El golpe de Estado en Ecuador

Sus amplios significados
James Petras

El abortado golpe policial-militar en Ecuador, que se produjo el 30 de septiembre, ha planteado numerosos interrogantes acerca del papel que en el mismo desempeñaron Estados Unidos y sus aliados entre la oligarquía tradicional, los movimientos sociales de izquierdas, las organizaciones indígenas y sus partidos políticos.
Mientras el Presidente Correa, todos los gobiernos de Latinoamérica e importantes sectores del pueblo ecuatoriano describían las acciones violentas como golpe de Estado, el principal órgano de Wall Street, The Wall Street Journal, las tildaba de “protesta policial”. Portavoces de Goldman Sachs y del Foreign Affairs Council definían el intento de usurpación del poder por parte del ejército y la policía contra el gobierno democráticamente elegido como una “crisis política” autoinducida por el Presidente. Cuando el golpe ya iba adelantado, el movimiento “indio” CONAIE, lanzó un manifiesto condenando al gobierno, mientras el partido “indio” Pachacutik apoyaba la expulsión del presidente y defendía el golpe de la policía como “un acto justo por parte de servidores públicos”.
En resumen, los patrocinadores imperiales del golpe de Estado, determinados sectores de las elites ecuatorianas y el movimiento indio minimizaron el violento levantamiento de la policía como golpe de Estado para justificar su apoyo al mismo disfrazándolo de otra “legítima protesta económica”. Es decir, la víctima del golpe de las elites se convertía en represor de la voluntad popular. La cuestión fáctica sobre si fue o no un golpe de Estado es fundamental para decidir si el gobierno tuvo razón al reprimir el levantamiento y si se había puesto de hecho en peligro el sistema democrático.
Los hechos alrededor del golpe
La policía no se limitó a “protestar” contra las políticas económicas sino que tomó la Asamblea Nacional e intentó ocupar los edificios públicos y las cadenas de los medios. La fuerza aérea –o al menos los sectores que colaboraron con la policía- tomó el aeropuerto de Quito, coordinó una serie de acciones en ese objetivo y bloqueó las redes de transporte estratégicas… Asaltaron y detuvieron al Presidente Correa, manteniéndole como rehén bajo vigilancia policial de decenas de policías fuertemente armados que se resistieron violentamente a las Fuerzas Especiales que finalmente liberaron al Presidente, provocando decenas de heridos y diez muertos. No hay duda que los cabecillas del levantamiento policial tenían en mente algo más que una simple “protesta” sobre pluses cancelados: trataban de derrocar al presidente y estaban dispuestos a utilizar sus armas para lograrlo. Los dirigentes del golpe de Estado utilizaron las iniciales demandas económicas de los empleados del sector público como trampolín para derrocar al régimen.
El hecho de que el golpe fracasara es consecuencia, en parte, del firme y dramático llamamiento del Presidente para que el pueblo tomara las calles para defender la democracia, un llamamiento que resonó y que tuvo miles de seguidores y que les negó a los golpistas el apoyo público en las calles.
Todos los hechos sobre el terreno apuntan a un violento intento de la policía y de algunos sectores del ejército para apoderarse del poder y deponer al presidente, es decir, un golpe de Estado sea cual sea el prisma bajo el cual pretenda considerarse. Y así fue entendido de inmediato por todos los gobiernos latinoamericanos, desde la derecha a la izquierda, algunos de los cuales cerraron rápidamente sus fronteras y amenazaron con romper relaciones si los cabecillas del golpe conseguían su objetivo. La única excepción fue Washington, cuya primera respuesta no fue unirse a la condena sino esperar a ver cuál era el resultado o, como el portavoz presidencial Philip Crowley anunció: “Estamos siguiendo los acontecimientos”, refiriéndose al levantamiento como una “protesta” que desafiaba al gobierno. Cuando Washington comprendió que el pueblo ecuatoriano, todos los gobiernos latinoamericanos y el grueso de las fuerzas armadas se oponían activamente al golpe de Estado y que éste estaba condenado al fracaso, la Secretaria de Estado Clinton llamó a Correa para anunciar el “apoyo” de EEUU a su gobierno, refiriéndose al golpe como una mera “interrupción del orden democrático”.
En el período previo a la restauración de la democracia, los sindicatos actuaron en gran medida como observadores pasivos, no se discutió en absoluto sobre huelgas generales ni se habló siquiera de movilizaciones activas. La respuesta de los altos oficiales del ejército fue la de oponerse absolutamente al golpe, excepto quizá la fuerza aérea que tomó el principal aeropuerto en Quito antes de transferirlo a unidades antidroga de la fuerza de policía. La policía antinarcóticos estaba al frente del golpe y no debería sorprendernos saber que habían estado, durante los últimos cinco años, bajo intenso entrenamiento y adoctrinamiento estadounidense.
Explicación de las variadas repuestas al golpe de Estado
Las respuestas e interpretaciones del golpe variaron según los diferentes grupos de intereses objetivos y percepciones subjetivas. Los regímenes latinoamericanos rechazaron unánimemente el golpe temiendo un efecto multiplicador del mismo en la región, en la que otros golpes con éxito (después del golpe del pasado año en Honduras) animarían al ejército y a la policía a actuar en sus países. Los recuerdos del pasado reciente en el que el ejército desmanteló todas las instituciones representativas y encarceló, torturó, asesinó y exilió a los dirigentes políticos fue un factor clave a la hora de conformar el resonante rechazo al golpe en Latinoamérica. En segundo lugar, el orden político existente beneficia a la clase capitalista en casi toda Latinoamérica y proporciona las bases para la estabilidad política y la prosperidad de las elites. Ningún movimiento fuerte de masas amenaza la hegemonía socio-económica capitalista que pudiera requerir que las elites económicas apoyaran un golpe.
Los seguidores de Correa estaban en las calles, aunque no en las cifras de sus anteriores llamamientos a la acción para derrocar al ex Presidente Lucio Gutiérrez. Eran principalmente leales al partido. Otros apoyaban sus medidas “antiimperialistas” (el cierre de la base militar estadounidense de Manta) o estaban defendiendo instituciones democráticas, incluso aunque se hubieran posicionado de forma crítica frente a sus políticas recientes.
La vacilación estadounidense, cambiando del rechazo inicial a condenar el golpe a la denuncia posterior del golpe ya fallido, tenía su razón de ser en sus duraderos vínculos con el ejército y especialmente con la policía. Entre 2006-2011, la ayuda policial y militar de EEUU alcanzará la cifra total de 94 millones de dólares, de los cuales 89 millones se canalizaron a través de la “guerra contra el narcotráfico”. Entre 2006 y 2008, los policías y militares ecuatorianos entrenados llegaron a 941.526, incorporándose a los “programas antidroga”. Fue precisamente el sector antidroga de la policía el que jugó un papel importante en la toma de los aeropuertos de Quito durante el abortado golpe. EEUU tenía realmente muchos motivos para apoyar el golpe. Correa llegó al poder derrocando al títere clientelista pro-estadounidense Lucio Gutiérrez y diezmando los partidos oligárquicos que eran responsables de dolarizar la economía y abrazar la doctrina de libre mercado de Washington. Correa puso en tela de juicio la deuda exterior, negándose a pagar deudas generadas bajo circunstancias fraudulentas. Y lo más importante, Correa era aliado del Presidente venezolano Hugo Chavez, miembro de ALBA y fuerte opositor de Colombia, el principal aliado de Washington en la región. La política de Ecuador debilitó la estrategia de Washington de “rodear Venezuela” de regímenes hostiles. Al haber apoyado ya el exitoso golpe contra el Presidente Zelaya de Honduras, aliado de Chavez, Washington tenía todo por ganar de un golpe militar que expulsara a otro miembro de ALBA. Washington está persiguiendo una “triple estrategia”: 1) diplomática, ofreciendo mejorar relaciones; 2) subversiva, construyendo capacidad de subversión al financiar a la policía y al ejército; y 3) financiera, a través de AID, NED, el Banco Mundial y sectores de ONG del movimiento indio, especialmente Pachacutik y grupos disidentes vinculados con Lucio Gutiérrez.
Los dirigentes del movimiento indio exhibieron diversas respuestas frente al golpe. La posición más extremada fue la adoptada por el casi moribundo partido electoral Pachacutik (receptor de ayuda estadounidense), que apoyó el golpe de la policía y llamó a las masas a formar un “frente unido”, un llamamiento que cayó en oídos sordos. El grupo del movimiento indio (CONAIE) adoptó la compleja posición de negar que se estuviera produciendo un golpe, aunque rechazando la violencia policial y exponiendo una serie de demandas y críticas en relación a las políticas y métodos de gobernanza de Correa. No hizo esfuerzo alguno ni para oponerse ni para apoyar el golpe. Es decir, a diferencia de su pasado militante y antidictatorial, CONAIE se convirtió virtualmente en un actor marginal.
La pasividad de CONAIE y de la mayoría de los sindicatos tiene sus raíces en profundos desacuerdos con las políticas del régimen de Correa.
La vulnerabilidad autoinducida de Correa: Su giro a la derecha
Durante el emergente movimiento ciudadano de hace cinco años, Rafael Correa jugó un importante papel al deponer al régimen autoritario, corrupto y pro-imperialista de Lucio Gutiérrez. Una vez elegido Presidente, llevó a la práctica algunas de sus principales promesas electorales: desalojó a EEUU de su base militar en Manta; rechazó los pagos de la deuda exterior que se basaban en contabilidades ilícitas; subió los salarios, aumentó el salario mínimo, facilitando créditos y préstamos a bajo interés a las pequeñas empresas. También prometió consultar y tomar en cuenta los movimientos indios y sociales urbanos, todo lo cual llevaría a la elección de una asamblea constitucional que elaboraría una nueva constitución. En 2007, la lista de Correa con su nuevo partido Alianza País ganó por una mayoría de dos tercios en la asamblea legislativa. Sin embargo, para hacer frente a la disminución de los ingresos debido a la recesión mundial, Correa dio un brusco giro a la derecha. Firmó lucrativos contratos con compañías mineras multinacionales garantizándoles derechos de explotación sobre tierras reclamadas por comunidades indígenas sin consultar con ellas, a pesar de la pasada historia de contaminación catastrófica de las tierras, agua y medio ambiente indios. Cuando las comunidades locales actuaron para bloquear los acuerdos, Correa envió el ejército y reprimió duramente las protestas. En subsiguientes esfuerzos de negociación, Correa sólo escucho su propia voz y rechazó a los dirigentes indios tachándoles de “panda de bandidos” y “elementos reaccionarios” que estaban bloqueando la “modernización del país”.
Posteriormente, Correa prosiguió la ofensiva contra los funcionarios públicos, promoviendo normas legislativas que reducían los salarios, pluses y promociones, repudiando los convenios basados en acuerdos entre los sindicatos y los legisladores. De la misma manera, Corre impuso nuevas leyes para la organización de la universidad, que se granjeó el rechazo del profesorado, la administración y los estudiantes. Igualmente perjudicial para la popularidad de Correa entre los sectores organizados de las clases salariales medias fue su estilo autoritario para imponer su agenda, el lenguaje peyorativo que utilizó para tachar a sus interlocutores y su insistencia en que las negociaciones eran sólo un medio para desacreditar a sus colegas.
Contrariamente a la afirmación de Correa de ser un pionero del “socialismo del siglo XXI”, fue, en vez de eso, el organizador de una estrategia personal en grado sumo para el capitalismo del siglo XXI, basado en una economía dolarizada, inversiones extranjeras a gran escala en el sector minero y del petróleo, en los servicios financieros y en la austeridad social.
Sin embargo, el “giro a la derecha” de Correa dependía también del apoyo político y financiero de Venezuela y de sus aliados cubano y boliviano. Como consecuencia, Correa se vió entre la espada y la pared: perdió apoyo de la izquierda social debido a las políticas económicas favorables a las “extracciones” extranjeras y a la austeridad de los programas internos y no consiguió el apoyo estadounidense debido a sus vínculos con Chavez y Cuba.
El resultado fue que Correa se enajenó tanto de los sindicatos y movimientos sociales e indios que sólo fue capaz de asegurar una cantidad muy limitada de “poder en la calle” para frustrar el golpe. Igualmente importante fue que EEUU y sus colaboradores vieron en el decreciente apoyo organizado y en el crecimiento de la protesta social una oportunidad para tantear el terreno de un posible golpe de Estado a través de sus más fiables colaboradores en la policía y, en menor grado, en la fuerza aérea. El levantamiento de la policía fue un ensayo, alentado para que siguiera adelante, sin ningún compromiso declarado, en espera de su éxito o fracaso. Si el golpe de la policía se hubiera asegurado el suficiente apoyo militar, Washington y sus oligarcas políticos y civiles hubieran podido intervenir, llamar a un “resultado negociado” que hubiera derrocado a Correa o le hubiera “convertido” en un cliente “pragmático”. Es decir, un golpe “exitoso” hubiera eliminado a otro aliado de Chavez, pero incluso un golpe fallido hubiera puesto bajo aviso a Correa en el futuro.
Reflexiones finales a modo de conclusión
La evolución del golpe de Estado de la policía se convirtió en una farsa: los golpistas calcularon mal los apoyos con los que contaban en el ejército así como entre los sindicatos y organizaciones indígenas descontentos. Estuvieron solos sin pena ni gloria. Al carecer de líderes nacionales y no tener siquiera una estrategia coherente, la intentona se sofocó en cuestión de horas. Calcularon mal la disposición de EEUU a comprometerse, una vez que quedó claro que los golpistas carecían de apoyos entre las elites militares y eran totalmente ineptos. Lo que podía haber comenzado como golpe terminó como una opera bufa con una breve balacera con el ejército en un hospital de la policía.
Por otra parte, el hecho de que al final Correa sólo pudiera contar con sus fuerzas especiales de elite para liberarle de la policía revela la tragedia de un líder popular. Un líder que empezó con inmenso apoyo popular, prometiendo cumplir finalmente la reivindicación de los campesinos de reforma agraria, la reivindicación de los indios de soberanía para negociar sobre las riquezas mineras y las reivindicaciones de las clases obreras urbanas de justas remuneraciones, y acabó volviendo al Palacio Presidencial protegido por los vehículos blindados del ejército.
El fallido golpe de Estado en Ecuador plantea un interrogante político más amplio: La casi desaparición de Correa, ¿significa el final del experimento de los “nuevos regímenes de centro-izquierda” que trataban de “equilibrar” un vigoroso crecimiento basado en la exportación con moderadas rentabilidades sociales? Todo el éxito de los regímenes de centro-izquierda se ha basado en su capacidad para subsidiar y promover el capital interior y exterior agro-minero mientras aumentaba el empleo, los salarios y los pagos de subsistencia (programas contra la pobreza). Esta “fórmula política” se subscribió por el boom de la demanda de Asia y otros mercados mundiales, y por los precios, históricamente altos, de las materias primas. Cuando estalló la crisis de 2008, Ecuador era el vínculo más débil en Latinoamérica al estar atado al dólar y ser incapaz de “estimular” el crecimiento o proteger la economía. En condiciones de crisis, Correa decidió reprimir los movimientos sociales y los sindicatos e hizo grandes esfuerzos para asegurarse los apoyos de las multinacionales del sector minero y del petróleo. Además, la policía y el ejército ecuatorianos eran mucho más vulnerables a las infiltraciones de las agencias estadounidenses debido a los programas de formación y financiación a gran escala, a diferencia de Bolivia y Venezuela, que habían expulsado a esas agencias por actividades subversivas. Al contrario de Argentina y Brasil, Correa carecía de capacidad para “conciliar” a los diversos sectores de los movimientos sociales a través de negociaciones y concesiones. Desde luego, la penetración de las ONG financiadas por el imperio en las comunidades indias fomentando el “separatismo” y las políticas de identidad no le facilitaban precisamente tal conciliación.
Sin embargo, a pesar de las particularidades de Ecuador, el fallido golpe de Estado pone de relieve la importancia relativa de resolver las reivindicaciones básicas socio-económicas si se quiere que los proyectos macroeconómicos de centroizquierda tengan éxito. Aparte de Venezuela, ninguno de los regímenes de centro-izquierda están desarrollando reformas estructurales (reforma agraria), nacionalización de sectores estratégicos, redistribución de los ingresos. Incluso el régimen de Chavez en Venezuela ha perdido una gran parte del apoyo popular debido a la negligencia respecto a servicios esenciales (seguridad pública, recogida de basuras, suministro de agua y energía eléctrica, entrega de alimentos) debido a la corrupción e incompetencia. Con el paso del tiempo, el centro-izquierda no va a poder depender ya de los dirigentes “carismáticos” para compensar la ausencia de cambios estructurales. Los regímenes deben sostener la mejora de salarios y la prestación de servicios públicos en un ambiente de “diálogo social”. La ausencia de reformas sociales continuas, mientras las elites agro-mineras prosperan, abre las puertas al regreso de la derecha y provoca divisiones en las coaliciones sociales en que se apoyan los regímenes de centro-izquierda. Y lo más importante, que la implosión del centro-derecha proporciona una oportunidad para que Washington subvierta y derroque a los regímenes, revirtiendo su relativamente independiente política exterior y reafirmando su hegemonía.
Los cimientos institucionales del centro-izquierda son frágiles en todas partes, especialmente entre la policía y el ejército, debido a que la oficialía sigue aún participando en programas gubernamentales con las agencias militares, narco-policiales y de inteligencia estadounidenses. Los regímenes de centro-izquierda –excepto Venezuela- han continuado participando en todo tipo de programas conjuntos militares. El centro-izquierda no ha transformado el Estado. Igualmente importante es el hecho de que ha promovido las bases económicas de la derecha pro-estadounidense a través de su estrategia de exportación de minerales y productos agrícolas. Ha ignorado el hecho de que la estabilidad política es temporal y se basaba en un equilibrio del poder social resultante de las rebeliones populares del período entre los años 2000 y 2005. El centro-izquierda ignora la realidad de que a medida que la clase capitalista prospera, como consecuencia de las estrategias de exportación minero-agrícolas, lo mismo ocurre con la derecha política. Y como la riqueza y el poder político de las elites exportadoras aumentan y como el centro-izquierda se vuelve hacia la Derecha, como ha ocurrido con Correa, habrá mayor conflicto social y un nuevo ciclo de agitación política; si no es mediante las urnas será mediante las balas, a través de golpes de Estado o levantamientos populares.
El exitoso golpe de Estado en Honduras (2009) y el reciente y fallido golpe de Estado en Ecuador son sintomáticos de la profundización de la crisis de la política “post neoliberal”. La ausencia de una alternativa socialista, la fragmentación de los movimientos sociales, la adopción de “políticas de identidad” han debilitado gravemente una alternativa organizada eficaz cuando los regímenes de centro-izquierda entran en crisis. Por el momento, la mayoría de los “intelectuales críticos” se agarran al centro-izquierda confiando en una “vuelta a la izquierda”, en una rectificación política, en lugar de tomar el difícil pero necesario camino de la reconstrucción de una clase independiente basada en el movimiento socialista.
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández