El 20 y 21 de abril, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Coordinadora del Mecanismo y también Relatora para México, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH estuvieron en México para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente de Ayotzinapa. Al concluir la visita, los representantes de la CIDH expresaron “su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”.
El fin de abril marca un año desde la salida del GIEI de México. El GIEI fue creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano, la CIDH, los representantes legales de las víctimas y sus familias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para establecer un equipo internacional de expertos en derechos humanos, justicia penal, y atención a víctimas que darían asistencia técnica a las autoridades mexicanas en su investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el año transcurrido desde la salida del GIEI, ha habido pocos avances en la investigación y el gobierno mexicano no ha descartado su hipótesis original sobre el paradero de los estudiantes.
El trabajo del GIEI en México fue esencial para desmentir la “verdad histórica” que el gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados y arrojados en un río aledaño y para contrarrestar la prisa del gobierno mexicano para cerrar el caso. El GIEI también logró avanzar en la investigación del caso.
El GIEI descubrió pruebas claves y líneas de investigación creíbles para indagar. Además, el GIEI consideró que un motivo para explicar la magnitud de los ataques en contra de los estudiantes podría ser que los estudiantes tomaron, sin saberlo, un autobús que contenía heroína y recomendaron perseguir esta línea de investigación. El GIEI también reveló evidencia que implica a varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia. Durante su tiempo en México, el GIEI publicó dos informes exhaustivos sobre sus conclusiones y recomendaciones sobre cómo continuar la investigación, el último fue presentado el 24 de abril de 2016.
En julio de 2016, la CIDH estableció el Mecanismo de Seguimiento para el caso de Ayotzinapa bajo un nuevo acuerdo con el gobierno mexicano y las familias de los estudiantes y sus representantes. Su plan de trabajo establece entre otras cosas los objetivos del Mecanismo y su cronograma de actividades que incluye cuatro visitas oficiales de la CIDH a México.
Un caso emblemático que el gobierno mexicano tiene la obligación de resolver
El gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”. Pero el caso sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, incluyendo evidencias manipuladas o pérdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener declaraciones. El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes. La falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las desapariciones en el país.
Un año después de la salida del GIEI y dos años y medio después de que los estudiantes desaparecieron, estas son algunas de las respuestas que el gobierno todavía debe a las familias y las víctimas:
El gobierno se niega a abandonar una “verdad histórica” que ya ha sido desmentida
El gobierno mexicano se niega a abandonar su teoría oficial del caso a pesar de las conclusiones del grupo internacional de expertos. En una audiencia del 17 de marzo de 2017 ante la CIDH, el gobierno mexicano declaró que su única hipótesis consolidada sobre el caso es que los estudiantes fueron asesinados y quemados en un basurero por miembros de un grupo de crimen organizado–a pesar de que esta teoría fue desmentida por el GIEI y varios estudios científicos. La CIDH consideró muy grave la defensa del gobierno mexicano de su “verdad histórica” y reiteró que la Comisión ya descartó esta teoría del caso.
En su visita a México, la CIDH expresó su preocupación por las declaraciones públicas de altas autoridades mexicanas que validan esta hipótesis. Tras la audiencia, el gobierno mexicano emitió en un comunicado manifestando que agotará “todas las líneas de investigación posibles” y atenderá las recomendaciones del GIEI. Ahora debe transformar esas declaraciones en acciones concretas.
Obstáculos en la investigación interna
Una de las principales recomendaciones del GIEI fue realizar una investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por parte de las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en un video presentado por el Grupo de Expertos, el entonces jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC), Tomás Zerón, es observado en el Río San Juan, donde las bolsas de plástico que contenían restos quemados fueron descubiertas y donde se identificó un fragmento de hueso de uno de los estudiantes—la única identificación positiva en el caso. Los registros oficiales del gobierno muestran que las bolsas fueron descubiertas el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, este video muestra a Zerón en el río con bolsas de plástico y uno de los acusados clave quien fue removido de la custodia, el 28 de octubre—un día antes de que las autoridades anunciaran oficialmente el hallazgo de esta evidencia.
Hasta agosto de 2016, César Chávez, titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación del actuar de los funcionarios en el caso. Antes de que sus resultados fueran oficialmente presentados y compartidos con las familias y abogados de los estudiantes, Chávez dejó repentinamente su cargo en septiembre de 2016. Los medios mexicanos y The New York Times obtuvieron el borrador de la investigación de Chávez que encontró 13 graves irregularidades en las actuaciones realizadas por personal de la PGR, incluido a Tomás Zerón. El entonces Visitador había incluso recomendado una investigación más profunda para determinar si la conducta de ciertos funcionarios podría conllevar sanciones penales. Lejos de ser sancionado, Tomás Zerón salió de la PGR y fue nombrado como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
Chávez fue reemplazado por una nueva Visitadora General, Adriana Campos López, quien concluyó oficialmente la investigación interna y entregó su informe oficial en diciembre de 2016. Su informe no cuestiona la versión original del gobierno del caso y solamente indica siete irregularidades menores por parte de autoridades que son infracciones mínimas que podrían conllevar sanciones administrativas.
Evidencias fundamentales fueron ocultadas al GIEI
En noviembre de 2016, trascendió en medios que el actual jefe de la AIC, Omar García Harfuch, podría tener vínculos con la organización criminal de Guerreros Unidos. García fue anteriormente el coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero; se trasladó a la AIC después de la salida de Tomás Zerón, en septiembre de 2016. El diario mexicano Proceso obtuvo una resolución judicial en contra de Sidronio Casarrubias Salgado, un líder de los Guerreros Unidos detenido en octubre de 2014, que describe varias evidencias, incluyendo una libreta que tiene números de contacto para funcionarios del estado, entre ellos García Harfuch. Esta información no fue compartida con el Grupo de Expertos durante su estancia en México.
Esta libreta también se hace referencia a una persona identificada con el alias “El Uruguayo”. Los abogados de las víctimas investigaron este alias y descubrieron que “El Uruguayo” es Gonzalo Martín Souza Neves, un presunto líder de Guerreros Unidos. Souza fue detenido en julio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los estudiantes, en una operación militar conjunta con la PGR en la que se descubrió que estaba en posesión de grandes sumas de dinero en efectivo y drogas ilegales que supuestamente tenía planes de transportar usando “compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros.”
Esta evidencia es clave porque, como se comentó anteriormente, durante su investigación el GIEI concluyó que un posible motivo para el ataque masivo y sostenido de las autoridades contra los estudiantes en los autobuses fue la intervención involuntaria de los estudiantes en una operación de Guerreros Unidos que usaba autobuses comerciales para traficar la heroína a los Estados Unidos, específicamente Chicago, Illinois, como fue evidenciado en un caso que lleva el Departamento de Justicia de este país.
El gobierno mexicano no había investigado esta hipótesis y tardó varios meses en solicitar información al Departamento de Justicia sobre la investigación en Chicago. Ahora es claro que el gobierno mexicano tenía evidencia previa sobre la práctica de Guerreros Unidos de usar autobuses para traficar drogas a los Estados Unidos. Esta información se omitió deliberadamente del Grupo de Expertos, que en múltiples ocasiones solicitó información sobre casos previos relacionados con el uso de autobuses para traficar drogas.
Avances limitados en la investigación y en la búsqueda de los estudiantes
En los últimos meses, las autoridades mexicanas han logrado algunos avances en la determinación de la participación de diferentes autoridades en los ataques contra los estudiantes. Un rastreo a través de antenas de los teléfonos celulares confirmó la participación de policías de Huitzuco, un pueblo vecino a Iguala, en los ataques. Autoridades siguen analizando los datos telefónicos de los estudiantes desaparecidos y de algunos detenidos. Compañías telefónicas han entregado miles de sábanas de datos de más de mil números telefónicos que están en análisis.
Además autoridades mexicanas han empleado el uso de la tecnología LIDAR para identificar a posibles fosas clandestinas que puedan contener los restos de los estudiantes desaparecidos. En diciembre de 2016 y febrero de 2017 se hicieron nuevas búsquedas en zonas alrededor de Iguala con información derivada del uso de la tecnología LIDAR. Es importante seguir estos esfuerzos pero también las autoridades mexicanas deben organizar de una manera más efectiva su registro de fosas clandestinas y comunes para evitar que se realice una búsqueda en una fosa ya descubierta previamente por las autoridades.
Pasos claves pendientes
Realizar esfuerzos serios para localizar a los estudiantes y sancionar a los responsables de su desaparición forzada: Las autoridades mexicanas deben continuar la búsqueda de los estudiantes, incluyendo a través del uso de la tecnología LIDAR. En su visita, la CIDH también recomendó que el gobierno mexicano creara “una base de datos de fosas que pueda ser replicada en todas las entidades federativas.” Además, los investigadores mexicanos deben culminar la telefonía – tanto para conocer lo que revela sobre el paradero de los estudiantes como para conocer la participación de diferentes autoridades durante la noche de los ataques en contra de los estudiantes.
Sobre todo, el gobierno mexicano debe respetar los acuerdos que asume con las familias para la búsqueda de los estudiantes.
Asegurar que funcionarios que actuaron en forma irregular o ilegal durante la investigación del caso sean sancionados: Dadas las diferencias significativas en el informe interno final presentado por la Visitaduría General y el proyecto de ex-Visitador Chávez, las autoridades mexicanas deben realizar una nueva investigación interna sobre las autoridades que pudieran haber participado en la obstrucción de la justicia. Además debe indagar sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios que ocultaron al GIEI información clave sobre los antecedentes de casos que involucran a grupos criminales con presencia en Iguala, como Guerreros Unidos, y el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Las autoridades también deben investigar los posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos de la delincuencia organizada.
Indagar plenamente la hipótesis sobre el tráfico de drogas: Dado que se han descubierto evidencia adicional de la práctica del uso de autobuses para el trasiego transnacional de drogas, las autoridades mexicanas deben comprometerse a investigar de fondo la posibilidad de que el motivo para el ataque en contra de los estudiantes fuera por su participación no intencional en una operación de narcotráfico. La Comisión Interamericana considera como urgente la profundización de esta línea de investigación.
Seguir investigando las responsabilidades de otras autoridades en los hechos: Aunque se ha identificado la participación de elementos de la policía municipal de Huitzuco en los ataques contra los estudiantes, el gobierno no ha avanzado en la investigación de dos agentes de la Policía Federal que estuvieron presentes en uno de los lugares donde desaparecieron algunos estudiantes y que han sido señalados por el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de los hechos, y tampoco las responsabilidades de otras fuerzas de seguridad de estatal y federal que estuvieron presentes durante los hechos.
Resolver con seriedad el grave problema con las desapariciones en el país: El gobierno mexicano aún no ha adoptado suficientes medidas para asegurar una búsqueda rápida y coordinada para personas reportadas como desaparecidas ni para facilitar la identificación de restos y la localización de fosas. El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los más de 30.000 casos de desaparición registrados oficialmente en México. La principal obligación del gobierno es evitar que las personas en México sigan desapareciendo a manos de grupos criminales o de funcionarios públicos y, cuando ello pase, buscarlas inmediatamente y con vida e investigar a los responsables.
En los últimos meses, se han descubierto en México fosas clandestinas y restos humanos no identificados en fosas comunes oficiales lo cual evidencia la necesidad de mejorar las capacidades forenses en México. En un informe especial sobre desapariciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2007 y 2016, se han localizado oficialmente 855 fosas clandestinas en México. De éstas se han inhumado 1.548 cadáveres, de los cuales cerca de la mitad han sido identificados. En marzo de 2017, las autoridades en Veracruz revelaron que se habían descubierto en Veracruz 125 fosas comunes con 14 mil restos óseos desde agosto de 2016. En los esfuerzos por buscar a los estudiantes de Aytozinapa, investigadores han encontrado innumerables fosas comunes en Guerrero.
Como parte de su trabajo en el caso de Ayotzinapa, el Grupo de Expertos abordó la cuestión más amplia de las desapariciones en México y el GIEI recomendó que el gobierno adoptara un marco legal adecuado para investigar los casos de desapariciones. El congreso de México tomó un paso positivo en julio de 2015 cuando reformó la Constitución para otorgar a los legisladores la competencia para aprobar la legislación aplicable en todo el país sobre el tema de las desapariciones.
El plazo para emitir la ley general de desapariciones en México venció el 6 de enero de 2016. No obstante, la ley sigue atorada en el senado mexicano y los comentarios sobre el proyecto de dictamen actual enviados por el poder ejecutivo representan un retroceso a las propuestas de las familias de personas desaparecidas, organizaciones civiles y expertos. Los familiares de personas desaparecidas en México han dado un voto de confianza al gobierno mexicano para emitir una ley que de una vez por todas termine con las desapariciones en México. Toca al gobierno mexicano honrar su palabra. Los legisladores mexicanos deben priorizar la aprobación de una ley integral que tenga en cuenta las exigencias de las víctimas y los grupos de la sociedad civil.
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