Tanhuato: la barbarie y la impunidad

Carlos Fazio

El pasado 18 de agosto, a casi un año y tres meses de ocurridos los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer sus conclusiones sobre el caso Tanhuato. El organismo confirmó que agentes de la Policía Federal (PF) ejecutaron de manera arbitraria a 22 de los 42 civiles muertos en el Rancho del Sol –localizado en el municipio de Tanhuato, Michoacán–, y que al menos 13 de los abatidos presentaban tiros en la espalda (presumiblemente se les aplicó la ley fuga); cinco fueron muertos por disparos desde un helicóptero artillado; uno fue herido de bala y expuesto a fuego directo estando aún con vida; tres fueron victimados, a pesar de que ya estaban sometidos; otro presentó lesiones similares a un atropellamiento. Dos cadáveres fueron quemados arbitrariamente y uno más estaba carbonizado. En 15 casos más la CNDH no pudo establecer técnicamente las circunstancias en que fueron privados de la vida, pues los policías y la Comisión Nacional de Seguridad dieron datos falsos sobre lo ocurrido.

La recomendación 4VG/2016 señala que la Policía Federal mintió al señalar que hubo un enfrentamiento previo en la carretera aledaña al inmueble, ya que los agentes entraron al rancho de manera sigilosa; no actuaron en flagrancia ni fueron recibidos a tiros, y la institución resguardó por más de cuatro horas el inmueble –impidiendo el ingreso de peritos y autoridades ministeriales–, lapso en que manipuló y alteró elementos y evidencias en la escena de los crímenes; modificó la posición inicial de varios cadáveres; colocó (sembró) armas de fuego y cartuchos junto a otros cuerpos, y torturó e infligió tratos crueles, inhumanos y degradantes a tres personas que se habrían salvado porque, por error, uno de los mandos policiales reportó a sus superiores que los habían detenido vivos. Diecinueve cuerpos estaban descalzos, algunos con el torso descubierto y otro sólo vestía trusa, lo que permite establecer que dichas personas se encontraban dormidas cuando se inició el operativo.

Durante el ataque, en el que habría perdido la vida un policía, intervinieron 100 agentes, incluidos los cinco que viajaban en el helicóptero artillado. La CNDH determinó que la Policía Federal hizo un uso desproporcionado de la fuerza y, como ejemplo de una demostración innecesaria de capacidad letal, señaló que el artillero del helicóptero que intervino en la acción disparó 4 mil proyectiles, tras recibir la orden del capitán de la aeronave, quien, a su vez, obedeció al comisario que estaba al mando desde tierra.

El mismo 18 de agosto, acompañado por el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, calificó de radical el informe de la CNDH y negó que los agentes hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales, bajo el argumento de que en México no existe ese tipo legal. Según el comisionado, la PF actuó en legítima defensa, de manera racional y proporcional en un escenario hostil.

A pesar del proverbial negacionismo oficial, la matanza de Tanhuato exhibe la persistencia de un patrón regular de graves violaciones a los derechos humanos por fuerzas militares y policiales mexicanas. Remite al uso de una violencia desbocada; a una bestialidad y una saña ejemplares como fines en sí mismos. Desnuda la forma en que la necropolítica hace hoy del asesinato del enemigo (del Estado) su objetivo primero y absoluto, con el pretexto de la lucha contra la criminalidad. Tanhuato muestra que el régimen de Enrique Peña Nieto –como el de su antecesor, Felipe Calderón– funda su soberanía en el derecho de matar a quienes les venga en gana; de exterminar seres humanos considerados desechables y matables (Agamben), como parte de una dinámica de burocratización, rutinización y naturalización de la muerte.

Privatizado lo público y prácticamente extinguida la política, el capitalismo criminal y militarizado de nuestros días se rige por el necropoder. Un necropoder en cuyo seno las fuerzas federales actuaron, en Tanhuato, como una máquina de guerra con derecho de matar igual que en la Alemania nazi o Estados Unidos en Vietnam, Afganistán e Irak. No se trata de un exceso, sino de un engranaje más de una tecnología represiva asesina adoptada de manera racional y centralizada. En Tanhuato, como antes en Ojinaga, Tlatlaya, Apatzingán y un largo etcétera –incluido Nochixtlán, donde el 19 de junio de 2016 las tropas de asalto de Enrique Galindo asesinaron a un mínimo de ocho lugareños– los federales no mataron personas, sino presuntos delincuentes, esos otros, considerados enemigos, peligrosos, amenazantes.

Según la Constitución, en México no existe la pena de muerte y, además, todo mexicano tiene derecho a un juicio justo, lo que incluye el derecho humano a la presunción de inocencia. Sin embargo, el mensaje de Tanhuato es nítido: el soberano puede matar a su antojo, en cualquier momento, de todas las maneras inimaginables posibles. Pero Tanhuato no es un hecho aislado: responde a una modalidad represiva del Estado. Es otro caso emblemático de un necropoder bestializado, deshumanizado y normalizado, que ha convertido el estado de excepción –con suspensión fáctica de garantías– en regla permanente contra enemigos identificados como presuntos delincuentes. En el fondo, el objetivo del necropoder y el terror estatal es el sometimiento social, la sumisión del Otro. Quien se resiste es desechable, exterminable. De tiempo atrás asistimos a una tonton-macutización del régimen como parte de una dinámica depredadora organizada, de desposesión y reterritorialización con fines de dominación económica al que sirve un gobierno privado indirecto, difuso y sin escrúpulos, la misma elite corporativa que incita hoy a una represión generalizada contra la disidencia magisterial que se opone a la contrarreforma administrativa y laboral de Peña Nieto y Aurelio Nuño.

EPN, la UP y el plagio en 10 puntos

El mundo al revés por Ernesto Villanueva

El reportaje del equipo de investigación de Aristegui Noticias sobre la tesis de licenciatura mayormente plagiada del presidente Enrique Peña Nieto (EPN), a su paso por la Universidad Panamericana, ha generado varias reacciones. Desde aquellas que señalan lo indebido y grave del caso (en el que me encuentro) hasta quienes, los menos, ven el tema como un asunto menor. Desde mi punto de vista el reportaje de referencia ofrece varias lecturas. Veamos.

1.- De entrada, es, por supuesto, un asunto de interés público por quién se trata (se supone el representante de todos los mexicanos) y el hecho cometido (El uso de medios no sólo desafortunados, sino eventualmente ilícitos y al margen de la ética pública). Cabe reiterar:  aunque no haya un uso indebido de recursos públicos ahora (al menos se presume que no hay) el hecho tiene un impacto significativo en la formación de la opinión pública sobre EPN, había cuenta que permite formar una imagen sobre él en una faceta que no había sido advertida que, para su desgracia y la de su equipo, no le es favorable.

2.- La respuesta del vocero presidencial sobre el caso es de lamentarse. Dice el vocero: “”El licenciado Peña Nieto presentó esa tesis hace 25 años. Cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado”. Se supone que eso sabíamos todos, de ahí que el interés público del reportaje de referencia reside en informar a la opinión pública de un hecho superviniente, que no debió haber existido, el plagio, mucho o poco que para el caso es lo mismo, de la citada tesis.

3.- El vocero presidencial agregó en su respuesta: “Por lo visto errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico. Bienvenida la crítica y el debate”. Craso error del señor vocero en virtud de que: a) No se trató de “error de estilo”, sino de un acto contrario a la ética universitaria, potencialmente ilícito que es muy distinto. Para mayor abundamiento cabe citar lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento General de la Universidad Panamericana, que a la letra dice: “La Tesis es un trabajo escrito sobre temas y propuestas en su área de conocimiento, o bien acerca de la ampliación y perfeccionamiento del estado del arte en un área; en sus técnicas de investigación deberá desarrollarse con el rigor de la metodología científica aplicable al área correspondiente”. Asimismo, el artículo 114, apartado B inciso XIV del Reglamento indicado dispone que “estará prohibido..,violentar derechos de autor o realizar cualquier otro comportamiento deshonesto o contrario a la ética profesional o académica. Esta conducta será considerada grave” ¿Le parece al vocero presidencial que el comportamiento de EPN es honesto y se ajusta a la ética profesional y académica?

4.- Y sí, si es de interés público lo que pasó hace 25 años porque permite generar un estudio del entorno social de EPN a lo largo del tiempo, datos que sirven para formar una opinión mucho más precisa del sujeto analizado en este caso el presidente de la República. De no haberse hecho este reportaje la sociedad no sabría un hecho que le es de utilidad para valorar al presidente por lo que hace hoy como presidente y lo que hizo en el pasado lo que, en principio, parece haber un hilo conductor de la deshonestidad como fórmula de vida y modo de ejercer la política. Bien se ha dicho, “si no puedes ser casto, hay que ser cauto”. Aquí ni casto ni cauto.

5.- La credibilidad de Carmen y su equipo reposa en la veracidad de sus datos. En lo personal me consta que hay un estricto control de calidad en lo que difunde o se publica. Esa credibilidad ha sido un ingrediente esencial para que ese reportaje sea difundido ampliamente por la prensa extranjera que, se intuye, tiene una postura más reposada sobre lo que pasa en México. Si no hubiera sido noticia simple y sencillamente ese reportaje se hubiera agotado rápidamente. No ha sido el caso.

6.- Ayer en la noche al hablar con una importante corresponsal extranjera me decía que este tema sería junto al de la Casa Blanca los que marcarían la administración de EPN. ¿Y lo del departamento en Miami? Le inquirí. El problema es que ese asunto que es de gran interés público se queda un poco lejos del mexicano promedio, pero este caso si lo entiende muy bien y ha generado una molestia generalizada entre amplios sectores de la sociedad que están sensibles por los yerros acumulados de EPN, de suerte que cualquier dato adicional en esa dirección prende rápidamente la indignación colectiva.

7.- “Se perdieron las comillas en la impresión” ha salido a decir su asesor o director de tesis. Por favor, que sea un poco más imaginativo. Eso en lugar de aclarar genera un efecto contrario al tratar de ofender la inteligencia de la comunidad. No hay que ser tan burdo.

8.- Es importante aclarar también que este lamentable asunto no es de la competencia de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Educación Pública o del Congreso, sino de la Universidad Panamericana que debe abocarse o no a investigar y, en su caso, formular las responsabilidades a que hubiese lugar. Ya la UP afirmó que se va a investigar. Ya me he referido al proceso que debe observarse en la UP conforme a su propia normatividad (http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/08/22/la-up-epn-y-el-plagio) destaco sólo que es loable que el Reglamento aplicable prevea un proceso bastante rápido, de sólo 6 días hábiles y de tres más si hay una solicitud de reconsideración del o los sancionados.

9.- Asimismo, quiero señalar que expresamente el Reglamento de la UP indica como una sanción complementaria la “pérdida de derechos adquiridos”; eso significa la revocación del título y, por ende, el retiro de la cédula profesional. Pero incluso aunque sólo aplicara la sanción más leve (que no debería ser por considerar el probable acto como “falta grave”) consistente en “amonestación oral testificada”, sería el tiro de gracia al presidente de la República, generando un precedente no sólo en el país, sino hasta donde sé en la experiencia comparada.

10.- La UP se encuentra entre la espada y la pared. Si valida la actuación del presidente de la República se tiraría un disparo en el pie porque esa universidad tiene una de las carreras de derecho con mayor prestigio en el país, razón por la cual está impelida a hacer todo lo que esté a su alcance para no minar su amplio reconocimiento. Por el contrario, si emite una resolución así sea la más leve ampliaría su prestigio no sólo como una institución de excelencia académica, sino con capacidad de resolver temas dentro de su ámbito de atribuciones con independencia de criterio al margen de consideraciones políticas. Esta última postura, sin embargo, le habrá de atraer costos por paradójicamente hacer lo que enseña, observar su propia normatividad. Esto no lo diferencia el equipo gobernante que vería esta hipotética decisión como una inquina personal. Veremos qué pasa.

Cómo "leer" el Modelo educativo

Miguel Ángel Pérez Reynoso*

Lo primero que salta a la vista cuando se lee el Modelo educativo 2016 son tres cuestiones básicas:

La primera tiene que ver con el modelo. Un modelo, dice el diccionario, es un estándar o patrón que sirve como base para ser imitado, reproducido o copiado, y que sirve de base para nuevas elaboraciones. Desde su nombre, el Modelo 2016 tiene una aspiración hegemonista, no se llama Lineamientos o líneas de discusión para conformar un modelo, no, es el Modelo, lo demás que se diga girará en torno a él, estará en favor o en contra, pero este es el (verdadero) modelo; no hay otro.

Este primer componente va ligado a un segundo aspecto: el Modelo 2016 tiene una pretensión abarcativa de cubrir a toda costa a todo el sistema nacional, pero descuida las variables culturales, asimetrías sociales y territoriales y las regiones pobres del país. Su contenido sesga hacia una visión urbana de la educación, para escuelas de organización completa (recuérdese que 43 por ciento de la escuelas primarias de México son de carácter multigrado). Esta visión hegemónica y unificadora no es gratuita, tiene el sesgo de invisibilizar a las diversidades. Desde la lógica del modelo se afirma a esto a lo que se aspira o aquí está el deseo de lo que pretendemos.

El tercer componente introductorio tiene que ver con que el modelo descontextualiza la realidad educativa del país. Todas las escuelas de prescolar, primaria y secundaria urbanas, rurales o indígenas están en un contexto específico y dicho contexto va determinando el estilo de práctica de los y las educadores y la tradición educativa de cada lugar y en cada región. El Modelo 2016, sus afirmaciones sin contexto, se tornan en abstracciones de un sistema educacional que termina siendo ajeno al nuestro.

Junto a lo anterior y ya en el contenido, dicho documento ignora gran parte de la historia para incluir pequeñas fichas de la historia que conviene contar. Se trata de que el inconsciente coloque en el mismo nivel a Vasconcelos y Torres Bodet con Nuño Mayer, válgame qué afrenta, y por razones políticamente obvias se dejan de lado a otros personajes que también han ocupado la SEP, como Manuel Bartlett, Josefina Vázquez, Víctor Bravo Ahuja, Agustín Yáñez, Fernando Solana Morales, Miguel Limón, etcétera. En el fondo se demuestra que la figura de titular de la SEP se ha devaluado a tal grado que cualquiera llega a tan importante cargo; los dos nombres má recientes son claro ejemplo de ello.

El Modelo educativo 2016 rescata algunas ideas valiosas, sin dar crédito a sus autores de origen, como las propuestas de Michael Fullan y Andy Hargreaves en La escuela que queremos, y en general todo el aporte de la escuela canadiense que ha contribuido al cambio en educación y a la escuela como centro del cambio, y de Inés Aguerrondo. Sin embargo, no cita adecuadamente las referencias ni las ideas que han tomado, aunque sea de sentido. ¿Será acaso que también se quieren sumar a algo que está de moda que es la incultura del plagio académico?

El Modelo 2016 carece de una fundamentación o un sustento que le dé soporte y solidez teórica y le permita aspirar a la legitimidad pedagógica. Su elaboración consiste en una serie de ideas sueltas a partir de una especie de eclecticismo vulgar, ya que se rescatan aportes (casi todos fragmentados) de las recientes avances en pedagogía, pero no se hace referencia a las aportaciones universales de autores clásicos, como Paulo Freire, J. Dewey, Montessori, Rousseau, Makárenko, Piaget, Freinet, Vygotsky, etcétera. ¿Desde la nueva SEP ya son caducos estos personajes, ya han sido superados completamente sus aportaciones? Se habla sin mencionarlo correctamente por su nombre de teorías y meta-teorías que ponen el énfasis en el aprender, en la sociedad informacional, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en el manejo del inglés, etcétera.

El Modelo 2016 no da claridad acerca del curso de acción de sus aspiraciones, no tiende puentes entre las sugerencias y las acciones y prácticas que realizan los docentes en las escuelas. Pareciera que más bien se pretende distraer la atención para no ocuparse de las cosas importantes, como las implicaciones políticas del Servicio Profesional Docente y de la movilización magisterial.

Por último, la parte más pobre que debería ser la más importante es lo referente a los docentes, educadores y profesores frente a grupo. Es a ellos y ellas a quien va dirigido dicho documento. Se trata de que los maestros y maestras lean el Modelo 2016 y lo conviertan en una herramienta para su trabajo. Sin embargo, cuando se habla de los maestros o las referencias que se incluyan acerca de los docentes mexicanos, se refiere a una figura distante que no existe en nuestro país, ni tampoco en muestra realidad educativa. Al decir esto me acuerdo de mis primeros años de trabajo en educación primaria, en comunidades como Tlachichilco o Cuitzeo, en el municipio de Poncitlán o en el poblado de Toluquilla. En zonas rurales o semiurbanas, los docentes, cada maestro o maestra que vive su concreción mediada por la protesta, la movilización y la rebeldía gremial, como respuesta natural ante la ofensiva de evaluación punitiva, ¿qué tipo de lectura se espera que hagan del multicitado Modelo 2016?

El Modelo 2016 no deja claro si aspira a formar al mexicano del siglo XXI, o al ciudadano global que se incorporará a las maquiladoras de las grandes empresas trasnacionales o que será formado como lo dictan los organismos internacionales. El documento se queda a la mitad, no aclara el carácter nacional de la educación ni los fines y objetivos de la formación de ciudadanos para el siglo XXI.

El Modelo 2016 se olvidará muy pronto por su intrascendencia o por la ausencia de relevancia en el plano educativo, pedagógico y cultural, debido a que no es una referencia que permita vincularse con los maestros de escuela ni tampoco con su realidad educacional.

* Profesor-investigador de la unidad 141 de la Universidad Pedagógica Nacional, campus Guadalajara

Hillary, Gutiérrez Candiani y las ZEE

Carlos Fazio

Cuando el 30 de diciembre de 2013, en vísperas de que se cumplieran 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, demandó un TLCAN plus en el espacio geopolítico que abarca a Canadá, Estados Unidos y México, habló en nombre de la plutocracia internacional.

Aprobadas ya varias iniciativas del paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación por el régimen de Enrique Peña Nieto y los legisladores del Pacto por México (PRI, Verde, PAN, PRD, etcétera), el vocero del sindicato empresarial afirmó que dada la revolución energética que vivían Estados Unidos y Canadá, México debía entrar en sinergia con sus dos socios asimétricos, y para ello había que mejorar la interconexión eléctrica y de ductos, avanzar en el reconocimiento de normas técnicas, ventanas especiales y trato preferencial recíproco entre agencias de comercio de los tres países, invertir en infraestructura y agilizar el transporte terrestre, marítimo y aéreo.

Eran los días en que Peña Nieto estaba salvando a México –según la multicitada portada de la revista Time– y las grandes corporaciones se frotaban las manos para la nueva etapa de despojo de tierras y saqueo de recursos implícita en las contrarreformas en curso.

En realidad, la cuarta fase del TLCAN –complementado primero con el Plan Puebla Panamá (2001), luego rebautizado Iniciativa Mesoamericana, y en 2005 con la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN o TLC militarizado), articulada en 2007 con la Iniciativa Mérida (también denominada Plan México, símil del Plan Colombia), como instrumento para la contrainsurgencia al servicio de la economía de rapiña– estaba planificada desde inicios del sexenio de Peña Nieto, cuando en su Plan Nacional de Desarrollo 2013/2018 incluyó la iniciativa para crear Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sur-sureste de México.

Jugador en las grandes ligas al servicio de la cleptocracia trasnacional, Gutiérrez Candiani debió participar en el diseño final de las ZEE en los días en que la ex secretaria de Estado Hillary Clinton impulsaba a través del entonces embajador de EU en México, Carlos Pascual, la entrega de los hidrocarburos a las depredadoras corporaciones del sector Exxon Mobil, Chevron Texaco (ambas ligadas a la banca JP Morgan) y British Petroleum (BP, vinculada con Goldman Sachs), según revelaron correos electrónicos desclasificados por el propio Departamento de Estado el 31 de julio de 2015.

Los emails desclasificados de Clinton exhiben el papel jugado por David Goldwyn, primer coordinador internacional de Energía del gobierno de Barack Obama, en la operación para romper el monopolio de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Goldwyn, nombrado por la secretaria Clinton en 2009, dirige hoy una consultoría privada sobre hidrocarburos (Goldwyn Estrategias Globales) y funge de abogado de industrias en el bufete Sutherland, Asbill y Brennan. A su vez, Carlos Pascual, embajador en México entre agosto de 2009 y marzo de 2011, sucedió a Goldwyn como coordinador de Energía y es ahora un agente clave del Centro de Política Energética Global de la Universidad Columbia y vicepresidente de la consultoría IHS CERA (Cambridge Energy Research Associates, empresa que cuenta con una unidad de evaluación de las opciones futuras en México), en proyectos relacionados con refinación y transporte de hidrocarburos (petróleo, gas líquido y shale), exploración en aguas profundas y electricidad. El presidente de IHS CERA es Daniel Yergin, cerebro de la seguridad energética de EU.

El 23 de julio de 2015, ante el subcomité del Continente Americano de la Cámara de Representantes de EU, Carlos Pascual sostuvo que la importancia estratégica y comercial de la reforma de Peña Nieto de julio de 2014 era que México podría suministrar energéticos (hidrocarburos y electricidad) a Centroamérica y el Caribe, labor que ahora realiza parcialmente Petrocaribe, mecanismo auspiciado por el gobierno de Venezuela.

Merced a las presiones neocolonialistas de Hillary Clinton, Goldwyn y Pascual, la red de infraestructura e interconexión eléctrica y de ductos para convertir a México en el surtidor de energéticos hacia el mercado mundial, quedó contenida en las ZEE vía el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz y el corredor petrolero Coatzacoalcos-Ciudad del Carmen, Campeche, que pasará por Tabasco.

Las leyes secundarias de la contrarreforma energética debilitan la certidumbre sobre la tenencia de la tierra y abren margen al despojo de comunidades, ejidos y poblaciones por consorcios petroleros, gaseros y eléctricos nacionales o internacionales. En la ley desapareció el término expropiación, pero se le sustituyó por ocupación temporal de predios, y en otros artículos se mantiene la disposición, por lo que habrá expropiaciones. Las nuevas leyes permitirán a las corporaciones disponer de tierras, bosques y aguas, las que podrán comprar o rentar. También se estableció la obligación de ejidatarios, comuneros y propietarios privados de entregar sus tierras y bosques a trasnacionales a través de la figura denominada servidumbre legal.

La designación de Gutiérrez Candiani como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), el pasado 8 de julio, confirma la pretensión de privatizar buena parte del sur-sureste de México. El funcionario contará con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).

Proyecto educativo, organización popular

Lev Moujahid Velázquez Barriga

La ausencia de la SEP y del INEE en el foro Hacia la construcción del proyecto de educación democrática, organizado por la CNTE, en el que se habían comprometido a debatir y construir las bases mínimas para una Evaluación educativa integral, dejó ver que su propuesta punitiva es indefendible de manera abierta, pública y transparente.

Los altos funcionarios del Estado mexicano, acostumbrados a falsas consultas predeterminadas por los mandatos empresariales, al vasallaje político del SNTE y además hechas a puerta cerrada, no quisieron arriesgar la obediencia siempre selectiva de sus foros, para enfrentar la inteligencia colectiva de los maestros, los investigadores y ciudadanos informados.

Sin embargo, mientras el gobierno federal se negaba a dialogar, un día después Aurelio Nuño se encaminaba a Coalcomán, Michoacán, para entregar una escuela pública a un organismo tan cuestionado por sus constantes violaciones a los derechos humanos, como es el Ejército, y no a la comunidad o a los maestros, quienes deberían ser realmente los guardas y promotores de la cultura nacional.

Por su parte, la SCJN también contribuyó a cancelar cualquier posibilidad de una propuesta evaluativa integral, respetuosa del derecho humano al trabajo. Su reciente fallo contra los docentes no hace más que confirmar lo que sistemáticamente ha negado la autoridad educativa: que la evaluación sí es la antesala para despedir y sí es retroactiva en perjuicio de los maestros en activo.

La triada SEP-INEE-SCJN deja de manifiesto que no hay espíritu republicano en sus malas decisiones, no existe en ellos la mínima integridad, equilibrio, independencia ni autonomía política para representar los intereses mayoritarios de los ciudadanos y separarlos del interés privado de las corporaciones económicas, que hoy demandan, con rabiosa insistencia, el uso de la violencia física, laboral y administrativa contra el magisterio.

En medio de esta falta de credibilidad, legitimidad y representatividad de las instituciones públicas del Estado mexicano, el foro nacional Hacia la construcción del proyecto de educación democrática adquiere dimensiones y posibilidades de amplio espectro, que apuntan a nuevos desafíos para la coordinadora.

La CNTE no sólo fue capaz de convocar ampliamente a un espacio de diálogo incluyente y plural, en el que se desnudó ante la diversidad de representaciones para mostrar las fortalezas y debilidades de su proyecto educativo, imperfecto, pero abierto a transformarse y fortalecerse con las múltiples voces del pueblo mexicano desde hace 20 años.

Además, generó una importante expectativa, según expresaron los asistentes, para posicionarse como ente articulador de las luchas sociales, de la disputa por la educación pública en el terreno físico e ideológico de las escuelas, pero también por la conducción de la nación que hoy está en manos de una élite neocolonial, cuyas reformas neoliberales implican el desarme de la soberanía política y cultural de los pueblos indígenas, mestizos y desposeídos de México.

La coordinadora está obligada a construir, sí, la otra escuela pública, la que forma en la conciencia crítica, la del currículo para la insurgencia ciudadana, que se evalúa integral y horizontalmente, pero no debe soslayar esta coyuntura política de debilidad orgánica para el Estado y de fortaleza para el movimiento social, en la cual es posible que de forma paralela se vayan sentando la bases para una nueva institucionalidad de carácter popular.

La ruta de nuevos foros abre horizontes a favor para concluir una primera etapa organizativa que instituya al Congreso Nacional de Educación como el órgano de poder popular responsable de diseñar y orientar la política educativa, cultural y para el buen vivir, desde la soberanía y la legítima autonomía del pueblo mexicano, para autoproclamar un nuevo sentido histórico cuya raíz ha crecido de manera opuesta al proceso destructivo del capitalismo y su modernidad patriarcal, racista, ecocida y epistemicida.

Se trata de un camino que se recorre también desde abajo, al que los maestros de la CNTE deben contribuir, para que la autonomía como poder horizontal y comunitario se viva y se construya también desde la escuela. La verticalidad, el burocratismo y el control educativo que se ejerce a través de los consejos técnicos escolares y los consejos de participación social, son motivo suficiente para generar ahí procesos ocupacionales de la escuela con nuevos actores que habían sido excluidos, nuevas pedagogías emancipadoras, así como proyectos culturales, tecnológicos, económicos, formativos y organizativos que transciendan los cercos perimetrales, abran los centros escolares a las necesidades comunitarias y su desarrollo endógeno.

No estoy inventando nada. Los Congresos Populares de Educación ya se han impulsado en este sentido en varias secciones del magisterio democrático, las experiencias comunitarias existen de forma embrionaria, unas veces a iniciativa de la CNTE en comunidades no indígenas y barrios urbano populares de zonas marginales; otras acompañando a los pueblos originarios, pero que en esta etapa de la lucha magisterial se pueden potenciar y ampliar, toda vez que 120 mil campesinos del país dieron su respaldo a la coordinadora para detener la reforma educativa en sus poblaciones de origen e infinidad de movimientos sociales y sindicales también están a la espera del siguiente paso organizativo.

La politización empresarial de la reforma

Hugo Aboites

Grupos empresarios han decidido incursionar directamente en el conflicto en torno a la llamada reforma educativa y hacen su propia contribución a una crisis nacional. Con su rechazo a pagar impuestos y a invertir recursos en el suroeste del país toman revancha, pero su protesta no es contra el gobierno ni contra los bloqueos y los maestros movilizados; en realidad es contra el diálogo. Sobre todo cuando éste parece ofrecer una respuesta a más de un millón de maestros, cuyos derechos constitucionales claves (artículo 123) fueron cancelados. En efecto, los airados pronunciamientos de estos grupos arrancaron cuando el diálogo comenzó y se creó un ambiente de distensión y hubo acuerdos parciales. Incluso, el amparo promovido por Mexicanos Primero confirma esto al enfocarse en acuerdos con los maestros que son oscuros y concesiones indebidas producto de la debilidad lastimosa de la Segob (La Jornada, 4/8/16, pág. 3).

Es muy significativo que sea Mexicanos Primero el que asume la posición más radical contra el diálogo. Primero, porque representa la voz oficial del gran empresariado en la educación y, ahora, además, añade los medios para llevarla a cabo: sin diálogo, sin acuerdos, sin contemplaciones. Pero también es significativo porque no está sola: comparte postura con una SEP que durante casi un año se mantuvo firme contra un diálogo que no fuera acompañado de la aceptación del marco legal. De hecho, todavía hoy de fondo mantiene la misma postura. Si ya desde 2012-2013 había una estrecha cercanía SEP-Mexicanos Primero respecto de la modificación de normas constitucionales y legales para los maestros (ver la agenda-documento Ahora es cuando, de esa organización), la cercanía actual muestra la clara y firme voluntad de ambos de que no se llegue a la debilidad de acuerdo alguno. Una hipótesis que explicaría esta postura es que, desde su punto de vista, cualquier acuerdo real mostraría que el marco no es inamovible, que en el futuro tendrían ellos que seguir cediendo, y que esto pondría en peligro, de fondo, la visión misma que de la educación necesaria tengan los empresarios. Esta hipótesis explicaría por qué la consulta sobre el modelo educativo se presenta en términos tan perentorios: desde arriba, fragmentada, rápida y procesada unilateralmente. Sugerencias sí, acuerdos no.

Dado el momento actual, otra hipótesis sería la electoral. El factor 2018 tendría ya una poderosa influencia en el ámbito del conflicto y por tanto, en esta vena, un sector empresarial alarmado por la duración y fuerza de las protestas estaría cerrando filas en torno a una postura y a un candidato duro capaz de poner orden en el país en el sexenio venidero. Una tercera hipótesis, por supuesto, sería que, en realidad, los movimientos que hoy presenciamos son meras coincidencias en el tiempo, en los actores, en los temas y en la actitud, nada más.

En cualquiera de las tres hipótesis, lo cierto es que hoy la politización del tema educativo es tal que la consulta a que convoca la SEP difícilmente será significativa y, tampoco, realmente válida. Desde hace casi cuatro años, cuando se optó por despojar de derechos constitucionales básicos a los maestros, sus mismos promotores anticipaban que habría problemas (aunque calcularon mal la amplitud, duración y profundidad de la resistencia), y ahora la víctima son el país, los niños, jóvenes y maestros y padres de familia que se enfrentan a un horizonte educativo lleno de tensiones y contradicciones sin que puedan discutir tranquilamente qué educación es la que se necesita en México. Hoy que las cúpulas empresariales intervienen directamente contra el diálogo y los acuerdos que acerquen a una solución, ellos mismos prolongan y profundizan el conflicto.

Para dejar atrás esta ruta hasta suicida, de aumento creciente en la confrontación, hoy la única salida es precisamente un diálogo efectivo. Y eso requiere reducir la crispación ahí donde ésta primero se inició. Es decir, buscar una forma de abrogación, suspensión o reinterpretación del marco laboral-administrativo para que la discusión no se sitúe allí, sino en el terreno de la transformación de la educación. Y desde ahí repensar entonces qué tipo de marco laboral-administrativo, qué perfiles de los maestros, procesos de formación y actualización, tipo de condiciones de trabajo se requieren. Mientras este replanteamiento no ocurra, los maestros no tienen otro remedio que continuar manifestándose contra la exclusión laboral y al mismo tiempo y con la energía que da el propio movimiento, iniciar con sus aliados un proceso propio, amplio y representativo, una ruta que construya el gran proyecto educativo, abierto, incluyente, ese sí, desde abajo y desde las necesidades de conocimiento de los mexicanos. Y comenzará entonces una etapa a mediano y largo plazos, de una profunda disputa entre proyectos de educación, la de los empresarios por un lado, y, por otro, la de los maestros, estudiantes, padres de familia, comunidades y organizaciones sociales representativas de las grandes mayorías del país. En una circunstancia así, también los universitarios podemos, debemos pronunciarnos.

¿Qué tipo de protestas tendríamos hoy si a los empresarios, precisamente por serlo y sólo a ellos se les cancelaran derechos constitucionales básicos?

Un Estado autoritario sólo puede educar para obedecer

Lev Moujahid Velázquez Barriga*


Las  razones  oficiales  de  la  reforma educativa  chocan  con  la  realidad. ¿Cómo  decir  que  se  buscan  alumnos participativos  capaces  de  resolver conflictos  privilegiando  “el  diálogo,  la razón  y  la  negociación”,  cuando  el Estado  busca  imponer  esa  norma  por medio de la fuerza y la represión? Por ningún  lado  se  asoman  los  valores humanistas  que  dice  enarbolar  y  sólo dominan  los  del  empresariado neoliberal

Un  Estado  no  puede  ser  ajeno  a  los  principios  educativos  en  su  vida orgánica,  formas  de  gobernar,  legislar e  impartir justicia;  tampoco  lo puede  ser  quien  lo  representa  públicamente;  por  el  contrario,  los principios  educativos  deberían  estar  presentes  en  su  constante interacción con la sociedad, en el  ámbito  político  que  lo  dinamiza, en el  proyecto  nacional  que  lo  orienta,  en  su  desarrollo  económico  y cultural.


Cuando  estos  principios  están  ausentes,  no  podemos  hablar  de  un Estado  educador,  sino  de  otro  corrompido,  en  descomposición, porque  en él  imperan los  intereses  de  grupo  sobre  el  bien común. En estas condiciones, de  un Estado  corrompido  y no  educador, cualquier propuesta que  se  presente  como  opción de  transformación educativa emanada desde  el  seno  de  su descomposición orgánica, no  puede  ser sino  parte  de  sus  mecanismos  de  imposición,  sometimiento  y  de reproducción de intereses de grupo.


En  ocasiones,  estos  mecanismos  de  dominación  son  explícitos  y también tangibles, como  lo  es  el  Servicio  Profesional  Docente, que no deja  duda  de  su  carácter  punitivo  en  la  letra  y  en  los  hechos;  otras veces  no  son  tan  explícitos,  sino  que  dejan  un  cierto  margen  de libertades e  interpretaciones  para legitimarse, pero  de  facto  se  llevan a  cabo  con  la  misma  verticalidad  de  siempre,  como  lo   pretenden hacer  Aurelio  Nuño  y  sus  aliados  empresariales  y  sindicales,  con  el nuevo modelo educativo 2016.


Partimos de la premisa de que en México  no hay un Estado educador. Todo lo contrario, el que nos rige está sumergido en una condición tan crítica, que carece de principios éticos y valores cívicos que se puedan ampliar  al  conjunto  de  la  sociedad  desde  una  propuesta  pedagógica que  nutra  la  vida  democrática  por  las  venas  de  nuestro  sistema nacional de educación.


En  este  sentido,  los  documentos Modelo  Educativo  2016.  El replanteamiento  pedagógico  de  la  Reforma  Educativa; Los  fines  de  la educación  en  el  siglo  XXI  y  la Propuesta  curricular  para  la  educación obligatoria  2016,  son  parte  de  esta  condición  crítica;  más  que alternativas para dar contenido  a las ausencias pedagógicas y superar los  conflictos  magisteriales,  son  un  deslinde  que  intenta  alargar  la ruta de discusiones hasta el 2018, cuando el presente gobierno se haya ido y con él, toda responsabilidad sobre el caos que generó.


Se  trata  de  una  propuesta  de  nueva  cuenta  unilateral,  llena  de inconsistencias  e  incongruencias,  unas  producto  de  las  mismas  tesis fracasadas de la actual reforma y otras que auguran su inaplicabilidad porque  son  contrarias  a  su ADN político  fascista,  pero  que  aparecen como  elemento  de  distensión  del  descontento  magisterial,  popular  y académico.


Resulta  de  lo  más  dudoso  que  los  mismos  operadores  y  autores intelectuales  de  la  reforma  educativa,  cuyas  consecuencias  son decenas  de  muertos,  encarcelados  y  miles  de  despedidos,  hoy  digan que  “el  propósito  de  la  educación  básica  y  media  superior  es contribuir  a  formar  ciudadanos  libres,  participativos,  responsables  e informados,  capaces  de  defender  y  ejercer  sus  derechos,  que participen  activamente  en  la  vida  social,  económica  y  política  de México”.


¿Y  para qué  iban a querer eso?  Valdría la pena preguntárnoslo,  si  no existen en este  país  garantías  para el  ejercicio  de  la libre  ciudadanía, para  exigir  dignidad  laboral  sin  que  seas  hostigado  o  víctima  de  la represión  administrativa,  sin  ser  despedido  o  perder  tu  libertad  y hasta  la  vida.  Así  nos  lo  ha  enseñado  la  Secretaría  de  Educación Pública  (SEP) en  los  hechos,  pero  más  crudamente  durante  este gobierno en turno.


Me  parece que, desde  las  esferas de la burocracia estatal, no  se  puede recomendar  sin  atisbos  de  hipocresía  que  el  sistema  educativo  deba formar  personas  capaces  de  resolver  conflictos,  privilegiando  “el diálogo,  la  razón  y  la  negociación”  cuando  se  ha  priorizado  la  vía judicial, la criminalización de la protesta, así como la intervención de los órganos represivos para dirimir diferencias de orden pedagógico y laboral.


Por otra parte,  la supuesta “nueva cultura” organizativa que  pone  “la escuela al  centro” y sienta las “bases  para construir centros  escolares que  fomenten  el  trabajo  colaborativo  y  colegiado”,  no  se  puede edificar sobre  los  cimientos  de  un sistema vertical  y centralizado,  en cuyos  órganos  horizontales  de  participación  social  y  los  que  a partir de su autonomía diseñan las evaluaciones para generar propuestas de política  educativa,  están  los Empresarios  Primero  y  las  necesidades educativas después.


Hablar  de  autonomía  de gestión  para  la  rendición de  cuentas  es  una  de  las mayores  inconsistencias que  podemos  encontrar, si  la  corrupción  ha penetrado  hasta  las  altas esferas del poder político, incluso  en  la  presidencia de  la  república;  si  los niveles  de endeudamiento  han  sido tan irresponsables que hoy se podrían financiar el 95 por ciento de los programas  culturales,  educativos  y deportivos  de  la SEP tan sólo  con lo  que  el  Estado  paga  de  intereses  anuales  por  concepto  de  deuda pública. Sin embargo, el  Modelo  Educativo  2016 sigue  proponiendo  la colocación de certificados de endeudamiento  en la bolsa de valores, a través  de  Escuelas  al  CIEN (Certificados  de  Infraestructura  Educativa Nacional),  como  si  fuese  un mecanismo  exitoso  y los  datos  no  fueran desalentadores.


En  su  caso,  los  Consejos  Técnicos  Escolares  y  la  Ruta  de  Mejora Continua que  se  presentan como  los instrumentos  para la planeación contextualizada  de  la  escuela,  poco  han  contribuido  al  diseño  de alternativas  pedagógicas,  no  por  falta  de  capacidad  de  los  docentes claro está, en realidad su objetivo no ha sido la autogestión curricular, sino  la  aplicación  de  una  reforma  educativa  que  viene  desde  arriba con  todo  su  peso  administrativo,  burocrático,  antilaboral  y privatizador hasta los centros escolares.


En  cuanto  a  las  evaluaciones  internas,  según  las  condiciones específicas,  como  parte  de  la  autorregulación  de  los  aprendizajes,  la formación intrínseca de  los  docentes y las orientaciones autogestivas de  los  procesos  pedagógicos  escolares,  podríamos  decir  que  carecen de  pertinencia y significatividad para los  actores  educativos,  toda vez que  el  ej e  rector  para  los  informes  oficiales,  la  mediatización comunicativa  de  los  resultados  del  sistema  educativo,  la  opinión pública,  las  decisiones  políticas  y  los  impactos  laborales  de  los profesores, son las evaluaciones externas y además estandarizadas.


A  decir  del  modelo  curricular  que  aparece  como  continuidad  del marco  constitucional  inspirado  en las  recomendaciones  derivadas  de los  acuerdos de  cooperación con la Organización para la Cooperación y  el  Desarrollo  Económicos  (OCDE),  para  la  integración  del  mercado mundial,  y  no  en  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO),  es  decir,  para  el desarrollo cultural de la humanidad, no se puede nombrar a sí mismo como  humanista.  No  hay  humanismo  posible  ni  centralidad  de  lo pedagógico  para  quien  ha  esclavizado  el  destino  de  las  nuevas generaciones a la globalización económica.


Pretender “encontrar un equilibrio  entre las exigencias propias de un proyecto  humanista,  fundamentado  en  la  educación  integral,  y  un proyecto  que persigue la eficacia y la vinculación de la educación con las necesidades de desarrollo del  país”, se vuelve búsqueda paradójica en la medida en que la “calidad” y no las cualidades humanísticas son el  objetivo  superior  de  la  educación,  como  estigma  que  ha  dejado heridas  en  la  Constitución  mexicana,  sacrificada  en  favor  de  los intereses empresariales.


No  hay coherencia lógica cuando  se  propone, por un lado, incorporar “los  avances  que  se  han  producido  en  el  campo  del  desarrollo cognitivo, la inteligencia y el aprendizaje” y, por otro, supeditar toda la teoría  pedagógica avanzada que  apunta a la  diversidad humana  y de sus formas de aprendizaje, al  modelo único por competencias, el  cual no  concibe  a la persona en su complejidad (homo complexus),  sino  en la  simplicidad  de  su  unidimensionalidad  económica  (homo economicus).


En  suma,  un  Estado  totalitario,  como  el  nuestro,  no  educa  para  la autonomía, sino  que  refuerza la obediencia y la sumisión, transgrede la  diversidad  cultural  y  cosifica  la  integralidad  humana,  ahí  está  la esencia  del  modelo  educativo  que  presenta  la  SEP,  revuelta  entre marañas conceptuales que se contradicen con su tradición neoliberal.


Una  verdadera  propuesta  educativa  sólo  podrá  venir  de  las oposiciones  críticas  al  proyecto  empresarial,  de  las  diferencias políticas  a  la  dictadura  pro  fascista,  de  la  cultura  democrática  y popular  que  se  reconstruye  en  la  renovación  constante  de  los movimientos  sociales,  de  las  autonomías  indígenas  y  su  proyecto decolonial,  del  diálogo  de  saberes  entre  la  raíz  pedagógica latinoamericana  y  las  epistemologías  para  atender  la  diversidad cognitiva.

*Doctor  en  pedagogía  crítica  y  educación  popular;  integrante  de  la Coordinadora  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  en Michoacán