En su reciente entrevista concedida al diario O Estado de Sao Paulo
el escritor volvió a repetir sus fatigosas letanías sobre la política
latinoamericana asegurando que “los argentinos van a lamentar
enormemente la derrota de Mauricio Macri” [1].
No sólo eso: volvió a calificar como una "tragedia" el triunfo de
Alberto Fernández y atribuyó esa –para él infausta- decisión de votar al
Frente de Todos a una supuesta vocación suicida de los argentinos.
Abundando en el tema afirmó que “esa vocación suicida es algo
verdaderamente extraordinario, pues ya se sabe que todos los problemas
actuales del país fueron causados por el peronismo".
La verdad
es que dudé mucho antes de sentarme a escribir una respuesta a sus
dichos. Pero habida cuenta de que estas “ocurrencias” -ese producto
semiintelectual que debe diferenciarse de las “ideas”- del narrador
adquieren una enorme difusión gracias a la acción concertada de la
oligarquía mediática mundial me pareció que valía la pena saltar al
ruedo y refutar su discurso. La confusión y el embrutecimiento que
promueve en la opinión pública exige prontas respuestas a sus venenosos
ataques [2]. Me concentraré en tres temas.
Primero,
sería insólito o estúpido que los argentinos nos lamentásemos por la
derrota de un Gobierno que sumió en la pobreza al 40,8 % de la población
y ha dejado al otro 35 % apenas por encima de la línea de pobreza (LP),
cosa que normalmente se soslaya en muchas intervenciones periodísticas y
académicas. Como si el 60 % restante “no pobre” estuviera constituido
por sólidas clases medias o ricachones de abultada billetera. ¡No! Buena
parte de ese conglomerado lo conforman gentes que en cualquier momento
se hunden por debajo de la LP. Con cierto optimismo podríamos aventurar
que tal vez haya un 25 % que no son pobres ni están en riesgo de serlo.
Pero el resto está caminando sobre el filo de la navaja, apelando a
diario a mil estrategias para evitar hundirse por debajo de la LP. Un
dato adicional ilustra lo que decimos: 6 de cada 10 niños argentinos son
pobres. Incurriría en el mal gusto de la reiteración si volviera a
exponer aquí los archiconocidos datos sobre la crisis económica y la
emergencia nacional en que nos ha dejado el Gobierno de Macri: caída de
los salarios reales y los haberes jubilatorios, impresionante número de
pymes que cerraron sus puertas, derrumbe del PBI, tarifazos a destajo en
los servicios públicos, inflación descontrolada y un fenomenal
endeudamiento externo, vehículo para practicar una fuga de capitales sin
precedentes que constituye una marca a fuego del carácter corrupto del
Gobierno de Cambiemos. La tragedia es la que hemos sufrido estos últimos
cuatro años de gobierno de su amigo Mauricio, no la recién inaugurada
gestión de Alberto Fernández cuyo signo en el sentir popular es la
esperanza. En suma, ¡nada de lo que debamos lamentarnos!
¿Puede
un hombre como Vargas Llosa ignorar datos tan elementales como estos?
Imposible. Descartemos esa hipótesis. Sus críticas son expresión de la
fanática obcecación de un converso o, peor aún, de alguien a quien le
confirieron la misión de execrar todo lo que contraríe al paradigma
neoliberal, aunque para ello deba mentir y barrer la realidad debajo de
la alfombra.
Segundo, hay una afirmación que insulta la
inteligencia de sus lectores cuando sentencia que todos los problemas de
este país fueron “causados por el peronismo.” ¿Cómo desconocer que la
Argentina padeció desde 1930 sucesivos golpes de Estado, todos los
cuales tuvieron como signo distintivo la aplicación de los preceptos
económicos del liberalismo? La dictadura de los años 30 tuvo esas
características, como la de 1955 que abrió de par en par las puertas del
país al FMI; la de 1966, pomposamente llamada “Revolución Argentina”
promovió las ideas que el autor de Tiempos Recios abraza con
singular fervor. A las anteriores hay que sumar la genocida junta del
mal llamado “Proceso” que tomó por asalto el poder en 1976, dejó al país
económica y socialmente deshecho, desapareció a 30.000 personas, alejó
por décadas la posibilidad de recuperar las Islas Malvinas e hizo del
neoliberalismo y su consigna principal: “achicar el Estado es agrandar
la nación” el pilar de toda su política económica y social. Como si lo
anterior fuera poco un Gobierno peronista travestido, el de Carlos S.
Menem, se adhirió a esa nefasta doctrina con fervor. Una estudiosa del
tema comprueba que “en los 50 años transcurridos desde el ingreso de
nuestro país al organismo (el FMI) en 1956 hasta el pago total por
adelantado de la deuda pendiente desde la crisis de la convertibilidad
en 2006, la Argentina estuvo bajo acuerdo (con el FMI) durante 38 años” [3].
A estos hay que añadir los dos años más en los cuales la Directora
Gerente del FMI, Christine Lagarde, se convirtió en la verdadera
Ministra de Economía del Gobierno de Macri. Por eso nuestra decadencia
económica y social se explica muchísimo más -por no decir en su
totalidad- por esos cuarenta años de “cogobierno” entre la Casa Rosada y
el FMI que por los errores que, como cualquier otro Gobierno, pudo
haber cometido el peronismo en cualquiera de sus cambiantes concreciones
históricas, el alfonsinismo de inicios de la reconstrucción democrática
e inclusive la nefasta Alianza de finales del siglo pasado.
Tercero
y último: alguna lectora o algún lector podrían preguntar qué diantres
tiene que ver Joseph Goebbels en todo este asunto. Respuesta: mucho,
porque el autor de La tía Julia y el escribidor demuestra conocer
muy bien las tácticas comunicacionales del Ministro de Propaganda de
Hitler (y doctor en Letras por la Universidad de Heidelberg, ¡ojo con la
academia y los “hombres de letras”!). Una de las frases que resume el
pensamiento del jerarca nazi dice textualmente que “la propaganda debe
limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente,
presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre
convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí
viene también la famosa frase: ‘Si una mentira se repite lo suficiente,
acaba por convertirse en verdad’”. Eso es precisamente lo que hace
Vargas Llosa con la maestría que le otorga su dominio del lenguaje:
manejar unas pocas ideas y repetirlas hasta la saciedad “sin fisuras ni
dudas”. Como cuadra a todo fanático su discurso está herméticamente
sellado y los incómodos datos de la experiencia no hacen mella en la
gruesa coraza de su ideología.
Sus
mentiras se repiten incansablemente, como aconsejaba Goebbels. La
tenacidad militante de Vargas Llosa es admirable, lástima que esté al
servicio del mal. Gracias al inmenso poderío de los medios de
comunicación hegemónicos esas mentiras se convierten en verdades
indiscutibles, o en un “sentido común” difícil de desafiar. Hacerlo es
visto como un acto temerario, casi como un sacrilegio. Pese a ello su
ensayística es una artificiosa construcción que se derrumba como un
castillo de naipes ni bien se la contrasta con el análisis histórico o
la elocuencia de las estadísticas. Por algo en los últimos 40 años sólo
en contadísimas ocasiones se lo ha visto debatir sus ideas y casi
siempre con benévolos interlocutores cuidadosamente seleccionados.
Resumiendo: las afirmaciones contenidas en la entrevista que hemos
analizado son pura y simple propaganda, imbuidas de un odio y un
resentimiento que mucho dicen sobre la naturaleza de los tiempos que
corren en donde el hundimiento del neoliberalismo es un dato
absolutamente insoslayable que enfurece y ofusca la mente del escritor
peruano. Tendrá que acostumbrarse.
La detención en Dallas, Texas,
del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no deja de
ser un misterio. Considerado el álter ego del ex presidente Felipe
Calderón y súper policía consentido de secretarios de Estado y titulares
de la llamada comunidad de inteligencia de Estados Unidos (CIA, DEA,
FBI, ICE y la ATF), García Luna, residente en Florida, fue acusado por
el fiscal Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York, de haber
abusado de sus puestos oficiales para traficar cocaína, corrupción y
rendir falso testimonio ante autoridades locales.
Promovido por el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey
Davidow, cuando dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) con
Vicente Fox, el irresistible ascenso de García Luna al mundo de los
servicios clandestinos y las acciones encubiertas se dio bajo el
calderonismo al amparo de la Iniciativa Mérida y del ex jefe regional de
la DEA, Dave Gaddis, periodo en el que como secretario de Seguridad
Pública se codeó con la cúpula de la administración Obama, entre otros,
con Leo Panetta y David Petraeus, ambos ex jefes de la CIA y del
Pentágono; Eric Holder, del Departamento de Justicia; Janet Napolitano,
de Seguridad Interna; James Clapper, de Inteligencia Nacional; Michele
Leonhardt, directora de la DEA; Ronald Noble, jefe de Interpol, y el zar
antidrogas Gil Kerlikowky.
Considerado uno de los artífices de la guerra no convencional (o
irregular) de Estados Unidos en México desde la esfera de la seguridad
civil, los vínculos orgánicos de García Luna con la DEA y la CIA
cristalizaron a finales de 2010, cuando él y otros funcionarios del área
de seguridad (Cisen, PGR, Sedena, Semar y SSP) fueron integrados al
Grupo Bilateral de Trabajo México-Estados Unidos para Objetivos de Alto
Valor (HVTG, por sus siglas en inglés). Según un reporte de la Oficina
de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), que depende
de la Casa Blanca, el HVTG supervisaba el intercambio de inteligencia sensible sobre los principales grupos criminales mexicanos, y coordinaba o eliminaba conflictos de operaciones tácticas dirigidas a objetivos de alto valor en México.
Asimismo, García Luna tuvo acceso a la identidad de un equipo
financiado por Washington: las Unidades de Investigaciones Sensibles
(SIUs), integradas por policías mexicanos incorruptibles
dedicados a tareas de alta peligrosidad, y participó activamente en los
operativos encubiertos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos (ATF) Dejas las Armas Caminar y Rápido y Furioso,
que consistieron en traficar armas de Estados Unidos a México con el
objetivo de seguirles la pista y capturar a sus compradores.
Un espacio de poder desde donde García Luna compartió información de inteligencia con la CIA y la DEA, era el llamado búnker de Constituyentes,
instalado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Construido bajo tierra durante el gobierno de Calderón con tecnología de
última generación adquirida en el marco de la Iniciativa Mérida, el
búnker era asiento de Plataforma México, una red de interconexión de
telecomunicaciones para el resguardo y procesamiento de datos, donde
operaban alrededor de 600 estaciones de intervención telefónica.
Significativos, también, fueron los vínculos de García Luna −quien
inició su carrera de espía en el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional en enero de 1989 a la edad de 21 años, siendo estudiante de
ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana− con el
empresario Mauricio Samuel Weinberg, conectado a compañías de seguridad
con base en Israel.
Según el portal de Reporte Índigo, García Luna y Weinberg se
asociaron para crear compañías como ICIT Private Security México,
propiedad de Weiberg, que operó en todo el país cuando el primero era
secretario de Seguridad Pública con permiso que fue renovado durante el
gobierno de Enrique Peña Nieto. Weinberg había abierto la firma en Miami
en 2011 y ofrecía servicios de investigación y análisis de personas,
protección ejecutiva, secuestros, seguridad física e industrial,
sistemas y bases de datos, instalación de centros de control de
confianza, venta de equipos de escucha, seguridad electrónica,
localización y rastreo satelital.
Al terminar el calderonismo, García Luna se fue a vivir a Florida,
donde fundó la firma GL & Associates Consulting, que requirió un
permiso del Pentágono y la CIA porque sus sistemas estaban conectados a
sus bases de datos. Reporte Índigo encontró coincidencias entre la compañía ICIT de Weinberg y la consultora de García Luna, entre otras, que tenían los mismossocios estratégicosen
seguridad: el ex agente de la CIA José A. Rodríguez Jr.; Carlos Villar,
ex agregado legal del FBI en la embajada de Estados Unidos en México
cuando García Luna dirigía la AFI; el ex agente colombiano Luis
Montenegro Rinco, ex director del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS, la policía política), y al ex agente de la DEA Larry
Holifield, enlace entre la DEA y la CIA en Bogotá cuando Montenegro
dirigía el DAS.
Con esos vínculos de años y tras ser colmado de medallas y diplomas
por autoridades de Estados Unidos, la detención de García Luna en Dallas
parece, al menos, contradictoria. A no ser que, como consignó una
Rayuela de La Jornada, se estuviera cumpliendo la máxima atribuida al cónsul Escipión: Roma no paga a traidores;
también cabe la posibilidad de que García Luna haya dejado de ser
productivo en función de los intereses de Washington y ahora era
desechable.
Álvaro García Linera (1962) estudió
matemáticas en la UNAM antes de convertirse en vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, y hoy es exiliado en nuestro país junto con
quien hasta hace una semana fuera presidente, Evo Morales. México
resultó clave en su trayectoria y en su visión integral, como
antropólogo y más tarde como gobernante. En este relato a Proceso de tal
periplo, hecho en 2015, inédito, expone que la integración cultural
latinoamericana es más profunda de lo que los dirigentes de la región
creen.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ávido lector desde su adolescencia,
Álvaro García Linera pudo completar buena parte de su formación
intelectual gracias a la apertura cultural en México, cuando vino a
estudiar matemáticas a la Facultad de Ciencias de la UNAM, y donde
también abonó a su formación política el encuentro con sus compañeros
centroamericanos del exilio.
Venía desde su natal Cochabamba (1962) a la máxima casa de estudios
mexicana. gracias a una tía que radicaba aquí, pues en Bolivia no
existía esa carrera. A su regreso se ligó a los movimientos campesinos,
fue encarcelado durante cinco años y desarrolló una fusión que ligó el
pensamiento de izquierda a la identidad indígena, dado que su país posee
un alto porcentaje de población originaria. Luego habría de formar
parte del gobierno de Evo Morales, a quien a todos llama hermanos. Y
García Linera ha sido el más cercano de sus hermanos.
Hace cuatro años, en octubre de 2015, regresó a la UNAM para hablar
en público en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, de una
antología de sus escritos y trabajos antropológicos hecha por Álvaro
Zárate, Hacia el Gran Ayllu Universal (coedición Universidad ARCIS y
Altepetl Editores). Ahí el sociólogo Armando Bartra a cargo de la
presentación, “Los que reinventaron la revolución”, dijo:
“El marxismo indianista de García Linera vincula creativamente
nuestras raíces con el pensamiento revolucionario occidental,
aproximándose en esto al peruano José Carlos Mariátegui, que desde los
años veinte del pasado siglo propugnaba por un socialismo indiano. Por
ello Mariátegui fue acusado tanto de europeizante como de peruanista. Y
también lo ha sido el Vicepresidente de Bolivia, quien sin embargo
considera que apropiarse críticamente del pensamiento occidental sirve
para robustecer la propia identidad. Idea de la que los textos de la
presente antología son un espléndido ejemplo.
“Termino reiterando una fórmula de Mariátegui que, como García
Linera, yo también hago mía: Por caminos universales, ecuménicos, nos
vamos acercando cada vez más a nosotros mismos.”
Posteriormente, García Linera sostuvo una larga conversación con
Proceso, en la cual narró cómo fue construyendo esa poco común simbiosis
de un alto dirigente político latinoamericano entre su vida intelectual
y su participación como gobernante.
Del texto, resumido, se han omitido las preguntas. Su relato comienza
con la memoria del país latinoamericano que más golpes de Estado tuvo
en el siglo XX, como México los padeció en el XIX.
* * *
Pertenezco a una generación que crece en dictadura. Me acuerdo,
cuando estaba en el colegio, de los golpes de Estado. Ya era una rutina,
oír la radio, la marcha militar, y entonces inmediatamente comprar la
mayor cantidad de pan que se pueda, colocar las frazadas… no, los
colchones en las ventanas, para que no entren las balas, dormir en el
piso, hasta saber quién es el nuevo presidente, porque había golpe y
golpe.
Y había fiesta entre los estudiantes, pues cuando había golpe de
Estado entre los meses de junio y julio, se suspendían las clases y uno
pasaba automáticamente al siguiente año. Y había fiesta porque ya tenía
más vacaciones. Uno crece con eso desde los seis años, siete años, ocho
años, o los desfiles. El desfile cívico era en el primero básico, desde
los seis años. Y se sabía que iba a haber problemas, todo siempre lleno
de militares, en los techos, en los árboles. Está el presidente lejos.
Se grita “¡vienen los universitarios!” y todo el mundo comienza a
apartarse. Y la madre con los cuatro hijos corriendo a buscar periódico
para quemar y que el humo nos ayude a disolver el efecto del gas
lacrimógeno.
Como boliviano desde que tengo memoria, está la imagen de conflicto,
de los militares. A esa edad no entendía bien lo que era, pensé que era
lo normal. Y cuando tengo diez años, el secreto era a voces, se
transmitía. Y yo no entendía de qué hablaban, pero el temor en los ojos,
oír que en la noche alguien va a recoger a un familiar, que lo mandan a
la cárcel o los militares lo han hecho desaparecer. Uno termina
cargando temor en el cuerpo, en la transpiración de las personas cuando
cuentan esto. Ya adolescente, doce, trece años, en los tiempos en que
hay golpe y hay elecciones, hay otro golpe y hay elecciones, me toca un
despertar de la izquierda. Partido Socialista Uno (PS-1), el MIR
(Movimiento de Izquierda Revolucionaria); guerrilla, el ELN (Ejército de
Liberación Nacional) con memoria guevarista, y el MNRI, que es un ala
izquierda. Y esa politización llega a los colegios. Algún profesor te
muestra algún libro de lo que está pasando en América Latina y se
comienzan a formar círculos de lectura.
Yo me sumo a esos grupos de lectura. Me había inducido la madre a que
leyera novela, y cuando quise participar era el más pequeño. Y comienzo
a leer de manera casi obsesiva. A veces uno no podía comprar porque
venía el golpe y los libros de izquierda desaparecían. Pero había
democracia y traían de nuevo libros. Recuerdo a un peruano, vendía en la
universidad en su kioskito. Y la viejita, mi madre, una mujer sola con
cuatro hijos, no profesional, que trabajó como secretaria, nunca me
dejaba de dar mi platita y yo ahorraba para libros. Toda la colección de
Siglo XXI que era un tesoro, la esperaba como si esperara a una novia. Y
así comencé a leer, y a los quince años, de loco, me leí los tres tomos
de El Capital. Era autodidacta. Y cuando ya tenía dieciséis años, todos
militaban y yo estaba en la lectura. Intentamos buscar en partidos
políticos de izquierda un espacio donde debatir y militar, pero algunos
tomaban en cuenta que era demasiado joven o estaban ocupados más en el
activismo de las elecciones que en el debate sobre el socialismo, la
economía o Bolivia.
Entonces renuncié a participar en un partido y comencé a tener
lecturas de la historia de Bolivia para darle como un contenido más
local. A través del profesor que lo hace leer a uno la historia de la
Guerra del Chaco, yo conseguía libros para ir formándome más en la
historia de Bolivia. Y hay un acontecimiento que va a marcar mi vida. Es
el año 79 tengo diecisiete años. Y se da un momento, un respiro
democrático, el gobierno de Lidia Gueiler, la presidenta del Senado, la
primera mujer en la historia de Bolivia. Ella arma su gabinete y llega a
fin de año y se inicia un bloqueo de camino. Eran los campesinos que
iban a la ciudad porque ella había fijado precios a los productos
agropecuarios. Entonces yo estaba atento a los debates políticos en los
periódicos, todos los jóvenes estaban politizados de una u otra manera,
incluso para enamorar uno tenía que ir con su libro de Marx, por lo
menos de Marta Harnecker, si no la chica no le daba bola a uno. Era
parte del humor, del humus colectivo, de la sociedad.
Y ante el bloqueo de caminos, la COB (Central Obrera Boliviana) dice
“no, porque está en contra de la presidenta, tan frágil, y se viene el
golpe”. La COB tenía la autoridad política y moral impresionante. No le
hacen caso a la presidenta los campesinos. Se cierra toda la ciudad, se
cerca La Paz. Y en la ciudad comienza a circular el temor, “vienen los
indios”, aterrando las clases medias y altas, “vienen a quitarnos
nuestras casas, van a entrar de noche, a las empleadas indígenas hay que
encerrarlas y que no estén cerca de cuchillos porque nos van a
apuñalar”. Eso me impactó. Fue un encuentro brutal con un mundo que
había estado siempre ahí, a mi lado. El temor secular de las clases
medias y altas bolivianas frente al indio.
Se arman pequeños grupos que cuidan por la noche que no entren por
los cerros los indios. Todo eso me impacta demasiado. El temor a los
héroes de la película, porque los mineros en la narrativa política eran
el ser supremo, el sujeto de la historia. Y les hablan en aymara frente a
sus gritos en castellano. Y desde entonces, desde este episodio que me
toca vivir en La Paz, la comprensión de la temática indígena se vuelve
para mí casi una obsesión. Hasta el día de hoy.
Releo entonces la historia de Alipio Valencia Vega: El rey chiquito.
El rey chiquito es un ayudante del líder indígena Túpac Katari, libro
que refuerza el acercamiento con el indianismo que recién estaba
erigiendo. Y llego a México y descubro Cinco siglos de guerra Qheswa
Aymara, editado por Guillermo Bonfil Batalla. Recuerdo aún la tapa negra
de la obra que va a ser mi biblia, un recuento de todas las rebeliones,
desde 1532 en Bolivia. Sigue el encuentro con el debate de la guerrilla
guatemalteca del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que
introduce la famosa temática de étnico-nacional en los noventa.
* * *
México me ayuda mucho porque encuentro libros y literatura que no
podía encontrar allá. Encuentro un debate sobre la revolución indígena.
Para mí era una historia reveladora porque en mi izquierda boliviana,
los indios eran pequeño-burgueses o no eran indios, eran campesinos y yo
era una reminiscencia del siglo XIX. Pero el tema de la identidad no
era un tema para nadie. Es la clase obrera y campesina. Indígenas sí,
pero “indígenas” es una forma de evaluarlos, son campesinos y como
campesinos, pequeño-propietarios, y como pequeño-propietarios,
pequeño-burgueses a la larga, sospechosos.
Entonces nunca encontré en mi izquierda boliviana una vereda que sí
empiezo a encontrar en el movimiento indianista y en el debate
centroamericano muchísimo más avanzado en torno a la identidad. Desde la
izquierda.
En ese momento un marxismo en el que me había formado desde los doce,
trece años, se articula con una mirada a la identidad, a la historia de
los pueblos indios. Y es donde de una manera se forma el sustento y el
pensamiento que llevo, esta búsqueda del diálogo entre estas dos
narrativas. La narrativa universalista del movimiento obrero y la
narrativa indígena. Y entonces yo creo una parte sustancial del conjunto
de preocupaciones, del conjunto de esfuerzos intelectuales que he
venido haciendo en relación a la Bolivia de entonces, a las temáticas
indígenas.
No me involucro en la política mexicana, veo los debates, veo a los
jóvenes en la Facultad de Ciencias; pero sí me involucro en esta
estructura organizativa de los salvadoreños, los guatemaltecos. Viajamos
al Salvador. Y la mejor forma de sintetizar el espíritu que yo siento
ese año 83-84, es la canción de Pablo Milanés, “La vida no vale nada”. Y
es que estaba como hoy, platicando con usted, con un salvadoreño, y a
la semana siguiente se informa que está en la carretera con el estómago
abierto y con piedras adentro.
Eso me lleva a actitudes un poco ascéticas. Decía, a los diecinueve
años, cómo voy a estar yo aquí dilapidando dinero, comiendo veinte tacos
al pastor y mi compañero con el que estuve ayer lo están matando y no
tiene para una bala, para defenderse. Y un día me preguntan: “¿Cómo se
define usted?”. Como “un bolchevique espartano”, porque comienzo a
asumir una lógica de la autodisciplina, del ascetismo. Son cosas que a
uno lo van a disciplinar (dormir temprano, no perder el tiempo, asignar
los husos horarios para poder moverse en sigilo). Participar en la vida
con restricciones y con limitaciones. En Ciencias había muchas fiestas y
yo iba, pero tenía una actitud muy distante y me retiraba temprano.
Once y media en punto para llegar a las doce y despertar a las cuatro y
media. Me decía: “¿Cómo voy a tener una mirada festiva de la vida?” Pero
fui cambiando porque lo popular, aun en guerra, nunca pierde su
dimensión festiva. Pero en ese momento lo asumí de esa manera.
Y entonces entra un pequeño grupo de bolivianos descontentos, jóvenes
todos, de la universidad, más otros mexicanos, vinculados a la
experiencia guerrillera centroamericana, nos auto-organizamos, nos
disciplinamos, y decidimos volver a comenzar una actividad política
desde cero. Regresamos a Bolivia. Teníamos veintidós años.
* * *
De vuelta, en poco menos de un año teníamos pequeñas células de
activistas y de productores en Cono Sur, en Huanuni, en Calcari, en
Colquiri. Y sigue entonces la parte más clandestina de nuestra formación
militante. Comenzar a hacer entrenamiento, comprar armas, expandirnos
al campo. Todavía no conocíamos a Evo, pero ya el año 88 en Cochabamba
comenzamos a tener información de un líder muy carismático y de que
compañeras nuestras se enamoraban de él.
Y comenzamos a ir al Chapare y a observarlo. Ya teníamos una célula
en el Chapare que nos daba información de los dirigentes. Es un tiempo
en que llevamos los videos centroamericanos a proyectar a las
comunidades en los viejos videos Beta-Max y llevábamos un televisor, su
casetera y un motorcito de electricidad porque no había electricidad.
Había que caminar con mochila hasta las comunidades, colocar el video,
proyectar y luego comentar y decir “pues miren hay compañeros
preparándose en otros sitios, ¿aquí por qué no?”. Y Evo hacía lo mismo,
en paralelo y nosotros lo sabíamos.
En el 90 se decide conformar el Ejército Guerrillero Túpac Katari con
demandas cada vez más grandes, porque es un tiempo en que viene el
cierre de minas, el debilitamiento del mundo minero, muchos mineros van a
la ciudad y otros regresan al campo. Regresan con toda su experiencia
social y aprovechamos para continuar un trabajo en las comunidades
campesinas. Y vamos creciendo en la preparación de un gran levantamiento
indígena.
Imaginábamos “si alguna vez habrá lucha armada en Bolivia será una
gran sublevación popular, no como una columna guerrillera, pero hay que
formar gente preparada para ese momento”. Es 1992 y nos agarran presos.
Nos hacen desaparecer cinco días, nos mandan a la cárcel cinco años, y
para hacerla en breve, salimos de la cárcel.
Fue duro porque es la derrota. Por mucho que se diga: “No fue la
derrota, ahí me formé”, la cárcel es la derrota. La estructura
organizativa se cae. Gente abandona la lucha y no te dicen. Y entonces
la pelea es contigo mismo. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste contigo?
¿Estratégicamente qué pensaste?
Vi en la cárcel tres tipos de actividades y actitud: la gente que se
refugia en la droga, muy común, porque así se elude de alguna manera el
entorno perverso; la gente, especialmente del entorno popular que entra a
la cárcel a trabajar, para eludir el mundo; y los que nos dedicamos a
la lectura, una manera de huir también, de buscar salir en libertad.
Con incertidumbre pues no teníamos juicio. Podríamos estar veinte
años o una semana. Salimos a los cinco años. Mucha de la gente que nos
había acompañado ya se había dedicado a lo suyo, otros habían
perseverado, otros seguían en sus estructuras sindicales y campesinas.
El EGTK fue la experiencia más importante de Bolivia en el campo. Es una
red de células politizadas y militarizadas que después quedan
desconectadas, algunos se retiran pero quedan, y de hecho muchos de esos
jóvenes que se forman ahí en los noventa, que se repliegan, son los que
luego se convierten en líderes nacionales en los años 2000, y se van a
convertir en diputados en los años 2010, etcétera.
* * *
Salimos de la cárcel, nos vamos a la universidad, y a comenzar de
cero otra vez. Pero con otras herramientas. Ahí conocemos a Evo, ya no
como parte de una estructura clandestina sino como académico. Nos invita
al Chapare, a un ampliado con los productores de hoja de coca. Ya en el
año 2000, en la guerra del agua, Evo sale del Chapare con sus
campesinos, productores de hoja de coca, a apoyar a la ciudad que estaba
reclamando que una empresa norteamericana se vaya. Y ahí nos
encontramos, porque nosotros ya teníamos contacto con fabriles, habíamos
movilizado jóvenes de la universidad.
En el 2001, en nuestros esfuerzos por juntar a los líderes indígenas
se reencuentran con Evo Morales y Felipe Quispe, con quien yo tenía una
relación de años atrás, con Evo reciente, buscando que se unan los
liderazgos del Altiplano y del trópico. Porque en Bolivia la víctima es
la que gana. “La víctima hoy es el triunfador de mañana”. Evo, de origen
aymara, fue el primer diputado indígena. Fue terrible, fue botado del
parlamento, no se puede hacer eso a un indio. En la mentalidad de la
gente, el humilde, maltratado, es el que va a ganar, el que va a ganar
después. Lo botan, sin justificativo, que porque era productor de hoja
de coca. Lo acusan de narcotraficante, de asesino. Nunca había pasado
algo así en la historia de Bolivia, le quitan su fuero parlamentario y
lo sacan del parlamento. La conclusión en el pensamiento popular es:
“Ah, ese es el héroe de mañana”.
En las primeras horas no se entendió eso. Evo se deprime mucho. Pero
cuando van pasando los días, claro, la figura de Evo, ese dirigente
campesino, se convierte en una figura nacional. Va tejiendo alianzas, va
tejiendo acuerdos y es carismático. Y la derecha que lo ataca de manera
tan brutal es la que potencia su figura y carácter de liderazgo
nacional. Claro, fue un ascenso meteórico. Cuatro diputados en el año
2001, y en 2005 gana con el 52% del electorado.
* * *
Viendo en perspectiva y en detalle, una experiencia revolucionaria
llamada Bolivia, encuentra una infinidad de vasos comunicantes con las
experiencias de otros países latinoamericanos. En mi historia sencilla
de militante, y ahora mi historia de vicepresidente, se encuentra el
flujo de México, el guatemalteco, el salvadoreño.
Es también Evo Morales llevando su video y su motor de electricidad a
las comunidades para reunir a miles de personas para proyectar una
película del Ecuador llamada Mamallakta. Y es Evo llevando a las
comunidades a proyectar el video, lo que hace es gatillar, con una
memoria práctica que ayuda a la gente a moverse.
En lo intelectual, en lo político, en lo asociativo, si bien cada
país constituye una esfera relativamente autónoma de experiencia y de
sedimentación de historia, hay por debajo una infinidad de vasos
comunicantes, de acciones, que muestran que es un continente integrado.
Más de lo que uno cree.
La construcción cultural de los pueblos tiene varios pisos, varios
niveles. La vida cotidiana de Bolivia es distinta a la mexicana y
distinta a la paraguaya. Eso es verdad. Hay un nivel de dimensión, de
una autonomía relativa. Pero hay otro segundo piso de un flujo interior,
que se encuentra cuando un mexicano como usted va a Bolivia y se acerca
a unos soldados que le piden que cante “una ranchera”. Eso está en las
películas, a través de las telenovelas. Nos hermana en la música. Y a
veces nos hermana en el discurso y en el proyecto político.
El gran reto de los gobiernos progresistas latinoamericanos es
potenciarlo, reafirmarlo, visibilizarlo, con mayor esfuerzo. Hay más en
común, y más influencia común entre los latinoamericanos en lo popular,
de lo que los gobernantes creen. Así como usted habla de la música
ranchera, la lógica trágica de las telenovelas forma parte de nuestra
identidad, está Bolivia muy formada a partir de la telenovela, como un
constructor de identidad. Se entrecruzan un conjunto de flujos capilares
en nuestras sociedades que le dan una base material a este sueño, a
este horizonte, es decir, integración continental. Hay flujos por abajo
que están siempre. ¿Cómo reforzarlos, visibilizarlos,
institucionalizarlos, darles mayor coherencia?
El neoliberalismo en América Latina ha hecho un doble proceso: de
desposesión y de imposición. De desposesión mediante la transferencia de
los bienes comunes públicos estatales hacia la inversión extranjera,
acumulación por desposesión. No es que acumules plata por lo que
produces, sino que acumulas dinero porque le quitas a otro. Y tus bienes
se ceden a los norteamericanos y franceses. A los canadienses. Es un
proceso de desposesión en toda América Latina y de imposición de una
nueva cultura globalizada. Donde “Somos emprendedores, ya no somos
obreros, estamos globalizados”. La identidad nacional es un arcaísmo y
ahora es el mercado el que define todo. Es una nueva narrativa que se
impone. Ya no eres tú y América Latina, es el mundo. El mercado en la
globalización, lo nuevo. Desposesión de recursos e imposición de una
narrativa supuestamente homogénea, en todo. Pero en América Latina es
una experiencia fallida, porque a los que han despojado bajo el
argumento de “es la mejor manera de generar más riqueza y de distribuir
la riqueza”, han generado más pobres.
La narrativa neoliberal que te impone una supuesta mirada
universalista del mundo, era la mirada de los dueños del mercado del
mundo la que querían imponer. Y en respuesta hubo un renacimiento de lo
identitario, de lo nacional, de lo indígena, de lo popular en los
gobiernos y Estados progresistas. La recuperación del papel del Estado,
articulación con el mercado mundial de manera selectiva, potenciamiento
de mercados internos, diversificación de mercados.
El proceso que vive América Latina está llegando de manera tardía,
una especie de neoliberalización tardía. En México, en España, en
Portugal, en Irlanda, quieren hacer lo mismo en Grecia. No quiero
meterme en asuntos internos de México, ya tendrán su destino, pero puedo
adelantarme, el neoliberalismo tiene un mismo destino. Despojar a las
sociedades de sus recursos, no generar más riqueza, empobrecer más a la
población. Es trágico. Para Bolivia significó un retroceso de veinte
años.
Lo que estamos haciendo en estos últimos diez años es rescatar. Mire,
con el neoliberalismo la tasa de crecimiento de Bolivia, y privatizando
todo (faltó privatizar el aire), fue de 2% de crecimiento promedio
anual. Sin neoliberalismo, en un año de crisis mundial, tenemos más del
doble, 5%. Bolivia ha encontrado el tipo de articulación y acumulación
de riqueza que no se cierra al mundo, no se niega pero sabe incursionar
en el mundo de manera selectiva. No se confía en los mercados, aunque
utiliza el mercado. Tiene al Estado, pero no un Estado que asfixia.
Produce y también regula al privado, y al más pequeñito y al más débil. Distribuye riqueza. Hemos encontrado un tipo de modelo económico que se
muestra exitoso aún en tiempos de crisis. Quiere decir que hay
alternativas al neoliberalismo, en su versión temprana o en su versión
tardía. Hay alternativas viables que pueden resultar.
Mientras la economía mexicana
permanece en un estado de letargo, el gobierno mantiene una postura
pasiva en materia de política macroeconómica. No es lo más conveniente
para un gobierno cuyo proyecto es llevar a cabo una transformación de
gran calado en la sociedad mexicana. El mejor ejemplo de esta pasividad
se encuentra en el terreno de la política fiscal.
En una entrevista poco después de su nombramiento, al titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le preguntó si habría un
estímulo fiscal, dadas las condiciones de estancamiento de la economía
mexicana y el negativo entorno internacional. La respuesta del
secretario Arturo Herrera fue contundente. Nos lo prohíbe la ley, dijo. Su argumentación fue aceptada sin más. El entrevistador no preguntó de qué ley estaba hablando.
El secretario de Hacienda tiene que haberse referido a la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH), aprobada en 2006.
En síntesis, esta norma establece en su artículo 17 que los montos de
ingreso y gasto contenidos en el proyecto del Presupuesto de Egresos
deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos
financieros del sector público. Ese artículo es anticonstitucional,
porque invade la soberanía del Congreso al convertir los requerimientos
financieros del sector público en piedra de toque de toda la política
fiscal.
Este artículo de la LPRH entroniza la noción de superávit primario
como objetivo sagrado de la política fiscal. Esto significa que en el
balance primario, que compara ingresos y gastos sin considerar las
cargas financieras, debe generarse un superávit para pagar esas cargas
financieras. Y como la idea de realizar una reforma hacendaria es tabú
para el pensamiento neoliberal, ese superávit primario sólo puede
lograrse recortando el gasto, lo que ha conducido al estancamiento en
las inversiones en materia de salud, educación y medio ambiente.
Muchos comparan las finanzas del gobierno con las de un hogar
cualquiera, y señalan que no se puede vivir por encima de los recursos
que se reciben. Esto es una tontería, porque los hogares no tienen la
facultad de recaudar impuestos o cobrar por servicios públicos. Pero si
seguimos con esa analogía tendríamos el ejemplo de una familia que
decide recortar su gasto en salud, alimentación y hasta la escuela de
los chicos con tal de dejar un remanente para pagar los intereses de la
tarjeta de crédito. No sería un panorama muy saludable.
Pero la misma LPRH establece una excepción importante. En el artículo
17 (párrafo cuarto) señala que en casos excepcionales se puede prever
un déficit en el presupuesto, aunque esto quede sujeto a una disciplina
consistente en justificar esas razones excepcionales, cuantificar el
monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit y el número de
ejercicios fiscales y acciones necesarias para eliminar dicho déficit.
Esta excepción permitió que el balance primario entre 2009 y 2016
arrojara un déficit primario. El estímulo fiscal para enfrentar los
efectos de la crisis de 2008 no fue del todo adecuado, pero por lo menos
sirve para desmentir al titular de la SHCP cuando señala que la ley
prohíbe al gobierno instrumentar un estímulo fiscal.
Si el gobierno actual prefiere seguir jugando la carta del superávit
primario, así debería señalarlo. El presupuesto para el año entrante
contempla un superávit primario equivalente a 0.7 por ciento del PIB. No
sólo no es un presupuesto contracíclico, sino, a final de cuentas, es
uno que mantiene los lineamientos de la política de gasto neoliberal.
La política económica del gobierno de AMLO se encuentra en una gran
contradicción. El gobierno se aferra a un objetivo estratégico que
consiste en una transformación de dimensiones históricas. Pero esto no
se ve reflejado en su postura de política macroeconómica. A escala
sectorial hay algunas excepciones, pero tampoco se observa un esfuerzo
por cambiar la matriz productiva del país.
Todo parece indicar que en el segundo año del sexenio de López
Obrador el crecimiento también será muy bajo. Si para el tercer año la
economía no repunta, ni los ingresos petroleros ni la recaudación
permitirán mantener el ritmo en los programas sociales que hoy
constituyen la columna vertebral del proyecto. Los resultados positivos
que se puedan alcanzar serán pasajeros. A la postre, la desatención a la
política macroeconómica tendrá efectos desastrosos para este sexenio.
Y no hay que engañarse. La reasignación de gasto para cubrir los
programas sociales del gobierno son un muy bien recibido paliativo para
la gente más castigada por el neoliberalismo. Pero no son, ni de lejos,
un estímulo fiscal, ni la forma de romper de manera durable con la
trampa de pobreza que hoy mantiene atenazada a la mitad de la población
del país.
Este paquete de política económica para el año que viene, el primero
del que es totalmente responsable el gobierno de López Obrador, contiene
elementos de continuidad asombrosa con la política macroeconómica de
los gobiernos neoliberales.
Como una espesa
niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases
medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No
gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza
ni hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se
montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus
fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de
indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.
En el caso de Santa Cruz, organizan hordas motorizadas 4x4 con
garrote en mano para escarmentar a los indios, que los llaman collas y
que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas
de que hay que matar collas, y si en el camino se les cruza
alguna mujer de pollera, la golpean, la amenazan y la conminan a irse de
su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer la
supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y
cargar como si fuera un destacamento de caballería sobre miles de
mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la
mano bates de beisbol, cadenas, granadas de gas, algunos exhiben armas
de fuego. La mujer es su víctima preferida, agarran a una alcaldesa de
una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le
pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan
con lincharla y cuando se dan cuenta que son filmados deciden echarle
pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.
En La paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen
la comida a la mesa, en el fondo les temen, pero también las desprecian.
Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y en él a todos
estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad.
Cuando son muchos arrastran la wiphala, la bandera indígena, la
escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se
descarga sobre este símbolo de indios al que quisieran extinguir de la
tierra junto con todos los que se reconocen en ella.
El odio racial es el lenguaje político de esta clase media
tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe; porque
al final todo se diluye ante el abolengo. En el fondo la estirpe
imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la
piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.
Todo explotó el domingo 20 cuando Evo Morales ganó las elecciones con
más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo, pero ya no con la
inmensa ventaja de antes ni el 51 por ciento de los votos. Fue la señal
que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas, desde el
timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas
ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo
había ganado nuevamente, pero ya no tenía 60 por ciento del electorado, y
entonces estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no
reconoció su derrota. La OEA habló de elecciones limpias, pero de una
victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir contra la
constitución que señala que si un candidato tiene más de 40 por ciento
de los votos y más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo es el
candidato electo.
Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del
lunes 21 se quemaron cinco de los nueve órganos electorales, incluidas
papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico
que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad,
ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y
entonces se desató el terror.
Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, a quemar
sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes
políticos del partido de gobierno, al final hasta el propio domicilio
privado del presidente sería saqueado; en otros lugares, las familias,
incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y
quemados si es que su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a
su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos y el
fascismo asomaba las orejas.
Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe
civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la
presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y
pobladores urbanos y el balance de la correlación de fuerzas se estaba
inclinando del lado de las fuerzas populares, vino el motín policial.
Los policías habían mostrado durante semanas una indolencia e
ineptitud para proteger a la gente humilde cuando eran golpeados y
perseguidos por bandas fascistoides; pero a partir del viernes, con el
desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostrarían una
extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a
manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de
la clase media, y supuestamente no tenían capacidad, pero ahora que se
trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, prepotencia y
saña represiva fue monumental. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a
reprimir manifestaciones civiles, ni aún durante el primer golpe de
Estado cívico de 2008. Ahora, en plena convulsión y sin que alguien
preguntara nada, dijeron que no tenían elementos antidisturbios, que
apenas tenían 8 balas por integrante y que para hacerse presentes en la
calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No
obstante no dudaron en pedir-imponer al presidente Evo su renuncia,
rompiendo el orden constitucional; hicieron lo posible para intentar
secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se
consumó el golpe, salieron a las calles a disparar miles de balas, a
militarizar las ciudades, a asesinar a campesinos. Todo sin decreto
presidencial. Claro para proteger al indio se requería decreto. Para
reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y
clasista ordenaba. En cinco días ya hay más de 18 muertos y 120 heridos
de bala; por supuesto, todos ellos indígenas.
La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase
media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el
pueblo llevándola a abrazar un fascismo racializado centrado en el indio
como enemigo?, ¿cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la
policía y Fuerzas Armadas y ser la base social de esta fascistización,
de esta regresión estatal y degeneración moral?
Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.
Los pasados 14 años de gobierno, los movimientos sociales han tenido
como principal característica el proceso de igualación social, reducción
abrupta de la extrema pobreza (de 38 a 15 por ciento), ampliación de
derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a
protección social), indianizacion del Estado (más de 50 por ciento de
los funcionarios de la administración pública tienen una identidad
indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena),
reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la
diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres), es decir,
la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes
públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido
de 9 mil millones de dólares a 42 mil millones, se amplió el mercado y
el ahorro interno, que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y
mejorar su actividad laboral. Pero entonces esto ha dado lugar a que en
una década el porcentaje de personas de la llamada clase media, medida en ingresos
haya pasado de 35 por ciento a 60 por ciento, la mayor parte
proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de
democratización de los bienes sociales mediante la construcción de
igualdad material, pero que inevitablemente ha llevado a una rápida
devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos
por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el
monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales
propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a
puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de
obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo
puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado, reduciendo a la mitad las
posibilidades de acceder a esos bienes; sino que además los arribistas,
la nueva clase media de origen popular indígena tiene un conjunto de
nuevos capitales ( idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y
reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.
Se trata por tanto de un desplome de lo que era característico de la
sociedad colonial, la etnicidad como capital, es decir, del fundamento
imaginado de la superioridad histórica de la clase media sobre las
clases subalternas, porque aquí en Bolivia la clase social sólo es
comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El
que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la
insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación
que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la
fuerza de la democratización de bienes. Aunque enarbolen banderas de la
democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la
democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso
el desborde de odio, el derroche de violencia, porque la supremacía
racial es algo que no se racionaliza; se vive como impulso primario del
cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el
fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida, sino,
paradójicamente, también en sociedades poscoloniales, el éxito de una
democratización material alcanzada.
Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de
cerca de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios
materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la
democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el
privilegio de casta y apellido.
Pero el odio racial sólo puede destruir; no es un horizonte, no es
más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente
decadente que demuestra que detrás de cada mediocre liberal se agazapa
un consumado golpista.
¿Cómo se ha podido desmoronar el proceso político que más igualdad generó en el país más desigual de América Latina y el Caribe?
Quizás en la misma pregunta está la respuesta.
La derecha nacional e internacional nunca le perdonó a Evo Morales,
un indígena aymara, que se tuvo que campesinizar para hacer frente a los
estragos del neoliberalismo, que nacionalizara los recursos naturales
de Bolivia el 1º de mayo de 2006, tan sólo tres meses después de tomar
posesión, y convocara a una Asamblea Constituyente que otorgaba derechos
como nunca en la historia a las mayorías sociales, al sujeto indígena
originario campesino.
Y por eso le dieron un golpe de Estado en cuanto pudieron. En cuanto
se acumularon suficientes errores sobre los que montarse. En cuanto se
generó el clima social adecuado para poder consumarlo sin que pudiera
ser revertido.
Hoy el golpe de Estado en Bolivia traza una línea que divide no ya a
los antimperialistas, sino a los demócratas, de quienes se amparan en
cualquier error cometido por el gobierno de Evo Morales para justificar o
mirar para otro lado ante el golpe contra la democracia que supone lo
sucedido en el país andino-amazónico.
Porque un golpe cívico-policial, con la complicidad de las fuerzas
armadas, y empujado por una oleada de violencia sin precedentes que
quemaba casas de militantes del MAS-IPSP o secuestraba personas,
dirigida por la derecha racista y reaccionaria, es un golpe de Estado se
mire por donde se mire, sin eufemismos.
Y si Galeano escribía que la historia de América Latina es la
historia del saqueo de sus recursos naturales, parece innecesario
subrayar que también es la historia de la injerencia estadunidense sobre
su patio trasero. Injerencia mediante golpes de Estado, pero también
mediante mecanismos de dominación como la Organización de Estados
Americanos (OEA). Una OEA que tiene responsabilidad directa en el golpe
no sólo por omisión, sino por acción, manipulando a la opinión pública
nacional e internacional sin presentar una sola prueba de fraude, tan
sólo las irregularidades propias de cualquier proceso electoral, y que
de ninguna manera variaban el resultado final de la misma: la victoria
de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo por más de 10 puntos de
diferencia sobre Carlos Mesa. También en algún momento habrá que depurar
responsabilidades sobre quién al interior del gobierno boliviano empujó
para aceptar como vinculante una auditoría de la OEA y Almagro, que es
lo mismo que decir del Departamento de Estado estadunidense, ante un
escenario de retroceso de la integración política latinoamericana, donde
los cipayos locales de EU han destruido la Unasur y vaciado la CELAC.
Porque tampoco cabe ninguna duda del rol jugado por EU en la crisis
posterior al triunfo electoral. A pesar de haber sido expulsados de
Bolivia el embajador, la DEA y la Agencia para el Desarrollo
estadunidenses, la oficina de la CIA al interior de la embajada en La
Paz ha seguido operando los últimos años, fragmentando el movimiento
social en varias partes del país.
Se hace necesario aquí reconocer la grandeza y liderazgo de Evo
Morales, que ha preferido renunciar a un proceso que tanta sangre alteña
y boliviana costó en los años anteriores a 2006. No es casualidad que
esta crisis política se salde sin un solo muerto por represión
gubernamental, en contraste con lo que sucede en Chile, Ecuador,
Honduras o Haití, en este caso con el silencio cómplice de la OEA.
Un Evo que ha preferido asilarse en México, cuando podía haberse
atrincherado en el Chapare y liderar la contraofensiva ante el vacío de
poder que se abre en una Bolivia sin gobierno, sin quorum en la
Asamblea Legislativa Plurinacional para nombrar a una presidenta
interina (el MAS tiene 2/3 de la Asamblea), sin ningún liderazgo
opositor nacional más allá de los liderazgos regionales, y donde la
resistencia al golpe continúa creciendo, sobre todo a partir del núcleo
irradiador de El Alto. Las contradicciones entre el heterogéneo bloque
opositor, el ejército, la policía y las élites económicas no van a
tardar en salir a la luz, y será necesario desnudar los intereses detrás
del golpe de Estado.
En esta época de posverdad, donde se justifica un golpe de Estado sin
que nadie, incluida la propia OEA, haya mostrado una sola prueba de
fraude, ya habrá tiempo de analizar los errores cometidos por el
gobierno popular de Evo Morales. Pero ahora son tiempos de resistencia.
De cuidar a los compañeros y compañeras perseguidas por sus ideas
políticas, y de generar un movimiento mundial de solidaridad con el
proceso de cambio boliviano y su presidente indígena, antimperialista,
anticapitalista y anticolonialista. Tiempos de organizar la resistencia
interna, que va a ser de larga duración.
Ya habrá tiempo de reflexionar por qué no pudieron, con una potencia
de fuego, político, económico y mediático, diez veces superior, con la
revolución bolivariana, donde a pesar de todos los errores se pudo
construir no sólo una unidad cívico-militar, sino un pueblo con
conciencia crítica y un partido que no fue vaciado por el Estado y fue
clave para la movilización popular.
Bolivia no es Venezuela, ni el proceso de cambio la revolución
bolivariana. Pero Evo sí es Chávez, es Allende, es Mandela, es todas y
cada una de las personas que luchan por un mundo mejor, con justicia
social y ambiental.
A raíz de las declaraciones del divisionario Diplomado de Estado Mayor
Carlos Gaytán Ochoa, López Obrador, descartó “intentos de conspiración”
en relación a los resultados del operativo de octubre pasado en
Culiacán.
En una conferencia mañanera, el mando supremo, respondió a las críticas
del militar, lo cual da a entender que “existen discrepancias de parte
de militares, por el actuar del Gobierno y su trato hacia las fuerzas
armadas.
El entuerto provocó una preocupación de medios, analistas e
intelectuales, cierto hay sinsabor no sólo en estos sectores y en la
sociedad, sino entre los militares, pero las declaraciones del militar,
no pasan de ser una baladronada, de un mando con turbio pasado que
auspició la participación activa del Ejército en asuntos que prohíbe la
Constitución general y la ley militar.
Queda prohibido a todo militar, desempeñar funciones de policía urbana o
invadir las funciones de ésta… Los militares, de cualquier graduación,
no intervendrán jamás en asuntos de la incumbencia de las autoridades
civiles… Art. 28, 29 RGDM.
El militar no deberá elevar quejas infundadas, hacer públicas falsas
imputaciones o cometer indiscreciones respecto de los actos del
servicio… Todo militar que se exprese mal de sus superiores en cualquier
forma, será severamente castigado… Cuando el militar eleve quejas
infundadas, haga públicas falsas imputaciones contra sus superiores o
cometa indiscreciones en asuntos del servicio, será castigado con
arreglo al Código de Justicia Militar. Art. 12, 16 y 17 LDM.
A falta de valor civil para enfrentar una orden del Presidente, el
discurso es convocado y apoyado por el mismo, General Secretario Luis
Crescencio Sandoval.
Lo que lleva a concluir que México carece de una relación civil-militar
democrática, donde el poder militar esté sometido al poder civil, la no
deliberación de los militares en asuntos políticos. Art. 129 c
He seguido atento las “propuestas” relativas a la seguridad para lograr
la paz, la estrategia que ella plantea, es equivocada, pues la seguridad
pública no tiene que ver con militares, no tiene que ver con el
Ejército, no tiene que ver con políticas represivas o cárceles, ni con
ocurrencias e improvisaciones.
Hay que cambiar los parámetros sobre cómo se concibe la seguridad
pública: de una visión de control social y de maniobras perversas en
contra de la sociedad para sostener un régimen autoritario y depredador,
continuado incluso por la 4t, a otro donde se piense la seguridad
pública, como una función del Estado, como un bien público, como un
derecho humano, que quien el único que lo debe prestar es el Estado.
Mas cuando en México históricamente la clase política nacional, les ha
adjudicado a los militares, claro con su complacencia y cobros de
factura, la seguridad pública, facultad y única responsabilidad
constitucional atribuida a las autoridades civiles en el ordenamiento
federal (Art. 21), aquí incluiría el sistema de seguridad y justicia de
las comunidades indígenas o de los grupos de autodefensas surgidos en
Michoacán, ahora con presencia en 11 entidades federativas. Cómo se
puede ocultar la legitimidad de un movimiento social, a falta de
Gobierno, de justica o por la interrupción de la observancia
constitucional. (Informe CNDH/2013)
Quizá no tenga la facilidad para darme a entender, “No hay que confundir
las cosas por muy parecidas que las creamos”. La situación de las
relaciones entre civiles y militares ha carecido de estudios serios. La
única teoría que tiene amplia aceptación derivada de las premisas del
liberalismo americano, es la investigación que realizó sobre el tema
Samuel P. Huntington en 1956. (El Soldado y el Estado: Teoría y Política
de las relaciones civiles-militares)
Huntington sustenta en su análisis dos hipótesis: La primera, supone que
las relaciones civiles-militares, en cualquier sociedad, deben ser
estudiadas como un sistema de partes interdependientes. Define como
principales componentes del sistema tres situaciones: A.- La posición
formal, estructural, de las instituciones militares en el Gobierno; B.-
El papel informal y la influencia de los grupos militares en la política
y en la sociedad a la larga; y C.- La naturaleza de las ideologías de
los conjuntos militares y no militares.
Como partes de un sistema total, ninguno de estos componentes puede
cambiar sin provocar efectos en los demás conjuntos. Cualquier sistema
de relaciones civiles-militares involucra así un difícil equilibrio de
poder; de un lado, entre la autoridad, influencia e ideología de los
militares; y del otro, entre la autoridad, influencia e ideología de los
grupos civiles. En este contexto, el equilibrio puede ser conseguido
de varias formas.
La segunda hipótesis señala que, partiendo de ciertas premisas
concernientes a la naturaleza y al propósito de las instituciones
militares, es posible definir en abstracto ese tipo particular de
equilibrio -control civil objetivo- que maximiza la seguridad
militar.
Utilizando este enfoque, es posible visualizar hasta qué punto el
sistema de relaciones civiles-militares tiende a mejorar o a deteriorar
la seguridad militar de una sociedad determinada. Es también posible
sugerir los cambios necesarios en las partes componentes del sistema
para aproximarlo al punto de equilibrio, es decir, al control civil
objetivo.
Así las cosas, Huntington considera que las relaciones civiles-militares
son un aspecto de la política de seguridad nacional. El objetivo de la
política de seguridad nacional es mejorar la seguridad de las
instituciones sociales, económicas y políticas contra amenazas que
provienen de otros Estados independientes o de índole subversivo desde
el orden interno.
La política de seguridad nacional puede manifestarse en tres formas:
A.- La política de seguridad militar: Es un programa de actividades
planeado para disminuir o neutralizar los esfuerzos destinados a
debilitar o destruir a la nación, realizados por fuerzas armadas que
operan fuera de sus límites territoriales; B.- La política de seguridad
interna: Trata de la amenaza de subversión; es decir, el esfuerzo
destinado a debilitar o destruir al Estado, impulsado por fuerzas que
operan dentro de sus límites institucionales y territoriales; C.- La
política de seguridad situacional: Concierne a la amenaza de erosión
proveniente de cambios a largo plazo en las condiciones sociales,
económicas, demográficas y políticas que tienden a reducir el poder
relativo del Estado.
Esta visión de la política de seguridad nacional en cada una de sus
manifestaciones, militar, interna y situacional, se desarrolla en dos
planos, uno institucional y otro operativo. El plano operativo, implica
los medios inmediatos a que se apela para afrontar las amenazas a la
seguridad. El plano institucional trata la manera en que la política
operativa es concebida, formulada y ejecutada. Las relaciones
civiles-militares son el principal componente de la política de
seguridad militar.
Los planteos o conclusiones operativas inmediatas de la política
militar, involucran normalmente: los planteos o conclusiones
cuantitativos de los recursos del Estado dedicados a las necesidades
militares; los planteos o conclusiones cualitativos de la organización,
composición, equipamiento y empleo de las fuerzas militares; y los
resultados dinámicos de la utilización de las fuerzas militares de
cuándo y bajo qué circunstancias serán puestas en acción.
La naturaleza de las resoluciones sobre estos asuntos es determinada por
el esquema institucional a través del cual se toman esas decisiones.
Los temas fundamentales de la política institucional están siempre
presentes, son continuamente redefinidos, pero nunca resueltos. El
ordenamiento de las relaciones civiles-militares, por consiguiente, es
básico para determinar la política de seguridad de la nación. El
objetivo de esta política en el plano institucional es desarrollar un
sistema de relaciones civiles-militares, que realcen en grado máximo la
seguridad militar con el menor sacrificio de otros valores sociales. El
logro de este objetivo comprende un intrincado equilibrio de poder y
de actitudes entre los grupos civiles y militares. Las naciones que
logran un esquema balanceado en las relaciones entre civiles y
militares, poseen una gran ventaja en su búsqueda de la seguridad. Por
otra parte, las naciones que fracasan en desarrollar un sistema
cívico-militar [civil-militar] bien balanceado, malgastan sus recursos y
se exponen a riesgos incalculables.
Las instituciones militares de cualquier sociedad están conformadas por
dos impulsos; por un lado, el imperativo funcional que surge de las
amenazas a la seguridad de la sociedad, y por el otro, el imperativo
social proveniente de las fuerzas sociales, ideologías e instituciones
dominantes dentro de la sociedad.
Las instituciones militares que reflejan sólo los valores sociales
pueden verse incapacitadas para ejercer sus funciones militares
eficazmente. Por otra parte, puede ser imposible contener dentro de una
sociedad instituciones militares formadas puramente por imperativos
funcionales. La interacción de estos dos impulsos constituye la esencia
del conflicto en las relaciones civiles-militares. El grado en que ambos
impulsos o fuerzas entran en confrontación depende por una parte, de la
intensidad de las necesidades de seguridad, y por la otra, de la
naturaleza y fuerza del esquema de valores de la sociedad. El ajuste y
equilibrio entre estos componentes de las relaciones civiles-militares
no viene solo, algunas sociedades pueden ser inherentemente incapaces de
proporcionar las bases adecuadas para su propia seguridad militar.
Tales sociedades carecen de valores de supervivencia en una época de
continuas amenazas.
Siendo plausible lo hasta aquí asentado, nos preguntamos: ¿Qué esquema
de relaciones civiles-militares mantendrá mejor la seguridad de una
nación?
Lo primero que tiene que considerarse en las relaciones
civiles-militares es el trato que tiene el Estado con el cuadro de
oficiales. En este espacio es donde llega al máximo el conflicto entre
las presiones que surgen del imperativo funcional y las provenientes
del imperativo social.
Por una parte, el cuadro de oficiales es el elemento dirigente activo de
la estructura militar y es responsable de la seguridad de la
comunidad. Por la otra, el Estado es el elemento dirigente activo de la
sociedad, y es el responsable de la distribución de recursos entre los
valores sociales, incluyendo la seguridad militar. En consecuencia, al
analizar las relaciones civiles-militares, lo primero que hay que
definir es la naturaleza del cuadro de oficiales. ¿Qué clase de
corporación es el cuadro de oficiales? ¿Qué ralea de hombre es el
oficial militar?
El moderno cuadro de oficiales es un organismo profesional y el actual
oficial militar es un hombre profesional. Una profesión es un tipo
peculiar de grupo funcional de características altamente especializadas.
El profesionalismo es característico del oficial moderno en la misma
forma que se caracteriza el médico o el abogado.
El profesionalismo distingue al oficial militar de hoy en día del
guerrero de otras épocas. La existencia del cuadro de oficiales como
cuerpo profesional da característica única al problema moderno de las
relaciones civiles-militares.
La naturaleza de otras profesiones como profesiones, así como su
historia, ha sido ampliamente discutida. Sin embargo, el carácter
profesional del moderno cuadro de oficiales ha sido descuidado. En
nuestra sociedad, el hombre de negocios puede manejar más dinero, el
político más poder, pero el profesional puede manejar más respeto.
Cuando el término profesional ha sido empleado en relación con los
militares, casi siempre lo ha sido en el sentido de profesional como
opuesto al amateur, más que en el sentido de profesión en contraste con
comercio u oficio. Las frases “ejército profesional” y “soldado
profesional” han oscurecido la diferencia entre el “enganchado”, que es
profesional en el sentido de uno que trabaja por ganancias monetarias, y
el oficial de carrera, que es profesional en el sentido, muy diferente,
del que persigue “un puesto más alto en el servicio de la sociedad”.
La seguridad pública, debe descansas en esta relación civil-militar,
donde el poder militar esté sometido, subordinado absolutamente al poder
civil del Estado. Cualquier Gobierno por más legítimo que llegue al
poder, incluso con el cien por ciento de la votación, si no tiene este
cimiento NO PODRÁ GOBERNAR, porque va en contra del orden
constitucional, por tanto la gobernación será nula de pleno derecho.
Esta definición llevó a los Estados Unidos a convertirse en el país más
poderoso del mundo. La prohibición del uso de las tropas militares en
las tareas de seguridad se decretó desde 1854. “Las fuerzas armadas
están diseñadas para pelear en la guerra, mientras que las fuerzas
policiales están diseñadas para hacer cumplir la ley”.
En las condiciones de abdicación del poder civil, la 4t no está en
condición de establecer una relación civil-militar, donde esté sometido
el Ejército a los controles institucionales.
Thierry
Meyssan señala la extrema importancia, no de la retirada estadounidense
de Siria sino del derrumbe de los puntos de referencia actuales del
mundo. Estima que estamos entrando en un corto periodo de transición en
el cual los que hoy controlan los acontecimientos, que son los «capitalistas financieros»
–aunque los actores que designa de esa manera no tienen nada que ver
con el capitalismo original ni tampoco con la banca original– van a ser
apartados en beneficio de las reglas de derecho que Rusia enunció…
en 1899
Estamos viviendo algo que sólo se ve una o
dos veces cada 100 años. Está surgiendo un nuevo orden mundial y todas
las referencias anteriores desaparecen. Los que antes fueron
increíblemente vilipendiados ahora triunfan mientras que los que solían
dictar su voluntad están en pleno descenso al infierno. Es cada vez
más evidente que las declaraciones oficiales y las interpretaciones que
los periodistas divulgan ya no corresponden a los hechos.
Los comentaristas tendrán que cambiar de discurso, rápida y
radicalmente, o van verse barridos por el remolino de la Historia.
En febrero de 1943, la victoria soviética ante la invasión nazi
cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese hecho,
lo que vino después ya era inevitable. Pero todavía hubo que esperar que
tuvieran lugar el desembarco anglo-estadounidense en las playas de
Normandía –en junio de 1944–, la conferencia de Yalta –en febrero
de 1945– y la capitulación del Reich –el 8 de mayo de 1945– para
finalmente ver el nacimiento del mundo nuevo.
En un solo año, el Reich nazi había perdido su lugar y se veía
reemplazado por nuevas potencias: Estados Unidos y la Unión Soviética.
En aquel mundo nuevo, el Reino Unido y Francia, que 12 años antes aún
eran las dos primeras potencias mundiales, quedaban como espectadores
del proceso de descolonización de sus respectivos imperios.
Hoy estamos viviendo un momento similar.
Cada periodo histórico tiene su propio sistema económico y construye
una superestructura política destinada a proteger ese sistema. Al final
de la guerra fría y con el derrumbe de la URSS, el presidente
Bush padre desmovilizó un millón de militares estadounidenses y confió
la búsqueda de la prosperidad a los dirigentes de las grandes
transnacionales. Estos últimos se aliaron al dirigente chino Deng
Xiaping y trasladaron grandes cantidades de empleos estadounidenses
a China, país que se convirtió así en la gran fábrica del mundo.
Pero,
lejos de ofrecer prosperidad a sus conciudadanos, los dirigentes de las
transnacionales acapararon sus ganancias, provocando la lenta
desaparición de las clases medias en las naciones de Occidente. En 2001,
financiaron los atentados del 11 de septiembre para imponer al
Pentágono la estrategia Rumsfeld/Cebrowski de destrucción de los
Estados [1]. El presidente Bush hijo transformó entonces el «Medio Oriente ampliado», o «Gran Medio Oriente» en campo de batalla de una «guerra sin fin».
La liberación en una semana de una cuarta parte del territorio
nacional sirio no es sólo la victoria de Bachar al-Assad, el presidente
sirio que desde hace 8 años «tiene que irse». Es también el
fracaso de la estrategia militar tendiente a instaurar la supremacía
del capitalismo financiero. Ha sucedido lo que parecía inimaginable.
El orden mundial se ha modificado y la subsiguiente secuencia de
acontecimientos es inevitable.
La fastuosa acogida al presidente ruso Vladimir Putin en Arabia
Saudita y en Emiratos Árabes Unidos es una muestra del espectacular
cambio de posición de las potencia del Golfo Arábigo-Pérsico, que ahora
se pasan al bando ruso.
La también espectacular redistribución de las cartas en Líbano es
igualmente muestra del mismo fracaso político del capitalismo
financiero. En un país dolarizado donde desde hace un mes ya
no se encuentran dólares, donde los bancos cierran sus puertas y
se limitan las extracciones de dinero que los clientes pueden realizar,
las manifestaciones anticorrupción no podrán detener la caída del
orden anterior.
Los estertores del orden agonizante se hacen sentir por todas partes.
En Ecuador, el presidente Lenín Moreno atribuye a su predecesor Rafael
Correa –quien vive en Bélgica– y a un símbolo de la resistencia frente
a la explotación financierista –el presidente venezolano Nicolás
Maduro– la responsabilidad de haber organizado lo que en realidad es un
levantamiento popular contra las medidas del capitalismo financiero.
El Reino Unido ya retiró de Siria sus fuerzas especiales y ahora está
tratando de salir del Estado supranacional que es la Unión Europea.
Después de haberse planteado la posibilidad de conservar el
Mercado Común (el proyecto de Theresa May), el Reino Unido decide romper
con toda la construcción europea, conforme al proyecto de Boris
Johnson. Mientras tanto, después de los errores de los ex presidentes
Nicolas Sarkozy y Francois Hollande, a los que se agregan ahora los
errores del presidente Emmanuel Macron, Francia pierde súbitamente toda
credibilidad e influencia.
Por su parte, los Estados Unidos del presidente Donald Trump dejan de ser la «nación indispensable», el «policía del mundo»
al servicio del capitalismo financiero para tratar de convertirse
nuevamente una gran potencia económica. Así que Estados Unidos retira
su arsenal nuclear de Turquía y se dispone a cerrar el CentCom en Qatar
mientras que todos reconocen a Rusia como la potencia «pacificadora» que hace prevaler el derecho internacional que ella misma había creado cuando convocó –en 1899– la «Conferencia Internacional por la Paz» de La Haya, cuyos principios los miembros de la OTAN han venido pisoteando.
La Segunda Guerra Mundial puso fin a la Sociedad de las Naciones para
dar paso al nacimiento de la ONU. De la misma manera, este mundo nuevo
creará probablemente una nueva organización internacional basada en
los principios de la Conferencia de 1899, realizada en La Haya por
iniciativa del zar Nicolás II y del premio Nobel de la Paz Leon
Bourgeois. Para eso, primero habrá que disolver la OTAN, que tratará de
sobrevivir extendiéndose al Pacífico, y también la Unión Europea,
convertida en refugio del capitalismo financiero.
Tenemos que comprender bien lo que está sucediendo. Estamos entrando
en un periodo de transición. Lenin decía, en 1916, que el imperialismo
era la fase suprema de la forma de capitalismo que desapareció con las
dos Guerras Mundiales y con la crisis bursátil de 1929. El mundo de hoy
es el mundo del capitalismo financiero, que arruina una por una las
economías nacionales favoreciendo únicamente a unos pocos súper ricos.
Su fase suprema suponía dividir el mundo en dos partes, poniendo de
un lado los países estables y globalizados y del otro lado vastas
regiones del mundo sin Estados, reducidas a servir únicamente como
“reservas” de materias primas.
Ese modelo, rechazado tanto por el presidente Trump en Estados Unidos, como por los «Chalecos Amarillos» en Europa occidental y por Siria en el Levante, es el modelo que hoy agoniza ante nosotros.
I. La fecha de nacimiento del gobierno de la
Cuarta Transformación (4T) no data de la insurrección “ciudadana” del 1
de julio de 2018, sino del período de la campaña electoral. La
apariencia “anti-empresarial” de la 4T fue borrada en este período. De
la mano de Carlos Urzúa y Alfonso Romo –portavoces del capital
financiero, industrial, comercial– quienes subrayaban la postura de
“centro-izquierda” del proyecto, el principal dirigente de la 4T (AMLO)
autoproclamó en dicho periodo de campaña sus compromisos “a los
inversionistas nacionales y extranjeros”, tales como: respeto a
contratos y concesiones establecidas; aseguramiento del sistema
financiero; independencia de Banco de México; disciplina fiscal;
superávit primario; rechazo a la Reforma Hacendaria progresiva; respaldo
al TLCAN.
II. Reconociendo las Deudas (corruptas, ilegítimas) del “viejo régimen”, el “nuevo régimen” de la 4T aceptó sin cuestionamientos prácticos la hegemonía de la oligarquía financiera,
la principal expoliadora del país. ¿Es posible un “nuevo régimen” con
viejos acreedores y añejas obligaciones? ¿Puede hablarse de un nuevo
régimen con hegemonía secular?
III. Con cargo en la reproducción
de rezagos sociales y del histórico atropello de las necesidades
colectivas y populares (educación, salud, etc.), el “gobierno de la
austeridad” consolida el poder del capital financiero (con inéditas
transferencias de 1 billón de pesos anuales equivalentes a 50 mil
millones de dólares). Tras la supuesta premisa de “extirpar la
corrupción” anidada en las “alturas” del aparato estatal, en su
desmesura, la “austeridad” se ha hecho “República”, y observamos la
acentuación del adelgazamiento de la máquina estatal (una máxima
neoliberal). Las principales repercusiones de ello se han orientado
contra los derechos laborales de los trabajadores de la función pública
(administrativos, médicos, enfermeras, doctores, profesores, etc.). A
ello hay que añadir que, en el país de la precariedad y de la
informalidad laboral, la disciplina fiscal y el régimen de austeridad
defendidos con firmeza por el gobierno de la 4T, mantienen y agravan el
atraso, el deterioro y el subdesarrollado estado de los servicios
públicos del Estado.
IV. La 4T desperdició la oportunidad de
derrumbar (¡en unos cuantos días!) los principales nudos del patrón de
acumulación y reproducción del capitalismo mexicano dependiente de la
economía estadounidense, esto es, el TLCAN y el yugo financierista. No
realizó ningún desafío al sistema financiero internacional a través de
un arrojado Presupuesto Público Federal que tuviera como prioridad las
necesidades sociales (educación, salud, ciencia y tecnología, etc.). No
ofreció ninguna respuesta contundente a la amenaza-extorsión de Trump
respecto a los “aranceles” al comercio de mercancías y por la defensa de
los derechos de los trabajadores migrantes que impidiera la mayor crisis migratoria que día a día crece en el país.
V. Una forma
política de régimen no se define por un carácter “honesto” o
“corrupto”. En el remoto caso de que en el mundo del capital pudiera
ocurrir un “gobierno honesto”, existe una gran distancia entre
“eliminar” la corrupción mediante el ejercicio de un gobierno con este
carácter y el establecimiento de una nueva forma política de régimen.
En consecuencia, barrer a los “corruptos del pasado” –aun en el caso
que así pueda serlo– no es suficiente para conformar un “nuevo régimen
político”.
Un régimen político se explica a partir de las clases y fuerzas sociales
que concentran y ejercen el poder político, así como las formas y
medios por los que se construyen los procesos de acumulación, las
relaciones de explotación y condiciones de dominación. En stricto sensu éstas fuerzas no se identifican inmediatamente con “los corruptos” (por ejemplo, los hasta ahora investigados o procesados en el país), sino sustancialmente con aquellas clases sociales o fracciones de éstas que detentan la capacidad de imponer sus intereses de clase y construyen la modalidad predominante –actualmente vigente– de acumulación y reproducción del capital
(banqueros, financieros, exportadores, importadores, manufactureros,
propietarios del sector de telecomunicaciones, del sector turismo,
etc.).
La construcción de un nuevo régimen político implica –entre otros elementos– trastocar la capacidadpolítica de
las fuerzas de clase que detentan y ejercen el poder político (fuerzas
hegemónicas). En consecuencia, significa poner en marcha la
de-construcción de los intereses y políticas económicas que cimientan y conforman la modalidad de acumulación-reproducción del capital predominante impuesta por dichas fuerzas.
La
noción acuñada de “mafia del poder” (AMLO) reduce el cuestionamiento
del orden económico y político al funcionamiento corrupto y vertical del
aparato estatal (y de sus actores) y sus vínculos con los agentes
económicos, si bien es indicativa de la tradicional lumpenpolítica
practicada en el seno del aparato estatal y grupos empresariales, en
rigor resulta desorientadora. También deja de lado el papel del Estado y
las relaciones de poder entre las clases sociales en el establecimiento e imposición de la forma dominante de acumulación del capital en el conjunto de la sociedad.
En
el límite, la narrativa “anticorrupción” de la 4T lleva a la apología
del orden del capital y su modalidad de acumulación. Por medio del
genuino discurso y política de “combate a la corrupción” como bandera de
justicia social, AMLO hace de la “corrupción” el “principal problema
del país”. Sin embargo, con aquél combate otorga legitimidad a un
orden que paradójicamente fetichiza las contradicciones históricas de
la sociedad: el modo de acumulación-concentración del capital, las
transferencias de riqueza al exterior, la subordinación y dependencia
del régimen económico-político y los antagonismos sociales y de clase.
Para la 4T, la “solución” a ello se presenta con la simple fórmula de un
“gobierno honesto”, con lo que se perpetúan dichas contradicciones
reales.
VI. Bajo el lema de “separar el poder político del poder económico”, se pretende neutralizar los privilegios y la capacidad política de la oligarquíapredominante
de imponer sus intereses, y reconstituir a la República sobre la forma
de un “pluralismo” político-democrático sustentado en un “Estado de
Derecho”. De este modo, se busca la ampliación de espacios para el
conjunto de fuerzas u organismos económicos y sociales, así como el
establecimiento de “nuevas” condiciones de competencia económica y
política.
En este sentido, anteponer la “unidad nacional” y/o el
“interés general” al estrecho círculo de una lumpenburguesía
oligárquica corrupta (cuasi-monárquica y/o autárquica), supone elevar y aperturar al conjuntogeneral de las clases propietarias a la dominación del capital sobre los explotados y/o desposeídos.
Por tanto, la convocatoria a la “unidad nacional” de la 4T –que buena
parte de la oligarquía rechaza con desprecio–, representaría una alianza
entre “ricos y pobres”, “millonarios y hambrientos”, en condiciones estructurales e institucionales que favorecen permanentemente a los primeros,
con lo que dicha “separación” –entre “poder político” y “poder
económico”– termina por ser una apariencia, abiertamente manipulatoria.
No
obstante, hasta ahora, la pretendida “unidad nacional” (pluriclasista,
“sin privilegios”, “democrática”) ni por asomo se ha acercado a remover
tanto las relaciones esenciales de la acumulación del capital como la
composición de las relaciones de hegemonía en el seno de las fuerzas
políticas (de clase) en México. Por lo que se recrea así una
“reconciliación nacional” imaginaria, que se constituye bajo la
permanente égida de las fuerzas hegemónicas (financieras, exportadoras, y
fracciones de clase subordinadas al capital internacional
predominantemente estadounidense).
VII. La “abolición” del
neoliberalismo sólo ocurre en la fantasía de la nueva fracción política
“reinante” en el aparato estatal, en la imaginación del gobierno y en
sus desveladas frases. Sus acciones dicen lo contrario: transferencias
de riqueza al capital financiero, defensa de la liberalización
comercial, austeridad, recorte del Estado, ningún aumento en gasto
educativo, salud, caída de inversión productiva, etcétera.
VIII.
Las expresiones que sintetizan la apariencia “antineoliberal” de la 4T
son el “desarrollo” y el “bienestar”. Orientadas a la construcción de un
“nuevo pacto social”, y una de “política social” y de “bienestar”, son
un evangelio incapaz de cuestionar al capital y sus relacionesde apropiación del patrimonio público, despojo (territorial y de la biodiversidad) y superexplotación del trabajo. Sin embargo, es fundamental resaltar que estas expresiones impactan en la conformación de un Estadodespolitizador, el cual es impuestosobre los explotados por el mundo del capital.
La “redistribución del ingreso” (según AMLO) o “crecimiento inclusivo” (de acuerdo con el FMI), sin ninguna mudanza estructural, apenas levantan el derecho a una “asistencia pública” frágil, acrítica y subordinada al orden clasista de opresión, injusticia social y desigualdad prevaleciente.
IX. Con la postración de un Estado austero, en el límite de la crisis
fiscal, la 4T estimula y acrecienta el reino de la llamada Iniciativa
Privada (el gran capital) en la mayor parte de espacios y circuitos
económicos de la esfera social al que el propio Estado (“sin recursos”)
ha renunciado. Es el caso, por ejemplo, del sector de la Petroquímica o
del “Plan de Infraestructura”, que eleva la participación de la IP (con
el magnate Carlos Slim al frente) en la infraestructura social y hace
retroceder la inversión pública y de “desarrollo” –por cierto, digámoslo
fuerte– diseñada y organizada por el empresario neoliberal Alfonso
Romo.
La obstinada convocatoria y defensa del nuevo gobierno
para recurrir a la inversión extranjera y nacional se explica por esta
señalada retracción y renuncia de la participación del Estado como
capitalista colectivo –aquí su límite desarrollista–. Lo anterior revela entonces la total ausencia de un programa deruptura
con el orden económico de la mundialización neoliberal y la
construcción de una alternativa social real. Esto es así a pesar de las
disputas y contradicciones existentes (política energética en Pemex,
CFE, gasoductos, etc.) entre el gobierno de la 4T y las clases
predominantes locales-extranjeras, quienes defienden sin tregua sus
intereses de clase (certidumbre jurídica, el Estado de Derecho,
la reforma laboral “competitiva, T-MEC, las instituciones supuestamente
“autónomas”, los llamados farmouts, los amparos judiciales; la “flexibilidad” fiscal, etc.), y forman en la derecha una oposición posesiva y destructiva.
X. El llamado decálogo de la “nueva política industrial” en absoluto
intenta construir una nueva capacidad de organización y estructura
industrial que supere la subordinación del aparato productivo a los nodos de una economía exportadora. Por
el contrario, mantiene el absoluto dominio trasnacional (división
internacional del trabajo) y la estructura altamente importadora (en
déficit estructural), de baja generación de valor en aquellos sectores
de especialización productiva que lograron integrarse a las cadenas
mundiales de valor –organizadas por las grandes corporaciones
trasnacionales demandantes de las condiciones de superexplotación del trabajo de los países dependientes y periféricos—.
La
dinámica de la política industrial y del mercado nacional reafirman y
consolidan su supeditación a la demanda externa y al inestable (des)
orden económico de la globalización neoliberal, muy próxima de una nueva
recesión. Dicha supeditación es evidenciada con la enérgica
persistencia de la brutal violencia que se vive bajo la
no-correspondencia entre el salario y el costo de la vida y que se
refleja en las disminuidas metas de la 4T de incrementar el salario
mínimo “por lo menos dos puntos porcentuales” (AMLO) por encima de la
inflación, y de lograr una recuperación del poder adquisitivo de “20 por
ciento” en el periodo 2019-2024, además de su prácticamente nulo
combate a la informalidad y precariedad del trabajo propuesto en el Plan
Nacional de Desarrollo.
XI. Por medio de un proceso de
incorporación de la región del Sur-Sureste del país se pretende
“superar” los graves problemas de concentración y desigualdad
geográfica-territorial, económica y productiva, promovidos por la
integración subordinada-segmentada a la economía estadounidense. Ello
implica la construcción de nuevos polos productivos en la región
(parques manufactureros-maquiladores, Zonas Económicas Especiales)
orientados a proveer de bienes a la demanda de las cadenas globales de
valor, mismas que contarán con una nueva plataforma de infraestructura
(Corredor Transístmico) que daría un inmejorable impulso al
mercantilismo capitalista global y a la dependencia exportadora de una
economía de cuyas contradicciones le impiden conformar el crecimiento de
un mercado interno de masas a razón de que ésta es sustentada en un mundo del trabajo centrado en relaciones de superexplotación.
Otro
conjunto de megaproyectos (Tren maya, oleoductos, minería, carreteras,
etc.) dominados por grandes capitales completarán esta nueva etapa de
incorporación “tardía” de la región sur-sureste a las formas de
acumulación de capital e integración subordinada al capital extranjero,
para lo que se han venido activando políticas de contrainsurgencia,
cooptación y desorganización de la lucha popular en las respectivas
poblaciones y territorios. Sin embargo, todos estos proyectos en lugar
de procurar romper la subordinación económica al mercado mundial,
terminan por incrementarla.
XII. Contario a lo esperado, el gobierno de la Cuarta Transformación reactiva y continúa con las políticas de un Estado de excepción que
ahora suponen promover la defensa de la “seguridad nacional” ante
“amenazas potenciales” (“crimen organizado”, “sabotaje”, etc.).
Despliega su mayor capacidad para coaccionar y desmovilizar
la lucha social, e irónicamente, revela su impotencia y aguda
incapacidad de poner fin a la violencia social y a la crisis de
“seguridad pública”, argumento utilizado para imponer la militarización
oficial del país. De este modo, la Guardia Nacional reedita la Ley de
Seguridad Interior elaborada por el gobierno anterior como arma de criminalización y militarización
de las luchas populares en defensa del medio ambiente, la
biodiversidad, el territorio, y el conjunto de los derechos sociales y
laborales que los intereses y Megaproyectos del gran capital
nacional-internacional destruyen.
XIII. La experiencia
“progresista” que elude la lucha de clases en aras de una sentimental
“fraternidad” abstracta, es un anacronismo histórico categórico. Han
sido demostrados los límites de las recientes experiencias de “Nuestra
América”, erguidas en las bases de un Reformismo menor, por lo que la historia muestra la necesidad ineludible de dar el salto cuántico hacia una política de cuestionamiento y ruptura con el orden prevaleciente.
XIV.
El significado de la “gobernabilidad” defendida por el Ejecutivo reside
en el fortalecimiento del vacilante sistema de dominación caracterizado
por las condiciones de la crisis de la democracia y de representación
que en buena parte llevó al “tsunami” electoral de julio de 2018. Al no
utilizar en su justa dimensión el llamado “bono democrático” del que
hasta ahora dispone, la 4T abdica gratuitamente de la capacidad política
para implementar reformas estructurales (económicas, políticas,
culturales, mediáticas) en beneficio de los vilipendiados y desposeídos.
El “nuevo régimen” reproduce el divorcio entre el poder ejecutivo, los centros de poder del aparato estatal y del sistema de decisiones de lasclases trabajadoras y populares. Hoy más que nunca se vuelve mucho más efectiva aquella expresión que dice “todo lo que no es abolido, puede ser restaurado”.
XV. La actual política energética del Estado es el epicentro de la
disputa entre la oligarquía dependiente y el capital extranjero
(principalmente estadounidense) con la nueva clase reinante que
controla el cuerpo institucional del aparato de Estado. Los más grandes
capitales pugnan por la continuidad de la Reforma Energética, pues por
medio de las “rondas petroleras”, licitaciones y contratos de
exploración y explotación, liberalización del fracking,
desmantelamiento de Pemex, etc., la renta petrolera era entregada a
capitales locales y principalmente trasnacionales (bancos de inversión,
bancos comerciales, petroleras trasnacionales, empresarios privados
locales, etc.). De ahí el inflexible rechazo del gran capital al impulso
de las refinerías del Estado, la defensa de la soberanía energética, el
fortalecimiento de CFE, etc.
La transferencia de recursos desde
la Secretaría de Hacienda hacia Petróleos Mexicanos y su
capitalización, desdibuja la sonrisa de los acreedores internacionales
del Estado, pues ven “en riesgo” las transferencias públicas de riqueza
(por el Costo Financiero de la Deuda y Superávit primario) a sus bancos,
al tiempo que limita la participación del gran capital en la
exploración y extracción de hidrocarburos. El gran capital exige
¡disciplina financiera y apertura energética para los privados! El poder
financiero y sus agencias calificadoras amenazan con el “terrorismo
económico”. A todas luces incomparable a la llamada “delincuencia
organizada”, la amenaza catastrofista de los grandes “cárteles” del poder financiero internacionaly grandes capitales asociados son entre
otros: degradación en la calificación de deuda (de Pemex, deuda
soberana), fuga de capitales, devaluación, inflación, empobrecimiento
generalizado.
XVI. El control del aparato de Estado es muy distinto de concentrar y ejercer el poder político del Estado.
La 4T debe poner freno a su escalada de subordinación y rendición al
orden de acumulación-reproducción del capital predominante, a riesgo de
ser avasallada. Construyendo vínculos con los desposeídos bajo el marco
del clientelismo electoral e implementando leves modificaciones a
dicho orden, la 4T quedará muy lejos de una transformación histórica
genuina, y mucho más próximo del periodo de una reforma menor, que administra el aparato estatal y desorganiza y posterga los intereses de los desposeídos y trabajadores.
