Claudio Katz
Trump confirmó en sus primeros días que es
un mandatario reaccionario con múltiples planes de atropellos. Mientras
crece la resistencia callejera, la viabilidad de su agresión es una
incógnita. Pero en cualquier caso, una acertada caracterización de su
proyecto vale más que incontables vaticinios.
UNA AGENDA VIRULENTA
Las órdenes ejecutivas que firmó el magnate ilustran sus propósitos
trogloditas. Ratificó la construcción del muro a cargo de México, puso
en marcha la expulsión de indocumentados, anuló el visado para varios
países árabes, anunció la quita de subsidios federales a las ciudades
que protejan inmigrantes, inició la liquidación del seguro de salud
(Obamacare) y congeló la contratación de empleados estatales.
Su
gabinete de generales y multimillonarios incluye expertos en destruir
la educación pública (Betsy DeVos), vaciar el sistema sanitario (Tom
Price), liquidar el ambientalismo (Scott Prui) y congelar el salario
mínimo (Andy Puzder). Su vicepresidente (Mike Spence) lidera las
campañas de penalización del aborto y sus principales funcionarios son
declarados anti-islamistas (Michael Flynn) o pregoneros del suprematismo
blanco (Bannon).
Como el exponente del lobby petrolero
(Tillerson) ya rehabilitó la construcción de oleoductos contaminantes,
es posible un debut represivo contra los pobladores que resisten en
Dakota, esos devastadores emprendimientos.
La predisposición de
Trump por el garrote se verificó en su justificación de la tortura.
Garantizó protección total a las actividades de la CIA y subió el tono
de los insultos contra la prensa por su cobertura de las manifestaciones
opositoras. Con una fábula sobre los sufragios fraudulentos, prepara
algún mecanismo de disuasión del registro de votantes.
Trump
negocia con el establishment republicano el plan económico y la política
exterior, respaldando las campañas oscurantistas de los
ultra-derechistas de su gabinete. Esa agenda incluye iniciativas de los
suprematistas contra los afro-americanos y los derechos conquistados por
otras minorías. No sólo los latinos están excluidos de su proyecto de
“hacer nuevamente grande” a los Estados Unidos (Davis, 2016).
El magnate sabe que su giro xenofóbico requiere más acciones que
palabras. Busca el sostén activo de su electorado para diabolizar a los
mexicanos y atacar a los musulmanes. Por eso convoca a los “verdaderos
estadounidenses” a sostener su figura contra los “políticos
profesionales” del Congreso.
Su combinación de verborragia
agresiva y caudillismo nacionalista ha sido identificada por numerosos
analistas con el “populismo anti-sistémico” (Fraga, 2016). Utilizan esa
denominación para cuestionar su demagogia y su desconocimiento de los
principios republicanos. Subrayan que esos defectos son
internacionalmente compartidos por líderes de la derecha y la izquierda
Pero la inconsistencia de esta comparación salta a la vista en el caso
de Trump. Se pueden trazar paralelos con Le Pen, pero cualquier
parentesco con Maduro o Evo Morales es un disparate. El mote de
populista oscurece que el potentado es un exponente de la clase
capitalista, que busca reconstituir el sistema político estadounidense
mediante una gestión autoritaria.
Como esa meta exige soportes
para-institucionales, la coalición gobernante incluye el componente
fascista de las milicias y de los grupos que promueven el uso de las
armas en las universidades.
Algunos autores (Cabrera, 2017)
resaltan acertadamente estas amenazas, frente a las vacilaciones de los
progresistas que contemporizan con Trump. Esos enfoques describen el
voto obrero logrado por el multimillonario como una simple manifestación
de descontento, diluyendo su carácter reaccionario. También despliegan
acertados cuestionamientos a Obama e Hilary, desconsiderando el peligro
que representa el nuevo presidente (Fraser, 2017). Con esa actitud
resulta difícil valorar la extraordinaria explosión de protestas que
desencadenó la llegada de Trump.
UNA RESISTENCIA INÉDITA
Ningún otro presidente inició su mandato con tanto rechazo inicial.
Cuatro millones de manifestantes transformaron la fisonomía de las
principales ciudades de Estados Unidos. Pero más llamativa ha sido la
radicalidad de los discursos y las consignas.
Bajo un alud de
carteles proclamando que Trump “no es mi presidente”, numerosos oradores
resaltaron la ilegitimidad del mandatario. Las encuestas ratificaron
que la mitad de la población convalida esa percepción. No sólo Michael
Moore y los seguidores de Sanders cuestionan la validez de la actual
gestión presidencial. Algunas personalidades del establishment coinciden
en ese desconocimiento (Krugman, 2017). Estos planteos socavan los
cimientos del sistema institucional estadounidense.
La
ceremonia de asunción fue boicoteada por cuarenta senadores liderados
por un emblemático luchador afro-americano (Lewis). Este convulsivo
escenario suscita impensables comparaciones con los países
latinoamericanos.
Junto a las protestas emerge una nueva cultura
de resistencia presente en ingeniosos carteles, que recuerdan a los
grafiti del 68. Las redes sociales sustituyen las viejas pinturas en los
paredones, facilitando la difusión instantánea de los mensajes. La
repercusión internacional de esos slogans crece junto a un repudio de
Trump, que es compartido por toda la comunidad artística de Hollywood.
La próxima batalla se librará en las “ciudades santuario” que
extendieron documentos de protección a los perseguidos. Las autoridades
de 300 centros urbanos han declarado que resistirán las exigencias
federales de deportación, subrayando “que la inmigración hace grande a
América”.
Varios comentaristas trazan comparaciones con el
clima que anticipó en los años 60, las movilizaciones contra la guerra
de Vietnam. Ese recuerdo ha sustituido las analogías de Trump con Reagan
por semejanzas más pertinentes con Nixon. Si la resistencia se
consolida, los planes del nuevo mandatario afrontarán los mismos límites
que paralizaron a ese antecesor.
Trump reabre viejas heridas
de la sociedad estadounidense. Confronta con los descendientes de
pueblos originarios sioux, que rechazan los oleoductos contaminantes. En
el piquete de Standing Rock fue conmemorado el saqueo sufrido por esa
comunidad, con apoyos que incluyeron a varios veteranos de guerra. Todos
pidieron perdón por el exterminio de los indios y su confinamiento en
reservas ( Honty, 2016) .
Este resurgimiento de antiguas
grietas es más agudo en la cuestión racial. Trump acoge a los
encubiertos simpatizantes del Ku Klux Klan, que heredan el odio de los
derrotados plantadores del Sur hacia los afroamericanos. Durante la
última centuria, ese sector preservó un enorme poder en los ministerios,
tribunales y legislaturas (Pozzi, 2016) y sostuvo el sistema electoral
que premia a los estados rurales, conservadores y con menor población
(Majfud, 2016).
Trump fue ungido por ese antidemocrático sistema
que vulneró la mayoría de sufragios obtenidos por su contrincante.
Ahora reabre desde la presidencia las fracturas más dolorosas de la
historia estadounidense. Su presencia en la Casa Blanca ha desatado un
terremoto político. Luego del impresionante apoyo logrado por Sanders,
esa convulsión ha creado un gran auditorio para las propuestas de la
izquierda.
LA PULSEADA ESTRATÉGICA CON CHINA
Trump no es un extraviado que improvisa la gestión de la primera
potencia. Parte de diagnósticos elaborados por centros de estudios del
establishment, que han constatado cómo la globalización neoliberal
impulsada por Estados Unidos beneficia a China (Silva Flores, Lara
Cortes, 2017).
Resolver esa contradicción es el principal
objetivo del acaudalado. Busca ante todo reducir el descomunal déficit
comercial con el gigante asiático. Promueve ese balanceo mediante una
revisión de los tratados de libre comercio, que no aportan suficientes
ganancias a la economía yanqui.
Por eso inauguró su gestión
frenando la negociación del convenio transpacífico, que a su juicio
otorgaba demasiadas concesiones a los restantes miembros de la
asociación.
Esta decisión no implica el repliegue
proteccionista de una economía tan enlazada con circuitos
internacionales de abastecimiento. Trump intenta reordenar (y no
suprimir) los tratados que rigen el comercio mundial, a través del
esquema concertado por la OMC a mitad de los 90.
El magnate
busca recuperar la hegemonía de Estados Unidos en el intercambio global
(Lucita, 2016). No pretende revertir la estructura internacional de
transacciones, que actualmente manejan las empresas multinacionales.
Ese tipo de revisión ya fue perpetrada por Estados Unidos, cuando
sustituyó el fracaso del ALCA por convenios bilaterales con distintos
países latinoamericanos. Ahora prepara una renegociación que preservará
todos los ítems que apuntalan a la potencia del Norte.
Trump
retomará del caído TTP (y del pendiente TISA) las conveniencias logradas
por las firmas estadounidenses en los derechos de propiedad de varias
áreas (remedios, cinematografía, informática, correo, aeronáutica,
finanzas). Buscará convalidar la supremacía de su país en los servicios y
el acceso privilegiado a las compras públicas de otras naciones (
Ghiotto, Heidel 2016).
Pero la negociación con China es más
compleja. Trump no sólo exige la apertura del mercado asiático a los
bancos y proveedores estadounidenses. También demanda límites a la
penetración directa de productos chinos o a su ingreso lateral, a través
de plataformas de producción en terceros países. Los automóviles están
en mira de ese operativo.
La presión contra el competidor
oriental se extiende a la esfera monetaria. Trump no obstruirá la compra
de bonos del tesoro -que preserva la preeminencia internacional del
dólar- pero tratará de evitar la apreciación de la moneda norteamericana
(y las devaluaciones del yuan), que afectan las exportaciones de la
primera potencia.
Con ese duro esquema de hostigamiento
comercial-monetario, el magnate intentará doblegar a China, sin afectar
el predominio de los sectores altamente internacionalizados de la
economía estadounidense.
El conflicto estratégico que se avecina
con el gigante oriental tiene semejanzas con la pugna mantenida con la
Unión Soviética. Los presidentes republicanos se han especializado en
confrontaciones de ese tipo. Reagan potenció la guerra fría, Bush lideró
invasiones en Medio Oriente y Trump encabeza la pulseada con China.
Pero en el establishment hay muchas dudas sobre ese desafío (Nye,
2017). Los halcones suponen que China es económicamente vulnerable e
incapaz de sustituir a Estados Unidos, en el comando del capitalismo
globalizado.
Pero el sector que predominaba con Obama teme las
consecuencias de ese choque. Promueve la neutralización de China,
mediante su incorporación plena (y consiguiente subordinación) a los
circuitos globales de las finanzas (poder de voto en el FMI) y la moneda
(constitución de un signo mundial con participación del yuan) ( Bond,
2015)..
Trump ya empezó su ofensiva con una llamada
telefónica a Taiwán, pero prepara con cuidado la escalada. El gobierno
chino respondió con dureza, ofreciendo en Davos nuevos tratados de
libre-comercio a todos los socios en disputa. Mientras evita discutir la
apertura interna, contraataca con propuestas de globalización
potenciada.
China ya puso en marcha su propio convenio en el
Pacífico (AGER), afianza el estratégico acuerdo de Shangai con Rusia y
logró inéditas aproximaciones con Filipinas, Malasia y varios países del
Sudeste Asiático. Frente a semejante resistencia, Trump ensaya la
futura confrontación, con provocaciones a un vecino indefenso del
hemisferio americano.
EL SENTIDO DE LA AGRESIÓN A MÉXICO
Los furibundos ataques a México son una advertencia a los competidores
de mayor porte. Trump ejercita su ofensiva global con la insultante
exigencia de construir un muro pagado por las víctimas.
También
aquí está en juego la reducción del déficit comercial con el vecino y
una renegociación más favorable del convenio comercial (NAFTA). Pero
como esos desbalances son inferiores a los vigentes con otros países, es
evidente que el gesto de patota hacia México tantea pulseadas de mayor
alcance.
Trump supone que Peña Nieto aceptará todas las
humillaciones. No olvida que el actual canciller Videgaray lo invitó
como candidato a despreciar públicamente a México. Imagina que el
establishment de ese país carece de un plan alternativo a la
subordinación al Norte y está seguro del acompañamiento de Canadá.
Por eso chantajea con el arancelamiento de importaciones provenientes
de una economía, que destina a Estados Unidos el 90% de sus ventas.
Complementa esa presión con amenazas de impuestos a las remesas.
El muro es un mensaje de persecución total. Más que la construcción
efectiva del paredón -que ya fue concretada en un tercio por las
administraciones anteriores- le interesa emitir una señal de agresión
sin límite. Sugiere una pesadilla semejante a la padecida por los
palestinos en Cisjordania.
La expulsión de mexicanos sintetiza
su nuevo plan de gestión reaccionaria de la fuerza de trabajo. Trump
pretende reforzar la vieja segmentación de los asalariados que ha
caracterizado al capitalismo estadounidense. Esa división facilitó la
dominación burguesa. Al principio eran contrapuestos los inmigrantes
europeos de distintas nacionalidades y posteriormente se propició la
confrontación de los trabajadores blancos con los negros y latinos
(Gordon, 1985)..
En las últimas décadas esta fractura
fue utilizada por consolidar la reducción de los ingresos populares. El
salario mínimo es actualmente inferior en un 25 por ciento al vigente
en 1968, a pesar de la duplicación que registró la productividad.
Trump resucita el nacionalismo para recrear la vieja segmentación de
los trabajadores en el nuevo escenario neoliberal. Combina chauvinismo
con privatizaciones y flexibilización laboral. Utiliza la xenofobia y
limita la movilidad de los asalariados para consolidar el poder del
capital.
Esa restricción es su principal foco de revisión de
los tratados de libre comercio. En ningún momento objeta la continuidad
de la acumulación a escala mundial. Postula ampliar el esquema
predominante en la relación entre China y Estados Unidos, que excluye la
circulación entre los trabajadores de ambos países (Panitch, 2016)..
El Brexit anticipó esta nueva tendencia. Supone renegociar las normas
del comercio entre Inglaterra y Europa, pero sobre todo apunta a
restaurar las restricciones al ingreso de inmigrantes. También conduce
al desconocimiento británico de las leyes laborales y sociales del Viejo
Continente. Al que igual que en Estados Unidos, los capitalistas buscan
redoblar sus agresiones usufructuando de las divisiones en la clase
obrera.
Con la obstrucción de la movilidad de la fuerza de
trabajo, Trump y sus colegas ingleses promueven otro modelo de
globalización asimétrica. Intentan reemplazar el alicaído cosmopolitismo
de la Tercera Vía por un nuevo coctel de neoliberalismo con xenofobia.
Este giro se implementa a través de estados nacionales, que persisten
como el cimiento insoslayable de la mundialización neoliberal.
Es importante registrar el carácter limitado del cambio propiciado por
Trump, frente a la generalizada identificación de su política con el
viejo proteccionismo (Algañaraz, 2017) o con el fin de la globalización
(Pérez Llana, 2017). Esas caracterizaciones han sido acertadamente
objetadas, por los autores que describen las diferencias del curso
actual con los modelos clásicos de arancelamiento (Puello Socarrás,
2017). En el giro propuesto hay muchas continuidades con el esquema
neoliberal de las últimas décadas (Robinson, 2017)..
Trump forma parte de ese período por su evidente promoción de la
ofensiva del capital sobre el trabajo. Plantea revisar las normas de
comercio dentro del marco de la mundialización. No auspicia ninguna
eliminación de las cadenas globales de valor, que rigen la fabricación
internacionalizada de incontables mercancías.
Ni siquiera
postula alterar la globalización financiera. Se ha rodeado de la crema
de Wall Street y trabaja con los republicanos más hostiles a cualquier
regulación del movimiento internacional de los capitales.
LOS RIESGOS DE LA ECONOMÌA
Como Trump debutó abriendo muchos frentes de conflicto, necesitará
logros económicos próximos para oxigenar su gestión. En lo inmediato
promueve el programa de obras públicas, que muchos sectores demandaron
infructuosamente a Obama.
Un magnate que amasó fortunas con
desarrollos inmobiliarios sintoniza con todos los negocios de
infraestructura. Esa inversión es impostergable en una economía afectada
por el vetusto estado de los servicios públicos. Al cabo de tres
décadas de contracción en ese segmento de los gastos federales, la
antigüedad de esos activos supera los 22 años.
La propuesta de
Trump no es tan ambiciosa e involucra erogaciones muy inferiores a las
efectivizadas por China en el último decenio. Pero incluso a esa escala
hay pocos antecedentes de efectividad en ese tipo de iniciativas.
Ninguna economía occidental ha logrado recientemente reactivaciones
sustanciales por esa vía. El último fracaso se registró en Japón. El Abe-economics -que anticipó algunos rasgos del Trump-economics- no logró reanimar el aparato productivo (Robert, 2016)..
El proyecto del millonario supone, además, un gran endeudamiento
público y el significativo incremento de las tasas de interés. Ese
encarecimiento revertiría la baratura crediticia que alivió a la
economía estadounidense en los últimos años.
Por el momento los
mercados financieros están satisfechos con su nuevo representante en la
Casa Blanca. Aprueban la inminente reducción de impuestos a las
actividades empresarias y avalan el protagonismo de los banqueros en el
gabinete. Pero habrá que ver cómo reaccionan los fondos de inversión con
fuertes tenencias de títulos estadounidenses, ante el incremento del
déficit fiscal.
Un riesgo semejante introduce la preeminencia
del lobby petrolero. Los popes de este sector (Tillerson, Rick Perry,
Scott Pruit) no sólo recuperan el dominio que tuvieron durante la
gestión de los Bush. Su total negación del cambio climático augura el
congelamiento de las tratativas para frenar el calentamiento global y
una renovada emisión de gases tóxicos. Al concluir el quinquenio más
cálido de la historia reciente se avecina el desmantelamiento de la
Agencia de Protección Ambiental (Chomsky, 2016).
Resulta difícil
imaginar cómo hará Trump para lograr su prometida recomposición del
empleo industrial. Ninguna de sus propuestas revierte la especialización
de la economía estadounidense, en servicios o fabricaciones de bienes
finales. Esas medidas tampoco contrarrestan los procesos de
automatización que desplazan mano de obra. En ningún caso permitirían
abaratar el costo de la fuerza de trabajo a una escala comparativa con
Asia.
El modelo en marcha supone una mezcla de monetarismo (alza
de las tasas de interés) y ofertismo (reducción de impuestos), con
ingredientes keynesianos (reactivación con gasto publico). Este último
componente suscita elogios de algunos pensadores heterodoxos, que
divorcian la política económica de la orientación reaccionaria de Trump
(Varoufakis, 2016). La recuperación capitalista que promueve ese
proyecto no atenúa su regresividad.
REPLANTEOS INTERNACIONALES
El belicismo de Trump salta a la vista en los asesores del presidente.
Incorporó más militares en cargos de seguridad, que cualquier otro
gobierno de los últimos 60 años. En su gabinete predominan los mismos
partidarios de la unipolaridad armada, que prevalecieron en la gestión
de los Bush. Ya dispuso incrementos de sueldos en el ejército y un mayor
presupuesto para el Pentágono.
El magnate desmintió todas las
expectativas de repliegue interno de la primera potencia. El sheriff del
planeta calibra sus cañones y refuta todas esperanzas de aislacionsimo.
La valorización de acciones del complejo industrial-militar anticipa su
agenda intervencionista..
Esa escalada tiene
precedentes en Obama, que recompuso la presencia internacional del
Pentágono con incrementos de bases internacionales (de 60 en 2009 a 138
en 2016) y autorizó el lanzamiento de 26.171 bombas (Gandásegui, 2017)..
Estados Unidos es el protector militar del capitalismo global y no
tiene en carpeta ningún abandono de ese rol. Las incógnitas giran en
torno a los objetivos geopolíticos específicos de esa acción.
Trump intenta una aproximación con Rusia para debilitar a China.
Invierte el operativo de Nixon, que en los años 70 buscó socavar a la
URSS acordando con el gigante asiático.
Los contratos petroleros
suscriptos con Putin por el secretario Tillerson (en representación de
Exxon Mobil) prepararon el nuevo curso. Pero en el Departamento de
Estado existen serias resistencias a ese rumbo. Por eso se han filtrado
tantos secretos de la relación de Trump con Moscú.
La elite rusa
aprueba el afianzamiento de las relaciones con Occidente. Deposita sus
fortunas en Londres, educa a sus hijos en Harvard, vacaciona en Miami y
consuma negocios turbios en Ginebra (Kagarlisky, 2015). Pero como
Estados Unidos nunca ofrece algo a cambio de la simple subordinación,
todos los acercamientos desembocan en nuevos distanciamientos.
La experiencia Yeltsin quedó atrás y Putin no acepta el sometimiento
propiciado por los antecesores de Trump. Rusia estableció numerosos
convenios con China y acaba de exhibir ambiciones geoestratégicas en
Siria (Katz, 2017).
El ocupante de la Casa Blanca afronta,
además, serios conflictos con gobiernos europeos por su aproximación a
Putin. Varios líderes del Viejo Continente se niegan a eliminar las
sanciones introducidas por Hollande y Obama durante la crisis de
Ucrania. Esos desacuerdos agravan el malestar generado por las
exigencias estadounidenses de mayor financiamiento europeo de la OTAN.
Este disenso se extiende incluso al incondicional socio británico.
El impacto de Trump es especialmente significativo en Inglaterra. Ha
reforzado a los partidarios de concretar aceleradamente el Brexit, para
actualizar la alianza transoceánica y diversificar acuerdos de
libre-comercio con distintas regiones. Pero los oponentes a esa
separación demoran las definiciones y auspician un status intermedio con
Europa (semejante a Noruega). Otros proponen una larga transición de
siete años y todos dependen de una resolución final del Parlamento.
Para contrarrestar la presión de los bancos -que perderían con el
Brexit la centralidad de la City en la absorción del capital europeo-el
gobierno ofrece ampliar las atribuciones de Londres, como paraíso
financiero desregulado. En la dura negociación comercial con Alemania,
amenazan con ofrecer mayores subsidios a las empresas para atraer
inversiones del Viejo Continente.
Pero todas estas jugadas
empalidecen frente a la amenaza de Escocia de convocar a un nuevo
plebiscito, para dirimir la separación del Reino Unido si se concreta el
abandono de Europa.
El ascenso de Trump también influye en los
resultados de los próximos comicios presidenciales en Francia. La
extrema derecha espera repetir lo ocurrido en el mundo anglosajón. Pero a
diferencia de Estados Unidos no tienen una estrategia a futuro.
Proclaman su rechazo a cualquier modalidad de la Unión Europea y al
mismo tiempo refuerzan lazos parlamentarios, con los partidos
derechistas del Viejo Continente.
En semejante desconcierto no
es muy sensato coquetear con la oleada actual elogiando el Brexit o
aprobando el proteccionismo (Sapir, 2016). Al igual que en Estados
Unidos, el acompañamiento del grueso de la clase obrera a las propuestas
reaccionarias, no atenúa la regresividad de esos planteos.
La
izquierda debe plantar su propia bandera denunciando por igual a los
xenófobos y a los liberales. Es cierto que Trump y Le Pen ascienden por
la decepción con Obama y Hollande, pero ese avance expresa una
canalización reaccionaria de la frustración precedente.
La misma
firmeza debe prevalecer a la hora de juzgar las respuestas
conservadoras a Trump. La actitud del gobierno chino es particularmente
nefasta, puesto que contrapone las ventajas del libre-comercio a la
agresividad estadounidense.
Ese mensaje refuta a quiénes
ponderan el modelo internacional de China, como una alternativa
progresista al neoliberalismo occidental (Escobar, 2016). En un momento
de mutaciones tan drásticas, la izquierda necesita enarbolar sus propias
banderas anticapitalistas.
EL TEMBLOR EN AMÉRICA LATINA
En ningún país del mundo la presidencia de Trump desata convulsiones
equivalentes a México. El gobierno está totalmente mareado y Peña Nieto
sólo pospuso la peregrinación a Washington, cuando su agresor le
explicitó la inutilidad del encuentro. Las críticas a esa genuflexión
unificaron a todo el arco opositor.
Los insultos del gringo
millonario reavivan la memoria de los avasallamientos sufridos por el
país, en un contexto de gran reactivación de la lucha social. Las
marchas frente al gasolinazo reforzaron la continuada batalla del
magisterio y superaron la reacción ante los crímenes de Ayotzinapa
(Aguilar Mora, 2017).
La desorientación que exhibe la clase
dominante mexicana se extiende al continente. Todos los mandatarios
neoliberales esperaban profundizar con Hilary la restauración
conservadora, concertando la Alianza librecambista del Pacífico. Frente
al nuevo escenario no logran definir alguna política alternativa. Sólo
profundizan la parálisis interna del Mercosur, sin concebir
concertaciones defensivas.
Hasta ahora predomina la tendencia a
buscar acuerdos de libre-comercio sustitutos, no sólo con la Unión
Europea. Argentina y Brasil aceitan eventuales negociaciones con China,
registrando la activa agenda de viajes del presidente asiático. Ni
siquiera evalúan las consecuencias económicas primarizadoras de esas
tratativas.
Si la región queda en el medio de una gran batalla
comercial entre Estados Unidos y China, los efectos podrían ser
demoledores. Aprovechando la ausencia de políticas soberanas en la
región, los dos gigantes disputarían con más ferocidad la colocación de
mercancías excedentes y el saqueo de los recursos naturales.
Argentina está particularmente embarcada en esa auto-destrucción. Macri
emula a su par estadounidense en la intimidación represiva y la
xenofobia anti-inmigrante.
Pero Trump despierta simpatías
también en el Cono Sur, entre los políticos que elogian su promoción del
mercado interno (Terragno, 2017). Algunos declaran con llamativa
admiración que “Trump es peronista” (Moreno, 2017). Explicitan de esa
forma el componente reaccionario del justicialismo clásico, que emergió
en la época de Isabel Perón.
El lugar de la izquierda está en el
campo opuesto de solidaridad con los manifestantes callejeros de
Estados Unidos. Esa convergencia se nutre de un rechazo compartido al
derechista de la Casa Blanca. El antiimperialismo de América Latina
empalma con las demandas democráticas de los indignados del Norte.
Trump inaugura un giro de alcance global. El epicentro de la crisis se
ubica primera vez en la principal potencia del planeta. De la misma
forma que nadie imaginó la implosión de la Unión Soviética o la
conversión de China en potencia económica, tampoco hubo previsiones de
la monumental mutación en curso.
Las grandes transformaciones
irrumpen sin aviso previo, pero sus efectos están a la vista. Trump es
la barbarie capitalista y sus provocaciones exigen forjar una respuesta
socialista.
RESUMEN
Trump impulsa un proyecto
reaccionario que no se clarifica indagando el populismo. Promueve un
giro autoritario con sostén para-institucional para favorecer a los
capitalistas. La inédita resistencia en las calles reflota tradiciones
rebeldes y acota su margen de acción.
En la estratégica pulseada
con China pretende renegociar tratados sin retornar al viejo
proteccionismo. La agresión a México es una advertencia a los grandes
competidores y el maltrato a los inmigrantes anticipa una fase de
neoliberalismo xenófobo.
El componente keynesiano de Trump no
atenúa su carácter regresivo. El ascenso del magnate potencia el
belicismo y enlaza la crisis europea con el devenir estadounidense. El
impacto sobre América Latina es mayúsculo.
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Varoufakis, Yanis (2016) http://www.sinpermiso.info/textos
23.1.17
Ley de Seguridad Interior: ceden civiles gobernabilidad a militares
Los mexicanos empobrecidos, verdaderos destinatarios de la Ley de Seguridad Interior. El uso de los cuerpos castrenses en la contención de protestas, el objetivo de las élites gobernantes, según analistas
El gobierno federal y las cámaras empresariales tienen prisa. Les urge una Ley de Seguridad Interior que contenga a la sociedad y, particularmente, a la serie de movilizaciones que se esperan para este año. Por separado, y aunque con matices, integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, especialistas y militares retirados coinciden: no es el narcotráfico el destinatario de un nuevo marco jurídico que legalice el despliegue de tropas en el territorio mexicano, sino las acciones de resistencia y protesta que se avecinan en el convulso panorama político de la República.
Aprobar “cuanto antes” una Ley de Seguridad Interior, como anunció el diputado priísta César Camacho Quiroz, es la encomienda de los legisladores de los tres partidos políticos dominantes en el Congreso federal: Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), los mismos del Pacto por México que hizo posible las llamadas “reformas estructurales” que hoy generan el rechazo de amplios sectores de la población.
Para ello, las tres organizaciones políticas han presentado sendas iniciativas que ya se analizan en la Comisión Permanente del Poder Legislativo y, se ha anunciado, ya encontraron “coincidencias” que les permitirá legislar con rapidez. La iniciativa priísta será el documento base.
Los especialistas consultados por Contralínea mantienen posiciones encontradas sobre si es necesaria en estos momentos una Ley de Seguridad Nacional para el país. Pero sí están de acuerdo en que se estará cediendo a los militares un poder que difícilmente soltarán después. También reconocen que se estará militarizando, aún más, la vida cotidiana de los mexicanos. Y que poco incidirá la militarización para ganar y terminar la “guerra” contra el narcotráfico.
Para Raymundo Díaz Taboada, coordinador de Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), la población mexicana no necesita en estos momentos una Ley de Seguridad Interior.
Quien la necesita es la alianza entre políticos y grandes empresarios, temerosa de las movilizaciones sociales, dice el médico de profesión y activista de los derechos humanos.
Díaz Taboada señala que la Ley de Seguridad Interior viene a profundizar “un estado que va limitando derechos sociales, humanos, civiles y políticos”. Esta ley tiene como objetivo contener a la población en un contexto en que “los salarios no han aumentado de manera real; la seguridad social se ha ido perdiendo, hay un trabajo precario cada vez más extendido. No es raro que venga una Ley de Seguridad Interior cuando vivimos en un proceso de empobrecimiento de la población mexicana”.
La Ley de Seguridad Interior coadyuvará en “el control de la masa empobrecida. Por un lado está la mano dura para la creación de terror, inmovilización, romper el tejido social; y por otro lado está todo el manejo de pan y circo”, observa.
México sí necesitaría una Ley de Seguridad Interior; pero siempre y cuando, antes, se establezca una nueva de Seguridad Nacional y, antes aún, una doctrina de seguridad nacional, considera Guillermo Garduño Valero. A decir del especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, se debería de definir, primero, qué valores son los que la nación mexicana desea preservar.
Agrega que, a la fecha, la seguridad nacional sigue enfocándose contra los movimientos sociales y se sigue confundiendo a la seguridad nacional “con la seguridad del presidente de la República”.
Precisamente por ello, “la población tiene un enorme disgusto con respecto de la autoridad”. Que la actual Ley de Seguridad Nacional ha fallado lo demuestra que la nación está “al garete, sin liderazgo y sin ningún elemento que unifique una posible convocatoria a la nación”, dice el sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh.
Para el general retirado Jesús Ernesto Estrada Bustamante, México sí necesita una Ley de Seguridad Interior. Podría constituir una oportunidad para establecer con claridad los límites de actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en asuntos de seguridad pública.
El problema, dice el general de división diplomado de Estado Mayor, son los legisladores: “Salvo honrosas y raras excepciones”, ignoran todo en la materia y sólo buscan aprobar al vapor un marco jurídico que haga legal lo que hoy están haciendo fuera de la ley los efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar): combatir a las delincuencias, tanto las organizadas como la de tipo común.
Para que se cuente con una Ley de Seguridad Interior que realmente funcione, a decir de Estrada Bustamante, se necesita de “una discusión amplia, que involucre a especialistas en seguridad, juristas, defensores de derechos humanos, en fin, que sea fruto de una gran participación”. Algo que no se está haciendo. Una Ley al vapor –dice el general que desde que pasó a situación de retiro en 2008 ha hecho carrera en la seguridad pública– podría ser contraproducente para las propias Fuerzas Armadas.
“Cualquier método” podrán usar los militares
Tres propuestas de Ley de Seguridad Interior ya se analizan en las cámaras del Poder Legislativo federal. Una fue presentada por Jorge Ramos, diputado del PAN, en noviembre del 2015. La otra, por los diputados del PRI César Camacho y Martha Tamayo a finales de octubre pasado. La tercera, por el diputado del PRD Miguel Barbosa este 12 de enero.Ocho comisiones ordinarias de las cámaras son las encargadas de analizar y preparar el documento que se someterá a votación del pleno, se espera, en los primeros días del próximo periodo de sesiones. Se trata de las comisiones unidas de Seguridad Pública; de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores; y de Gobernación y de Seguridad Pública, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
Las similitudes entre las tres iniciativas han permitido que panistas y perredistas acepten como base la presentada por los priístas y, en el periodo ordinario de sesiones, se apruebe con agregados de las bancadas de “oposición”.
Los legisladores destacan que buscan clarificar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y, también, establecer que sea sólo por periodos estrictamente establecidos. Señalan que se impondrán límites a la actuación de los elementos castrenses.
Pero lo que no dicen es que prácticamente los efectivos de la Sedena y la Semar podrán salir a las calles por cualquier asunto y para combatir no sólo a delincuencia organizada.
Según el texto que se busca aprobar, y del cual Contralínea posee copia, la intervención de las Fuerzas Armadas estará justificada cuando ocurran “actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la Federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus partes integrantes, o cuando haya fenómenos de origen natural o antropogénico”.
Además, prevé que el Ejecutivo ordene la actuación de los militares cuando lo considere necesario y la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sólo será “informada” por la Secretaría de Gobernación, sin que el Poder Legislativo tenga injerencia en tal determinación.
En la propia exposición de motivos de la iniciativa se enlista a la pobreza como una de las causas que vulneran la seguridad nacional: “La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia”.
En el párrafo III del artículo 7 de la iniciativa se considera amenaza a la seguridad interior “cualquier acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país”. En una interpretación amplia que quedaría a criterio del presidente de la República, las protestas cabrían en estos supuestos para sacar a las Fuerzas Armadas a las calles.
Aunque se señala que se deberá establecer un periodo para la declaratoria de protección a la seguridad interior, en el artículo 14 se establece que dicho periodo puede estar sujeto a las “prórrogas que se consideren necesarias” mientras subsistan las causas que dieron origen a dicha declaratoria. En los hechos, es por periodo indefinido.
El artículo 25 dice: “Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones”.
Por su parte, el artículo 28 señala que: “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de seguridad interior. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información”.
Así, “cualquier método” será válido para la Sedena y la Semar para investigar y prevenir asuntos de seguridad pública.
Legalizar lo ilegal
Por ello, la Ley de Seguridad Interior es en realidad un marco legal que vendrá a otorgar mayor impunidad de la que ya existe. Todo sin tomar en cuenta que elementos de las Fuerzas Armadas ya están involucrados en crímenes o violaciones de derechos humanos, dice Raymundo Díaz Taboada.El activista, quien junto con la organización de la que es coordinador –el Ccti– ha brindado apoyo a víctimas de tortura y otras agresiones cometidas por militares, señala que los soldados y marinos podrán ahora con mayor libertad entrar a una casa, intervenir teléfonos y demás tipos de comunicaciones.
“De hecho, el estado de excepción en muchas partes de la república está vigente de facto. Pasas por un retén [militar] y te bajan. Y si no te bajas, te maltratan, te torturan, al apuntarte con armas, al jalonearte, al amenazarte, al no permitir que se graben los abusos. Y eso es suspender garantías, suspender la libertad de tránsito.”
Precisamente esos retenes son la muestra de la no sujeción de los militares al poder civil: ahí ellos interrogan y, como ha ocurrido y se ha documentado, pueden juzgar y ejecutar extrajudicialmente.
Díaz Taboada sabe de lo que habla. La sede del Ccti, en Guerrero, ha acompañado casos de este tipo desde antes de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició supuestamente una lucha contra el narcotráfico, mandó a las calles de todo el país a soldados y marinos fuera de las normas constitucionales. Hizo en toda la República lo que desde finales de la década de 1960 los sucesivos gobiernos federales habían ordenado para Guerrero.
“Desde entonces todo esto ha sido ilegal. Y ahora lo que el Estado mexicano pretende es legalizar una acción inconstitucional que, en todo la República, ha durado 10 años.”
Con la Ley de Seguridad Interior “lo único que se va a legalizar es la ilegalidad”, dice el doctor Guillermo Garduño. También ejemplifica con los retenes: “Los retenes, para comenzar con lo más elemental, son anticonstitucionales porque impiden la libertad de tránsito. Y definitivamente ahora los van a legalizar. Otro ejemplo es que la Armada de México no está protegiendo nuestras costas, que abarcan el doble del territorio nacional terrestre, sino que están interviniendo en la detención de delincuentes”.
Garduño agrega que esta situación está deteriorando a las dos secretarías: la Sedena y la Semar.
¿Seguridad pública o seguridad nacional?
A decir del general, el actual problema de México es de seguridad pública; “pero si se sigue descuidando como hasta ahorita, se volverá de seguridad nacional”. El militar ve dos escenarios que podrían hacer que el problema de seguridad pública devenga en seguridad nacional.
El primero sería un pacto entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada mexicana para realizar ataques contra instituciones mexicanas e intereses de Estados Unidos en México, o preparar desde este país atentados en ciudades estadunidenses.
Un segundo escenario serían los levantamientos populares ante la incapacidad del Estado mexicano de brindar la mínima seguridad a su ciudadanía. “Algo que podría ya empezar a ocurrir”.
Según el general, la seguridad en México está fallando porque no existe una estrategia definida. “Ahorita nada más están dando lamparazos: surge un problema por aquí y ¡pum!, mandan gente; surge otro problema por allá y ¡pum!, mandan gente”. Pero no hay una estrategia definida.
Pero la seguridad de la población no es un asunto policiaco, dice el doctor en sociología y especialista en seguridad nacional Guillermo Garduño. No es con más policías como se garantiza la seguridad de las personas. Por lo tanto, no será tampoco con la incorporación de los miliares a las labores de seguridad pública como se abatirán los índices de inseguridad. Será fortaleciendo a la sociedad.
“La seguridad pública supone, fundamentalmente, la participación ciudadana, algo que en México está prácticamente ausente. Por lo tanto, la seguridad interior tiene que garantizarse no a partir de más policías, sino a partir de una sociedad más organizada”, con la claridad de cuáles son las amenazas y los riesgos que enfrenta.
La guerra ya fracasó… y la siguen alimentando
Las Fuerzas Armadas no deberían estar combatiendo delincuentes, pero no tienen otra opción, según el general Estrada Bustamante. “Si sacas a la Defensa Nacional y a la Marina de esta lucha contra la delincuencia, qué pasaría; todo se va al garete”.Reconoce, además, que ante la incapacidad de la Policía Federal, de las policías estatales, de las municipales y del mando único, las Fuerzas Armadas actualmente ya están combatiendo no sólo al narcotráfico y a las otras formas de delincuencia organizada, sino “también a la delincuencia común”.
Sobre la necesidad de que sean las Fuerzas Armadas quienes tengan que enfrentarse al crimen, Garduño se muestra de acuerdo en que todas las corporaciones policiacas son corruptas. Ninguna –federales, estatales o municipales– es confiable.
Pero las Fuerzas Armadas no están capacitadas para actuar como policías en las calles. La Constitución y las leyes vigentes señalan claramente que pueden intervenir en tres escenarios: los planes DN1, DN2 y DN3.
El primero, ante una situación de agresión externa; el segundo ante un asunto de insurgencia interna, y el tercero para auxilio de la población ante una situación de desastre.
Las diferencias entre los militares y los policías no son retóricas. Garduño explica que una fuerza policiaca “tiene una primera función preventiva; otra de intervención en casos específicos y bajo ciertos procedimientos; también de conducción, o de colocar frente a la autoridad judicial correspondiente evidencias y actores para emprender las primeras investigaciones; para dar apoyo; además, realiza también servicios de atención a la ciudadanía”.
Mientras, el aparato militar tiene una sola función: “la destrucción del enemigo. Y ésa es una cuestión totalmente diferente. De manera sencilla podemos decir que la misión central de las Fuerzas Armadas es la guerra”.
Militares no son mejores que policías
Nadie duda que las Fuerzas Armadas, en términos generales, cuenten con mayor capacidad de fuego ante los cárteles del narcotráfico. La supuesta guerra no ha mermado las capacidades de la delincuencia organizada. Incluso, las ha potenciado.Pero también, y luego de 10 años de “guerra”, los militares no son los mismos. El Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana han adquirido mayores destrezas.
Iñigo Guevara Moyano es un prestigiado analista de seguridad nacional. Es maestro en seguridad internacional por la Georgetown University. Ha sido analista de seguridad nacional en la Oficina de la Presidencia de la República.
“Hoy en día México cuenta con unas Fuerzas Armadas mucho más capaces en términos de tecnología y doctrina para realizar operaciones en contra del crimen organizado, específicamente en contra de grupos paramilitares equipados con armamento y equipo de grado militar”, señala Guevara Moyano.
Agrega que “las capacidades de movilidad, inteligencia, vigilancia y reconocimiento han mejorado sustancialmente en calidad”, en comparación con lo que eran las Fuerzas Armadas en 2006.
Destaca que esto ha sido posible sin que hayan aumentado en número de tropas. Asimismo, “el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas no ha experimentado un incremento real sustancial”.
Luego de 10 años, las capacidades de los cuerpos militares han mejorado, pero no han sido suficientes para ganar la “guerra”. Y Las policías no se han preparado.
En 2006, cuando el entonces titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón, sacó de sus cuarteles a las Fuerzas Armadas, se dijo entonces que los militares combatirían al narcotráfico mientras se capacitaba y se depuraba a las corporaciones policiacas.
A más de 10 años, las policías de todos los tipos y niveles siguen siendo corruptas e incapaces.
Las corporaciones policiacas, luego de 2 lustros de guerra contra el narcotráfico, “no han preparado nada”, dice el general de división en retiro Jesús Ernesto Estrada Bustamante. No son capaces de enfrentar el problema. “Para empezar, no hay una carrera policial; no hay una profesionalización de la policía”.
“Hoy las policías son simplemente administradoras de la delincuencia, no tienen otra función”, dice el especialista Guillermo Garduño, quien también ha sido conferencista en el Colegio de la Defensa de la Sedena. “Qué vamos a lograr con la entrada del Ejército. Pues que haya nuevos administradores de la delincuencia”. Y con la legalización de su estancia en las calles, las Fuerzas Armadas van a participar finalmente en procesos de corrupción. “Es lo único que se va a lograr con esa nueva Ley”.
Para Raymundo Díaz Taboada, está comprobado que la militarización no soluciona los problemas de inseguridad: desde que salieron los militares a las calles “ni hay una baja de la delincuencia ni hay una lucha efectiva contra el narcotráfico, contra el crimen organizado; y no hay resultados en función de un bienestar social de la mayoría de los mexicanos porque las Fuerzas Armadas estén patrullando las calles”, explica Raymundo Díaz Taboada.
Las policías están mal capacitadas, pero también están militarizadas: “cualquier corporación que se quiere certificar y pasar controles de confianza es mandada a campos militares para entrenarse y pasar pruebas; y ahí las tácticas que aprenden son tácticas militares”. Por ello es contrasentido que se reconozca que los militares no están capacitados para perseguir delincuentes, pero se les otorga “el poder de decir esta policía es confiable y esta no”.
Ahora bien, la corrupción no es privativa de las policías. Los vínculos entre elementos militares y el crimen organizado están perfectamente documentados. No se trata sólo de aislados soldados cooptados por el narcotráfico sino de batallones enteros (como el “desintegrado”, en 2002, 65 Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil, Sinaloa) o de generales “prestigiados” antes de caer en desgracia, como Jesús Gutiérrez Rebollo (quien murió de cáncer cuando cumplía una condena de 40 años de prisión por delincuencia organizada), Francisco Quirós Hermosillo (sentenciado por ser parte del Cártel de Juárez; murió mientras purgaba una condena de 16 años de cárcel) y Mario Arturo Acosta Chaparro.
A este último se le recuerda por haber encabezado la lucha contra los grupos guerrilleros. Organizaciones sociales y familiares de las víctimas lo acusaron de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, pero nunca fue juzgado por ello. Por lo que sí fue sentenciado fue por narcotráfico, aunque fue rehabilitado por el panismo en el poder, quien lo liberó, lo consideró inocente y le devolvió su rango de general. Fue asesinado cuando cumplía las tareas que el gobierno de Felipe Calderón le asignó al final del sexenio: “apaciguar” el sureste del país.
A lo anterior deben sumarse las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por crímenes cometidos por el Ejército. En todos los casos, los hechos ocurrieron en Guerrero. Destacan los casos de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla en 1974, y las violaciones sexuales cometidas contra las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, atacadas por separado por soldados en 2002. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado una nueva denuncia. Ésta por la ejecución extrajudicial del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, en un retén militar en Guerrero.
Tampoco puede ocultarse el cuestionamiento al Ejército por su actuar durante el ataque y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014.
Más poder a los militares sin que haya contrapesos. “Los militares quieren una Ley de Seguridad Interior, pero no trasparentan sus archivos, no rinden cuentas”, observa Raymundo Díaz.
Contra comunidades
México vive un proceso de militarización, y una ley de seguridad interior viene a reforzar ese proceso. De facto, y por momentos con mayor rapidez, la militarización de todo el país inició a finales de la década de 1990.“Hay que recordar que se quitó el uniforme militar a una brigada de la Policía Militar para transformarla en la Policía Federal Preventiva, ahora Policía Federal.”
La primera encomienda de esos militares vestidos de policía, en febrero de 2000, fue ocupar los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México y detener a más de 1 mil alumnos para romper la huelga estudiantil. Entonces los universitarios se oponían a la instauración de cuotas en la llamada máxima casa de estudios del país.
“Pareciera que el proceso de militarización va a seguir avanzando y que las violaciones a derechos humanos van a seguir incrementándose”, explica el coordinador del Ccti, Raymundo Díaz.
“La población mexicana empobrecida” es la destinataria de esta ley de seguridad interior. Requieren de esa ley “porque saben los gobernantes que en un momento dado esos mexicanos empobrecidos pueden exigir derechos”.
Esta ley será usada, más que contra criminales, contra comunidades organizadas. “Sobre todo pensando en los megaproyectos que tienen que ver con minería, con zonas económicas especiales, con mantener a la población como un recurso que le sirve a la economía global.
“Y es que la población empobrecida, en un momento dado, sí puede reclamar derechos, un mejor nivel de vida, un mejor acceso a la salud, a educación, trabajo, salario. Pero pues para eso está la mano dura y el
terrorismo de Estado”.
El general de división retirado Estrada Bustamante reconoce que las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir a las delincuencias, “pero las policías tampoco lo están”. Menos aún en materia de derechos humanos.
“Si queremos respetar los derechos humanos, pues vamos a preparar a las policías, vamos a darles todos los medios operativos, administrativos, materiales y la capacitación. Eso no se les da actualmente. No están ni preparados ni adiestrados, no tienen equipo; no saben cómo conducirse respetando derechos humanos.”
20.1.17
Llega Trump y comienza el “Mexit”: Lorenzo Meyer
Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, “se puede hablar del Mexit”, consideró el historiador Lorenzo Meyer.
En entrevista para Aristegui en vivo, hizo una comparación con el denominado “Brexit”; sin embargo, “en Gran bretaña fue una decisión británica”, mientras que “en el caso mexicano se nos amenaza con una expulsión de la América del Norte, no geográfica… política, económica y cultural”.
Entonces, “el Mexit no es porque lo quisiéramos sino porque nos lo van a imponer”.
“En esta promesa, contrato que dice Trump que va a hacer, va a redefinir los Tratados de Libre Comercio”, apuntó.
“Si los norteamericanos dirigidos por Trump piensan reformular y revalorizar su nacionalismo en acciones contra los mexicanos, ¿qué vamos a hacer los mexicanos?”, preguntó.
“Nos veremos obligados a asumir parte de la soberanía, de la independencia relativa que tuvimos”, consideró.
Se trata de “volver a repensar que es México en función de este rechazo norteamericano”.
“¿Estaremos dispuestos a pagar el precio y tendremos el liderazgo que sepa conducir al país?”, preguntó.
“Porque los 120 millones de mexicanos podemos estar dispuestos a volver a revivir nuestra idea de nación pero no lo podemos hacer cada quién por su lado, tenemos que tener instituciones y dirigencias, en este momento no las veo, hay un déficit de liderazgo”, sostuvo.
“Buena parte de los mexicanos no quisieran ver separado o tan separado a México de EU aunque el papel de México sea muy secundario en esta enorme economía, cultura y política norteamericana”, añadió.
Meyer llamó a “asumir con responsabilidad nuestra soberanía, rehacer nuestro sistema, repensar la estructura de la sociedad mexicana, enfrentarnos a ese terrible problema de la corrupción”.
“Somos un enemigo tan fácil y representamos un blanco ideal” para Trump, mencionó. Y es que “somos débiles, tenemos un montón de fallas”.
No obstante, “Trump es realmente una página en blanco”. Recordó que “es el segundo actor” que llega a gobernar EU, después de Ronald Reagan, pero “él sí tenía experiencia política y Trump no”.
El nuevo presidente de EU “tiene bastantes municiones contra México y una demanda: la construcción de un muro”, pero “que lo paguemos nosotros, está comprometido a hacerlo realidad. Y habría varias maneras de presionar al gobierno que queda de Peña Nieto o lo que venga”.
18.1.17
Ante Trump “hay que dar la pelea”
Judith Amador Tello y Armando Ponce
Para el investigador interdisciplinario John Saxe-Fernández, México está atrapado entre su gobierno, que responde a los “country managers” del capital internacional, y las fuertes presiones económicas y políticas que implica la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, un machista xenófobo. En entrevista, el académico explica las relaciones perversas de poderes que propician cambios legales y políticas idóneas para dejar a las naciones inermes ante el saqueo. Sin embargo, el estudioso enfatiza que existen salidas políticas.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con la historia en la mano, el contexto presente, la ley de seguridad interna en puerta y la vista puesta en la transición política de 2018, John Saxe-Fernández, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, plantea los escenarios a los que se enfrentará México con la llegada Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos el viernes 20.
Los liga inexorablemente al gasolinazo y la explosión social de los días posteriores a su anuncio, porque a decir del intelectual, autor de La compraventa de México, Terror e imperio y La energía en México: situación y alternativas, todo forma parte de un programa impuesto hace más de tres décadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos que representan los intereses del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Premio Nacional de Periodismo 2008, Saxe-Fernández recuerda las definiciones que tanto Bernie Sanders como Tony Schwartz dieron recientemente sobre Trump. El primero dijo que es “un mentiroso patológico”, en tanto su escritor fantasma, quien aparece como coautor con el magnate del libro El arte de la negociación, considera que es un sociópata.
Añade su machismo, su xenofobia, y establece, tras seguir todo el proceso electoral de Estados Unidos –en el cual fue eliminando “uno a uno” a 17 contrincantes con el discurso de que chinos y mexicanos les roban el trabajo a los estadunidenses y están siendo invadidos por los musulmanes– que Trump logró tocar “fibras importantes” porque hay un malestar en la clase trabajadora blanca, a la cual “le han quitado el sueño americano” porque sus salarios no han subido en décadas.
Nunca, remarca el profesor, se desvió de esa línea de “guerra de clases, siendo un multimillonario, y logar ganar”. Lo hace en un contexto en el cual el mundo ya no es bipolar, tras la caída de la Unión Soviética, pero tampoco (como han dicho otros especialistas) hay un control monopolar de Estados Unidos, sino una “creciente multipolarización”, y así se manifiesta en el Brexit y en la presencia, para el caso de México, de empresas como Volkswagen, Toyota, inversiones farmacéuticas, bancos europeos, japoneses, chinos.
“Pero nos agarra a nosotros con una clase gubernamental que ya tiene 36 años siguiendo diseños precocidos por el FMI a nivel macroeconómico, por el BM por rama, y por el BID, pero hay que entender que estos no son organismos económicos internacionales, esa es una verdad a medias: son instrumentos del Estado estadunidense, montados en Bretton Woods. ¡El Tesoro de Estados Unidos es dueño del 51% de las acciones del BM!”
Recuerda que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, hizo una “leve crítica” a los programas de globalización, siendo el economista en jefe del BM. Ello causó que en 1999 el entonces secretario del Tesoro, Larry Summers, ordenara su despido y no se le permitiera jubilarse. Así lo reveló el propio Stiglitz al periodista Greg Palast, colaborador del London Observer y Newsnight de la BBC de Londres, en octubre de 2001.
El reportero cuenta que el extecnócrata les ayudó además a traducir del idioma “burocratés” un documento clasificado como confidencial del BM titulado “Estrategia de asistencia de país”. En él se describen los cuatro pasos que los organismos antes mencionados imponen a los países a los cuales otorgan créditos.
Esos antecedentes son, a decir de Saxe-Fernández, “tremendamente importantes para pensar lo que viene en la relación de México con Estados Unidos con alguien como Trump, que está realizando acciones de agresión económica desde Twitter, con mil 600 millones (de dólares de inversión originalmente destinada a México) que niega la Ford, por ejemplo”.
Considera que todo ello forma parte del contexto de la sucesión presidencial y de lo que está pasando aquí, “en función de algo tan grave para México como es el gasolinazo”. Para muestra menciona el hecho de que el magnate de bienes inmobiliarios eligiera a Rex Tillerson, ejecutivo de Exxon Mobil –“¡nada menos!”– como secretario de Estado.
Luego inscribe las reformas estructurales y el gasolinazo en el marco de los programas de asistencia a los países y desglosa los cuatro pasos en que consiste, relatados por Stiglitz a Palast:
“El primer paso se llama privatización de los bienes nacionales, pero Stiglitz dice que prefiere llamarla ‘sobornización’ porque los funcionarios involucrados, del presidente a los ministros o secretarios de Estado, reciben 10% en depósito en una cuenta suiza ¡y es legal!”
Recuerda Saxe-Fernández que la “gran subasta de bienes nacionales se dio en la Unión Soviética en 1985 con Boris Yeltsin, pero acá con Salinas (de Gortari) también”.
El paso dos es la desregulación del mercado de capitales, que permite que las inversiones entren y salgan, y que los especuladores incidan en la moneda. Stiglitz lo llama “dinero caliente”, que entra y especula con bienes raíces (el negocio de Trump). Los precios de las propiedades pueden bajar por los suelos, explica el estudioso, porque las tasas de interés se elevan, la producción industrial se hace pedazos y las reservas del país pueden vaciarse en cuestión de días o hasta horas.
Viene en el tercer orden la regulación de los precios de los productos por el mercado, se eliminan todo tipo de subsidios, con lo cual suben desde la comida, el agua, el gas y demás. Todo ello irrita a la población, que quizá participe en movilizaciones sociales que Stiglitz denomina “disturbios del FMI”. Ahí el BM recomienda simplemente enfrentar las protestas “con firmeza política”.
El cuarto paso, a decir del economista, es una estrategia de reducción de la pobreza porque –ironiza– el FMI y el BM “no son tan desalmados”.
Peor que improvisados
Saxe-Fernández retoma “la narrativa” de la Coparmex hace unos días al negarse a firmar el llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, propuesto por Enrique Peña Nieto, por considerar que era “improvisado”.
El investigador considera que en realidad el gasolinazo y sus consecuencias no se hicieron de última hora, y seguramente hubo quienes sabían lo que venía y lo que viene –que seguramente será peor–; a ello atribuye la insólita renuncia de Agustín Carstens al Banco de México:
“La Coparmex dijo que es un gobierno de improvisados. Y yo me temo que no, es muy difícil que no pensaran, por ejemplo, en que podían haber avisado a la población: ‘Habrá un gasolinazo, pero va a haber una línea de subsidio al transporte para ir deteniendo una explosión social, o vamos a subsidiar lo fundamental de la canasta básica para que no los afecte la subida de precios’.”
Por el contrario, añade, la población fue afectada “brutalmente” y al gobierno no le importó, con todo y que vienen elecciones, acción “sumamente inadmisible”.
Informa que la entrevista de Palast a Stiglitz es de 2001, para señalar que no se debe perder de vista lo que llama “disturbios del FMI”, porque es crucial para entender la situación actual del país:
“Dije que es muy generosa la percepción de la Coparmex de un gobierno improvisado. (Cabe mencionar que al cierre de la edición este organismo empresarial retomó el diálogo con el gobierno.) ¡No! Puede que aún peor, en el sentido de que es un gobierno que quiere aprobar una ley de seguridad interior, planteada mucho antes de este gasolinazo, contra la cual hay oposición y el senador Manuel Bartlett llegó a decir que sería un golpe de Estado (Proceso 2094). Ciertamente constitucionaliza el estado de excepción.”
De aprobarse, advierte, se hará constitucional el hecho de privar al país de la función de defensa nacional, puesto que los altos cargos de la Marina y el Ejército, especialmente el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, han declarado que “la función de defensa nacional se deterioraba con las funciones policiales casi de Ministerio Público, que además son inconstitucionales”.
Tanto la Constitución mexicana como la Convención de Palermo, dice Saxe-Fernández, señalan que los militares no deben participar en la lucha contra el crimen organizado, sino las fuerzas policiales, pero lo primero que hizo Felipe Calderón fue usar militares y el resultado fue un “sexenio atroz, y el que le siguió, también”.
Explica que de esa forma “se genera una hecatombe humanitaria. Lo que tenemos entonces es un gasolinazo que está sacando a la gente a las calles, ocasionando saqueos, hay provocadores, gente que se aprovecha o que es pagada para hacer eso, que puede ser de dentro o de fuera, pero es viejísima esta historia.”
Lo que sigue es que salen los organismos financieros, en voz de los country managers –como llamaba su amigo el expresidente de Costa Rica Rodrigo Carazo a los altos funcionarios sometidos a los programas de préstamo del FMI y BM–, a justificar la necesidad de que los precios se rijan por las fuerzas del mercado:
“Tenemos entonces una nación que se va desmantelando, hay fuga de capitales, baja la moneda nacional y se van sobre el tesoro de la nación, sobre la reserva, empiezan a venderla hasta que se queda sin ella. Es decir, se está abriendo un curso de enorme conflictividad que calza al dedillo, porque lo fundamental es pasar esa ley de seguridad interior, y tratan de convencer a sectores importantes de la sociedad de que se requiere esta ley.”
Señala el “efecto brutal” que dicha ley podría tener en el próximo proceso de transición de un gobierno a otro, y cuestiona por qué se lanzó el gasolinazo justamente en este momento, cuando se pudieron tomar otras medidas, como han señalado varios economistas.
Se pregunta: “¿Por qué incendiar al país ahora?” Y añade: “El incendio viene de una acción gubernamental. Ya las precondiciones estaban: la caída de los salarios, la privatización, todo ese desgaste que hemos vivido ya casi 36 años, son seis sexenios acumulando todo esto, en 250 mil muertos, 28 mil desaparecidos, torturas a lo largo y ancho del país, con mecanismos de una represión brutal, de terrorismo de Estado que hace desaparecer a 43 estudiantes…”
Defensa ante Trump
El analista afirma que si realmente se quiere reconstruir al país de cara al próximo gobierno de Estados Unidos, tendrá que haber un programa de sustitución de importaciones, comenzando por las agrícolas, pues la política de las últimas décadas ha sido quitar todo: semillas, fertilizantes, apoyo a la infraestructura, para poner a los campesinos a competir con los farmers estadunidenses, lo que ha significado sacarlos por millones del campo. Subraya que ello “es de una violencia de ese nivel”.
El país requiere seguridad alimentaria, menos dependencia de la gasolina y los gobiernos han promovido una destrucción interna de Petróleos Mexicanos. Le parece grave que se estén importando gasolina, maíz y alimentos en general. Ante el poderío de Estados Unidos y las agresiones de Trump, el gobierno debe optar por modernizar al campo, invertir en él y lograr que el país sea autosuficiente.
Añade que parte de la salida, que “es inmensa”, está en sustituir importaciones, producir aquí los 400 mil millones de dólares anuales que se gastan en ellas, con lo cual ese monto sería un colchón. Se pregunta si lo hará el gobierno actual, y no requiere meditar más de un segundo para responderse:
“No. Se necesita un gobierno que articule el interés público nacional de México. Eso no lo tenemos. Y es un requisito fundamental, es ahí donde veo que la ley de seguridad tiene como dirección frenar a Andrés Manuel López Obrador, mantener la masacre de los mexicanos y constitucionalizar el estado de excepción. Y el gasolinazo les viene muy bien, es el escenario donde se va dando la sucesión de Estados Unidos, con un señor que está activando los instrumentos de guerra comercial con el mundo.”
Y lo que hace México ante esa guerra comercial, siendo que tiene varias canchas donde defenderse, es la “insensatez” de colocar a Luis Videgaray Caso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, “cuando pudo haber sido perfectamente un emisario privado para manejar bien la relación con Trump”.
En su opinión se necesitaba a alguien con el perfil del fallecido embajador Gustavo Iruegas, “un hombre de Estado, con unos 30 o 40 años de experiencia diplomática, que sabe con quién está tratando, y no el que dice que viene a aprender. No hay sensatez en esa decisión, es precipitada, (Peña Nieto) no está pensando en el país, lo deja vulnerable”.
Cuando lo que se necesita es ir poniendo “la casa en orden”, dice, se incendia el país, pues en ese contexto la corrupción, los robos de los gobernadores, los bonos de los funcionarios parecen una provocación mayor; todo articulado de la manera descrita por Stiglitz a Greg Palast y por los documentos clasificados, donde sale toda la idea de la provocación para poner al país de rodillas y sacar raja en el contexto de desestabilización, para seguir comprando los bienes nacionales.
“No hay ninguna lógica nacional, por eso digo que se necesita un gobierno que articule el interés público de México.”
Expresa que es buena idea desmantelar el TLCAN y el Tratado Transpacífico, renegociarlos. La pregunta es: si se tienen country managers en lugar de gobernantes y secretarios de Estado, ¿se negociaría en los mismos términos que cuando se acordaron?
Advierte: “Estamos a tiempo para tener un gobierno nacional, creo yo. No hay nada inexorable, son situaciones e instituciones hechas por el ser humano y consecuentemente pueden ser modificadas, ahí es donde tenemos aperturas interesantes como ésta”.
Recuerda que cuando se firmó el TLCAN el empresario y político estadunidense Ross Perot se pronunció en contra, y Al Gore, entonces vicepresidente de Bill Clinton, lo encaró al decir que cómo se atrevía a oponerse si es tan importante para Estados Unidos como la compra de Luisiana en 1803 o de Alaska en 1827.
Para el investigador interdisciplinario John Saxe-Fernández, México está atrapado entre su gobierno, que responde a los “country managers” del capital internacional, y las fuertes presiones económicas y políticas que implica la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, un machista xenófobo. En entrevista, el académico explica las relaciones perversas de poderes que propician cambios legales y políticas idóneas para dejar a las naciones inermes ante el saqueo. Sin embargo, el estudioso enfatiza que existen salidas políticas.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con la historia en la mano, el contexto presente, la ley de seguridad interna en puerta y la vista puesta en la transición política de 2018, John Saxe-Fernández, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, plantea los escenarios a los que se enfrentará México con la llegada Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos el viernes 20.
Los liga inexorablemente al gasolinazo y la explosión social de los días posteriores a su anuncio, porque a decir del intelectual, autor de La compraventa de México, Terror e imperio y La energía en México: situación y alternativas, todo forma parte de un programa impuesto hace más de tres décadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos que representan los intereses del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Premio Nacional de Periodismo 2008, Saxe-Fernández recuerda las definiciones que tanto Bernie Sanders como Tony Schwartz dieron recientemente sobre Trump. El primero dijo que es “un mentiroso patológico”, en tanto su escritor fantasma, quien aparece como coautor con el magnate del libro El arte de la negociación, considera que es un sociópata.
Añade su machismo, su xenofobia, y establece, tras seguir todo el proceso electoral de Estados Unidos –en el cual fue eliminando “uno a uno” a 17 contrincantes con el discurso de que chinos y mexicanos les roban el trabajo a los estadunidenses y están siendo invadidos por los musulmanes– que Trump logró tocar “fibras importantes” porque hay un malestar en la clase trabajadora blanca, a la cual “le han quitado el sueño americano” porque sus salarios no han subido en décadas.
Nunca, remarca el profesor, se desvió de esa línea de “guerra de clases, siendo un multimillonario, y logar ganar”. Lo hace en un contexto en el cual el mundo ya no es bipolar, tras la caída de la Unión Soviética, pero tampoco (como han dicho otros especialistas) hay un control monopolar de Estados Unidos, sino una “creciente multipolarización”, y así se manifiesta en el Brexit y en la presencia, para el caso de México, de empresas como Volkswagen, Toyota, inversiones farmacéuticas, bancos europeos, japoneses, chinos.
“Pero nos agarra a nosotros con una clase gubernamental que ya tiene 36 años siguiendo diseños precocidos por el FMI a nivel macroeconómico, por el BM por rama, y por el BID, pero hay que entender que estos no son organismos económicos internacionales, esa es una verdad a medias: son instrumentos del Estado estadunidense, montados en Bretton Woods. ¡El Tesoro de Estados Unidos es dueño del 51% de las acciones del BM!”
Recuerda que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, hizo una “leve crítica” a los programas de globalización, siendo el economista en jefe del BM. Ello causó que en 1999 el entonces secretario del Tesoro, Larry Summers, ordenara su despido y no se le permitiera jubilarse. Así lo reveló el propio Stiglitz al periodista Greg Palast, colaborador del London Observer y Newsnight de la BBC de Londres, en octubre de 2001.
El reportero cuenta que el extecnócrata les ayudó además a traducir del idioma “burocratés” un documento clasificado como confidencial del BM titulado “Estrategia de asistencia de país”. En él se describen los cuatro pasos que los organismos antes mencionados imponen a los países a los cuales otorgan créditos.
Esos antecedentes son, a decir de Saxe-Fernández, “tremendamente importantes para pensar lo que viene en la relación de México con Estados Unidos con alguien como Trump, que está realizando acciones de agresión económica desde Twitter, con mil 600 millones (de dólares de inversión originalmente destinada a México) que niega la Ford, por ejemplo”.
Considera que todo ello forma parte del contexto de la sucesión presidencial y de lo que está pasando aquí, “en función de algo tan grave para México como es el gasolinazo”. Para muestra menciona el hecho de que el magnate de bienes inmobiliarios eligiera a Rex Tillerson, ejecutivo de Exxon Mobil –“¡nada menos!”– como secretario de Estado.
Luego inscribe las reformas estructurales y el gasolinazo en el marco de los programas de asistencia a los países y desglosa los cuatro pasos en que consiste, relatados por Stiglitz a Palast:
“El primer paso se llama privatización de los bienes nacionales, pero Stiglitz dice que prefiere llamarla ‘sobornización’ porque los funcionarios involucrados, del presidente a los ministros o secretarios de Estado, reciben 10% en depósito en una cuenta suiza ¡y es legal!”
Recuerda Saxe-Fernández que la “gran subasta de bienes nacionales se dio en la Unión Soviética en 1985 con Boris Yeltsin, pero acá con Salinas (de Gortari) también”.
El paso dos es la desregulación del mercado de capitales, que permite que las inversiones entren y salgan, y que los especuladores incidan en la moneda. Stiglitz lo llama “dinero caliente”, que entra y especula con bienes raíces (el negocio de Trump). Los precios de las propiedades pueden bajar por los suelos, explica el estudioso, porque las tasas de interés se elevan, la producción industrial se hace pedazos y las reservas del país pueden vaciarse en cuestión de días o hasta horas.
Viene en el tercer orden la regulación de los precios de los productos por el mercado, se eliminan todo tipo de subsidios, con lo cual suben desde la comida, el agua, el gas y demás. Todo ello irrita a la población, que quizá participe en movilizaciones sociales que Stiglitz denomina “disturbios del FMI”. Ahí el BM recomienda simplemente enfrentar las protestas “con firmeza política”.
El cuarto paso, a decir del economista, es una estrategia de reducción de la pobreza porque –ironiza– el FMI y el BM “no son tan desalmados”.
Peor que improvisados
Saxe-Fernández retoma “la narrativa” de la Coparmex hace unos días al negarse a firmar el llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, propuesto por Enrique Peña Nieto, por considerar que era “improvisado”.
El investigador considera que en realidad el gasolinazo y sus consecuencias no se hicieron de última hora, y seguramente hubo quienes sabían lo que venía y lo que viene –que seguramente será peor–; a ello atribuye la insólita renuncia de Agustín Carstens al Banco de México:
“La Coparmex dijo que es un gobierno de improvisados. Y yo me temo que no, es muy difícil que no pensaran, por ejemplo, en que podían haber avisado a la población: ‘Habrá un gasolinazo, pero va a haber una línea de subsidio al transporte para ir deteniendo una explosión social, o vamos a subsidiar lo fundamental de la canasta básica para que no los afecte la subida de precios’.”
Por el contrario, añade, la población fue afectada “brutalmente” y al gobierno no le importó, con todo y que vienen elecciones, acción “sumamente inadmisible”.
Informa que la entrevista de Palast a Stiglitz es de 2001, para señalar que no se debe perder de vista lo que llama “disturbios del FMI”, porque es crucial para entender la situación actual del país:
“Dije que es muy generosa la percepción de la Coparmex de un gobierno improvisado. (Cabe mencionar que al cierre de la edición este organismo empresarial retomó el diálogo con el gobierno.) ¡No! Puede que aún peor, en el sentido de que es un gobierno que quiere aprobar una ley de seguridad interior, planteada mucho antes de este gasolinazo, contra la cual hay oposición y el senador Manuel Bartlett llegó a decir que sería un golpe de Estado (Proceso 2094). Ciertamente constitucionaliza el estado de excepción.”
De aprobarse, advierte, se hará constitucional el hecho de privar al país de la función de defensa nacional, puesto que los altos cargos de la Marina y el Ejército, especialmente el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, han declarado que “la función de defensa nacional se deterioraba con las funciones policiales casi de Ministerio Público, que además son inconstitucionales”.
Tanto la Constitución mexicana como la Convención de Palermo, dice Saxe-Fernández, señalan que los militares no deben participar en la lucha contra el crimen organizado, sino las fuerzas policiales, pero lo primero que hizo Felipe Calderón fue usar militares y el resultado fue un “sexenio atroz, y el que le siguió, también”.
Explica que de esa forma “se genera una hecatombe humanitaria. Lo que tenemos entonces es un gasolinazo que está sacando a la gente a las calles, ocasionando saqueos, hay provocadores, gente que se aprovecha o que es pagada para hacer eso, que puede ser de dentro o de fuera, pero es viejísima esta historia.”
Lo que sigue es que salen los organismos financieros, en voz de los country managers –como llamaba su amigo el expresidente de Costa Rica Rodrigo Carazo a los altos funcionarios sometidos a los programas de préstamo del FMI y BM–, a justificar la necesidad de que los precios se rijan por las fuerzas del mercado:
“Tenemos entonces una nación que se va desmantelando, hay fuga de capitales, baja la moneda nacional y se van sobre el tesoro de la nación, sobre la reserva, empiezan a venderla hasta que se queda sin ella. Es decir, se está abriendo un curso de enorme conflictividad que calza al dedillo, porque lo fundamental es pasar esa ley de seguridad interior, y tratan de convencer a sectores importantes de la sociedad de que se requiere esta ley.”
Señala el “efecto brutal” que dicha ley podría tener en el próximo proceso de transición de un gobierno a otro, y cuestiona por qué se lanzó el gasolinazo justamente en este momento, cuando se pudieron tomar otras medidas, como han señalado varios economistas.
Se pregunta: “¿Por qué incendiar al país ahora?” Y añade: “El incendio viene de una acción gubernamental. Ya las precondiciones estaban: la caída de los salarios, la privatización, todo ese desgaste que hemos vivido ya casi 36 años, son seis sexenios acumulando todo esto, en 250 mil muertos, 28 mil desaparecidos, torturas a lo largo y ancho del país, con mecanismos de una represión brutal, de terrorismo de Estado que hace desaparecer a 43 estudiantes…”
Defensa ante Trump
El analista afirma que si realmente se quiere reconstruir al país de cara al próximo gobierno de Estados Unidos, tendrá que haber un programa de sustitución de importaciones, comenzando por las agrícolas, pues la política de las últimas décadas ha sido quitar todo: semillas, fertilizantes, apoyo a la infraestructura, para poner a los campesinos a competir con los farmers estadunidenses, lo que ha significado sacarlos por millones del campo. Subraya que ello “es de una violencia de ese nivel”.
El país requiere seguridad alimentaria, menos dependencia de la gasolina y los gobiernos han promovido una destrucción interna de Petróleos Mexicanos. Le parece grave que se estén importando gasolina, maíz y alimentos en general. Ante el poderío de Estados Unidos y las agresiones de Trump, el gobierno debe optar por modernizar al campo, invertir en él y lograr que el país sea autosuficiente.
Añade que parte de la salida, que “es inmensa”, está en sustituir importaciones, producir aquí los 400 mil millones de dólares anuales que se gastan en ellas, con lo cual ese monto sería un colchón. Se pregunta si lo hará el gobierno actual, y no requiere meditar más de un segundo para responderse:
“No. Se necesita un gobierno que articule el interés público nacional de México. Eso no lo tenemos. Y es un requisito fundamental, es ahí donde veo que la ley de seguridad tiene como dirección frenar a Andrés Manuel López Obrador, mantener la masacre de los mexicanos y constitucionalizar el estado de excepción. Y el gasolinazo les viene muy bien, es el escenario donde se va dando la sucesión de Estados Unidos, con un señor que está activando los instrumentos de guerra comercial con el mundo.”
Y lo que hace México ante esa guerra comercial, siendo que tiene varias canchas donde defenderse, es la “insensatez” de colocar a Luis Videgaray Caso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, “cuando pudo haber sido perfectamente un emisario privado para manejar bien la relación con Trump”.
En su opinión se necesitaba a alguien con el perfil del fallecido embajador Gustavo Iruegas, “un hombre de Estado, con unos 30 o 40 años de experiencia diplomática, que sabe con quién está tratando, y no el que dice que viene a aprender. No hay sensatez en esa decisión, es precipitada, (Peña Nieto) no está pensando en el país, lo deja vulnerable”.
Cuando lo que se necesita es ir poniendo “la casa en orden”, dice, se incendia el país, pues en ese contexto la corrupción, los robos de los gobernadores, los bonos de los funcionarios parecen una provocación mayor; todo articulado de la manera descrita por Stiglitz a Greg Palast y por los documentos clasificados, donde sale toda la idea de la provocación para poner al país de rodillas y sacar raja en el contexto de desestabilización, para seguir comprando los bienes nacionales.
“No hay ninguna lógica nacional, por eso digo que se necesita un gobierno que articule el interés público de México.”
Expresa que es buena idea desmantelar el TLCAN y el Tratado Transpacífico, renegociarlos. La pregunta es: si se tienen country managers en lugar de gobernantes y secretarios de Estado, ¿se negociaría en los mismos términos que cuando se acordaron?
Advierte: “Estamos a tiempo para tener un gobierno nacional, creo yo. No hay nada inexorable, son situaciones e instituciones hechas por el ser humano y consecuentemente pueden ser modificadas, ahí es donde tenemos aperturas interesantes como ésta”.
Recuerda que cuando se firmó el TLCAN el empresario y político estadunidense Ross Perot se pronunció en contra, y Al Gore, entonces vicepresidente de Bill Clinton, lo encaró al decir que cómo se atrevía a oponerse si es tan importante para Estados Unidos como la compra de Luisiana en 1803 o de Alaska en 1827.
14.1.17
El gasolinazo: la punta del iceberg de la privatización petrolera en México
En
“El antiminotauro: el mito de una sociología libre de valores”, Alvin
Gouldner cimbró al mundo académico al rechazar una de las máximas
weberianas que se consideraban prácticamente un dogma en las ciencias
sociales: la posibilidad de realizar un estudio sociológico libre de
valores. El autor afirma, por el contrario, que el ambiente y los
juicios que el científico social realiza influyen más de lo que se
acepta en los resultados de las investigaciones, incluyendo la decisión
misma del problema a estudiar.
Yo no sólo coincido plenamente con Gouldner sino que entiendo y trato de jugar el papel que me corresponde al analizar mi entorno: priorizar el interés del pueblo mexicano del que formo parte. Así, el presente artículo si bien puede considerarse del género opinión, recoge evidencias históricas, políticas y económicas para brindar una explicación a la más reciente agresión de clase que hemos sufrido la mayoría de los mexicanos mediante el aumento al precio de los combustibles, comúnmente denominado “gasolinazo”.
El gasolinazo neoliberal. Todos desde De la Madrid han contribuido
En principio de cuentas es importante destacar que el aumento súbito de en promedio 20% al precio de las gasolinas y diésel es producto directo de la política energética que ha seguido el país desde 1983, apegada estrictamente a los dictados impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y cuyo pináculo fue la contrarreforma energética de 2013. A lo largo de estos 34 años de neoliberalismo en México que podrían resumirse como “la demolición controlada del Estado Mexicano”, el sector energético ha sido el más agredido y codiciado por el alto capital norteamericano y la oligarquía local, misma que participa en el despojo como socio menor.
Los pasos dados por los neoliberales mexicanos para traspasar el sector de manos públicas nacionales a privadas mayoritariamente extranjeras no han sido al azar. Por el contrario, se han diseñado desde los más selectos círculos del poder económico, financiero y académico norteamericano con plena consciencia del profundo significado que tienen Pemex y el petróleo en la memoria histórica del pueblo mexicano. Al respecto, John Saxe afirma que la hoja de ruta para lograr la privatización de la paraestatal habría sido trazada por la Heritage Foundation en un documento fechado en 1992 y titulado Petróleo y prosperidad: la reforma del monopolio petrolero de México que propone cinco pasos para lograr ese fin: 1. Permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero; 2. Permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en la petroquímica; 3. Dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia; 4. Permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex; 5. Privatizar Pemex.[1] (Si bien es cierto que al día de hoy ni siquiera se ha insinuado la posibilidad de privatizar Pemex, de seguir por el camino actual en un máximo de 5 años estará en el piso de remates. Esto porque el precio de las petroleras está determinado por el tamaño de sus reservas, su nivel de producción y el precio de su materia prima, y como ha sido despojada intencionalmente de sus principales activos, desfinanciada y sobresaturada de pasivos, a la brevedad surgirán voces que propongan tal medida al considerarla un lastre financiero para la Nación).
Con este antecedente es posible destacar que todas las administraciones federales de corte neoliberal han contribuido a la consecución de ese objetivo, iniciando por De la Madrid que canceló todos los proyectos de inversión proyectados durante los gobiernos que le antecedieron e inició la desfinanciación de Pemex; Carlos Salinas atentó contra la integración vertical[2] de la paraestatal al dividirla en 4 organismos descentralizados, abrió a la participación privada la petroquímica “secundaria”, elevó su carga fiscal hasta dejarla únicamente con los recursos suficientes para mantener su plataforma de producción de crudo y descapitalizó al Instituto Mexicano del Petróleo; Ernesto Zedillo terminó de abrir el sector petroquímico y creó la figura de los contratos de riesgo, Pidiregas; Vicente Fox, sobreexplotó las reservas y aumentó colosalmente su deuda mediante los Pidiregas; Felipe Calderón entregó a EU la mayor reserva del país ubicada en el Golfo de México; y Enrique Peña que finalizó la apertura total del sector en 2013.
Para finalizar este punto resulta relevante subrayar que en todo este camino se ha puesto especial énfasis en especializar a Pemex en la producción, cuyo dato más pasmoso es que no se ha construido una sola refinería en el país desde hace más de tres décadas pese a que se han sumado casi 50 millones de habitantes en ese lapso de tiempo. La razón, según argumentaban los voceros y plumas al servicio del régimen durante la discusión de la contrarreforma energética de 2013, se debe a que la entonces paraestatal registraba enormes ganancias en producción y exploración, mientras en la petroquímica se perdían cuantiosos recursos. Y si bien es cierto que por venta de crudo el país obtuvo ingresos récord en 2011 por 125 mmdd, lo que ocultaban cínicamente es que esa actividad no es ni de cerca la que mayores ganancias genera. Según un estudio hecho por Rafael Decelis en 1996 que usó como base los precios de diciembre de 1994, por cada barril de crudo se obtenían 13 dólares, 26 si se transformaba en gasolina, 59 (promedio) en petroquímicos, 300 en plásticos y 780 en producto terminado; y en lo que respecta a la generación de plazas laborales, cada barril producía 0.01 empleos en Pemex Exploración y Producción, 0.104 en Pemex Petroquímica, 0.672 en Petroquímica Secundaria y 22.7 en industrias de transformación ligadas al hidrocarburo (producción de hilos, telas, botellas, bolsas, plásticos, etc.).[3]
Todo ello sin contar un elemento clave: la seguridad y soberanía de la Nación.
En el sector energético la apuesta es argentinizar a México
Contrario a los dichos del Gobierno Federal y la súper cretina cúpula panista que en 2014 pujó para que se adelantara dos años la liberalización del mercado de combustibles inicialmente prevista para 2019[4], el alza en los combustibles sí es una consecuencia directa de la reforma energética de 2013, y más específicamente de sus leyes secundarias aprobadas en 2014. En dicho ordenamiento jurídico se estableció que a partir de 2017 el mercado mexicano de combustibles se abriría a la participación de nuevos actores y un año después se permitiría su libre importación para crear un mercado completamente abierto. Ello significa que México transitaría de un modelo en el que los precios eran fijados por la Secretaría de Hacienda según variables económicas, sociales y políticas, a otro en el que serían determinados por entes privados según “las leyes de la oferta y la demanda” y criterios estrictamente económicos y financieros; lo que implica de facto la privatización de uno de los aspectos fundamentales de todo negocio: la determinación de su precio al público.
Lo más absurdo es que la administración de Peña Nieto pretende esconder los vínculos con la reforma energética pero sí reconoce en su campaña mediática que el aumento es uno de los pasos iniciales de la liberalización, misma que avanzará durante el año en curso hasta que los precios locales estén a la par de los del mercado internacional.[5] ¡El colmo de la desvergüenza!
Pero la anterior no es la única mentira vil de la estrategia de comunicación gubernamental en marcha. Se desempolvan, por ejemplo, los dichos del criminal David Penchyna que al defender la liberalización del mercado en 2014 aseguraba “el subsidio a las gasolinas en realidad beneficiaba a quienes más recursos y autos tienen”.[6] Lo que nunca mencionó es que la mayor parte de los combustibles se destinan para el transporte de alimentos y productos de primera necesidad desde las regiones de producción hasta los centros de consumo, impactando en su costo y haciendo que las familias de menores ingresos que destinan hasta el 90% de su salario a la adquisición de comida sean las que más recientan la medida.[7]
La propaganda también asegura que la liberalización del ultrasensible mercado de los combustibles provocará que los precios locales disminuyan producto de un mayor número de actores, además de generar más empleos, crecimiento e inversión. Lo llamativo del caso no es que utilicen los mismos argumentos de siempre para justificar las contrarreformas neoliberales que siguen sin traer a los mexicanos el paraíso prometido, sino que dan por sentado que las empresas que entren al país lo harán con los ánimos de desatar una guerra de precios que los impulse a la baja, estrechando con ello sus márgenes de ganancia. Esta suposición resulta absurda e ilógica porque difícilmente se encontrarán datos empíricos que comprueben fehacientemente que las grandes petroleras se comportan así al entrar a mercados desregulados. Por el contrario, abundan los ejemplos en el que su actuar fue diametralmente distinto y aportaron más perjuicios que beneficios a los países receptores. En Brasil, por ejemplo, Ildo Luis Sauer, director de Petrobras entre 2003 y 2007, afirma que “la apertura no fue benéfica para Brasil y tiene más lecciones negativas que aprender que positivas”. Respecto a las petroleras transnacionales, aseguró que “una vez que sacas a los leones de las jaulas, ellos entran en el sistema y tienen fuerza para participar con mucha más potencia en el sistema político y económico para dominar los medios de comunicación e infiltrarse en los partidos políticos a través de cabilderos, que son los que están en los congresos y en los palacios”.[8]
Pero el caso tipo que los mexicanos deberíamos tener en mente para pensar nuestro futuro cercano es el de Argentina. Como lo analicé en conjunto con el Dr. Norberto Emmerich en marzo de 2015,[9] la liberalización en Argentina se inició en la década de 1970 y dos décadas más tarde se privatizó la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Además, se cedió a la iniciativa privada la explotación de las principales reservas de petróleo y gas, la capacidad de determinar los precios locales del petróleo y sus derivados y la participación en todos los eslabones de la industria petroquímica. Como era de esperarse, las petroleras que dominaron rápidamente el mercado argentino se enfocaron en maximizar la explotación de los campos en detrimento de su vida útil, así como su exportación sobre el abastecimiento del mercado interno. Las diferencias con las autoridades argentinas se ahondaron con la pesificación de 2002 y el arribo de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, deviniendo un año después en una crisis energética caracterizada por el desabastecimiento crónico de petróleo, gas y sus derivados en el mercado local, constantes apagones y alzas unilaterales en los precios de las gasolinas y el diésel. El gobierno denunció que los problemas se debían a una insuficiente inversión en la exploración, producción, transporte y refinación, y exigió una disminución de los costos al público. Por su parte, las petroleras afirmaron que los precios demandados por el gobierno argentino eran poco competitivos y les acarrearían grandes pérdidas, por lo que congelaron sus suministros al mercado local y continuaron su exportación como medida de presión para obtener mejores tarifas. Uno de los datos más icónicos de la situación data de 2007, cuando Argentina importó 988.379 toneladas de combustible y exportó 1.657.532 toneladas, situación absurda e innecesaria pero acorde a los intereses de Repsol YPF, Esso y Shell.
Algunas reflexiones a manera de cierre.
1. Gracias a la profunda reprimarización económica que ha traído la política neoliberal, un país petrolero de primer orden como México comenzó a comprar petroquímicos en el exterior desde 1987 y hoy se ha convertido en el segundo mayor importador del mundo. El negocio calculado en alrededor de 50 mmdd anuales por Alfredo Jalife[10] sólo tiene dos ganadores claros: EU, nación que vende el 81% de las gasolinas que importa México; y el entramado de funcionarios y empresarios que compran el combustible en el extranjero para luego revendérselo a Pemex.
2. En días recientes han pululado las voces que piden aumentar las importaciones de petroquímicos desde EU donde en la actualidad son más baratos, entre ellas las de los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua. Esta medida si bien podría significar un efímero alivio, en realidad contribuirá al fortalecimiento del círculo vicioso que nos tiene atrapados en la dependencia. Una propuesta viable y ad hoc con el abandono del neoliberalismo que impulsa Trump al norte del Bravo sería utilizar el dinero de las reservas para adquirir refinerías, en lugar de dilapidarlo en la “intervención diaria de Banxico para estabilizar el tipo de cambio”.
3. Sabiendo que México se ha convertido en un país ultra dependiente de las gasolinas estadounidenses, ¿qué pasaría si mañana Donald Trump decide cortar su suministro o aplicarle un impuesto especial a fin de financiar el muro fronterizo? ¿La oligarquía mexicana seguiría diciendo que soberanía no es sinónimo de autosuficiencia sino de capacidad de compra? ¿Cómo recibiría el pueblo mexicano en ambos lados de la frontera tan terrible humillación?
[1] Saxe Fernández, John. La compra-venta de México. Una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos. Ed. Plaza Janés, México D.F. 2002. Pág. 269.
Yo no sólo coincido plenamente con Gouldner sino que entiendo y trato de jugar el papel que me corresponde al analizar mi entorno: priorizar el interés del pueblo mexicano del que formo parte. Así, el presente artículo si bien puede considerarse del género opinión, recoge evidencias históricas, políticas y económicas para brindar una explicación a la más reciente agresión de clase que hemos sufrido la mayoría de los mexicanos mediante el aumento al precio de los combustibles, comúnmente denominado “gasolinazo”.
El gasolinazo neoliberal. Todos desde De la Madrid han contribuido
En principio de cuentas es importante destacar que el aumento súbito de en promedio 20% al precio de las gasolinas y diésel es producto directo de la política energética que ha seguido el país desde 1983, apegada estrictamente a los dictados impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y cuyo pináculo fue la contrarreforma energética de 2013. A lo largo de estos 34 años de neoliberalismo en México que podrían resumirse como “la demolición controlada del Estado Mexicano”, el sector energético ha sido el más agredido y codiciado por el alto capital norteamericano y la oligarquía local, misma que participa en el despojo como socio menor.
Los pasos dados por los neoliberales mexicanos para traspasar el sector de manos públicas nacionales a privadas mayoritariamente extranjeras no han sido al azar. Por el contrario, se han diseñado desde los más selectos círculos del poder económico, financiero y académico norteamericano con plena consciencia del profundo significado que tienen Pemex y el petróleo en la memoria histórica del pueblo mexicano. Al respecto, John Saxe afirma que la hoja de ruta para lograr la privatización de la paraestatal habría sido trazada por la Heritage Foundation en un documento fechado en 1992 y titulado Petróleo y prosperidad: la reforma del monopolio petrolero de México que propone cinco pasos para lograr ese fin: 1. Permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero; 2. Permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en la petroquímica; 3. Dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia; 4. Permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex; 5. Privatizar Pemex.[1] (Si bien es cierto que al día de hoy ni siquiera se ha insinuado la posibilidad de privatizar Pemex, de seguir por el camino actual en un máximo de 5 años estará en el piso de remates. Esto porque el precio de las petroleras está determinado por el tamaño de sus reservas, su nivel de producción y el precio de su materia prima, y como ha sido despojada intencionalmente de sus principales activos, desfinanciada y sobresaturada de pasivos, a la brevedad surgirán voces que propongan tal medida al considerarla un lastre financiero para la Nación).
Con este antecedente es posible destacar que todas las administraciones federales de corte neoliberal han contribuido a la consecución de ese objetivo, iniciando por De la Madrid que canceló todos los proyectos de inversión proyectados durante los gobiernos que le antecedieron e inició la desfinanciación de Pemex; Carlos Salinas atentó contra la integración vertical[2] de la paraestatal al dividirla en 4 organismos descentralizados, abrió a la participación privada la petroquímica “secundaria”, elevó su carga fiscal hasta dejarla únicamente con los recursos suficientes para mantener su plataforma de producción de crudo y descapitalizó al Instituto Mexicano del Petróleo; Ernesto Zedillo terminó de abrir el sector petroquímico y creó la figura de los contratos de riesgo, Pidiregas; Vicente Fox, sobreexplotó las reservas y aumentó colosalmente su deuda mediante los Pidiregas; Felipe Calderón entregó a EU la mayor reserva del país ubicada en el Golfo de México; y Enrique Peña que finalizó la apertura total del sector en 2013.
Para finalizar este punto resulta relevante subrayar que en todo este camino se ha puesto especial énfasis en especializar a Pemex en la producción, cuyo dato más pasmoso es que no se ha construido una sola refinería en el país desde hace más de tres décadas pese a que se han sumado casi 50 millones de habitantes en ese lapso de tiempo. La razón, según argumentaban los voceros y plumas al servicio del régimen durante la discusión de la contrarreforma energética de 2013, se debe a que la entonces paraestatal registraba enormes ganancias en producción y exploración, mientras en la petroquímica se perdían cuantiosos recursos. Y si bien es cierto que por venta de crudo el país obtuvo ingresos récord en 2011 por 125 mmdd, lo que ocultaban cínicamente es que esa actividad no es ni de cerca la que mayores ganancias genera. Según un estudio hecho por Rafael Decelis en 1996 que usó como base los precios de diciembre de 1994, por cada barril de crudo se obtenían 13 dólares, 26 si se transformaba en gasolina, 59 (promedio) en petroquímicos, 300 en plásticos y 780 en producto terminado; y en lo que respecta a la generación de plazas laborales, cada barril producía 0.01 empleos en Pemex Exploración y Producción, 0.104 en Pemex Petroquímica, 0.672 en Petroquímica Secundaria y 22.7 en industrias de transformación ligadas al hidrocarburo (producción de hilos, telas, botellas, bolsas, plásticos, etc.).[3]
Todo ello sin contar un elemento clave: la seguridad y soberanía de la Nación.
En el sector energético la apuesta es argentinizar a México
Contrario a los dichos del Gobierno Federal y la súper cretina cúpula panista que en 2014 pujó para que se adelantara dos años la liberalización del mercado de combustibles inicialmente prevista para 2019[4], el alza en los combustibles sí es una consecuencia directa de la reforma energética de 2013, y más específicamente de sus leyes secundarias aprobadas en 2014. En dicho ordenamiento jurídico se estableció que a partir de 2017 el mercado mexicano de combustibles se abriría a la participación de nuevos actores y un año después se permitiría su libre importación para crear un mercado completamente abierto. Ello significa que México transitaría de un modelo en el que los precios eran fijados por la Secretaría de Hacienda según variables económicas, sociales y políticas, a otro en el que serían determinados por entes privados según “las leyes de la oferta y la demanda” y criterios estrictamente económicos y financieros; lo que implica de facto la privatización de uno de los aspectos fundamentales de todo negocio: la determinación de su precio al público.
Lo más absurdo es que la administración de Peña Nieto pretende esconder los vínculos con la reforma energética pero sí reconoce en su campaña mediática que el aumento es uno de los pasos iniciales de la liberalización, misma que avanzará durante el año en curso hasta que los precios locales estén a la par de los del mercado internacional.[5] ¡El colmo de la desvergüenza!
Pero la anterior no es la única mentira vil de la estrategia de comunicación gubernamental en marcha. Se desempolvan, por ejemplo, los dichos del criminal David Penchyna que al defender la liberalización del mercado en 2014 aseguraba “el subsidio a las gasolinas en realidad beneficiaba a quienes más recursos y autos tienen”.[6] Lo que nunca mencionó es que la mayor parte de los combustibles se destinan para el transporte de alimentos y productos de primera necesidad desde las regiones de producción hasta los centros de consumo, impactando en su costo y haciendo que las familias de menores ingresos que destinan hasta el 90% de su salario a la adquisición de comida sean las que más recientan la medida.[7]
La propaganda también asegura que la liberalización del ultrasensible mercado de los combustibles provocará que los precios locales disminuyan producto de un mayor número de actores, además de generar más empleos, crecimiento e inversión. Lo llamativo del caso no es que utilicen los mismos argumentos de siempre para justificar las contrarreformas neoliberales que siguen sin traer a los mexicanos el paraíso prometido, sino que dan por sentado que las empresas que entren al país lo harán con los ánimos de desatar una guerra de precios que los impulse a la baja, estrechando con ello sus márgenes de ganancia. Esta suposición resulta absurda e ilógica porque difícilmente se encontrarán datos empíricos que comprueben fehacientemente que las grandes petroleras se comportan así al entrar a mercados desregulados. Por el contrario, abundan los ejemplos en el que su actuar fue diametralmente distinto y aportaron más perjuicios que beneficios a los países receptores. En Brasil, por ejemplo, Ildo Luis Sauer, director de Petrobras entre 2003 y 2007, afirma que “la apertura no fue benéfica para Brasil y tiene más lecciones negativas que aprender que positivas”. Respecto a las petroleras transnacionales, aseguró que “una vez que sacas a los leones de las jaulas, ellos entran en el sistema y tienen fuerza para participar con mucha más potencia en el sistema político y económico para dominar los medios de comunicación e infiltrarse en los partidos políticos a través de cabilderos, que son los que están en los congresos y en los palacios”.[8]
Pero el caso tipo que los mexicanos deberíamos tener en mente para pensar nuestro futuro cercano es el de Argentina. Como lo analicé en conjunto con el Dr. Norberto Emmerich en marzo de 2015,[9] la liberalización en Argentina se inició en la década de 1970 y dos décadas más tarde se privatizó la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Además, se cedió a la iniciativa privada la explotación de las principales reservas de petróleo y gas, la capacidad de determinar los precios locales del petróleo y sus derivados y la participación en todos los eslabones de la industria petroquímica. Como era de esperarse, las petroleras que dominaron rápidamente el mercado argentino se enfocaron en maximizar la explotación de los campos en detrimento de su vida útil, así como su exportación sobre el abastecimiento del mercado interno. Las diferencias con las autoridades argentinas se ahondaron con la pesificación de 2002 y el arribo de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, deviniendo un año después en una crisis energética caracterizada por el desabastecimiento crónico de petróleo, gas y sus derivados en el mercado local, constantes apagones y alzas unilaterales en los precios de las gasolinas y el diésel. El gobierno denunció que los problemas se debían a una insuficiente inversión en la exploración, producción, transporte y refinación, y exigió una disminución de los costos al público. Por su parte, las petroleras afirmaron que los precios demandados por el gobierno argentino eran poco competitivos y les acarrearían grandes pérdidas, por lo que congelaron sus suministros al mercado local y continuaron su exportación como medida de presión para obtener mejores tarifas. Uno de los datos más icónicos de la situación data de 2007, cuando Argentina importó 988.379 toneladas de combustible y exportó 1.657.532 toneladas, situación absurda e innecesaria pero acorde a los intereses de Repsol YPF, Esso y Shell.
Algunas reflexiones a manera de cierre.
1. Gracias a la profunda reprimarización económica que ha traído la política neoliberal, un país petrolero de primer orden como México comenzó a comprar petroquímicos en el exterior desde 1987 y hoy se ha convertido en el segundo mayor importador del mundo. El negocio calculado en alrededor de 50 mmdd anuales por Alfredo Jalife[10] sólo tiene dos ganadores claros: EU, nación que vende el 81% de las gasolinas que importa México; y el entramado de funcionarios y empresarios que compran el combustible en el extranjero para luego revendérselo a Pemex.
2. En días recientes han pululado las voces que piden aumentar las importaciones de petroquímicos desde EU donde en la actualidad son más baratos, entre ellas las de los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua. Esta medida si bien podría significar un efímero alivio, en realidad contribuirá al fortalecimiento del círculo vicioso que nos tiene atrapados en la dependencia. Una propuesta viable y ad hoc con el abandono del neoliberalismo que impulsa Trump al norte del Bravo sería utilizar el dinero de las reservas para adquirir refinerías, en lugar de dilapidarlo en la “intervención diaria de Banxico para estabilizar el tipo de cambio”.
3. Sabiendo que México se ha convertido en un país ultra dependiente de las gasolinas estadounidenses, ¿qué pasaría si mañana Donald Trump decide cortar su suministro o aplicarle un impuesto especial a fin de financiar el muro fronterizo? ¿La oligarquía mexicana seguiría diciendo que soberanía no es sinónimo de autosuficiencia sino de capacidad de compra? ¿Cómo recibiría el pueblo mexicano en ambos lados de la frontera tan terrible humillación?
[1] Saxe Fernández, John. La compra-venta de México. Una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos. Ed. Plaza Janés, México D.F. 2002. Pág. 269.
[2] Se denomina integración vertical
a la capacidad de una empresa para controlar por sí misma las
actividades que van desde la producción de la materia prima hasta la
comercialización de los productos terminados. En el caso de las
petroleras, éstas serían: exploración, perforación, almacenamiento,
refinación, distribución y comercialización.
[3] Op. Cit. Pág. 295.
[4]
Eliminar subsidios a gasolinas, gas y luz, entre cambios a leyes
energéticas. Diario La Jornada, 15 de julio de 2014. Consultado en línea
en: https://goo.gl/BvrgK0
[5] Video disponible en: https://youtu.be/83ClzkpSZ50
[6]
Bajarán precios del gas y electricidad, pero no de las gasolinas:
Penchyna. Diario La Jornada, 13 de mayo de 2014. Consultado en línea en:
https://goo.gl/qluYx9
[7]
Aplicar IVA a medicinas y alimentos afectará a los más pobres: Morena.
Diario La Jornada, 6 de marzo de 2013. Consultado en línea en: https://goo.gl/krwu2V
[8]
Cuando la IP extrae crudo, baja la renta petrolera para el
Estado. Diario La Jornada, 13 de septiembre de 2013. Consultado en línea
en: http://shar.es/VdT7T.
[9] Emmerich, Norberto. y Valenzuela, Edgar. Reforma energética, geopolítica y criminalidad. La matriz mexicana para crear riqueza. Rebelión, 21 de marzo de 2015. Consultado en línea en: https://goo.gl/o0LY5S
[10]
Jalife-Rahme, Alfredo. Los siete pecados capitales de la reforma
energética Peña / Videgaray / Aspe. Diario La Jornada, 16 de octubre de
2013. Consultado en línea en: https://goo.gl/x24H2k
11.1.17
El fracaso del Banco de México
Anuncia Carstens su salida entre loas por su supuesta eficiencia. Quienes lo extrañarán son los especuladores, pues lograron grandes ganancias mediante el alza de las tasas de interés. No cumplió con lo que dispone la Constitución: salvaguardar la estabilidad y el valor de la moneda. Dejará la inflación por encima del 4 por ciento y una devaluación del peso de más del 60 por ciento
Agustín Carstens hizo votos porque sea
“terso, ordenado y sin sobresaltos” el “largo periodo [de] transición de
un gobernador [del Banco de México] al siguiente que será designado en
su oportunidad por el presidente de la República”. Ese proceso que se
inició el 1 de diciembre, cuando presentó su renuncia a dicho puesto en
el banco central de México y que ocupará hasta el 1 de julio de 2017,
cuando hará efectiva su decisión y empezará a empacar sus trebejos para
irse a administrar el Banco de Pagos Internacionales.
Lo anterior y otras cosas se leen en la
carta enviada por Agustín Carstens a sus súbditos del banco central y en
un comunicado emitido a la opinión pública por el mismo organismo sobre
el mismo tema, ambos datados el 1 de diciembre. Además de formalizarse
su separación, Carstens se deshizo en agradecimientos a Felipe Calderón,
quien lo encaramó en el puesto citado en 2010, y a Enrique Peña Nieto,
quien lo ratificó para un segundo periodo, el cual terminaría el 31 de
diciembre de 2021; anunció que dimitía prematuramente porque prefería la
gerencia general del Banco de Pagos Internacionales; y, orondo, se
elogió a sí mismo por haber sido elegido para regentar al banco
central de los bancos centrales del mundo, distinción que, sin
disfrazada inmodestia, hizo extensiva al país y los parias
subdesarrollados. “Es un gran honor para mí, el Banco de México y el
país” rubricó Carstens, porque por “primera vez un banquero central de
una economía emergente” ocupará un selecto puesto de tan “alta
responsabilidad integrado por los gobernadores de los siete principales
bancos centrales del mundo”.
Fue curioso el método epistolar empleado a posteriori
para oficializar la salida de un funcionario y cuya noticia ya había
sido publicitada por las vías informales de las redes sociales de
internet.
Desde luego, la buena nueva no fue un acto de deferencia social. Sólo fue un recurso sui géneris
para tratar de contrarrestar la incertidumbre y el pánico que provocó
la renuncia entre los especuladores. El costo fue una pequeña burbuja
especulativa: un nuevo desplome de la paridad cambiaria, el 1 de
diciembre (1.1 por ciento o 23 centavos, al pasar de 20.52 a 20.75 pesos
por dólar estadunidense) y del mercado bursátil (1.61 por ciento en dos
días).
Pero como le gusta decir a Carstens:
simplemente fue un intrascendente “bache momentáneo, pasajero” que, de
nueva cuenta, entreveró las consecuencias de la irracionalidad de los
especuladores, la libertad especulativa, el desinterés del banco central
y las autoridades hacendarias para controlar sus ímpetus, en aras de no
alterar las reglas del juego neoliberal impuestas externamente y
aceptadas localmente, en una especie de servidumbre voluntaria.
Desde luego no es lo mismo ser un
banquero central pueblerino, en un país cada vez más violento, que un
directivo de un organismo internacional ubicado en la tranquila y
tediosa ciudad de Basilea, Suiza, aunque sea como un empleado más. No es
lo mismo ser cabeza de ratón que cola de león. Pero es difícil aceptar
que la renuncia de Carstens haya sido desconocida por el Ejecutivo y,
por tanto, fuera un acto de deslealtad.
Lo que quizá pasó fue un
problema de formas.
La irracionalidad de los especuladores
se debe a que una renuncia era irrelevante, toda vez la sabia cabeza que
sustituya a Carstens, cualquiera de los subgobernadores, garantiza la
continuidad de la mismas políticas monetarias ortodoxas, porque todos
los subgobernadores del banco central, los actuales y los próximos,
están cortados y formados en el mismo credo neoliberal. Son un grupo
homogéneo y compacto.
Hasta que alguien decida expulsarlos del templo.
En
todo caso, si se considera los resultados arrojados por el Banco de
México en la era Carstens, el balance de su mandato puede decirse que
fue un fracaso, de acuerdo con la ley orgánica del organismo y cuyo
objetivo prioritario es salvaguardar la estabilidad y el valor de la
moneda. Ese único objetivo implica controlar el nivel de la inflación,
al margen de que los instrumentos que empleen sacrifiquen el
crecimiento, los salarios reales y el bienestar social, tal y como ha
sucedió desde 1983 a la fecha.
La subordinación del aumento de los
salarios nominales y del crecimiento, así como la austeridad fiscal y la
astringencia monetaria corresponden a la estrategia de la inflación
primermundista con un crecimiento y bienestar tercermundista.
Es cierto que desde enero de 2015 la
inflación se ha ubicado en el rango de la meta: 3 por ciento, más menos
un punto porcentual, aunque probablemente al cierre de 2016 y en 2017 se
ubique por encima de 4 por ciento.
La tendencia de los precios de
importación, los del productor y la inflación no subyacente indica
mayores presiones inflacionarias. Ello explica el endurecimiento de la
política monetaria, es decir, la inducción de las tasas de interés
impuesto por el banco central.
Sin embargo, el comportamiento del tipo
de cambio evidencia el fracaso de Carstens y del banco central en su
tarea prioritaria. Anualmente, durante el peñismo, la variación del tipo
de cambio, se planeó que fuera similar a la tasa de variación de la
inflación, e incluso se proponía un atraso o revaluación, sin importar
que abaratara artificial y deslealmente el precio de las importaciones,
en detrimento de la producción local, el crecimiento y el empleo.
En lo que va del peñismo la paridad pasó
de 13.08 pesos por dólar a 20-21 pesos por dólar, lo que equivale a una
macrodevaluación cercana a 60 por ciento.
En ese sentido, Carstens y el banco central han fracasado en su encomienda constitucional.
En esa misma lógica, la población y los
inversionistas deberían agradecer la decisión de Carstens de abandonar
el banco central, aunque el panorama no cambia nada si se considera que
lo sustituirá un personaje clonado.
Sólo los especuladores pueden sentirse
satisfechos. El Carstens actual y los Carstens futuros les darán lo que
quieren: mayores ganancias financieras, por la vía de la elevación de
las tasas de interés.
A los únicos que les resulta indiferente su desaparición del escenario político-financiero del país son las mayorías.
Recuérdese que Carstens, primero, se
rasgó las vestiduras y se opuso rotundamente a la propuesta de Miguel
Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de programar una
gradual recuperación del poder de compra de los salarios mínimos,
porque supuestamente elevaría la inflación, sin ofrecer pruebas al
respecto; y, después, festejó la “flexibilización” laboral porque
abarataría los costos y los tiempos del despido de los trabajadores.
El nuevo banquero central pensará lo mismo.
El único que realmente es feliz es el
propio Carstens. Se irá con una pensión generosa que ya cobra desde hace
tiempo, y abandonará el barco antes que se hunda.
11.12.16
La militarización del "muro Trump", al estilo israelí
Alfredo Jalife-Rahme
Abunda la flagrante desinformación
sobre la construcción del
muro Trump, sobre todo del lado más afectado, el mexicano, que jugó al avestruz durante un cuarto de siglo, hasta que el destino lo alcanzó.
El portal texano-israelí Stratfor (https://goo.gl/CoCifG), que se ostenta como la
CIA de los empresarios, rememora el cuarto de siglo (sic) del inicio de la construcción del muro por varias administraciones de Estados Unidos (EU) ante la pusilanimidad de cinco presidentes
mexicanosen turno, quienes impulsaron la vulgar mercantilización en detrimento de la seguridad nacional:
1. A inicios de la década de 1990: se empezó a construir en áreas urbanas, con tapetes metálicos y material de la guerra de Vietnam.
2. En 1995: Sandia National Laboratories creó una barrera de tres capas de profundidad con vigilancia tecnológica: cámaras, imágenes termales y sensores.
3. En 2006: Secure Fence Act extendió los muros (sic) existentes (el “muro Baby Bush”) a un costo de 3 mil 400 millones de dólares, pagado por Seguridad del Hogar, que completó mil 30 kilómetros de los programados mil 50 km.
Baby Bush construyó la tercera parte del muro, con apoyo de la senadora de Nueva York, Hillary Clinton, ante las narices de los panistas Fox y Calderón, quienes no protestaron en absoluto, como ahora en forma cacofónica, quizá por sus fuertes vínculos con George Soros.
4. 2016/2017: Proyecto de terminar la construcción de sus 2/3 partes (el
muro Trump), con excepción de 322 km al sur de Texas, a un costo entre 7 mil millones y 10 mil millones de dólares, por la empresa israelí Magal Security Systems (https://goo.gl/Diia5V).
Trump seleccionó al general retirado John Kelly como jefe de la Seguridad del Hogar, quien estará a cargo de terminar el muro (https://goo.gl/f4oxvf).
Kelly jefaturó el Comando Sur –que se traslapa con el Comando Norte en referencia al desahuciado y desaseado “México neoliberal itamita”–, y ha sido feroz crítico de la
amenaza de terroristas y el contrabando de los narcotraficantes en la transfrontera con México.
Sin contar al flamante director de la CIA, Mike Pompeo, quien se formó en la Academia Militar de West Point, el gabinete Trump profundiza su militarización, con tres militares seleccionados (http://goo.gl/QFXdZc).
A quien hay que seguir en forma estrecha sobre el devenir del
muro Trumpes a Michael McCaul, representante texano (sic) del Partido Republicano y jefe del Comité Camaral de la Seguridad del Hogar, quien ha externado la
securitización de la transfronteray la
confrontación de la emigración ilegal, y ha prometido colocar a México en un
plan de pagos (sic)para financiar la terminación del muro.
Mientras el Congreso de EU trabaja su
plan de emergencia (sic)para obliterar la transfrontera, el frívolo Senado
mexicano, después de haber exhibido en forma degradante sus camisetas
pro Hillary, ahora en un acto de exorcismo folclórico golpea una piñata con la efigie de Trump (http://goo.gl/D3lK1S). ¡No, bueno!
McCaul expone la militarización del muro (http://goo.gl/sOM6uz), que profundizó en The Heritage Foundation (http://goo.gl/mEVjyr): “Es más que un muro. Hablamos de un sistema histórico (sic) de defensa (¡supersic!) de varias capas (sic) para que los cárteles de la droga y los terroristas (sic) no puedan insinuarse a través de sus grietas”, lo cual significa
más agentes de patrulla fronteriza (nota: quienes, como los maltratados Veteranos, votaron en forma masiva a favor de Trump), nuevas autoridades, vigilancia aérea, sensores y otras tecnologías para sellar nuestro territorio de los ilegales.
El abordaje será de
tipo militarotorgando a las
agencias de inmigración y de la frontera el real comando y control.
No sólo el Congreso de EU participará en el
esfuerzo de financiamiento, sino también
los vecinos (sic) quienes han fracasado en contener la crisis dentro de sus propios países, por lo que se ha colocado a México en un
plan de pagos, a lo que aporta varias ideas
razonables: nuevas
tarifas de inmigración,
cuotas de peaje de seguridad en la transfrontera, “captura y congelamiento de los activos de los cárteles de la droga”.
¿Se le ocurrirá al texano McCaul pagos a varios años sin intereses, ventas nocturnas con descuentos o un consumista
Buen Fin?
Toda la securitización y matriculación de la transfrontera no será limitada a México y tendrá en la mira a
otros países en Latinoamérica (¡supersic!) que han contribuido a la crisis y fracasado en frenar el caos, por lo que deben también pagar para arreglar la situación. Algo así como
dime de dónde provienes y te diré cuánto debes pagar.
Hay que prepararse para el modelo mural israelí, impuesto en Gaza y Cisjordania, que sería implementado en las dos fronteras del fallido “México neoliberal itamita”: en el próspero norte y en el miserable sur.
¿Se contempla otro muro entre Chiapas y Guatemala y/o entre Chetumal y Belice, con supervisión israelí-estadunidense?
A McCaul se le olvida que él mismo es producto de la migración europea a EU y sentencia que el gabinete Trump
tomará acciones inmediatas para buscar (¡supersic!) y deportar a todos los extranjeros criminalesy
asegurarse que sus gobiernos los reciban (sic).
Las medidas serán extremas, de corte persecutorio, y con una severa
investigación de los antecedentescon el fin de detener a los yihadistas que exploten el sistema inmigratorio para entrar a EU como
turistas, inmigrantes y refugiados.
¿Tiene contemplado la novicia secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz, entronizada en el peor momento imaginable como
Reina del guacamole, dónde colocar a millones de
ilegales mexicanos?
Más que a la terminación del muro, el consenso en el Congreso se encamina a una trifecta: una combinación de tecnología, vigilancia policiaca y construcción física, como aduce el presbiteriano Dennis Ross, representante republicano de Florida (sic) y miembro del equipo de transición, para quien el
término muroes una metáfora, cuando
en realidad se refiere a seguridady puede ser también una
valla(http://goo.gl/4YoTTn).
Si el
muro Trumprepresentó un exitoso ingrediente mercadotécnico –79 por ciento de quienes lo apoyaron insisten en frenar la inmigración–, su implementación por el Congreso no será automática, ya que en el Senado requiere de 60 votos para su aprobación cuando los republicanos sólo controlan 52.
¿Quién protegerá a los dreamers: 800 mil jóvenes indocumentados que han sido abrigados en forma temporal de la deportación, gracias a una orden ejecutiva de Obama en 2012?
Increíble: su
protecciónno provendrá aquende el río Bravo, sino allende, donde se prepara una legislación bipartidista al respecto (http://goo.gl/Z1rLgB).
Sin que yo ampare el híper-complejo crimen transfronterizo, McCaul soslaya que la gran mayoría de
migrantesde México/Centroamérica son
refugiados económicosquienes, debido al neoliberalismo global que impuso el decálogo del Consenso de Washington por la unilateralidad geoestratégica de EU, huyen de sus países plutocráticos, donde no encuentran
libertad económicapara laborar y quienes, por efecto de ósmosis demográfica, se refugian en los países de mayor prosperidad.
3.12.16
Incertidumbres en la relación con Estados Unidos
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pasada la estupefacción con que fue recibido el resultado electoral en Estados Unidos, la incertidumbre se convirtió en un sentimiento generalizado. El discurso de Donald Trump carente de precisión, sus cambios de estilo después de la elección y su conocida falta de experiencia en la administración pública han sembrado dudas sobre las formas y tiempos con que planea gobernar. Tales sentimientos están muy presentes en México, el país que ocupó un lugar tan central en una campaña caracterizada por los ataques a la relación que hoy existe entre los dos países, entre otras, en materia de migración y comercio.
En la etapa de transición entre presidente electo y toma de posesión la necesidad de tener mayor claridad sobre sus propósitos se hace urgente. ¿Cuáles son, a dos semanas de su elección, las incertidumbres y certezas que están presentes?¿Cómo evalúan la relación con Estados Unidos las voces tan diversas que se están expresando en México?
La primera certeza que se ha obtenido, atendiendo a los nombramientos que ya han sido decididos por Trump, es que se mantienen sin lugar a dudas los sentimientos antiinmigrantes. La designación como procurador general de Sessions, conocido por sus ataques raciales, es suficiente para reafirmar la preferencia por una política de mano dura contra los migrantes, así como de una clara complacencia con la exaltación de una “Gran América” encabezada por blancos.
Ahora bien, paralelamente a esa certeza también hay dudas e incertidumbres sobre el grado en que los pesos y contrapesos que siempre han operado en el sistema político de Estados Unidos permitirán cumplir prontamente con tales propósitos. La decisión según la cual durante los cien primeros días se expulsarán de dos a tres millones de inmigrantes indocumentados que han cometido algún delito puede decretarse, exclusivamente, por el Ejecutivo. No obstante, su implementación requiere de la colaboración de autoridades locales. En un país con un federalismo tan fuerte como el existente en Estados Unidos, la posición de gobernadores, tribunales locales, alcaldes, defensores de derechos humanos, no puede pasarse por alto. Numerosas declaraciones aparecidas en la prensa permiten ver el grado de resistencia que pueden encontrar las deportaciones a nivel estatal.
Lo anterior no significa que va a desaparecer la voluntad de tomar medidas contra los inmigrantes, tampoco que se pueda controlar el discurso de odio contra los mexicanos en Estados Unidos que quizá estaba latente y Trump lo desencadenó. Lo importante es destacar que hay fuerzas encontradas en ese país y ello es fundamental para determinar las acciones que tomen gobierno y sociedad mexicanos para la protección de los connacionales en Estados Unidos durante la era de Trump.
Desde la perspectiva económica, la incertidumbre más notoria se da respecto a los efectos que la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos tendrá sobre la economía mexicana. Existe ya la certeza de que a corto plazo ha sido muy negativa. La caída en el tipo de cambio, las nuevas previsiones sobre los niveles de crecimiento del PIB el próximo año dadas a conocer por el Banco de México, la parálisis en la toma de decisiones sobre nuevas inversiones extranjeras no dejan lugar a dudas. Sin embargo, el punto decisivo es el destino del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el contexto proteccionista que domina los ánimos del actual presidente estadunidense y en numerosas partes del mundo.
Las posiciones en México sobre el tema del TLCAN y cómo defenderlo, o dejarlo a su suerte, no son homogéneas. Por lo contrario, se advierten dos grandes tendencias que, a su vez, pueden ser decisivas para el diseño de la posición de México en la economía internacional durante el presente siglo. De una parte, los defensores sin matices del libre comercio –ubicados desde hace más de dos décadas en las filas gubernamentales– consideran indispensable tomar posiciones firmes para proteger el texto vigente y “modernizarlo” a través de protocolos adicionales que podrían inspirarse, por ejemplo, en algunos de los textos negociados para el Tratado de Asociación Transpacífica. Es muy incierto el futuro de semejante propuesta la cual requiere, de una parte, el firme apoyo de Canadá y, por la otra, la aceptación de los negociadores del nuevo equipo de Trump.
En otro extremo se encuentra un buen número de economistas mexicanos cuyo punto de vista es muy crítico del texto actual del TLCAN y contemplan, en consecuencia, la pertinencia de “modernizarlo” pero desde una perspectiva distinta a las de las voces gubernamentales. Por ejemplo, sería el momento de diseñar un protocolo que contemple la movilidad laboral como un elemento del TLCAN. Aunque parezca paradójico, sería quizá el mejor camino para un acuerdo en materia de migración que sustituye a los trabajadores indocumentados, tan golpeados, por trabajadores temporales cuya presencia sería regulada por visas temporales.
No existe todavía, ni en la academia ni en las filas gubernamentales, un punto de vista articulado sobre la mejor manera de posicionar a México en este mundo en transformación donde la elección de Trump es, quizá, sólo una de las manifestaciones más visibles. El tema no ha preocupado demasiado a las élites políticas mexicanas, tradicionalmente desinformadas sobre el acontecer internacional e indiferentes a las reflexiones geopolíticas. Algunos piensan que la fuerza del imán que representa la gran potencia americana no deja muchas opciones. Cierto que se podría diversificar, pero no mucho. Por lo demás, tal diversificación depende de cómo se muevan las fichas del ajedrez internacional en este comienzo de época inaugurada por la llegada de Trump.
Finalmente, la incertidumbre está presente respecto a la manera en que la nueva relación con Estados Unidos se reflejará en la lucha electoral que se avecina. A diferencia de otras campañas para la sucesión presidencial en México, en las cuales las relaciones exteriores han tenido un lugar secundario, esta vez será ineludible tomar posición sobre la relación con Estados Unidos. Es posible que esta se limite a frases tan irrelevantes como: la voluntad de trabajar juntos para el bien de los dos países. Pero también es posible que las circunstancias inviten a una reflexión más profunda sobre como eludir confrontaciones estériles al mismo tiempo que se acorta la vulnerabilidad mexicana que hoy se resiente de una manera tan brutal.
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