El mundo al revés
1.- De entrada, es, por supuesto, un asunto de interés público por quién se trata (se supone el representante de todos los mexicanos) y el hecho cometido (El uso de medios no sólo desafortunados, sino eventualmente ilícitos y al margen de la ética pública). Cabe reiterar: aunque no haya un uso indebido de recursos públicos ahora (al menos se presume que no hay) el hecho tiene un impacto significativo en la formación de la opinión pública sobre EPN, había cuenta que permite formar una imagen sobre él en una faceta que no había sido advertida que, para su desgracia y la de su equipo, no le es favorable.
2.- La respuesta del vocero presidencial sobre el caso es de lamentarse. Dice el vocero: “”El licenciado Peña Nieto presentó esa tesis hace 25 años. Cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado”. Se supone que eso sabíamos todos, de ahí que el interés público del reportaje de referencia reside en informar a la opinión pública de un hecho superviniente, que no debió haber existido, el plagio, mucho o poco que para el caso es lo mismo, de la citada tesis.
3.- El vocero presidencial agregó en su respuesta: “Por lo visto errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico. Bienvenida la crítica y el debate”. Craso error del señor vocero en virtud de que: a) No se trató de “error de estilo”, sino de un acto contrario a la ética universitaria, potencialmente ilícito que es muy distinto. Para mayor abundamiento cabe citar lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento General de la Universidad Panamericana, que a la letra dice: “La Tesis es un trabajo escrito sobre temas y propuestas en su área de conocimiento, o bien acerca de la ampliación y perfeccionamiento del estado del arte en un área; en sus técnicas de investigación deberá desarrollarse con el rigor de la metodología científica aplicable al área correspondiente”. Asimismo, el artículo 114, apartado B inciso XIV del Reglamento indicado dispone que “estará prohibido..,violentar derechos de autor o realizar cualquier otro comportamiento deshonesto o contrario a la ética profesional o académica. Esta conducta será considerada grave” ¿Le parece al vocero presidencial que el comportamiento de EPN es honesto y se ajusta a la ética profesional y académica?
4.- Y sí, si es de interés público lo que pasó hace 25 años porque permite generar un estudio del entorno social de EPN a lo largo del tiempo, datos que sirven para formar una opinión mucho más precisa del sujeto analizado en este caso el presidente de la República. De no haberse hecho este reportaje la sociedad no sabría un hecho que le es de utilidad para valorar al presidente por lo que hace hoy como presidente y lo que hizo en el pasado lo que, en principio, parece haber un hilo conductor de la deshonestidad como fórmula de vida y modo de ejercer la política. Bien se ha dicho, “si no puedes ser casto, hay que ser cauto”. Aquí ni casto ni cauto.
5.- La credibilidad de Carmen y su equipo reposa en la veracidad de sus datos. En lo personal me consta que hay un estricto control de calidad en lo que difunde o se publica. Esa credibilidad ha sido un ingrediente esencial para que ese reportaje sea difundido ampliamente por la prensa extranjera que, se intuye, tiene una postura más reposada sobre lo que pasa en México. Si no hubiera sido noticia simple y sencillamente ese reportaje se hubiera agotado rápidamente. No ha sido el caso.
6.- Ayer en la noche al hablar con una importante corresponsal extranjera me decía que este tema sería junto al de la Casa Blanca los que marcarían la administración de EPN. ¿Y lo del departamento en Miami? Le inquirí. El problema es que ese asunto que es de gran interés público se queda un poco lejos del mexicano promedio, pero este caso si lo entiende muy bien y ha generado una molestia generalizada entre amplios sectores de la sociedad que están sensibles por los yerros acumulados de EPN, de suerte que cualquier dato adicional en esa dirección prende rápidamente la indignación colectiva.
7.- “Se perdieron las comillas en la impresión” ha salido a decir su asesor o director de tesis. Por favor, que sea un poco más imaginativo. Eso en lugar de aclarar genera un efecto contrario al tratar de ofender la inteligencia de la comunidad. No hay que ser tan burdo.
8.- Es importante aclarar también que este lamentable asunto no es de la competencia de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Educación Pública o del Congreso, sino de la Universidad Panamericana que debe abocarse o no a investigar y, en su caso, formular las responsabilidades a que hubiese lugar. Ya la UP afirmó que se va a investigar. Ya me he referido al proceso que debe observarse en la UP conforme a su propia normatividad (http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/08/22/la-up-epn-y-el-plagio) destaco sólo que es loable que el Reglamento aplicable prevea un proceso bastante rápido, de sólo 6 días hábiles y de tres más si hay una solicitud de reconsideración del o los sancionados.
9.- Asimismo, quiero señalar que expresamente el Reglamento de la UP indica como una sanción complementaria la “pérdida de derechos adquiridos”; eso significa la revocación del título y, por ende, el retiro de la cédula profesional. Pero incluso aunque sólo aplicara la sanción más leve (que no debería ser por considerar el probable acto como “falta grave”) consistente en “amonestación oral testificada”, sería el tiro de gracia al presidente de la República, generando un precedente no sólo en el país, sino hasta donde sé en la experiencia comparada.
10.- La UP se encuentra entre la espada y la pared. Si valida la actuación del presidente de la República se tiraría un disparo en el pie porque esa universidad tiene una de las carreras de derecho con mayor prestigio en el país, razón por la cual está impelida a hacer todo lo que esté a su alcance para no minar su amplio reconocimiento. Por el contrario, si emite una resolución así sea la más leve ampliaría su prestigio no sólo como una institución de excelencia académica, sino con capacidad de resolver temas dentro de su ámbito de atribuciones con independencia de criterio al margen de consideraciones políticas. Esta última postura, sin embargo, le habrá de atraer costos por paradójicamente hacer lo que enseña, observar su propia normatividad. Esto no lo diferencia el equipo gobernante que vería esta hipotética decisión como una inquina personal. Veremos qué pasa.
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