Javier Buenrostro
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha ido de la mano
de la recesión económica más grande desde la Segunda Guerra Mundial
y, en el caso de Estados Unidos, desde la Gran Depresión de 1929.
Esta crisis ha sido denominada por los economistas como el "Gran
Cierre" (The Great Lockdown) debido a que las fronteras de muchos
países tuvieron que suspender la recepción de mercancías y personas.
Algo similar ocurrió con los mercados internos, donde muchísimos
negocios locales han tenido que permanecer cerrados.
A principios de mayo comenzó la reactivación de actividades en
España, Italia y Francia. En el caso de México, se ha previsto una
reapertura gradual, determinada por un semáforo que indicará qué
actividades se permiten, de acuerdo al color vigente y acordado
regionalmente. Estas cuestiones ayudan a controlar la pandemia pero
están afectando severamente las finanzas nacionales, y lo más grave
es que se vive una crisis de empleo que impacta directa y
profundamente a las economías familiares, especialmente a las de
menores ingresos.
Todo esto hace que la discusión haya girado en torno a cuál camino
recorrer para que la recuperación económica sea más expedita.
Existen distintos escenarios para esa recuperación y se especulan si
esta se dará en forma de L, U, V o W. Otra cuestión que lleva a
debate es la forma en que se debe promover esa recuperación: si con
deuda pública o privada, si con subsidios y transferencias directas
a los más necesitados o con créditos fiscales a las grandes
empresas, con un fortalecimiento de la industria nacional, dado que
el turismo no volverá a ser el de antes en el corto plazo, etc.
En el caso mexicano, hay un fuerte debate en torno a la conveniencia
del Estado por tomar deuda, principalmente de los organismos
internacionales, cuyas líneas de crédito son una vía para que el
dólar no se hunda estrepitosamente en esta crisis. Mientras que los
empresarios claman porque el Estado contraiga más deuda y los
rescate, como ha ocurrido en el pasado, el presidente López Obrador
se ha negado enfáticamente, debido a que una de sus principales
banderas siempre ha sido impedir que la deuda pública siga creciendo
como en el pasado.
¿Por qué esa reticencia (necedad, dicen los opositores) a tomar
deuda? Bueno, primero por la propia historia económica mexicana, que
enseña que esta ha sido un detonante para acciones fraudulentas que
hacen millonarios a privados con recursos públicos. El rescate
bancario de 1995, conocido como Fobaproa, permitió que las deudas
privadas de unos cuantos se convirtieron en una deuda pública casi
diez veces mayor al monto original, que no podrá ser cubierta antes
de 2070.
Este es el problema de la adquisición de deuda en realidad: el pago
de intereses. Una persona común y corriente, cuando usa su tarjeta
crédito con singular alegría, suele ser consciente del monto de
capital que debe pero pasa por alto los intereses que genera, y que
es lo que suele complicar tanto los pagos y compromete su
disponibilidad financiera en el futuro. Eso mismo ha pasado con
México y muchos países, a pesar de contar con economistas
aparentemente capaces.
Por ejemplo, el pago de intereses por el Fobaproa es de más del 70 %
de la deuda pública, por lo que en 2019 se destinaron alrededor de
25.000 millones de dólares, solo para cumplir con esta obligación.
Son 25.000 millones de dólares por intereses anuales que gana la
banca privada, por un préstamo que se hizo para rescatarlos
precisamente a ellos y a grandes empresarios amigos suyos. Suena
paradójico, por decir lo menos, pero siendo claros: esel cinismo de
la corrupción gubernamental y empresarial que pavimentó el más
grande fraude en la historia de México. Todo legal, por cierto.
Después del fraude electoral de 2006, llevado a cabo por la derecha
con la ayuda de las autoridades e instituciones "autónomas" del
foxismo, Felipe Calderón emprendió una "Guerra contra las drogas",
como manera de legitimarse ante el pueblo de México. Esta tarea se
la dejó a su mano derecha en los temas de seguridad, Genaro García
Luna, que el día de hoy está preso en Estados Unidos por sus
vínculos con el Cartel de Sinaloa, convirtiéndose en el primer
exsecretario mexicano a nivel federal procesado por narcotráfico.
Para financiar a García Luna y la "Guerra contra los drogas",
Calderón recurrió a un mayor deuda pública que, de 2007 a 2016,
creció del 28,8 a 48,7 % del PIB, lo que significa un aumento de
casi 70 % en una década.
Hoy en día, debido a la crisis económica y aun sin pedir más dinero,
ya ha habido un aumento de la deuda en proporción al PIB por la
fuerte contracción que tendrá este en 2020 y la depreciación del
peso, que ya se ubica alrededor del 52 % del PIB. Algunos afirman
que es un nivel de deuda manejable y que puede ampliarse, poniendo
como ejemplo a algunos países europeos o a Japón que tiene una deuda
del 200% del PIB. Olvidan de manera conveniente que, a diferencia de
estas economías que utilizan endeudamiento como financiamiento para
la reactivación económica, las tasas de interés aplicables a México
se encuentran entre las más altas a nivel internacional, ocasionando
un mayor costo financiero. Por ejemplo, Japón tiene mayor deuda pero
también tiene tasas de interés negativas.
El costo financiero de la deuda en México es más de lo que se le
destina a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad. Es dos
veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública y cuatro
veces lo destinado a los programas sociales. Y casi todo se va al
pago de intereses, por lo que la deuda permanece casi intacta.
Es la deuda de los gobiernos anteriores lo que mantiene a este
gobierno atado de pies y manos para ejercer un mayor gasto social.
Para evitar que el endeudamiento del gobierno mexicano y la
problemática que viene de la mano de este siga creciendo como una
bola de nieve, hay dos elementos claves a corto y mediano plazo. Uno
es aumentar la recaudación tributaria y el otro es la reducción de
las tasas de interés.
La recaudación de México es históricamente de las más bajas del
continente, con solo 16% del PIB, mientras que en la actualidad el
promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), a la que pertenece México, es del 34 %. Ya en
1960, el "Informe Kaldor" criticaba la mala recaudación que había en
México, algo que no cambió en estos sesenta años. Pero el gobierno
de López Obrador ha modificado esta inercia e incluso invertido la
tendencia mundial en esta crisis.
En los primeros cinco meses del año, la recaudación aumentó, con
todo y crisis, en un 5%, en contraste con Argentina, que cayó
alrededor de un 30%, o España, que tuvo una contracción del 70%.
Esta mayor recaudación tiene especial mérito porque se ha hecho sin
aumentar un solo impuesto, algo que también fue una promesa de
campaña de López Obrador, al menos para los primeros tres años de su
gobierno. Una proyección de lo hecho hasta ahora indica que sin una
crisis económica presente, la recaudación en México pudiera
aumentarse entre un 20 y 25 % anual continuando por la misma ruta,
sin necesidad de implementar nuevos impuestos. Con una reforma
fiscal en la segunda mitad de su sexenio se podría llegar quizás
hasta el doble.
Por otra parte, la reducción de las tasas de interés es
responsabilidad del Banco de México, un organismo autónomo del poder
ejecutivo que a lo largo del año ha recortado cuatro veces la Tasa
de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) para ubicarse en la
actualidad en un 5,5 %. Estas medidas son positivas pero
insuficientes. El Banco de México ha estado actuando muy
timoratamente o quizás protegiendo los intereses de la banca
privada, porque la tasa de interés se podría colocar perfectamente
en 4 o 3,5 %, de acuerdo al resto de los indicadores de la economía.
Esta postura tardada y temerosa del Banco de México (probablemente
solo llegue a 4,5 en un futuro cercano) está ralentizando y
encareciendo la reactivación económica, por lo que una postura más
decidida ayudaría mucho al grueso de los mexicanos y no solo a la
banca privada.
El gobierno de López Obrador hace bien en evitar adquirir deuda que
solo ataría más el futuro de México. Hay que recordar el teorema de
equivalencia ricardiana, que afirma que la deuda de hoy son los
impuestos de mañana. Esto además conlleva una mayor presión de
gasto, por lo que hay que evitar un mayor endeudamiento hasta donde
sea posible, aunque tal vez pudiera ser inevitable.
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