Desconcertante política fiscal en la 4T

Alejandro Nadal

Mientras la economía mexicana permanece en un estado de letargo, el gobierno mantiene una postura pasiva en materia de política macroeconómica. No es lo más conveniente para un gobierno cuyo proyecto es llevar a cabo una transformación de gran calado en la sociedad mexicana. El mejor ejemplo de esta pasividad se encuentra en el terreno de la política fiscal.

En una entrevista poco después de su nombramiento, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le preguntó si habría un estímulo fiscal, dadas las condiciones de estancamiento de la economía mexicana y el negativo entorno internacional. La respuesta del secretario Arturo Herrera fue contundente. Nos lo prohíbe la ley, dijo. Su argumentación fue aceptada sin más. El entrevistador no preguntó de qué ley estaba hablando.

El secretario de Hacienda tiene que haberse referido a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH), aprobada en 2006. En síntesis, esta norma establece en su artículo 17 que los montos de ingreso y gasto contenidos en el proyecto del Presupuesto de Egresos deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos financieros del sector público. Ese artículo es anticonstitucional, porque invade la soberanía del Congreso al convertir los requerimientos financieros del sector público en piedra de toque de toda la política fiscal.

Este artículo de la LPRH entroniza la noción de superávit primario como objetivo sagrado de la política fiscal. Esto significa que en el balance primario, que compara ingresos y gastos sin considerar las cargas financieras, debe generarse un superávit para pagar esas cargas financieras. Y como la idea de realizar una reforma hacendaria es tabú para el pensamiento neoliberal, ese superávit primario sólo puede lograrse recortando el gasto, lo que ha conducido al estancamiento en las inversiones en materia de salud, educación y medio ambiente.

Muchos comparan las finanzas del gobierno con las de un hogar cualquiera, y señalan que no se puede vivir por encima de los recursos que se reciben. Esto es una tontería, porque los hogares no tienen la facultad de recaudar impuestos o cobrar por servicios públicos. Pero si seguimos con esa analogía tendríamos el ejemplo de una familia que decide recortar su gasto en salud, alimentación y hasta la escuela de los chicos con tal de dejar un remanente para pagar los intereses de la tarjeta de crédito. No sería un panorama muy saludable.

Pero la misma LPRH establece una excepción importante. En el artículo 17 (párrafo cuarto) señala que en casos excepcionales se puede prever un déficit en el presupuesto, aunque esto quede sujeto a una disciplina consistente en justificar esas razones excepcionales, cuantificar el monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit y el número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para eliminar dicho déficit.

Esta excepción permitió que el balance primario entre 2009 y 2016 arrojara un déficit primario. El estímulo fiscal para enfrentar los efectos de la crisis de 2008 no fue del todo adecuado, pero por lo menos sirve para desmentir al titular de la SHCP cuando señala que la ley prohíbe al gobierno instrumentar un estímulo fiscal.

Si el gobierno actual prefiere seguir jugando la carta del superávit primario, así debería señalarlo. El presupuesto para el año entrante contempla un superávit primario equivalente a 0.7 por ciento del PIB. No sólo no es un presupuesto contracíclico, sino, a final de cuentas, es uno que mantiene los lineamientos de la política de gasto neoliberal.

La política económica del gobierno de AMLO se encuentra en una gran contradicción. El gobierno se aferra a un objetivo estratégico que consiste en una transformación de dimensiones históricas. Pero esto no se ve reflejado en su postura de política macroeconómica. A escala sectorial hay algunas excepciones, pero tampoco se observa un esfuerzo por cambiar la matriz productiva del país.

Todo parece indicar que en el segundo año del sexenio de López Obrador el crecimiento también será muy bajo. Si para el tercer año la economía no repunta, ni los ingresos petroleros ni la recaudación permitirán mantener el ritmo en los programas sociales que hoy constituyen la columna vertebral del proyecto. Los resultados positivos que se puedan alcanzar serán pasajeros. A la postre, la desatención a la política macroeconómica tendrá efectos desastrosos para este sexenio.

Y no hay que engañarse. La reasignación de gasto para cubrir los programas sociales del gobierno son un muy bien recibido paliativo para la gente más castigada por el neoliberalismo. Pero no son, ni de lejos, un estímulo fiscal, ni la forma de romper de manera durable con la trampa de pobreza que hoy mantiene atenazada a la mitad de la población del país.

Este paquete de política económica para el año que viene, el primero del que es totalmente responsable el gobierno de López Obrador, contiene elementos de continuidad asombrosa con la política macroeconómica de los gobiernos neoliberales.