MÉXICO,
D.F. (Proceso).- La conversación a fines de la semana pasada entre el
presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario estadunidense, Barack
Obama, para que “culminen pronto” los trabajos del Acuerdo Transpacífico
de Libre Comercio (TPP, en inglés) debe generar alerta por las graves
implicaciones para los mexicanos y por la forma y el fondo de la
discusión de este tratado multilateral. Veamos.
Primero. Desde
hace al menos cinco años Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados
Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam
negocian ese TPP que, de entrada, no trata sólo de circulación de bienes
y servicios, algo propio del libre comercio. Lo anterior empezó a
generar dudas y sospechas, porque el contenido de ese proyecto normativo
es secreto. Nadie tiene acceso al contenido total del texto.
Este hecho no puede seguir la ruta de la opacidad porque en México, se supone, impera la máxima publicidad, además de ser una práctica habitual poner a discusión de la sociedad los proyectos legislativos. Al menos, los legisladores tienen acceso a esos borradores y tienen posibilidad de emitir sugerencias, comentarios y modificar, en su caso, algunas partes.
En la discusión del TPP ni los senadores mexicanos –quienes en su momento deberán ratificar el tratado una vez firmado por el presidente, para que surta plenos efectos jurídicos– tienen conocimiento del contenido.
En este caso, los senadores no tendrán ningún margen de maniobra: lo ratifican o no, pero no pueden sugerir el cambio ni de una coma. Por regla general, los tratados y convenciones contienen derechos más avanzados que los existentes en el país, razón por la cual se ha logrado que con la reforma constitucional de 2011 esas disposiciones tengan un nivel de norma constitucional. Hoy este proyecto es la excepción.
El mecanismo ordinario para reformar, suprimir o ampliar el contenido normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sigue un proceso complejo por tratarse de la máxima norma jurídica del país. Cualquier modificación se debe aprobar por las dos cámaras del Congreso; después, someterla a la aprobación de la mitad más uno de los congresos de los estados de la República y al final debe ser promulgada por el presidente de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación. La vía de los tratados y convenciones, en cambio, es fast track porque generalmente vienen a refrescar el marco normativo con normas protectivas y progresistas. Hoy no es el caso.
Segundo. Gracias a las filtraciones de WikiLeaks y al acceso a varios extractos del proyecto –el cual, paradójicamente, sí conocen en su totalidad los lobistas de las grandes empresas, para hacer sugerencias–, se puede saber que no se trata de un tratado inocuo para la mayoría de la población. Al contrario. Su contenido se ha mantenido en secreto porque se tratan cuatro ejes temáticos de suma gravedad: a) limitaciones a los derechos humanos en internet, b) obstáculo al acceso a medicamentos genéricos; c) obstáculos al conocimiento y la cultura y d) obstáculos a los derechos de los consumidores.
La organización TPP Abierto de Chile (http://tppabierto.net/que-es-tpp) logró generar un movimiento ciudadano y político sobre el impacto de semejante normativa en proyecto. Es evidente que los mexicanos estarían en contra de afectarse a sí mismos si tuvieran la información. El proyecto prevé convertir a los proveedores de acceso a internet en los responsables de censurar los contenidos sin que medie intervención de un juez de derecho. Ello limitaría sobremanera la libertad de expresión en el único espacio hasta ahora menos regulado.
También se prevé ampliar el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo cual va a implicar que los genéricos reduzcan su presencia y los costos de los fármacos suban, en perjuicio de la inmensa mayoría. Peor aún, la medicina tradicional o aquella que no tenga una patente de procedimientos quirúrgicos y médicos alópatas (la medicina convencional) estarían prohibidas, con un efecto en la economía de los que menos tienen y en las ventajas que esa medicina alternativa ha dado a muchas personas. Y así se podrían enumerar más cosas que circunstancialmente se conocen.
Tercero. A pesar de que sólo los países del Primer Mundo –empezando con Estados Unidos y sus corporaciones– serían los grandes beneficiarios de este tratado multilateral, en el vecino país del norte están dando la batalla de oposición distintos actores sociales, académicos y políticos, entre otros el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio; el extitular del Banco Mundial y Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz y el académico Noam Chomsky. Todos cuestionan la bondad del TPP.
En el caso latinoamericano, diputados y senadores chilenos de distintos partidos han hecho pública su postura sobre el tratado; entre otras cosas señalan: “El desarrollo de cualquier política pública en materia de trabajo, medio ambiente, salud, medicamentos, propiedad intelectual, internet, libre competencia, inversiones, entre otras cubiertas por el TPP, debe ser discutido abiertamente bajo estándares de deliberación democrática y transparencia que esta negociación no tiene, y debe considerarse siempre la realidad y diversidad social, cultural y económica de nuestro país (…) El gobierno de Chile debe respetar la división de poderes del Estado y en ningún caso debe ceder, cercenar ni restringir el ejercicio de la función legislativa a organismos nacionales de otros países, como proponen las normas de implementación del TPP”. (https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Declaracion-Publica-TPP_Diputados_Senadores_08dic.pdf).
Aquí el Senado no se ha dado por enterado. Es urgente que los senadores que tienen algún compromiso con la sociedad hagan algo para abrir estas discusiones, sobre todo porque México “lidera” el grupo de países a favor del gobierno abierto. Hay que practicar, no sólo predicar.
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