Jorge Retana Yarto
La correcta interpretación de la ofensiva actual contra la 4T-4R (cuarta
transformación-cuarta República pasa por advertir que en la lucha
política –es decir, en la batalla por el poder del Estado– si hay algo
poco recomendable es mantener una postura defensiva. Ésta puede permitir
al adversario el avasallamiento con un abanico de acciones, las cuales
terminan por debilitar las posiciones propias de poder, al tiempo que se
fortalecen las contrarias.
Es recomendable la defensa sólo mientras planificas la ofensiva; la
recuperación de una postura de ofensa. Aunque depende del “análisis
concreto de la situación concreta”.
Por ello, es claro y evidente que los preparativos dentro de México y
desde nuestras fronteras apuntan hacia la conformación de un “golpe de
Estado técnico”, asimilable al llamado “golpe de Estado blando” –hace
tiempo se le llamaban “conspiraciones palaciegas”–. De éste, existen
distintos ejemplos en América Latina, estudiados por distintos
analistas, politólogos, sociólogos, líderes políticos y periodistas
especializados.
Se puede ver a través de las actividades múltiples de la derecha
nacional y trasnacional de muchos meses atrás, con declaraciones,
acciones, documentos, columnas periodísticas, mesas redondas y otros,
ordenados, revisados y reflexionados, como dice el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Asimismo, estamos concientes de ello de acuerdo a nuestra interpretación
propia, la cual hemos construido mediante columnas de opinión, ensayos,
entrevistas, etcétera. Esto desde unos tres años a la fecha, como
consta en los espacios ofrecidos para publicarlos en la red.
Es decir, hablamos de procesos políticos de disputa por el Estado
reales, documentados. Forman parte de la historia política de nuestra
subregión continental. Poseen rasgos en común, además de diferencias
notables entre sí, cuyo desarrollo previo a la consumación por la vía de
un cambio forzado de régimen concentra los elementos, factores e
ingredientes de lo que se ha denominado un “golpe de Estado técnico”.
Es un quebrantamiento del orden constitucional disfrazado de proceso
jurídico constitucional. Como institución del Estado y la República, a
través de jueces o magistrados, el poder judicial emite el fallo final
para concretar el proceso. Es la experiencia. El presidente no está
delirando; sabe bien lo que dice.
Los autores clásicos le llamaron “coup d’État” en cualquier modalidad.
Por cierto, no ha desaparecido del planeta, aunque haya quienes afirman
lo contrario.
Tales eventos han cambiado su mecánica, su rostro público y las técnicas
empleadas. En América Latina, están vigentes a pesar de los procesos de
transición democrática más o menos exitosos y tortuosos, de las “olas
democratizadoras”, en consonancia con las severas restricciones
impuestas por las oligarquías a la democracia, igualmente, en cualquiera
de sus variantes.
Claro “los golpistas palaciegos o taimados” están a años luz de
reconocer que los procesos que encabezan son auténticos “coup d’État”.
Argumentan lo que les conviene a sus intereses de “camarillas asaltantes
de la institucionalidad”.
Por cierto, en los “golpes conspirativos”, el proceso se cubre por el
sigilo y el secreto. En México, los elementos que ha mencionado el
presidente López Obrador –y otros de nuestra propia percepción–están a
la vista y en despliegue. No se cuidaron mucho.
En dos casos en nuestra subregión continental, ha habido una
recuperación del poder por parte de las fuerzas políticas. Ambos fueron
efectuados con la destitución de un primer mandatario: en Brasil, se
produjo el encarcelamiento del expresidente Luiz Ignacio Da Silva,
consecuencia de un proceso judicial amañado.
Sirvió para marginarlo del proceso electoral que se avecinaba, en el
cual punteaba en las encuestas como el candidato de izquierda vitorioso.
Esto permitió el triunfo de un candidato de la derecha militarista como
Jair Bolsonaro.
De igual manera, el “golpe blando” se produjo contra la presidenta Dilma
Rousseff, acusada de violaciones constitucionales al presupuesto
público. Éstas eran faltas administrativas menores y las convirtieron en
causales de destitución. Aquí la oligarquía brasileña y el gobierno de
Estados Unidos en su alianza pegaron doble: destituyeron a la presidenta
Dilma y marginaron a Da Silva de la contienda presidencial.
Después, en un proceso electoral distinto, el entonces presidente Da
Silva fue exonerado de los cargos que condujeron a su encarcelamiento
por supuesta corrupción. Sin embargo, a través de jueces y magistrados,
el mismo poder judicial lo condenó, sentenció, encarceló y
posteriormenteliberó. Ya exonerado, participó y ganó un nuevo proceso
electoral por la presidencia de Brasil.
Recordemos la primera reacción del candidato derrotado de la oligarquía
brasileña, del estamento militar de sus aliados externos, Jair
Bolsonaro. Trató de desconocer el resultado electoral y el triunfo de Da
Silva. Observemos así, lo predecibles que son las oligarquías y lo
burdo de sus “flamantes estrategias”.
En el caso de Evo Morales (2019, pero antes, usando a los militares,
hubo una “narco rebelión militar” confesa contra la presidenta Lydia
Gueiler en 1980), se le exige y es obligado a renunciar sin concluir el
periodo de su mandato constitucional en un movimiento militar hostil.
Fue prácticamente una rebelión contra el orden constitucional, sin que
intervenga el poder judicial para anular el proceso y restaurar la
vigencia de la constitución política. Entonces, se abre un interinato de
más de un año.
Evo Morales se exilia en México, y luego se convoca en Bolivia una nueva
elección presidencial, en donde no participa, pero gana otro líder, un
excolaborador suyo. El movimiento político recupera el poder.
En los demás casos, Honduras (2009), Paraguay (2012) y Perú (2021, antes
se produjo el “autogolpe” del presidente Fujimori que le permite
suprimir el poder legislativo), los primeros mandatarios destituidos
bajo diversos cargos de graves violaciones al orden constitucional no
volvieron a sus cargos.
Se consumó el cambio de régimen anticonstitucional, a pesar de haber
llegado a la primera magistratura del Estado mediante sufragio popular
universal, secreto y directo y por las mayorías nacionales.
Este acto de soberanía es anulado por el movimiento político rupturista
con intervención activa del poder judicial o del poder legislativo (en
Perú), luego validado por el primero. Allí es evidente el
quebrantamiento del orden constitucional, no preservado por el poder
judicial, tal cual es su mandato. Son hechos verificables.
Hay otros “golpes suaves” que han fracasado: Cuba, Venezuela, Nicaragua y
Ecuador. No abundamos más para no hacer pesada esta parte del ensayo. Y
claro, esos regímenes que resisten y revierten la ofensiva derechista
son tildados de “dictaduras” o de “tiranías”.
Ciertamente, cierran espacios de participación ante la embestida
interno-externa, y se asumen como “fortalezas asediadas”. En México, los
opositores más recalcitrantes se dan el lujo de insultar al presidente
de la República un día sí y al otro también, y no pasa nada. Lo hacen
desde los opositores de la calle hasta los que participan en programas
de radio y televisión, desde majaderías vociferantes hasta calumnias y
difamaciones.
Sin embargo, debemos afirmar que la “judicialización de los procesos” de
confrontación ideológica o socio-política es parte de la cultura y los
principios políticos de la derecha en la teoría y en la práctica
–promoviendo amparos, controversias constitucionales, desafueros,
acusaciones penales diversas y reiteradas contra distintos personajes
políticos–.
Y más, si concideramos que en el poder judicial tienen aliados firmes, a
partir de una ideología conservadora, dada su función de poder de
control constitucional para preservar el orden social y jurídico
presente.
Así la “judicialización política” se usa como instrumento de
debilitamiento de los adversarios con una ideología y programa político
diverso o confrontado con el de la derecha.
No hablamos del uso legítimo de los recursos constitucionales o penales
para dirimir una problemática, en donde una de las partes violentó el
orden legal, sino de una artimaña política de represión por trasmano
contra los adversarios.
Ahora bien: en nuestro caso, se trata de estudio de procesos golpistas
para derrocar al adversario desde un doble contexto: a) no sólo como un
cambio de régimen por medios seudo legales, sino para operar un cambio
en la estructura ideológica y programática de los gobiernos en la región
denominados genéricamente “de izquierdas”.
Y b) incidiendo en un contexto histórico mayor: el de los procesos de
agotamiento del orden neoliberal –“ciclo de impugnación del
neoliberalismo” le dicen otros estudiosos–. El orden social está mejor
estructurado en unos países que en otros, dentro de las transiciones
políticas a la democracia, con un producto de otro proceso paralelo como
fue la reactivación de las movilizaciones socio-política e ideológicas
de carácter popular. Alvin Toffler les llamó “la segunda ola
democrática”.
Ésta fue la respuesta general de las oligarquías económicas, políticas e
ideológicas nacional-transnacionales a dichos procesos de cambio: los
“golpes de Estado blandos” que el presidente López Obrador denomina
–como lo hizo también Cuauhtémoc Cárdenas durante el fraude de 1988–“un
golpe de Estado técnico”.
Al centro, está la disputa por la conducción del Estado. Y desde las
oposiciones socio-políticas, asumen la tarea de construcción de una
severa crisis política e institucional que facilite sus objetivos
estratégicos.
En México, mediante el proceso de vigencia del programa concretado de la
4T, con distintos defectos e insuficiencias, no faltaba más. Empezó la
construcción del futuro de un México alternativo, sin romper con los
aliados históricos y estratégicos:Estados Unidos, Canadá y la Unión
Europea.
Sin embargo, el frente opositor –con Xóchitl Gálvez como candidata
presidencial– pretende regresar el reloj de la historia a la década de
1990. En ese entonces, conformó el ciclo histórico de construcción de un
orden neoliberal y rompió el proyecto y su programa político.
La 4T-4R va por el futuro mediante la continuación del proceso
transformador iniciado con el relevo al mando de la doctora Claudia
Sheimbaum. En suma, la oposición pretende consumar la gran restauración
en el próximo proceso electoral.
Los golpes “blandos o encubiertos” mediante el uso de técnicas no
frontales y no violentas o armadas, sino de carácter conspirativo –tan
viejas como las disputas por el poder–, cuya expresión y explicación no
se encuentran de manera más o menos exhaustiva.
En su denominación, se le atribuye al politólogo estadunidense Gene
Sharp, quien –según el analista de prestigio, Thierry Meyssan– “recibió
el encargo de la CIA para conducir la aplicación práctica de su
investigación teórica en China” (1989). Además, trabajó para el Estado
de Israel “creando programas de entrenamiento para jóvenes activistas,
con el objetivo de organizar golpes suaves” (agosto, 2012).
Es decir, estos procesos golpistas pueden contar con la intervención de
organismos de inteligencia civil y/o militar del país en cuestión, o
extranjeros. En algunos casos, el “golpe conspirativo” se relaciona con
el lawfare –con “la guerra jurídica” o “la guerra judicial”–. De ésta,
hemos hablado para el caso latinoamericano antes. Se produce en momentos
en que la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza
mediante una cobertura o apariencia jurídico-constitucional.
La denominación de “golpes blandos” en alguna forma extrapola el
concepto de entender el poder del Estado como una suma de “poder duro”
–la coacción, la amenaza, la fuerza armada– y el “poder blando” –la
ideología, la cultura, la influencia política, las teorías o doctrinas
jurídicas, la organización de los poderes judiciales, el poder
económico–. Dicotomía que usan los politólogos, sociólogos o analistas
militares en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos. No me
convence.
El “golpe blando”, “golpe taimado” o “golpe técnico de Estado” es una
conspiración política, ideológica y mediática, no armada. Mediante éste,
la guerra sucia y la propaganda negra de las oligarquías nacionales
aliadas con las extranjeras rompen el orden constitucional y la
normatividad legal de las instituciones públicas y sociales –como el
Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(Inai)–. Forman parte de la “guerra psicológica” y de las “guerras
híbridas”.
Si este evento de ruptura no se produce o no puede ilustrarse con
evidencias, a pesar de lo sofisticado de las técnicas empleadas, no
estamos ante un “cup d’État”, sino frente a otro proceso politológico.
Por ejemplo, un conflicto por el poder al seno de un proceso de
inestabilidad política o debilidad institucional, debido a distintas
causas –un escándalo de corrupción–.
En suma, no puede adjetivarse y sustanciarse como tal la esencia del
proceso analizado y conceptualizado, un “golpe de Estado” en cualquier
modalidad. (Martínez, Rafael, Revista CIDOB, No. 108, pp. 191-2012).
El trabajo del War Room de la doctora Sheimbaum
En el supuesto positivo, hay un “golpe de Estado técnico” en proceso de
despliegue. Ante los preparativos o el desarrollo del golpe, la fuerza
política en asedio –el gobierno, Morena y aliados–precisa la
planificación integrada de sus acciones para responder; es decir, pasar a
la formulación de un contragolpe y luego a la ofensiva. ¿A qué nos
referimos con ello? o ¿Cómo debemos entenderla?
Intentaré una explicación sencilla, pero clara: el contragolpe es un
principio de defensa táctica flexible, móvil. Es una forma de conducir
una batalla y una postura teórico-práctica en la lucha –política o
militar–, en contraposición a una defensa rígida.
La primera táctica mencionada –móvil, flexible–tiene el propósito de
obligar al adversario o enemigo a ralentizar el avance de su ofensiva e
impedir que ocupe mayores espacios –públicos, sociales o territoriales–
mediante ella.
Este tipo de defensa permite a las fuerzas que resisten la ofensiva
pasar al contrataque, en el momento apropiado. Es una reacción ofensiva
al avance del plan del adversario o enemigo, lo cual constituye un
momento distinto de una batalla o de una guerra.
El proceso electoral actual es una guerra electoral por el poder con
normas constitucionales observables y normas reglamentarias vigentes. No
es una lucha en la selva.
En el paso al contraataque o contraofensiva, es importante usar el
“factor sorpresa”. Cuando el enemigo menos se lo espera, o está más
confiado con el despliegue de su propio plan, sorprenderlocon un ataque
importante. Esto puede dar una ventaja definitiva o equilibrar la
situación en el espacio de batalla. El contrataque es la primera
reacción ofensiva desde la inicial postura de defensa.
Otro importante factor en el análisis y la conformación de la estrategia
de defensa y contraofensiva en la situación actual de la lucha
político-electoral es el recurso posible de hacer intervenir al crimen
transnacional organizado en favor del bando opositor.
No sería la primera vez que ensucian la lucha con tal recurso, porque la
coyuntura del cambio en la jefatura del Estado es en extremo relevante.
Unaoportunidad única para intervenir con todas las fuerzas que puedan
incidir en dicho cambio o relevo.
Este macro factor por sí mismo ya hace un territorio con factores de
riesgo importantes. Desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio (1994) en
una coyuntura similar, no se han vuelto a presentar niveles de
violencia semejantes.
Por supuesto que hoy la violencia local y regional está a cargo del
crimen trasnacional organizado. En lo fundamental, trata de incidir en
los procesos electorales con consignas a sus bases sociales de apoyo y
con dinero ilícito de mucho peso al nivel mencionado. Sin embargo, es
dudoso que pueda lograrse a nivel federal, salvo que se violente el
proceso electoral el día de los comicios.
El padrón electoral tiene 90 millones de personas registradas. Se espera
una participación de por lo menos la mitad. Es difícil considerar que
hubiera en la criminalidad influencia de 10 o 15 millones de electores
para decidir una elección.
Agitar esta posibilidad es un postulado demagógico, exagerado y
escandaloso, irreal, una vil coartadacomo parte de una táctica de
propaganda negra para infundir temor social. Es mucho más factible una
intervención mediante fondos ilícitos.
En América Latina, hay varios casos en donde el crimen transnacional ha
intervenido en procesos electorales estando en disputa el cargo de
presidente de la República.
Uno de los más connotados y que es importante en su conformación es el
de Ernesto Samper en Colombia –llamado “proceso 8000” en 1995-1996–. Ha
reconocido que sí entró dinero ilícito desde el Cártel de Cali –de los
hermanos Rodríguez Orejuela– a su campaña, mediante una operación de
engaño y sustitución.
Él había gestionado apoyo de fondos desde empresarios colombianos
ubicados en Estados Unidos. Ese dinero llegó a la cuenta personal del
director de la campaña Fernando Botero –hijo del famoso pintor–. Cuando
ingresaron miles de millones de pesos colombianos a la misma, se pensó
que eran los recursos que venían de empresarios estadunidenses, ya en
moneda nacional.
No fue así. Los recursos empresariales se quedaron en cuentas bancarias
de Fernando Botero. Fueron 5 millones de dólares, y lo que entraba eran
los recursos aportados por el “Cártel de Cali”, de lo cual no se dieron
cuenta. Vale la pena revisar los detalles del caso para valorar la
intervención de la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla
en inglés) en el proceso.
Fijémonos bien en esto: el expresidente Samper Pizano dice que las
agencias del gobierno de Estados Unidos –la DEA en concreto– sabían bien
lo que sucedió. Lo declaró ante la Comisión de la Verdad formada para
investigar este caso.
Sin embargo, reservaron la información para que,una vez tomado el cargo
de presidente, se intentara derrocarlo mediante las revelaciones y
acusaciones judiciales correspondientes.
O bien, provocarían impedimentos para que accediera al poder. Así, otro
personaje político llamado Álvaro Gómez ocupara la presidencia como
“presidente de transición” en un virtual “golpe de Estado suave”. Se
negó y fue asesinado debido a que conocía la maniobra que se había
urdido y quiénes la habían hecho.
También hay unas grabaciones que involucran a Ernesto Samper Pizano en
el caso de “narco corrupción”. Él no lo niega y explica el mecanismo
mediante el cual procedieron a sus espaldas. Por ello, este tipo de
procesos son llamados “golpes conspirativos”.
Es interesante la versión del expresidente, finalmente exonerado por la
Cámara de Representantes. Los “contras” de esta versión están en la
dirección electrónica, una gran narco-historia. Son casos de los que se
puede aprender mucho.
¿Cuáles podrían ser los factores y elementos de una defensa flexible y
luego de un contraataque ofensivo en la situación política actual?
Se puede proceder a formular la estrategia de respuesta y confrontación
del golpe silencioso que se desarrolla en dos tiempos: a) el
contragolpe, y b) el contrataque o paso a la ofensiva.
En la primera etapa del contragolpe: i) intensificar la denuncia sobre
los preparativos del golpe de Estado conspirativo, a través de una
amplia coalición de intereses espurios de orden nacional-transnacional
para burlar la voluntad popular.
ii) Una amplia e intensa campaña de información y desmentidos en las
redes. Debe durar lo mismo que falta para las elecciones: dos meses
mínimo. Difunde el trabajo de contratación masiva de botsque realizan
propaganda negra. Asimismo, refutarlas mentiras que ellos difunden, la
falsa historia líquida sobre los logros del gobierno, a nivel federal y
de la Ciudad de México, precisa, concisa y perfectamente direccionada,
con un modelo de apartados temáticos; es decir, concentrando la
información por temas.
iii) Un apartado especial en materia de avances para la recuperación de
la seguridad y datos concisos. Además de una explicación de las
diferencias en estrategia y los costos, de la estrategia de guerra
frente a la estrategia de contención y reversión de la criminalidad.
iv) Un informe condensando sobre el combate a la corrupción, sus avances
y las problemáticas estructurales para un mayor desarrollo; es decir,
los candados jurídicos impuestos por el PRIAN, para asegurar la
perduración de la impunidad y en la materia educativa.
v) Otro apartado especial en materia de salud, informando con detalle
sobre el “cartel de los medicamentos” que tenía copado al sector salud y
sus vínculos con la clase política. En particular, lo hecho para
confrontar la macro crisis de pandemia global.
Un apartado sobre los logros en materia de política social; y uno más,
el último en materia de gestión de la macroeconomía, el sector
energético, y el avance de México hacia el grupo selecto de las 10
economías más importantes de nuestro planeta durante este sexenio.
Para la Ciudad de México, un modelo similar que comprenda un apartado
con información selectiva sobre movilidad social, el tema del metro, y
otro sobre las fechorías del “cártel inmobiliario”.
Esta información es fundamental para derrotar la guerra sucia mediante
“propaganda negra” e “historia líquida falsaria”. Sin embargo, está
dispersa. Se da a conocer a cuenta gotas y de manera fragmentaria, así
no puede ser valorada por los futuros electores. Y, al mismo tiempo,
impactael estado de conciencia social. Hay que concentrarla y difundirla
con gran fuerza.
Es un contragolpe basado en una táctica de ofrecer información precisa a
ser difundida con gran despliegue, en redes y en medios aprovechando
los espacios otorgados por el INE.
d) En la segunda etapa del paso al contrataque o recuperación de la
iniciativa política –que significa cambiar la defensa flexible por la
ofensiva– tiene que estar marcado por: i) una inmensa movilización
política.
La consigan debe ser: “2 millones de mexicanos que cubran México por la
continuación de la transformación nacional” para el día sábado 20 de
abril –segundo debate es el 28 de abril– y también para el último debate
–19 de mayo–. Y un gran mitin en Tlatelolco, el sábado 18 de mayo.
Un proceso de movilización permanente: marchas y mítines en el país en
las fechas previas al primer debate (7 de abril), en las plazas
principales de las ciudades. Así, templar el ánimo de las bases
sociales, de Morena y aliados y de la 4T, con videos de la campaña de la
doctora Sheimbaum. Deben incluir sus visitas a Estados Unidos.
De esta manera, llegaremos movilizados y con un alto espíritu de lucha
al 2 de junio de 2024, con el objetivo de derrotar los preparativos del
“golpe de Estado técnico”. Sólo así, se logrará la mayoría calificada
para caminar hacia la refundación de la república y del Estado mexicano,
mediante un nuevo pacto social.
Aunque son otros tiempos y otro contexto nacional y regional, tampoco
debemos olvidar a los dos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas,
candidato defraudado en la elección presidencial. Xavier Ovando y Román
Gil preparaban un contragolpe con datos sobre los 300 distritos
electorales en mano. Asimismo, poseían información del fraude que se
preparaba, cuando fueron asesinados, el 3 de julio de 1988. Fueron
encontrados dentro de un auto estacionado en la calle de El Rosario. Hoy
los recordamos como militantes caídos por la democracia.
Un esquema como el que proponemos podría resultar. Debe contrastarse con
otras ideas o propuestas que enriquezcan y desemboquen en un documento
sólido con un programa de aplicación inmediata. Ofrecemos aquí tan sólo
un primer acercamiento.
*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la
Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en
inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración
pública; doctor en gerencia pública y política social. Académico de la
UNAM.
En toda la Unión Europea, los campesinos se levantan contra la Política Agrícola Común (PAC) a pesar de que esa política los subvenciona. Los gobiernos les responden con medidas de ajuste, simplificando los trámites burocráticos y con discursos para animarlos. En realidad, los gobiernos nacionales son impotentes ante una estructura concebida para aplicar una ideología que resulta absurda.
