La revista alemana Der
Spiegel acaba de publicar una entrevista con Edward Snowden en la que este
declara que, a pesar de las hipócritas protestas oficiales por las escuchas
masivas a autoridades y ciudadanos de la República Federal de Alemania, las
autoridades de este país no solo sabían de estas escuchas, sino que las habían
aceptado. Esta aceptación llegaba al punto de que, en la nueva base americana
que prevén construir en un próximo futuro en territorio alemán, la Agencia
Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA) para la que trabajaba Snowden,
tendría un centro de escuchas. Muy probablemente, las próximas revelaciones de
Snowden nos indiquen situaciones muy similares en otros países de la Unión
Europea. Detrás de las -moderadamente- escandalizadas declaraciones de algunos
dirigentes europeos ante las escuchas de la NSA, se esconde un tipo de relación
con los Estados Unidos que ya no tiene nada que ver con la que media entre
Estados soberanos.
Más allá de la anomalía formal que constituyen las escuchas a ciudadanos y autoridades, que violan a la vez la soberanía nacional de los Estados y los derechos constitucionales de la ciudadanía, existe una nueva constitución post-soberana basada en la transparencia unilateral. Los Estados Unidos tienen, en efecto, derecho a obtener datos sobre la ciudadanía y las autoridades europeas, sin que esta transparencia se ejerza de manera recíproca. Esto supone que el Estado norteamericano, concretamente su ejecutivo y sus servicios de inteligencia, ejercen prerrogativas soberanas sin limitación ni reciprocidad alguna en suelo europeo. Esto quedó, por cierto, muy claro cuando -también a propósito del caso Snowden- el ministro español de asuntos exteriores José Manuel García Margallo justificó la prohibición de sobrevuelo del espacio aéreo español al avión presidencial de Evo Morales con el argumento de que "nos dijeron que [Snowden] estaba en el avión". Basta así una indicación de la CIA o de la NSA para que Estados como el español actúen como brazos ejecutores del ejecutivo norteamericano.
La situación que describe Snowden en su entrevista, reacciones de obediencia automática como la del ministro Margallo o incluso otros elementos más dignos de un sainete como la intervención del embajador español en Viena proponiendo a Evo Morales tomar un café en su avión presidencial para "echar un vistazo", testimonian del hecho de que, más allá de las constituciones formales de nuestros Estados, está operando una constitución material que poco tiene que ver con aquellas. Los Estados modernos se basan, como se sabe, en un principio de soberanía interior y exterior que sirve de base a su ordenamiento interno y a sus relaciones con otros Estados. La soberanía exterior exige que los demás Estados reconozcan a un determinado Estado como la potencia que ejerce de manera exclusiva la administración efectiva de un territorio. La soberanía interna, desde Bodin, hace del soberano el detentor exclusivo de la autoridad política y del poder legislativo en un territorio determinado. Todo el sistema de garantías democráticas de los Estados liberales se basa en estos dos principios, pues si un Estado no puede ejercer su soberanía en su territorio, tampoco puede garantizar las libertades y derechos de sus ciudadanos. Las escuchas norteamericanas reveladas por Snowden son un caso claro de violación simultánea de la soberanía estatal de los Estados europeos -y de la débil instancia cuasi-federal que es la UE- y de los derechos civiles de los ciudadanos.
Desde un punto de vista material, más allá de las formalidades del derecho internacional y del derecho constitucional, hace tiempo que el orden soberano -cuyos rasgos principales acabamos de recordar- ha periclitado. Robert Cooper, uno de los asesores de Tony Blair que más hicieron para defender la invasión de Iraq -y que fue posteriormente asesor de Javier Solana en su cargo de Alto Representante para la Política Exterior de la UE y es hoy consejero del Servicio Europeo de Acción Exterior- explicó esta situación con meridiana claridad en un artículo de 2002 publicado en The Observer con el elocuente título de "Por qué todavía necesitamos imperios"("Why we still need empires"). En este texto, Cooper afirma que, tras la caída de los grandes imperios europeos que se repartían el mundo y el fin del reparto imperial de la Guerra Fría, nos encontramos con "dos nuevos tipos de Estado. En primer lugar, tenemos los Estados premodernos -a menudo excolonias- cuyos fracasos han conducido a una guerra hobbesiana de todos contra todos: son países como Somalia y, hasta hace poco, Afganistán. En segundo lugar, están los Estados postimperiales postmodernos que ya no piensan en la seguridad primordialmente en términos de conquista. Un tercer tipo lo constituyen los Estados "modernos" tradicionales como la India, Pakistán o China que se comportan como siempre lo han hecho los Estados, conforme a su interés y a la razón de Estado." Prosigue Cooper afirmando que "El sistema postmoderno en el que vivimos los europeos no se basa en el equilibrio, ni pone el acento en la soberanía ni en la separación de los asuntos interiores y exteriores. La Unión Europea se ha convertido en un modelo altamente desarrollado de interferencia mutua en los asuntos internos de los otros, que llega hasta la cerveza y las salchichas". Habría que añadir a la "cerveza y las salchichas" en un afán de exactitud, las libertades y los derechos, pues los Estados de la UE han abolido entre ellos -entre otros derechos- el derecho de asilo y han automatizado y simplificado enormemente los procedimientos de extradición.
Frente a este "club de amigos" que son la UE y otros Estados "postmodernos" como los Estados Unidos y el Japón, existe un mundo exterior tenebroso al que no se aplican las mismas reglas y frente al cual, según Cooper, "tenemos que empezar a acostumbrarnos a usar una doble vara de medir ("double standards)". Si la descolonización que acabó en los años 60 con los imperios coloniales europeos había reconocido la igualdad de todos los Estados como Estados soberanos, esta igualdad es cuestionada ahora desde las antiguas potencias coloniales: la idea de un derecho internacional universal desaparece en favor de la "doble vara de medir". Esta dualidad de normas se describe en los -crudos- términos siguientes: "Entre nosotros, operamos sobre la base de leyes y de una seguridad abierta y cooperativa. Sin embargo, cuando tratamos con Estados a la antigua, fuera del continente postmoderno europeo, tenemos que regresar a los métodos más bruscos de una era anterior: la fuerza, el ataque preventivo, el engaño, todo lo que sea necesario para hacer frente a quienes siguen viviendo en el mundo decimonónico regido por el principio de "cada Estado por sí mismo". La violencia imperial y la ilegalidad siguen así rigiendo como principios, cuando se trata del mundo premoderno y moderno. Por ello mismo, Cooper propone, para establilizar la situación, un nuevo orden imperial en el que los países postmodernos, como antaño "el hombre blanco" asuman directamente sus "responsabilidades" en la gestión de pueblos más primitivos reconstituyendo un orden imperial.
Con todo, la liquidación del orden jurídico no se para en las fronteras del mundo postmoderno. También los Estados europeos tienen sus jerarquías internas, como se puede apreciar en la actual gestión de la deuda de los países del sur de Europa, pero, sobre todo, están sometidos todos ellos a la potencia hegemónica norteamericana, cuyas órdenes, incluso administrativas o policiales, adquieren rango y fuerza de ley. Existe así lo que Cooper denomina un "imperialismo voluntario" con instituciones como el FMI y el Banco Mundial, que deciden también la suerte de los países desarrollados, pero lo que el discurso de Cooper oculta es la asimetría profunda de la relación con los Estados Unidos. La transparencia, para los Estados Unidos, es meramente unilateral: ellos, como soberano efectivo de ese ficticio mundo postmoderno, tienen pleno derecho a vigilar a administraciones y personas en Europa y lo tienen con el pleno reconocimiento y la plena aceptación de las autoridades europeas. De este modo, la política cuasi-totalitaria de espionaje masivo de las comunicaciones -que practican los Estados Unidos en las últimas décadas y que supera con creces a la de la Stasi en la República Democrática Alemana- puede extenderse a Europa. Además, puede incluso extenderse a las autoridades públicas de los Estados europeos, las cuales están dispuestas, en nombre de la "transparencia" y la "confianza" entre aliados, a dejarse espiar, tal vez para mostrar así su absoluta fidelidad al único soberano que reconocen. Decía Gramsci que el liberalismo se equivoca en la teoría y nos engaña cuando nos hace creer que la sociedad civil y el mercado deciden: "dado que en la realidad efectiva -la realtà effettuale- sociedad civil y Estado se identifican, hay que establecer que también el liberalismo es una "reglamentación" de carácter estatal introducida y mantenida por medios legislativos y coercitivos: es un acto de voluntad consciente y no la expresión espontanea, automática del hecho económico". ( Q13 §18, pp.1589-1590).
El liberalismo mundializado también necesita un soberano: en la mayoría de los países este soberano son los Estados Unidos. Tal vez para deshacernos de él -y del neoliberalismo- como han empezado a hacerlo muchos países latinoamericanos sea necesario crear nuevas formas de soberanía basadas en una democracia federal europea de los comunes. El neoliberalismo impone la propiedad por encima de los comunes, pero la creación de Europa como realidad federal y democrática no puede basarse en una propiedad capitalista que solo una potencia soberana exterior puede tutelar, sino en el despliegue de los comunes productivos materiales e "inmateriales" europeos que ya existen. De ello depende nuestra libertad así como la posibilidad -hoy bloqueada- de que todos puedan acceder a unas condiciones de vida dignas.
Más allá de la anomalía formal que constituyen las escuchas a ciudadanos y autoridades, que violan a la vez la soberanía nacional de los Estados y los derechos constitucionales de la ciudadanía, existe una nueva constitución post-soberana basada en la transparencia unilateral. Los Estados Unidos tienen, en efecto, derecho a obtener datos sobre la ciudadanía y las autoridades europeas, sin que esta transparencia se ejerza de manera recíproca. Esto supone que el Estado norteamericano, concretamente su ejecutivo y sus servicios de inteligencia, ejercen prerrogativas soberanas sin limitación ni reciprocidad alguna en suelo europeo. Esto quedó, por cierto, muy claro cuando -también a propósito del caso Snowden- el ministro español de asuntos exteriores José Manuel García Margallo justificó la prohibición de sobrevuelo del espacio aéreo español al avión presidencial de Evo Morales con el argumento de que "nos dijeron que [Snowden] estaba en el avión". Basta así una indicación de la CIA o de la NSA para que Estados como el español actúen como brazos ejecutores del ejecutivo norteamericano.
La situación que describe Snowden en su entrevista, reacciones de obediencia automática como la del ministro Margallo o incluso otros elementos más dignos de un sainete como la intervención del embajador español en Viena proponiendo a Evo Morales tomar un café en su avión presidencial para "echar un vistazo", testimonian del hecho de que, más allá de las constituciones formales de nuestros Estados, está operando una constitución material que poco tiene que ver con aquellas. Los Estados modernos se basan, como se sabe, en un principio de soberanía interior y exterior que sirve de base a su ordenamiento interno y a sus relaciones con otros Estados. La soberanía exterior exige que los demás Estados reconozcan a un determinado Estado como la potencia que ejerce de manera exclusiva la administración efectiva de un territorio. La soberanía interna, desde Bodin, hace del soberano el detentor exclusivo de la autoridad política y del poder legislativo en un territorio determinado. Todo el sistema de garantías democráticas de los Estados liberales se basa en estos dos principios, pues si un Estado no puede ejercer su soberanía en su territorio, tampoco puede garantizar las libertades y derechos de sus ciudadanos. Las escuchas norteamericanas reveladas por Snowden son un caso claro de violación simultánea de la soberanía estatal de los Estados europeos -y de la débil instancia cuasi-federal que es la UE- y de los derechos civiles de los ciudadanos.
Desde un punto de vista material, más allá de las formalidades del derecho internacional y del derecho constitucional, hace tiempo que el orden soberano -cuyos rasgos principales acabamos de recordar- ha periclitado. Robert Cooper, uno de los asesores de Tony Blair que más hicieron para defender la invasión de Iraq -y que fue posteriormente asesor de Javier Solana en su cargo de Alto Representante para la Política Exterior de la UE y es hoy consejero del Servicio Europeo de Acción Exterior- explicó esta situación con meridiana claridad en un artículo de 2002 publicado en The Observer con el elocuente título de "Por qué todavía necesitamos imperios"("Why we still need empires"). En este texto, Cooper afirma que, tras la caída de los grandes imperios europeos que se repartían el mundo y el fin del reparto imperial de la Guerra Fría, nos encontramos con "dos nuevos tipos de Estado. En primer lugar, tenemos los Estados premodernos -a menudo excolonias- cuyos fracasos han conducido a una guerra hobbesiana de todos contra todos: son países como Somalia y, hasta hace poco, Afganistán. En segundo lugar, están los Estados postimperiales postmodernos que ya no piensan en la seguridad primordialmente en términos de conquista. Un tercer tipo lo constituyen los Estados "modernos" tradicionales como la India, Pakistán o China que se comportan como siempre lo han hecho los Estados, conforme a su interés y a la razón de Estado." Prosigue Cooper afirmando que "El sistema postmoderno en el que vivimos los europeos no se basa en el equilibrio, ni pone el acento en la soberanía ni en la separación de los asuntos interiores y exteriores. La Unión Europea se ha convertido en un modelo altamente desarrollado de interferencia mutua en los asuntos internos de los otros, que llega hasta la cerveza y las salchichas". Habría que añadir a la "cerveza y las salchichas" en un afán de exactitud, las libertades y los derechos, pues los Estados de la UE han abolido entre ellos -entre otros derechos- el derecho de asilo y han automatizado y simplificado enormemente los procedimientos de extradición.
Frente a este "club de amigos" que son la UE y otros Estados "postmodernos" como los Estados Unidos y el Japón, existe un mundo exterior tenebroso al que no se aplican las mismas reglas y frente al cual, según Cooper, "tenemos que empezar a acostumbrarnos a usar una doble vara de medir ("double standards)". Si la descolonización que acabó en los años 60 con los imperios coloniales europeos había reconocido la igualdad de todos los Estados como Estados soberanos, esta igualdad es cuestionada ahora desde las antiguas potencias coloniales: la idea de un derecho internacional universal desaparece en favor de la "doble vara de medir". Esta dualidad de normas se describe en los -crudos- términos siguientes: "Entre nosotros, operamos sobre la base de leyes y de una seguridad abierta y cooperativa. Sin embargo, cuando tratamos con Estados a la antigua, fuera del continente postmoderno europeo, tenemos que regresar a los métodos más bruscos de una era anterior: la fuerza, el ataque preventivo, el engaño, todo lo que sea necesario para hacer frente a quienes siguen viviendo en el mundo decimonónico regido por el principio de "cada Estado por sí mismo". La violencia imperial y la ilegalidad siguen así rigiendo como principios, cuando se trata del mundo premoderno y moderno. Por ello mismo, Cooper propone, para establilizar la situación, un nuevo orden imperial en el que los países postmodernos, como antaño "el hombre blanco" asuman directamente sus "responsabilidades" en la gestión de pueblos más primitivos reconstituyendo un orden imperial.
Con todo, la liquidación del orden jurídico no se para en las fronteras del mundo postmoderno. También los Estados europeos tienen sus jerarquías internas, como se puede apreciar en la actual gestión de la deuda de los países del sur de Europa, pero, sobre todo, están sometidos todos ellos a la potencia hegemónica norteamericana, cuyas órdenes, incluso administrativas o policiales, adquieren rango y fuerza de ley. Existe así lo que Cooper denomina un "imperialismo voluntario" con instituciones como el FMI y el Banco Mundial, que deciden también la suerte de los países desarrollados, pero lo que el discurso de Cooper oculta es la asimetría profunda de la relación con los Estados Unidos. La transparencia, para los Estados Unidos, es meramente unilateral: ellos, como soberano efectivo de ese ficticio mundo postmoderno, tienen pleno derecho a vigilar a administraciones y personas en Europa y lo tienen con el pleno reconocimiento y la plena aceptación de las autoridades europeas. De este modo, la política cuasi-totalitaria de espionaje masivo de las comunicaciones -que practican los Estados Unidos en las últimas décadas y que supera con creces a la de la Stasi en la República Democrática Alemana- puede extenderse a Europa. Además, puede incluso extenderse a las autoridades públicas de los Estados europeos, las cuales están dispuestas, en nombre de la "transparencia" y la "confianza" entre aliados, a dejarse espiar, tal vez para mostrar así su absoluta fidelidad al único soberano que reconocen. Decía Gramsci que el liberalismo se equivoca en la teoría y nos engaña cuando nos hace creer que la sociedad civil y el mercado deciden: "dado que en la realidad efectiva -la realtà effettuale- sociedad civil y Estado se identifican, hay que establecer que también el liberalismo es una "reglamentación" de carácter estatal introducida y mantenida por medios legislativos y coercitivos: es un acto de voluntad consciente y no la expresión espontanea, automática del hecho económico". ( Q13 §18, pp.1589-1590).
El liberalismo mundializado también necesita un soberano: en la mayoría de los países este soberano son los Estados Unidos. Tal vez para deshacernos de él -y del neoliberalismo- como han empezado a hacerlo muchos países latinoamericanos sea necesario crear nuevas formas de soberanía basadas en una democracia federal europea de los comunes. El neoliberalismo impone la propiedad por encima de los comunes, pero la creación de Europa como realidad federal y democrática no puede basarse en una propiedad capitalista que solo una potencia soberana exterior puede tutelar, sino en el despliegue de los comunes productivos materiales e "inmateriales" europeos que ya existen. De ello depende nuestra libertad así como la posibilidad -hoy bloqueada- de que todos puedan acceder a unas condiciones de vida dignas.
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