¿Los derechos y garantías constitucionales no se aplican a los maestros?

Carlos Ímaz Gispert

¿Cuándo aprobó el Congreso de la Unión el decreto de restricción o suspensión de los derechos y garantías constitucionales para los maestros? La pregunta resulta pertinente, porque frente a lo que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, calificó de protestas minoritarias y aisladas (pero como se ha podido verificar incluyen a varias centenas de miles de maestros en todo el país), el gobierno federal decidió ilegal e ilegítimamente hacer uso de la violencia física contra los maestros que protestan pacíficamente contra la llamada reforma educativa.

El cierre de la autopista México-Toluca, realizado por la Policía Federal pero achacado por diversos medios a los docentes (que violentó el derecho de los maestros de Michoacán a circular por esa carretera y el de miles de ciudadanos que se quedaron atrapados por horas en dicha arteria); el desalojo y secuestro de los mentores acampados en la Ciudad de México, que fueron subidos con amenazas a autobuses y trasladados contra su voluntad a sus lugares de origen; el descomunal despliegue policiaco en la capital del país, que impidió a una marcha arribar al Zócalo para protestar y presentar pública y pacíficamente sus peticiones, y la brutal agresión de policías federales y estatales, con balas de goma y gases lacrimógenos, contra una tranquila manifestación de mentores y padres de familia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, son acciones sin ningún sustento legal, que violentaron flagrantemente los derechos de todo mexicano a la protesta pacífica, la petición, la reunión y la libre circulación por el territorio nacional (artículos 1, 9, 11 y 16 constitucionales).

Para intentar legitimar socialmente sus ilegales acciones, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su secretario de Educación acusan a los maestros movilizados de defender privilegios indebidos. Este argumento resulta grotesco frente al ofensivo derroche de recursos públicos (avión presidencial, viajes a todo lujo y en tropel, etcétera) y la probada corrupción en su gobierno (casas Higa de Peña y Videgaray, OHL, etcétera) y frente a los privilegios indebidos y la conocida corrupción de los sometidos herederos de Elba Esther Gordillo, que encabezan el SNTE (responsables de la venta de plazas y de aviadurías de quienes cobran hasta cinco plazas sin trabajar). El único privilegio indiscutible de que ciertamente gozan los maestros frente a grupo es el de contemplar cotidianamente las caras de asombro y curiosidad que despiertan los procesos de aprendizaje de nuestros niños en las aulas (por cierto, la mayoría de éstas se encuentran en condiciones paupérrimas y 44 por ciento de ellas cuenta sólo con un maestro para atender los seis grados de educación primaria o, en el mejor de los casos, con dos o tres profesores que atienden simultáneamente, al menos, dos grados).

Tampoco es nada afortunada, por decir lo menos, la respuesta gubernamental al llamado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de sentarse a dialogar. El gobierno federal, afirman, sólo lo hará si los maestros aceptan, a la letra, la reforma educativa. Es decir, que se niegan a dialogar, pero, para no decirlo, argumentan un contrasentido: sólo accederán si su palabra es la única que se escuche: ¡el diálogo convertido en sinónimo de monólogo! Es grave, pues no sólo se rehúsan a conceder el inapelable derecho constitucional de audiencia, sino que cierran la puerta al siempre necesario diálogo para dirimir desacuerdos y conflictos.

De origen, la reforma laboral realizada a los trabajadores de la educación con el nombre de reforma educativa conculcó de facto el contrato colectivo de trabajo y violentó, además, el artículo 14 constitucional, que a la letra señala: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ahora, por si fuera poco, han empezado los despidos de maestros, dicen que por faltistas, cuando a todas luces el móvil del despido es político (su oposición abierta, pacífica y masiva a la reforma educativa), conculcándoles también el derecho de huelga.

Así, la mano firme que anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (que con la corrupta cúpula del SNTE es mano amiga y de manga ancha), resulta un grotesco eufemismo para encubrir la instauración de un estado de sitio de facto contra los maestros, nugatorio de nuestra Constitución política. El gobierno federal, flanqueado por los gobiernos de Chiapas y de la Ciudad de México, hace uso ilegal e ilegítimo de la fuerza.

Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, afirmó en su momento Benito Juárez, pero siendo que el gobierno no escucha razones y hace del derecho letra muerta, corresponde al pueblo de México arropar a nuestros maestros y hacerlo una realidad.

Roberta S. Jacobson: relanzar la Iniciativa Mérida

Alberto Betancourt Posada *

El Senado de Estados Unidos ratificó recientemente a Roberta S. Jacobson como embajadora en México. Aunque parte de la prensa la presentó como artífice de la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en realidad ella ha reconocido que promovió tácticas de contrarrepresión, como cobijar disidentes y financiar ONG anticomunistas y presionar políticamente al gobierno cubano para que otorgara visas a los diplomáticos estadunidenses. Para saber quién es la nueva embajadora en México, recordemos que el 25 de mayo de 2011, durante una comparecencia ante el Senado, señaló que su prioridad, en la Dirección de Asuntos Hemisféricos, consistió en coordinar el Plan Colombia, las iniciativas Mérida, de Seguridad Ciudadana en Centroamérica y de Seguridad del Caribe, buscando en todos los casos estandarizar la capacitación de las fuerzas armadas, actualizar (americanizar) a los impartidores de justicia y financiar ONG afines al punto de vista estadunidense.

El 2 de febrero de este año, durante una conversación telefónica difundida por la Casa Blanca, Roberta S. Jacobson se ufanó de que el Plan Colombia había sido tan exitoso en la capacitación de la Policía Nacional de Colombia, que de hecho dicha institución se había convertido a su vez en la instructora de 27 mil miembros de seguridad procedentes de 61 países. En el libro Gruñidos imperiales, Robert Kaplan dice que cuando visitó Tolemaida, centro de capacitación de la Policía Nacional de Colombia, se acordó de paquistaníes e indios, quienes copiaban en shorts el uniforme de sus maestros contrainsurgentes; en las goteras de Bogotá, donde los Boinas Verdes capacitan a los junglas (o policías) para que sean bravos (expertos en armamento), charlies (ingenieros), deltas (médicos) o ecos (expertos en comunicaciones), todos bajo las órdenes del Comando Sur.

El perfil profesional de la flamante embajadora Jacobson y de su discurso confirman que el Plan Mérida no se desvaneció junto con la administración del rijoso Felipe Calderón, sino que sigue vigente e incluso se intensificará en un futuro inmediato. “Si soy nombrada embajadora –dijo Jacobson durante su comparecencia en el Senado estadunidense–, mi segunda prioridad será continuar la cooperación mediante la Iniciativa Mérida”.

Cabe decir que dicha iniciativa, abrazada por Calderón como pivote de su política exterior, dejó saldo de al menos 60 mil personas muertas y 20 mil desaparecidas, y la penetración en territorio mexicano de agentes de diversas agencias estadunidenses avocadas a supervisar policías, capacitar jueces, entrenar médicos y financiar sicólogos comunitarios. En el marco de la Iniciativa Mérida, las ramas de la hidra estadunidense se multiplican por todos lados; por ejemplo, el 15 de junio de 2015, la embajada anunció que las autoridades norteamericanas participaron directamente en la modernización de las policías de Querétaro, Guanajuato, Durango y Chihuahua, en asuntos como estrategias de selección y aprobación de personal, reclutamiento, capacitación, modernización tecnológica, especialización y trabajo de análisis. El primero de abril, en Victoria, Durango, Steve Kraft, director de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, inauguró la centésima sala de juicios orales en el país, financiada con recursos de la Iniciativa Mérida. El 22 de abril, Courtney Mazzone dirigió la Conferencia Sureste sobre el sistema penitenciario mexicano, celebrada en Mérida, Yucatán. La embajada, señaló, trabaja con las cárceles mexicanas para alinearlas a los estándares internacionales y ayudarles a obtener la certificación de la Asociación de Correccionales de Estados Unidos.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido complaciente ante la creciente penetración estadunidense, que ha vulnerado nuestra soberanía nacional, pero además actúa muy ineficazmente ante el inusitado ascenso del señor Donald Trump. Por ejemplo, el 5 de abril de 2016 la cancillería mexicana designó al maestro en derecho José Paulo Carreño King en la estratégica Subsecretaría para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El currículum de Carreño no responde a la necesidad de defender a los connacionales ni al imperativo de proteger la soberanía nacional. Pretende, más bien, vender la imagen del país. El funcionario fue desde 2015 coordinador de Marca País y Medios Internacionales de la Presidencia de la República, cargo en el cual el presidente Enrique Peña Nieto le encomendó la misión de desarrollar e instrumentar una estrategia integral de promoción de nuestro país en economías clave. Según el currículum proporcionado por la SRE, Paulo Carreño ha desarrollado una carrera centrada en el ámbito de la mercadotecnia ocupando cargos como “director ejecutivo de comunicación de Grupo Financiero Banamex o como vocero en México de Citigroup. Al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se difundió la pifia de que sus secretarios de Estado estaban azorados al descubrir que la administración anterior había permitido que los estadunidenses se metieran hasta la cocina, pero, según puede apreciarse en la información difundida por la embajada estadunidense, la Iniciativa Mérida está más viva que nunca.

* Investigador de El Colegio de México

El GEIE, Tomás Zerón y la trama de Iguala/III

Carlos Fazio

 

Las graves irregularidades co­­metidas por el jefe de la Agencia de Investigación Cri­minal (AIC), Tomás Zerón, en su casi furtiva presencia en el río San Juan, no fueron las únicas. En su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo identifica como la fuente original de la quinta versión sobre el destino final de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El 7 de septiembre de 2015, al día siguiente del primer informe del GIEI donde los expertos expresaron su convicción de que en las condiciones señaladas por los presuntos inculpados resultaba imposible que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, Tomás Zerón afirmó: Nosotros estamos seguros que lo que pasó es un gran incendio, que ahí fueron quemados un grupo importante, sin poder afirmar, que fueron los 43, pero sí un grupo importante de estudiantes (ver informe final del GIEI, página 252).

La afirmación venía a contradecir lo que el propio Zerón había dicho en enero de ese año, cuando informó públicamente de la detención de Felipe Ro­dríguez Salgado, presunto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros unidos, quien, dijo, habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Dichas declaraciones, aduce el GIEI, supusieron un cambio en la práctica en la versión oficial hasta entonces mantenida y se venía a sumar a otras cuatro ya existentes: a) la referida a Pueblo Viejo; b) la casa de seguridad; c) la versión de Los peques, y d) el basurero de Cocula.

Según el informe del GIEI, a partir del 7 de septiembre de 2015, en distintas reuniones con autoridades de la Procuraduría General de la República, altos funcionarios de la institución comenzaron a decir que nadie había hablado de números. A su vez, esa nueva versión sostenida por Zerón, según la cual un número menor de estudiantes había sido asesinado e incinerado en Cocula, no había sido expresada hasta ese momento en ninguna de las declaraciones rendidas por los presuntos miembros de Guerreros unidos y era inconsistente con lo señalado por los supuestos perpetradores que declararon haber participado en los hechos.

A su vez, la PGR consideraba que los estudiantes incinerados en Cocula eran 43, hasta el punto de encargar una pericia sobre el número de personas que podría transportar la camioneta blanca de tres toneladas que según dos de los inculpados, Jonathan Osorio y Miguel Landa, se había utilizado para trasladar a los estudiantes. Para concluir que sí cabían 43 personas, la PGR ubicó en la camioneta a un número igual de miembros de la Agencia de Investigación Criminal.

El 17 de septiembre de 2015, 11 días después de que el GIEI advirtiera sobre una quinta versión y a 10 de que Zerón modificara la versión de los hechos, fue capturado Gildardo López Astudillo, quien en una primera declaración en presencia de un funcionario del GIEI y un abogado de los familiares de los 43 desaparecidos, no reconoció ninguna participación en Guerreros unidos. Horas después, ya sin la presencia de éstos, el imputado Gil modificó su versión: los estudiantes habían sido separados en dos grupos, unos fueron entregados en Lomas de Coyote y otros llevados a un rancho de un supuesto líder del grupo criminal donde los cocina y se hacen agua. Nadie le preguntó en qué consistía ese proceso ni dónde estaba el rancho…

Al respecto, señala el GIEI: “Ese hecho muestra un problema que se ha dado a lo largo de la investigación (…) La autoridad parece dar credibilidad a nuevas versiones, sin claridad sobre los criterios para hacerlo, ni las consecuencias para el conjunto de la investigación y frente a otras declaraciones tomadas hasta entonces. Si esos hechos fueran ciertos, entonces las cinco declaraciones anteriores en las que se basaba la teoría del basurero no tendrían valor. Nuevamente son las declaraciones las que controlan el destino de la investigación y no las pruebas objetivas, yendo éstas a avalar dicha versión, dado que en algunos informes periciales se observa un fuerte sesgo confirmatorio” (ver informe, pág. 255).

En una entrevista con miembros del GIEI, Gildardo López indicó que le fue señalado qué declarar y que a cambio podría salir en libertad en un futuro. Agregó que dicha declaración fue ensayada y cada vez que se había equivocado se volvía a grabar. Si bien el GIEI asienta en su informe que no tiene elementos para dar credibilidad o no a ese relato, consigna que El Gil es una de las personas con indicios de haber sido sometida a torturas.

Según el testimonio entregado a Naciones Unidas por otro imputado (Agustín García), nunca hizo una confesión espontánea de su parte y en el río San Juan el 28 de octubre de 2014 hubo un montaje orquestado por Tomás Zerón y funcionarios de la PGR. Adujo que en todo momento fue amenazado y coaccionado por los miembros de la Marina que lo detuvieron y torturaron; fue obligado a memorizar datos y nombres para incluirlos después en su confesión, y aleccionado acerca de lo que tenía que hacer y decir.

Sus dichos contrastan con las declaraciones de Tomás Zerón el 27 de abril de 2016, cuando afirmó que en su diligencia en el río San Juan todo fue legal y conforme a derecho, y que incluso Agustín García los había guiado voluntariamente al lugar donde después, presuntamente, fue sembrada la bolsa con algún resto óseo de Alexander Mora.

Prácticas muy comunes en México, la siembra de evidencias y la tortura a los detenidos fueron dos de los temas rechazados por Zerón ante los señalamientos del GIEI. Un día después de la presentación pública donde el titular de la Agencia de Investigación Criminal negó tales hechos, la PGR dio vista a la visitaduría general para indagar su actuación y la de otros funcionarios. Tomás Zerón debió ser cesado de su cargo de inmediato, pero se dice que cuenta con poderosos padrinos y protectores en Los Pinos, entre ellos el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el propio Enrique Peña Nieto.

El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala/II

Carlos Fazio

Profesional, metódico, riguroso y sin utilizar adjetivos; contrastando los testimonios y las contradicciones de los autoinculpados, sometidos a malos tratos y torturas en los que se sustenta la teoría oficial sobre el presunto asesinato e incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, y siempre apegado a los hechos incluidos en los expedientes confeccionados por los investigadores de la Procuraduría General de la República para fragmentar y entorpecer el caso Iguala, el demoledor informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) volvió a exhibir la catadura moral del sistema político mexicano y desmontó una vez más la verdad histórica del ex fiscal de la Nación Jesús Murillo Karam y de su principal operador y comparsa, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Llegados a México como coadyuvantes en la investigación y tácitamente expulsados del país el 30 de abril, al expirar su segundo mandato, los miembros del GIEI, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, aportaron un elemento clave sobre el trágico hecho criminal: una serie de fotografías y un video grabado por los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez, el 28 de octubre de 2014, en el río San Juan, que vinieron a develar una singular diligencia extraoficial –además de anticonstitucional e ilegal– protagonizada por el jefe de la AIC, el hombre del trabajo sucio y los montajes en la PGR.

En las imágenes captadas por Villa y Jiménez, que los peritos del GIEI confrontaron con las de otros dos periodistas gráficos y con toda la documentación de fotografía y video existente en el expediente de la PGR 001/2015, se muestra que Tomás Zerón tuvo bajo su control la escena del río San Juan. Sin facultades constitucionales para practicar esa diligencia, se ve a Zerón resguardado por un cerco de seguridad perimetral de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y sin la presencia del Ministerio Público, bajo cuya conducción y mando debió haber actuado.

Zerón estuvo acompañado por funcionarios del área de Servicios Periciales de la PGR y del presunto auto-inculpado Agustín García Reyes, detenido por la Marina y torturado al vapor la tarde-noche del 27 de octubre de 2014, a partir de una llamada supuestamente anónima que la PGR habría recibido el día anterior, donde se advertía que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados en el basurero y sus cenizas arrojadas luego al río.

Después de haber confesado que habían arrojado al lecho del río ocho bolsas con las cenizas y restos humanos de los estudiantes, García Reyes, quien no contó con asistencia legal, en franca violación del debido proceso, guió a Zerón al lugar del hecho. Un día después (29 de octubre de 2014), en el mismo lugar y exactamente en las mismas coordenadas donde se había registrado el traslado y la ilegal reconstrucción de hechos, un buzo de la Semar encontró una bolsa de donde se extrajo –según la verdad histórica de Murillo Karam– el único resto óseo que a la postre, mediante el análisis de ADN nuclear en los laboratorios de genética de la Universidad de Innsbruck, sirvió para identificar como perteneciente al normalista Alexander Mora. Sin más pruebas, la PGR concluyó que el resto de los desaparecidos corrieron la misma suerte.

En respuesta a los graves señalamientos del GIEI, el 27 de abril, Tomás Zerón declaró ante los medios que su presencia en el lugar fue un acto de investigación policial, que constituye un acto previo de una diligencia ministerial. Si bien la historia oficial señaló que el descubrimiento se hizo el 29 de octubre y que los testigos-inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario, sin que existiera ningún registro de hechos en el expediente de la averiguación previa (ver informe del GIEI, página 285).

La cuestión grave, como consignó Magdalena Gómez en La Jornada, es que en el video exhibido por el GIEI y las imágenes fotográficas publicadas en los medios de difusión el 28 de octubre ya aparecían bolsas con características similares a la hallada hacia las 8:50 de la mañana del día siguiente por un supuesto buzo de la Marina. Una impresión fotográfica captada a las 15:36 del 28 de octubre exhibe a dos individuos (en apariencia un marino y un perito de la PGR) mientras observan dos bolsas depositadas sobre el barro seco a orillas del río San Juan (no en el agua): una negra con restos carbonizados y una blanca cuyo contenido no pudo verse.

El GIEI nunca afirmó que esas bolsas fueran sembradas. Concluyó que la presencia en el lugar del jefe de la AIC el 28 de octubre de 2014 no se encuentra registrada en la investigación; que no encontraron en el expediente ningún documento que muestre las condiciones legales y el registro de custodia para el traslado del detenido (Agustín García Reyes) al río San Juan; que la toma de evidencias del cauce del río por el subdirector de Servicios Periciales tampoco quedó reportada y no se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida. Sí consigna que los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense se negaron a firmar la cadena de custodia el día 29, porque cuando llegaron al lugar los restos ya se hallaban sobre una lona y eran analizados por peritos de la PGR.

Al presentar el informe, un experto del GIEI dijo que les llamó la atención que una organización criminal (Guerreros unidos) que presuntamente había adoptado el sofisticado modus operandi y sin antecedentes de convertir en cenizas a los normalistas, para que no pudieran ser identificados ni siquiera con pruebas de ADN –similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio–, fueran después a arrojar las bolsas al río San Juan… ¡en un área visible desde varias casas del lugar y a plena luz del día!