La inclusión de la cláusula democrática en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y la aceptación de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a finales de los noventa, fueron el comienzo de un cambio. Más tarde, al ocurrir la alternancia que llevó a otro partido a la Presidencia de la República, la línea de la política exterior hacia el apoyo a las agencias de derechos humanos fue más decidido. Se ratificaron entonces convenciones y protocolos adicionales que estaban pendientes, se abrió la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, se invitó a múltiples relatores especiales a visitar el país a fin de conocer e informar sobre diversos aspectos de la situación de derechos humanos.
Ese giro no fue puramente formal. La mirada externa fue considerada un factor positivo para apuntalar la naciente democracia y para contribuir a la toma de conciencia entre la ciudadanía de la importancia de los derechos humanos. A la sombra de las acciones de Naciones Unidas se consolidaron, entonces, diversas organizaciones de la sociedad civil destinadas a difundir, promover y defender dichos derechos.
Los resultados han sido ambivalentes. Sin duda, hay en la actualidad una mayor familiaridad de la población con los derechos humanos. Pero ello no garantiza su mayor respeto. A partir de los problemas de violencia en el país, de la utilización del Ejército para combatir el narcotráfico y la descomposición progresiva del sistema de impartición de justicia, la violación de los derechos humanos sigue presente y en algunas partes del país empeora.
En ese contexto, los desencuentros con el Comité para Desapariciones Forzadas de la ONU y las dimensiones inusitadas del enfrentamiento verbal público con el relator sobre la tortura constituyen algo más que un dislate de algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones. Son una señal, por una parte, de las serias preocupaciones que suscita en la elite gobernante el derrumbe de la imagen internacional del país en materia de estado de derecho y respeto a los derechos humanos. Por la otra, de lo errático de la respuesta; esta vez se decidió volver a épocas del viejo PRI, cuando voces externas, contrarias a la visión oficial, eran consideradas negativas para los intereses del país.
La campaña mediática contra el relator de la ONU pone fin a las formas diplomáticas conciliatorias que tradicionalmente maneja la SRE al dialogar con representantes de organismos internacionales de derechos humanos. Aunque se afirma que las relaciones con dichos organismos continuarán como siempre, el golpe ya está dado. Veremos cómo se toma el informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Iguala. Según comentarios preliminares, es posible que haya serias discrepancias con la investigación que, según las voces oficiales, de manera “impecable” se ha llevado a cabo sobre los estudiantes desaparecidos.
El relator al que tanto se ha criticado no es un personaje secundario ni un experto improvisado de las Naciones Unidas. Juan E. Méndez es un jurista de prestigio que, entre otros puestos, ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su visita a México no era la primera, sus conversaciones con diversos niveles de gobierno fueron seguramente extensas y los resultados de sus investigaciones no pueden resultar sorpresivos. Lo que sí sorprende es la utilización, por parte de diplomáticos, de términos poco usuales en estos casos para calificar su trabajo: irresponsable, carente de ética, sin profesionalismo, violador de los códigos de conducta para los relatores de ONU, entre otros.
La respuesta no se hizo esperar. El miércoles 1 Juan E. Méndez envió una carta abierta al embajador mexicano en Ginebra. En ella se refutan cuidadosamente las críticas del gobierno mexicano, elaborando argumentos no para rectificar, sino para reafirmar sus conclusiones, entre otras, la relativa a la tortura como una práctica generalizada en México. Es lamentable que esta carta no haya tenido mayor difusión en los medios de comunicación.
Dos argumentos llaman poderosamente la atención del extenso documento. El primero, la identificación del momento, la forma y los ejecutores de la tortura. Según sus investigaciones, ocurre en las primeras 24 a 48 horas después de la detención y es practicada, con métodos similares, por todo tipo de autoridades municipales o federales, del Ejército o la Marina; la tortura termina cuando el detenido es consignado. El segundo argumento se refiere a la indiferencia de las autoridades ante denuncias sobre dicha tortura. Aunque debe perseguirse de oficio, no hay pruebas de averiguación, enjuiciamiento y castigo sino, por lo contrario, simple indiferencia. En otras palabras, un sistema de justicia que acepta tácitamente esa práctica.
Es desalentador que en vez de formar de inmediato un grupo de trabajo de alto nivel para utilizar los hallazgos del informe y poner en marcha acciones efectivas para detener una práctica condenable y enjuiciar a los perpetradores, se haya desviado la atención hacia la descalificación y minimización del problema. El gobierno de Peña Nieto ha decidido, así, matar al mensajero antes de recibir el mensaje. Semejante actitud tendrá efectos negativos en las relaciones de México con gobiernos y empresarios que sí valoran los derechos humanos.
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