18 de mayo. México necesita de manera urgente transparentar y fortalecer sus instituciones judiciales –en particular en materia de justicia militar– como parte clave de la lucha antinarcóticos, afirmó el gobierno de Barack Obama, mientras algunos líderes legislativos cuestionan si la estrategia castrense que se ha seguido no ha deteriorado el imperio de la ley en ese país.

Para el senador Richard Durbin, presidente del Subcomité para Asuntos de Derechos Humanos del Comité Judicial del Senado estadunidense, la estrategia de emplear militares en la lucha antinarcóticos, en lugares como Ciudad Juárez, no funcionó, ya que más de un año después del despliegue militar, las muertes y la violencia relacionadas con la droga en México han empeorado mucho.
Además, declaró Durbin, al encabezar una audiencia sobre el tema, los militares mexicanos en muchas instancias operan con virtual impunidad y con éxitos muy limitados en reducir la violencia producida por las drogas y cometiendo abusos a los derechos humanos que frecuentemente sobrepasan los de las fuerzas de seguridad pública que sustituyeron.
Durbin, influyente líder demócrata, con vínculos cercanos a Obama (ambos eran senadores del mismo estado, Illinois), insistió en que la ocupación militar no es una opción de largo plazo, porque la persecución del narcotráfico es un desafío de seguridad civil. También cuestionó el uso de extradiciones, ya que no deberían ser sustituto para la capacidad de arresto, condena y detención de narcotraficantes en sus propios países.
A su vez, David Johnson, subsecretario de Estado para asuntos de Narcotráfico Internacional, afirmó que “cualquiera que ve las noticias desde el sur de nuestra frontera sabe que la violencia relacionada con la droga está en una espiral fuera de control, dentro de los cárteles, entre éstos y contra los otros cárteles”.

Elogió la determinación del gobierno de Felipe Calderón y enfatizó la necesidad de promover una reforma judicial en México mediante la Iniciativa Mérida. Asimismo, informó que la semana próxima se inaugurará en la ciudad de México un centro conjunto para administrar la mencionada iniciativa, donde mexicanos y estadunidenses trabajarán lado a lado.
Interrogado por Durbin sobre la impunidad de militares durante su despliegue en acciones policiacas antinarcóticos, Johnson reconoció: Donde sí pensamos que tiene que haber avances es en la transparencia del sistema de justicia militar para que el público pueda ver que esa justicia se está haciendo claramente.
Agregó que existen trabajos por canales militares entre ambos países para ofrecer asesoría y ejemplos sobre cómo funciona el sistema de justicia militar estadunidense. También subrayó que lo que se desea promover es la transparencia.
Por su parte, Lanny Breuer, procurador general asistente del Departamento de Justicia, declaró que México, al enfrentar esta notable amenaza y desafío nacional, tiene que reformar su sistema judicial, y por ello sería conveniente que analizara la transición a un sistema como el empleado en Estados Unidos, ya que la estrategia actual sólo rinde una tasa de condena de entre 2 y 3 por ciento de los casos. Finalmente dijo que el Departamento de Justicia está haciendo la tarea crítica de enseñarles a avanzar hacia ese cambio.

Bajas y percepciones

Carlos Fazio

La guerra contrarrevolucionaria tuvo su origen en la Escuela Francesa y, tras su derrota en Dien Bien Phu, fue aplicada por el ejército galo en Argelia. Se basa en la guerra sucia, expresión acuñada en 1948 por oficiales franceses en Indochina, donde aplicaron suplicios que no envidiaban nada a los de la Gestapo. Los métodos de la guerra sucia incluían tareas de inteligencia, la acción sicológica, la institucionalización de la tortura, ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzosa y masiva de enemigos, según la técnica inaugurada por Hitler con su decreto Noche y niebla, de 1941. Esas metodologías eran ejecutadas por comandos clandestinos del ejército, lo que a su vez requería de una justicia a la medida de los militares y leyes propias de un estado de excepción; ergo, la subordinación de la autoridad civil al poder militar. Importada por John F. Kennedy, apóstol de la guerra contrarrevolucionaria, se extenderá a toda América Latina, y de la mano de la Doctrina de Seguridad Nacional, los manuales de instrucción de la CIA y los escuadrones de la muerte, derivará en el terrorismo de Estado y en la multinacional represiva de las dictaduras del Cono Sur, dirigida desde Washington por el secretario de Estado Henry Kissinger.

2. En el contexto de una guerra sucia contrainsurgente que dura ya muchos años en Colombia, la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, que persigue una solución militar a un conflicto político-económico, ha utilizado la mentira sistemática como arma de guerra. Una modalidad del terrorismo militar y mediático, es lo que en ese país se conoce como falsos positivos. En la práctica, esa política, reportada como resultados positivos de la acción gubernamental contra grupos ilegales, ha implicado un incremento de las ejecuciones extrajudiciales de civiles no combatientes por parte del ejército, que luego son presentados como guerrilleros muertos en combate.
El asesinato de civiles inocentes (mil 800, según la ONU, principalmente jóvenes y campesinos pobres), como práctica para inflar los números de bajas causadas al enemigo (body count), fue utilizada por el ex comandante del ejército, general Mario Montoya (el héroe de la liberación de Ingrid Betancourt), para medir el progreso de la lucha contra las guerrillas. Esa modalidad incentiva las violaciones a los derechos humanos y es utilizada por oficiales del ejército que tratan de cumplir su cuota para impresionar a sus superiores y obtener ascensos. Está ligada al sistema de recompensas, permisos y ayudas económicas que establece el Programa de Seguridad Democrática de Uribe. En 2008, la desaparición de 19 jóvenes en el municipio de Soacha, vecino de Bogotá, que aparecieron como bajas del ejército en Norte de Santander (a mil kilómetros de distancia), generó un escándalo que llevó a la destitución de 27 militares, incluidos tres generales, así como a la renuncia del general Montoya, premiado por Uribe con la embajada en República Dominicana.

3. En México, tras la llegada del embajador estadunidense Carlos Pascual, experto en estados fallidos y revoluciones conservadoras, y en el marco de la segunda fase del Plan México (Iniciativa Mérida) y de la guerra de Calderón contra un enemigo funcional y difuso, se ha incrementado el accionar de grupos paramilitares y de limpieza social, que, en clave de contrainsurgencia, han dejado un alto saldo de víctimas civiles (29, sólo en abril). Muertes minimizadas por Calderón y presentadas por el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, como daños colaterales de una guerra urbana irregular contra la delincuencia. Ello, claro, siempre y cuando por la condición de clase de las víctimas, su pertenencia a instituciones de alcurnia o por su alta visibilidad mediática, no se llegue a decodificar y exhibir la premisa principal del régimen: todos los muertos son sicarios o pandilleros (Calderón dixit) hasta que se demuestre lo contrario.
El caso de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey asesinados el 19 de marzo pasado es paradigmático. Los datos duros indican que elementos de la séptima Zona Militar controlaron la escena del crimen por más de tres horas. En ese lapso alteraron el lugar de los hechos y desaparecieron evidencias. Entre ellas, las ropas y pertenencias de las víctimas, incluidas sus identificaciones. Además les sembraron armas. También confiscaron los videos de vigilancia y los radiotransmisores de la guardia del campus. Luego presentaron ante la opinión pública a Jorge A. Mercado y Javier F. Arredondo como sicarios. Hasta allí, la misma técnica de los falsos positivos de Colombia, a ser capitalizada como eficacia militar. Si a dos estudiantes de excelencia se les dio por sicarios, ¿cuántos degollados, descuartizados o encostalados no han sido presentados falsamente como presuntos delincuentes caídos en enfrentamientos con la policía y el Ejército o producto de ajustes de cuentas entre bandas rivales?
Pero entonces empezaron las contradicciones y se evidenció el montaje. A los padres de los muchachos no les dejaron ver los cuerpos en el Servicio Médico Forense. Reconocieron sus caras por… ¡computadora! Estaban amoratadas, desfiguradas. Rosa Mercado, madre de Jorge, dijo que parecía torturado. Según el rector del Tec, Rafael Rangel Sostmann, uno de ellos tenía amputadas sus piernas por el impacto de una granada.
Cuando la presión e indignación de la elite clasista regia creció, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, recurrió al plan B: el de las bajas colaterales resultado de fuego cruzado. Los estudiantes estaban en la línea de fuego y sicarios los mataron, dijo. El Ejército exonerado. Igual que en el otro Nintendo mediático, el de los niños Martín y Bryan Almanza, de Tamaulipas, cuya madre afirma que los asesinó el Ejército, mientras el fiscal militar lo atribuyó a una narcogranada. ¿Problema de percepciones o montajes y manipulación informativa?

La transformación de los seres humanos en insectos

16.05.2010
La transformación de los seres humanos en insectos
Guillermo F. Parodi
Rebelión
Revisado por Caty R.

«Casi todos los seres humanos viven en una serena desesperación»
Henry Thoreau, Walden.

Como en la obra La Metamorfosis de Kafka, a los seres humanos nos están convirtiendo en cucarachas. Los poderosos no tienen sentimientos, viven para ellos y sus extensiones narcisistas (familias y amigos que les sirvan), pero el resto ¡que reviente! Solo necesitan unos pocos lacayos que los sirvan y el resto puede morir. Basta leer las noticias que se filtran de las «humanistas» reuniones del club Bildelberg para sospechar que Susan George tiene la capacidad de hacer premoniciones tal como se refleja en su libro Informe Lugano. El libro no es para entretenerse, tampoco para pasarla bien, la socióloga estadounidense emigrada a Francia relata en clave de ficción lo que unos especialistas recomiendan a los líderes mundiales para deshacerse de la sobrepoblación y prevenir su reincidencia, lo interesante es que parte de datos reales que ya están ocurriendo como: guerras localizadas, pandemias, catástrofes climáticas… En fin, Susan George está muy bien informada y tiene una gran capacidad para la prospectiva.
Por otro lado, ya en 1996 Jeremy Rifkin en su libro El Fin del Trabajo, demostró que el trabajo se está acabando. La causa: el adelanto tecnológico y los enormes avances en la inteligencia artificial. Poco a poco las industrias y los servicios se irán automatizando y los trabajadores serán descartados pues el capital ya no los necesitará. En los muchos artículos que leo y disfruto habitualmente noto que nos estamos olvidando de considerar el tema aunque tuvimos tiempo de estudiarlo. Lo que sí puede rescatarse es el trabajo pionero de la Red Renta Básica [1], que es una sección oficial de la organización internacional Basic Income Earth Network (BIEN). Lo más sucinto y claro sobre ese tema lo escribió Ignacio Ramonet en un artículo aparecido en Le Monde diplomatique bajo el título «La Aurora» [2] que expresa en uno de sus párrafos:

"Es preciso establecer un ingreso básico incondicional para todos, que se le otorga a cada individuo desde que nace, sin ninguna condición de status familiar o profesional. El principio, revolucionario, es que cada cual tiene derecho a ese ingreso básico porque existe, y no para existir. La instauración de este ingreso se funda en la idea de que la capacidad productiva de una sociedad es el resultado de todo el saber científico y técnico acumulado por las generaciones anteriores. Los frutos de ese patrimonio común deben beneficiar al conjunto de los individuos bajo la forma de un ingreso básico incondicional. Que podría extenderse a toda la humanidad, porque de ahora en más el producto mundial equitativamente distribuido bastaría para garantizar una vida confortable al conjunto de los habitantes del planeta".

Pero eso aún no es universal. En España figura en la constitución del país Vasco. Brasil lo aprobó pero sin fecha cierta de aplicación.

Pero volvamos a lo que actualmente está ocurriendo.

Además de la espantosa costumbre de los capitalistas de explotar a sus congéneres, como el trabajo se termina, llevará a que existan trabajadores explotados y simples desocupados cuya supervivencia no está garantizada como la de los pájaros del cielo.

La explotación aparece acuciada por la vuelta al capitalismo salvaje con el advenimiento del neoliberalismo, introducido por las graciosas manos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, copiado u obligado a ser copiado por todos los países del mundo.

La desocupación (paro) en aumento facilita la existencia de la perversa precarización laboral preconizada por el neoliberalismo y eufemísticamente llamada «flexibilización laboral». En resumen hoy los trabajadores o están desocupados (parados) o, los más privilegiados, son portadores de contratos chatarra.

Yo mismo soy uno de esos privilegiados, mi contrato laboral especifica que no tengo relación de dependencia, aunque deba cumplir horario y soportar a un jefe, me pueden despedir cuando quieran sin indemnización, no tengo derecho a vacaciones, ni aguinaldo y menos aún a beneficios sociales. Me siento, analizándolo fríamente, un insecto descartable. Cada mañana cuando me levanto me examino minuciosamente para ver si sigo siendo humano.

Me encantaría ver a los explotadores no en la cárcel sino en el zoológico donde deberían ganarse sus galletitas haciendo monerías.

Notas:

[1] http://www.redrentabasica.org/
[2] Le Monde Diplomatique. Edición Cono Sur. Número 7. Enero 2000.
http://www.insumisos.com/diplo/NODE/2230.HTM

Guillermo F. Parodi es escritor, profesor universitario, miembro del Observatorio Internacional de la Deuda y de los colectivos Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala (www.tlaxcala.es), la red de traductores por la diversidad lingüística.

La Unión Europea rescata el proyecto neoliberal

12.05.2010
La Unión Europea rescata el proyecto neoliberal
Alejandro Nadal

Hace tres semanas, la Unión Europea decidió rescatar a Grecia, que estaba ahogándose en el mar de la deuda. Se autorizó un paquete por 110 mil millones de euros (80 de la UE y el resto del Fondo Monetario Internacional) para enfrentar los vencimientos más urgentes de su deuda soberana. El precio para el pueblo griego será una recesión profunda y larga por haber caído en la trampa de una prosperidad que nunca existió.
Con tanto jaleo, el barco de la Unión Europea se ladeó y comenzó a hacer agua. Los tripulantes vieron el peligro del efecto cascada que podría arrastrar a Portugal y España. Los arrecifes no estaban lejos: el desplome del euro se había convertido en una posibilidad real. Había que tomar medidas para evitar el hundimiento.

El 9 de mayo los dieciséis países de la eurozona se comprometieron a proteger al euro con un paquete de más de 500 mil millones de euros (mmde). Junto con otros 220 mmde provenientes del FMI, el blindaje alcanza la portentosa suma de 720 mmde. Por supuesto, esto significa que la condicionalidad de los paquetes del Fondo será el precio a pagar para los países rescatados.

Los medios bautizaron a la medida como un ejemplo del shock y espanto de la doctrina Powell al arrancar la triste guerra de Irak. La idea de esa doctrina era, recordarán los lectores, abrumar con un despliegue militar al enemigo para aniquilar rápidamente sus defensas y desmantelar sus centros de poder.

La metáfora es más que desafortunada. La guerra en Irak es un desastre, así que hay que preguntarse a quién está rescatando esta iniciativa. Para responder, hay que hacer un poco de historia.

El proyecto original de una Europa unida fue concebido como heredero del pacto social de la posguerra. Era el momento de la reconstrucción y la reconciliación, pero también el de la distribución mediante una política de ingresos que permitió una demanda agregada robusta. Ese era, a grandes trazos, el proyecto original de Jean Monnet para el Tratado de Roma de 1957.

Quince años más tarde, el derrumbe del sistema de Bretton Woods cambió las reglas de juego y al final, la Unión Europea alcanzó su plenitud en medio del frenesí neoliberal de los años noventa. Su creación más espectacular, la unión monetaria, nació al abrigo de la teología macroeconómica neoliberal cristalizada en el Tratado de Maastricht (1992): política monetaria obsesionada por la lucha contra la inflación, política fiscal comprometida con el dogma del presupuesto equilibrado y una política de contención salarial que llevaría a serios desequilibrios estructurales en toda Europa.

Aunque el esquema de Maastricht y del Pacto de estabilidad y crecimiento se descompuso antes de que estallara la crisis, los políticos y financieros jugaron a no darse cuenta. Y hoy que la crisis financiera y económica ha roto el paradigma de la economía neoliberal, los centros de poder político y financiero se resisten a abandonarlo.

Según Christine Lagarde, ministra de economía francesa, es sumamente útil tener al FMI participando en esta iniciativa de la UE debido a su experiencia en aplicar programas de estabilización y ajuste. Para Lagarde, el análisis del Fondo en los casos de Lituania, Hungría y Grecia fueron muy preciosos. Caray, qué bueno que a Sarkozy le da por reflexionar sobre las alternativas al capitalismo.

Al igual que la Reserva Federal, la Unión Europea sacó su maquinita de imprimir billetes. Ahora podrá comprar deuda soberana, pero la hipocresía del poder es ilimitada: esas operaciones sólo se llevarán a cabo en los mercados secundarios. Pero los países rescatados recibirán el trato que acostumbra otorgar el FMI. Ahora queda claro no sólo a quién van a rescatar, sino también a quién van a destruir: esta maquinaria quiere desmantelar los últimos vestigios del proyecto original de la Europa solidaria y próspera en el espíritu del Tratado de Roma.

A dos años de haber explotado la crisis neoliberal no se ha prohibido ni una de las transacciones financieras que sirven para especular, incrementar riesgos e intensificar la volatilidad. En cambio, se inicia la última ofensiva en la guerra para desmantelar lo que queda de una etapa en la vida del capitalismo en la que la solidaridad social y una norma salarial que permitía hacer frente a la deficiencia de demanda agregada importaban un poco. ¡Arriba la flexibilidad laboral!

Hoy el pueblo griego se retuerce en un asador en el que los sueños de una generación morirán. Es la misma suerte de la generación que fue sacrificada en México desde 1982 para poder pagar una deuda interminable. Veinticinco años de no invertir en salud, educación, vivienda o medio ambiente. Tiene razón el pueblo griego en rebelarse.

No hay que ser ingenuos. La crisis no es una patología que esporádicamente afecta al capitalismo. En el capital, la crisis no es un episodio del que uno se recupera para regresar a la norma. La crisis es el estado normal del capitalismo. El capital disfruta, vive y se nutre en la crisis.

http://nadal.com.mx

Solamente Sedena y Semar colaborarán en materia de inteligencia con DEA y FBI

La Jornada
10 de mayo de 2010
El gabinete de seguridad analiza decretar estado de excepción en varios municipios del país
Solamente Sedena y Semar colaborarán en materia de inteligencia con DEA y FBI
Gustavo Castillo y Jesús Aranda

El presidente Felipe Calderón ordenó que, como parte de su nueva estrategia contra el crimen organizado, únicamente las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) unan esfuerzos en materia de inteligencia operativa con las agencias estadunidenses DEA y FBI, y se limpien las zonas que controlan los cárteles de la droga, los cuales han generado un alto índice de violencia e incertidumbre social, principalmente en los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León.
Funcionarios que forman parte del gabinete de seguridad nacional revelaron lo anterior y agregaron que, en este contexto, dicho cuerpo colegiado analiza los resultados de un estudio elaborado por la Sedena respecto de los cárteles, sus grupos de sicarios y la penetración social que han tenido, por lo que propone que se decrete estado de excepción en al menos 23 municipios del país, ubicados en las entidades más conflictivas.

Las fuentes consultadas informaron a La Jornada que el presidente Felipe Calderón Hinojosa determinó que solamente las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se vinculen con la DEA y la FBI, a fin de que la Policía Federal (PF), que depende de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal –que dirige Genaro García Luna–, se haga cargo de las zonas cuando ya estén limpias.

Después de la salida de militares o marinos, los policías federales tendrán como responsabilidad el sostenimiento de la seguridad pública en las regiones consideradas prioritarias.

Los funcionarios entrevistados señalaron que este cambio de vinculación entre las autoridades mexicanas y estadunidenses obedece a la desconfianza de las agencias extranjeras en la policía y la falta de operatividad de los órganos de inteligencia.

Asimismo, puntualizaron que los agentes de la DEA y de la FBI no actuarán de manera directa con los grupos de militares y marinos, como ocurría con la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), corporación que creó y extinguió el mencionado García Luna.

La DEA, la FBI y las dependencias nacionales elaborarán reportes de inteligencia que serán intercambiados en tiempo real, a fin de detectar células criminales, y corresponderá a las autoridades mexicanas realizar lo que denominan en el argot gubernamental actos de prevención, acción y reacción, que incluyen la persecución y detención de los grupos criminales.

Pero este trabajo coordinado con las agencias estadunidenses no significa que marinos y soldados laboren juntos o realicen operativos de manera conjunta, pues cada cuerpo se encargará de sus propias operaciones con sus hombres.

La información recabada refiere que no tendrán ninguna intervención en estos intercambios de información los órganos de inteligencia que opera la Procuraduría General de la República (PGR), como son un área de la recién creada Policía Federal Ministerial (PFM), que encabeza Wilfrido Robledo Madrid, ni tampoco el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), que dirige el almirante José Luis Figueroa, a pesar de que allí se recibió la alerta que concluyó en el operativo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en que fue abatido el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

Por lo que hace al estado de excepción en algunas zonas o municipios del país, el informe elaborado por la Sedena –y que fue entregado a la Secretaría de Gobernación– ya es analizado por las distintas dependencias que también integran ese órgano de coordinación, como son Sedena, PGR, Semar, Hacienda y Crédito Público, SSP federal, Presidencia de la República, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la cancillería.

Fuentes castrenses consultadas insistieron en la necesidad de fijar el estado de excepción al menos en algunos municipios, aunque aceptaron que de llevarse a cabo la propuesta se tendría que poner especial énfasis en el tema de los derechos humanos.

Trascendió que entre las alternativas que analiza el gabinete de seguridad nacional está involucrar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las comisiones estatales en la materia para que sigan de cerca los operativos anticrimen, una vez que entre en vigor la restricción constitucional de garantías.

Entre los municipios en los que se pretende aplicar el estado de excepción destacan: Ciudad Juárez, Chihuahua; Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Mier, Río Grande, Matamoros, Reynosa y Tampico, Tamaulipas; El Cuarenta, Anáhuac y La Jarita, en Nuevo León, y Acapulco y Ciudad Altamirano, Guerrero.

Comentaron que, de acuerdo con el artículo 29 constitucional, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la PGR, y con la aprobación del Congreso de la Unión... podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por tiempo limitado..."