México “colabora” con la coalición global contra ISIS: gobierno de EU

Aristegui Noticias

El Departamento de Estado informó que México forma parte de los 62 países que participan en la coalición internacional contra el Estado Islámico, dentro del grupo de países llamados “de soporte”, entre los que están: Marruecos, Portugal, Ucrania, y otros.

México participa en la coalición de 62 países convocada por Estados Unidos para combatir a los yihadistas del Estado Islámico (ISIS por siglas en inglés).

Así lo señala un documento emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que aparecen los nombres de los países y las tareas que desempeñan en esta coalición, informó esta mañana en Noticias MVS primera emisión, la periodista Dolia Estévez, corresponsal en Washington, DC. 

A continuación el texto del reporte de Dolia Estévez transmitido en radio:
“La semana pasada, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que el presidente de los Estados Unidos,  Barack Obama, utilizó para ganar adeptos contra el Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS), el Departamento de Estado emitió una lista de 62 naciones que, según indicó, forman parte de la coalición que colabora para acabar con el grupo extremista islámico.

“En la lista destaca México como el único país latinoamericano que, según la cancillería estadounidense, ‘se ha unido a la coalición contra ISIS’. El Departamento de Estado no especificó el tipo de apoyo que presuntamente aportará México a la coalición anti-ISIS. 

“Las naciones de la coalición se han comprometido a dar diversos tipos de ayuda, como bombardeo aéreo y equipo militar, asistencia humanitaria y apoyo político.

“El documento, difundido el 19 de septiembre como ‘apuntes para la prensa’, explica ambiguamente los motivos por los cuales el Departamento de Estado incluyó a México entre los colaboradores a los esfuerzos contra ISIS.

“Dice que ‘la amplitud y diversidad de los países y organizaciones que están colaborando’ en el  esfuerzo ‘demuestra la naturaleza global y unificada de la lucha… para respaldar a Irak y derrotar a ISIS’.

“Añade que éste es un esfuerzo en curso y que espera que el número de países en la coalición, en la que figura México, aumente.

“Para demostrar el respaldo de México a la embestida contra ISIS, el Departamento de Estado reproduce el comunicado de prensa de la Cancillería del 16 de septiembre.

“El comunicado # 403 dice que el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ’repudia las ejecuciones de dos ciudadanos estadounidenses y uno británico, perpetradas por el grupo extremista conocido como Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés) y expresa su solidaridad y condolencias con los pueblos y gobierno de EU y del Reino Unido así como con los familiares de las víctimas de estos atroces crímenes’.

“En ese marco, cabe mencionar el beneplácito de la administración Obama ante la decisión de Enrique Peña Nieto de sumar a México a las operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“En una rueda de prensa en Nueva York el viernes 26, Roberta Jacobson, Secretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, dio la bienvenida al anuncio de Peña Nieto.

“Jacobson dijo que EU cree que ‘México puede hacer grandes contribuciones a las operaciones de mantenimiento de la paz’, aunque matizó que corresponde a México decidir qué forma tomará su participación. Jacobson consideró fundamental la colaboración de EU con los países del hemisferio occidental para confrontar a ISIS”.

La nota de The Washington Post

El 25 de septiembre, el diario estadounidense The Washington Post publicó una nota con el título “What the 60-plus members of the anti-Islamic State coalition are doing”  (“Lo que los más de 60 miembros de la coalición anti Estado Islámico están haciendo”), en la que cita también el documento del Departamento de Estado, que incluye a México entre los países que participan en la coalición contra ISIS.

El diario señala que México aparece en la lista, en el grupo denominado “Países de soporte”,  “sin un compromiso específico definido” en el que también están Andorra, Bosnia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Marruecos Portugal, Serbia, Eslovenia, Túnez y Ucrania.
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International Efforts to Counter ISIL, Support the People of Iraq and Syria, and Mitigate the Humanitarian Consequences of the Conflict in Iraq and Syria

 This list represents public contributions of individual partners to the many dimensions of the effort against ISIL and in support of the Iraqi and Syrian people who are facing ISIL’s brutality. Some partners have not made public their contributions to this effort, so this list does not reflect every single element of the international response. As additional partners consider what roles they can play in this international effort, or as partners on this list take on additional commitments, this list will grow and continue to be updated.

**NOTE: Newly added content is indicated by an asterisk (*) in the table of contents, and highlighting in the text of the document.

 Mexico

 9/19/14: The U.S. State Department Included Mexico On A List Of Contributors To Global Anti-ISIL Efforts. “A Global Effort to Support Iraq and to Defeat ISIL: The breadth and diversity of countries and organizations making contributions across one or more of the lines of effort demonstrate the global and unified nature of this fight. Below are some of the partners thathave made contributions and commitments to date. This is an ongoing effort, and we expect the number of countries to grow….Mexico…” [U.S. State Department – Media Note, 9/19/14]

9/16/14: Government Of Mexico: “On Behalf Of The Mexican Government, The Foreign Ministry Condemns The Executions Of Two U.S. Citizens And One British Citizen By The Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) Extremist Group…” “On behalf of the Mexican government, the Foreign Ministry condemns the executions of two U.S. citizens and one British citizen by the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) extremist group and extends its sympathy and condolences to the people and government of the United States and the United Kingdom and to the families of the victims of these heinous crimes.” [Government of Mexico, 9/16/14]

 
Mexico en La Coalicion Anti-IsIL 9-26-14

El "desmantelamiento" del IPN

Flor Goche

Considerar “usuarios de servicios educativos” a los alumnos, reconocer los estudios parciales mediante “certificados de competencias técnicas” o “títulos de técnicos superiores” y promover la migración de los estudiantes más talentosos son algunas de las reformas en puerta en el Instituto Politécnico Nacional. “La gran columna vertebral de la modernización del trabajo educativo institucional”, como define Efrén Parada –secretario académico del Instituto– a dicho proyecto, representa para profesores y estudiantes el “desmantelamiento” del proyecto educativo mexicano más importante del siglo XX

Desmantelar al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para convertirlo en un centro privado de capacitación técnica al servicio de las trasnacionales es el verdadero objetivo del Proyecto de Reglamento General de Estudios (PRGE) impulsado, desde mayo pasado, por la actual administración politécnica a cargo de Yoloxóchitl Bustamante Díez, concluyen profesores y estudiantes de esta institución educativa. La autoridad politécnica, en voz de Efrén Parada Arias, secretario académico del IPN, no está de acuerdo. Para el funcionario, se trata de “confusiones interesadas” de “algunos grupos”. Asegura, en cambio, que “el Politécnico seguirá siendo una institución revolucionaria –por su origen y por su base filosófica– y que estará dirigida a trabajar, como desde el principio, con los sectores más desprotegidos de la población”. Parada Arias señala que se trata, simplemente, de modificar los “aspectos operativos” de ingreso, trayectoria, permanencia y egreso de los estudiantes de esta casa de estudios. Las reformas, a decir del doctor en tecnología de alimentos, responderían a necesidades normativas en materia de movilidad, cooperación e internacionalización y a las nuevas exigencias sociales y laborales.

“Mercantilizar” la educación

El proyecto, elaborado por la Secretaría Académica y que actualmente se encuentra en fase de “consulta”, incorpora términos que han generado polémica entre la comunidad politécnica. En el artículo 3 del proyecto se integra el término “servicios educativos”, con lo que transforma a los alumnos en “usuarios de servicios educativos”. “En nuestro país existe una tendencia general de trastocar el sistema de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, culturales y sociales, entre éstos el de la educación, para suscribirlos como mercancías”, asegura Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien imparte el taller El Derecho a la Educación. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Estados Unidos y Canadá en la última década del siglo pasado, sería el origen de la “mercantilización”, a decir del doctor en educación por la Universidad de Harvard, Hugo Aboites. “En la legislación mexicana ya se utilizaba la palabra servicio, pero con otro sentido: como servicio a la comunidad o servicio social. Sin embargo, el TLCAN no sólo le quita a la educación el carácter de derecho, sino que la vuelve una mercancía, lo que tiene implicaciones muy fuertes”, agrega el investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.

Reglamentar cobros

Aunque los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional garantizan la gratuidad de la educación, los “donativos” impuestos a los estudiantes son, en realidad, pagos obligatorios. Así, por este concepto ingresan alrededor de 1 mil 700 millones de pesos –el 10 por ciento de su presupuesto total–, asegura Luis Niño de Rivera, profesor con 40 años de antigüedad en el Instituto. La legislación universitaria, expedida por el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1981, señala en su artículo quinto: “La educación que imparta el Instituto Politécnico Nacional será gratuita”. Sin embargo, inscribirse en un programa académico, aprender un idioma, recibir atención médica, presentar un examen, practicar un deporte, todo implica pagar cuotas obligatorias, documentan alumnos del IPN. Su preocupación es que, de aprobarse el PRGE, estas prácticas se “reglamenten”. La autoridad politécnica, en voz del secretario académico, niega que el PRGE atente contra la educación pública. Efrén Parada dice que, en el IPN, no existe ninguna asignación de cuotas por contraprestación de servicios, pero reconoce que la Secretaría de Hacienda les exige, al igual que a otras instituciones federales, ciertas “aportaciones”. “Hay un catálogo de servicios en donde la propia Secretaría establece tarifas. Eso está mucho más allá de lo que quisiéramos hacer en esta materia porque forma parte de la estructura hacendaria.”

¿Usuarios o alumnos?

Efrén Parada señala que alumnos son las personas inscritas en algún programa académico. Y dice que usuarios, de acuerdo con el PRGE, serían quienes “atienden a una oferta específica”, como los servicios educativos complementarios: lenguas extranjeras, cursos, educación continua. Sin embargo, en la última versión del PRGE se define como “servicios educativos” a todo lo que ofrece el Instituto, incluidos los programas académicos. Es decir, un alumno es también un usuario. Parada confirma lo anterior: “Un servicio educativo puede ser parte de lo que nosotros tenemos en la estructura académica regular; no necesariamente tiene que ser un diseño aparte”.

Las “salidas laterales”

El secretario académico del IPN acepta que el término “salida lateral” –incluido en la primera versión del PRGE– resulta polémico. Se trata de la propuesta para que el IPN reconozca los estudios parciales de nivel medio superior o superior mediante un “certificado de competencias técnicas y/o laborales o un título de profesional asociado”. Efrén Parada explica que no obstante haberse suprimido de la versión más reciente del PRGE, en la práctica las “salidas laterales” se mantienen. Incluso se encuentran vigentes las “carreras” de profesional asociado en telemática; profesional asociado en automatización; profesional asociado en manufactura, y profesional asociado en biónica. Se imparten en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Cuestionado al respecto, Parada considera que las “salidas laterales” no rebajan la calidad de la educación. Antes bien, obedecen a la necesidad de brindar una oportunidad a los jóvenes que no logran terminar sus carreras: obtener un título intermedio que los ampare para ejercer profesionalmente. “Que no quede en el reglamento significa que queda al interés del joven aceptarlo o no. No es una cosa que se imponga por norma, pero no podemos dejar a los jóvenes sin la oportunidad, simplemente porque hay una crítica sobre la propuesta.” Los profesores politécnicos agrupados en la Unión Sindical Democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (USD-SNTE) consideran que las “salidas laterales”, además de desvalorizar la educación superior y depreciar la fuerza de trabajo profesional, representan la renuncia, por parte de la institución y del Estado mexicano, de asegurar la calidad de los egresados y de resolver el problema de la deserción escolar. Víctor Moreno, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dice que mientras la legislación vigente ofrece a los alumnos “mecanismos y alternativas que garantizan la culminación de su formación académica”, el PRGE reduce las opciones de aprobación de los estudiantes, y los orilla a optar por las “salidas laterales”, a las que califica de “falsas salidas”. Por ejemplo, el artículo 34 de la segunda versión del PRGE refiere que “cuando se modifiquen los planes de estudio de los niveles medio superior o superior, no podrá afectarse retroactivamente a los alumnos”. Sin embargo, más adelante, el mismo artículo limita este beneficio a dos ciclos escolares, incluso condiciona la inscripción al nuevo plan al cupo disponible. Este modelo va a tecnificar más la educación que imparte el IPN, previene Hugo Aboites. “De por sí el bachillerato tecnológico bivalente del Politécnico tiene una inclinación muy fuerte a la cuestión técnica; con esto se fortalece todavía más esa idea”. Los estudiantes agrupados en el Colectivo 23 de Septiembre consideran que el objetivo de este proyecto es hacer del Politécnico un centro de capacitación técnica al servicio de las trasnacionales, en contraste con lo que mandata su Ley Orgánica: “El IPN es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la Nación (…)”. “¿Cómo van a explicar esto a los jóvenes originarios de otros estados de la república que, ante la imposibilidad de obtener títulos de licenciados o ingenieros en provincia, hacen un gran esfuerzo por venir a estudiar al Politécnico?”, se pregunta Gabriel, estudiante de ingeniería en comunicación electrónica en la ESIME-IPN, plantel Culhuacán.

Deterioro del nivel académico

Académicos señalan que la aplicación del Nuevo Modelo Educativo –que ahora con el PRGE se pretende reglamentar– ha deteriorado la calidad de la educación que imparte el Politécnico. “Si yo comparo el nivel de mis estudiantes que actualmente llegan a posgrado y que son buenos estudiantes –tienen promedio de 8 y están becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología– con los estudiantes que tenía hace 10 años, la diferencia es notable”, confiesa Luis Niño de Ribera, profesor en la maestría de microelectrónica y en el doctorado en comunicación electrónica en la ESIME Culhuacán. Golpear las matemáticas, “el lenguaje fundamental para poder hablar y entender la ingeniería”, es para el catedrático el motivo principal de que el nivel de los cursos que ahora imparte en el posgrado sea el que impartía en licenciatura. “Esto no se puede entender más que como un acto deliberado para golpear la formación de los jóvenes en aspectos fundamentales de las matemáticas, para que en México no se desarrolle tecnología y ciencia.” Durante las últimas dos décadas, Niño de Ribera ha sido testigo de las medidas emprendidas por las autoridades politécnicas en este sentido: reducir el número de horas de matemáticas en la enseñanza de las ingenierías, no invertir en el nivel vocacional (“donde se cultiva la semilla de las matemáticas fundamentales”) y permitir que ingresen al nivel superior del Politécnico estudiantes de otras escuelas que no tienen el mismo nivel de matemáticas. A decir de Víctor Moreno, profesor politécnico con 15 años de docencia en la institución, el criterio ha sido modificar los planes de estudio con el propósito de eliminar ciertos contenidos, los “impertinentes”, para sustituirlos por los “pertinentes”, en función de los intereses de las trasnacionales. Niño de Ribera, quien de 2008 a 2009 fue miembro del Consejo General Consultivo –máximo órgano colegiado de consulta del IPN–, recuerda la contestación de José Enrique Villa Rivera cuando, en una de las sesiones de este Consejo, se le increpó sobre el evidente deterioro en la formación de ingenieros calificados: “Lo que nos está pidiendo Man Power y las empresas de contratación es otra cosa”, fue la respuesta del entonces director.

Movilidad, fuga de cerebros

La movilidad académica que, de acuerdo con el PRGE, consiste en el intercambio de estudiantes entre las unidades académicas del IPN y de éste con otras instituciones –del mismo país o del extranjero– contribuye también al desmantelamiento del IPN, asegura el profesor Víctor Moreno. Se trata, en realidad, de un mecanismo para institucionalizar la fuga de cerebros, pues sólo los estudiantes regulares (los que no adeudan materias) pueden participar en estos intercambios. Pensar que en el Politécnico se genera todo el conocimiento mundial y, por tanto, cerrarse ante experiencias como ésta “sería fatal para la institución”, asegura Efrén Parada, quien define “movilidad” en términos de mejorar la formación de los estudiantes y la calidad del servicio educativo. La movilidad significa, en el fondo, reforzar el mercado de estudiantes, asevera Hugo Aboites, estudioso del campo de la educación por más de tres décadas.

Educación a distancia

Además, el PRGE incorpora por primera vez la educación a distancia en el IPN. La define como la que “utiliza diversos medios de comunicación y sus combinaciones, proporcionando distintas posibilidades para el estudio, aun cuando alumnos y profesores se encuentren distantes”. Sin embargo, se preguntan los académicos cómo se enseñarán las disciplinas politécnicas cuando para éstas son necesarias las prácticas en los laboratorios. Uno de los problemas históricos de la educación a distancia –desde los cursos por correspondencia en la década de 1950– ha sido que “mucha gente se inscribe y muy pocos continúan”, pues se requiere de un contexto social favorable o, en su caso, de una “disciplina de monje”, asegura Hugo Aboites. Si bien, la educación a distancia no se sostiene por sí misma, puede resultar útil como complementaria al proceso presencial, se pronuncia el investigador. Del modelo de educación a distancia planteado en el PRGE se desprende la figura del “profesor asesor”, que caracteriza al docente como un “facilitador”, lo que implica un cambio sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata, a decir de Víctor Moreno, de la fórmula constructivista “aprender a aprender”, que concentra la carga del proceso educativo en el aprendizaje, no en la enseñanza. “El problema es que pretenden quitarle toda la obligación a la institución y a los profesores para dejársela a los estudiantes”. Efrén Parada sonríe espontáneamente al conocer el argumento anterior; lo rebate. Mejorar la actuación del profesor frente a la formación de los jóvenes, pero sobre todo, dotar a los estudiantes de las herramientas que les permitan mantenerse actualizados por sí mismos, es el objetivo de recurrir a la técnica moderna del autoaprendizaje, expone el funcionario. Figuras académicas como la de “profesor asesor” o “profesor tutor” –contempladas en el PRGE, no así en el Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del IPN vigente– pueden resultar en “algo bueno” o, en su defecto, en una absoluta irresponsabilidad institucional, considera Hugo Aboites. Un sistema bien estructurado de apoyos y de tutorías sería excelente, manifiesta el también profesor universitario. No obstante, en éste y otros puntos, el PRGE es muy ambiguo. Además, al tratarse de un proyecto que no parte de los profesores, sino de la autoridad, las figuras de “profesor asesor” y “profesor tutor” quedarán en el nivel de iniciativas, pues, aunque se aprueben, para el sector académico no tendrán sentido.

Formación de emprendedores

La existencia de dos centros de apoyo al fomento y desarrollo empresarial –la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial y el Centro Incubador de Empresas de Base Tecnológica–, así como del Programa Institucional de Formación de Emprendedores y Promoción de Empresas Innovadoras, prueba que los planteamientos del PRGE, en este caso, el de formación de emprendedores, no son nuevos en el IPN. Se trata de llevar a las aulas la visión neoliberal de la economía, cuyo objetivo es que los estudiantes sientan que deben ser empresarios, expone Víctor Moreno. “Es por eso que introducen una serie de materias chatarra, que en realidad son contenidos ideológicos neoliberales. Por ejemplo, en este momento, en la Escom (Escuela Superior de Cómputo) hay un curso de liderazgo”.

El Proyecto, en marcha

En los hechos, aun sin fundamento legal aprobado, “las cosas están echadas a andar”, denuncia Rosario Trejo, secretaria General del Sindicato Docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN. Otros sectores de la comunidad la secundan: la autoridad del Instituto ha venido aplicando diversas medidas que atentan no sólo contra la Constitución Política del país, sino también contra una legislación de carácter federal, expedida por el Congreso de la Unión, como lo es la Ley Orgánica del Politécnico. Efrén Parada rechaza que el PRGE sea ilegal, pero reconoce que, efectivamente, pretende legalizar una serie de prácticas derivadas del Nuevo Modelo Educativo –rebautizado en el IPN como Modelo Educativo Institucional– que, desde hace más de una década, se aplican en el Instituto. Así, de aprobarse dicho proyecto, tendrán que modificarse también normatividades secundarias vigentes, aunque, por ahora, no se ha hablado de cambiar la Ley Orgánica ni el Reglamento Interno, refiere el funcionario.

Consulta simulada

A pesar de que la autoridad politécnica asegura que el PRGE es fruto de un proceso democrático y, por tanto, responde a los intereses del conjunto de los politécnicos, estudiantes y docentes, entre éstos los que integran la Fraternidad de Catedráticos de la Unidad Profesional Santo Tomás –asociación civil que agrupa a los 70 profesores del IPN con experiencia mínima de 25 años–, manifiestan que no fueron tomados en cuenta. Rubén del Cano –exsubdirector académico de la Escuela Superior de Comercio y Administración y presidente de la Fraternidad de Catedráticos– denuncia que la denominada Consulta del PRGE, impulsada por la autoridad politécnica desde el 27 de mayo, es una mera simulación, pues, en realidad, “nos han hecho a un lado”. La consulta se dio poco antes de finalizar el semestre, cuando profesores y estudiantes tienen mayor carga de trabajo y los estudiantes tenían escasos 30 minutos para leer y comentar una centena de artículos. Profesores y alumnos señalan que los académicos afines a la autoridad dictaban a sus alumnos lo que debían opinar, y algunos jefes de carrera obligaban a los estudiantes a firmar un documento en el que manifestaban su conformidad con el PRGE. Agregan que la consulta no cuenta con un marco metodológico transparente. Efrén Parada no se inmuta al escuchar las críticas. Precisamente por esas “observaciones” y por esos “errores”, provocados por alguna “mala interpretación de operar las cosas”, se decidió ampliar el plazo de la consulta (que hasta el 9 de agosto habría logrado recabar entre 50 y 60 mil opiniones); además, para que los estudiantes de nuevo ingreso tengan la oportunidad de participar en ésta, manifiesta el funcionario. Asimismo, en un oficio dirigido a Juan Manuel Cantú, secretario General del IPN, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que el pasado 20 de mayo pretendían realizar una feria politécnica en las instalaciones de esta escuela, denunciaron que Rosalía Torres, su directora General, intentó condicionar la realización de este evento sociocultural a garantizar, por escrito, que “no se hablaría del nuevo reglamento de estudios”. Efrén Parada se niega a emitir cometarios al respecto; se trata de asuntos que competen a la Secretaría General del Instituto, arguye. Explica, en cambio, que el proceso de aprobación de este proyecto es aún largo: una vez concluida y sistematizada la información de la segunda etapa de consulta, se integrará una tercera versión del PRGE que llegará a la Comisión Revisora de Proyectos Legislativos para, finalmente, ser sometida al pleno del Consejo General Consultivo. Efrén Parada se muestra orgulloso del proyecto. Al fin, fue diseñado por la Secretaría que encabeza, apoyada “por grupos técnicos que existen en cada una de las áreas de la gestión institucional, particularmente las que tienen que ver con los asuntos de escolaridad, académicos y con la parte de la gestión administrativa. Es un grupo grande de unos 50 compañeros”.

“Salidas laterales” 

Empleadores rechazan “técnicos” y el Instituto Politécnico Nacional es lo que pretende formar con las “salidas laterales”: otorgar certificados de competencias técnicas o títulos de profesional asociado a quienes no concluyen sus estudios. La medida podría parecer progresista, pero la realidad desenmascara el discurso, explica Hugo Aboites. El sistema de universidades tecnológicas –establecido en México en 1992–, que ofrecía títulos de técnico superior universitario, luego de cursar carreras de dos años, fracasó. Quince años después de su fundación, la matrícula de las 65 universidades tecnológicas creadas no había alcanzado, siquiera, los 60 mil estudiantes, refiere el investigador. Asimismo, los resultados del estudio Escolaridad y oferta de trabajo en una megaurbe moderna en la era de la globalización muestran que los empleadores de la zona metropolitana de la ciudad de México solicitan personal con nivel de licenciatura y, mucho menos, de nivel técnico. Datos del estudio, correspondientes a 2002, señalan que 243 empleadores buscan personas con nivel de secundaria; 648, técnicos; 159, comerciales; 63, egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; 820, de bachillerato; 2 mil 221, de licenciatura, y 68, técnicos superiores universitarios.

Educación privada, el punto de referencia

El vocabulario de los reglamentos del Tecnológico de Monterrey tiene una gran similitud con los que se busca que adopte el Instituto Politécnico Nacional (IPN), incluido el Proyecto de Reglamento General de Estudios, observa Hugo Aboites. Esto se debe, explica el doctor en educación, a que las políticas educativas en México (basadas en el modelo académico que en 1999 se gestó en la Unión Europea) apuntan a “uniformizar” u “homologar” la educación que se imparte en el país. Se trata, señala, de establecer un modelo de competencias comunes: habilidades, conocimientos y valores, cuyo punto de referencia es la educación privada. “Lo peor”, asegura Aboites, ha sido la “patética” reacción de la educación pública que, en su afán de competir, ha optado por parecerse a la educación privada, sacrificando su identidad y su misión social. Esto es parte del desmantelamiento del Politécnico, apunta el profesor Víctor Moreno; al despojarlo de su esencia, el IPN “sería indistinguible de cualquier escuela particular”.

(Publicado el 7 de noviembre de 2010 en la revista Contralínea)

La doble moral de los “cascos azules” mexicanos

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F. (apro).- El anuncio presidencial de que las Fuerzas Armadas participarán en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas echa por tierra el tradicional aislamiento internacional de los militares mexicanos. Pero en el fondo se trata de una medida que contradice la actuación de los soldados y marinos al interior del país.

Si el Ejército y la Marina quieren mostrar al mundo que están dispuestas a participar en acciones humanitarias, sumándose a los cascos azules de la ONU, antes tendrían que demostrar a los mexicanos que son capaces de respetar los derechos humanos.

Justo cuando el Ejército mexicano está en medio de una severo cuestionamiento por su probable responsabilidad en una ejecución sumaria de civiles en Tlatlaya, Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto anunció ante la 69 Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, que civiles y militares mexicanos participarán en misiones humanitarias cuando sea requerido por la ONU y esa intervención tenga el consentimiento del Estado afectado.

Sin posibilidades reales de conflicto militar con sus vecinos, pues es impensable una confrontación militar con el ejército más poderoso o con uno de los más pequeños del mundo, los militares mexicanos han desarrollado experiencia en la asistencia humanitaria ante desastres naturales.

Por eso se le vio en Centroamérica en el gobierno de Carlos Salinas, en Venezuela durante el gobierno de Ernesto Zedillo o sirviendo comida en Estados Unidos por la devastación del huracán Katrina en 2005, en el gobierno de Vicente Fox. Décadas atrás había participado en misiones en los Balcanes y Cachemira, según informó la presidencia de la República en la justificación de la medida.

Sin ninguna rendición de cuentas de su actuación en la llamada guerra sucia, durante el régimen del PRI del siglo XX, las Fuerzas Armadas mexicanas estaban enfocadas en la asistencia ante desastres naturales cuando, a fines del foxismo y sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón, fueron sacadas de sus cuarteles para hacerle “la guerra al narcotráfico”.

Sin la propaganda bélica del gobierno pasado, Peña Nieto los mantiene en las calles.

Acostumbrados a no rendir cuentas a nadie, los militares mexicanos han hecho de esa intervención un periodo de graves violaciones a los derechos humanos, constatado incluso por la oficiosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La probable ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya, el 30 de junio pasado, sería sólo uno de los delitos de lesa humanidad cometidos por soldados y marinos en años recientes y ante el cual el gobierno de Peña había guardado un ominoso silencio hasta que la presión internacional obligó a comprometer una investigación “a fondo”, según lo dicho por el Ejército.

Aunque en este caso será difícil constatarlo, pues no hay ninguna posibilidad de una investigación independiente, estamos como país repitiendo el escenario de graves violaciones a la humanidad por parte de militares, que han costado fallos internacionales contra el Estado mexicano.

Con semejantes credenciales, la labor humanitaria ofrecida por Peña parece más un intento de mejorar la imagen de los militares, que ante las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos –entre ellas el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la propia ONU– aparecen como responsables de graves delitos contra la humanidad en su propio país.

Cómo enfrentar a los fondos buitres y al imperialismo financiero

Discurso pronunciado en el Foro Internacional en Caracas (Venezuela)

Eric Toussaint

CADTM

El moderador de la mesa: Nos acompaña el doctor Éric Toussaint proveniente de Bélgica. Eric Toussaint nació en Namur en el año 1954. Es historiador, economista, politólogo, doctor en Ciencias Políticas, miembro de la Comisión Presidencial de Auditoría Integral de Crédito Público (CAIC) de Ecuador, miembro del Secretariado Internacional de la IV Internacional, presidente del CADTM (Comité Internacional para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo) y profesor titular de la Universidad de Lieja (Bélgica) 

DISCURSO DE ÉRIC TOUSSAINT

Muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar con ustedes.

Gracias a los organizadores por haberme invitado.

Voy a comenzar inmediatamente el tema, a partir de una mirada sobre los “fondos buitres”. En primer lugar diría que los “fondos buitres” son la versión extrema del capitalismo financiero. La versión extrema, es decir, que es la vanguardia y detrás están los batallones: que se llaman Goldman Sachs, Santander, J. P. Morgan, BBVA, City Bank, etc.

La sentencia del Juez Griesa intenta hacer retroceder a América Latina a la situación de final del siglo XIX y de la primera parte del siglo XX, cuando Estados Unidos tenía la posibilidad de intervenir, al igual que otros acreedores, de manera directa para forzar el pago de la deuda.

Así pues, es un desafío muy importante haber colocado en el programa, como lo hicieron los organizadores el tema en término de alternativa de la doctrina Drago |1|, efectivamente, es un elemento importante. ¿De qué se trata la Doctrina Drago? El Canciller Elías Jaua ya mencionó y subrayó el aporte de Drago en el conflicto Venezuela con los acreedores en 1902 (ver aquí).

Hay en realidad dos doctrinas: la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo |2|, ambos eran juristas argentinos. Calvo, el primero que emitió la doctrina, dijo que los países de América Latina tenían que arreglar los litigios con extranjeros vía su jurisdicción nacional y no podían delegar a la justicia de EE.UU o de otro país dictar una sentencia sobre un litigio.

Drago, que en 1902 ejercía como ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, retomó una parte de la Doctrina Calvo, la hizo suya y añadió que no se podía utilizar la fuerza militar para exigir el pago de una deuda externa. En la época supuso todo un debate diplomático porque, por supuesto, EE.UU estaba totalmente en contra, tanto de la Doctrina Drago como de la Doctrina Calvo.

Mientras tanto, los países de América Latina en los años veinte y treinta comenzaron a adoptar e incorporar en sus Constituciones nacionales elementos de las doctrinas Drago y Calvo.

Y todo el tema de la ofensiva neoliberal desde los años ochenta por estas tierras ha sido destruir la aplicación de esa doctrina lo que hace que, por ejemplo, en la Constitución argentina está todavía claramente presente la doctrina Drago y Calvo, pero, en la práctica, a partir de la dictadura cívico-militar 1976, Argentina renuncia en los contratos de emisión de bonos de deudas a su soberanía y a su inmunidad. Y desde entonces delega a la justicia de EE.UU la posibilidad de dictar sentencia.

Lo que está ocurriendo con el juez Griesa claro que debemos condenarlo. Tenemos que condenar esa injerencia de EE.UU y del juez en asuntos de Argentina, pero para enfrentar esta injerencia es necesario para los países de América Latina volver a poner en la práctica las doctrinas Calvo y Drago. Es decir, cuando los países de América Latina emiten bonos deben colocar en el contrato que en caso de litigio es la justicia local, la justicia nacional, la que tiene que dictar sentencia.

Esto es fundamental, sería un primer paso para enfrentar la situación actual y evitar una extensión de la ofensiva tipo Griesa contra otros países de América Latina.

Creo también que, hablando de alternativas es importante convencer a otros países de América Latina acerca de seguir el camino elegido por Bolivia, Venezuela y Ecuador, que decidieron salir del tribunal del Banco Mundial |3|.

Estos tres gobiernos, comenzando por Bolivia, que toma esa decisión en 2008, decidieron renunciar a su participación como parte del tribunal del Banco Mundial sobre litigios en materia de inversiones.

Y sería muy bueno para América Latina que un país como Argentina tomara esa misma decisión. Brasil había tomado esa decisión antes, ya que no reconoce la competencia del CIADI . Quizá Brasil es de los países de América Latina que, por tradición como superpotencia regional, es la que afirma más su soberanía y firma pocos tratados que deleguen su soberanía a otras jurisdicciones.

Pero más allá de esto… como lo subrayó Luis Bilbao, abordar la problemática de los “fondos buitres” nos obliga a volver sobre el tema de la deuda externa. Una deuda externa que en gran parte es deuda ilegítima.

Una parte de la deuda contratada que paga hoy Argentina es una herencia de la deuda contratada por la Junta militar entre 1976-1983…. Es una herencia de la deuda contratada por Carlos Menem en los años noventa, cuando implementó una política neoliberal brutal.

Es una herencia del Megacanje organizado por Domingo Cavallo en el año 2001 cuando era ministro de Economía del gobierno de De La Rúa… que cayó bajo la presión de la calle….”de la rúa” en diciembre 2001.

Qué hizo el presidente Rodríguez Saa, presidente durante una semana, la última semana de diciembre 2001: decide una suspensión unilateral del pago de la deuda, manifestando (si mal no recuerdo) que: “mientras no haya pleno empleo en el país, suspendo el pago de la deuda”.

Se suspendió el pago de una deuda comercial por unos 90 mil millones dólares durante el período que va de 2001 a 2005. Gracias a esto Argentina logró recuperar el nivel económico y, aprovechando el aumento de los precios de sus exportaciones, a partir de 2003, pudo invertir en desarrollo económico y tener una verdadera recuperación.

Hubo entonces la reestructuración de deuda, a partir de 2005, a través de la cual Argentina realizó un canje de deuda, logrando con ello una quita importante de ésta pero, al mismo tiempo, aceptó reconducir la delegación de la jurisdicción y la renuncia a la soberanía, y aceptar la inmunidad en los nuevos contratos. Y, luego en el 2010 reabrió el canje de deuda, con iguales características.

Entonces, claro, denunciamos a los “fondos buitres”. Pero hay que darse cuenta que si nosotros mismos cometemos errores, los enemigos van a aprovecharse de esos errores. Pueden apoyarse en estos errores de estrategia o de táctica para imponer, en la práctica, sus intereses.

Quiero volver al tema de la deuda, ya que se convierte, nuevamente, en un poderoso instrumento para tratar de subordinar a los pueblos de América Latina. Que va ser un instrumento en los años venideros para tratar de obligar a volver a políticas neoliberales como se está haciendo en Europa. El lugar de donde vengo y que hoy en día es el epicentro de la ofensiva del capital contra el trabajo; de los acreedores contra los deudores.

Creo no es descartable una nueva crisis de la deuda externa en los años venideros, que puede afectar a América Latina por dos razones: EE.UU va a aumentar la tasa de interés a nivel internacional Es ya una decisión, lo anunció. Lo hace por etapas y, si bien todavía la tasa de interés es muy baja, el aumento va a venir en los próximos meses y años, es absolutamente claro. Y el otro tema es la reducción de los precios de las materias primas. Eso también es una posibilidad para el futuro. Si coincide un aumento de la tasa de interés internacional y una baja en los precios de las exportaciones de petróleo, de soja (de Argentina), de minerales, etc., otra vez América Latina puede caer en la trampa de la deuda pública soberana como ocurrió en los años ochenta. Y para salir de esto creo que hay combinar varias estrategias. Estamos aquí discutiendo alternativas.

Creo que lo que nos demuestra la historia es que, a través de actos soberanos unilaterales basados en el derecho internacional, un país puede obtener el respeto de los intereses de su pueblo.

Y eso remonta ya al siglo XIX, cuando el primer presidente de raíz indígena de América Latina, Benito Juárez, indígena zapoteca, decidió en 1861 como presidente de México suspender el pago de la deuda con Francia y Londres, lo que implicó luego una intervención militar francesa para imponer al emperador Maximiliano, que fue más tarde derrumbado por la resistencia del pueblo mexicano y la victoria de Benito Juárez. Ese emperador impuesto por Napoleón III fue ejecutado en 1867 por el ejército mexicano victorioso contra Francia.

Recordar también, porque estoy haciendo un poco de historia, que Carlos Marx escribió (en 1867) en el capítulo 31 de Libro I de El Capital lo siguiente: «la Deuda Pública, en otros términos, es la alienación del Estado ya sea despótico, Constitucional o Republicano, marca con su impronta la era capitalista. La deuda pública opera como uno de los agentes más enérgicos de la acumulación primitiva. Con las deudas públicas nace un sistema de crédito internacional que oculta a menudo una de las fuentes de la acumulación primitiva capitalista».

Volvemos de nuevo a la deuda pública, que puede transformarse en los años venideros en un instrumento de dominación.

Pero pasando al siglo XX recordar que, cuando se inició la revolución mexicana, en 1914, una de las primeras decisiones de Emiliano Zapata y Pancho Villa fue la suspensión del pago de la deuda. |4|.

México suspendió el pago entre los años 1914 y 1942 y logró imponer a los acreedores una quita de la deuda del 90% tal como existía en 1914, es decir, sin ningún interés agregado. Una victoria total que demuestra la importancia de un acto soberano unilateral frente a los acreedores.

En los años treinta, catorce países de América Latina suspendieron los pagos de su deuda externa: Cuba, en 1933; Brasil con Getulio Vargas (1933) organizó una auditoria de la deuda y logró a partir de la misma una quita de deuda a través de una reestructuración en 1943, con una quita del 60% |5|.

Y si se hace una comparación entre los países que suspendieron el pago de la deuda en los treinta y los que siguieron pagando, son los que suspendieron el pago quienes, a pesar de represalias, lograron un crecimiento más alto que los demás países.

En los últimos años, tomemos el caso de Ecuador. Formé parte de la Comisión Presidencial de Auditoría de la Deuda creada por el presidente Rafael Correa en 2007 |6|. La misma estuvo integrada por 18 personas, 12 de las cuales fueron ecuatorianos y 6 de ellas internacionales. Alejandro Olmos Gaona de Argentina, entre otros.

Esta Comisión analizó la deuda contratada por Ecuador entre 1976 y 2006 y luego de 14 meses de trabajo remitió el resultado al gobierno de Rafael Correa |7| que, en noviembre de 2008, decidió suspender el pago de manera unilateral de una parte de la deuda comercial. Tenía el dinero para pagar pero dijo: «Es una deuda ilegítima, no hay razón para pagar una deuda ilegítima» y logró imponer a los acreedores, basado en el resultado de la auditoria, una quita de 70% en junio de 2009. Aquí hubo una diferencia entre las decisiones que se tomaron en la Argentina de los años 2000 y Ecuador, que hizo una auditoría y, a partir del resultado de la misma, una recompra de títulos (no un canje) recomprando a 30 centavos de dólares los títulos de deuda externa.

De esta manera no existió la posibilidad de que Ecuador fuese enjuiciado por EEUU, ya que los títulos dejaron de existir. No hubo canje. De lo que cabe sacar una importante lección.

Tercer ejemplo, Europa se ha convertido, como ya se mencionó, en el epicentro de una brutal ofensiva neoliberal capitalista de los últimos años.

Grecia se convirtió en un país similar a los de América Latina o de Asia de los años ochenta-noventa. Es decir, sometido a los dictámenes del FMI y de los acreedores.

Hay una experiencia poco conocida. Tanto en Europa como en el resto del mundo y es el caso de Islandia que en 2008 vio la bancarrota total de su sistema bancario como lo había conocido Ecuador en 1999. Islandia, con una movilización popular muy fuerte, decidió no pagar su deuda externa a Reino Unido y Países Bajos.

Reino Unido protestó de manera muy ruidosa contra la decisión unilateral de no pago y consideró a Islandia como un país terrorista equivalente a Al Qaeda, congelando los haberes de Islandia en Reino Unido.

A pesar de esto, a partir de una movilización popular y de dos referéndums, la población de este país obligó a su gobierno a no pagar la deuda desde el 2008 hasta la fecha, tanto a Reino Unido como a Países Bajos, convirtiéndose en un acto soberano unilateral, que permite a Islandia un crecimiento económico mayor que el resto de Europa. Y podemos comparar a Islandia, que se rebeló frente a los acreedores, con Grecia que aceptó la dominación por parte de los acreedores y que como consecuencia tiene una caída del PIB del 20 % comparable a la que tuvo Argentina entre 1999 y final del 2001 e inicio de 2002.

Entonces, un argumento muy fuerte es que los países tienen el derecho de adoptar o tomar actos soberanos unilaterales.

Imaginar que una justicia internacional va a dar la razón a Venezuela, a Argentina, a Ecuador es soñar con un mundo que todavía no existe. Se deben tomar actos soberanos unilaterales. EE. UU lo hace todos los días. Toma actos soberanos unilaterales cada día, por malas razones: embargo contra Cuba o el apoyo a Israel, por ejemplo. Israel multiplica los actos soberanos unilaterales, que lo lleva casi al genocidio del pueblo palestino. Y, sin embargo, no ocurre nada…

Por qué no actuar de manera soberana unilateral pero fundado en argumentos de derecho internacional para respetar la deuda social contratada con el pueblo y combinar esto con acelerar, a nivel de América Latina, la activación del Banco del Sur, instituir el control del movimiento de capitales donde no exista, mantener o instituir el control cambiario, atacar a la banca privada para socializarla, decretar el monopolio público sobre comercio exterior.

Creo que Luis Bilbao terminó diciendo: no hay solución sin programa o revolución socialista. Esto forma parte de la reivindicación socialista transitoria hacia el Socialismo. Es preciso ir más allá de la denuncia del imperialismo a nivel retórico y de los fondos buitres, para pensar cómo hacer la integración de los pueblos y volver al camino indicado por Hugo Chávez, cuando llamaba a la construcción del Banco del Sur, a la integración de los Pueblos y a la institución de mecanismos de integración en favor de los Derechos Humanos.

Muchas gracias por su atención.

Notas

|1| La doctrina Drago recibe su nombre por el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Luis María Drago, quien la anunció en 1902. El motivo fue el bloqueo naval contra Venezuela llevado a cabo por las armadas de Reino Unido, Alemania e Italia ante el impago de la elevada deuda externa acumulada por Venezuela y cuyo presidente Cipriano Castro se negaba a pagar. Pese a que la doctrina Monroe lo exigía, Estados Unidos se negó a defender a Venezuela con el argumento de que no ayudaría en casos de negativa de pagos de deuda. Frente a esto, la doctrina Drago estableció que ningún país extranjero podía utilizar la fuerza para hacer pagar una deuda. Si bien la doctrina Drago se inspiró en la también argentina doctrina Calvo, ambas no deben ser confundidas.

|2| La doctrina Calvo de Derecho Internacional hace referencia al jurista argentino Carlos Calvo (1824-1906). Ésta señala que quienes viven en un país extranjero deben realizar sus demandas ateniéndose a la legislación local de ese país, sin recurrir a presiones diplomáticas ni intervenciones armadas. En cuanto a las vías diplomáticas internacionales, no podría recurrirse a ellas hasta que no se hubieran agotado las vías jurídicas locales. Varias Constituciones de América Latina recogen esta doctrina Calvo.

|3| Este tribunal del Banco Mundial es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI.

|4| Ver Eric Toussaint, “México : El escándalo silencioso de la deuda externa y del modelo neoliberal”, publicado en julio de 2002, http://cadtm.org/Mexico-El-escandal...

|5| Eric Toussaint. “Retorno al pasado: puesta en perspectiva de la crisis de la deuda”. En el libro: La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos. Eric Toussaint. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. 2004. p. 448. ISBN: 987-1183-04-6 Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org...

|6| Ver http://www.auditoriadeuda.org.ec/in...

|7| Ver el informe final de la CAIC http://www.auditoriadeuda.org.ec/in...

Participaron como ponentes a este foro internacional: Delcy Rodríguez, ministra de Comunicación e Información; Elías Jaua, canciller de la Republica Bolivariana de Venezuela; Carlos Cheppi, embajador de Argentina en Venezuela; Éric Toussaint, CADTM; Luis Bilbao, Revista America XXI, Argentina, … Ver la introducción dada por Delcy Rodriguez: http://www.youtube.com/watch?v=KRNe...

Riesgos de la reforma energética: el tercero

José Antonio Rojas Nieto

Galimatías…pero van…Permítaseme comenzar hoy con la lectura de algunos parágrafos del artículo tercero de la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial el lunes 11 de agosto del presente año. Artículo 3.- “Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:…IX. Comercializador: Titular de un contrato de participante del mercado que tiene por objeto realizar las actividades de comercialización”.

Sin duda que para entender este parágrafo, es necesario agregar otros dos: 1) XXVIII. Participante del mercado: Persona que celebra el contrato respectivo (de participante JARN) con el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía, creado el jueves 28 de agosto del presente y que tiene la responsabilidad de operar el mercado eléctrico mayorista, JARN) en modalidad de generador, comercializador, suministrador, comercializador no suministrador o usuario calificado; 2) XXVII. Mercado mayorista de electricidad. Mercado operado por el Cenace en el que los participantes del mercado podrán realizar las transacciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. Y a decir de ese artículo 96 de la ley, al menos habrá las siguientes transacciones de compra y venta: 1) de energía eléctrica; 2) de servicios conexos que se incluyen en el mercado eléctrico mayorista, es decir, servicios vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que son necesarios para garantizar su calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad, entre los que se podrán incluir reservas operativas, reservas rodantes, regulación de frecuencia, regulación de voltaje y arranque de emergencia, entre otros; 3) de potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 4) de los productos anteriores vía importación o exportación; 5) de derechos financieros de transmisión; 6) de certificados de energías limpias; y 7) de los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del sistema eléctrico nacional.

¿Qué concluir de esto? Algo muy simple. Nuestro comercializador podrá comprar y vender todas esas mercancías. Al menos. Y una buena lógica nos orientaría a pensar que este comercializador pretende comprar cualesquiera de estos productos para suministrarlos, es decir –y siguiendo la misma Ley– para ofrecer suministro en alguna de las tres modalidades legales: 1) Servicio básico, que se provee bajo regulación tarifaria a quien lo solicite que no sea usuario calificado; 2) servicio calificado, que se provee en un régimen de competencia a los usuarios registrados ante la Comisión Reguladora de Energía para adquirir directamente energía en el mercado mayorista o a través, precisamente, de un suministrador; 3) último recurso, que se provee bajo precios máximos a los usuarios calificados por tiempo limitado, con la finalidad de mantener la continuidad del servicio cuando un suministrador de servicios calificados deje de prestar el suministro. Pero no. Eso que acabo de señalar no es necesariamente cierto. ¡Bingo!, dicen nuestros vecinos.

¿Qué pasa? ¡Encantadores de huevos!, diría Lety Pedrajo en el MiniTeatro del número 3 de la calle de Roble en Santa María la Ribera. ¡A perder el pudor! ¿Por qué? Porque la Ley de la Industria Eléctrica no obliga a que todo comercializador sea también suministrador.

¿Equivocación? En España rectificaron. En Brasil también. ¡Desde luego que no! ¡Jamás! En nuestro nuevo mundo eléctrico (Aldous Huxley dixit) habrá comercializadores que no sean suministradores. ¿Qué posibilidades abre esta función de comercializador no suministrador? Pues ni más ni menos que la posibilidad de la especulación.

Sí, el mercado eléctrico de México nace con la posibilidad de tener participantes del mercado orientados a especular con el fluido eléctrico. Se les fue a los acelerados senadores. ¿De veras? Así, la nueva y flamante Ley de la Industria Eléctrica no sólo permite, sino que, incluso, propicia que haya especuladores de energía eléctrica. ¿Por qué? He escuchado a especialistas vulgares (si se me permite calificarlos así) en este tipo de esquemas, señalar que la existencia de muchos comercializadores (mientras más mejor, dicen, aunque no sean suministradores) dará profundidad al mercado de electricidad y servicios conexos. Y que esto –reza su credo– dará mayores beneficios a los usuarios, quienes pagarán por la electricidad el precio más bajo posible, una vez determinado el componente libre y competitivo de generación, los componentes regulados de transmisión, distribución, servicios del Cenace, servicios conexos y servicios compartidos y, finalmente, el componente competitivo y libre de la comercialización (El Boletín Oficial del Estado en España de diciembre de 2013 es prueba flagrante de ello). Sí, en el nuevo esquema aprobado por senadores y diputados se abre una enorme puerta para que los especuladores transiten y deambulen por el Sistema Eléctrico Nacional.

Para confirmar el absurdo que representa haber legalizado la existencia de comercializadores no suministradores, es decir, de especuladores, baste leer todo el capítulo IV de la nueva Ley de la Industria Eléctrica para descubrir que una vez definidas en el artículo 45 las actividades comprendidas en la comercialización y en el 46 las que no se consideran dentro de esa categoría (ventas de un usuario final a un tercero que utiliza la energía en las instalaciones del usuario final y ventas de un tercero a un usuario final, en el caso de generación distribuida), no se habla más que de suministradores. No se reglamenta, entonces, a los comercializadores no suministradores, es decir, a unos –sólo unos– de los posibles especuladores. (Ya veremos que puede haber más). Y veremos si la regulación y los órganos reguladores son capaces de enfrentarlos desde el primer momento. Sí, desde el primer momento. Ahora que son siete. De veras.

La financierista "bomba" de la “justicia buitre” de Nueva York contra los "países emergentes"

Alfredo Jalife-Rahme

El (des)orden mundial de 2014 y su incipiente arquitectura multipolar no se asemejan a la unipolaridad de Estados Unidos (EU) de 2001 (fecha del corralito).

Aunque parezca lo contrario, hoy Argentina, firme candidato a incrustarse al bloque BRICS, goza de mayor margen de maniobra y no es la misma antes que después de las visitas de los mandatarios de Rusia y China a Argentina que desestabilizaron a EU, más agazapado que nunca.

El canciller ruso, Sergey Lavrov, otorgó el respaldo de Moscú a la cuestión de las islas Malvinas y calificó de inadmisible la militarización del Atlántico Sur (http://goo.gl/T6Ixch)”, mientras el mandarín Xi anunció 10 mil millones de dólares en swaps para apuntalar las desfondadas reservas de divisas de Argentina, sometida simultánea y teledirigidamente a la devaluación en caída libre del peso argentino.

Sin contar el apoyo de Unasur, la solución legal del gobierno de Cristina Fernández para salir del atolladero jurídico en la corte de los milagros de Nueva York, marca un sendero histórico para romper el cerco jurídico-financiero de los fondos buitres.

¿Será Argentina el primer cliente histórico del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS y/o del mini-FMI?

Argentina es la primera prueba de fuego de la viabilidad de los flamantes bancos de los BRICS fuera de su seno.

El polémico juez (sic) de Nueva York Thomas Griesa parece tener como misión favorecer a los fondos buitres, blindados por una madeja de bufetes de abogados en connivencia con los magistrados vinculados a la plaza financiera de Wall Street.

Argentina se encuentra increíble e involuntariamente en quiebra artificial por impago parcial, por un bloqueo sui géneris del juez Griesa quien no aceptó el depósito en el Bank of New York-Mellon (agente fiduciario) por 539 millones de dólares, en cumplimiento de sus pagos con la aplastante mayoría de los acreedores (93 por ciento) que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

Griesa perjudica en forma leonina y sumaria a 93 por ciento de los acreedores para beneficiar exclusivamente a 7 por ciento: los especulativos fondos buitres que exigen un pago inmediato por mil 300 millones de dólares.

Obama posee la capacidad de frenar las exacciones unilaterales del juez Griesa, pero no ha ejercido su poder ejecutivo especial (http://goo.gl/qabGwc).

El gobierno de Cristina Fernández promulgó la Ley del Pago Soberano que esquiva el bloqueo judicial del juez Griesa –que incluye a los rebeldes al canje inicial–, que podrán cobrar en el Banco de la Nación Argentina y/o a través de un agente fiduciario alternativo antes del 30 de septiembre, próximo vencimiento de la deuda.

El juez declaró ilegal el esquivamiento creativo de Argentina, que daña la imagen de EU ante el mundo, con el solo fin de beneficiar al cártel jurídico-financierista de los fondos buitres, entre los que destaca Aurelius Capital Management, Blue Angel y NML: controlados por Elliot Management Corporation del especulador israelí-estadunidense Paul Singer.

Argentina no quebró ni entró en incumplimiento de pagos, como la descalificaron las pestilentes calificadoras (sic) S&P y Fitch, brazos armados financieristas del desregulado neoliberalismo de EU. En forma demencial S&P declaró a Argentina en quiebra selectiva.

Se calcula que en sólo seis años los fondos buitres obtendrían la exorbitante ganancia de mil 680 por ciento (¡así, con cuatro dígitos!).

La agencia alemana Deutsche Welle (DW) arremete contra Argentina: Nuevos bonos, viejas incertidumbres y juzga que el intento de remoción unilateral del Bank of New York-Mellon como agente de pago es arriesgada, ya que el juez Griesa “podría imponer severas sanciones (http://goo.gl/obeqN4)”.

DW considera que la nueva postura argentina puede desembocar en su mayor aislamiento financiero en los mercados internacionales, pero olvida que en Alemania están prohibidos los “fondos buitres”.

En Alemania existen 30 mil poseedores de bonos argentinos que en forma hilarante intentaron embargar una exposición argentina de dinosaurios para cobrar sus pretendidos adeudos al 100 por ciento. Los desregulados fondos buitres han llegado hasta a embargar el barco argentino Libertad en Ghana.

Con todo y los chantajes de los devastadores fondos buitres, ya es tiempo de que los valetudinarios países cesen de colocar como única jurisdicción monopólica a las plazas jurídico-financieristas de Nueva York y la City de Londres como sus centros de pago de los bonos de los mercados emergentes a lo que son obligados por los bancos y sus acreedores y constituye una inmensa desventaja en caso de un litigio entre un país soberano de la talla de Argentina –miembro del agónico G-20 y la segunda geoeconomía de Sudamérica– frente a los carroñeros financieristas fondos buitres que gozan de todas las ventajas locales con sus bufetes jurídicos muy bien lubricados y sus tentáculos en las supremacistas cortes anglosajonas.

Más que las acrobacias legaloides del juez Griesa, lo grave radica en la sumaria jurisdicción monopólico-supremacista de Nueva York, grave error que cometió el gobierno argentino en 2001.

Los cinco principales bancos de Wall Street, entre ellos Citigroup y JP Morgan, afectados colateralmernte por el unilateralismo judicial sumario, han optado por una postura intermedia entre el gobierno argentino y el polémico juez Griesa.

El grupo de bancos de Wall Street pudiera comprar la deuda de los fondos buitres y luego venderla al gobierno de Buenos Aires.

Los intereses singulares del caníbal financierista Paul Singer colisonan con los objetivos jerárquicamente superiores de Citigroup que no pierde de vista las vastas reservas de hidrocarburos en Vaca Muerta, donde opera ya ExxonMobil.

El geopolitólogo alemán F. William Engdahl considera que la “quiebra argentina de la deuda es una jugada de póquer muy arriesgada del poder de EU y Wall Street (http://goo.gl/pcPp0n)” que tiene por objetivo aterrorizar a Argentina y a los países emergentes para que jueguen únicamente con las reglas escritas en Wall Street para el único beneficio de sus bancos y sus hedge funds”.

El jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, calificó de imperialista al juez Griesa (http://goo.gl/HQPvMp), mientras Cristina Fernández capta perfectamente que el punto de inflexión de la batalla entre la “justicia buitre” de EU y la soberanía de Argentina (re)clama la creación de un nuevo orden financiero global con el apoyo de los BRICS. ¡Sus alcances son enormes!

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, lanzó una advertencia sobre las sentencias sumarias del leonino juez Griesa: EU está lanzando una bomba (¡supersic!) al sistema económico global. Ignoramos qué tan grande sea la explosión, y no es solamente con Argentina.

Falta ver cuál será el alcance de la votación aplastantemente mayoritaria de la Asamblea General de la ONU –con el respaldo del G-77 (en realidad un G-133), con el invaluable sostén de China– que busca regular las deudas soberanas mediante un marco legal multilateral que someta a los desregulados fondos buitres.

Argentina es hoy la punta de lanza de la nueva arquitectura financiera multipolar.

El desastre

Pedro Miguel

México se acerca a un aniversario más de su independencia en una condición de desastre.

El estado de la economía ameritaría echar a los integrantes del gabinete económico y devolverlos al primer semestre de la carrera: después de casi dos años de crecimiento mediocre e instatisfactorio, y ante la perspectiva de su propio fracaso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se cura en salud y advierte que el año entrante habrá una presión a las finanzas públicas y que la economía seguirá a la baja, pese a que el grupo gobernante prometió que sus adulteraciones constitucionales y las correspondientes reformas legales habrían de ser el gran detonador de un crecimiento económico esplendoroso.

La violencia delictiva no ha cesado; por el contrario, se ha incrementado según los indicadores y hay que agregarle una violencia represiva que contagia a cada vez más gobernadores, presidentes municipales y variados gerifaltes locales inspirados por la impunidad de quienes están arriba de ellos en la pirámide administrativa: uno se pregunta, por ejemplo, en qué medida el precedente Peña-Atenco inspira a políticos como Rafael Moreno Valle en sus empeños por resolver los conflictos sociales a punta de persecuciones políticas y de balas de goma.

Ciudadanos que ante la ausencia de las autoridades buscaron organizarse para enfrentar por sí mismos a la criminalidad, se encuentran presos; es el caso de Nestora Salgado, José Manuel Mireles y muchos otros; en cambio, delincuentes de las distintas categorías –desde capos sangrientos hasta presidentes de consejos de administración defraudadores– siguen libres e impunes.

El aparato administrativo federal se muestra más inepto que sus predecesores –que ya es decir mucho– para resolver los problemas reales, pero gasta como nunca en publicidad para hacer creer que los resuelve aun cuando sepa de antemano que su credibilidad no da para eso. Empresas privadas y entidades públicas provocan desastres ambientales a un ritmo de uno o dos por semana sin nadie capaz de poner orden, procurar justicia y remediar las afectaciones.

Desde luego, el régimen peñista, carente de mínimos reflejos democráticos, no va a esperar los resultados de la consulta popular de 2015 acerca de sus reformas para empezar a aplicar la entrega de suelos, subsuelos, aguas y aires nacionales a la rapiña corporativa trasnacional. Ya están en curso de resolución las primeras cesiones y la selección de los primeros contratistas y concesionarios, y éstos vienen con todo y por todo, y ello incrementa en la población la sensación de estar siendo vendida al mejor postor con todo y lugares de residencia, paisajes y servicios. Prospera se llama la única perspectiva de vida mejor que el grupo gobernante ofrece a sus oprimidos, traicionados y saqueados y se trata, desde luego, de un camino individual y focalizado, diseñado para cambiar dádivas por sufragios.

El desenfreno de los negocios lleva al anuncio de proyectos carentes del menor sentido nacional, como ese aeropuerto mexiquense megalómano y tonto, cuya construcción implicará la demolición del elefante blanco anterior, edificado, a su vez, para glorificar las chequeras de la mafia foxista. Una ciudad como la de México requiere de un sistema de aeropuertos situados en la periferia en distintos puntos cardinales, no la proyección de un nuevo megaembotellamiento aéreo y terrestre.

La desesperanza no es un subproducto accidental sino un objetivo deliberado. Ya privatizados todos los bienes y servicios imaginables el régimen oligárquico se empeña en privatizar la vida pública, la política y la organización política. El mensaje no tan subliminal es ir sembrando la idea de que la vida institucional es monopolio de unos cuantos, que la sociedad carece de cualquier posibilidad de cambiar el rumbo del país e imprimirle un sentido social y que cualquier intento en este sentido está de antemano condenado a la represión, el despojo electoral o la cooptación de dirigencias partidistas y de bancadas parlamentarias para alinearlas como aliados menores, aunque vistosos, en el plan de negocios de quienes se consideran dueños del país.

En este entorno, anclado en lo contrario al espíritu independentista y a la soberanía nacional, el peñato se apresta a conmemorar el 15 de septiembre. Volverá a comprar portadas de revistas y reportajes laudatorios, declamará gritos falsarios y protagonizará ceremonias usurpadas al sentir popular. Pero la memoria de la Independencia es más que un ritual oficialista y al margen de los festejos televisivos y de los dispendios habituales la palabra misma volverá, como cada año, a resonar en muchas mentes y a provocar reflexiones. Las mismas condiciones de entrega del país impuestas por el régimen llevarán a muchos a pensar en la necesidad de un nuevo proceso emancipador, que es nada más y nada menos lo que requiere el país en esta hora.

Grupo México, derrame y política criminal

Gerardo Peláez Ramos

Los lectores de diarios y revistas saben bien, desde hace rato, que el Grupo México que encabeza el conocido saqueador de los recursos de la nación, Germán Larrea, es una asociación que desde 2006 ha seguido y sigue una política laboral que ha buscado y busca, por todos los medios, liquidar al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, para imponer en las ramas de la minería y la siderurgia contratos colectivos de protección patronal con el apoyo de sindicatos charros, afiliados a la Confederación de Trabajadores de México y a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, o, de plano, a organismos integrantes de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, centro y cabeza del sindicalismo blanco en el país. La implantación de dicha política ha traído como consecuencia asesinatos de trabajadores, golpizas de decenas de compañeros y miles de despedidos y boletinados.

Sin embargo, no es todo. En fechas recientes, la ambición sin límites y la irresponsabilidad de Grupo México, han producido y producen graves accidentes que destruyen y perjudican la vida humana, animal y vegetal, contaminan ríos, arroyos, lagunas, lagos y mantos freáticos, deterioran el ambiente y, para completar el cuadro, son incapaces de reconocer sus atentados contra las riquezas naturales de la nación y el pueblo.

El derrame, responsabilidad de Grupo México

La última agresión contra la naturaleza y el bienestar de la población, se dio en el estado de Sonora con el famoso derrame que es objeto de comentarios en México, Perú, Estados Unidos y el mundo. El 6 de agosto del año en curso, en la mina Buenavista del Cobre, de Cananea, Sonora, el Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afecta a los municipios de Cananea, Arizpe, Ures, San Felipe, Banámichi y Baviócara. Pese a la magnitud del accidente, el monopolio minero no avisó a la población sonorense y dio la callada por respuesta a la gravedad de la coyuntura. En consecuencia, los resultados comenzaron a manifestarse en la muerte de reses, la contaminación de tierras de cultivo y la afectación de la pesca, el ambiente y los bienes de los campesinos y pobladores en general, así como de la salud de los habitantes de la región.

A las sustancias tóxicas derramadas, hay que sumar el arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, cromo, plomo, níquel y cobre que contaminan los ríos Bacanuchi y Sonora. Es una verdadera catástrofe.

El monopolio que encabeza Germán Larrea, segundo hombre más rico de la República Mexicana, es responsable de que los cuerpos de 63 mineros muertos en Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, permanezcan en el fondo de la mina sin que sean rescatados para tener una sepultura digna. Para impedir el rescate, este consorcio arguye una serie de ideas propias de capitalistas trogloditas, sin responsabilidad social, al mismo tiempo que utiliza supuestos principios jurídicos… ¡para mantener en el socavón los restos de los mineros fallecidos! Es una política claramente criminal.

Propuestas adecuadas

En forma correcta, aunque tardía, el día 18, ante el Ministerio Público Federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal por delito ambiental en contra del consorcio Grupo México y la empresa Buenavista del Cobre, filial de aquél, por su presunta responsabilidad en el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi en Cananea, Sonora.

Conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, podría y debería sancionarse al monopolio minero con 40 millones de pesos.

Mientras tanto, los municipios sonorenses de Arizpe, San Felipe, Banamichi, Aconchi, Baviácora y Ures preparan una demanda civil por daños causados por la mina Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, que han detenido las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, debido a la contaminación de las agua fluviales.

El miércoles 20 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al gobierno de la Federación para que mande cancelar la concesión otorgada sobre la mina Buenavista del Cobre al Grupo México, por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los cauces de los ríos Sonora y Bacanuchi. Se acordó, asimismo, pedir al gobierno estatal, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que ordenen la cancelación de labores de la mina Buenavista del Cobre mientras se estiman los estropicios causados. También se solicitó a estas instancias que eleven denuncias ante la Procuraduría General de la República con el objeto de que se ejerzan las sanciones pertinentes.

Contra la lógica y el sentido común, Buenavista del Cobre publicó una inserción pagada el 21 de agosto en Milenio, Excélsior y otros diarios, en la que “precisó”: “La información al día de hoy, después de los estudios técnicos realizados, nos indica que el 6 de agosto pasado como consecuencia de las lluvias por arriba de la media, durante el mes de julio y los primeros días de agosto, en la región de Cananea, Sonora se provocó un incremento notable en el volumen de agua y solución ácida de sulfato de cobre contenida en un represo del nuevo Sistema Tinajas 1 en proceso de construcción por el contratista TECOVIFESA que unos días antes estaba prácticamente vacío. La solución de sulfato de cobre es materia prima para la producción de cobre mas no se trata de un desecho o residuo peligroso”.

Y agregó muy oronda: “Buenavista del Cobre hace patente que estas acciones y las que seguirá instrumentando en los próximos días obedecen a su compromiso con el cuidado del medio ambiente y con las comunidades aledañas a las instalaciones mineras En este contexto rechazamos las acciones legales punitivas anunciadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dada la naturaleza fortuita del incidente y la pronta y completa respuesta de la empresa”.

Los estropicios contra el agua de Sonora, la población y los recursos naturales de la nación cometidos por Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, han concitado, concitan y seguramente seguirán concitando un enorme descontento social, que, en parte, reflejan el sindicato minero, los medios de comunicación críticos y diversas organizaciones naturistas, considerando que es una entidad con un gran desierto. Las propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, para enfrentar la grave situación generada por el egoísmo empresarial, son las siguientes:

“1. Que se realice una investigación a fondo de los daños ecológicos en Sonora, por especialistas independientes e imparciales que sólo obedezcan las leyes, para que se castigue a los responsables, de modo ejemplar y rápido para satisfacción de la ciudadanía hoy en peligro.

“2. Que se aplique todo el peso de las leyes, incluso las penales, a los que cometieron este derrame , producto del afán desmedido de ganancias del Grupo México, lo cual los lleva a descuidar e ignorar totalmente las condiciones de trabajo, la ecología, la salud de los trabajadores y de las poblaciones del entorno. Lo más conveniente es que a Grupo México se le quite la concesión que tiene otorgada en Cananea o que suspendan la operación de la empresa hasta que se realicen las investigaciones a fondo”.

Por su parte, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el 18 de agosto levantaron como demandas:

“Saneamiento de la Cuenca para que el agua pueda volver a utilizarse en todas las actividades tanto humanas como ecosistémicas.

“Remediación y reparación de los daños ambientales, de salud y socio-económicos ocasionados por esta fuga de contaminantes.


“Monitoreo mensual hecho por centros de investigación serios, basados en la mejor ciencia por al menos cinco años para la detección de metales pesados y otros contaminantes

“Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo.

“Total transparencia y acceso público a las acciones que se lleven a cabo por parte de las autoridades y de la empresa.

“El cierre inmediato de la planta minera Buenavista por falta de responsabilidad”.

Unidad clasista de las organizaciones del capital

En solidaridad con el Grupo México, los principales líderes empresariales expresaron, el 22 de agosto, sus discrepancias con las propuestas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, afirmando que el monopolio minero “se ha comprometido con México”. Con gran descaro, Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sostuvo que dicho consorcio ha invertido mucho en seguridad para impedir derrames, por lo que no está de acuerdo en quitarle la concesión de la mina Buenavista del Cobre. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló a su vez que “Grupo México es una empresa muy seria, que invierte mucho en México, es muy comprometida y se necesita porque genera miles y miles de empleos”. Los capitalistas, pues, exigen que las cosas continúen como hasta ahora. Mayor descaro es difícil de encontrar.

Bajo la administración de Enrique Peña Nieto se han reformado el Artículo 27 constitucional y sus leyes r eglamentarias, que permiten la “ocupación temporal” --léase expropiación-- de tierras ejidales y comunales para ser entregadas a las compañías de Estados Unidos y otros países imperialistas, para explotar el petróleo y la electricidad. De conformidad con esta legislación, se avecinan graves y violentos atentados contra los campesinos, pueblos y comunidades. De lo que puede ocurrir, en tales condiciones, es un adelanto lo ocurrido en el estado de Sonora, donde el gran capital, para ahorrarse unos millones de pesos, ocultó información, buscó y busca desinformar a la opinión pública, se niega a resarcir los daños provocados y continúa agrediendo a los trabajadores mediante la imposición de representaciones sindicales a su servicio y bajo su control.

El sindicato minero, los pobladores de los municipios afectados por la irresponsabilidad de los capitalistas de Grupo México, las organizaciones ecologistas y el pueblo mexicano deben imponer las demandas ya antes citadas ante este atentado criminal de la gran burguesía minera. No sería correcto dejar hacer y pasar a vivales que sobreexplotan a los obreros del subsuelo, deterioran el ambiente y despojan a la nación de sus recursos naturales. La movilización es indispensable para resarcir los estropicios esparcidos por el gran capital.

Para concluir, unas palabras acerca de los saqueadores de las riquezas nacionales. No obstante formar parte por el monto de su enorme fortuna, de la gran burguesía mexicana, latinoamericana e internacional, Germán Larrea debe ser considerado como un jefe patronal que forma filas en el círculo de lumpen-burgueses que, pese a sus riquezas mal habidas, son, sin duda, miembros de la burguesía rascuache del país, por su política laboral, por su actitud ante sus connacionales, y, claro está, por su posición genuflexa ante los vecinos septentrionales. Todo su proceder así lo indica. Pensar algo diferente no sería conveniente y justificado.

Nota:
Este texto está apoyado en documentos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, la empresa Buenavista del Cobre Grupo México, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y artículos, editoriales y reportajes de La Jornada, Milenio, Excélsior y El Universal.