En relación a las implicaciones de esta «insurrección electoral», es importante advertir que el primerísimo indicador de “cambio verdadero” descansa en la propia elección presidencial: desde Francisco I. Madero (1911-1913) y el paréntesis de Lázaro Cárdenas (1934-1940), es la primera ocasión, en poco menos de un siglo, que el resultado oficial de una elección presidencial coincide con eso que la teoría política llama la «voluntad general». Más aún, si se consideran las dos elecciones en las que participó anteriormente el dirigente político –2006 y 2012– y en las que conquistó 15 millones de votos por elección –que más los 30 millones de 2018 suman la excepcional cifra de 60 millones de votos–, trátase de un presidente –AMLO– cuya investidura reviste una legitimidad sin precedentes. Este hecho no se puede perder de vista, máxime tratándose de un país cuya democracia electoral padeció –acusadamente durante el coma neoliberal– la triple enfermedad del clientelismo, la simulación y la estafa. En una palabra: el fraude. Llama la atención, no obstante, que una parte de la prensa nacional e internacional se empeñe en soslayar este axioma inexorable.
Los mejores analistas de la realidad advierten que un fantasma recorre el mundo; y no, no es el comunismo, sino una peligrosa epidemia de desinformación y noticias falsas. La 4T, Morena y AMLO han sido objeto sistemático de tales ataques. Es la hora de derribar las mentiras.
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Contrario a lo que sostienen los detractores de AMLO, la estrategia del gobierno mexicano contra la Covid-19 ha sido aplaudida por la comunidad científica internacional. El 26 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó a México por las medidas sociales y sanitarias establecidas para hacer frente a la pandemia, refrendando con ello la distinción que extendió en marzo, cuando reconoció a México por implementar, antes que ningún otro país, un protocolo comunicacional de frecuencia diaria. Tales reconocimientos se suman a la postulación que provino de la Organización Panamericana de la Salud para que el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Salud y vocero de la estrategia sanitaria gubernamental, se integre al grupo de expertos del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. Y, a pesar del habitual desprecio que algunos profesan por la opinión pública nacional, especialmente ciertos opinólogos de postizo abolengo, cabe destacar que los niveles de aprobación del Dr. López-Gatell en México son notablemente altos.
No se ignoran, sin embargo, las cifras, datos o estadísticas de contagios y muertes por Covid-19. El negacionismo es un vicio del Ancien Régime, y no del gobierno constituido. Ciertamente, salir lo más pronto posible de la pandemia y con el menor costo humano y social es la prioridad del gobierno que encabeza AMLO. No obstante, al mismo tiempo es urgente e imprescindible identificar y explicar las singularidades del comportamiento epidémico en nuestro país. En la prensa “crítica” que no es crítica, pero ¡ah, como critica!, prevalece un déficit de atención en el conjunto de problemas que forman parte de la densa herencia neoliberal, y que hasta la pandemia no habíamos reparado en la dimensión de tales amenazas: la informalidad económica; la epidemia de obesidad, diabetes, e hipertensión; el desvalijamiento del sector salud; y la irresponsabilidad social de los medios de comunicación nacionales.
Recomendamos, por lealtad a la verdad, la honorabilidad y el periodismo, que los críticos de la 4T anclen sus análisis e investigaciones en las dramáticas cifras reales, herencia del pasado neoliberal. Va un muestrario:
- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 60% de la población económicamente activa se desempeña en el sector informal. Esto significa que muchos mexicanos no tienen acceso a los programas de seguridad social y no reciben pago en el periodo previsto de paralización económica. Aproximadamente 31 millones de personas necesitan salir diariamente al espacio público para asegurar la propia subsistencia. El “padre de la desigualdad moderna”, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, acostumbraba decir que la aplicación sostenida de políticas neoliberales generaría “ricos más ricos y pobres menos pobres”. Falsa y vil resultó la profecía: el neoliberalismo produjo “ricos mucho más ricos y más pobres mucho más pobres”. Ello explica que la Jornada de Sana Distancia se aplique sobre bases no rígidas o flexibles. En el México concreto y mayoritario (“el que mueve a México”, dijo un prócer de las redes) el aislamiento social es un privilegio que solo unos pocos pueden costear. ¿Será que los apologistas del neoliberalismo están listos para hablar sobre las asimetrías fratricidas que produce su modelo?
- México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial de obesidad en lo que respecta a la población adulta, y cuarto en la población infantil. Se estima que, de los 128 millones de mexicanos, entre 90 y 100 millones padecen sobrepeso u obesidad. Durante el periodo neoliberal, las empresas nacionales y extranjeras de comida chatarra y bebidas endulzadas boicotearon sistemáticamente las políticas regulatorias de esos tóxicos productos. Unánimemente, los científicos coinciden en señalar que la Covid-19 ataca con más agresividad a obesos y diabéticos. Mientras tanto, está documentado que la mitad de los fallecidos por el virus sufrían obesidad e hipertensión. ¿Será que los cándidos críticos de temporada están listos para hablar sobre la malnutrición a la que nos condenaron los neoliberales?
- Varias veces lo repitió el secretario de salud, Jorge Alcocer Varela: el sistema de salud “es un desastre”. Los gobiernos neoliberales dejaron centenares de hospitales inconclusos, abandonados o sencillamente en ruinas, y desfalcaron sin piedad al sector salud. Gran cantidad de los hospitales que se construyeron durante esos gobiernos “son escandalosos monumentos de la incompetencia, la corrupción y el tráfico de influencias”, aseveró Alcocer Varela. De acuerdo con estimaciones oficiales, las irregularidades en el sistema de salud rebasan los 3 mil millones de dólares. México no estaba infraestructuralmente preparado para atender una pandemia. Y los rezagos en la materia han hecho más difícil responder a la emergencia. Las autoridades y los especialistas reconocen que el sistema de salud mexicano transitaba por una crisis histórica, y que la causa principal de esa crisis fue la descomunal corrupción de los gobiernos neoliberales. ¿Será que los conservadores están listos para hablar, sin ninguna carga de complacencia, sobre la corrupción endémica que dejaron los sátrapas –con todo respeto– de régimen neoliberal?
- Sabíamos que México era uno de los países con mayor control mediático y alta concentración en propiedad de medios de comunicación. Lo que no sabíamos es que tales oligopolios fueran tan socialmente tóxicos e irresponsables que incluso en el contexto de una pandemia se atrevieran a ponderar rencillas personales e intereses económicos. Nunca olvidaremos que, poco antes del pico de la contingencia, el presentador de TvAzteca, Javier Alatorre, en la emisión de uno de los noticieros más vistos en México, exhortó, sin ningún rubor, a desconocer a las autoridades sanitarias. Pidió literalmente y “con todas sus palabras” que la población “no hiciera caso a Hugo López-Gatell (subsecretario de salud)”; “[…] sus conferencias se volvieron irrelevantes”, remató. Pocos días más tarde, su patrón, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, concitó a los mexicanos a salir “a vivir su vida con todo y sus riesgos (sic)”. Irónicamente, los mismos que callan ante las vilezas de los dueños de la prensa son los mismos que andan por allí pidiendo que se multe o castigue con mano dura a todo aquel que encuentren transitando en la vía pública, y sin distingo de clase social. ¿Será que los conservadores están listos para hablar sobre su hipocresía patológica?
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No. AMLO no está militarizando a México. A México lo militarizó el señor del 0.56% (estrechísimo y dudoso margen por el que venció en la carrera presidencial) Felipe Calderón Hinojosa, el 11 de diciembre de 2006, tras anunciar, por decreto unipersonal, una estúpida guerra contra el narcotráfico. Al día siguiente, y sin ningún marco regulatorio ni sustento constitucional, Calderón Hinojosa dispuso el despliegue de 45 mil soldados mexicanos para combatir, según dijo, a los cárteles del narcotráfico. El 10 de diciembre de 2019, exactamente a 13 años de iniciada la guerra, y más de 250 mil muertos, 40 mil desaparecidos –cifra que supera a los desaparecidos de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay conjuntamente– y un suelo patrio bañado en sangre, es detenido en Estados Unidos el otrora secretario de seguridad pública de Calderón, Genaro García Luna, acusado de asociación delictiva con el narcotráfico y de proporcionar protección al Cártel de Sinaloa. Cabe subrayar que García Luna, inseparable amigo de Calderón, fue el principal operador de este teatro de guerra.
Un efecto de la guerra contra el narcotráfico –a menudo subestimado o inadvertido– es que ésta obligó a los cárteles a militarizar sus rutinas y estructuras. Desencadenó un ciclo de beligerancia que no cierra. En este sentido, y para los efectos estrictamente militares del Plan Nacional de Paz y Seguridad, presentado por el Presidente AMLO, se dispuso que las “Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, la cual debería asumir las funciones de preservación de las instalaciones estratégicas y la protección civil a nivel federal en todas sus facetas, más allá del carácter coyuntural del Plan DN-III”.
Ahora bien, en lo que atañe al Acuerdo, publicado el 11 de mayo de 2020, y que provocó una corriente de opinión adversa alertando acerca de un presunto “plan para militarizar” al país, cabe hacer notar que se trató del decreto por el cual se especificaron los detalles de la actuación de las Fuerzas Armadas permanentes, y que refrendaron lo establecido en el Plan: a saber, uso AUXILIAR de las FF.AA. y restringido a 5 AÑOS.
Lo que las críticas también omiten es que el Plan establece claramente que la paz debe ser fruto de la justicia. Es decir, que la paz y la seguridad serán el resultado del combate a la corrupción, la restauración de las instituciones de justicia, la reducción de la desigualdad y la reactivación de la matriz productiva nacional.
La ponderación de estos elementos, por oposición a los enfoques puramente militaristas y desregulados, constituye el núcleo del nuevo paradigma de seguridad.
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Francamente llama la atención cómo prolifero, desde 2019, la circulación en la prensa de imágenes e historias sobre la violencia y el narcotráfico mexicanos. Medios internacionales que no les importó nunca la tragedia humanitaria que ocasionaron los neoliberales, ahora sí, extrañamente, resulta que la crisis nacional les quita el sueño.
En fin, a esos noveles observadores que decidieron sintonizar tardíamente la frecuencia mexicana (“haiga sido como haiga sido”; dixit Calderón), se les informa, muy atentamente, que los neoliberales dejaron la totalidad del territorio mexicano sembrado de cárteles del narcotráfico.
La tesis que comúnmente esgrimen los analistas para justificar tal ocupación es la presunta “debilidad histórica” del Estado mexicano, que propició la formación de “vacíos de poder” capitalizados exitosamente por actores criminales, y que tales actores corrompieron a ciertas franjas del funcionariado nacional, ya de por sí proclives a la corrupción. En suma, que el narcotráfico proliferó por la ausencia o falla de recursos estatales –vacío o captura–. En virtud de este diagnóstico más o menos estándar, la acción disuasoria –según los “temerarios” señores de la guerra–, debía apoyarse decididamente en el elemento militar, a fin de “llenar” el vacío, y rescatar de la “captura” al “victimizado” Estado mexicano. Pero esta patraña ideológica no resiste un análisis sensato.
Esa narrativa –por cierto, muy lucrativa para los “especialistas” en seguridad– encierra por lo menos dos anomalías flagrantes: uno, omite la presencia decisiva –no tangencial– de representantes del Estado en la expansión del narcotráfico (como demuestra el caso de García Luna); y dos, soslaya el comportamiento ostensiblemente político del narcotráfico. ¿Por qué si el narcotráfico financia campañas políticas, controla territorios, ensaya comunicación con el público, invierte en infraestructura, salud, y educación, recauda impuestos, e incluso reparte despensas tal como hacen los partidos políticos, las explicaciones que a menudo invocan los especialistas no anclan en interpretaciones políticas? Si huele a pollo, sabe a pollo, ¿es de pollo?
Si. El narcotráfico es un actor político. La guerra de Felipe Calderón potenció el comportamiento político de los cárteles del narcotráfico, ya que la lógica de supervivencia propició que éstos multiplicaran las alianzas con organizaciones mayores (bancos, empresas, partidos políticos, agencias de seguridad, agrupaciones religiosas, asociaciones civiles etc.), y que transitaran un fuerte proceso de especialización militar –por cierto, con apoyo de Washington y Genaro García Luna (véase Operativo Rápido y Furioso)–.
Si. Los conservadores neoliberales, desde Carlos Salinas de Gortari y el incómodo hermano, Raúl, hasta Enrique Peña Nieto que inmoló las instituciones para encubrir a los poderosos narcos que desparecieron a nuestros 43 de Ayotzinapa, prohijaron la politización-militarización del narcotráfico mexicano.
El compromiso es desactivar a ese actor. Pero comprenderán que en 17 meses no se enmiendan 40 años de corrupción y delincuencia organizada de Estado.
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Observamos, no sin preocupación, que se irrigan por allí, en los inescrutables intersticios de los mass media, ciertas corrientes de opinión visiblemente contaminadas de información falsa. Alertamos sobre la necesidad de verificar las fuentes. Advertimos, a los medios internacionales, que la prensa mexicana anti-AMLO produce y se abastece de fake news a granel.
Estamos listos para el debate.
