La Montaña de Guerrero es la región más
depauperada del país y del Continente. Es netamente indígena,
mayoritariamente monolingüe. A 550 mil na’saavi, me’phaa y nahuas de 19
municipios se les viene la pandemia encima. En toda la región hay sólo
un hospital de segundo nivel con 30 camas –ya saturadas por mujeres en
labores de parto y por pacientes con enfermedades crónico-degenerativas–
y tres respiradores mecánicos, de los cuales sólo uno funciona.
Es la artillería hospitalaria
con la que la Montaña espera el paso de la pandemia de Covid-19, causada
por el virus SARS-CoV-2, la mayor emergencia sanitaria mundial en más
de 100 años.
“Viene una ola gigante y nuestro sistema
de salud está desmantelado, obsoleto, sin personal médico suficiente”,
advierte el antropólogo Abel Barrera Hernández desde Tlapa de Comonfort,
el corazón de la Montaña, la única ciudad de la región que cuenta con
70 mil habitantes.
Pobres entre los pobres, el panorama es
similar en la mayoría de las geografías indígenas del país, que según
estimaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
suman 16 millones de personas. En localidades remotas no hay siquiera
conciencia de lo que les llegará en las próximas semanas y meses. Y es
que para ellos no hay ni mensajes informativos en su lengua.
“En este abismo de la desigualdad de
nuestro país, estamos en el sótano de la miseria”, señala Barrera
Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan. La pandemia viene a complicar “un laberinto donde de por
sí parece que no hay salida, no hay forma de solucionar el problema del
hambre”.
Carlos González, concejal nahua del
Concejo Indígena de Gobierno (CIG) e integrante de la Comisión de
Coordinación del Congreso Nacional Indígena (CNI), coincide: “Los
pueblos indígenas son los más vulnerables en cuanto a infraestructura
clínica hospitalaria y en cuanto a la atención médica en general. Hay
mucha desnutrición y muchos rezagos”.
La respuesta indígena organizada
Abogado especialista en derecho agrario,
González señala que la amenaza de la enfermedad Covid-19 ha activado
las alertas entre los pueblos indígenas del CNI, toda vez que golpea con
más severidad a los viejos.
“En la sociedad [mexicana], pero
marcadamente en los pueblos indígenas, los ancianos y las ancianas
juegan un rol fundamental, vital, para la pervivencia de las comunidades
y su reproducción. Es una preocupación muy seria”, explica.
Por ello, por ejemplo, el pueblo
wirrárika (o huichol) de San Andrés Cohamiata, Tatei Kie, decidió
suspender el ritual de Semana Santa, es decir, las celebraciones más
importantes del ciclo anual de la comunidad.
La tribu yaqui, por su parte, considera
no cancelar el ritual –también fundamental para su cultura– pero sí
cerrar su territorio y no permitir el ingreso de los yoris
(mestizos) a sus comunidades. Misma medida se está aplicando ya en
algunas otras geografías indígenas como las del Istmo y los Valles
Centrales de Oaxaca, y en algunas comunidades mayas de Yucatán.
Otro caso que se destaca es el de las
comunidades guerrerenses del Concejo Indígena y Popular de
Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), del Frente Nacional de Liberación
del Pueblo (FNLP) y de la Organización Campesina de la Sierra del Sur
(OCSS), que de manera conjunta han ordenado un repliegue externo y un
despliegue interno para enfrentar la pandemia y tomar el control del
territorio.
Se trata de cientos de comunidades
na’saavi (o mixtecas), me’phaa (o tlapanecas), ñamnkue (o amuzgas),
nahuas, afromexicanas y mestizas que se declaran alertas y anuncian que
no darán tregua a los oportunistas que quieran sacar ventaja de la
emergencia.
En un documento emitido de manera
conjunta, las tres organizaciones se reivindican integrantes del CNI y
del CIG y denuncian “la falta de presupuesto de salud” en las regiones
de Montaña, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente.
Para Carlos González, con todo y la
pobreza y el despojo, las comunidades indígenas organizadas y en
rebeldía podrán generar algún tipo de defensa en sus geografías, gracias
a su propia vida comunitaria.
La capacidad de respuesta será distinta
conforme el grado de organización, la orografía y el contexto social de
la región donde se encuentran las comunidades. No será lo mismo, por
ejemplo, en la Sierra Tarahumara que las Cañadas tsotsiles zapatistas.
Algunas comunidades podrán organizarse
para que el contagio sea lento y podrán incluso hacer frente a la crisis
económica con sus propios medios y recursos.
“Hay comunidades que resisten en
condiciones muy difíciles, muy precarias, en sus regiones porque han
sido desplazadas por el desarrollo urbano, industrial, la contaminación.
Y hay otras comunidades, regiones, donde todavía hay buena cantidad de
medios y hay una armonía con la Madre Tierra mucho mayor”, explica
Carlos González.
El CNI prevé, por ello, que la peor
situación para los indígenas se presentará, paradójicamente, en las
ciudades, donde se encuentran los migrantes en trabajos precarios y sin
ningún tipo de apoyo. Lejos de su comunidad, los indígenas son más
vulnerables.
Es el caso de la comunidad ñäñho (u
otomí) originaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro, que se encuentra
en la Ciudad de México. Ya le han prohibido vender en las calles y no
tiene acceso a alimentos, agua ni un lugar donde pernoctar. El propio
CNI está realizando una colecta para apoyar a estas familias.
El activista y asesor de la comunidad,
Diego García, señala que son 130 familias otomíes las que se encuentran
en precariedad en la capital de República. Esta situación se agudizó
luego del terremoto de 2017, cuando tuvieron que desalojar los edificios
que ocupaban. Durante más de 18 meses, estas familias pernoctaron a las
afueras dichos inmuebles, sin las condiciones mínimas de habitabilidad,
salud, seguridad, trabajo y alimentación. El Programa de Reconstrucción
de la Ciudad de México no las contempló.
Peor aún, a los inmuebles les salieron
“dueños” y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ordenó desalojar a las
familias otomíes, hecho que se consumó violentamente el año pasado con
más de 200 elementos del “desaparecido” cuerpo de granaderos.
Hoy en las calles, y a través de Diego
García, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, las
familias señalan que no tienen manera de protegerse de la pandemia.
“Para evitar el contagio, la OMS [Organización Mundial de la Salud] y
los gobiernos recomiendan lavarse las manos, y nosotros no tenemos agua
potable para el consumo; sana distancia, y nosotros vivimos hacinados y
en campamentos; resguardarse en casa, y nosotros no tenemos casa:
vivimos en la calle, fuimos desalojados; hacer cuarentena, y somos
desempleados, trabajamos en la calle y vivimos al día”.
El CNI tomó en serio la amenaza de la
pandemia semanas antes de que el gobierno federal pusiera en marcha la
Jornada Nacional de Sana Distancia. El Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) cerró en Chiapas sus Juntas de Buen Gobierno y sus
Caracoles. Llamó a sus filas y bases de apoyo a prepararse para la
pandemia con medias aplicadas internamente.
A nivel nacional, el CNI canceló las
asambleas que estaban ya programadas en 10 sedes de todo el país para
impulsar la defensa de territorios ante los megaproyectos. Dos de esas
asambleas canceladas serían de carácter nacional e internacional. Las
anfitrionas serían comunidades indígenas de Campeche.
El descobijo gubernamental
Al final, los casos anteriores son de
pueblos, tribus y naciones indígenas organizadas en lucha por sus
derechos. Articularán una respuesta. Caso distinto es la de las
comunidades en precariedad absoluta, como las de la Montaña alta de
Guerrero, las rarámuris de la Sierra Tarahumara, las chichimeca jonaz de
Guanajuato y San Luis Potosí o las ñäñho del semidesierto queretano.
La estrategia gubernamental en la región
de la Montaña de Guerrero es dar instrucciones que son casi imposibles
de cumplir: lavarse constantemente las manos, donde apenas hay agua para
beber, y usar gel antibacterial, donde ni siquiera se vende.
Pero no hay alguna acción gubernamental
para que, ante la emergencia, se garantice el acceso de las comunidades
al agua. Persiste la desigualdad económica, que se traduce en
desigualdad de acceso a los servicios y desigualdad informativa, explica
Abel Barrera.
Sin política comunicativa gubernamental
efectiva para los pueblos indígenas, son las propias organizaciones las
que tratan de prevenir la pandemia. El Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan ha realizado mensajes auditivos en las lenguas
maternas de la región: nahua, t’un saavi y me’phaa.
En la zona, los gobiernos federal y
estatal han difundido mensajes escritos que, aunque estén redactados en
lenguas indígenas, la mayoría no sabe leer, además de que son sociedades
de tradición oral. También hay difusión de mensajes a través de una
radiodifusora pero resultan muy técnicos para la población y no generan
conciencia alguna sobre lo que está por venir.
“No vemos acciones orientadas a
establecer una comunicación acorde con la idiosincrasia de los pueblos,
sus idiomas, su cultura; que mínimamente se garantice una información
accesible, no tan técnica”, explica Abel Barrera, defensor de derechos
humanos.
Contralínea solicitó entrevista
con el director del INPI, Adelfo Regino Montes. El funcionario, máxima
autoridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la atención a
los pueblos originarios, declinó hablar con este medio de comunicación.
En su página de internet, el INPI sólo
tiene como acciones contra el coronavirus en los pueblos indígenas la
traducción a 10 idiomas (de las 68 que se hablan en el país) de carteles
informativos para prevenir el contagio. Según se observa en la página,
no habría alguna otra política para los pueblos originarios ante la
pandemia.
La enfermedad no podía llegar en peor
momento a la Montaña de Guerrero. Paupérrimas y con desnutrición
crónica, las familias indígenas padecen un recrudecimiento de su
situación económica. Las tres fuentes de dinero se colapsaron en el
último año, meses y semanas: la siembra ilegal de amapola, las remesas y
la asistencia gubernamental.
La primera de ellas, la venta de goma de opio que se obtiene del cultivo de la amapola. Los precios cayeron en el mercado negro
internacional porque los consumidores estadunidenses de droga prefieren
ahora el fentanilo. Han cambiado este estupefaciente por la heroína.
“Lamentablemente la venta de este
producto ilícito pasó a ser parte de la economía precaria de los pueblos
indígenas. Y se desfondó. Lo que costaba el kilo de goma en el mercado negro
aquí en la región, pasó de 25 mil a 5 mil pesos. Eso vino a dar al
traste con lo poquito que a veces lograban cosechar algunas personas que
se atrevían a sembrar en las barrancas de la Montaña”, explica Abel
Barrera.
Una segunda fuente de ingresos son las
remesas. Y por la llegada de la pandemia a Estados Unidos, gran parte de
los trabajadores migrantes en ese país han perdido sus empleos. Muchos
se encuentran sin trabajo alguno y por ello han dejado de enviar dinero a
sus familias. Incluso hay reportes del regreso de cientos que llegan a
sus comunidades sin que sean objeto de revisión médica alguna.
La tercera fuente de ingresos son los
programas de asistencia gubernamental. Con la llegada del nuevo gobierno
se redujeron los apoyos. Antes las familias recibían recursos por
número de hijos. Ahora es la misma cantidad para cada familia,
independientemente de los integrantes.
Abel Barrera explica que la
reconfiguración de los programas sociales llevados a cabo por el
gobierno federal desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador no
benefició a las familias montañeras. Por el contrario, devino en un
recorte de recursos para los indígenas de la región.
Y es que programas como Jóvenes
Construyendo el Futuro o de Apoyo a las Personas Discapacitadas, que
podrían ser exitosos en otros lugares, no tienen aplicación alguna en
las comunidades de la Montaña donde no hay trabajo remunerado. Otros que
sí podrían tener aplicación práctica, como el de fertilizantes, sólo
llegaron a las cabeceras municipales y a algunas comunidades, de acuerdo
con datos de Tlachinollan.
Además, recuerda Barrera Hernández,
acaba de pasar un año de catástrofes naturales –granizadas, deslaves,
vientos– que acabaron con las cosechas de quienes sí pudieron sembrar.
El panorama es de emergencia. La
pandemia viene a agudizar estas condiciones. Lo que podría ocurrir es
“un caos, una situación crítica de malestar, de protesta… que no se
pueda controlar; eso es lo que nos preocupa en un horizonte no muy
lejano, como de 2 o 3 meses. Si ya es grave la situación, será peor.
Puede haber un contexto de mayor polarización y violencia”.
Y es que desde las esferas
gubernamentales no se prevé ninguna política que mitigue los estragos
causados específicamente en las regiones más empobrecidas. Abel Barrera
señala que no bastarán fórmulas generales. Deben diseñarse políticas
dirigidas especialmente a determinadas regiones.
No bajarán la guardia
El CNI, por su parte, descarta suspender
las luchas que libra. Que se suspendan reuniones masivas no significa
que se abandonen las demandas. “Seguiremos en las luchas estratégicas
que estamos llevando”, señala Carlos González.
Se refiere a la organización en defensa
de la tierra y el territorio; el apoyo a la lucha de las mujeres, y a la
de los trabajadores. Las actividades continuarán, pero con acciones
locales y regionales cuando sean necesarias; se seguirán impulsando los
procesos de lucha legal donde es posible.
“Ante la caída estrepitosa de las
economías de los países ricos y de los pobres, es necesario insistir en
que la vía de solución perdurable y de largo plazo es destruir al
capitalismo. Es finamente éste el que nos está llevando a estas crisis.
El deterioro de la Tierra y de la naturaleza van a seguir creciendo si
como humanidad no ponemos un alto a este sistema”, considera el concejal
nahua.
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