Emir Sader
Hay un gran lobby mediático internacional –en que el grupo Prisa
juega rol de motor– que, incomodado con el éxito de los gobiernos
progresistas latinoamericanos y para defender los intereses de
grandes corporaciones internacionales en la región, busca hacer de
sus sueños realidad. La Alianza del Pacífico sería el sector
dinámico de América latina y, como corolario, México y no Brasil,
sería el gran líder continental.
La Alianza del Pacífico es la versión para el siglo XXI de otros
proyectos fracasados de Estados Unidos para intentar extender a
todo el continente un área de libre comercio. La primera versión
fue el Nafta –Area de Libre Comercio de América del Norte–,
firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, en 1994, cuyos
planes iniciales eran ir incorporando a países del continente,
conforme sus gobiernos correspondieran a las normas del Consenso
de Washington.
Después de México, Chile se presentó como el próximo pretendiente
a ingresar al Nafta. Pero en el mismo año de la firma del acuerdo
–1994– México vivió una gran crisis, la primera crisis
específicamente neoliberal en América latina, al mismo tiempo que
el levantamiento de Chiapas alzaba su grito que llamaba a la
resistencia al neoliberalismo.
EE.UU. tuvo que cambiar su estrategia. No había cómo seguir
invitando a países latinoamericanos a seguir a México en su
opción, cuando los primeros resultados ya habían sido negativos.
Washington elaboró entonces otra versión: el Area de Libre
Comercio de Américas, ALCA.
Aparentemente el camino estaba despejado para que EE.UU.
consolidara su hegemonía económica hacia el conjunto del
continente. Sin embargo, a la crisis mexicana –1994–, seguiría la
brasileña –1999– y la argentina –2001/2001–, mientras se extendían
las movilizaciones continentales en contra del ALCA.
En su fase final, Brasil y EE. UU. debían concluir los acuerdos y
poner en práctica el ALCA. Pero el fracaso de los gobiernos
neoliberales y el rechazo de los latinoamericanos, mediante la
elección de gobiernos de resistencia al área de libre comercio,
empezaba a extenderse. Brasil sucedió a Venezuela y el cambio de
gobierno –de Cardoso a Lula, en 2003– representó un freno al ALCA,
porque el nuevo gobierno brasileño se opuso a concluir esos
acuerdos.
La multiplicación de gobiernos antineoliberales en la región en
los años siguientes –en Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador–
constituyó un conjunto de gobiernos que, en lugar de firmar
Tratados de Libre Comercio con los EE.UU., han privilegiado los
procesos de integración regional –Mercosur, Unasur, Banco del Sur,
Consejo Sudamericano de Defensa, ALBA, Celac, entre otros–.
Entonces EE.UU. cambió de estrategia y pasó a firmar acuerdos
bilaterales con gobiernos de la región que han mantenido la opción
por el libre comercio: Chile, Perú, Colombia, varios de
Centroamérica y el Caribe.
Los países con gobiernos posneoliberales se han consolidado con
gran apoyo popular, eligiendo y reeligiendo a sus presidentes, ya
a lo largo de más de diez años en algunos casos, por lo menos
siete u ocho años en otros, proyectando liderazgos populares en la
región y hacia el mundo, disminuyendo la desigualdad, la pobreza y
la miseria. Mientras que los otros han perpetuado la concentración
de renta, la exclusión social, con gobiernos que se alternan, sin
lograr la estabilidad política, el desarrollo social y la
proyección internacional de políticas externas soberanas.
La Alianza del Pacífico es un nuevo intento norteamericano. Trajo
a México de América del Norte y lo juntó con Colombia, Chile y
Perú. No es un conjunto dinámico con prestigio y fuerza en la
región, para empezar porque esos países no tienen gobiernos
estables, ni tampoco han logrado disminuir la desigualdades, la
pobreza y la miseria.
Como correlato al intento de proyectar a la Alianza del Pacífico
está el difícil intento –en que se esmera particularmente El País–
de promover a México como líder de América latina. Pero en más de
dos décadas de neoliberalismo, México ha visto aumentar la
pobreza, la miseria, la desigualdad y la exclusión social.
Asimismo, la diseminación del narcotráfico ha multiplicado
cruelmente la violencia en varias provincias del país. Para
EE.UU., México es la referencia, porque es el país que sigue de
forma más estricta las orientaciones de FMI y del Banco Mundial.
La Alianza del Pacífico es una alternativa para que EE.UU.
intente superar su aislamiento en el continente pero, de ninguna
forma, es alternativa para los países de la región que deseen
superar las políticas exportadas por Washington, que efectos tan
negativos ya han producido en Latinoamérica.
25.2.14
25 verdades sobre las manifestaciones en Venezuela
Salim Lamrani
Como en 2002, la oposición radical, incapaz de tomar el poder por vía de las urnas, multiplica las acciones con el objetivo de romper el orden constitucional.
1. Nicolás Maduro, Presidente legítimo de Venezuela desde abril de 2013, hace frente a una poderosa oposición, apoyada por Estados Unidos, que aspira retomar el poder que perdió en 1998.
2. Como perdió las elecciones presidenciales de abril de 2013 por una diferencia del 1,59%, la oposición rechazó primero los resultados electorales, avalados no obstante por las más importantes instituciones internacionales, desde la Unión Europea hasta la Organización de Estados Americanos, pasando por el Centro Carter, y expresó su rabia en actos violentos que costaron la vida a once militantes chavistas.
3. No obstante, el débil margen que separó al candidato de la oposición Henrique Capriles del vencedor Nicolás Maduro, galvanizó a la derecha, motivada por la perspectiva de la reconquista del poder. Entonces hizo de las elecciones municipales de diciembre de 2013 un objetivo estratégico.
4. Contra todo pronóstico, las elecciones municipales se transformaron en un plebiscito a favor del poder chavista, que ganó el 76% de los municipios (256) contra el 23% (76) para la coalición MUD que agrupó a toda la oposición.
5. Desmoralizado por ese serio revés, viendo la perspectiva de una reconquista del poder por la vía democrática alejarse otra vez –las próximas elecciones serán las legislativas en diciembre de 2015–, la oposición ha decidido reproducir el esquema de abril de 2002 que desembocó en un golpe de Estado mediático-militar contra el Presidente Hugo Chávez.
6. A partir de enero de 2014, el sector radical de la oposición decidió actuar. Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, quien participó en el golpe de Estado de abril de 2002, lanzó un llamado a la insurrección a partir del 2 de enero de 2014: “Queremos lanzar un llamado a los venezolanos […] a que nos alcemos. Convocamos al pueblo venezolano a decir ‘basta ya’. […] Con una meta a discutir: ‘la salida’. ¿Cuál es la salida de este desastre?”.
7. El 2 de febrero de 2014, durante una manifestación, Leopoldo López acusó al poder como responsable de todos los males: “Las carencias que padecemos hoy tienen un culpable. Ese culpable es el poder nacional”.
8. El 2 de febrero de 2014, Antonio Ledezma, figura de la oposición y alcalde de la capital, Caracas, también lanzó un llamado al cambio: “Este régimen que cumple hoy quince años continuos promoviendo la confrontación. Hoy comienza la unidad en la calle de toda Venezuela”.
9. María Corina Machado, diputada de la oposición, lanzó un llamado a acabar con la “tiranía”: “El pueblo de Venezuela tiene una respuesta: ‘Rebeldía, rebeldía’. Hay algunos que dicen que debemos esperar a unas elecciones en unos cuantos años. ¿Pueden esperar los que no consiguen alimentos para sus hijos? ¿Pueden esperar los empleados públicos, los campesinos, los comerciantes, a quienes les arrebatan su derecho al trabajo y a la propiedad? Venezuela no puede esperar más”.
10. El 6 de febrero de 2014, tras una manifestación de la oposición, un grupo de una centena de estudiantes encapuchados atacó la residencia del gobernador del Estado de Táchira, hiriendo a una decena de policías.
11. La misma semana, varias manifestaciones de la oposición se suceden en diferentes Estados y degeneran todas en violencia.
12. El 12 de febrero de 2014 otra manifestación, orquestada por la oposición frente al Ministerio Público, compuesta de estudiantes de las universidades privadas organizados en grupos de choque, resultó de una violencia inaudita, con tres muertos, una centena de heridos e innumerables daños materiales.
13. Como durante el golpe de Estado de abril de 2002, las tres personas fallecidas fueron ejecutadas con una bala en la cabeza.
14. Entre ellas se encontraban un militante chavista, Juan Montoya, y un opositor llamado Basil Da Acosta. Según la investigación balística, ambos fueron ejecutados con la misma arma.
15. Los siguientes días los manifestantes, oficialmente movilizados “contra la vida cara y la inseguridad”, se instalaron en la Plaza Altamira, situada en un barrio rico de Caracas.
16. Desde hace varios meses, Venezuela sufre una guerra económica orquestada por la oposición que controla aún amplios sectores, con la organización artificial de penurias, acaparamiento de productos de primera necesidad y multiplicación de actos especulativos.
17. Así, el 5 de febrero de 2014, las autoridades requisaron en el Estado de Táchira cerca de mil toneladas de productos alimenticios de primera necesidad (arroz, azúcar, aceite, café, etc.) escondidos en almacenes. Desde enero de 2013, las autoridades han requisado más de 50.000 toneladas de alimentos.
18. El Gobierno bolivariano decidió actuar y castigar a los acaparadores y especuladores. En noviembre de 2013, la cadena Daka de productos electrodomésticos fue intervenida y las autoridades decidieron regular los precios. La empresa facturaba sus productos con un beneficio de más del 1.000%, por lo que era inaccesibles para la mayoría de los venezolanos.
19. Ahora el margen máximo de las empresas no podrá superar el 30%.
20. El Presidente Nicolás Maduro denunció un intento de golpe de Estado y llamó a los ciudadanos a hacer frente al “fascismo”. “Nada nos apartará del camino de la Patria y de la vía de la democracia”, afirmó.
21. El 17 de febrero de 2014, tres diplomáticos estadounidenses fueron expulsados del país por su implicación con los sangrientos acontecimientos. Se habían reunido con los estudiantes de las universidades privadas para coordinar las manifestaciones, según las autoridades venezolanas.
22. El 18 de febrero de 2014, Leopoldo López fue arrestado por su responsabilidad política en las violentas manifestaciones y fue entregado a la justicia.
23. La administración de Obama condenó al Gobierno de Caracas por las violencias, sin señalar un solo instante la responsabilidad de la oposición que intenta perpetrar un golpe de Estado. Al contrario, el Departamento de Estado exigió la liberación inmediata de Leopoldo López, principal instigador de los acontecimientos dramáticos.
24. Los medios occidentales ocultaron los actos violentos de los grupúsculos armados (metros y edificios públicos saqueados, tiendas Mercal –¡Donde el pueblo se abastece en alimentos!– quemadas), así como el hecho de que la televisión pública Venezolana de Televisión fue atacada con armas de fuego.
25. Los medios occidentales, lejos de presentar los acontecimientos dramáticos ocurridos en Venezuela con toda imparcialidad, tomaron partido a favor de la oposición golpista y contra el Gobierno democrático y legítimo de Nicolás Maduro. No vacilan en manipular a la opinión pública y presentan la situación como un levantamiento popular masivo contra el poder. En realidad, Maduro dispone del apoyo masivo de la mayoría de los venezolanos, como lo ilustran las manifestaciones gigantescas a favor de la Revolución Bolivariana.
Como en 2002, la oposición radical, incapaz de tomar el poder por vía de las urnas, multiplica las acciones con el objetivo de romper el orden constitucional.
1. Nicolás Maduro, Presidente legítimo de Venezuela desde abril de 2013, hace frente a una poderosa oposición, apoyada por Estados Unidos, que aspira retomar el poder que perdió en 1998.
2. Como perdió las elecciones presidenciales de abril de 2013 por una diferencia del 1,59%, la oposición rechazó primero los resultados electorales, avalados no obstante por las más importantes instituciones internacionales, desde la Unión Europea hasta la Organización de Estados Americanos, pasando por el Centro Carter, y expresó su rabia en actos violentos que costaron la vida a once militantes chavistas.
3. No obstante, el débil margen que separó al candidato de la oposición Henrique Capriles del vencedor Nicolás Maduro, galvanizó a la derecha, motivada por la perspectiva de la reconquista del poder. Entonces hizo de las elecciones municipales de diciembre de 2013 un objetivo estratégico.
4. Contra todo pronóstico, las elecciones municipales se transformaron en un plebiscito a favor del poder chavista, que ganó el 76% de los municipios (256) contra el 23% (76) para la coalición MUD que agrupó a toda la oposición.
5. Desmoralizado por ese serio revés, viendo la perspectiva de una reconquista del poder por la vía democrática alejarse otra vez –las próximas elecciones serán las legislativas en diciembre de 2015–, la oposición ha decidido reproducir el esquema de abril de 2002 que desembocó en un golpe de Estado mediático-militar contra el Presidente Hugo Chávez.
6. A partir de enero de 2014, el sector radical de la oposición decidió actuar. Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, quien participó en el golpe de Estado de abril de 2002, lanzó un llamado a la insurrección a partir del 2 de enero de 2014: “Queremos lanzar un llamado a los venezolanos […] a que nos alcemos. Convocamos al pueblo venezolano a decir ‘basta ya’. […] Con una meta a discutir: ‘la salida’. ¿Cuál es la salida de este desastre?”.
7. El 2 de febrero de 2014, durante una manifestación, Leopoldo López acusó al poder como responsable de todos los males: “Las carencias que padecemos hoy tienen un culpable. Ese culpable es el poder nacional”.
8. El 2 de febrero de 2014, Antonio Ledezma, figura de la oposición y alcalde de la capital, Caracas, también lanzó un llamado al cambio: “Este régimen que cumple hoy quince años continuos promoviendo la confrontación. Hoy comienza la unidad en la calle de toda Venezuela”.
9. María Corina Machado, diputada de la oposición, lanzó un llamado a acabar con la “tiranía”: “El pueblo de Venezuela tiene una respuesta: ‘Rebeldía, rebeldía’. Hay algunos que dicen que debemos esperar a unas elecciones en unos cuantos años. ¿Pueden esperar los que no consiguen alimentos para sus hijos? ¿Pueden esperar los empleados públicos, los campesinos, los comerciantes, a quienes les arrebatan su derecho al trabajo y a la propiedad? Venezuela no puede esperar más”.
10. El 6 de febrero de 2014, tras una manifestación de la oposición, un grupo de una centena de estudiantes encapuchados atacó la residencia del gobernador del Estado de Táchira, hiriendo a una decena de policías.
11. La misma semana, varias manifestaciones de la oposición se suceden en diferentes Estados y degeneran todas en violencia.
12. El 12 de febrero de 2014 otra manifestación, orquestada por la oposición frente al Ministerio Público, compuesta de estudiantes de las universidades privadas organizados en grupos de choque, resultó de una violencia inaudita, con tres muertos, una centena de heridos e innumerables daños materiales.
13. Como durante el golpe de Estado de abril de 2002, las tres personas fallecidas fueron ejecutadas con una bala en la cabeza.
14. Entre ellas se encontraban un militante chavista, Juan Montoya, y un opositor llamado Basil Da Acosta. Según la investigación balística, ambos fueron ejecutados con la misma arma.
15. Los siguientes días los manifestantes, oficialmente movilizados “contra la vida cara y la inseguridad”, se instalaron en la Plaza Altamira, situada en un barrio rico de Caracas.
16. Desde hace varios meses, Venezuela sufre una guerra económica orquestada por la oposición que controla aún amplios sectores, con la organización artificial de penurias, acaparamiento de productos de primera necesidad y multiplicación de actos especulativos.
17. Así, el 5 de febrero de 2014, las autoridades requisaron en el Estado de Táchira cerca de mil toneladas de productos alimenticios de primera necesidad (arroz, azúcar, aceite, café, etc.) escondidos en almacenes. Desde enero de 2013, las autoridades han requisado más de 50.000 toneladas de alimentos.
18. El Gobierno bolivariano decidió actuar y castigar a los acaparadores y especuladores. En noviembre de 2013, la cadena Daka de productos electrodomésticos fue intervenida y las autoridades decidieron regular los precios. La empresa facturaba sus productos con un beneficio de más del 1.000%, por lo que era inaccesibles para la mayoría de los venezolanos.
19. Ahora el margen máximo de las empresas no podrá superar el 30%.
20. El Presidente Nicolás Maduro denunció un intento de golpe de Estado y llamó a los ciudadanos a hacer frente al “fascismo”. “Nada nos apartará del camino de la Patria y de la vía de la democracia”, afirmó.
21. El 17 de febrero de 2014, tres diplomáticos estadounidenses fueron expulsados del país por su implicación con los sangrientos acontecimientos. Se habían reunido con los estudiantes de las universidades privadas para coordinar las manifestaciones, según las autoridades venezolanas.
22. El 18 de febrero de 2014, Leopoldo López fue arrestado por su responsabilidad política en las violentas manifestaciones y fue entregado a la justicia.
23. La administración de Obama condenó al Gobierno de Caracas por las violencias, sin señalar un solo instante la responsabilidad de la oposición que intenta perpetrar un golpe de Estado. Al contrario, el Departamento de Estado exigió la liberación inmediata de Leopoldo López, principal instigador de los acontecimientos dramáticos.
24. Los medios occidentales ocultaron los actos violentos de los grupúsculos armados (metros y edificios públicos saqueados, tiendas Mercal –¡Donde el pueblo se abastece en alimentos!– quemadas), así como el hecho de que la televisión pública Venezolana de Televisión fue atacada con armas de fuego.
25. Los medios occidentales, lejos de presentar los acontecimientos dramáticos ocurridos en Venezuela con toda imparcialidad, tomaron partido a favor de la oposición golpista y contra el Gobierno democrático y legítimo de Nicolás Maduro. No vacilan en manipular a la opinión pública y presentan la situación como un levantamiento popular masivo contra el poder. En realidad, Maduro dispone del apoyo masivo de la mayoría de los venezolanos, como lo ilustran las manifestaciones gigantescas a favor de la Revolución Bolivariana.
22.2.14
"Detrás de esos estudiantes se esconde la oposición golpista"
Salim Lamrani*
Según usted ¿cuál sería el peso real en términos de representatividad y de movilización de los estudiantes protestatarios?
Las actuales manifestaciones en Venezuela son una reminiscencia preocupante de los acontecimientos de abril de 2002 que desembocaron en un golpe de Estado contra el Gobierno elegido democráticamente del presidente Hugo Chávez. Recordemos que en 2002, protestas similares organizadas por la derecha venezolana causaron varias víctimas tanto entre los partidarios del Gobierno como entre sus detractores. Sabemos lo que sucedió después: una parte del ejército en connivencia con los medios privados del país y la oposición radical rompieron el orden constitucional e impusieron una dictadura que afortunadamente sólo duró 48 horas gracias a la movilización masiva del pueblo.
No hay que esconder la cabeza: detrás de estos estudiantes –que están lejos de representar a todos los estudiantes del país– se oculta la oposición golpista y antidemocrática, apoyada política y financieramente por Estados Unidos. La oposición siempre se ha negado a aceptar la voluntad popular desde 1998. El objetivo es desestabilizar el país con el fin de justificar luego un golpe de fuerza. Dado que la derecha venezolana es incapaz desde 1998 de tomar el poder por la vía democrática, opta por la violencia.
¿Hasta qué punto es legítima la aspiración democrática de la protesta de los estudiantes que se manifiestan en las calles de Caracas contra “la vida cara y la inseguridad”? ¿Acaso estamos frente a una nueva confrontación que opone la oposición liberal a los chavistas, acusados de “absolutismo” por los jóvenes?
En la historia de América Latina, ningún gobierno tuvo tanta legitimidad democrática como el de Hugo Chávez, quien ganó 16 elecciones sobre 17 en 15 años. No obstante los medios occidentales lo criticaban de modo masivo y presentaron una imagen caricatural, lejos de la realidad del proceso bolivariano. Me parece que la manera en que los medios informativos occidentales presentan la Revolución Bolivariana constituye uno de los mayores fracasos del periodismo.
El actual presidente Nicolás Maduro fue elegido en unas elecciones democráticas reconocidas por las más eminentes instituciones internacionales, desde la Unión Europea pasando por la Organización de Estados Americano y el Centro Carter. Desde su llegada al poder en abril de 2013 hubo dos procesos electorales y triunfó con total transparencia. La inseguridad y la vida cara son pretextos para justificar actos violentos. Resulta curioso ver que las tasas de criminalidad más elevadas se ubican en los Estados gobernados por la oposición. En cuanto a la vida cara, se debe en gran parte a los especuladores que acaparan productos de primera necesidad con el fin de crear penurias artificialmente. Las autoridades tomaron medidas activas para luchar contra esos abusos que constituyen graves delitos.
Hablar de “absolutismo” en Venezuela, un país donde el 80% de los medios son privados y donde la oposición controla amplios sectores de la economía, no es serio.
¿Acaso Venezuela está viviendo una primavera latina o es otro episodio de lo que se llama la “Guerra Fría 2.0”? ¿Cuál es el papel real de Estados Unidos en los acontecimientos que sacuden a Venezuela?
La democracia venezolana está en grave peligro a causa de las actividades violentas y subversivas de la oposición. El poder se gana en las urnas, no mediante el crimen. Estados Unidos desempeñan un papel clave en la desestabilización de Venezuela. Se trata del quinto productor de petróleo del mundo y la llegada de Chávez al poder permitió al país conseguir su soberanía política, económica y energética. Ahora las riquezas nacionales se destinan a la mayoría y no sólo a las multinacionales estadounidenses y a la oligarquía petrolera del país.
¿Acaso la división política que caracteriza a Venezuela desde la llegada de Chávez ha dividido a la juventud venezolana en dos campos que se enfrentan con dos nociones antagónicas de la “revolución”?
Ningún gobierno venezolano ha hecho tanto por la juventud del país como el de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro, tanto en términos de educación como de salud, acceso a la cultura y al ocio. Las manifestaciones de algunos estudiantes –la inmensa mayoría procedentes de las clases acomodadas del país– no son representativas de todo el mundo universitario. Antes de la Revolución Bolivariana, el 80% de la población no tenía voz ni voto.
¿Cómo ve el futuro? ¿Acaso hay un riesgo de inestabilidad en la región?
Toda América Latina condenó las violencias en Venezuela y rechaza los intentos golpistas de la oposición. Las instituciones son fuertes en Venezuela y los dirigentes tienen 15 años de experiencia en la lucha contra la subversión. De todas formas, América Latina jamás aceptará otro 11 de abril de 2002.
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula The Economic War Against Cuba. A Historical and Legal Perspective on the U.S. Blockade, New York, Monthly Review Press, 2013, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade. http://monthlyreview.org/press/books/pb3409/ Contacto: lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel
Entrevista realizada por Mohamed Staïfi/El Watan
13.2.14
Televisa va por las redes sociales
MÉXICO
D.F. (apro).- Grupo Televisa no está conforme con construir un
monopolio de la opinión pública en medios electrónicos. Va por
modificar, alterar, ensuciar, perseguir y difamar a través de las redes
sociales, ya que es clara la batalla perdida que este consorcio de
Emilio Azcárraga Jean desde la irrupción del movimiento #YoSoy132 y el
menosprecio a sus voceros oficiosos y oficiales como Joaquín López
Dóriga, Carlos Loret o la misma Laura Bozzo.
¿Qué es un monopolio de la opinión pública? Este concepto es distinto al monopolio económico, pero se emparenta. Televisa controla directamente el 70% de las frecuencias de tv abierta, el 70% de la publicidad en medios, el 55% de los suscriptores en televisión restringida (vía cable y satelital) y tiene una enorme influencia en la industria de la radio comercial, gracias a que los principales conductores de las estaciones con mayor audiencia también son “estrellas” de la empresa de los Azcárraga.
Indirectamente, Televisa ya controla la agenda y los contenidos de TV Azteca, su presunto competidor. Decimos indirectamente, porque la empresa de Salinas Pliego no es una filial de Televisa, pero sí su socio principal en una aventura que alteró más el panorama de los medios: la fusión de ambas televisoras en la empresa de telefonía móvil Iusacell.
La fusión de intereses de Televisa y de TV Azteca impacta también en la prensa. Las dos compañías tienen a varios de los principales columnistas políticos y comentaristas de telecomunicaciones o económicos en sus espacios de pantalla.
Salinas Pliego convirtió el Canal 40 en un medio para “cooptar” a aquellos periodistas que fueron críticos durante el episodio del Chiquihuitazo. Aprendieron que podían ofrecerles un buen salario y un buen espacio en pantalla y así incidir en sus espacios en periodismo impreso.
Esa mecánica la copió Televisa a través de ForoTV. Por eso no es casual que en varios periódicos, tanto los comentaristas de Televisa como de TV Azteca practiquen lo que se ha dado en llamar el “nado sincronizado”: es decir, opinan lo mismo, critican igual a los detractores del monopolio televisivo y ofrecen sus servicios de “paqueteo” de promoción a gobernadores y funcionarios federales.
Cuando se trata de defender sus intereses mutuos opera el monopolio de la opinión pública. Ahora lo estamos observando: en vísperas de la reforma secundaria de telecomunicaciones acusan a sus competidores, a sus críticos o a quienes no sigan su “línea” de estar empleados por Carlos Slim, el magnate de Telmex-Telcel, tan monopólico como Televisa, pero sin el control de la opinión pública como la empresa de Azcárraga.
La razón de esta “debilidad” de Slim es muy simple: no tiene el control de la pantalla de un medio masivo. El negocio de Slim siempre ha sido la especulación financiera y la protección política de sus intereses, pero está muy lejos de dictar “línea” como hacen los ejecutivos de Televisa y TV Azteca a sus plumas rentadas.
Las redes sociales se salen de este esquema de control e inducción de la opinión pública. Por eso Twitter, Youtube, Facebook y cientos de blogs, por mencionar a los principales medios interactivos, son críticos de Televisa y, en menor medida, de TV Azteca.
Son los únicos espacios realmente deliberativos, horizontales e interactivos que no pueden controlar de manera vertical, pero pretenden cambiar esta ecuación.
Van por las redes sociales no de una forma abierta y clara, sino a través de las tácticas de “guerra sucia” propias de estos medios virtuales: crear cuentas falsas para atacar, insultar, denostar a sus críticos. No les interesa discutir ni informar. Lo suyo no es dar la cara. Es ensuciar, perseguir y revertir una percepción difícil de cambiar a estas alturas.
Ni Televisa ni TV Azteca entienden ni entenderán la dinámica de las redes sociales porque ellos están acostumbrados a lo que tanto dinero les ha dado: el control de la opinión pública y la venta de espacios de información y entretenimiento a través de los medios electrónicos.
Las redes sociales no son un gran negocio en este sentido, pero sí muy dinámicas para ganarles a sus gestores de (des)información.
La manera más clara de ver por qué Televisa no puede con las redes sociales es su propio “Reglamento para el Uso de Cuentas Personales en Medios Digitales”, un documento que circuló desde finales del año pasado entre sus trabajadores, mandos medios y altos, conductores y “figuras públicas”.
Es un documento breve, de seis páginas, cuyo objetivo es evitar “la divulgación de la información propiedad de la empresa “de forma indebida y propiciando el buen uso de los medios digitales por parte de todos los colaboradores”.
En otras palabras, no se trata de un reglamento que incentive o motive al uso de plataformas como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Flickr, Lindedin o Tumblr, sino que inhiba o regule lo que consideran puede ser delicado en términos informativos o empresariales.
Desde el artículo 1 de los “Lineamientos Generales” se establece claramente esta restricción:
“1. La información y material propiedad del Grupo son estrictamente confidenciales. Toda información que se genera o a la que se tiene acceso como parte de las labores realizadas por la subsidiaria del Grupo en la que se labore (incluyendo sin limitar noticias, contenidos audiovisuales, proyectos, negociaciones, asuntos relacionados con el desempeño de la empresa, entre otros), es confidencial y privilegiada, y es propiedad exclusiva de la Empresa, por lo que bajo ninguna circunstancia debe ser objeto de difusión a través de cuentas personales en Medios Digitales”.
De entrada, los medios digitales –horizontales, deliberativos y sin control central alguno-son vistos como amenaza, no como posibilidad de transparencia, de información o deliberación.
El segundo punto restringe toda la información del Grupo (así, siempre, en mayúsculas) “en términos de las leyes de los mercados de valores que nos aplican”. Para divulgarla o conocerla, los responsables son la Dirección de Relación con Inversionistas y la Vicepresidencia Única, a cargo de Bernardo Gómez.
El punto 3 prohíbe difundir imágenes, videos o descripción de instalaciones, equipo técnico u otros materiales o insumos de trabajo.
La Información “Periodística”
Especial relevancia tiene el punto 4, sobre “información noticiosa”, tratándose de la principal empresa que difunde información de manera masiva.
“Como excepción única a lo dispuesto en el numeral 1 anterior, la información periodística generada por el Grupo Televisa que es directamente difundida a través de los canales oficiales del Grupo en medios de comunicación y medios digitales, podrá ser reproducida por los colaboradores de las empresas subsidiarias del Grupo, únicamente por medio de la copia de la liga correspondiente (link) en la que se contenga la información de que se trate. Es decir, a través de ligas que directamente direccionen al usuario a las cuentas oficiales en medios digitales del Grupo Televisa, en las que se realiza la publicación del material periodístico en cuestión. En ningún caso se podrá anticipar información periodística mediante cuentas personales en medios digitales”.
Lógico que no se quieran “quemar” noticias exclusivas, pero resulta poco práctico y menos moderno restringir la información a la cita del vínculo oficial. La visión “empaquetada” de la información funciona en medios electrónicos, de la era analógica, no en tiempos de medios convergentes y donde la rapidez y simultaneidad le ganan a las grandes burocracias corporativas.
No queda claro en este reglamento qué se entiende por “anticipar información periodística”. Porque en este caso puede entrar desde un promocional de alguna entrevista hasta una síntesis de la misma.
La información ya no es propiedad de las empresas, aunque siga siendo una mercancía muy valiosa en el mercado comunicacional. Quizá, por esta razón, las redes ganan en velocidad –y a veces en credibilidad- a la información “propiedad del Grupo” –como creen muchos corporativos mediáticos-. El problema sigue siendo la veracidad (tanto en redes como medios impresos o electrónicos), pero eso es harina de otra reflexión.
Lo interesante es cómo persiste una lógica de “propiedad” de la información en tiempos donde Wikileaks o Snowden han demostrado que esto es una fantasía de la distopía orwelliana.
Carácter restrictivo
El punto 5 aclara que las marcas y logotipos que son propiedad del Grupo “no deben ser incluidos en el nombre, imagen del usuario o en cualquier contenido o imagen” que se incluya en cuentas personales. Subraya que éstas “no podrán contener marcas o logotipos propiedad del Grupo”.
El punto 6 del decálogo sobre “comentarios y aseveraciones” es otro ejemplo del carácter restrictivo y no proactivo del “manual”: “Todas las publicaciones que se hacen en cuentas personales en medios digitales se considerarán opiniones personales de quien las realiza; no debe existir en ellas ningún elemento que las haga parecer posturas de la Empresa”.
Cuidado, por ejemplo, con vincular una crítica a Lucero, la actriz más cotizada de la empresa, a las iniciativas del Grupo como Teletón, La Voz México u otros productos donde ella ha aparecido. Quizá por este punto, la soledad de los colaboradores de la Empresa es mayor. Nadie los defenderá frente a un escándalo.
El punto 7 prohíbe dirimir “conflictos relacionados con su actividad profesional ni para divulgar actividades y asuntos internos del Grupo” en las cuentas personales.
¿Cómo se considerará, por ejemplo, un bloqueo de la CNTE a Televisa? ¿Un asunto interno que no puede ser comentado en las cuentas personales? O, por ejemplo, el caso del comediante Héctor Suárez, quien reprochó mal trato y censura de la empresa. ¿Ningún colaborador o trabajador de Televisa puede expresar su apoyo o su solidaridad?
El único punto proactivo es el 8 sobre “formas de expresión”:
“El uso que los colaboradores del Grupo hagan de sus cuentas personales en Medios Digitales, deberá mantenerse dentro de un marco de libertad de expresión y respeto a los derechos fundamentales de las personas. Deben evitarse expresiones, lenguaje o contenidos difamatorios, discriminatorios, ofensivos, engañosos o que puedan ser violatorios de la ley”.
¿Cuál ley? No está claro, pero, por si alguna duda, se deja en términos genéricos.
El punto 9 señala que los colaboradores del Grupo “deberán evitar” asociaciones “con usuarios o grupos que fomenten o representen algún modo de discriminación, intolerancia, terrorismo o violencia”.
No es muy claro qué entienden por “asociaciones”. ¿Darle un Retuit o un Like o divulgar un video, por ejemplo, de Anonymous, como se considerará?
Y el punto 10 del decálogo subraya que el uso de los medios digitales “no debe interferir con el desarrollo de actividades o ser motivo de omisiones, errores, distracciones, actitudes indolentes o cualquier otra falta que afecte el desempeño del personal de las subsidiarias del Grupo o los objetivos del mismo”.
Este es tan sólo un ejemplo de por qué Televisa no entiende ni entenderá las redes sociales, pero de que puede “ensuciarlas”, de eso no hay duda. Lo peor no son sus ridículos bots, troles y opinadores a modo. Es su incapacidad de dar la cara y enfrentar a audiencias que ya no les cree ni les tiene miedo.
9.2.14
Y cuando volvió la luz quedaban sólo pedazos...
Ana Esther Ceceña y David Barrios
El capitalismo o la vida
El capitalismo del siglo XXI es mucho más poderoso y arrasador que el del pasado, y a la vez mucho más frágil, con claros signos de senilidad y descomposición. Su capacidad destructiva se multiplica y difunde por todos los vasos capilares de la sociedad carcomiendo la vida, los cuerpos, los territorios y la imaginación. Aire y agua envenenados, alimentos que pudren el organismo, medios que trastornan el sentido común, balas, bombas, químicos, bacterias y virus generados para mutilar, dañar y eliminar son sólo algunos de los elementos que van marcando las rutas del mundo de los negocios y el poder. Y, no obstante, vemos vida brotando incansablemente hasta de las piedras, en una lucha sin cuartel de la que nadie se atreve a perfilar el final. El capitalismo o la vida parece ser claramente la disyuntiva de este siglo que comienza convertido en un campo de batalla. [1]
Si bien los planes de despliegue sobre el petróleo, el agua, los minerales, las rutas y las selvas estratégicas estaban prefigurados de antemano, el acontecimiento en las torres gemelas de la city de Manhatan detonó una carrera de velocidad con múltiples derroteros: Asia Central, el Medio Oriente, África y América, sin dejar de mirar hacia Europa y el Lejano Oriente. El Secretario de Defensa aseguraba, en 1998, que “... Estados Unidos se encuentra en un periodo de oportunidad estratégico. La amenaza de guerra global ha retrocedido y los valores fundamentales de la nación de democracia representativa y economía de mercado son adoptados en muchos lugares del mundo..." (Cohen, 1998) para instar a una política de despliegue hegemónico planetario haciendo frente no sólo a los competidores sino al conjunto de resistencias que emergían desde todos los rincones del mundo.
Planes hegemónicos ambiciosos desarrollados en este siglo XXI, consecuentemente, llevaron a poner en juego mecanismos de todos tipos, combinados de acuerdo a las situaciones específicas. Afganistán, Irak, Colombia, Sudán, Libia, siempre Palestina, Honduras y tantos otros lugares recibieron parte de las esquirlas detonadas el 11 de septiembre de 2001, unas más leves, otras contundentes. Dos casos, Pakistán y México, fueron evaluados como piezas especiales en el rompecabezas planetario, destinados a jugar un papel de bisagras, diques, enlaces en contextos regionales de la más alta relevancia. El argumento: a pesar de su situación de relativa estabilidad están en riesgo de devenir estados fallidos súbitamente, "por colapso". El colapso puede ser atribuido a acciones desproporcionadas del narco, a inestabilidad social, a problemas políticos, a migraciones, a conflictos transfronterizos o a cualquier otra causa, incluso inundaciones que den lugar a desequilibrios sociales. No está definido para admitir definiciones a modo (igual que la categoría terrorista), adaptables a las circunstancias.
Así se asienta en el Joint operating environment 2008:
En la literatura de los estados débiles y fallidos hay una dinámica que ha recibido relativamente poca atención, y es el fenómeno de “colapso rápido”. (…) El colapso de un estado viene usualmente como una sorpresa, tiene un comienzo rápido y plantea problemas graves. (JOE, 2008: 35. Traducción AEC) .
México: el aliado incondicional
Después de ser el primer país de América Latina (1994) en incorporarse a un bloque económico regional (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en condiciones de total desventaja, México, en 2005, adhiere al primer bloque regional de seguridad (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) mediante un acuerdo marco casi inespecífico, que iría siendo dotado de contenido atendiendo a las circunstancias.
Simultáneamente a la firma de estos acuerdos, a México le toca la distinción de entrar a formar parte del área a cargo del Comando Norte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en ocasión de la reorganización ocurrida en secuela de los acontecimientos de las torres gemelas. El Northcom, que cuida la seguridad interna de Estados Unidos, extendió sus fronteras abarcando Canadá y México, en razón de las amplias líneas fronterizas que comparten.
Así el México pacifista de la autodeterminación y de la no injerencia empezó a realizar ejercicios militares navales con el Comando Sur y a tener intercambios y entrenamientos en el marco de las actividades del Comando Norte.
Poco a poco, todo el funcionamiento de la Nación se fue adecuando a las normas regionales, manteniendo siempre la distancia en salarios y la permisividad para los capitales foráneos en el territorio mexicano, pero conservando las brechas que hicieron apetecible el agrupamiento regional. Desde la constitución de la Nación, nunca la soberanía se había encontrado en las condiciones de fragilidad con las que abre el 2014. Nunca el país había estado tan desatado. Nunca se había tenido una situación de inmoralidad, corrupción, saqueo y violencia generalizada como la que se vive en este momento.
México ha transitado hacia un estado de impunidad en el que se han desatendido las reglas mínimas de convivencia social: Con un poder legislativo que sesiona amurallado por vallas de metal y de policías para impedir que cualquiera de los supuestos representados pudiera acercarse a ver cómo se decide su futuro, crecientemente a contrapelo del clamor popular; con un poder judicial que rara vez, y después de mucha presión, tiene un fallo justo; y con un poder ejecutivo vocero de las grandes corporaciones y de los altos intereses de Washington. Tanto, que resulta difícil no evocar las burdas y brutales imágenes de las dictaduras militares o civiles de nuestro Sur.
Lo que 30 años de neoliberalismo, el TLCAN o la ASPAN no lograron, fue consumado por el estado de impunidad en solamente unos meses: el petróleo del pueblo de México se ha puesto a disposición del mejor postor, ha dejado de ser el "patrimonio de la Nación".
La construcción del Estado de impunidad
México es uno de los países que tuvo durante el siglo XX una de las construcciones estatales más completas de la región, con la edificación parcial de un amplio sistema de seguridad social así como importantes obras en infraestructura en educación, salud y transportes. Parte de ello fue la expropiación petrolera de manos de compañías privadas para elevarlo al rango de bien estratégico de la Nación. En los últimos 30 años, que coinciden con la puesta en marcha del proyecto político y económico del neoliberalismo, dicha construcción ha sido desmantelada casi en su totalidad. Si bien es cierto que en todo momento hubo sectores ausentes del proyecto de país (de manera acusada los pueblos indios), durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y hasta los años ochenta, una gran porción de la sociedad incorporada al ámbito laboral gozó de derechos sociales conquistados por luchas históricas, reconocidas institucionalmente. La mayor fue la Revolución mexicana, de la que emanó una Carta Magna que reconocía la propiedad colectiva, entre otros.
El estado del México posrevolucionario, que incluso fue tratado de replicar en otros lugares de la región, tenía como contracara una peculiar manera de hacer presencia en diversos espacios de la vida social. El sindicalismo, el orden familiar, la educación, los medios de comunicación, entre otros ámbitos seguían de manera irrestricta las directrices de un eficaz aparato ideológico y represivo. Al mismo tiempo que México mantenía excelentes relaciones diplomáticas con Cuba; se constituía en lugar privilegiado de refugio para los exiliados políticos del Cono Sur y albergaba negociaciones de paz entre distintas fuerzas revolucionarias y los gobiernos de sus países; en México había un proceso silencioso de represión que incluyó la llamada “guerra sucia” contra movimientos armados, campesinos y sindicales y centenares de asesinatos de activistas, desapariciones forzadas y personas encarceladas por motivos políticos. Tres episodios críticos de conocimiento público fueron la masacre de los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y las estudiantiles de octubre de 1968 y junio de 1971. Y todo esto ocurrió siempre en un estado de paz.
Un matiz que es oportuno establecer es que una de las más caras y perversas cualidades de este régimen residió en su capacidad para hacer funcionales y controlar sectores e instancias de mediación social estratégicas a nivel nacional y regional. Esta habilidad política no se expresaba en el control absoluto de la vida social, sino en la cooptación y manejo de las instancias sociales que funcionaban como articuladoras de la vida nacional. Esto se hizo manifiesto no sólo a nivel federal, sino también en la distintas regiones políticas que configuran al Estado mexicano. En cada una de las escalas había una misma lógica que se expresaba en el control de diversos ámbitos (en algunas ocasiones o geografías se controlaba el aparato productivo, en otras las organizaciones populares, los medios de comunicación...). La eficacia del gobierno no residía entonces en una verticalidad absoluta, sino en una compleja red de poderes que funcionaban bajo la lógica de controlar las prácticas y espacios sociales estratégicos.
Será a comienzos de la década de los años ochenta que comienza un proceso de transformación que, como ocurriría en diversas partes del mundo, incluía un discreto proceso de apertura política, acompañado de uno voraz en el ámbito de la economía. De esta manera inició un violento proceso de privatizaciones y reformas a la Constitución, que culminaron en la firma del TLC en 1992 (entró en vigor en 1994) y ahora en las privatizaciones de todo lo que restaba dentro del marco de los bienes estratégicos de la Nación.
Los engranes del viraje
Cambios tan profundos en una sociedad como la mexicana no podían ser realizados sin la aplicación de dispositivos de control social que pudieran neutralizar las posibles respuestas. Esto fue evidente en el momento en que la entrada en vigor del TLCAN fue acompañada del estallamiento social de mayor envergadura desde las revueltas del 68. El telón cayó y en el México que preparaba su entrada en el primer mundo aparecían los verdaderos integrantes del pueblo: con fusiles de madera y cuerpos forjados en el maltrato un ejército maya recorría las calles mestizas de Chiapas repudiando el TLCAN y proponiendo una guerra contra los vendepatrias.
El impacto fue definitivo y el zapatismo se convirtió casi instantáneamente en una enorme fuerza política, pesando en contra de las reformas todavía no consumadas que, después de una cuidadosa ingeniería de la descomposición, acaban de ser aprobadas 20 años después.
Si en 2005 se firmó la ASPAN, desde ahí fue generándose, en acuerdo con Estados Unidos, una política de securitización cuyo primer paso fue el involucramiento del ejército en labores de seguridad interna. A la par de un clima crecientemente represivo en contextos de movilización y protesta social, se prefigura uno de los ingredientes principales de esta política: la construcción de un enemigo interno, que en este caso fue identificado públicamente con el narcotráfico. De esta manera los primeros atisbos de una nueva estrategia de lucha contra el llamado “crimen organizado” se remonta a los últimos años de la gestión de Vicente Fox, coincidentes con la firma de la ASPAN, en los cuales se desplegaron operativos policiacos y militares en las regiones más relacionadas con la acción de los cárteles.
Sin embargo, es en 2006, después de un fraude electoral flagrante en unas elecciones muy concurridas, que inicia realmente el proyecto de instalación de la guerra en México que en 2007 tomará el nombre de Iniciativa Mérida. Felipe Calderón, a quien se la he intentado hacer un juicio por genocidio, optó por desplegar miles de efectivos militares en distintos puntos del país usando como pretexto un relativo incremento en los asesinatos vinculados con la disputa de los cárteles de la droga por las rutas y mercados del país. Aun cuando hubo sectores seducidos por la retórica bélica instaurada por el gobierno federal, el incremento exponencial de los asesinatos, aunado a la violación de las garantías de la población por parte de los militares y policías, propició diversas protestas en la geografía del país. En estos años, México incorporó a la cotidianidad, no sólo el asesinato sistemático de personas, sino formas de violencia antes prácticamente inexistentes como masacres, colocación de explosivos en el espacio público, cuerpos calcinados, decapitados y mutilados que aparecían diariamente en todo el territorio nacional.
La llamada guerra contra el narcotráfico ha incrementado y visibilizado la presencia y actuación de efectivos norteamericanos en suelo mexicano. Como ejemplo de ello podemos señalar la implementación de la Operación Rápido y Furioso, a través de la cual desde Estados Unidos fueron ingresadas de manera ilegal alrededor de 2 mil armas que posteriormente serían utilizadas en diversos actos de violencia por el denominado “crimen organizado”. El objetivo declarado de los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, encargados de la operación, era rastrear a los vendedores y compradores que no encontraron, sorprendiendo con tal grado de ¿ineficiencia?.
La situación de guerra que aqueja al país desde 2006 ha dejado un saldo de personas asesinadas que, a pesar de las cifras distintas de las fuentes que hacen el seguimiento de datos, se coincide en que sobrepasa los 100 mil decesos. La cifra oficial de asesinatos es de 94 mil 249 de diciembre de 2006 a diciembre de 2011 (INEGI, 2012). Las cifras de desplazados oscilan entre 780 mil y 1 millón 648 mil (Parametría, 2011) aunque otras fuentes registran solamente 250 mil (Sanjuana Martínez). El secuestro de migrantes se estima en alrededor de 10-12 mil al año (CNDH, 2011) y los desaparecidos ascienden a alrededor de 50 mil.
Una depredación social de enormes dimensiones si pensamos que la dictadura argentina de los setenta arrojó una cifra de 30 mil muertos.
La llamada guerra contra el narco o guerra contra el crimen organizado impulsada desde 2006 instituyó como política de estado la persecución y eliminación de lo que se identificaba como el enemigo interno. Esto significa que gran parte de esos asesinatos deben ser atribuidos a las fuerzas de seguridad del estado. Miles de policías y militares mexicanos (se contabilizaban 7 mil en 2011) han sido entrenados por sus pares colombianos siendo en parte financiadas estas actividades por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. La estimación es que Colombia ha entrenado cerca de 13 mil personas desde 2005 como parte de su política de “exportación de seguridad” que se dirige hacia Centroamérica y algunos otros países pero, de acuerdo con los datos, especialmente a México (Isaacson, 2014). Los vínculos entre Colombia y México nunca habían sido tan fuertes como a partir de 2007 en que se echó a andar el Plan México, llamado Iniciativa Mérida. En el ámbito de la seguridad se han creado, entre otros, diversos mecanismos de asesoría y colaboración como el Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia (GANSJ) o el Comité Colombia - México de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Y como indicador de toda evidencia Enrique Peña Nieto, actual Presidente, nombró al general colombiano retirado Óscar Naranjo, [2] cuyo destacado papel en la guerra en Colombia es de todos conocido, asesor en materia de seguridad.
En una década la sociedad mexicana ha sufrido una transformación brutal. La impunidad y la violencia generalizada han alterado las reglas de socialidad previas, construidas a lo largo de todo el siglo XX. El tejido social ha sido destruido y la moralidad social entró en un estado de esquizofrenia. Evidentemente no sólo fue la violencia armada; la violencia económica promovida por el neoliberalismo preparó el terreno de una descomposición muy profunda. Los datos oficiales, generalmente moderados, identifican que 53.3 millones de mexicanos y mexicanas (de un total de 112) viven en situación de pobreza; de éstos, aproximadamente la mitad se encuentran en pobreza extrema.
En el curso de una generación ese país que fue paradigma de estabilidad y control político sutil se transformó en un infierno social que publicitariamente se atribuye a las actividades del crimen organizado pero que en verdad fue promovido desde el estado, sin quitarle responsabilidad al crimen organizado. En el México de hoy hay una clara imbricación entre economía ilegal y política; entre negocios y crímenes; y entre corrupción, colusión y legalidad.
¿Por qué un estado de impunidad?
Desde que se firmó el TLCAN la pretensión de Estados Unidos era incluir el petróleo como parte de las negociaciones.
México es un país muy rico, empezando por su diversidad en variedades de maíz, en lenguas y culturas indígenas, por sus selvas, ya diezmadas pero con gran cantidad de especies endémicas; por sus trabajadores, que cobran salarios 10 veces menores que los de Estados Unidos en promedio. La riqueza minera es otro elemento de relevancia, que colocó a México como centro de actividades económicas en la colonia, junto con Perú; y sin duda los yacimientos de petróleo, gas, e incluso uranio.
La voracidad con que el capitalismo contemporáneo ha emprendido el saqueo de la naturaleza hace que la importancia de la conformación física del territorio sea un atractivo privilegiado. Según datos recientes, que constituyen un llamado de alerta sobre las dimensiones de la extracción minera en el país, la extracción de oro en el periodo 2000-2010 (419,097 kg) duplica lo extraído durante el período colonial 1521-1830 (191,825 kg) En el caso de la plata en el periodo 1521-1830 se extrajeron 56,144 toneladas, mientras que en el periodo 2000-2010 fueron 33, 465 toneladas, es decir que en 10 años se ha extraído casi la mitad que en 300 años de colonia española. (González 2011).
El territorio se ha privatizado vertiginosamente en las 3 décadas de neoliberalismo. La propiedad colectiva fue transformada en individual y los ejidos se parcelaron y perdieron creciendo las superficies del agronegocio, generalmente de monocultivo; y las mineras obtuvieron amplias extensiones en concesión:
...los títulos de concesión minera expedidos en el periodo 2006-2010, comprenden un territorio que supera los 30 millones de hectáreas -cifra que equivale a poco más de 307 mil km2- y que representa en su conjunto una superficie mayor a la extensión territorial total del estado de Chihuahua, la cual asciende a 247,087 km2. Ahora bien, si se considera el periodo 2000-2010 se advierte que la superficie concesionada a las empresas mineras rebasa las 56 millones de hectáreas espacio que equivale a alrededor del 25% del territorio nacional continental. (González Rodríguez, 2011: 8-9)
Obviamente dentro de la minería contemporánea los metales de uso industrial tienen también gran importancia. No obstante, los datos para oro y plata marcan una tendencia o una voracidad que se repite en muchos de los territorios mineros del mundo. Hay una especie de insaciabilidad o una enorme preocupación por sacar los recursos antes de que los pueblos reclamen su pertenencia, cosa que está ocurriendo en todos lados. México es hoy el primer productor de plata (USGS, 2011) y la extracción de oro de las empresas estadounidenses y canadienses en el país pasó de 30 mil kg en 2005 a 89 mil en 2011, con una proyección de 94 mil para el 2018 (USGS, 2012).
Pero lo realmente estratégico es la posesión del petróleo, que en el caso de México es un símbolo de soberanía desde el momento en que fue expropiado de manos de compañías extranjeras en 1938. Las cifras sobre reservas son engañosas. Sobre todo en los años recientes en que se ha estado intentando su privatización y se manejan los montos de acuerdo con los argumentos que justificarían la privatización. En unos casos es mucho y hay que explotarlo para apuntalar el crecimiento de México; en otros casos es tan poquito que ya ni vale contarlo en los acervos patrimoniales de la Nación. La Secretaría de Energía (2012) lo calcula en 10 mil millones de barriles para enero de 2012, pero algunos estudiosos del tema calculan los yacimientos del Golfo de México que todavía no están en explotación, en 29 mil millones adicionales (Apodaca, 2013).
Desde los años noventa la presión por privatizar primero la producción de derivados, luego la explotación, la extracción y la exploración, han llevado a modificar la Constitución en varios momentos. El peor, en diciembre de 2013. Subrepticiamente se fue cambiando la definición de las actividades restringidas al estado por su carácter estratégico, pero el descontento fue subiendo de tono cuando se empezaron a otorgar contratos de servicios múltiples, con la trampa de que no había restricción del número de contratos que podía acumular un mismo proveedor. Lo que no se permitió fue la extracción directa por parte del capital privado y menos aun su participación en la producción como se acaba de aprobar ahora.
Fue necesario vencer muchos obstáculos, entre los que destacan, por su importancia estratégica y simbólica, algunos que han quedado registrados como hitos en la historia de los tiempos contemporáneos:
1. Intentos de desaparecer o, por lo menos, fragilizar a la UNAM, principal espacio de pensamiento crítico del país, con el propósito de desactivar su potencialidad de intervención en la sociedad, de modificar los contenidos de la educación y los imaginarios colectivos, y de beneficiar los negocios privados con la privatización de la educación superior.
2. Un golpe muy significativo consistió en la colusión de todo el sistema político, sin distinción de adscripción ideológica, en contra de los Acuerdos de San Andrés resultado de la mesa de diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, construidos con la más amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad que se hubiera registrado en los últimos 50 años.
3. Socavamiento de las bases reales del sindicalismo mediante la extinción por decreto presidencial de la Compañía Luz y Fuerza del Centro donde se asentaba el sindicato con mayor y más larga tradición democrática, el único gran sindicato independiente todavía en activo. Esto implicó el despido de 44 mil trabajadores.
4. Embate frontal contra la fuerza de trabajo a través del control de salarios mínimos, la desregulación de las relaciones laborales, el desmantelamiento de la seguridad social, los sistemas de pensiones con el objeto de cumplir los objetivos de la flexibilización laboral y de paso alterar los sentidos sociales en torno a la universalidad de derechos. El último paso de esta política, consumado también en 2013 es la aprobación de una reforma laboral desprotectora del trabajo y que conculca todos los derechos reconocidos previamente.
5. Reforma educativa que lesiona los derechos laborales del magisterio y que introduce un control de calidad estandarizado sobre contenidos prefijados y homogeneizadores. Esta reforma ha sido acompañada de una desproporcionada campaña mediática de desprestigio y linchamiento en contra de los maestros.
6. Reformas antiterroristas al código penal y civil que en 2013 han transformado la inespecificidad de la categoría terrorista en una muy específica que focaliza en las protestas sociales. Se tipifica el terrorismo ampliando las sanciones a sus financiadores; se sancionan los ataques a bienes y servicios privados y no sólo públicos; y se le suprime un párrafo, esencial para proteger el derecho a la disidencia y la protesta social:
Las manifestaciones que realicen grupos de personas en ejercicio de sus derechos humanos y constitucionales, sin intención u objetivo de atentar contra bienes jurídicos de personas, tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda, no se considerarán terrorismo.
Así es como se fue preparando el terreno para, en diciembre de 2013, en escasos 3 días hacer pasar una reforma energética que contradice la Constitución, los valores patrios y las consensos sociales de nuestro largo siglo XX.
El PRI, que más que un partido es un régimen, llegó a la conclusión del siglo XX asediado por el descrédito y el hartazgo por parte de la población que de manera generalizada lo percibe como corrupto y creador de toda una cultura política basada en el clientelismo, la compra de votos, la amenaza permanente sobre los contrincantes, o el abierto recurso del fraude electoral.
El sistema político en su conjunto, más allá de los teatros electorales, participa de esa cultura y es corresponsable de las reformas y golpes de disciplinamiento aplicados a la sociedad. Por unanimidad los partidos resolvieron en contra de los Acuerdos de San Andrés en 2001; por complicidad resolvieron por la reforma energética en 2013. La criminalización de la política se aplica lo mismo en gobiernos de "izquierda" que de "derecha" en todo el país, incluyendo la capital donde se ha aprobado un protocolo para el control de multitudes, que incluye el uso de la “fuerza letal” así como el recurrente despliegue de operativos policiacos que culminan siempre con arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza e incluso, personas gravemente heridas por la actuación de la policía.
Y sin embargo, se mueve
Como resultado de la inédita situación de violencia que desborda al país, y de la transformación del estado de derecho en un estado de impunidad, han sido muchos y diferentes los esfuerzos en la sociedad por restablecer las condiciones de convivencia.
El país se ha convertido en un territorio en ebullición, con movimientos organizados que luchan por autonomía en ciertos territorios, contra la devastación minera, forestal, hidroeléctrica u otras, por la diversidad cultural y de sistemas y contenidos educativos, por la autodefensa en territorios amagados por la impunidad del crimen organizado y la complicidad de las fuerzas de seguridad del estado. Los familiares de desaparecidos o asesinados se movilizan por su búsqueda y por castigo a los culpables. Hay grupos defensores de los migrantes que les dan auxilio a lo largo de sus rutas hacia Estados Unidos. Existe una variedad de iniciativas ciudadanas reclamando la vuelta del estado de derecho. Los estudiantes, con su característica intermitencia abren campos de lucha como los del movimiento Yo soy 132 o el de la ampliación del ingreso a las universidades.
Los impactos del proceso que hemos descrito son diversos. Más allá de los datos duros que dan cuenta de la destrucción y la muerte que se han vuelto elementos cotidianos para la población, existen modificaciones culturales y de horizonte de sentido para enormes porciones de la población. Esto es quizá más nítido para los jóvenes, para quienes la ausencia de perspectivas de futuro convierte al negocio de la muerte y el avasallamiento de los otros en la única “opción racional” y hasta deseable. Esto ha sido promovido por la apología de un estilo de vida basado en el individualismo y el consumo, en combinación con el desgarramiento del tejido social.
Los movimientos de autodefensa son armados, pero no son guerrillas. Se enfrentan a los grupos armados y protegidos del crimen organizado. Muchos otros movimientos no son armados, a pesar de que las guardias blancas de las mineras, entre otras, los acosan y los matan.
Frente a la inoculación de la sospecha y la delación como relación social y de la cultura del miedo como práctica cotidiana, la mexicana es una sociedad que se defiende, pero también que construye, que crea condiciones para un futuro distinto. Que defiende el maíz y recupera y recrea sus formas de cultivar, de curarse, de entender la vida. Una sociedad que reinventa sus prácticas comunitarias, sus procesos culturales y sus modos de generar la vida.
Una sociedad rodeada de muerte que se empeña en producir vida.
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Bibliografía citada
Apodaca Villarreal, José Luis 2013 Crónica de Israel Rodríguez (México: La Jornada) en http://www.jornada.unam.mx/2013/12/13/economia/035n1eco
CNDH 2011 Informe especial sobre secuestro de migrantes en México en http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales
Cohen, William S. (Secretary of Defense) 1998 Annual Report to the President and the Congress.
INEGI 2012 Estadísticas de mortalidad en www.INEGI.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral. asp?s=est&c=11144. Consultado el 19 de octubre de 2012.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010 Estadísticas históricas de México 2009 colección memoria (México: INEGI) Tomo II.
Isacson, Adam; Haugaard, Lisa; Poe, Abigail; Kinosian, Sarah y Withers, George 2014 Time to listen: trends in U.S. security assistence to Latin America and the Caribbean (USA: Latin America working group education fund, Center for international policy (CIP), WOLA)
González Rodríguez, José de Jesús 2011 Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas, Documento de trabajo N° 121 (versión preliminar) (México: LXI Legislatura Cámara de Diputados).
Parametría 2011 en http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4413
Secretaría de Energía 2012 Prospectiva de petróleo crudo 2012-2026 (México).
USGS 2011 Mineral Commodity Summary.
USGS 2012 The Mineral Industries of Latin America and Canada in 2011.
Notas
[1] Sin considerar por lo pronto los avances en la ruta de colonizar otros planetas o astros del sistema solar, tarea en la que se están teniendo enormes avances al localizar rastros de agua en una de las lunas de Júpiter y en Marte.
[2] Se le ubica como el responsable de haber desmantelado a los cárteles de Medellín y Cali. Se le conoce por su capacidad para negociar con el narcotráfico, su cercanía con la DEA, su valiosa asesoría en el ámbito de la contrainsurgencia, violaciones a los derechos humanos y por su papel en la Operación Fénix consistente en el bombardeo al campamento de paz de las FARC en territorio ecuatoriano, misión por la cuál siendo policía fue, no obstante, nombrado general.
Al concepto de
progreso hay que fundamentarlo en la idea de catástrofe. La catástrofe
consiste en que las cosas “siguen adelante” así como están. No es lo que
nos espera en cada caso sino lo que ya está dado en todo caso.
Walter Benjamín, Tesis sobre la historia
El capitalismo del siglo XXI es mucho más poderoso y arrasador que el del pasado, y a la vez mucho más frágil, con claros signos de senilidad y descomposición. Su capacidad destructiva se multiplica y difunde por todos los vasos capilares de la sociedad carcomiendo la vida, los cuerpos, los territorios y la imaginación. Aire y agua envenenados, alimentos que pudren el organismo, medios que trastornan el sentido común, balas, bombas, químicos, bacterias y virus generados para mutilar, dañar y eliminar son sólo algunos de los elementos que van marcando las rutas del mundo de los negocios y el poder. Y, no obstante, vemos vida brotando incansablemente hasta de las piedras, en una lucha sin cuartel de la que nadie se atreve a perfilar el final. El capitalismo o la vida parece ser claramente la disyuntiva de este siglo que comienza convertido en un campo de batalla. [1]
Si bien los planes de despliegue sobre el petróleo, el agua, los minerales, las rutas y las selvas estratégicas estaban prefigurados de antemano, el acontecimiento en las torres gemelas de la city de Manhatan detonó una carrera de velocidad con múltiples derroteros: Asia Central, el Medio Oriente, África y América, sin dejar de mirar hacia Europa y el Lejano Oriente. El Secretario de Defensa aseguraba, en 1998, que “... Estados Unidos se encuentra en un periodo de oportunidad estratégico. La amenaza de guerra global ha retrocedido y los valores fundamentales de la nación de democracia representativa y economía de mercado son adoptados en muchos lugares del mundo..." (Cohen, 1998) para instar a una política de despliegue hegemónico planetario haciendo frente no sólo a los competidores sino al conjunto de resistencias que emergían desde todos los rincones del mundo.
Planes hegemónicos ambiciosos desarrollados en este siglo XXI, consecuentemente, llevaron a poner en juego mecanismos de todos tipos, combinados de acuerdo a las situaciones específicas. Afganistán, Irak, Colombia, Sudán, Libia, siempre Palestina, Honduras y tantos otros lugares recibieron parte de las esquirlas detonadas el 11 de septiembre de 2001, unas más leves, otras contundentes. Dos casos, Pakistán y México, fueron evaluados como piezas especiales en el rompecabezas planetario, destinados a jugar un papel de bisagras, diques, enlaces en contextos regionales de la más alta relevancia. El argumento: a pesar de su situación de relativa estabilidad están en riesgo de devenir estados fallidos súbitamente, "por colapso". El colapso puede ser atribuido a acciones desproporcionadas del narco, a inestabilidad social, a problemas políticos, a migraciones, a conflictos transfronterizos o a cualquier otra causa, incluso inundaciones que den lugar a desequilibrios sociales. No está definido para admitir definiciones a modo (igual que la categoría terrorista), adaptables a las circunstancias.
Así se asienta en el Joint operating environment 2008:
En la literatura de los estados débiles y fallidos hay una dinámica que ha recibido relativamente poca atención, y es el fenómeno de “colapso rápido”. (…) El colapso de un estado viene usualmente como una sorpresa, tiene un comienzo rápido y plantea problemas graves. (JOE, 2008: 35. Traducción AEC) .
México: el aliado incondicional
Después de ser el primer país de América Latina (1994) en incorporarse a un bloque económico regional (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en condiciones de total desventaja, México, en 2005, adhiere al primer bloque regional de seguridad (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) mediante un acuerdo marco casi inespecífico, que iría siendo dotado de contenido atendiendo a las circunstancias.
Simultáneamente a la firma de estos acuerdos, a México le toca la distinción de entrar a formar parte del área a cargo del Comando Norte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en ocasión de la reorganización ocurrida en secuela de los acontecimientos de las torres gemelas. El Northcom, que cuida la seguridad interna de Estados Unidos, extendió sus fronteras abarcando Canadá y México, en razón de las amplias líneas fronterizas que comparten.
Así el México pacifista de la autodeterminación y de la no injerencia empezó a realizar ejercicios militares navales con el Comando Sur y a tener intercambios y entrenamientos en el marco de las actividades del Comando Norte.
Poco a poco, todo el funcionamiento de la Nación se fue adecuando a las normas regionales, manteniendo siempre la distancia en salarios y la permisividad para los capitales foráneos en el territorio mexicano, pero conservando las brechas que hicieron apetecible el agrupamiento regional. Desde la constitución de la Nación, nunca la soberanía se había encontrado en las condiciones de fragilidad con las que abre el 2014. Nunca el país había estado tan desatado. Nunca se había tenido una situación de inmoralidad, corrupción, saqueo y violencia generalizada como la que se vive en este momento.
México ha transitado hacia un estado de impunidad en el que se han desatendido las reglas mínimas de convivencia social: Con un poder legislativo que sesiona amurallado por vallas de metal y de policías para impedir que cualquiera de los supuestos representados pudiera acercarse a ver cómo se decide su futuro, crecientemente a contrapelo del clamor popular; con un poder judicial que rara vez, y después de mucha presión, tiene un fallo justo; y con un poder ejecutivo vocero de las grandes corporaciones y de los altos intereses de Washington. Tanto, que resulta difícil no evocar las burdas y brutales imágenes de las dictaduras militares o civiles de nuestro Sur.
Lo que 30 años de neoliberalismo, el TLCAN o la ASPAN no lograron, fue consumado por el estado de impunidad en solamente unos meses: el petróleo del pueblo de México se ha puesto a disposición del mejor postor, ha dejado de ser el "patrimonio de la Nación".
La construcción del Estado de impunidad
México es uno de los países que tuvo durante el siglo XX una de las construcciones estatales más completas de la región, con la edificación parcial de un amplio sistema de seguridad social así como importantes obras en infraestructura en educación, salud y transportes. Parte de ello fue la expropiación petrolera de manos de compañías privadas para elevarlo al rango de bien estratégico de la Nación. En los últimos 30 años, que coinciden con la puesta en marcha del proyecto político y económico del neoliberalismo, dicha construcción ha sido desmantelada casi en su totalidad. Si bien es cierto que en todo momento hubo sectores ausentes del proyecto de país (de manera acusada los pueblos indios), durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y hasta los años ochenta, una gran porción de la sociedad incorporada al ámbito laboral gozó de derechos sociales conquistados por luchas históricas, reconocidas institucionalmente. La mayor fue la Revolución mexicana, de la que emanó una Carta Magna que reconocía la propiedad colectiva, entre otros.
El estado del México posrevolucionario, que incluso fue tratado de replicar en otros lugares de la región, tenía como contracara una peculiar manera de hacer presencia en diversos espacios de la vida social. El sindicalismo, el orden familiar, la educación, los medios de comunicación, entre otros ámbitos seguían de manera irrestricta las directrices de un eficaz aparato ideológico y represivo. Al mismo tiempo que México mantenía excelentes relaciones diplomáticas con Cuba; se constituía en lugar privilegiado de refugio para los exiliados políticos del Cono Sur y albergaba negociaciones de paz entre distintas fuerzas revolucionarias y los gobiernos de sus países; en México había un proceso silencioso de represión que incluyó la llamada “guerra sucia” contra movimientos armados, campesinos y sindicales y centenares de asesinatos de activistas, desapariciones forzadas y personas encarceladas por motivos políticos. Tres episodios críticos de conocimiento público fueron la masacre de los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y las estudiantiles de octubre de 1968 y junio de 1971. Y todo esto ocurrió siempre en un estado de paz.
Un matiz que es oportuno establecer es que una de las más caras y perversas cualidades de este régimen residió en su capacidad para hacer funcionales y controlar sectores e instancias de mediación social estratégicas a nivel nacional y regional. Esta habilidad política no se expresaba en el control absoluto de la vida social, sino en la cooptación y manejo de las instancias sociales que funcionaban como articuladoras de la vida nacional. Esto se hizo manifiesto no sólo a nivel federal, sino también en la distintas regiones políticas que configuran al Estado mexicano. En cada una de las escalas había una misma lógica que se expresaba en el control de diversos ámbitos (en algunas ocasiones o geografías se controlaba el aparato productivo, en otras las organizaciones populares, los medios de comunicación...). La eficacia del gobierno no residía entonces en una verticalidad absoluta, sino en una compleja red de poderes que funcionaban bajo la lógica de controlar las prácticas y espacios sociales estratégicos.
Será a comienzos de la década de los años ochenta que comienza un proceso de transformación que, como ocurriría en diversas partes del mundo, incluía un discreto proceso de apertura política, acompañado de uno voraz en el ámbito de la economía. De esta manera inició un violento proceso de privatizaciones y reformas a la Constitución, que culminaron en la firma del TLC en 1992 (entró en vigor en 1994) y ahora en las privatizaciones de todo lo que restaba dentro del marco de los bienes estratégicos de la Nación.
Los engranes del viraje
Cambios tan profundos en una sociedad como la mexicana no podían ser realizados sin la aplicación de dispositivos de control social que pudieran neutralizar las posibles respuestas. Esto fue evidente en el momento en que la entrada en vigor del TLCAN fue acompañada del estallamiento social de mayor envergadura desde las revueltas del 68. El telón cayó y en el México que preparaba su entrada en el primer mundo aparecían los verdaderos integrantes del pueblo: con fusiles de madera y cuerpos forjados en el maltrato un ejército maya recorría las calles mestizas de Chiapas repudiando el TLCAN y proponiendo una guerra contra los vendepatrias.
El impacto fue definitivo y el zapatismo se convirtió casi instantáneamente en una enorme fuerza política, pesando en contra de las reformas todavía no consumadas que, después de una cuidadosa ingeniería de la descomposición, acaban de ser aprobadas 20 años después.
Si en 2005 se firmó la ASPAN, desde ahí fue generándose, en acuerdo con Estados Unidos, una política de securitización cuyo primer paso fue el involucramiento del ejército en labores de seguridad interna. A la par de un clima crecientemente represivo en contextos de movilización y protesta social, se prefigura uno de los ingredientes principales de esta política: la construcción de un enemigo interno, que en este caso fue identificado públicamente con el narcotráfico. De esta manera los primeros atisbos de una nueva estrategia de lucha contra el llamado “crimen organizado” se remonta a los últimos años de la gestión de Vicente Fox, coincidentes con la firma de la ASPAN, en los cuales se desplegaron operativos policiacos y militares en las regiones más relacionadas con la acción de los cárteles.
Sin embargo, es en 2006, después de un fraude electoral flagrante en unas elecciones muy concurridas, que inicia realmente el proyecto de instalación de la guerra en México que en 2007 tomará el nombre de Iniciativa Mérida. Felipe Calderón, a quien se la he intentado hacer un juicio por genocidio, optó por desplegar miles de efectivos militares en distintos puntos del país usando como pretexto un relativo incremento en los asesinatos vinculados con la disputa de los cárteles de la droga por las rutas y mercados del país. Aun cuando hubo sectores seducidos por la retórica bélica instaurada por el gobierno federal, el incremento exponencial de los asesinatos, aunado a la violación de las garantías de la población por parte de los militares y policías, propició diversas protestas en la geografía del país. En estos años, México incorporó a la cotidianidad, no sólo el asesinato sistemático de personas, sino formas de violencia antes prácticamente inexistentes como masacres, colocación de explosivos en el espacio público, cuerpos calcinados, decapitados y mutilados que aparecían diariamente en todo el territorio nacional.
La llamada guerra contra el narcotráfico ha incrementado y visibilizado la presencia y actuación de efectivos norteamericanos en suelo mexicano. Como ejemplo de ello podemos señalar la implementación de la Operación Rápido y Furioso, a través de la cual desde Estados Unidos fueron ingresadas de manera ilegal alrededor de 2 mil armas que posteriormente serían utilizadas en diversos actos de violencia por el denominado “crimen organizado”. El objetivo declarado de los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, encargados de la operación, era rastrear a los vendedores y compradores que no encontraron, sorprendiendo con tal grado de ¿ineficiencia?.
La situación de guerra que aqueja al país desde 2006 ha dejado un saldo de personas asesinadas que, a pesar de las cifras distintas de las fuentes que hacen el seguimiento de datos, se coincide en que sobrepasa los 100 mil decesos. La cifra oficial de asesinatos es de 94 mil 249 de diciembre de 2006 a diciembre de 2011 (INEGI, 2012). Las cifras de desplazados oscilan entre 780 mil y 1 millón 648 mil (Parametría, 2011) aunque otras fuentes registran solamente 250 mil (Sanjuana Martínez). El secuestro de migrantes se estima en alrededor de 10-12 mil al año (CNDH, 2011) y los desaparecidos ascienden a alrededor de 50 mil.
Una depredación social de enormes dimensiones si pensamos que la dictadura argentina de los setenta arrojó una cifra de 30 mil muertos.
La llamada guerra contra el narco o guerra contra el crimen organizado impulsada desde 2006 instituyó como política de estado la persecución y eliminación de lo que se identificaba como el enemigo interno. Esto significa que gran parte de esos asesinatos deben ser atribuidos a las fuerzas de seguridad del estado. Miles de policías y militares mexicanos (se contabilizaban 7 mil en 2011) han sido entrenados por sus pares colombianos siendo en parte financiadas estas actividades por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. La estimación es que Colombia ha entrenado cerca de 13 mil personas desde 2005 como parte de su política de “exportación de seguridad” que se dirige hacia Centroamérica y algunos otros países pero, de acuerdo con los datos, especialmente a México (Isaacson, 2014). Los vínculos entre Colombia y México nunca habían sido tan fuertes como a partir de 2007 en que se echó a andar el Plan México, llamado Iniciativa Mérida. En el ámbito de la seguridad se han creado, entre otros, diversos mecanismos de asesoría y colaboración como el Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia (GANSJ) o el Comité Colombia - México de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Y como indicador de toda evidencia Enrique Peña Nieto, actual Presidente, nombró al general colombiano retirado Óscar Naranjo, [2] cuyo destacado papel en la guerra en Colombia es de todos conocido, asesor en materia de seguridad.
En una década la sociedad mexicana ha sufrido una transformación brutal. La impunidad y la violencia generalizada han alterado las reglas de socialidad previas, construidas a lo largo de todo el siglo XX. El tejido social ha sido destruido y la moralidad social entró en un estado de esquizofrenia. Evidentemente no sólo fue la violencia armada; la violencia económica promovida por el neoliberalismo preparó el terreno de una descomposición muy profunda. Los datos oficiales, generalmente moderados, identifican que 53.3 millones de mexicanos y mexicanas (de un total de 112) viven en situación de pobreza; de éstos, aproximadamente la mitad se encuentran en pobreza extrema.
En el curso de una generación ese país que fue paradigma de estabilidad y control político sutil se transformó en un infierno social que publicitariamente se atribuye a las actividades del crimen organizado pero que en verdad fue promovido desde el estado, sin quitarle responsabilidad al crimen organizado. En el México de hoy hay una clara imbricación entre economía ilegal y política; entre negocios y crímenes; y entre corrupción, colusión y legalidad.
¿Por qué un estado de impunidad?
Desde que se firmó el TLCAN la pretensión de Estados Unidos era incluir el petróleo como parte de las negociaciones.
México es un país muy rico, empezando por su diversidad en variedades de maíz, en lenguas y culturas indígenas, por sus selvas, ya diezmadas pero con gran cantidad de especies endémicas; por sus trabajadores, que cobran salarios 10 veces menores que los de Estados Unidos en promedio. La riqueza minera es otro elemento de relevancia, que colocó a México como centro de actividades económicas en la colonia, junto con Perú; y sin duda los yacimientos de petróleo, gas, e incluso uranio.
La voracidad con que el capitalismo contemporáneo ha emprendido el saqueo de la naturaleza hace que la importancia de la conformación física del territorio sea un atractivo privilegiado. Según datos recientes, que constituyen un llamado de alerta sobre las dimensiones de la extracción minera en el país, la extracción de oro en el periodo 2000-2010 (419,097 kg) duplica lo extraído durante el período colonial 1521-1830 (191,825 kg) En el caso de la plata en el periodo 1521-1830 se extrajeron 56,144 toneladas, mientras que en el periodo 2000-2010 fueron 33, 465 toneladas, es decir que en 10 años se ha extraído casi la mitad que en 300 años de colonia española. (González 2011).
El territorio se ha privatizado vertiginosamente en las 3 décadas de neoliberalismo. La propiedad colectiva fue transformada en individual y los ejidos se parcelaron y perdieron creciendo las superficies del agronegocio, generalmente de monocultivo; y las mineras obtuvieron amplias extensiones en concesión:
...los títulos de concesión minera expedidos en el periodo 2006-2010, comprenden un territorio que supera los 30 millones de hectáreas -cifra que equivale a poco más de 307 mil km2- y que representa en su conjunto una superficie mayor a la extensión territorial total del estado de Chihuahua, la cual asciende a 247,087 km2. Ahora bien, si se considera el periodo 2000-2010 se advierte que la superficie concesionada a las empresas mineras rebasa las 56 millones de hectáreas espacio que equivale a alrededor del 25% del territorio nacional continental. (González Rodríguez, 2011: 8-9)
Obviamente dentro de la minería contemporánea los metales de uso industrial tienen también gran importancia. No obstante, los datos para oro y plata marcan una tendencia o una voracidad que se repite en muchos de los territorios mineros del mundo. Hay una especie de insaciabilidad o una enorme preocupación por sacar los recursos antes de que los pueblos reclamen su pertenencia, cosa que está ocurriendo en todos lados. México es hoy el primer productor de plata (USGS, 2011) y la extracción de oro de las empresas estadounidenses y canadienses en el país pasó de 30 mil kg en 2005 a 89 mil en 2011, con una proyección de 94 mil para el 2018 (USGS, 2012).
Pero lo realmente estratégico es la posesión del petróleo, que en el caso de México es un símbolo de soberanía desde el momento en que fue expropiado de manos de compañías extranjeras en 1938. Las cifras sobre reservas son engañosas. Sobre todo en los años recientes en que se ha estado intentando su privatización y se manejan los montos de acuerdo con los argumentos que justificarían la privatización. En unos casos es mucho y hay que explotarlo para apuntalar el crecimiento de México; en otros casos es tan poquito que ya ni vale contarlo en los acervos patrimoniales de la Nación. La Secretaría de Energía (2012) lo calcula en 10 mil millones de barriles para enero de 2012, pero algunos estudiosos del tema calculan los yacimientos del Golfo de México que todavía no están en explotación, en 29 mil millones adicionales (Apodaca, 2013).
Desde los años noventa la presión por privatizar primero la producción de derivados, luego la explotación, la extracción y la exploración, han llevado a modificar la Constitución en varios momentos. El peor, en diciembre de 2013. Subrepticiamente se fue cambiando la definición de las actividades restringidas al estado por su carácter estratégico, pero el descontento fue subiendo de tono cuando se empezaron a otorgar contratos de servicios múltiples, con la trampa de que no había restricción del número de contratos que podía acumular un mismo proveedor. Lo que no se permitió fue la extracción directa por parte del capital privado y menos aun su participación en la producción como se acaba de aprobar ahora.
Fue necesario vencer muchos obstáculos, entre los que destacan, por su importancia estratégica y simbólica, algunos que han quedado registrados como hitos en la historia de los tiempos contemporáneos:
1. Intentos de desaparecer o, por lo menos, fragilizar a la UNAM, principal espacio de pensamiento crítico del país, con el propósito de desactivar su potencialidad de intervención en la sociedad, de modificar los contenidos de la educación y los imaginarios colectivos, y de beneficiar los negocios privados con la privatización de la educación superior.
2. Un golpe muy significativo consistió en la colusión de todo el sistema político, sin distinción de adscripción ideológica, en contra de los Acuerdos de San Andrés resultado de la mesa de diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, construidos con la más amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad que se hubiera registrado en los últimos 50 años.
3. Socavamiento de las bases reales del sindicalismo mediante la extinción por decreto presidencial de la Compañía Luz y Fuerza del Centro donde se asentaba el sindicato con mayor y más larga tradición democrática, el único gran sindicato independiente todavía en activo. Esto implicó el despido de 44 mil trabajadores.
4. Embate frontal contra la fuerza de trabajo a través del control de salarios mínimos, la desregulación de las relaciones laborales, el desmantelamiento de la seguridad social, los sistemas de pensiones con el objeto de cumplir los objetivos de la flexibilización laboral y de paso alterar los sentidos sociales en torno a la universalidad de derechos. El último paso de esta política, consumado también en 2013 es la aprobación de una reforma laboral desprotectora del trabajo y que conculca todos los derechos reconocidos previamente.
5. Reforma educativa que lesiona los derechos laborales del magisterio y que introduce un control de calidad estandarizado sobre contenidos prefijados y homogeneizadores. Esta reforma ha sido acompañada de una desproporcionada campaña mediática de desprestigio y linchamiento en contra de los maestros.
6. Reformas antiterroristas al código penal y civil que en 2013 han transformado la inespecificidad de la categoría terrorista en una muy específica que focaliza en las protestas sociales. Se tipifica el terrorismo ampliando las sanciones a sus financiadores; se sancionan los ataques a bienes y servicios privados y no sólo públicos; y se le suprime un párrafo, esencial para proteger el derecho a la disidencia y la protesta social:
Las manifestaciones que realicen grupos de personas en ejercicio de sus derechos humanos y constitucionales, sin intención u objetivo de atentar contra bienes jurídicos de personas, tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda, no se considerarán terrorismo.
Así es como se fue preparando el terreno para, en diciembre de 2013, en escasos 3 días hacer pasar una reforma energética que contradice la Constitución, los valores patrios y las consensos sociales de nuestro largo siglo XX.
El PRI, que más que un partido es un régimen, llegó a la conclusión del siglo XX asediado por el descrédito y el hartazgo por parte de la población que de manera generalizada lo percibe como corrupto y creador de toda una cultura política basada en el clientelismo, la compra de votos, la amenaza permanente sobre los contrincantes, o el abierto recurso del fraude electoral.
El sistema político en su conjunto, más allá de los teatros electorales, participa de esa cultura y es corresponsable de las reformas y golpes de disciplinamiento aplicados a la sociedad. Por unanimidad los partidos resolvieron en contra de los Acuerdos de San Andrés en 2001; por complicidad resolvieron por la reforma energética en 2013. La criminalización de la política se aplica lo mismo en gobiernos de "izquierda" que de "derecha" en todo el país, incluyendo la capital donde se ha aprobado un protocolo para el control de multitudes, que incluye el uso de la “fuerza letal” así como el recurrente despliegue de operativos policiacos que culminan siempre con arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza e incluso, personas gravemente heridas por la actuación de la policía.
Y sin embargo, se mueve
Como resultado de la inédita situación de violencia que desborda al país, y de la transformación del estado de derecho en un estado de impunidad, han sido muchos y diferentes los esfuerzos en la sociedad por restablecer las condiciones de convivencia.
El país se ha convertido en un territorio en ebullición, con movimientos organizados que luchan por autonomía en ciertos territorios, contra la devastación minera, forestal, hidroeléctrica u otras, por la diversidad cultural y de sistemas y contenidos educativos, por la autodefensa en territorios amagados por la impunidad del crimen organizado y la complicidad de las fuerzas de seguridad del estado. Los familiares de desaparecidos o asesinados se movilizan por su búsqueda y por castigo a los culpables. Hay grupos defensores de los migrantes que les dan auxilio a lo largo de sus rutas hacia Estados Unidos. Existe una variedad de iniciativas ciudadanas reclamando la vuelta del estado de derecho. Los estudiantes, con su característica intermitencia abren campos de lucha como los del movimiento Yo soy 132 o el de la ampliación del ingreso a las universidades.
Los impactos del proceso que hemos descrito son diversos. Más allá de los datos duros que dan cuenta de la destrucción y la muerte que se han vuelto elementos cotidianos para la población, existen modificaciones culturales y de horizonte de sentido para enormes porciones de la población. Esto es quizá más nítido para los jóvenes, para quienes la ausencia de perspectivas de futuro convierte al negocio de la muerte y el avasallamiento de los otros en la única “opción racional” y hasta deseable. Esto ha sido promovido por la apología de un estilo de vida basado en el individualismo y el consumo, en combinación con el desgarramiento del tejido social.
Los movimientos de autodefensa son armados, pero no son guerrillas. Se enfrentan a los grupos armados y protegidos del crimen organizado. Muchos otros movimientos no son armados, a pesar de que las guardias blancas de las mineras, entre otras, los acosan y los matan.
Frente a la inoculación de la sospecha y la delación como relación social y de la cultura del miedo como práctica cotidiana, la mexicana es una sociedad que se defiende, pero también que construye, que crea condiciones para un futuro distinto. Que defiende el maíz y recupera y recrea sus formas de cultivar, de curarse, de entender la vida. Una sociedad que reinventa sus prácticas comunitarias, sus procesos culturales y sus modos de generar la vida.
Una sociedad rodeada de muerte que se empeña en producir vida.
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Bibliografía citada
Apodaca Villarreal, José Luis 2013 Crónica de Israel Rodríguez (México: La Jornada) en http://www.jornada.unam.mx/2013/12/13/economia/035n1eco
CNDH 2011 Informe especial sobre secuestro de migrantes en México en http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales
Cohen, William S. (Secretary of Defense) 1998 Annual Report to the President and the Congress.
INEGI 2012 Estadísticas de mortalidad en www.INEGI.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral. asp?s=est&c=11144. Consultado el 19 de octubre de 2012.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010 Estadísticas históricas de México 2009 colección memoria (México: INEGI) Tomo II.
Isacson, Adam; Haugaard, Lisa; Poe, Abigail; Kinosian, Sarah y Withers, George 2014 Time to listen: trends in U.S. security assistence to Latin America and the Caribbean (USA: Latin America working group education fund, Center for international policy (CIP), WOLA)
González Rodríguez, José de Jesús 2011 Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas, Documento de trabajo N° 121 (versión preliminar) (México: LXI Legislatura Cámara de Diputados).
Parametría 2011 en http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4413
Secretaría de Energía 2012 Prospectiva de petróleo crudo 2012-2026 (México).
USGS 2011 Mineral Commodity Summary.
USGS 2012 The Mineral Industries of Latin America and Canada in 2011.
Notas
[1] Sin considerar por lo pronto los avances en la ruta de colonizar otros planetas o astros del sistema solar, tarea en la que se están teniendo enormes avances al localizar rastros de agua en una de las lunas de Júpiter y en Marte.
[2] Se le ubica como el responsable de haber desmantelado a los cárteles de Medellín y Cali. Se le conoce por su capacidad para negociar con el narcotráfico, su cercanía con la DEA, su valiosa asesoría en el ámbito de la contrainsurgencia, violaciones a los derechos humanos y por su papel en la Operación Fénix consistente en el bombardeo al campamento de paz de las FARC en territorio ecuatoriano, misión por la cuál siendo policía fue, no obstante, nombrado general.
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