Ayotzinapa: omisión criminal

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F. (apro).- La indolencia de Enrique Peña Nieto y todo su equipo de seguridad nacional no tiene límites. Insensibilidad o componenda pero a fin de cuentas un único resultado: impunidad que abona a desapariciones forzadas, asesinatos, levantones, persecución y abusos, por decir lo menos.

Desde hace seis meses, justo el 29 de octubre, el presidente de México, Peña Nieto; el titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, sabían que en Chilapa, Guerrero, iban a desaparecer jóvenes en contra de su voluntad.

Lo supieron cuando don Clemente Rodríguez Moreno, padre del estudiante de 19 años, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, les informó, primero, y reclamo después, que algunos de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa habían sido vistos por los rumbos de Chilapa.

Y debió pasar un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes para que Peña Nieto se dignara a recibir a los padres en Los Pinos. Ahí, don Clemente Rodríguez le narró lo que apenas tres días antes le comentó una vieja conocida de la familia.

“Nosotros pensamos que ya había regresado tu hijo porque el otro día pasó una camioneta por acá, por Tuxtla, rumbo a Chilapa, una camioneta de redilas, y su hijo me dijo adiós”. “¿Lo vio solo o con quién?”, preguntó enseguida don Clemente.

La mujer aclaró: “No, iba llena de muchachos, y atrás de ellos iba otro carro grande”.

Don Clemente no pudo explicar en aquellas cinco horas de su encuentro con Peña Nieto quién pudo haber trasladado a los jóvenes hacia Chilapa, pero sí le exigió que buscaran por ahí, y lanzó como hipótesis la participación del grupo delictivo de Los Rojos, según publicó Proceso en su edición 1983, de noviembre pasado.

Transcurría apenas el primer mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El gobierno federal y su comandante en jefe, Enrique Peña Nieto, no hicieron nada al respecto. Por lo menos oficialmente nada se supo de alguna búsqueda por la zona. Sí, en cambio, una semana después, el 7 de noviembre, el gobierno federal priista intentó convencer a padres y sociedad en general que los muchachos habían sido “quemados en una pila” con llantas y diesel.

En aquella ocasión nadie le creyó a Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República y quien lo mismo tiene la capacidad de indagar la desaparición de jóvenes que de presentar un análisis sobre las nuevas viviendas que recibirán los afectados por el tornado en Ciudad Acuña, Coahuila.

Seis meses después de que los padres de Ayotzinapa alertaran a Peña Nieto y al equipo de seguridad nacional que algo grave sucedía en Chilapa, vino otro evento llenando nuevamente de indignación a los mexicanos: la desaparición de 30 jóvenes de entre 25 y 30 años en el municipio de Chilapa.

Durante cinco días, a partir del sábado 9 de mayo, un grupo delictivo local se dedicó a catear casas y levantar jóvenes,  ante la mirada de elementos de Seguridad Pública, aparte de mofarse de los militares, quienes tienen retenes ahí, y todo ello como parte de la lucha que mantienen las bandas delictivas de Los Rojos y Los Ardillos por el control de la zona por ser un lugar de paso para el trasiego de la droga.

Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 se pudo evitar lo mismo que lo sucedido el 9 de mayo en Chilapa. Sin embargo, la complicidad, inacción, omisión, indolencia e insensibilidad de algunas autoridades federales, estatales y/o municipales no hace sino abonar a que ello siga ocurriendo.

A Peña Nieto –un hombre que gusta de jugar golf tres veces por semana, que se levanta pasadas las diez de la mañana y que ahora, ante el temor de un ataque, ya no sólo tiene al edecán militar a sus espaldas en cada acto público, sino que además incluye a un elemento castrense camuflado en los presídium– no parece importarle lo que le suceda a los jóvenes. Su único fin parece ser el disfrute, actuar como un sibarita bien protegido.

Saber de su acceso a lo más caro mientras otros no pueden tener caso nada, parece ser el deleite de Peña Nieto y su equipo, incluyendo, por supuesto, el lujo de la seguridad y la evasión a la muerte.

Al sibarita de Peña Nieto don Clemente le narró ese 29 de octubre en Los Pinos cómo fue que ante su incredulidad por el dicho de su amiga, todavía le preguntó: “A lo mejor se equivocó”.

La mujer le respondió, “cómo cree, si yo conozco rebien a su hijo y él a mí, pues hasta me dijo adiós”.

Ese día don Clemente dijo en Los Pinos que termino creyéndole a su amiga. Y también expresó: “A mí me hace pensar que se lo llevaron por Chilapa porque allá hay muchos pueblos, y creo que por allá han de estar, porque ahí en Chilapa esta la mera plaza de Los Rojos. Es la base de ellos; como en Iguala, la de Guerreros Unidos. Los rumores de la gente que va para Chilapa es que ven gente armada y los militares a un lado, o sea, con ellos, haciéndose como que no ven. Yo no sé si están involucrados o están recibiendo dinero o alguna cuota”.

El 26 de octubre pasado, la amiga de don Clemente le dijo que hacía “dos semanas” había visto a su hijo camino a Chilapa, custodiado por otros vehículos. Es decir, 15 días después del 26 de septiembre.

Todo esto se narró a Peña Nieto, e incluso el padre de familia le reclamó: “¿Cómo es posible que no puedan entrar y que el Ejército está a un lado y los delincuentes, Los Rojos, estén ahí. ¡Voy a creer que no se den cuenta de que está el enemigo ahí!”.

A Peña Nieto le recriminaron, le pidieron que fueran a Chilapa pero no actuó. Sólo seis meses después, cuando de nueva cuenta desapareció una treintena de jóvenes de los cuales se sabe el nombre de 16, el sibarita del presidente decidió actuar… demasiado tarde.

La otra guerra sucia

Carlos Fazio

En diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón anunció su estrategia de seguridad y ordenó a las fuerzas armadas combatir a la llamada delincuencia organizada. Con ello autorizó, en tiempos de paz, el uso de efectivos militares en tareas exclusivas de las fuerzas de seguridad pública, principalmente policiales. También militarizó a las policías. La utilización del Ejército, la Marina y las policías militarizadas en funciones de orden público no fue precedida de una declaratoria de estado de emergencia, única forma constitucional mediante la cual pueden limitarse ciertos derechos y libertades fundamentales. La guerra de Calderón no contempló límites al uso de la violencia legítima del Estado, y ello derivó en que unas fuerzas armadas entrenadas para el aniquilamiento del enemigo cometieran flagrantes violaciones a los derechos humanos, que en su inmensa mayoría no han sido investigadas y sancionadas y quedaron impunes. Fue hasta el último año de su mandato (2012) que el Presidente emitió protocolos para regular el actuar de los efectivos militares, que no satisficieron el principio de legalidad ni regularon de manera adecuada el uso de la fuerza.

Esa estrategia de seguridad cuenta con diversas políticas que han propiciado o permitido −hasta el presente− la comisión de delitos por integrantes de las llamadas fuerzas del orden, entre ellos detenciones arbitrarias, la práctica sistemática de la tortura, la desaparición forzada de personas y ejecuciones sumarias extrajudiciales. En general, los medios de difusión masiva han presentado de manera acrítica la visión gubernamental, según la cual los abatidos (muertos) producto de la estrategia contra la delincuencia son sicarios o criminales, y no civiles cuya presunta responsabilidad en un hecho ilícito debía haber sido sometida a la justicia.

Calderón exhibió como modelo exitoso de seguridad al estado de Baja California, una de las primeras entidades en ser escenario de los llamados operativos conjuntos (de militares y policías). El accionar de los militares en tareas policiales contó con el apoyo del sector empresarial. En 2009, en un acto inconstitucional, el entonces gobernador José Guadalupe Osuna nombró al comandante de la segunda región militar, general Alfonso Duarte Múgica, como mando único policial. En Tijuana fungía como secretario de seguridad pública municipal el teniente coronel Julián Leyzaola, quien llevó a cabo una política de depuración policial.

La coordinación entre mandos militares y policías (con formación castrense) fomentó el uso de la figura del arraigo con propósitos de tortura. Distintas investigaciones dan cuenta de que autoridades de los tres órdenes de gobierno tuvieron participación directa en actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El pasado 11 de marzo, La Jornada informó que en el periodo 2009-2011 el general Alfonso Duarte Múgica encabezaba personalmente allanamientos y cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y siembra de pruebas contra personas capturadas por hombres encapuchados −el llamado comando negro− pertenecientes al Grupo de Inteligencia Militar de la segunda región militar (que abarca Baja California, Baja California Sur y Sonora).

También existen expedientes que con­signan que el teniente coronel Ley­zaola y Gustavo Huerta Martínez, un ex capitán del Ejército que despachaba como director operativo en la secretaría de seguridad pública de Tijuana, utilizaban las instalaciones del 28 batallón de infantería, situado en El Aguaje de la Tuna, para torturar prisioneros. Documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dan cuenta de que a los detenidos se les cubrían los ojos con cinta adhesiva, se les ataba de pies y manos, los golpeaban, los sometían a ahogamiento con agua ( waterboarding), les aplicaban toques eléctricos en distintas partes del cuerpo, incluyendo los genitales, y les colocaban bolsas de plástico en la cara con el fin de provocarles una sensación de asfixia. También sufrían violencia sicológica (escenificación de fusilamientos, torturas a hijos, etcétera) y recibían amenazas de que los matarían y tirarían sus cuerpos en una vialidad principal de la ciudad de Tijuana, con un letrero que dijera que pertenecían a la maña. Con cuerpos destrozados a golpes y balazos, el Bulevar 2000 era el escenario favorito para el montaje de crímenes atribuidos a la delincuencia.

El modelo Tijuana pronto se extendió a Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Nuevo León y Jalisco. En la repetición deliberada y regular de ese modus operandi −que incluye una estrategia o patrón de conducta similar, para nada fortuito, accidental o casual, sino planificado−, se utilizan recursos humanos y materiales, públicos y privados (en particular personal militar y policial, instalaciones castrenses, vehículos y armas de alto calibre), y también drogas y armas de uso exclusivo del Ejército que son sembradas para fabricar pruebas e implicar falsamente a los detenidos con la delincuencia organizada.

Entre otros propósitos, dicha política sistémica de Estado tiene como fin construir a toda costa una historia de éxito en el combate a la delincuencia: Vamos ganando la guerra por goleada, se ufanaba Calderón, y repite ahora con una narrativa menos triunfalista, y tampoco creíble, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

La estrategia descrita tiene como base la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, elaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos responsables operativos, siguiendo la cadena de mando, son los jefes de las regiones, zonas, guarniciones y unidades militares. Todos tienen amplia libertad de acción y don de mando para realizar acciones contundentes contra sus objetivos. Ergo, enemigos a exterminar. Eso explica Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Villa Purificación, Ecuandureo, Tanhuato.

El Cougar 1009, ¿operación de bandera falsa?

Carlos Fazio

La información en torno a los hechos del 1º de mayo en Jalisco ha sido confusa. Muy confusa. ¿Deliberadamente confusa? Desde el día del suceso las versiones difundidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, parecieran estar plagadas de medias verdades, ambigüedades y contradicciones que no resisten el análisis racional y empírico. Por ello, dadas las modificaciones del guión y sus inconsistencias, se podría estar ante una operación de bandera falsa (False Flag Operation). Es decir, un autoatentado paramilitar −compuesto por una doble acción de guerra sicológica y de propaganda− pensado para alcanzar un objetivo estratégico y una reacción que permitiera justificar una intervención o respuesta preparada de antemano en el marco de la orwelliana guerra sin fin diseñada por el Pentágono, y ejecutada en el caso de México por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto es, la inmediata militarización de los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Michoacán, según los propios voceros oficiales.

Una de las incongruencias más notables fue la versión sobre la desaparición de tres militares que fueron encontrados muertos cuatro días después en la zona en la que, presuntamente, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana fue derribado por el disparo de un lanzacohetes RPG-27. Las imágenes con los restos calcinados de la nave matrícula 1009 (una de las pruebas materiales) fueron dadas a conocer por una televisora privada la noche del lunes 4 y, pese a la supuesta gravedad del caso, la Procuraduría General de la República no tenía asegurado el lugar para preservar evidencias. (Una versión indica que las imágenes las proporcionó la Sedena.)

A su vez, la noticia sobre el aseguramiento de 10 cohetes RPG útiles, dos lanzacohetes LAW y una camioneta con base para una ametralladora Barret .50 fue suministrada a los medios 72 horas después, sin que mediara ningún peritaje técnico-científico sobre la caída del helicóptero, lo que, aunado a las variaciones sobre el número de muertos, la ausencia de datos forenses y el silenciamiento sobre la identidad de las víctimas (presuntamente por razones de seguridad nacional), abona al desaseo con que se construyó la verdad oficial del caso.

Para entonces, mediante filtraciones y entrevistas arregladas con líderes de opinión afines al gobierno, se había venido construyendo la narrativa sobre el hecho. Por un lado, se hizo hincapié en el trágico fracaso de la misteriosa misión de una unidad de élite del cuerpo de fuerzas especiales del alto mando, en el marco del Operativo Jalisco a cargo del general de división Miguel González Cruz, comandante de la quinta Región militar (La Mojonera, Jal.) y reputado como el pacificador de Tamaulipas, operativo del que forman parte, además del Ejército, la Marina, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Por otro, sin pruebas fehacientes, se manufacturó la imagen del cártel Jalisco Nueva Generación/Los Cuines como la más reciente encarnación del mal a escala mundial. En sólo cinco años, el grupo criminal se convirtió en el mejor organizado y con una disciplina militar vertical, integrado por marines estadunidenses latinos (veteranos de Afganistán e Irak) y desertores de tropas de élite mexicanas, todos expertos en táctica y estrategia, con capacitación en contrainsurgencia y especializados en armamento sofisticado.

En ese contexto de manipulación mediática vía la siembra de matrices de opinión ad hoc, fue fácil fabricar un nuevo casus belli para las fuerzas armadas. De manera maniquea, sin identificar por su nombre al grupo de los presuntos perpetradores del supuesto derribo del helicóptero, el titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, llamó a la unidad de los buenos mexicanos contra los malos, viles y cobardes criminales, los apátridas desadaptados sin escrúpulos y sin conciencia ética. El nuevo enemigo interno, difuso, asimétrico, irregular, cuyo modus operandi (no comprobado) llevó a algunos columnistas a identificarlo en la categoría preferida del Pentágono: CJNG= narcoterrorismo.

Como el público carecía de conocimientos para asimilar la nueva narrativa, el 8 de abril el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había plantado la noticia sobre la existencia de una alianza entre el CJNG y Los Cuines, quienes ante la erosión de los grupos delincuenciales históricamente poderosos habían expandido rápidamente su imperio criminal. Amplificada en los medios mexicanos, la noticia estaba destinada a que la audiencia estuviera convenientemente predispuesta a comprender y creer el nuevo relato oficial.

Las tres preguntas claves sobre el presunto derribo del helicóptero de la FAM tienen que ver con el móvil, la capacidad y la oportunidad de la acción de los supuestos agresores. ¿A quién benefició la acción con sus previsibles consecuencias? El malo (CJNG) habría justificado la nueva guerra del Estado bueno para nulificarlo (general Cienfuegos dixit) y decretado su propio suicidio. ¿Tenía realmente el CJNG capacidad tecnológica operativa para llevar a cabo la acción? No existe ningún antecedente con ese tipo de armamento. En cuanto a la oportunidad, la narrativa oficial no parece verosímil. Simplemente no tiene lógica: al desafiar al Estado los criminales pusieron en riesgo su propio imperio económico. Además, para la determinación de la autoría se necesitan pruebas materiales y en este caso los indicios son vagos y sirvieron para fabricar un casus belli al vapor: la guerra justa del Estado bueno.

La inmediatez para la explotación del evento −para sacar provecho del crimen− sugiere la existencia de un plan preconcebido: la guerra debe continuar. No es cierto que las mentiras tengan patas cortas; los expertos de la guerra sicológica cuentan con medios para sepultar u orillar la verdad, y eso hace que las mentiras puedan tener un recorrido sorprendentemente largo…

México en remate: Zonas Económicas Especiales

Mateo Crossa

El 27 de noviembre de 2014, a tan solo dos meses de que ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, Enrique Pena Nieto anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales en el Sur de México con el fin de generar una “estrategia de desarrollo integral e inmediata que permita crear empleos formales y bien remunerados”: El Corredor Industrial Inter-Oceánico, el Puerto Chiapas y el Puerto de Lázaro Cárdenas.

Si bien las Zonas Económicas Especiales no han sido aprobadas como ley, existen suficientes trazos que demuestran la realidad del proyecto, además de la insistente angustia de los voceros empresariales por su urgente aprobación. Hay poca información sobre el tema, no se ha realizado análisis y los medios de comunicación que lo anuncian, lo han hecho desde la perspectiva empresarial, justificando el proyecto como parte de la necesidad de llevar a la zona sur del país por el camino del desarrollo y el progreso. Desde este punto de vista, México se encuentra en el rezago del mundo globalizado y se hace necesario abrir sus puertas a la economía mundial y seguir los pasos de las economías emergentes como China. La forma de hacerlo será una historia que ya conocemos en México: ofrecer el territorio al capital extranjero por medio de una excepcionalidad arancelaria, una geografía estratégica y una mano de obra barata.

Entre los hechos relacionados a la planeación de las Zonas Económicas Especiales son destacables los siguientes:

A principios de febrero, el gobernador de Chiapas se reunió con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Abraham Zamora Torres, y el director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann. Según medios locales , en esta reunión acordaron “trabajar unidos para detonar proyectos de desarrollo en la frontera sur en la nueva Zona Económica Especial de Puerto Chiapas”. ¿Qué hace la Universidad de Harvard en esto? ¿Qué hace Ricardo Hausman en México?

Ricardo Hausmanm, que vive en Estados Unidos como “economista de renombre”, fue ministro de Planificación de Venezuela y jefe de la "Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación" (1992-1993) durante el gobierno neoliberal de Carlos Andres Perez. Luego, se desempeñó como economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y ahora es conocido por su afán golpista al dedicar mucha tinta y aliento en promover la bancarrota del gobierno venezolano. Mientras tanto, sigue recorriendo América Latina promoviendo las recetas neoliberales de la productividad y la competitividad y ahora llega a México a decirle a los empresarios de Coparmex, como lo hizo hace 4 años sin exito, que es un momento trascendental para la economía mexicana por lo que se hace necesario invertir en las áreas más pobres del país. No en educación, porque, como el mismo lo dijo . “no todo se resuelve con educación”. Desde su punto de vista, es necesario abrir el país a la inversión productiva, no para el mercado nacional porque como él dijo “la competitividad se arruina sustituyendo importaciones”. Por el contrario, se trata generar competitividad a través de la inversión productiva en áreas de exportación. Por eso viaja a México, para promover y apoyar el desarrollo de Zonas Económicas Especiales.

Para la zona sur del país no es novedad la actividad exportadora, sin embargo, ahora que está el proyecto de las ZEE en la puerta, sus promotores lo hacen ver así. Las actividades exportadoras no son nuevas y cualquiera que conozca un poco sobre la región cafetalera del Soconusco podrá desconfiar del discurso del progreso que cobija al proyecto de las ZEE. El Soconusco es un caso claro y ejemplar para demostrar que la actividad exportadora llego al sur de México para aprovecharse y perpetuar la precariedad y la pobreza. Estudios en la región fronteriza del Soconusco han demostrado que la actividad exportadora se lleva muy bien con la pobreza. En esta región tan importante a nivel nacional para la producción y exportación de café se emplea mano de obra infantil y migrante:

“La migración laboral es una respuesta a los embates sociales y económicos del actual modelo de desarrollo, así lo sugieren 88.9% de hombres y mujeres guatemaltecos (as) que migran con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas en las fincas cafetaleras del Soconusco, Chiapas. El fenómeno migratorio inserta a las y los individuos en un estado de vulnerabilidad social, pues van perdiendo la posibilidad de desarrollar capacidades que les permitan responder ante situaciones de alto riesgo o acceder a posibilidades que mejoren su calidad de vida.

Uno de los grupos más vulnerables es la infancia. Ésta se transforma en un conglomerado de seres invisibles, extranjeros, que se exponen permanentemente a la precarización laboral y exclusión social, sin que nadie se responsabilice de su bienestar por tratarse de un contexto transnacional”.

¿Este es el progreso que se pretende generar con Zonas Económicas Especiales?

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello viajó a Washington en noviembre de 2014 y después de reunirse con “especialistas” del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo para analizar “la estructura y la gestión para el desarrollo de proyectos altamente productivos que detonarán la economía de la entidad”, anunció la creación de la Comisión para el Desarrollo de la Zona Económica Especial y la creación de un agro parque en el Soconusco como parte de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas. Así lo dijo .

“Los impulsos y el incentivo fiscal que tendrán las zonas estratégicas económicas, especialmente Puerto Chiapas, habrán de beneficiar al comercio y a la industria, nosotros nos estamos preparando con una infraestructura adecuada, estamos ya con la construcción del Parque Agroindustrial en Puerto Chiapas, para aprovechar de mejor manera esta gran oportunidad que se nos va a presentar”.

¿Qué va a significar una zona económica especial de estas características en Chiapas? Hay poca información pública al respecto y muchos discursos que insisten en el beneficio económico. Sin embargo, los antecedentes que existen no dejan lugar al aliento. Por el contrario, suponen un proyecto que profundizará el subdesarrollo de la región y utilizará la mano de precaria como el motor principal del crecimiento, la ganancia y la exportación.

Otro de los hechos relevantes relacionados a las Zonas Económicas Especiales en México fue la Convención Nacional de Industriales-2015 realizada el 27 de marzo. En este evento anual organizado por la Canacintra, en el que participan representaciones empresariales de todo el país y funcionarios federales, uno de los paneles se tituló “Zonas Económicas Especiales” y fue presentado por el presidente nacional de Canacintra de la siguiente manera:

“México es un país con una geografía económica polarizada, que si cada entidad federativa fuera analizada como si fuese un país en términos de productividad, nos encontraríamos con que coexisten realidades tan distantes como Corea del Sur, Chile, Nueva Zelanda, Turquía, Estonia, Malasia, el emirato de Qatar e inclusive Namibia.

CANACINTRA está cierta que si se alinea el debido marco jurídico, las políticas públicas y los incentivos correctos, las Zonas Económicas Especiales pueden ser una gran “caja de herramientas” para el desarrollo, en donde los estímulos, tanto por el lado del gasto, como por la vía fiscal y la normatividad, pueden resultar en una sinergia muy favorable que eleve los niveles de competitividad del Sureste Mexicano.

La aspiración de la Industria es que a través de las Zonas Económicas Especiales, se consoliden, fortalezcan e incuben nuevas vocaciones productivas que deriven en la generación de riqueza y empleos, así como una mayor equidad en la asignación de recursos en el país, que materialice beneficios tangibles para la Industria en su conjunto y para los vastos segmentos de la población que están desvinculados del proceso de modernización o están desempeñando su labor en sectores de mucha generación de empleo pero muy baja productividad.

El Senador del PRD por el estado de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, participó en este panel agradeciendo incansablemente a la Canacintra por haber organizado la mesa. En su intervención, no dejó de insistir en la necesidad de apoyar la aprobación de una iniciativa de ley sobre las Zonas Económicas Especiales que beneficie al sur de México.

Robles apareció tres semanas después participando en un “taller de las Zonas Económicas Especiales” organizado por el Banco Mundial. De acuerdo con La Voz del Sur

“El legislador oaxaqueño dijo que esta propuesta permitirá que México se integre de manera más dinámica a los mercados internacionales, y que, al mismo tiempo, contribuya al desarrollo local, regional y nacional (…) El Sur-Sureste merece salir del rezago, de la marginación y estamos obligados a que las tres zonas económicas especiales la de Oaxaca, la de Chiapas y la de Guerrero sean exitosas, se lo debemos a la gente del Sur-Sureste del país”.

Como ya se mencionó, el gobernador de Chiapas se reunió con el Bando Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial en Washington. El senador Robles participó en un evento organizado por el Banco Mundial sobre las Zonas Económicas Especiales. Cuando menos lo esperemos, serán estos organismos internacionales financieros quienes darán dinero para incentivar las nuevas zonas especiales.

Por último, cabe mencionar que han existido muchas iniciativas de ley relacionadas con las Zonas Económicas Especiales. La última de ellas fue publicada en la gaceta parlamentaria el miércoles 18 de marzo y su revisión de cerca nos podría indicar cuáles serán los marcos para el desarrollo de estas zonas.

La exposición de motivos es insistente en situar a México como región estratégica en la economía global. La importancia de las ZEE la ubica en el espacio geográfico trascendental que el país representa para el comercio Asia-Pacifico, ósea el papel que México jugará en el marco acuerdos como Acuerdo Transpacífico (TPP). Así lo dice:

“la nueva política industrial competitiva en México, requiere un instrumento diferenciado como son las Zonas Económicas Especiales que permitan a nuestra economía generar mejores condiciones de inversión y desarrollo de tecnología(…) establecer una nueva política de industrialización para frente al desafío que representa la competencia comercial de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.

Posteriormente realiza un análisis de las diferentes Zonas Económicas desarrolladas en el mundo y, aunque usted no lo creo, hace una amplia referencia a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como ciudades Modelo, aprobadas en Honduras en 2011 como un caso ejemplar para México

“Sobresale del modelo hondureño que no se restringe al sector de manufacturas, sino que se pueden constituir como como Centros Financieros Internacionales, Centros Logísticos Internacionales, Ciudades autónomas, Cortes Comerciales Internacionales, Distritos Especiales de Inversión, Distritos Energéticos Renovables, Zonas Económicas Especiales, Zonas sujetas a un Sistema Jurídico Especial, también como Zonas Agroindustriales Especiales, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras Sociales, Zonas Forestales Sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de estos regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones bajo modelos incluyentes” .

“Otras de la características de la flexibilidad del modelo de Honduras es que su régimen fiscal las autoriza a crear su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus propios impuestos, a determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, a celebrar todo tipo de convenios o contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo, aun cuando fuera a lo largo de varios períodos de gobierno. Además que son zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional”.

No sorprende que la iniciativa de ley integre el ejemplar caso de las ZEDES ya que las disposiciones generales de la ley parecen promover un proyecto igual. Como se puede apreciar en los artículos de la ley, se pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos y reglas laborales propias. Aquí destaco algunos:

Artículo 4. Las Zonas deben operar sobre una política de libre comercio y competencia que garantice la libre circulación de bienes, activos intangibles, servicios, tecnología, inversión y capital humano.

Artículo 5. Las Zonas contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, los que pueden adoptar sistemas o jurisprudencia jurídicas conforme a las mejores prácticas internacionales.

Las Zonas gozan de un régimen fiscal y aduanero distinto al del resto del territorio nacional

Artículo 10. En las Zonas se pueden crear con el objetivo de desarrollar una actividad específica de la economía como centros logísticos internacionales, Centros de Población Sustentables, Zonas Especiales de Inversión, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras Sociales, Centros Financieros Internacionales

Artículo 44. Las Zonas Económicas Especiales tienen un régimen fiscal autónomo, pueden utilizar y distribuir sus ingresos financieros conforme a lo establecido en la presente Ley

I. La enajenación de servicios y mercancías nacionales de proveedores nacionales ajenos a la Zona, se aplicará una tasa del cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado;

II. Expedición automática de la constancia de Empresa Altamente Exportadora;

III. Exención del pago de los Impuestos al Comercio Exterior causados o por causarse e Impuesto al Valor Agregado causado por la introducción de mercancías que se destinen a las actividades establecidas en el artículo 9 de la Ley;

IV. Exenciones al pago del Impuesto al Valor Agregado causado por la venta de servicios y mercancías dentro y entre Zonas y por la venta de mercancías a maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía;

V. El Impuesto sobre la Renta para personas físicas no puede ser superior al 12 %.

VI. El Impuesto sobre la Renta para personas morales no puede ser superior al 16 %.

VII. Un impuesto especial a los terrenos o tierras sin uso o explotación de 10 %.

VIII. Un impuesto a los bienes inmuebles cuyo porcentaje será fijado por la Comisión hasta un máximo de 10 %,

IX. Exención del pago de los derechos de trámites aduaneros.

Artículo 57. Las relaciones laborales entre Usuarios de las Zonas y sus trabajadores se sujetan a la Ley Federal del Trabajo, con las excepciones que se introducen en este capítulo.

Artículo 58. Los salarios de los trabajadores que laboren para los usuarios de las Zonas deberán ser similares y competitivos a los salarios del sector o rama económica a nivel internacional. Los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.

Las Zonas Económicas Especiales serán un proyecto renovado del libre comercio en México. Serán los enclaves del siglo XXI en México donde operará el capital trasnacional desde la industria, las finanzas, la extracción de recursos naturales, el turismo, etc. Resulta evidentemente falsa la idea alentada incansablemente por políticos y empresarios que promueven las ZEE como proyectos de desarrollo y crecimiento para la zona sur del país. Las actividades económicas que ya se realizan en la región, de las cuales solo mencioné una (producción de café en Soconusco) dan un indicio del interés que capital extranjero tiene en esa región del país. Como lo mencioné anteriormente, el gran capital extranjero y nacional ya existen en el sur del país, superexplotando fuerza de trabajo y despojando de tierras a los pueblos indígenas. Las Zonas Económicas Especiales vendrán a renovar ese modelo, a ponerle más gasolina al motor de la explotación y el despojo.