Geopolítica y despojo

Carlos Fazio

 

I. Hace 20 años, la mañana del 23 de octubre de 1995, el jefe del Pentágono, William Perry, dijo ante la plana mayor del Ejército Mexicano que entre Estados Unidos (EU) y México existían fuertes lazos políticos y económicos, pero que faltaba un tercer vínculo, el militar. A partir de entonces, promovida por Washington, la sana distancia entre las fuerzas armadas de ambos países comenzó a acortarse. Para justificar una mayor injerencia militar, la táctica estadunidense fue jalar de los hilos de la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, la deuda externa y los créditos condicionados del FMI y el Banco Mundial −como perros guardianes del Departamento del Tesoro−, con la finalidad de provocar una desestabilización de México.

Mucho antes de que se conociera en el mundo la llamada globalización económica neoliberal, la apetencia de EU por los hidrocarburos y otros minerales estratégicos mexicanos había quedado asentada en documentos oficiales de la Casa Blanca. Como parte de la conformación de América del Norte en un espacio geopolítico integrado además por Canadá, el proceso de integración silenciosa de México a EU estuvo fundado en una estrategia económica dictada por los intereses corporativos y de seguridad nacional estadunidenses. Mediante instrumentos no militares, como el espionaje telefónico y microfónico sobre la cúpula político-económica mexicana (corrupta o susceptible de corrupción, enredada como ya estaba en un entramado de vínculos ilícitos de tráfico de influencias y narcotráfico), la diplomacia de Washington comenzó a cultivar relaciones personales y a recurrir de manera cada vez más metódica y frecuente a los instrumentos políticos, sicológicos, económicos y financieros, a fin de explotar las vulnerabilidades individualizadas del liderato mexicano, siempre con la mira puesta en los hidrocarburos, la privatización de Pemex y una reconfiguración espacial del territorio de México.

II. La concepción de instaurar una zona de exclusividad geopolítica que integrara a Canadá, EU y México, tuvo como primer paso la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Y desde la entrada en vigor de éste, el primero de enero de 1994, EU ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. México no escapó a esa lógica. Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar estadunidense llegaría acompañado de una serie de planes y megaproyectos, como los contenidos en el TLCAN, que vinculó a México de manera asimétrica y subordinada a EU, a los que seguirían después el Plan Puebla Panamá (PPP, 2001); la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan o TLCAN militarizado, 2005), que contiene una redefinición de facto de la frontera entre ambos países, de acuerdo con los objetivos de seguridad de Washington y en detrimento de la soberanía mexicana, y la Iniciativa Mérida (o Plan México, símil del Plan Colombia, 2007), que implicó una acelerada readecuación y penetración de las fuerzas armadas y las distintas fuerzas policiales mexicanas por asesores e instructores de operación e inteligencia estadunidenses.

III. La Aspan incluyó una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital trasnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad −justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional− y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social.

IV. Diseñada por EU, la guerra asimétrica de Felipe Calderón tuvo por objetivo destruir mediante la violencia y el terror el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país consideradas económicamente estratégicas por el gran capital, como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, con base en la aprobación de la cuarta generación de medidas neoliberales durante el mandato de Enrique Peña Nieto −en particular la contrarreforma energética−, diera paso a una posterior enloquecida carrera trasnacional para el despojo.

V. La dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Calderón, tuvo su continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 de Peña Nieto, y fue reconfirmada en sus 10 medidas de acción en materia de legalidad y justicia anunciadas por el jefe del Ejecutivo en noviembre de 2014, donde se establecía que el gabinete de seguridad implementaría un operativo especial en la zona de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y una estrategia de desarrollo integral en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, consistente en crear tres zonas económicas especiales: 1) el corredor industrial interoceánico en el Istmo de Tehuantepec (que conectará al Pacífico con el Golfo de México); 2) Puerto Chiapas, y 3) Puerto Lázaro Cárdenas, en los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero. Con financiamiento de la banca de desarrollo y el sector privado, las inversiones previstas incluyen autopistas (como la que conectará Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez y obras de infraestructura y gasoductos (como el del eje Salina Cruz-Tapachula, que permitirá introducir gas natural por primera vez a México).

Salvo Puebla, la iniciativa oficializada por Peña Nieto en Puerto Chiapas el 29 de septiembre de 2015, incluye a los otros ocho estados del Plan Puebla Panamá original. Publicitado como un plan innovador de desarrollo, la iniciativa evidencia que la nueva fase de desposesión o despojo tiene como blanco prioritario territorios ricos en recursos naturales y materias primas, donde están asentados pueblos originarios y existen proyectos de resistencia contrahegemónicos y autonómicos.

Un debate necesario: ¿Qué es Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Hacia dónde van sus democracias?

Mónica Maristain

En el marco de la FIL zócalo tuvo lugar una discusión acerca del presente y el futuro de nuestro continente. Más allá de los clichés con que los medios de información hegemónicos intentan reducir las experiencias de los gobiernos populares, hay un pensamiento que es preciso poner en el terreno del análisis

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– ¿Qué es Latinoamérica hoy? ¿Hacia dónde va este continente tan castigado en décadas recientes por los intereses del capital que no dudaron de echar mano de las dictaduras militares para imponer sus criterios?

Cuando la crisis económica mundial ha destruido la tan difundida teoría del derrame, ahorcado a los países que pierden soberanía para en pos de pagar deudas millonarias que han hecho ricos a los más ricos y pobres a los más pobres, ¿qué hay que hacer para asegurar el porvenir de las nuevas generaciones?

“Lamentablemente hay más pobres”, admitía el pasado 15 de octubre el Presidente Enrique Peña Nieto, como si él no tuviera nada que ver en el asunto.

Efectivamente, desde su llegada al poder, hay 2.2 millones de pobres más en México, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Suman 11.4 millones las personas que viven en pobreza extrema, es decir, que no tienen ni siquiera un plato de comida garantizado al día.

Mientras, el 10 por ciento más rico de México concentra el 64.4 por ciento del total de la riqueza del país, una cifra que se incrementa año tras año.

Cuando en nuestro país no se discute la legalización de las drogas y se sigue apostando por una sangrienta e inútil guerra contra el narco, atendiendo las demandas y los propósitos de los Estados Unidos, con esas cifras de la pobreza y la desigualdad, ¿vale la pregunta si México pertenece a Latinoamérica o no?

México, claro, es Latinoamérica, pero su cercanía con la gran Potencia del Norte le ha impedido en cada sexenio formar parte esencial de la experiencia continental.

Si en Sudamérica hubo cruentas dictaduras militares, aquí primó “la dictadura perfecta” del PRI. Si en países como Uruguay se implementa la legalización –en un proceso complejo y para nada concluido aún– de la marihuana, en México se realiza una cruzada contra el crimen organizado, donde nuestro país pone los muertos, Estados Unidos las armas y los adictos a las drogas.

En ese contexto, ¿vale pedir como lo ha hecho en una entrevista reciente el periodista Javier Martínez Staines un cambio de sistema político, social y económico venga de dónde venga?

En Sudamérica, los Gobiernos de izquierda han cambiado la geopolítica de la región. Aun con grandes imperfecciones y con muchos opositores por parte sobre todo de los medios hegemónicos que responden en gran medida a los intereses del capital, el territorio vive nuevos aires y su voz se escucha mucho más fuerte ahora en el contexto mundial.

Latinoamérica ya no parece sólo la víctima propiciatoria e inerme del imperio. Se da la chance de construir nuevos y propios paradigmas. Desde cuestionar e incluso denunciar la voracidad de los fondos buitre que compran títulos de deuda externa por centavos, para luego reclamar millones, hasta promover el desarrollo industrial interno y con ello poner en práctica numerosas políticas sociales que han afectado positivamente a grandes masas de la región.

A todos esos gobiernos, la CNN y el poder llaman populistas. Sin embargo, ¿alcanza ese término para comprender y descartar procesos políticos que arriban al poder con una gran cantidad de votos?

Es ese el sentido del debate que quiso y pudo poner en el centro de atención la promotora cultural Paloma Saiz en la reciente edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo.
Podemos estar de acuerdo o no con muchas de las cosas que suceden a nivel político en Latinoamérica, pero nadie podrá negar en este punto lo mucho que nos hace falta encontrarnos y debatir entre nosotros los grandes temas que interesan a los habitantes de esta parte del mundo.

Y hacerlo, como bien marcaba el Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera –uno de los invitados por Saiz- entre nosotros, sin el arbitrio de los Estados Unidos.

“Antes de esta última década, ¿cuándo los países de Latinoamérica se reunieron sin la presencia de los Estados Unidos?, denme un solo ejemplo”, desafió el político boliviano. “En los últimos 10 años, ¿cuándo los países de Latinoamérica se reunieron con la presencia de los Estados Unidos?”, destacó.

BASTA DE MENTIRAS

En el debate sobre Latinoamérica participaron el ya mencionado Álvaro García Linera, el pensador argentino Ricardo Forster, el escritor venezolano Luis Britto García, el antropólogo y sociólogo Héctor Díaz Polanco y el filósofo Armando Bartra, estos dos últimos, de nacionalidad mexicana.

“Queríamos en realidad algo más ambicioso todavía”, admite Paloma Saiz en entrevista con SinEmbargo.

“La idea era traer al ex Presidente de Uruguay, Pepe Mujica, pero la altura de la Ciudad de México no le cae bien y el médico le impidió venir. Queríamos traer a la militante estudiantil chilena y Diputada Camila Vallejo, pero tampoco lo logramos”, agrega la directora de la Brigada para Leer en Libertad.

“Basta de las mentiras que se están contando sobre Latinoamérica, vamos a oír de primera mano, de gente que está ahí, lo que realmente está pasando. Basta de decir que en Venezuela toda la culpa es del Gobierno, queríamos oír a Mujica hablar de cómo ser un Presidente distinto”, cuenta Paloma.

“México está bombardeado por información falsa, no sabe lo que pasa realmente en Ecuador, en Bolivia, en Argentina”, precisa la promotora cultural.

“No se trata de hacer proselitismo, puesto que ahí tienes por ejemplo a Luis Britto, un gran crítico del Gobierno de Nicolás Maduro, pero no por ello enemigo de los procesos populares en el continente”, agrega.

¿QUÉ HA PASADO EN ESTOS ÚLTIMOS 15 AÑOS?

La esperanza de una alternativa destaca en muchos países de América Latina, que en los últimos 15 años han logrado transformar la geopolítica continental.

Para Héctor Díaz Polanco, en realidad las novedades para la región iniciaron hace 30 años, con la irrupción feroz del neoliberalismo en nuestros países, que marcó lo que Octavio Paz en 1989 decretó “el fin de la Revolución latinoamericana”.

Sin embargo, el intelectual marca que esa predicción no se cumplió, puesto que en 1999 asumió Hugo Chávez (1954-2013) en Venezuela, dando inicio a un proceso que Díaz Polanco nombra como “de Gobiernos latinoamericanos progresistas”, al que se sumaron importantísimos países del área como Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina y Brasil (no en ese orden).

“Crecer y distribuir eran cosas imposibles para los países latinoamericanos de acuerdo a la receta neoliberal”, dijo el pensador, destacando que las experiencias de los países mencionados en estos tres lustros demostraron todo lo contrario.

Para Armando Bartra, lo importante es Bolivia y todo lo agradecidos que deberíamos estar los latinoamericanos de izquierda con un país “que ha reinventado la revolución”.

“Esa revolución que tanta falta nos hace a los países rezagados del continente como México”, destacó Bartra, para el que la experiencia de Evo Morales y los suyos se caracteriza por “haber ganado primero el poder en las calles y luego en las elecciones, es decir, hacer la revolución primero abajo, para luego confirmarla arriba”.

“Una revolución inobjetablemente democrática y políticamente pluralista donde el proyecto revolucionario es hegemónico, pero las oposiciones también gobiernan, al participar en los poderes Ejecutivo y Legislativo”, remarcó.

Luis Britto, a su tiempo, describió al siglo pasado en el continente como el de los muertos. “Todo se había muerto, todo era un gran funeral y lo único que no se había muerto era el mercado, qué casualidad”, manifestó.

“Hasta que el gran patio trasero del mundo, que es Latinoamérica, quebró una vez más esa tendencia mundial”, dijo.

Aun con desaciertos y errores, para Britto, la irrupción de “un outsider” de la política como Hugo Chávez, produjo “resultados espectaculares” en Venezuela.

El fin del analfabetismo registrado por la UNESCO y la reducción drástica de la pobreza extrema son algunos de los logros de lo que en dicho país se conoce como la “Revolución Bolivariana”.

“Venezuela es un país donde el 80.2 por ciento de los habitantes lee cualquier material, es el tercer país lector de América Latina”, informó, al describir un proceso político “donde se han ganado 19 procesos electorales, lo que no es una tontería. No se puede hablar de exceso de democracia, pero si un país tiene democracia ese es Venezuela”, dijo Britto.

“Ese ejemplo hay que exterminarlo como sea y eso explica la agresión constante hacia nuestro país”, remarcó.

Ricardo Forster, en tanto, destacó la importancia de los encuentros entre pensadores del continente, para escuchar de primera mano las experiencias de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina y Brasil, entre otros.

“La realidad es que sabemos muy poco de lo que sucede en nuestros países y sólo conocemos las versiones que dan O Globo en Brasil, Clarín en Argentina, El País en España, Televisa en México, que suelen mostrar algo totalmente distinto a lo que viene sucediendo”, precisó.

“Algo fundamental ha cambiado. Los países deshechos con profundo atraso social, pero hemos entrado al siglo XXI desafiando las raíces del neoliberalismo, lo cual tiene consecuencias muchas veces implacables”, dijo.

“Las derechas internas e internacionales buscan horadar y descalificar los procesos políticos que en nuestro continente han ampliado ciudadanía y democracia”, expresó.
El debate está servido y la pregunta gira en el aire: ¿Hacia dónde va nuestro continente?

Guerra sucia y narco-paramilitarismo en México

César Ramón González Ortiz

Dedico este trabajo a Amellalli, mi conciencia social.

En México, el neoliberalismo se ha sobrecargado excesivamente, reiteradamente, obsesivamente, hasta saturarse sin romperse. Debido a la inexistencia de fuerzas antagónicas que lo superen y trasciendan, ante la crisis estructural y sistémica del capitalismo, se ha posibilitado su reestructuración. Y, como si se tratara de un basurero, se ha rellenado con nuevas dosis de neoliberalismo, de mercado, dependencia, competencia y privatizaciones por parte de las políticas públicas del Estado, de las complacientes clases dominantes y de los partidos políticos del país.

Imbuidas las clases dominantes, el capital y el Estado en las políticas neoliberales. Se han fundado en la dinámica del mercado, en la competencia, la monopolización y la transferencia de recursos al exterior, mientras se entregan los propios al capital extranjero y a las empresas trasnacionales mediante la privatización de las entidades de la nación, en un afán de reproducir la acumulación de capital mediante el despojo, la rapiña y la especulación de la riqueza y de los recursos naturales y humanos del país¹. Así, durante los mandatos de Fox y Calderón, se entregaron en concesión a empresas mineras nacionales y extranjeras 8 millones 336 mil 990 hectáreas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla. A las que se debe sumar 1 millón 278 mil 445 cedidas en Michoacán durante la actual administración. Según la Dirección de Minas de la Secretaria de Energía, tan sólo en el municipio de Ensenada, B.C – el más grande del país, con un total de 5 millones 248 mil 240 hectáreas de territorio -, Calderón y Fox cedieron a la iniciativa privada el uso de 2 millones 288 mil 887 hectáreas para la explotación minera².

En estos avatares, el gobierno de Peña Nieto ha recortado el nivel de beneficio para el erario y maximizando las utilidades para el capital privado en áreas como: banca, minas, ferrocarriles, ingenios azucareros, satélites, acereras, carreteras, líneas aéreas, etc. Bajo su amparo, se estrenan en la rama del petróleo los consorcios Petrobal, del zar mexicano de la plata, Alberto Mailleres y Carlos Oil y Gas, del magnate más rico del país, Carlos Slim. Para los cuales Peña Nieto otorgó condiciones de ensueño y renta ultra elevada, mientras que por el otro lado darán migajas al erario y a los mexicanos, quienes alguna vez fueron dueños de todo lo que hoy pertenece al capital privado³. Asimismo, en medio de una opacidad total, el gobierno mexicano ha firmado el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Trabajando de forma gerencial para el gran capital, pero con especial interés en el trasnacional. Tal y como se ha hecho desde 1982, cuando en México se instaló el neoliberalismo, esquema gerencial que vende bienes de la nación y procura negocios para los grupos de poder privado internos y foráneos, no sin antes cobrar por sus servicios.

Cobrando mayor fuerza este saqueo en nuestro país, toda vez que las grandes petroleras y Washington, al estar consientes de que el mundo ha ingresado al “techo del petróleo” (peak oil), vienen centrando sus intereses sobre todos los recursos energéticos existentes en lo que llaman “Las Américas”. Bajo la advertencia de generales y militares, sobre la necesidad de contar con los abastecimientos seguros de este área, se ha desplegado una ofensiva sobre la explotación de aguas profundas desde el mar de Alaska hasta Rio de Janeiro, en las arenas bituminosas y crudos pesados o superpesados de Alberta, Canadá el Este de Chicontepec, en México, la cuenca del Orinoco, Venezuela y de Colombia, hasta Argentina, donde ya Chevron, Exxon-Mobil y Repsol “avanzan”⁴.

Y para brindarles mayores ganancias, a las grandes corporaciones, además de amoldarse la legislación nacional para permitir la explotación y expoliación del territorio sin mayores controles políticos ni ambientales, el Pentágono, la CIA y las firmas petroleras, de la mano de un respaldo corrupto de “gobernanza” financiera y policial-militar, han traído consigo una “sombrilla de seguridad” que viene operando bajo diseños intervencionistas, desde los procesos de toma de decisiones en temas de seguridad y ocupación. Donde además de la “Cuarta Flota” se incluyen bases militares, tropas, así como la incorporación de cuerpos de seguridad – civiles o militares – de la región directamente en las partidas de presupuesto del Departamento de Defensa⁵. Mediante: la “guerra antinarcóticos” o “al crimen organizado”, desde el Comando Sur (Plan Colombia) y del Comando Norte (Iniciativa Mérida).

Esquema que debe circunscribirse en el contexto de la proyección del “Terror de Estado” que Washington impulsa después del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre en 2001, para el mantenimiento de su supremacía. Donde, el principio fundamental es la libertad económica – que significa libertad para las compañías norteamericanas de invertir, vender y repatriar beneficios –. Y si estos valores fundamentales son perturbados por estudiantes revoltosos, los procesos democráticos, las organizaciones campesinas, la prensa libre y los sindicatos⁶, se hace uso de la “fuerza extra económica”. Instrumento que también fue utilizado por Truman en Hiroshima, por Johnson en Vietnam, Nixon-Kissinger en Chile, Camboya y Asía y Reagan-Bush en Centroamérica y Panamá. Experiencia, toda esta, que definitivamente viene teniendo serias repercusiones en México.

El Terror de Estado se viene implementando en nuestro país, impulsado desde Washington ante la vorágine del despojo, la mercantilización, privatización de territorios y recursos geoestratégicos. Se viene “naturalizando” la expulsión de campesinos de sus tierras comunales y ejidales en beneficio de grandes corporaciones transnacionales, y se les utiliza como una mercancía más, susceptible de ser desechada. O como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semi esclavitud, como en San Quintín, Baja California, y decenas de campos bajo propiedad privada en áreas de Sinaloa, Sonora y Nayarit. Lo cual ha venido gravitando en contra de la legitimidad del régimen, sumado a las formas inescrupulosas en que toma la presidencia durante el 2012 Peña Nieto, al igual que Calderón en el 2006. Toda vez que se han impuesto políticas económicas que responden al interés de una minoría y atacan por otra parte los derechos y los intereses de amplios sectores de la población. Por lo que, al igual que el anterior mandatario, el actual viene haciendo uso de las fuerzas armadas para legitimar y lograr sostener su régimen. Por lo que venimos siendo testigos de la configuración del Estado mexicano como un Estado que viola constantemente las condiciones de vida digna, represor de las libertades democráticas y que usa el terror contra las organizaciones y la protesta social.

Tras asentarse la participación directa de los militares en la lucha contra el narcotráfico con los llamados gobiernos de la alternancia y el actual priista (2000-2015), en nuestro actual contexto histórico y político vienen manifestándose más como parte del problema antes que como una solución, particularmente en su relación con los civiles. Observándose en el alarmante aumento de muertes, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos relacionadas con la actividad de las fuerzas militares y policiacas. Durante el calderonato, desde principios del 2007, se publicaron las primeras denuncias sobre personas desaparecidas, que para el año 2008 sumaron 600. Fenómeno que no se detendría, según los 2 mil 126 denunciantes familiares de los desaparecidos, responsabilizan de dichos actos a funcionarios del gobierno. De poco a poco: dos eperristas en Oaxaca, un par de veterinarios en Torreón, un niño de nueve años, su padre y sus tíos, varios jóvenes que viajaban rumbo a la frontera. Para dar paso luego a hechos colectivos: 20 vacacionistas en Acapulco, dos camionetas con ingenieros en Piedras Negras, 38 petroleros en Cadereyta, 12 vendedores de pintura, 10 policías federales en Michoacán, ocho cazadores de Guanajuato, tres camiones llenos de migrantes, una veintena de jornaleros guanajuatenses, 50 personas capturadas por marinos y cientos de jovencitas de Coahuila, Chihuahua, Veracruz o Querétaro. A lo cual se le sumaron 15 mil cadáveres no identificados que fueron llevados a la fosa común, de los cuales 421 fueron encontrados en fosas clandestinas⁷.

Conforme los últimos gobiernos encabezados por Felipe Calderón, Vicente Fox, y el actual con Peña Nieto, se han posicionado como entusiastas impulsores de los intereses empresariales, geopolíticos y geoestratégicos de Norteamérica en México, Centroamérica y América del Sur. Venimos siendo testigos de hechos como el más reciente ocurrido la semana pasada en municipios como Tamazula, Durango, localizado en el llamado Triángulo Dorado de la droga. Donde según datos proporcionados por el DIF de esa entidad 200 habitantes se desplazaron de Tamazula a Cosalá, Sinaloa. El sábado 10, las familias desplazadas indicaron que los marinos mantuvieron un enfrentamiento con un grupo armado, por lo que desde entonces han abandonado sus hogares, pero no sólo por el clima de violencia, sino por el hostigamiento del que fueron objeto por parte de marinos, en la supuesta búsqueda del Chapo Guzmán. Asimismo, Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que los operativos de los marinos han ocasionado afectaciones en Lagunita, Jacole, El Verano, Las Piedrosa, El Aguilita, lugares pertenecientes al municipio de Tamazula⁸.

Así, todas estas actividades en las cuales participan de manera directa la Armada de México y el Ejército para el supuesto desmantelamiento de los cárteles del narcotráfico mexicano. Cuentan con la anuencia estadounidense. La Marina en mayor medida que el Ejército, viene “colaborando” con agentes estadounidenses de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ajustándose en los hechos, sin ningún respaldo legal, a la concepción estadounidense de marines para la realización de operaciones en tierra continental con el “apoyo” de sus agencias.

En el marco de la Iniciativa Mérida negociada por Felipe Calderón con Estados Unidos, las Fuerzas Armadas han debido rendir cuentas a ese país sobre la manera en que usan la “ayuda” recibida, intercambiar información con la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), instancias de inteligencia del Pentágono a las que Calderón les abrió las puertas para operar en el país⁹.

Frente a la situación crítica que vienen viviendo muchos pueblos y comunidades indígenas y campesinas por la andanada de megaproyectos en distintas partes del país, se viene configurando en el país el hecho de que las fuerzas armadas han venido aplicando un plan de exterminio en contra de movimientos sociales de distinta índole, encubierto bajo el disfraz de una guerra contra la criminalidad. En 2008, según el documento de La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico indicó la inviabilidad del país ante la previsible simbiosis entre cárteles criminales y grupos armados desafectos al gobierno, objetivos a aniquilar mediante una cruzada nacional de tipo contrainsurgente¹⁰.

Por tales motivos el Estado viene recurriendo a distintos mecanismos para reprimir a la población, ampliando el miedo y el terror como principal estrategia. Así, los mandos castrenses han profundizado sus labores de administración y trabajo de muerte. Sacando a la luz pública a personajes siniestros como el teniente coronel Julián Leyzaola, el pacificador de Tijuana y Ciudad Juárez, así como el general Carlos Bibiano Villa Castillo, quien en Torreón, Coahuila, estrangulaba halconas del narco y mataba en caliente a supuestos chapos y zetas y los hacía gusanitos. O como el teniente coronel José Juárez Ramírez, jefe del pelotón de la muerte en Ojinaga, y el general Jorge El Marro Juárez Loera, quienes en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, junto con el general Felipe de Jesús Espitia, elevaron de manera exponencial la práctica de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas.

En medio de tanta muerte, horror y caos, en estados de la república como Monterrey, donde reside un fuerte grupo de la oligarquía nacional, a la sombra de los militares, con su consentimiento y encuadrados como estructuras paralelas a las fuerzas regulares del Estado, so pretexto de “usos y costumbres locales” y “tradiciones” resurgen escuadrones paramilitares y comandos de exterminio social, como el grupo rudo de limpieza del alcalde Mauricio Fernández Garza, en San Pedro Garza, en la zona metropolitana de Monterrey, La familia michoacana, Los mata zetas y otros inventos, remedos de la Brigada Blanca y los halcones en los años setenta y de la docena de agrupaciones que tras el levantamiento campesino-indígena exterminaban bases zapatistas al amparo del Plan Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos Paz y Justicia, Los Chinchulines y Máscara Roja, que tuvieron como punto máximo de su actividad criminal la matanza de Acteal¹¹.

Así, desde el 2006, somos testigos de la ampliación de nuevas formas de violencia no experimentadas en el país anteriormente. Por ejemplo, las decapitaciones entre supuestos narcotraficantes que no eran la regla, sino la excepción, ataques con granadas contra civiles como el ocurrido durante las festividades del 15 de septiembre en 2008, en Morelia Michoacán y dos días antes la explosión de un auto bomba en Ciudad Juárez Chihuha, provocando la muerte de cuatro agentes federales. Todo lo cual ha estado acompañado del hecho de que varias organizaciones “criminales” han “contratado” a “personal de alta calificación”; por ejemplo, “antiguos” miembros de las fuerzas especiales estadounidenses, Boinas Verdes, Rangers, Seals, etc. Así como “antiguos” miembros de las fuerzas especiales de México; integrantes de los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (GAFES). Miembros que se encuentran involucrados de manera sustancial en ejecuciones extrajudiciales, pese ala escases de datos oficiales, en la violencia, la tortura y los asesinatos desatados por la guerra contra las drogas¹².

Donde resulta preciso no olvidar aspectos nada anecdóticos ni triviales como que los llamados Zetas, es un grupo formado por supuestos “desertores” del Ejército Mexicano, principalmente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), caracterizado por tener la más alta especialización contrainsurgente y antinarcóticos de la Sedena. Y que en casos de liberación de sicarios como la realizada en el Penal de Apatzingán el 5 de enero de 2004, vestían uniformes parecidos a los de la Policía Judicial de Michoacán, a los de la Agencia Federal de Investigación y a los de la Milicia. Además de que esta muy cerca la 43 zona militar¹³.

Mediante esta forma de operar, se viene confundiendo el accionar de las fuerzas regulares con el de las máquinas de guerra privadas (milicias urbanas, compañías de seguridad, mercenarios y sicarios de los grupos de la economía criminal), donde abrevaron los asesinos del Ejército que ejecutaron a 15 civiles desarmados en Tlatlaya; los agentes municipales de Iguala y Cocula que al amparo del 27 batallón de infantería detuvieron-desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa, y los policías federales que al grito de ¡Mátenlos como perros! ejecutaron a 16 personas en Apatzingán. Toda vez que la concentración de actividades extractivas (minería, hidrocarburos) convierten a ciertos espacios en lugares privilegiados de la depredación, la guerra y la muerte. Y para suprimir posibles actos de subversión, se le han sumado a los narco-paramilitares, ahora como fuerzas de choque la Gendarmería Nacional y un cuerpo especializado de la policía militar con base en Escobedo, Nuevo León. De forma tal que, Tlatlaya, Iguala y Apatzingán no son hechos aislados; forman parte de la estrategia de guerra sucia, enmarcada en los viejos manuales contrainsurgentes¹⁴.


Notas

*^* César Ramón González Ortiz es Sociólogo y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1 Adrián Sotelo Valencia, México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis", UNAM, FCPyS, ITACA, México, 2014. p. 25
2 La Jornada, 20-09-2015.
3 La Jornada, 17-09-2015, por Carlos Fernández Vega.
4 Marco A (hijo) Gandásegui y Dídimo Castillo Fernández (coordinadores), Estados Unidos la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación, Siglo XXI, CLACSO, 2010. Pág. 19
5 Ibíd. Pág. 19
6 Noam Chomsky y Edward S Herman, Washington y el fascismo en el Tercer Mundo,. Siglo XXI, 1981. p. 25
7 Ibíd. Pág. 12
8 Revista Proceso, No. 2033. Pág. 10
9 Revista Proceso, No. 1882. Pág. 9
10 Carlos Fazio. “La catástrofe que viene”, La jornada 27-04-2015
11 Carlos Fazio. “La catástrofe que viene”. La Jornada 27-04-2015
12 T. Fernando. “Morir por nada. Narcotráfico y violencia de Estado en México”. L.D. Books, 2012. Pp. 26-69
13 Revista Proceso. “Con Zeta de muerte (primera parte)”. Edición especial No. 37. Pp. 8-12
14 Carlos Fazio. “La catástrofe que viene”. La jornada 27-04-2015

El gobierno de Peña Nieto a juicio ante la CIDH por violaciones a Derechos Humanos

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON (apro).- Por violaciones a los derechos que van desde tortura hasta ejecuciones extrajudiciales y, en especial, por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) someterá a juicio al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Este martes 20, en la sede de la CIDH y en el marco de su 156 periodo de sesiones en Washington DC, el gobierno de Peña Nieto tendrá que responder a varias acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

En coincidencia a las cuatro audiencias que realizará la CIDH sobre México, el gobierno de Barack Obama decidió recortarle 15% de los 148 millones de dólares que destinó este año para apoyar a Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico, tras considerar que las fuerzas armadas cometen serias violaciones de derechos humanos.

El caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, es de tal importancia y atención de la CIDH que determinó por su propia prerrogativa hacer una audiencia “de oficio” sobre el caso.

En la sesión se presentará el reporte sobre la desaparición de los 43 estudiantes llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos resultados de la investigación del caso Iguala contrastan totalmente con la pesquisa llevada a cabo por el gobierno mexicano.

En esta audiencia de oficio el GIEI tendrá la oportunidad de cotejar y cuestionar al gobierno de Peña Nieto respecto de sus conclusiones de la “verdad histórica”, y de lo que asegura ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además de la participación del GIEI y de la CIDH, en la audiencia de oficio también estarán padres de algunos de los jóvenes desaparecidos y varios grupos defensores de los derechos humanos, por lo que se adelanta que el gobierno de Peña Nieto será ampliamente sometido a varias interrogantes a las que tendrá que responder.

La jornada de audiencias sobre México en la CIDH se inicia por la mañana de este martes con el caso Manuel Santiz Culebra y el de la masacre de Acteal, Chiapas.

En la segunda audiencia, la CIDH y grupos defensores de derechos humanos analizarán judicialmente el tema “derechos humanos y políticas de drogas en México”.

En esta sesión se espera que se aborde en detalle el papel del Ejército y la Marina de México en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, tareas en las que se les acusa de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.

La tercera audiencia será la de oficio sobre Ayotzinapa, y por la tarde la última, también de suma importancia para la CIDH, ya que se trata de “denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales”.

Para la última audiencia se adelanta que nuevamente la CIDH cuestionará al gobierno de Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa, en torno a la masacre de Tlatlaya, Tanhuato y varias más acusaciones que se han presentado ante el órgano jurídico interamericano.

Como no ocurría desde hace varios años, y esto como resultado de la lucha militarizada contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón, y a la que le dio continuidad Peña Nieto, a México se le considera uno de los países latinoamericanos en el que más se cometen violaciones a derechos humanos.

El Ejército, la Marina y todas las agencias policiales mexicanos han sido denunciados ante la CIDH por cometer todo tipo de violaciones a los derechos, acusaciones que además no han sido investigadas a fondo por parte del gobierno mexicano.

El gobierno debe exigir un acuerdo transpacífico que beneficie a los mexicanos

Joseph E. Stiglitz y Adam S. Hersh*

El señor Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía del presidente Enrique Peña Nieto, se está apresurando para viajar a Atlanta con la esperanza de finalizar un nuevo acuerdo económico internacional –el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés)– que ampliará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a otras nueve economías de Asia y el Pacífico.

A partir de la experiencia pasada con acuerdos comerciales liderados por Estados Unidos, y lo que hemos podido deducir de documentos filtrados de debates de carácter confidencial, es claro que las esperanzas del presidente Peña Nieto se encuentran fuera de lugar. Los negociadores de México parecen estar a punto de rendirse ante las demandas de las empresas de los países avanzados, sin beneficios para su país.

Todavía se mantiene la controversia acerca del TLCAN. Muchos sostienen que la crisis financiera que ocurrió en menos de un año después de iniciado el acuerdo, se debió al propio TLCAN. Los agricultores mexicanos de maíz pobres debieron competir con agricultores estadunidenses que recibían altos subsidios. Era vergonzoso incluso llamarlo tratado de libre comercio.

Pero esas batallas quedaron atrás; un criterio sencillo para las que se avecinan en el futuro, como la del TPP, debería ser si implica una mejora sobre el TLCAN en cuanto a aumentar el bienestar económico del pueblo mexicano. Y esto mismo debe ser el punto de partida para los negociadores mexicanos. De acuerdo con la información filtrada, en este momento, no están ni siquiera cerca.

El TPP pretende comprometer a los negocios, trabajadores y agricultores mexicanos a una apertura económica desigual que posiblemente debilite a las principales industrias mexicanas. El TPP, sin embargo, irá más allá; probablemente requiera cambios fundamentales en las instituciones jurídicas, judiciales y regulatorias: una concesión a los cabilderos adinerados que tienen más acceso al proceso de negociación que los legisladores electos o los ciudadanos interesados. E infligirá estos daños a una escala mucho más grande.

Típicamente, uno piensa en la negociación como en un lado que da algo a fin de obtener otra cosa a cambio. Pero con el TPP, México está pagando un precio muy elevado por muy poca cosa a cambio. El país ya cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos; no tiene una gran necesidad de mayor acceso a los mercados estadunidenses ni a otros mercados internacionales.

Primero, la noción de que el TPP puede fijar un acuerdo de estándares altos para el libre comercio en cuyo marco los países miembros prosperen se ve socavada por la continua falta de acuerdo acerca de las reglas de origen en la industria automotriz y de fabricación de partes. Estas disposiciones especificarían qué proporción de un auto o partes de auto puede provenir de fuera de la región del TPP, a la vez que cumple con los requisitos para mantener el acceso preferencial a los mercados del TPP. Actualmente, bajo el TLCAN, 62.5 por ciento del contenido en autos y partes debe provenir de un país del TLCAN, pero un acuerdo tentativo entre Japón y Estados Unidos bajaría el contenido requerido a 45 por ciento para vehículos y 30 por ciento para las partes.

En otras palabras, el TPP abriría los mercados a productores extranjeros –como China– que no necesitan seguir las reglas y obligaciones del TPP ni necesitan brindar una apertura de comercio recíproca a los países del TPP para obtener los beneficios del acuerdo. Esta disposición es claramente un retroceso de las disposiciones del TLCAN por las cuales se luchó tanto y cambiará drásticamente el mercado integrado de automóviles de América del Norte y afectará a los productores que alimentan la manufactura automotriz: acero y otros metales, plásticos y materiales avanzados.

El presidente Obama argumentó a favor del TPP, sosteniendo que importa quién escribe las reglas, y que no debe ser China. Ahora el representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) confeccionó un pacto comercial en el cual China (que ni siquiera es parte del acuerdo) y Japón son los ganadores y las industrias automotrices de México, Canadá y Estados Unidos son las perdedoras. El presidente Obama tiene razón en que importa quién escribe las reglas, y es claro que no es México. Al que ni siquiera se lo escucha.

Segundo, el TPP consolidaría la ventaja desigual de las empresas de economías avanzadas al elevar la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) de manera que fortalezca los monopolios de los DPI a costa de todos los demás. En esta área, el TPP exige mucho más de México que lo que TLCAN exigió. Los mexicanos sentirán el golpe especialmente en sectores esenciales como el farmacéutico.

Impulsados por los cabilderos de las grandes empresas farmacéuticas, los negociadores de Estados Unidos están presionando a los países del TPP para que acepten protecciones que dificultarán el acceso a los medicamentos genéricos, aumentarán las ganancias corporativas, no por la innovación de nuevos medicamentos que salvan vidas, sino porque mantendrán a los competidores potenciales fuera del mercado y cobrarán precios más altos a los consumidores.

El TPP logra esto por medio de una variedad de cambios regulatorios aparentemente oscuros –enterrados en jerga sobre vinculación de las patentes y datos biológicos– que colectivamente le permitirían a las compañías de medicamentos extender sus patentes (y por lo tanto sus monopolios) por muchos más años de lo que pueden hacerlo actualmente. Esto sería especialmente costoso en México, cuyas reglamentaciones actuales alientan más el intercambio de datos y la investigación.

Mylan, un fabricante de medicamentos genéricos, ha alertado que el TPP podría de hecho dejar a su negocio fuera de los países participantes; es decir, no sólo la gente en México pagará más por los medicamentos, sino que también la gente dejaría de tener acceso fácil a algunos fármacos que salvan vidas.

Incluso Obama se opuso supuestamente a los 12 años de exclusividad para datos biológicos. El verdadero punto es que fijar estas normas en un tratado difícil de modificar, con ciencia que evoluciona rápido, es un gran error. Debería haber un proceso para fijar normas periódicamente, de manera que se incluya a los poderes ejecutivo y legislativo de los países del TPP. Los acuerdos comerciales bien diseñados del siglo XXI pueden fortalecer los procesos democráticos; éste hace exactamente lo opuesto.

Tercero, el TPP limitaría que los gobiernos de los países miembros –incluido México– aprueben reglamentaciones para proteger la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, o cualquier otro aspecto del bien público. Esto se debe a que el TPP podría crear mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés) que permitirían a extranjeros demandar al gobierno cuando creen que una reglamentación perjudicará sus ganancias. El arbitraje sería privado –y por lo tanto opaco al público– y vinculante, incluso si el resultado contradice las leyes nacionales. Y la empresa recibiría compensación por la pérdida de sus ganancias esperadas, no sólo por sus inversiones pasadas, incluso si sus ganancias se generan con la venta de productos que matan a la gente y si no hay discriminación en la reglamentación.

Estas no son amenazas hipotéticas: ya existen acuerdos de inversión similares y han causado este tipo de demandas. México mismo ha hecho frente a estos retos muchas veces. En 1997, lo árbitros fallaron que México debía pagar más de 15 millones de dólares por la decisión del gobierno municipal de Guadalcázar de cerrar un vertedero de desechos tóxicos construido sin permiso, porque se halló que filtraba en las aguas subterráneas. En 2003 y 2004, los árbitros ordenaron a México que pagara 58 millones de dólares a la empresa estadunidense Corn Products International, 37 millones a Archer Daniels Midland Corporation y 91 millones a Cargill por gravámenes impuestos sobre bebidas que usaban edulcorantes producidos con jarabe de maíz rico en fructosa, conectados con un aumento en la incidencia de la obesidad.

En otras partes, Australia está afrontando una demanda presentada por empresas de tabaco estadunidenses por poner etiquetas de advertencia en las cajas e cigarrillos, lo mismo que Uruguay (que no es un socio de TPP). Canadá, ante la amenaza de juicio, abandonó una reglamentación de tabaco similar.

Estos son sólo algunos de los cientos de casos indignantes que inversionistas multinacionales han presentado contra reglamentaciones en beneficio del público. Con mucha frecuencia los árbitros fallan a favor de los intereses de los inversionistas o los gobiernos nacionales optan por resolver la disputa para evitar las presiones legales.

Los mecanismos de ISDS cambian drásticamente el entendimiento anterior de los derechos y obligaciones de los inversionistas y los estados. Bajo el TPP, los gobiernos deberán pagar a los inversionistas extranjeros por no perjudicar al público, en vez de tener la libertad de regular el alcance de una actividad comercial justa. Los mecanismos de ISDS existentes ya son suficientemente malos. Su ampliación radical bajo el TPP sería un desastre.

Ciertamente, una mayor integración comercial y de inversión con el mundo es muy prometedora para México, pero el TPP no es la manera de lograrla. No hay evidencia que sus protecciones a los inversionistas y un fortalecimiento de los derechos de propiedad aumentarán la inversión extranjera o traerán más innovación a la economía mexicana. Lo que harán es asegurar que una mayor parte de los sueldos de los esforzados trabajadores mexicanos termine en los bolsillos de las corporaciones extranjeras.

Los líderes políticos han alardeado que con el TPP están promoviendo el bienestar de sus pueblos y sus países. Pero eso es pura retórica política. La realidad es que se ha brindado a los intereses especiales –en Estados Unidos y en todas partes– demasiada influencia en las negociaciones.

Si el presidente Peña Nieto desea hacer lo correcto por el pueblo mexicano, instruirá al secretario Guajardo Villarreal para que rechace un acuerdo que dejará el futuro económico de México en manos de inversionistas multinacionales.

*Joseph E. Stiglitz, premio Nobel en Economía, es profesor en la Universidad de Columbia y economista jefe en el Instituto Roosevelt.
  Adam S. Hersh es economista sénior en el Instituto Roosevelt e investigador visitante en la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia.

Reforma secreta, retroceso democrático

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La conversación a fines de la semana pasada entre el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario estadunidense, Barack Obama, para que “culminen pronto” los trabajos del Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP, en inglés) debe generar alerta por las graves implicaciones para los mexicanos y por la forma y el fondo de la discusión de este tratado multilateral. Veamos.

 

Primero. Desde hace al menos cinco años Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam negocian ese TPP que, de entrada, no trata sólo de circulación de bienes y servicios, algo propio del libre comercio. Lo anterior empezó a generar dudas y sospechas, porque el contenido de ese proyecto normativo es secreto. Nadie tiene acceso al contenido total del texto.

Este hecho no puede seguir la ruta de la opacidad porque en México, se supone, impera la máxima publicidad, además de ser una práctica habitual poner a discusión de la sociedad los proyectos legislativos. Al menos, los legisladores tienen acceso a esos borradores y tienen posibilidad de emitir sugerencias, comentarios y modificar, en su caso, algunas partes.

En la discusión del TPP ni los senadores mexicanos –quienes en su momento deberán ratificar el tratado una vez firmado por el presidente, para que surta plenos efectos jurídicos– tienen conocimiento del contenido.

En este caso, los senadores no tendrán ningún margen de maniobra: lo ratifican o no, pero no pueden sugerir el cambio ni de una coma. Por regla general, los tratados y convenciones contienen derechos más avanzados que los existentes en el país, razón por la cual se ha logrado que con la reforma constitucional de 2011 esas disposiciones tengan un nivel de norma constitucional. Hoy este proyecto es la excepción.

El mecanismo ordinario para reformar, suprimir o ampliar el contenido normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sigue un proceso complejo por tratarse de la máxima norma jurídica del país. Cualquier modificación se debe aprobar por las dos cámaras del Congreso; después, someterla a la aprobación de la mitad más uno de los congresos de los estados de la República y al final debe ser promulgada por el presidente de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación. La vía de los tratados y convenciones, en cambio, es fast track porque generalmente vienen a refrescar el marco normativo con normas protectivas y progresistas. Hoy no es el caso.

Segundo. Gracias a las filtraciones de WikiLeaks y al acceso a varios extractos del proyecto –el cual, paradójicamente, sí conocen en su totalidad los lobistas de las grandes empresas, para hacer sugerencias–, se puede saber que no se trata de un tratado inocuo para la mayoría de la población. Al contrario. Su contenido se ha mantenido en secreto porque se tratan cuatro ejes temáticos de suma gravedad: a) limitaciones a los derechos humanos en internet, b) obstáculo al acceso a medicamentos genéricos; c) obstáculos al conocimiento y la cultura y d) obstáculos a los derechos de los consumidores.

La organización TPP Abierto de Chile (http://tppabierto.net/que-es-tpp) logró generar un movimiento ciudadano y político sobre el impacto de semejante normativa en proyecto. Es evidente que los mexicanos estarían en contra de afectarse a sí mismos si tuvieran la información. El proyecto prevé convertir a los proveedores de acceso a internet en los responsables de censurar los contenidos sin que medie intervención de un juez de derecho. Ello limitaría sobremanera la libertad de expresión en el único espacio hasta ahora menos regulado.

También se prevé ampliar el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo cual va a implicar que los genéricos reduzcan su presencia y los costos de los fármacos suban, en perjuicio de la inmensa mayoría. Peor aún, la medicina tradicional o aquella que no tenga una patente de procedimientos quirúrgicos y médicos alópatas (la medicina convencional) estarían prohibidas, con un efecto en la economía de los que menos tienen y en las ventajas que esa medicina alternativa ha dado a muchas personas. Y así se podrían enumerar más cosas que circunstancialmente se conocen.

Tercero. A pesar de que sólo los países del Primer Mundo –empezando con Estados Unidos y sus corporaciones– serían los grandes beneficiarios de este tratado multilateral, en el vecino país del norte están dando la batalla de oposición distintos actores sociales, académicos y políticos, entre otros el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio; el extitular del Banco Mundial y Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz y el académico Noam Chomsky. Todos cuestionan la bondad del TPP.

En el caso latinoamericano, diputados y senadores chilenos de distintos partidos han hecho pública su postura sobre el tratado; entre otras cosas señalan: “El desarrollo de cualquier política pública en materia de trabajo, medio ambiente, salud, medicamentos, propiedad intelectual, internet, libre competencia, inversiones, entre otras cubiertas por el TPP, debe ser discutido abiertamente bajo estándares de deliberación democrática y transparencia que esta negociación no tiene, y debe considerarse siempre la realidad y diversidad social, cultural y económica de nuestro país (…) El gobierno de Chile debe respetar la división de poderes del Estado y en ningún caso debe ceder, cercenar ni restringir el ejercicio de la función legislativa a organismos nacionales de otros países, como proponen las normas de implementación del TPP”. (https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Declaracion-Publica-TPP_Diputados_Senadores_08dic.pdf).

Aquí el Senado no se ha dado por enterado. Es urgente que los senadores que tienen algún compromiso con la sociedad hagan algo para abrir estas discusiones, sobre todo porque México “lidera” el grupo de países a favor del gobierno abierto. Hay que practicar, no sólo predicar.