México no necesita maíz transgénico: es un peligro para las variedades nativas

Darren García


El maíz transgénico amenaza la biodiversidad mexicana por su potencial de contaminar las variedades nativas con genes que no les corresponden por naturaleza. Además, afecta la cultura y las tradiciones alrededor de este cultivo. Consultadas por Contralínea, científicas y activistas coinciden en que no es necesario que el país corra el riesgo, por lo que se pronuncian a favor de prohibir los organismos genéticamente modificados

Las 64 razas de maíz que se cultivan en México, de las cuales 59 son nativas, se verían amenazadas de permitirse la siembra de maíz transgénico. La batalla, en tribunales desde hace más de una década, se libra entre campesinos, sociedad y académicos contra una voraz industria que busca el control alimentario mexicano.

Una vez que el maíz transgénico se libera al ambiente, se va a cruzar con otros tipos a través del polen, lo que “podría afectar a nuestras variedades nativas de maíz”, y provocaría “que se fueran perdiendo algunas que tuvieran estos genes que no le corresponden”, advierte Michelle Esther Chauvet Sánchez Pruneda, investigadora de Biotecnología y economía agrícola por la UAM Azcapotzalco.

Éste potencial riesgo fue uno de los motivos por los que una de las iniciativas que, el pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso para reformar el artículo 4 de la Constitución, en la cual se define al maíz como un “alimento básico y elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, [que] debe ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas. [Por tanto, México] se declara libre de cultivos de maíz genéticamente modificado. [Y] debe priorizarse su manejo ecológico”.

Capital del maíz en riesgo

“El maíz es de polinización abierta”, explica a Contralínea la también doctora en economía por la UNAM, Michelle Chauvet. “Esto quiere decir que una mazorca de maíz se cruza con otra por el viento. En realidad, es un intercambio de polen entre las plantas”, a lo que se conoce como flujo génico; de tal manera que un maíz puede contaminarse con genes que no le corresponden por naturaleza y perder su carácter nativo, con afectación directa a la biodiversidad mexicana de cultivos.

Una de las perspectivas en pro de este tipo de maíz es que “promete ser una tecnología que puede resolver fuertes problemas en la producción de este cultivo, que se exprese en incrementos de productividad y resistencia a plagas”. Sin embargo, añade una publicación de la Revista argumentos ­–de la UAM Xochimilco­­­–, esto presenta un gran desafío para países “que poseen una gran riqueza biológica y una larga tradición cultural en el cultivo del grano, como es el caso de México”.

Diversas investigaciones a nivel internacional coinciden en que el maíz (Zea mays) surgió en México hace 8 mil o 10 mil años. “Este cultivo se originó mediante el proceso de domesticación que llevaron a cabo los antiguos habitantes de Mesoamérica a partir de los ‘teocintles’”, pariente del maíz, cuenta la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en su página web. “México es el centro de origen del maíz. Aquí se concentra, muy probablemente, la mayor diversidad de maíz del mundo”.

El grano de maíz “es el principal grano cultivado en México” y “se cultiva en todas las entidades del país”, enuncia la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el Panorama agroalimentario 2023. En cuatro de las cinco regiones mexicanas es el cultivo dominante. Sólo el sur-sureste tiene otro: la caña.

La centro-occidente fue la región que más maíz produjo en 2022, con 8.46 millones de toneladas (Mt). Por su parte, Sinaloa contribuyó con el 20.8 por ciento del valor total nacional de maíz, con 5.2 millones de toneladas, seguido de Jalisco (3.9 Mt) y Michoacán (2.09 Mt).

Tan sólo en 2020, la población mexicana consumió 19 millones 35 mil toneladas de maíz. Para el “ciclo de mercado 2022/2023”, aumentó en más de 200 mil toneladas, según la “Balanza disponibilidad-consumo” del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de noviembre de 2023. Además, México tiene un consumo anual per cápita de 196.4 kilogramos, sintetiza la Revista mexicana de ciencias agrícolas, en un artículo de marzo de 2023.

Derechos en contra de los agricultores

Otro tipo de tecnologías en la agricultura se dieron a través de químicos sintéticos –como fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y maquinaria– a partir de la llamada revolución verde, surgida en la década de 1940, cuando se pensaba que la crisis alimentaria era por “la escasa producción de alimentos” y, para solucionarlo, se llevó a cabo “el aumento de la productividad mediante el desarrollo tecnológico en la industria agrícola, narra un artículo de la revista Veredas de la UNAM.

Luego de los químicos, llegaron los organismos genéticamente modificados (OGM) –o transgénicos–, resistentes a plagas y herbicidas. A esto se le conoce ‘tecnologías como forma de poder’. “En gran parte tiene que ver con un desarrollo de las tecnologías de punta y más específicamente hablando de la biotecnología moderna, […] desde la primera liberación de un organismo genéticamente modificado en la década” de 1990, dice Arcelia González Merino, doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM.

A pesar de que González Merino no niega que la innovación pueda ayudar, acusa que la agroindustria va “en detrimento de posibles beneficios no solo de pequeños productores, campesinos, sino toda la sociedad en general”, pues se priorizan las ganancias. De igual manera, la innovación “generalmente va asociada a la figura de la patente o derechos de obtentor”, dice a Contralínea la doctora González Merino.

La persona obtentora es aquella “física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie”, define así la Ley Federal de Variedades Vegetales, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de octubre de 1996, en el gobierno del priísta Ernesto Zedillo.

Esta ley surgió en el marco de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV, por su sigla en inglés), organización intergubernamental creada en 1961 con el fin de “proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”, pronuncian en su página web. Actualmente hay 79 miembros, de los cuales México es uno de ellos desde agosto de 1997.

La persona obtentora tiene el derecho de “aprovechar y explotar […] una variedad y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales” por sí mismo o de terceros, con una duración de 15 a 18 años según la especie, siempre y cuando sea nueva, distinta en sus caracteres, estable después de reproducirse y homogénea, contempla el documento mexicano. Además, no se requiere el permiso del obtentor para uso de otras personas en investigación, autoconsumo o beneficio propio.

De UPOV hay dos figuras, la de 1978 y 1991. México se encuentra en la primera, aunque “hay ahorita presión para que se adscriba a un sistema de protección más riguroso [el segundo] y que, pues hay problemas justo para los campesinos”, menciona la doctora Arcelia González. En esta nueva extiende el plazo de los derechos de obtentor de 20 a 25 años. “Evidentemente en 20 años ellos ya tienen otra innovación, entonces nunca los alcanzamos”, critica la investigadora.

A partir de esto, se atenta contra la tradición campesina de intercambiar semillas con otras personas o guardarlas para posteriores siembras, agravado aún más porque se corre el riesgo de que sus propios maíces se contaminen con transgénicos y llegue un momento en que utilicen alguna variedad que, por ley, no les pertenece. “Si tenemos presencia de esos transgenes, eso permite que reclamen su propiedad intelectual esas grandes empresas” y cobrar regalías a las y los agricultores, señala la doctora.

En su artículo 48, fracción VII, la ley mexicana indica que se multará con “2 mil a 10 mil días de salario mínimo” por “aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida, o su material de propagación, para su producción, distribución o venta sin la autorización del titular”.

A partir del 1 de enero de este año, el salario mínimo se ubicó en 374.89 pesos diarios en la “Zona Libre de la Frontera Norte” y 248.93 pesos para el resto del país. Esto significa que las infracciones podrían ser desde 497 mil 860 pesos hasta 2 millones 489 mil 300 pesos en el resto del país y de 749 mil 780 pesos hasta 3 millones 748 mil 900 pesos en el norte.

“El que tú tengas en tu campo o en tu cosecha una variedad transgénica que no plantaste, no te exime de tener que pagar regalías al propietario de la innovación”, explica González Merino en referencia a la llamada “carga de la prueba”. México, “al ser parte de UPOV, hemos adquirido esas disposiciones también como válidas”.

La también investigadora agrega que este sistema se encuentra “en manos de empresas trasnacionales [como Bayer-Monsanto, Dupont o Syngenta] por un lado y, por otro, también algunos gobiernos de países más industrializados, como Estados Unidos, que han intentado promover, utilizar y apoyar el crecimiento y el desarrollo de la industria”. En México, agrega, “el 80 por ciento de la producción de semillas híbridas está en manos” de estas empresas.

Además, cambió radicalmente quién vende las semillas: ahora lo hacen las empresas. “Históricamente no era así […], ahora este poder tiene que ver con la concentración y que tienen muchas estrategias de control: venden la semilla más el fertilizante más el herbicida. Te venden el paquete completo; entones, esa forma de concentrar todo lo que implica la producción y venta de semillas, hace que ellos tengan todo el poder”, y que atenten contra la seguridad alimentaria, enfatiza la doctora Arcelia González.

Lo anterior se ve reflejado en que México cada vez importa más maíz amarillo (transgénico, usado para alimento de animales y otras industrias) de Estados Unidos, “porque hemos dejado en manos de la iniciativa privada la producción de semillas tan importantes”, agrega la investigadora.

De acuerdo con el SIAP, en 2023 México importó 5 mil 872 millones 512 mil dólares de maíz, superior por más de 100 millones de dólares en comparación con el 2022. En cambio, exportó 107 millones de dólares.

El Panorama agroalimentario 2023 de Sader menciona que Estados Unidos generó en 2022 más de 14 veces en maíz que lo generado en el país, y es el principal productor a nivel mundial. México es el séptimo, con 26 millones 553 mil 239 toneladas. Además, importó más de 17 millones de toneladas. Esto a pesar de que en territorio mexicano se consume 10 veces más maíz que en Estados Unidos.

Revolución sin justicia

En México inició la revolución verde, añade la revista Veredas, “con la fundación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y el Trigo”. Comenzó a la par una serie de modificaciones legales para adaptar la agricultura mexicana a los intereses de la revolución verde, por lo que el Estado disminuyó cada vez más en sus funciones reguladoras y pasó simplemente a ser un espectador.

En 1996 se creó la Ley Federal de Variedades Vegetales para regular el derecho de obtentor de semillas mejoradas y que no fueran a ser usadas de otra forma que la ley no permitiera, contempla la Revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

No fue hasta 2007, en el sexenio de Felipe Calderón, que se modifica la ley de 1996, por la cual “se creó un marco de protección a los derechos de obtentor y se sembraron plantas transgénicas”. Dos años antes, en 2005, con Vicente Fox al mando del Ejecutivo, se creó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como “Ley Monsanto”, que, en el papel, buscaba “regular específicamente a las tecnologías transgénicas”.

En entrevista con Contralínea, la activista Montserrat Téllez explica que “esos gobiernos vendieron nuestra agricultura básicamente”. La integrante de la organización Semillas de Vida y de la campaña Sin Maíz No Hay País, detalla que desde la década de 1980 sucedió “un giro de la política agrícola hacia una perspectiva neoliberal […] y se dejó vulnerable al sector campesino, que es el que produce la gran mayoría de nuestros alimentos”.

Contrario a lo anterior, “con este gobierno logró llegar gente, posicionarse en distintos espacios dentro, gente que siempre ha estado en la lucha hace muchos años, y esa gente ha sido muy congruente en su labor. Hemos tenido un conjunto de modificaciones al marco normativo que han generado condiciones distintas de lucha”, afirma la integrante de Semillas de Vida; aunque “no podemos ignorar que hay contradicciones”.
Punto de quiebre

El debate sobre el maíz transgénico explota cuando, en 2001, “se detectó la presencia […] en plantaciones de maíz nativo en la Sierra de Oaxaca” por los investigadores Ignacio Chapela y David Quist, publicado en un artículo de la revista Nature, explica el libro El maíz en peligro ante los transgénicos, publicado en 2013, coordinado por la doctora Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

Esto derivó en un informe elaborado por la Comisión para la Cooperación Ambiental, creada por los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “No cabe duda que los transgenes están ya presentes en el maíz mexicano y se propagarán”, confirmó el texto de 2004, el cual agregó que la fuente principal de tal presencia “es el grano cultivado en Estados Unidos”, mismo que se importaba a México sin separación, por tanto, se mezclaba con los nativos.

La importación de maíz transgénico, advierte Montserrat Téllez, es una manera de posible contaminación, pues “el maíz entra en grano, y el grano es también semilla. El grano entra vivo a nuestro país. Eso se suma a que no hay trazabilidad, no hay un seguimiento de qué sucede con ese grano nuevo que entra. Se asume que como aquí somos autosuficientes va hacia la industria pecuaria [o] los ultraprocesados, pero se ha demostrado que sí está en nuestros alimentos”.

Si bien concluyeron que “no existe evidencia empírica alguna que el proceso de producir cultivos genéticamente modificados sea dañino o benéfico en sí para la salud animal o humana”, reconocen que estos “no parecen atender” las necesidades “más urgentes” de los campesinos.

Asimismo, indicaron que “la evaluación del riesgo del maíz transgénico en México está inextricablemente ligada al papel central del maíz en la historia y cultura mexicana”, tanto en creencias como valores “culturales, simbólicos y espirituales” que no se presentan en Canadá ni en Estados Unidos.

Se debe considerar “socialmente aceptable” la protección “al campesinado y sus variedades tradicionales de maíz […], resulta claro que la reducción máxima de los riesgos de la introgresión de transgenes en las razas locales de maíz mexicano se lograría mediante la prohibición total de la importación de organismos vivos modificados en la forma de maíz transgénico”, a pesar de sus costos “inaceptablemente elevados”, sugiere el informe.
La presencia se mantiene

En 2019, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), publicó un informe acerca de una revisión de los maíces transgénicos en México. De cinco estados de la República (Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán y Chiapas), regiones “que cuentan con la mayor diversidad de maíces”, obtuvieron 1 mil 580 muestras de ADN para revisión.

De éstas, 1 mil 455 (es decir, el 92.1 por ciento) dieron negativo a “presencia de transgenes”; el restante 7.9 por ciento (125 muestras) dio positivo “para tres eventos: MON810, NK603 y TC1507”, describió la investigación. Del total de las positivas, 58 provenían de Chiapas, 13 en Veracruz, 11 en Oaxaca, siete en Michoacán y seis de la Ciudad de México.

“A nivel mundial existen 229 eventos transgénicos de maíz aprobados para consumo humano y animal, de los cuales el 51.52 por ciento (118 eventos) contienen al menos alguno de los eventos transgénicos analizados en este trabajo”, los cuales también son los más comunes a ser encontrados en alimentos procesados, explicó el texto del INECC.

México no necesita maíz transgénico

En el país se han autorizado dos tipos de transgénicos de maíz. El primero “tiene el gen de la bacteria Bt (Bacillus thuringiensis) que hace que la planta produzca la toxina Bt, que funciona como insecticida”, contra plagas, explica Greenpeace México en un documento junto a la Universidad Autónoma de Chapingo (UAC). El segundo funciona para resistir a herbicidas, como el MON87429.

Las y los campesinos “siembran en el periodo otoño-invierno. No hay tantas hierbas porque no hay las condiciones, entonces el maíz resistente a herbicidas no nos viene a funcionar, y el resistente a plagas tampoco porque, por el invierno, pues tampoco hay plagas”; es por eso que México no necesita de maíz transgénico, aclara la doctora Michelle Chauvet.

“Este maíz que es resistente a este insecto pues no es funcional, porque realmente en México no tenemos ese problema tan grave de esa plaga como en Estados Unidos, donde sí es una plaga muy importante”, concuerda Beatriz Rendón Aguilar, doctora en Ecología por la UNAM.

Por otra parte, “si en el norte se autoriza la siembra de eventos transgénicos para forraje [alimento de animales], pues obviamente no les va a servir la línea transgénica que tiene que ver con gusano, porque se supone que nunca va a llegar a la reproducción de maíz”, añade la doctora en entrevista para Contralínea.

En cambio, “las variedades nativas sobresalen por su resistencia a entornos adversos y otras características como sus colores, texturas y contenido de nutrientes, por ello es importante fomentar su producción y la adopción en su cultivo de prácticas agronómicas sustentables que contribuyan a obtener mejores rendimientos”, sugiere la Sader.
Tensa calma en tribunales

Ante la presión de “corporaciones productoras de semillas transgénicas”, en 1995, científicos del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA) “encargados de aprobar los permisos de siembra, propusieron una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz transgénico”, explicaba la revista Metodhos, de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal.

Esta moratoria la retomó la hoy extinta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a finales de 1998 y se extendió hasta el 6 de marzo de 2009, cuando se reforma la Ley de Bioseguridad y se permite entonces “la entrada de maíz transgénico a suelo mexicano”. Enseguida se dieron 24 permisos en 24 localidades de estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas “para experimentar con maíz transgénico”, continúa el texto.

El 8 de marzo de 2011, Sagarpa “otorgó a Monsanto el primer permiso para la siembra piloto de maíz amarillo transgénico (MON603) en una superficie menor a una hectárea” entre Tamaulipas y Nuevo León, advierte la revista. Para 2012 ya eran 248 permisos, de los cuales se aprobaron 195, añade el Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales de la UNAM.

Tal escalada en favor de los intereses del capital urgió a la sociedad organizada a realizar una demanda colectiva. Cincuenta y tres personas ­–desde campesinos hasta investigadores– demandaron el 5 de julio de 2013 a Sagarpa, Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), “así como [a] empresas transnacionales que buscaban instalarse junto a sus transgénicos en México”.

La demanda buscaba, de acuerdo con la colectiva Semillas de Vida en su página web, la declaración de que “se han liberado al ambiente de forma voluntaria o involuntaria organismos genéticamente modificados de maíz en lugares no permitidos y en actividades no autorizadas”.

De igual manera, que esos OGM afectan “al derecho humano de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos ya que sobrepasa los límites permitidos por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM)”; y que “con mayor razón se afectará la agrobiodiversidad si se liberan a gran escala maíces transgénicos”, puntualiza el texto.

Por tanto, se pretendía que “con base en las propias leyes se nieguen los permisos de liberación o siembra de maíz transgénico en todo el país”, explica la colectiva. Esto a través del juzgado federal doceavo de Distrito en materia Civil del Distrito Federal.

El Consejo de la Judicatura, en el documento DGCS/NI: 41/2013, fechado el 14 de octubre de 2013, confirmó que el 17 de septiembre de ese año, se ordenó a las secretarías “abstenerse de realizar actividades tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados del maíz”, así como liberación comercial, piloto y experimental “sin que esta medida implique revocar los ya dictaminados o concedidos”.

“Esta decisión es en tanto el juicio no acabe”, explica Montserrat Téllez. Entonces [la lógica fue]: como la materia del juicio puede verse afectada si no ponemos este freno, cuando terminemos el juicio ya va a estar contaminado todo el maíz si permitimos que siembre”.

El 13 de octubre de 2021 se negaron cuatro amparos promovidos por Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences y PHI México en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad. El amparo en revisión era el 1023/2019.

El 4 de enero de este año, la Suprema Corte votó en contra de “la resolución de un juicio de amparo a favor de la empresa Bayer-Monsanto contra el decreto presidencial para la sustitución progresiva del uso de glifosato y prohibición de maíz transgénico, presentado por el magistrado Ricardo Gallardo Vara”, lo cual celebró la colectiva.

Sin embargo, la integrante de Semillas de vida alerta que también “el año pasado se dio una primera decisión del juez en la que pues no se nos da la razón a la colectividad demandante”. Y, si bien fueron a otra instancia, tampoco les favoreció la decisión. “Ahora vamos a ver cómo nos va. Se está dando la lucha en otra instancia” junto a un grupo de abogadas y abogados que apoyan.

“Debemos seguir […] apoyando esta demanda de los pequeños productores y de los campesinos para que el maíz se declare casi como un cultivo de seguridad nacional y la base de la alimentación, que lo es, y por lo mismo cuidarlo”, indica la doctora Arcelia González Merino.
La lucha trasciende fronteras

El 31 de diciembre de 2020, el presidente publicó un decreto en el DOF con el fin de establecer los lineamientos de las dependencias para sustituir gradualmente el uso de glifosato y la siembra de maíz transgénico en México, así como su consumo en personas con fecha límite al 31 de enero de 2024.

Para el 13 de febrero de 2023, se remplazó con otro decreto que agrega la prohibición de la importación de ambas tecnologías, sólo que en el caso de maíz transgénico se permite el destinado para alimentación animal y uso industrial, con la promesa de que desaparezca gradualmente; esta vez se fijó el plazo límite al 31 de marzo de 2024. No cumplieron con las fechas establecidas.

A nivel nacional ocasionó una serie de amparos. “Buscaban que el decreto fuera declarado inconstitucional y quedara sin efectos”. Uno fue por parte de Semillas y Agroproductos Monsanto y Monsanto Comercial, filiales de la transnacional Bayer, explica Conahcyt en su comunicado 544, de junio pasado.

El instituto aportó evidencia científica en favor de la postura del gobierno mexicano. Luego de disputas legales, Monsanto Company desistió de la demanda, lo que significó un triunfo “a favor de la vida, la salud, la naturaleza, la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria”, celebró Conahcyt.

A nivel internacional, el decreto llevó Estados Unidos a comenzar una controversia en un panel del T-MEC, principalmente por el tema de la prohibición de maíz transgénico en tortillas y masa, bajo el argumento de que las acciones de México “carecen de evidencia científica” y no están acorde los lineamientos del Tratado, así como afectan a los agricultores estadounidenses. Tal controversia comenzó otra etapa a finales de junio pasado.

“Para nosotras, esta controversia es una expresión más de que las grandes corporaciones van por todo. No van a dar ni un paso atrás en su afán imperialista de controlar por completo el mercado de maíz en nuestro país a través de los genéticamente modificados”, exhibe Montserrat Téllez.

Los primeros tropiezos en la guerra de la tortilla con México

Ernesto Hernández López*
   

La semana pasada comenzó una batalla internacional por la tortilla. EU afirma que el gobierno mexicano viola obligaciones comerciales

Estados Unidos ignora las cifras comerciales y tergiversa la política mexicana sobre el maíz.

La semana pasada comenzó una batalla internacional por la tortilla. Por un ingrediente fundamental de los tacos, Estados Unidos inició una disputa comercial con México.

En 2023, mediante un decreto, el gobierno mexicano prohibió el maíz modificado genéticamente (OMG) para consumo humano. Estados Unidos afirma que esto viola las obligaciones comerciales. Preocupado por sus exportaciones de maíz transgénico, formó un panel comercial en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-mec). La semana pasada se celebraron audiencias durante dos días.

Incluso antes de esto, la controversia estaba sobrecargada; era un lío chapucero. Hasta la fecha, los documentos jurídicos presentados por Estados Unidos y México contienen 586 páginas, 758 pruebas documentales y casi 2 mil notas a pie de página.

Asimismo, los argumentos abarcan más de 20 disposiciones del T-mec y varios anexos. Canadá y las organizaciones no gubernamentales han aportado documentos adicionales. Es difícil de seguir, ya seas un experto en comercio, un científico o simplemente te preocupe la seguridad alimentaria.

La postura estadunidense tiene dos puntos débiles: errores económicos y tergiversaciones sobre el decreto. Se trata de fallas básicas, propias de una clase de introducción al Comercio Internacional, sobre lesiones y política. Las torpezas sobresalen de la jerga jurídica y científica de los expedientes. Estados Unidos debería abandonar el caso.

Un buen lugar para empezar a entender la lucha es el propio decreto. El artículo sexto prohíbe el maíz transgénico para consumo humano, definido precisamente como ingrediente para tortillas o masa. Detiene las aprobaciones de maíz transgénico para estos dos productos; eso es todo. El decreto es explícito al no tocar los OGM para alimentación animal o uso industrial; mercados a los cuales los productores estadunidenses exportan principalmente.

Las motivaciones del decreto incluyen la protección de la salud humana, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. La prohibición responde a los riesgos del glifosato, un herbicida necesario para cultivar maíz transgénico. El mismo es considerado como una causa probable de cáncer por las agencias sanitarias internacionales y los tribunales estadunidenses.

Además, México es el centro de origen y diversidad del maíz, una designación científica que indica una vulnerabilidad genética extrema. En 2021, el Tribunal Supremo de México dictaminó que los OMG amenazan con dañar esta biodiversidad. Más inmediato, el maíz proporciona la mitad de la ingesta diaria de proteínas de los ciudadanos.

Con el artículo sexto, el gobierno reduce estas amenazas al prohibir los OMG en las tortillas y la masa que comen millones de personas cada día. Por estos riesgos científicamente establecidos, adaptó el decreto para que sólo afectara a dos alimentos básicos.

De igual manera, Estados Unidos ignora las cifras económicas recientes. Las importaciones mexicanas de maíz han aumentado desde el decreto. La semana anterior a las audiencias, el Departamento de Agricultura estadunidense informó sobre un “récord” de exportaciones para 2023 y 2024. Asimismo, prevé tendencias similares para el próximo año. Esto confirma los informes anteriores que citaban aumentos del 20 por ciento.

En pocas palabras, el decreto no tiene ninguna repercusión real en el comercio de maíz. ¿Por qué? Porque, en su inmensa mayoría, los agricultores estadunidenses exportan maíz para la alimentación animal y no para el consumo humano. Seamos claros, Estados Unidos lucha a medida que aumentan las exportaciones; no tiene sentido.

Además, tergiversa el decreto. Argumenta que México impone una “prohibición de la tortilla de maíz”, lo cual es falso. Sólo suspende las autorizaciones para el consumo humano; el maíz transgénico puede seguir importándose.

México describe esto como una “limitación de uso final”, ya que regula cómo se utiliza el maíz transgénico, lo cual se aplicaría a cualquier lugar, incluidas las granjas nacionales.

Además, Estados Unidos exagera lo que hace el decreto. Asimismo, discute sobre cuestiones que no vienen al caso. Lo que denomina “instrucciones de sustitución” para obligar a sustituir el maíz OGM en la alimentación animal. La queja es que las instrucciones no son claras.

Problema: el decreto no obliga a la sustitución. Lo que hace es describir las acciones futuras y los requisitos previos necesarios, con el objetivo de sustituir los piensos modificados genéticamente.

El artículo séptimo dice que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) seguirá aprobando el maíz transgénico en la alimentación animal, siempre y cuando no sea para tortillas. Aclara que las dependencias federales llevarán a cabo cualquier posible sustitución. Implícitamente, los gobiernos estatales no tienen ningún papel.

El artículo octavo explica los elementos necesarios antes de cualquier sustitución. También, designa los parámetros para sustituir el maíz OGM para animales. Las condiciones previas incluyen determinar la seguridad alimentaria nacional y cualquier impacto en la salud humana. En dos presentaciones, México explica que los prerrequisitos no se han dado. Por lo tanto, no ha fijado ninguna fecha para la sustitución, y mucho menos ninguna orientación.

El decreto no exige en ninguna parte alternativas a los OMG; no afecta al maíz para el ganado. Las quejas estadunidenses no dan en el blanco.

La disputa acaba de empezar a calentar el comal. El informe final del panel llegará en noviembre. Hasta entonces, espere un lío con más argumentos científicos y jurídicos amontonados. En términos más sencillos, Estados Unidos ignora la realidad comercial y tergiversa el decreto. Errores básicos que agravan los obstáculos en las normas de seguridad alimentaria del T-mec.

Esto debería inspirar resolución frente a la repetición de derrotas comerciales para Estados Unidos. Los agricultores estadunidenses y los consumidores mexicanos merecen algo mejor. Poner fin a la disputa asegura un comprador de maíz en un país vecino y promueve la salud pública en México. El rumbo actual sólo produce incertidumbre.

*Profesor de la Facultad de Derecho, de Chapman University, en California, Estados Unidos; investigador de derecho internacional privado

Piña da la cara

Fabrizio Mejía Madrid

“Pues, licenciada Piña, la decisión ya fue tomada el 2 de junio, aunque usted ha hecho todo para no asumirla”.

 
El jueves 27 de junio fue la primera vez que el legislativo y el judicial se reunieron para discutir una propuesta del ejecutivo. Lo hicieron porque la votación de todos nosotros el 2 de junio los obligó. Esa votación convirtió al Poder Legislativo en un poder constituyente, con las dos terceras partes a favor de la propuesta del Plan C. Y, entonces, Norma Piña y sus ministros tuvieron que ir a escuchar a esos legisladores a los que suplantaron durante seis años anulando la mayoría de las leyes que aprobaron. Tuvieron que ir a exponerse a las críticas. Tuvieron que ir a justificar por qué se negaron a limpiarse de corrupción cuando se les dio la oportunidad. Ahora, ya los ciudadanos habíamos decidido por ellos: 36 millones de votos mandatamos que se reformara el Poder Judicial.

De los 33 personajes que hablaron, quizás la que quedó peor fue la Fiscalía General de la República que sólo mandó un representante, en vez de que su omiso titular, Gertz Manero, se presentara, al menos a que le diera el aire. Hablaron hasta los partidos que ya no existen como el PES y el PRD. Y habló el PRI y el PAN, esos que se habían negado, incluso, a leer las iniciativas del Presidente durante los años de la “moratoria legislativa”, donde no hacían nada salvo cobrarnos. Fue el primer acto del nuevo régimen en México con un poder ejecutivo legítimo, un Congreso constituyente, y un Poder Judicial que, por haberse negado a reformarse, ahora espera a que los otros dos poderes decidan sobre su futuro que, sin duda, será el que su legitimidad sea, también democrática, no, como ahora, influyentista y nepotista. De lo que se dijo ahí, trata esta columna.

Empezó una diputada del PRI, Marcela Guerra, que se aventó las siguientes frases para el bronce: “el Poder Judicial es el repositorio de las certezas para la república”; “La certeza debe de ser el faro señero”; y “El espíritu republicano nos obliga a atender la otredad”. Grande la retórica priista, siempre hermanda con Cantinflas. Pero luego vino el lider del PRI, Rubén Moreira. Usó la clásica de que no hay tiempo para reflexionar en tan profunda tarea y que no hay que acelerar los debates. De no haber estado en huelga, ellos habrían podido tener su “sana ponderación” —como la llama Moreira— desde 2021, cuando se empezó a hablar del tema. O pudieron usar el tiepo en que no hicieron nada para sus reflexiones tan constitucionales. Pero, luego, Moreira propuso tirarle dinero al problema. Dijo: “no hemos estado a la altura de satisfacer las necesidades presupuestales que permitan a los Poderes Judiciales mostrarnos qué es lo mejor que nos pueden dar”. Es decir, para Moreira los 37 mil millones escondidos en fideicomisos del Poder Judicial, la Judicatura y el Tribunal Electoral, no eran nada. Para Moreira los 78 mil millones que gastan al año los jueces tampoco es “satisfacer sus necesidades presupuestales”. El diputado aseguró que hay pocos jueces y que tienen mucha carga de trabajo y, para sostener su dicho, habla que un juez en Monterrey tiene 15 mil expedientes. Se refiere al juez que se la pasa aplazando los juicios de evasores de impuestos en Nuevo León. Un juicio que era para mayo de este año fue aplazado para abril del 2025. Así, estos expedientes que no se mueven en Nuevo León no son porque tengan mucho trabajo los jueces sino porque los sobornan para que se muevan en círculo. Sólo en Nuevo León, eso ha significado 3 mil millones de pesos no pagados a Hacienda. Cuando el priista habla de que tienen mucho trabajo en realidad se refiere a que se la pasan aplazándolo, a cambio de un dinerito.

Pero el diputado priista se nos volvió metafísico cuando dijo: “Creo en la dialéctica como método exitoso del Legislativo y, por lo tanto, espero que hablemos del Poder Judicial con la convicción de que el derecho es una ciencia y que las decisiones de los jueces por regla general tienen tras de ellos siglos de reflexiones filosóficas y no solo el sentido común que ha sido responsable de muchas y aberrantes injusticias”. Para empezar, comparar al derecho con una “ciencia” es darle un carácter inmutable, verificable, y fiable, es decir, que sus resultados se pueden repetir en todos lados y momentos. Esto, además de ser aberrante porque implicaría que una decisión judicial es inmutable y siempre verdadera, como que dos más dos son cuatro, es elitista porque supondría que sólo unos pueden llegar a esas “reflexiones filosóficas de siglos”, a los que se refiere Moreira. Por eso excluye el “sentido común”, que es el juicio moral que todos tenemos cuando sabemos cuál es el bien y el mal en cada caso. Así que la defensa del PRI de Norma Piña, con quien se juntaban a cenar en vísperas de las elecciones, es que son científicos con un conocimiento secreto, inciático, místico y arcano llamado “derecho”. Pero aquí de lo que se trata no es del derecho sino de la justicia. Hay una diferencia, diputado Moreira. Uno necesita, sí, un buen abogado. Pero necesita un juez justo. El abogado debe ser hábil en los vericuetos de las leyes. El juez debe tener clara conciencia de que su decisión afectará a uno o a otros y que tiene consecuencias para el interés general. Si bien no todos sabemos derecho, todos sabemos que es justo y que es injusto. Por eso no todos somos abogados pero todos podemos emitir un juicio sobre razonable y con rectitud.

Dante Delgado, el dirigente perpetuo del Partido del Movimiento Ciudadano, se alió al priismo cuando desestimó los 36 millones de votos para la reforma constitucional del Poder Judicial. Lo dijo así: (Esta reforma) “debe insertarse en un episodio de verdadera política, de la política que construye en lugar de la que impone, de la política de consenso con las minorías y con la sociedad en lugar de la que se funda en la arrogancia del poder”. Para Dante la mayoría calificada no es un mandato democratico, sino tan sólo vanidad. Para Dante no hay un poder constituyente nuevo sino la vieja concertacesión de las minorías que actúan como grupos de presión, como el MC. Quien hizo campaña anunciando “una nueva política” recurre al más viejo de los trucos del régimen prianista: que la mayoría se avenga con el grupo de presión para digan a coro que hay pluralidad. El problema, Dante, es que el voto mayoritario no es ilegítimo como en tiempos de Salinas y Gutiérrez Barrios. Ahora es un mandato democrático.

Pero vayamos a los ministros. El primero en abrir la boca fue Pardo Rebolledo, cuya hija, Daniela, nomás terminó la carrera de Derecho, ya tenía un puesto de Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia y ganaba casi tanto como el Presidente de la República. No la nombró su papá directamente sino el ministro Luis María Aguilar Morales, cuya hija, que es dentista, se encarga nada menos que de arraigos, cateos e intervención de comunicaciones. A ella tampoco la nombró su papá, sino otro ministro: Gelasio Pérez Dayán. Y así, estos ministros nepotistas se llenaron las bocas con la supuesta “carrera judicial” que ellos dicen existe en la Corte. Dijo Pardo Rebolledo entregado al cinismo nepotista: “El Poder Judicial federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el principio de carrera judicial consagrado en nuestra Constitución, e implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito, a través de concursos de oposición, en donde sólo los que resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad en su designación”. Salvo que los méritos, la antigüedad y experiencia de su hija eran de alguien que tenía cuatro años de haber salido de la carrera. Pero, bueno, la familia es la famila. Sigue Pardo Rebolledo: “En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal”. Aquí se le olvida al ministro que el 87% de los cargos se otorgaron por concursos cerrados a gente que ya trabajaba en el sistema judicial. Nunca fueron abiertos al resto de los abogángsters. Se le olvida también que el 51% de los ministros y magistrados han logrado colocar a un pariente en alguna chamba judicial, como él y Aguilar Morales colocaron a sus hijas.

Escuchemos, ahora, a Lenia Batres. Ella señaló asuntos cruciales. Dijo: “Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos, no es una apreciación subjetiva. De cerca de 258 mil tesis aisladas. Y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua”. Estamos hablando de que el sólo el rídiculo 0.1% de las resoluciones es para nosotros, la gente, el pueblo. El resto es para las empresas, narcotraficantes, y saqueadores. Pero Batres abundó: “Se han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria. Mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano”. La ministra hizo una propuesta adicional a las contenidas en el Plan C que me gustaría retomar. Dijo: “Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución empezando por la Suprema Corte; limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado; y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa; limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional; eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios; transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios; suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte”. La propuesta de la ministra Lenia parte del hecho de que es la Constitución la que es superior a los tres poderes de la República. Hasta ahora, con Norma Piña, la superioridad es de un poder, el judicial, no de la Constitución. Y así, los ministros han invalidado las leyes que la mayoría aprobó en el Congreso, como la energética o la electoral. Es decir, la Corte ha suplantado a los diputados y senadores. La llamada “independencia” de los juzgadores ha resultado en simple y llana arbitrariedad, en procesos fraudulentos donde las sentencias son motivadas por razones infundadas, como, por ejemplo, que los diputados no discutieron durante el tiempo que al ministro le parece suficiente. Y así han invalidado leyes ya aprobadas.

Todavía la vida nos había reservado a González Alcántara Carrancá que, sin miedo a los 36 millones de votos, se puso a insultarlos. Dijo: “La ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados, por eso debemos de preguntarnos qué papel queremos que cumpla en la función judicial, el voto popular”. ¿De dónde sacó esa idea el licenciado Carrancá? Si los ciudadanos no evaluaran resultados, jamás habrían sacado al PRI y al PAN del poder. Y son los resultados desastrosos del Poder Judicial, liberando narcotraficantes, amparando a corruptos, desoyendo a las comunidades, lo que nos trajo hasta aquí. Una evaluación de los resultados. Quién sabe de qué concurso sacan a esta gente. Luego, Carrancá se prounició en contra de que se casigue a los jueces corruptos y, más bien, que haya más discilplina en la escuela de formación judicial. Esa escuela tiene un consejo académico encabezado por —no me lo van a creer—: Norma Piña. Con toda seguridad ahí Norma Piña sí va a enseñarle a los juzgadores a ser honestos.

Todavía faltaba Laynez Potizek quien dijo: “Claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse y menciono una y reconozco: la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos”. Es decir, según Laynez, no es que el pueblo los considere podridos y corruptos, sino que no sabe qué hacen. E una ciudadanía que ignora lo buenos que son en el 0.1% de sus resoluciones. Debe ser falta de información lo que llevó a 36 millones a hacer un constituyente de la próxima legislatura federal. Por ejemplo, no sabemos, el pueblo no sabe que fue él, Laynez Potisek, quien otorgó un amparo a las empresas de cigarros electrónicos y vapeadores, no obstante que está demostrado el daño pulmonar que causan. O no sabemos que fue él, Laynez Potisek quien impidió que los fieicomisos guardados por el Poder Judicial para sus lujos no fuera enviado nunca a Acapulco para aliviar a los daminificados del huracán Otis. O que él, Laynez Potisek, fue el que argumentó que en la ciudad de México ya no exista el delito de corrupción para los particulares que manejan organizaciones civiles. Ha de ser que ignoramos todo eso, licenciado Laynez, y por eso queremos botarlos a todos de una vez. Concluye Laynez: “El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción de conflicto de interés”. ¿Será que las empresas de cigarros electrónicos se te acercan en campaña o nada más en lo oscurito?

Por su parte, Pérez Dayán no le tuvo miedo a la historia del desastre y dijo: “La prisa no es un buen consejero. Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos”. ¿De dónde sacó Pérez Dayán que la nacionalización bancaria y el Fobaproa estaban relacionadas? De algún hueco oculto de su propio cuerpo. Si así fundamentan sus argumentos, imagínense las sentencias. Nada más por no dejar, licenciado Pérez dayán: la nacionalización bancaria de López Portillo dio origen al neoliberalismo porque fomentó las casas de Bolsa que generaron la crisis de 1987. Pero fue la reprivatización de Carlos Salinas de Gortari de toda la banca la que originó un sistema de autopréstamos entre empresas y bancos que terminó en una enorme deuda privada. El Fobaproa de Zedillo y Acción Nacional hizo esa deuda privada que tendrían que haber pagado los defraudadores, una deuda pública que seguimos pagando todos, menos ellos. ¿Qué tendría que ver la nacionalización de 1982 con el fraude del Fobaproa 15 años después? Nada. Con nulo respeto, licenciado: usted no sabe de historia de México.

Luego, siguió Aguilar Morales, cuya hija dentista tiene un puesto en La Corte. Dijo: “Yo creo, desde luego, en la carrera judicial. Me es inevitable tener que creer en ella porque, actualmente tengo 75 años de edad prácticamente y 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Empecé como mecanógrafo en un Tribunal y he ido ascendiendo gracias a la carrera judicial, hasta llegar al honroso cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal”. Así que si Aguilar empezó como mecanógrafo, su hija, que empezó como dentista, puede llegar a ser presidenta de la Corte. El sueño americano es ahora judicial.

Al final, intervino la ministra Norma Piña. Venía de tratar de intervenir en la elección del 2 de junio. No sólo con sus reuniones el 12 de diciembre con Alito Moreno del PRI y los jueces electorales, sino sobre todo, con la instrucción del juez odrigo de la Peza que ordenó al Tribunal Electoral nombrar dos magistrados que faltan en menos de 24 horas. Por supuesto esto fue una maniobra fallida de Piña para desestabilizar el proceso del Tribunal Electoral en vísperas de que califique la elección presidencial. Norma Piña dijo: “Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada”. Pues, licenciada Piña, la decisión ya fue tomada el 2 de junio, aunque usted ha hecho todo para no asumirla.

Y ese fue el primer encuentro del inicio de un nuevo régimen en México. Todavía con unos ministros negando el mandato de las urnas. Otros, todavía creyendo que Massive Caller los va a salvar de la mayoría contundente que ya hace un mes les pasó por encima.