11.12.23

GUERRA ASIMETRICA Y URBICIDIO EN GAZA

Carlos Fazio

Habrá un antes y un después tras la operación Diluvio de Al-Aqsa, de 

Hamas, y la ofensiva de retaliación y exterminio lanzada en la franja 

de Gaza por las Fuerzas de Defensa de Israel, el 7 de octubre, con el 

apoyo político y militar de la administración Biden.

Con el paso de los días el régimen colonial y expansionista de 

Benjamin Netanyahu elevó el urbicidio a su máxima expresión. 

Interrumpida por una tregua humanitaria de cuatro días, la actual fase 

de guerra no convencional urbana, asimétrica, tiene como principal 

objetivo declarado exterminar a la resistencia palestina 

-singularizada en Hamas con fines de propaganda bélica por el ejército 

de ocupación israelí-, enemigo difuso y disperso que se configura a 

través de una red de células o unidades pequeñas, semindependientes, 

pero coordinadas, que cuentan con una extrema flexibilidad de movimientos.

Hasta el presente, parte de la guerra asimétrica entre Israel (un 

ejército de 170 mil efectivos y 360 mil reservistas movilizados, 

modernos equipos militares y de inteligencia, y apoyadas por la Fuerza 

Delta del Pentágono), y la resistencia palestina (que vive hacinada en 

un campo de concentración a cielo abierto y no cuenta con ejército 

profesional, marina ni aviación), se manifestaba por el control 

absoluto del espacio aéreo por las fuerzas israelíes y el dominio 

palestino de la guerra subterránea a través de una red de túneles.

Antes del 7 de octubre, y desde 1948 (cuando se produjo la Nakba 

[catástrofe], que dio inicio a la destrucción de la sociedad y patria 

palestinas), la ocupación de los territorios árabes por sucesivos 

regímenes sionistas de Israel, ha involucrado una serie de procesos de 

dominación colonial y ocupación militar que incluye, hasta la 

configuración del actual apartheid automatizado, asentamientos de 

colonos supremacistas con armamento militar en puntos estratégicos 

alrededor de las principales zonas urbanas (como dispositivos 

panópticos urbanos [disciplinarios] para dividir el espacio y 

controlar las aldeas palestinas, lo que tipifica como crimen de guerra 

en virtud del Estatuto de Roma); la construcción de redes de 

vigilancia de alta tecnología (como el Cuerpo de Defensa de Fronteras, 

que recopila información mediante cámaras, dispositivos de detección y 

orientación mediante sensores acústicos, algoritmos informáticos y 

mapas, y son responsables de vigilar entre 15 y 30 kilómetros de 

terreno las 24 horas del día, proporcionando información de 

inteligencia en tiempo real a sus colegas militares en zonas 

ocupadas), a lo que se suman francotiradores robóticos capaces de 

disparar contra intrusos (como las ametralladoras de inteligencia 

artificial desarrollada por las empresas Rafael y Smartshooter, que 

pueden disparar granadas aturdidoras, balas de goma y gases lacrimógenos).

Lo anterior se complementa con sistemas interconectados: los muros de 

apartheid; la subdivisión y zonificación territorial, con carreteras y 

autopistas de circunvalación para uso único israelí; bases militares y 

puestos de control ( check points) e inspección con tecnología láser, 

torniquetes, detectores de metales y sistemas de escaneo; grabación 

electrónica de información mediante la intervención telefónica (vía el 

sistema de espionaje Pegasus) y la intercepción de mensajes 

electrónicos, televisión con circuito cerrado y vigilancia por video, 

sistemas de geoposicionamiento; tarjetas y software de identificación 

biométrica retiniana y facial Red Wolf (Lobo Rojo), de la empresa 

BriefCam, que permite detectar, rastrear, extraer, clasificar y 

catalogar (fichar) a los palestinos que aparecen en las grabaciones de 

videovigilancia en tiempo real; redes de espionaje dentro de poblados 

y comunidades (con colaboradores, informantes e infiltrados 

palestinos); uso de drones y aviones tripulados (para recabar 

inteligencia y llevar a cabo asesinatos selectivos, incluidas familias 

de combatientes y periodistas) y un conjunto de leyes y medidas 

burocrático-militares que traumatizan a la población gazatí.

Toda una suerte de urbanismo militar concentracionario de exportación 

(probado en el laboratorio palestino por el complejo militar 

industrial israelí, quinto exportador mundial de armas y líder en 

tecnología de vigilancia de fronteras), que se combina con una guerra 

híbrida, asimétrica y urbana en espacios densamente poblados, donde la 

infraestructura y la población civil se convirtieron en una fuente de 

objetivos y amenazas (de potenciales enemigos terroristas), y para lo 

cual las Fuerzas de Defensa de Israel y su servicio de inteligencia 

aérea, naval y de campo, el AMAN, junto con el Mosad (Instituto de 

Inteligencia y Operaciones Especiales) y el Shin Bet (el 

contraespionaje israelí), utilizan técnicas bélicas de rastreo y 

ataque, que deben dominar y controlar todos los espacios de la vida 

cotidiana en Gaza y Cisjordania, lo que ha dado lugar a una noción de 

la guerra como ejercicio permanente e ilimitado.

Esa doctrina militar israelí en los territorios ocupados ha sido 

descrita por Stephen Graham como urbicidio, esto es, la destrucción 

planificada, deliberada y sistemática de zonas urbanas, 

infraestructura civil y objetivos simbólicos de la vida y cultura 

palestina (transformadores de electricidad, depósitos de agua, 

carreteras, edificios de apartamentos, hospitales, escuelas, 

universidades, mezquitas, centros de refugiados de la ONU) como método 

permanente de invasión y estrangulamiento y de coacción física y 

sicológica sobre la insurgencia y la población civil.

Un patrón de tierra arrasada y asesinatos en masa que se ha venido 

agudizando como un continuum en el siglo XXI (por ejemplo, la 

Operación Plomo Fundido en 2008 y 2009), y que llegó a su máxima 

expresión con la incursión terrestre israelí a partir del 28 de 

octubre pasado, que desató una orgía de terror (de terrorismo de 

Estado israelí) ante los ojos del mundo en vivo y en directo, con una 

matanza deliberada e indiscriminada de civiles sin paralelo (Antonio 

Guterres dixit), incluidos bebés prematuros en incubadoras y pacientes 

con diálisis o graves que necesitaban cirugías de emergencia, como 

ocurrió en el bombardeo, asalto y destrucción del Hospital Al-Shifa (y 

en el nosocomio árabe cristiano Al Ahli y el Hospital Indonesio), 

sendos actos de castigo colectivo fríamente calculados y metódicos. A 

lo que se suma el asesinato selectivo de periodistas en Gaza y Líbano 

para ocultar las huellas del genocidio.

Tras la llamada pausa humanitaria de siete días que permitió el 

intercambio de mujeres y niños capturados por ambas partes -y con el 

veto de Estados Unidos al proyecto de resolución del Consejo de 

Seguridad de la ONU que buscaba un alto al fuego inmediato en la 

franja de Gaza-, el pasado 1º de diciembre el régimen de ocupación de 

Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra reiniciaron las operaciones 

de asesinato a gran escala mediante bombardeos de saturación contra la 

población palestina, que ya pueden equiparse con la devastación de 

Dresde, Hamburgo y Colonia durante la Segunda Guerra Mundial.

El objetivo de EU es preservar a Israel como cabeza de puente imperial 

en Medio Oriente, para controlar una zona estratégica que concentra 

las mayores reservas mundiales de recursos energéticos no renovables 

(petróleo, gas, uranio) y dominar las rutas del comercio marítimo -en 

particular el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el 

océano Índico-, lo que le daría además ventajas militares claves. De 

allí que mientras finge impotencia y frustración al no poder controlar 

el horror generado por el ejército israelí -exhibido día tras día urbi 

et orbi en imágenes con cuerpos inertes de niños palestinos que son 

sacados de los escombros-, Biden y Netanyahu impulsan de manera 

conjunta un plan cuyo objetivo es la despoblación total de Gaza, 

empujando a los sobrevivientes del genocidio hacia la desértica 

península del Sinaí en Egipto (como sugirió un documento interno de la 

ministra de Inteligencia, Gila Gamliel) o a un reasentamiento en otros 

países de acogida, como Turquía, Irak y Yemen, que recibirían 

generosas ayudas de EU.

Se pretende desaparecer la franja de Gaza o convertirla en una tierra 

vaciada de sus habitantes y abierta a la colonización –un verdadero 

gran remplazo-, para apoderarse definitivamente manu militari de los 

yacimientos submarinos de gas natural situados en aguas territoriales 

palestinas, como parte del proyecto de Washington y Tel Aviv de 

aterrizar el proceso de acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, 

que incluía la construcción (ya iniciada) del canal Ben Gurión 

(alternativo al canal de Suez, por donde pasa 12 por ciento del 

comercio mundial), que debería desembocar en Gaza, lo que permitiría 

poner un cordón sanitario a la Ruta de la Seda china... Y después seguir 

con la limpieza étnica de Cisjordania.

Sin embargo, hasta el presente, con su incursión en la franja de Gaza 

Israel y EU no obtuvieron ningún logro militar ni político de 

consideración. Y el fracaso en su intención de destruir a Hamas los 

obligó a negociar indirectamente con los grupos político-militares de 

la resistencia anticolonialista, antimperialista y de liberación 

nacional palestinos, que pese a sus diferencias tácticas e 

ideológicas, actúan de manera coordinada bajo el lema unidad de 

caminos (una suerte de bloque histórico –según el concepto gramsciano– 

de actores no estatales) y lograron cambiar el equilibrio estratégico 

en varias dimensiones a favor de Palestina.

Aunque existen evidentes indicios de que los servicios de inteligencia 

israelíes tenían información sobre los preparativos de un ataque 

palestino y se sospecha incluso de algún tipo de complicidad, todo 

indica que no se previó la magnitud de la operación militar el Diluvio 

de Al-Aqsa, que requirió una gran planificación y ejecución operativa, 

táctica y estratégica, que adquiere hoy proporciones casi míticas 

entre los pueblos árabes de Medio Oriente. La leyenda 

sionista-occidental sobre la invencibilidad de las Fuerzas de Defensa 

de Israel y la infalibilidad de la inteligencia del Mosad (que en la 

hipótesis de que pudieron inducir la acción, se les salió de control 

por la envergadura de los hechos), se hizo añicos tras la incursión de 

Hamas en el principal cuartel del ejército de ocupación israelí en el 

sur, que se presentaba como una joya tecnológica; la captura de dos 

generales; la liberación de 20 asentamientos y la retirada de los 

insurgentes a sus búnkeres subterráneos debajo de Gaza con más de 200 

rehenes israelíes.

Desde esa perspectiva, la tregua humanitaria y el intercambio de 

rehenes entre ambas partes representaron una victoria para el bloque 

de la resistencia palestina y una derrota humillante para Israel. La 

política de tierra arrasada y castigo colectivo sobre la población e 

infraestructura de Gaza, echó mano del sistema basado en inteligencia 

artificial Habsora (El Evangelio), descrito como una fábrica de 

asesinatos en masa, con énfasis en la cantidad de daños colaterales 

(civiles) y no en la calidad (combatientes abatidos) para ahorrar 

tiempo de inteligencia humana. Habsora es una herramienta de la 

Doctrina Dahiya (una adaptación israelí de la doctrina estadunidense 

de Conmoción y pavor [ Shock and awe]), basada en el uso de una fuerza 

masiva y desproporcionada, y demostraciones espectaculares de fuerza 

para paralizar la percepción del adversario en el campo de batalla, 

destruir su voluntad de luchar y empujar a los civiles a presionar a Hamas.


Pero Hamas y la Yihad Islámica no han sido aniquiladas sobre el 

terreno. Y el mito de la disuasión de Israel y EU ha sido superado por 

las tácticas de la nueva guerra asimétrica, tecnológicamente más 

compleja y multidimensional. A pesar de las grandes pérdidas, 17 mil 

997 muertos y unos 49 mil heridos en Gaza (una matanza sin precedentes 

con un patrón de actuación deliberado, cuyo saldo es superior a la 

media de víctimas civiles en todos los conflictos del mundo durante el 

siglo XX, donde los civiles representaron, aproximadamente, la mitad 

de los muertos), Palestina se ha convertido en una guerra existencial 

-no sólo de liberación nacional–, y se aplaste o no a Hamas, es hoy el 

símbolo de un despertar en el mundo árabe: el fin de siglos de 

humillación regional. Y tal vez, la chispa que encienda una 

transformación de raíz en la conciencia de todo Medio Oriente.


Aunque dialécticamente también podría ser el detonante de un conflicto 

geopolítico alentado por el Estado profundo que controla los pasos de 

Joe Biden, que ante la pérdida de hegemonía imperial, no duda en 

desencadenar una confrontación de dimensiones inimaginables que 

podrían derivar, incluso, en una Tercera Guerra Mundial. Si no, ¿cómo 

explicar el incremento de tropas y material bélico en las bases del 

Pentágono en Israel y toda la región y el enorme despliegue militar 

naval de EU y la OTAN en la zona del Mediterráneo frente a Irán y Líbano?

18.11.23

The Two Wars of the West

 by Manlio Dinucci

For a year and a half, we have been emphasizing that the United States’ war in Ukraine is having a serious impact on the standard of living of European Union citizens. That against Gazan civilians, too. However, the latter will also benefit the EU: we will finally be able to return to correct gas prices, thanks to the price that we will steal from the Palestinian survivors.

We are embroiled in two wars, in Europe and the Middle East, which have increasingly serious consequences for our living conditions and security.

On the European front, what the Wall Street Journal calls "one of the largest acts of sabotage in Europe since World War II" was carried out in September 2022: the United States, assisted by Norway and Poland, blew up the Nord Stream, the main gas pipeline carrying cheap Russian gas to Germany and from there to other European countries. The dynamics of this wartime action were reconstructed, based on precise evidence, by U.S. journalist Seymour Hersh and a German investigation.

U.S. Secretary of State Blinken called the Nord Stream blockade "a huge strategic opportunity for years to come" and pointed out that "the U.S. has become the main supplier of liquefied natural gas to Europe," gas that we European citizens pay much more for than what we used to import from Russia.

At the same time, the U.S. is passing on to Europe the enormous cost of the NATO war in Ukraine against Russia. The European Commission is paving the way for Ukraine’s next entry into the EU, with the consequence that we European citizens will be the ones paying for the huge Ukrainian deficit.

On the Middle East front, the European Union supports the war by which Israel, with the United States and NATO behind it, attacks Pelestine and fuels a regional conflict targeting Iran in particular. Italy, which has been linked to Israel by a military pact since 2004, has provided the fighter jets on which Israeli pilots are trained, which bomb Gaza massacring civilians, and supports the Israeli military in various ways. In return, PM Netanyahu has promised PM Meloni that Italy will become an energy hub for shunting to Europe the gas Israel will send through the EastMed pipeline.

The section of the offshore gas field, which Israel claims sole ownership of, is located largely in the territorial waters of the Palestinian Territory of Gaza and that of the West Bank. Through the EastMed pipeline Israel will thus export to Italy and the EU the Palestinian natural gas it has seized by military force.

15.11.23

La propaganda de guerra de Israel y la estrategia de negación del genocidio

Carlos Fazio / I

La falsa equivalencia mediática sobre la "guerra" en Gaza entre una potencia militar nuclear apoyada por una armada multinacional compuesta por 11 países y grupos de la resistencia palestina, que por muy bien pertrechado que estén −incluso con armamento traficado desde Afganistán y Ucrania− no representan un contrapeso al formidable poderío bélico del régimen de Tel Aviv, ha sido fabricada por los sofisticados aparatos de inteligencia militar israelíes como coartada para llevar a cabo un genocidio de manual con la complicidad del Occidente "civilizado".

En forma paralela a la guerra de exterminio y limpieza étnica en vivo y en directo −que supera ya 10 mil 500 muertos palestinos, incluidos más de 4 mil 200 niños−, en la batalla por el control y la manipulación de la "opinión pública" (israelí e internacional), desde el 7 de octubre y hasta nuestros días el gobierno sionista de Israel ha librado una guerra sin cuartel en el campo de la (des)información, que como es natural, incorpora a su red de embajadas en el orbe; entre ellas, la de México.

Sólo que en su estrategia de negación del genocidio y por controlar el flujo noticioso y ganar la batalla por "la mente y los corazones" –al imponer un bloqueo mediático y asfixiar informativamente a Gaza−, el ejército israelí también ha tomado como blanco a periodistas: desde el lanzamiento de la Operación Inundación de Al Aqsa de Hamas, van 49 trabajadores de la prensa asesinados y 24 corresponsales han sido capturados por el ejército de ocupación, lo que eleva a 39 el número de periodistas en cárceles de Israel.

Escudadas en la "seguridad nacional" y el patriotismo −mediante la censura militar y la mentira–, las operaciones de guerra sicológica dirigidas a influir en la conducta del enemigo, la propia fuerza y la población civil (israelí e internacional), han logrado enmascarar (así sea parcialmente) la ideología etnonacionalista, colonialista y expansionista de Benjamín Netanyahu y el partido Likud, con su régimen de apartheid mesiánico y teocrático, su bestiario y su proyecto de borrar del mapa a Gaza y Cisjordania, y construir una falsa narrativa simplista y maniquea singularizada en "Hamas, igual (o peor) que ISIS".

Una de las características de la gue-rra sicológica es el ocultamiento sistemático de la realidad. Con la fabricación de su "verdad oficial", el gobierno de Israel busca manufacturar una reali-dad a modo y, con ello, moldear la per-cepción y las emociones generalizadas, distorsiona o falsea datos, o bien inventa otros, como las historias sobre los "40 bebés decapitados" por Hamas y las "niñas israelíes violadas y sus cuerpos arrastrados por las calles", que desde tiempos inmemoriales pertenecen al repertorio clásico, de rigor, de cualquier operación de propaganda de guerra. Se recurre e insiste en temas deliberados, de manera principal a través de la sugestión compulsiva, con miras a alterar y controlar opiniones, ideas y valores y, en última instancia, cambiar las actitudes sociales según propósitos predeterminados.

Como en tantos pogromos y matan-zas anteriores, que abrevan en un larva-do proceso de deshumanización y desindividualización mediática de las víctimas, en este caso, la población palestina (considerada genéricamente subhumana y "terrorista"), la historia oficial israelí sobre lo que ocurre hoy en Gaza (y Cisjordania) se impuso a través de un proceso de intoxicación propagandística, intenso y muy agresivo, facilitado por los medios de difusión masiva corporativos de Estados Unidos, el Reino Unido y el Occidente colectivo, que de manera negligente replican y amplifican la propaganda proisraelí sin verificar los datos, y a la que se respalda al poner en juego todo el peso de los más altos cargos oficiales, como en el caso de Joe Biden y los "niños decapitados" o del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien calificó a los palestinos de "animales humanos" y llamó a Hamas "el ISIS de Gaza", lo cual fue secundado por Netanyahu y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.

La vieja táctica colonial del llamado mundo Occidental y cristiano, de deshumanizar al otro con un lenguaje zoológico. Asimismo, como decía Franz Fanon, el opresor hace del colonizado una especie de quinta esencia del mal; el mal absoluto, impermeable a la ética, ausente y negador de valores. Al presentar a Hamas como "salvajes", el objetivo de la propaganda de guerra israelí es igualarlo con toda la población gazatí (de la cual más de 40 por ciento son niños) y satanizarla colectivamente como "bárbara" −o facilitadora de la barbarie−, como arma para "justificar" el genocidio y encubrir su propio salvajismo. Lo que configura, también, todo un caso de proyección sicológica (la inversión de la acusación, donde el verdugo se convierte en víctima).

A lo que se suman el socorrido ardid para justificar las matanzas, de que Hamas usa a la población civil como "escudos humanos", y la equiparación del antisionismo con el antisemitismo para silenciar toda crítica al régimen colonialista de Israel. Cabe enfatizar que el racismo forma parte de la naturaleza colonialista, y el movimiento sionista no es la excepción. Las políticas de eliminación –que pueden adoptar las formas de genocidio, limpieza étnica y apartheid− forman parte del ADN sionista desde el inicio mismo del movimiento a finales del siglo XIX.

Tras la respuesta visceral y vengativa del gobierno de Israel, en realidad, de lo que se trata al utilizar el mito de la guerra bajo el falso argumento de la "legítima defensa" (poder del que carece Israel como potencia ocupante de acuerdo con el derecho internacional), es de demonizar al enemigo ("Hamas peor que ISIS"); arrancarle todo viso de humanidad y cosificarlo, de tal modo que su exterminio no equivalga a cometer brutales asesinatos en masa.

En medio de sus ataques de retaliación, punitivos e indiscriminados contra la población civil y la infraestructura edilicia, incluidos hospitales, mezquitas, escuelas, sedes de agencias de noticias y ambulancias ("En urbes tienes que tomar decisiones difíciles sobre objetivos", justificó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el 7 de noviembre), uno de los objetivos de la propaganda de guerra israelí es sustituir el razonamiento por las emociones (en particular el miedo, el odio, el rechazo, la abominación al palestino o árabe) y convencer a su propia población (y al planeta en general) de la necesidad de participar en una misión purificadora, reivindicadora o justiciera. (En sentido inverso, se recurre a la corrupción de la razón y el oscurecimiento del intelecto humano).

Al haber cumplido con la definición de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, según el derecho internacional, los asesinatos en represalia y las prácticas de castigo colectivo aplicados por el régimen de Netanyahu –similares a los que llevaron a cabo los nazis para suprimir a la resistencia en Europa ocupada−, responden a una estrategia militar conocida como "doctrina Dahiya", aplicada por el comandante de la Fuerza de Defensa de Israel, Gadi Eisenkot, durante la guerra del Líbano en 2006, y luego en Gaza, en 2008.

Dicha doctrina −que recoge el nombre del barrio de Dahiya en Beirut occidental, según recordó en la coyuntura Scott Ritter, ex oficial de inteligencia del cuerpo de marines de Estados Unidos−, implica el ataque deliberado a la población y la infraestructura civil con el propósito específico de causar grave sufrimiento y angustia a los habitantes del objetivo elegido, al destruir simultáneamente al enemigo (Hezbollah, en el caso libanés; Hamás en Gaza). Incluye, además, el asesinato intencional de mujeres, niños y ancianos (lo que califica a Israel como un Estado terrorista), porque en su intento por "borrar a Hamas de la faz de la Tierra" y convertirlo en "escombros" (Netanyahu y Gallant dixit), en esa guerra híbrida asimétrica no hay leyes que protejan a los no combatientes (amén de que a priori todos los gazatíes han sido igualados a Hamas, por lo que el único gazatí bueno es el gazatí muerto). Peor: según publicó la ONG israelí Breaking the silence, soldados han reconocido recibir órdenes del alto mando israelí de disparar a matar contra niñas y niños en Palestina. La situación ha llegado a tal grado que hasta el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseveró que Gaza se convirtió en "cementerio de niños".

Surgen evidencias de que el alto mando militar israelí ordenó matar connacionales


Todo indica que la ferocidad genocida del gobierno ultraderechista del Likud, en la coyuntura, alcanza a sus connacionales, incluidos soldados, agentes de inteligencia y civiles. Con el paso de las horas y los días, nuevas declaraciones de testigos israelíes parecen confirmar que, desbordados por el todavía difuso ataque relámpago de los militantes de Hamas, el 7 de octubre, mandos militares israelíes recurrieron a la artillería pesada –incluidos tanques y helicópteros de ataque Apache−, para enfrentar y neutralizar a los insurgentes, e incluso pusieron en práctica el llamado procedimiento Aníbal, que ordena a las tropas israelíes matar a sus compañeros soldados antes de permitir que sean tomados cautivos para ser canjeados por presos palestinos.

Esa habría sido la razón del autoataque a la enorme instalación militar israelí ubicada en el paso fronterizo de Erez, sede de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios –Ocupados– (Cogat), que funciona como centro neurálgico del asedio israelí a Gaza, y también a residencias del kibutz Be’eri y otros cercanos que habían sido copadas por los fedayines, así como contra vehículos que regresaban a Gaza (con presuntos guerrilleros y rehenes) desde el festival de música electrónica Nova.

Citando información de medios de difusión israelíes como el diario Haaretz, Mako, Radio Israel, Yedioth Aharanoth ( Ultimas Noticias, el mayor periódico en lengua hebrea publicado en Tel Aviv) y la cuenta de Telegram de South Responders, periodistas de investigación como Max Blumenthal y Jonathan Cook, desmontaron y denunciaron −como antes Robert Inlakesh y Sharmine Narwani en The Cradle−, la propaganda de guerra del régimen supremacista de Netanyahu, incluida la diatriba del embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, el 26 de octubre pasado, quien portando una estrella amarilla adherida en el pecho con la leyenda nunca más ( never again), gesticuló y bramó airadamente en el podio que su país estaba luchando contra animales, antes de exhibir un papel que mostraba un código QR con la leyenda:Escanee para ver las atrocidades de Hamas.

Sin embargo, de acuerdo con los testimonios y el análisis de información y videos que circularon en las redes sociales y los medios israelíes, incluidas ocho espeluznantes imágenes de cuerpos quemados y ennegrecidos, así como un montón de cadáveres masculinos carbonizados en un contenedor, que se encontraban tras escanear el código exhibido por Erdan en la ONU, más que demostrar las presuntas atrocidades de Hamas generaron interrogantes como la formulada por Max Blumenthal en The Grayzone: “¿Se habrían deshecho los rescatistas y médicos (forenses) de los judíos israelíes muertos (el 7 de octubre) de esa manera? Con el agregado de que 12 horas después de la teatralización de Erdan en la ONU, el archivo de Google Drive sólo contenía un breve video y entre las fotos misteriosamente desaparecidas estaba la imagen del contenedor lleno de cadáveres carbonizados. Cuestiona Blumenthal: “Se había borrado porque mostraba a combatientes de Hamas calcinados por un misil Hellfire, y no a israelíes ‘quemados hasta la muerte’ por Hamas?”

Pero sin duda, la que parece ser la operación de fuego amigo más singular, es la que ocurrió en la sede militar que alberga a la División de Gaza del ejército de Israel, asiento de la Cogat, tras ser asaltada por milicianos de Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Videos grabados con cámaras GoPro presuntamente instalados en los cascos de los combatientes palestinos, exhiben a soldados israelíes abatidos en rápida sucesión, muchos de ellos todavía en ropa interior. Blumenthal señala que allí habrían muerto al menos 340 soldados en activo (entre ellos algunos burócratas al servicio de la administración civil) y oficiales de inteligencia (cerca de 50 por ciento de las bajas confirmadas ese día), incluidos oficiales de alto rango como el coronel Jonathan Steinberg, comandante de la brigada israelí Nahal.

Según Haaretz, el comandante de la División de Gaza, el general de brigada Avi Rosenfeld, se atrincheró en la sala de guerra subterránea (del cuartel) junto con un puñado de soldados (entre los que había personal femenino), intentando desesperadamente rescatar y organizar el sector atacado. El general Rosenfeld se habría visto obligado a solicitar un ataque aéreo contra la propia base (en el cruce de Erez) para repeler a los terroristas. El diario consigna que muchos soldados, que no eran personal de combate, murieron o resultaron heridos en el exterior. Un video publicado por la Cogat 10 días después de la batalla –y del ataque aéreo israelí− muestra graves daños estructurales en el tejado de la instalación castrense.

Según Jonathan Cook −quien criticó de negligente a la BBC de Londres, por apegarse a la narrativa del ejército israelí elaborado para ellos y otros medios occidentales cuando había evidencias en contrario de los propios órganos de prensa israelíes−, los helicópteros (Apache) parecen haber disparado indiscriminadamente, a pesar del riesgo que representaba para los soldados israelíes en la base que aún estaban vivos. De acuerdo con Cook, Israel usó una política de tierra arrasada para impedir que Hamas lograra sus objetivos de capturar soldados para canjearlos después por prisioneros palestinos. Eso, a su juicio, puede explicar la gran cantidad de soldados israelíes muertos ese día.

Al igual que Max Blumenthal, Cook señaló que el ejército uso la llamada Directiva Aníbal, un procedimiento militar establecido en 1986 tras el Acuerdo de Jibril, por el que Israel intercambió mil 150 prisioneros palestinos por tres soldados israelíes. Tras una fuerte reacción política, el ejército redactó una orden de campo secreta para evitar futuros secuestros. La directiva ordena a las tropas matar a sus propios compañeros soldados en lugar de permitir que sean tomados cautivos, dado el alto precio que la sociedad israelí insiste en pagar para garantizar el regreso de sus soldados.

Otro medio israelí, Mako , recogió declaraciones de militares que dijeron que tras el rápido colapso de la División Gaza del ejército, y cuando la mayoría de las fuerzas (palestinas) de la oleada de invasión original ya habían abandonado la zona en dirección a Gaza, tenían en el aire dos escuadrones de helicópteros Apache (ocho aparatos), pero casi no había información de inteligencia que ayudara a tomar decisiones. Los pilotos testificaron que “dispararon una enorme cantidad de municiones, vaciaron la ‘panza del helicóptero’ en minutos, volaron para rearmarse y volvieron al aire, una y otra vez. Pero no sirvió de nada y lo entienden”.

De acuerdo con las versiones de testigos oculares y de los propios pilotos de las fuerzas especiales, el alto mando militar también les ordenó disparar contra los vehículos que regresaban a Gaza después del festival, con aparente conocimiento de que en su interior podía haber rehenes israelíes, y contra personas desarmadas que salían de los coches o caminaban a pie por los campos de la periferia de Gaza. Un pilotos declaró que tuvo que enfrentar el tortuoso dilema de disparar o no contra las personas y los vehículos donde podía haber cautivos israelíes, pero optó por abrir fuego de todos modos; otro señaló que no sabía sobre qué disparar, porque son muchos, y uno más dijo que nunca pensé que iba a disparar a gente en nuestro territorio.

Igual ocurrió con los puestos avanzados, asentamientos y kibutz tomados inicialmente por los combatientes de Hamas. Según el diario Yedioth Aharanoth, los pilotos dijeron que no podían distinguir quién era un terrorista y quién un soldado o un civil, hasta que se dieron cuenta de que tenían que saltarse las restricciones y empezaron a rociar a los terroristas con los cañones por su cuenta, sin autorización de sus superiores. Así, sin ningún tipo de inteligencia ni capacidad para distinguir entre palestinos e israelíes, los pilotos soltaron una furia de cañonazos y misiles.

Uno de los casos más utilizados por el ejército israelí para exhibir las aparentes atrocidades cometidas por Hamas, fue el del kibutz Be’eri. Diferentes versiones indican que cuando el ejército llegó y estuvo en posición, los militantes de Hamas estaban bien atrincherados y habían tomado a sus habitantes como rehenes dentro de sus propios hogares. Testimonios e informes periodísticos sugieren que Hamas estaba tratando de negociar un paso seguro a Gaza, utilizando a los civiles de escudos humanos, y el objetivo era cambiar después a los rehenes por la liberación de presos palestinos.

El diario Haaretz ha destacado el testimonio de Tuval Escapa, coordinador de seguridad del kibutz, quien aseguró que los comandantes militares israelíes ordenaron el bombardeo de casas con sus ocupantes adentro para eliminar a los terroristas junto con los rehenes.

Según el periódico, el ejército pudo tomar el control sobre el kibutz después de que tanques bombardearon las casas, con el precio terrible de al menos 112 residentes asesinados. A su vez, en su testimonio a Radio Israel, Yasmin Porat dijo que cuando llegaron las fuerzas especiales a Be’eri, eliminaron a todos, incluidos los rehenes en medio de un fuego cruzado muy, muy intenso. Agregó que después de un fuego cruzado demencial, dispararon dos proyectiles de tanque contra una casa. La cuenta en Telegram de los South Responders de Israel y el diario conservador New York Post informaron que bajo los escombros aparecieron varios cadáveres carbonizados, incluido el de un niño.

Asimismo, la cuenta de South Responders divulgó un video que muestra un auto lleno de cadáveres carbonizados a la entrada del kibutz Be’eri, que el ejército israelí presentó como víctimas de connacionales ejemplo de la sádica violencia de Hamas. Sin embargo, como señaló Max Blumenthal, la carrocería de acero fundido y el techo derrumbado del vehículo, así como los cadáveres en su interior, “evidencian el impacto directo de un misil Hellfire”.

13.11.23

Se debe frenar la barbarie sionista

Alentado por una ideología etnonacionalista expansionista, colonialista, mesiánica y teocrática, el régimen sionista de Benjamin Netanyahu y su partido Likud llevan a cabo un genocidio de manual en Gaza con la complicidad y el apoyo militar in situ de la administración Biden y el Occidente colectivo.

Un mes después del lanzamiento de la Operación Inundación de Al Aqsa por grupos de la resistencia palestina contra el ejército de ocupación israelí, los incesantes ataques de retaliación, punitivos e indiscriminados contra la población civil y la infraestructura edilicia −incluidos hospitales, mezquitas, escuelas, campos de refugiados, sedes de agencias de noticias y ambulancias−, cuyo saldo asciende ya a 11 mil personas muertas (de ellas 4 mil 500 niños y 40 periodistas), no hay explicación ética ni política a esa práctica de castigo colectivo y exterminio que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad según el derecho internacional.

Para el filósofo italiano Franco Bifo Berardi, la única explicación al comportamiento del régimen de Netanyahu es la sicopatía, es decir, el sufrimiento síquico, el deseo de sangre, el horror, la muerte, que deviene de la humillación sufrida por el pueblo judío europeo a manos de la Alemania nazi, y que requirió una compensación síquica que es la persecución y el exterminio del pueblo palestino, que no tuvo nada que ver con el Holocausto.

Cabe recordar algunos datos que se remontan al origen del Estado de Israel hace 75 años. El 4 de diciembre de 1948, pocos meses después de que Israel declarara su independencia, The New York Times publicó una carta en la que Albert Einstein, junto con otras celebridades judías, incluida Hannah Arendt, al protestar por la visita a Estados Unidos de Menahem Begin, joven líder del recién fundado partido ultranacionalista Herut (Libertad, precursor del partido Likud conforme a la ideología de Vladimir Jabotinsky), aseveraron que esa agrupación tenía un enorme parecido en cuanto a su organización, métodos, filosofía política y planteamientos sociales, a los partidos nazi y fascista. Denunciaron, también, que Herut había sido formado por miembros y partidarios del grupo paramilitar Irgun Zyai Leumi, banda terrorista de extrema derecha, chovinista, famosa por sus numerosas masacres contra las comunidades árabes en Palestina que condujeron a la Nakba, la limpieza étnica catastrófica del pueblo palestino desde su patria histórica en 1947-1948.

Einstein, Arendt y los intelectuales judíos pusieron como ejemplo el ataque de bandas terroristas israelíes al poblado árabe Deir Yassin −reseñada incluso por The New York Times el 9 de abril de 1948−, que no constituía ningún objetivo militar y que dejó un saldo de 240 hombres, mujeres y niños muertos, donde mantuvieron a algunos con vida para exhibirlos como prisioneros en las calles de Jerusalén. También denunciaron que el Partido de la Libertad de Begin predicaba entonces entre la comunidad judía una mezcla de ultranacionalismo, misticismo religioso y superioridad racial y, como otros partidos totalitarios, colaboró para romper huelgas y destruir sindicatos libres, impulsando en su congreso el modelo fascista italiano de las uniones corporativas. Y consignaron que antes de la constitución del Estado de Israel, el Irgún y la banda Stern implantaron el reino del terror entre la comunidad judía de Palestina, con métodos propios de los gángster: palizas, ventanas rotas y robos generalizados, concluyendo que a partir de su expediente histórico en Palestina, Begin y su agrupación Herut tenían el sello inconfundible de un partido fascista para el cual el terrorismo (contra judíos, árabes y británicos por igual) y la mentira, son el método.

La política de limpieza étnica de Netanyahu y el Likud (limpio de judíos [ judenrein] decían los nazis) está inscrita en el acta de nacimiento del Estado de Israel. Según Noam Chomsky, la doctrina militar de atacar civiles indefensos figura en una frase del Diario de la Guerra de Independencia de David Ben Gurión (fundador del Estado israelí), del 1º de enero de 1948: No hay duda de si una reacción es necesaria o no. La cuestión es sólo el momento y el lugar. Volar una casa no es suficiente. Lo que se necesita son reacciones crueles y enérgicas. Necesitamos precisión en tiempo, lugar y víctimas. Si conocemos a la familia (debemos) golpear sin piedad, mujeres y niños incluidos. De lo contrario, la reacción es ineficaz. En el lugar de la acción no es necesario distinguir entre culpables e inocentes.

A su vez, en otra carta a Eric Gutkind (1/1/1954), reivindicándose como parte del pueblo judío, Einstein expresó que la religión judía no adulterada es, como las demás religiones, una encarnación de la superstición primitiva, y que para él no tenía “ningún tipo de dignidad distinta de la de otros pueblos (…), de hecho, no es mejor que otros grupos humanos, aunque esté protegido de los peores excesos gracias a una falta de poder. Por lo demás, no hay nada que me haga deducir que son los elegidos”. (En sentido inverso, es capaz de los peores excesos gracias a su formidable poder).

Mientras instrumentalizan y hacen un uso demagógico del antisemitismo para despreciar o estigmatizar el antisionismo (de vivir hoy Einstein seguramente sería tildado de antisemita o como un judío que se odia a sí mismo), los líderes del Likud hablan abiertamente de genocidio y asesinato, mientras promueven a Israel como un ícono de la civilización, la democracia y los derechos humanos.

Como dice Berardi, el grupo de mafiosos corruptos que gobierna en Tel Aviv ha perdido la cabeza y buena parte de la sociedad israelí vive una crisis sicótica con un poder de contagio muy grande. A tal punto ha crecido la matanza, que hasta el presidente francés Emmanuel Macron declaró a la BBC que, “ de facto, hoy los civiles (en Gaza) son bombardeados. Bombardean y matan a bebés, mujeres y ancianos. No hay razón ni legitimidad para ello. Así que instamos a Israel a que se detenga” ( ergo, se lavó las manos o como dijo Nassim Taleb, las ratas abandonan el barco).

El genocidio no debe ser normalizado. Se debe frenar, sí, el actual tsunami de odio. La esperanza se mantiene viva porque el pueblo palestino todavía resiste, pero necesita más solidaridad mundial. Es la única manera para que el fantasma de Herut deje de obsesionar a los palestinos, y para que las filosofías nazi y fascista sean derrotadas para siempre.

 

12.3.23

PAN, detrás del financiamiento a García Luna, socio del Cártel de Sinaloa

Nancy Flores


El PAN no sólo contribuyó al ascenso de Genaro García Luna –socio del Cártel de Sinaloa y exsecretario de Seguridad– dentro del gobierno federal, sino que también está detrás del financiamiento a su red de corrupción: en el gobierno panista de Felipe Calderón, sus empresas obtuvieron 10 contratos ilícitos por 316 millones 675 mil 995 dólares. Aunque los políticos de ese partido de ultraderecha insisten en que no tienen nada que ver con García Luna, el propio Partido Acción Nacional le transfirió 1.1 millones de pesos a una de sus empresas en abril de 2015, cuando Gustavo Madero era su presidente

Detrás del ascenso político y financiero de Genaro García Luna está el Partido Acción Nacional (PAN). El socio del Cártel de Sinaloa y mano derecha de Felipe Calderón –encontrado culpable de narcotráfico en el juicio en una Corte federal del Distrito Este de Brooklyn, Estados Unidos– escaló primero a la Agencia Federal de Investigación, creada por el gobierno panista de Vicente Fox, y después con Calderón asumió una secretaría de Estado: la de Seguridad Pública. Al tiempo, el exfuncionario empezó a amasar su fortuna malhabida. Incluso su esposa Linda Cristina Pereyra declaró en el juicio que fue gracias al seguro de separación individualizada que le pagó la AFI, como compraron una de las residencias de lujo que poseen en México.

El PAN no sólo es responsable de que en México haya operado un narco-Estado entre 2001 y 2012, sino también del desfalco multimillonario que cometió García Luna. En el gobierno panista de Calderón, dos entidades federales suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de corrupción de García Luna, por 316 millones 675 mil 995 dólares. Todas las contrataciones fueron por adjudicación directa. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, además el propio Partido Acción Nacional le hizo una transferencia el 24 de abril de 2015 vía SPEI –transferencia interbancaria dentro del mercado financiero mexicano– a Glac Security Consulting Technology Risk, propiedad de la familia García Luna, por 1 millón 160 mil pesos.

Es la prueba de que el PAN es uno de los financiadores de García Luna, de acuerdo con lo que reveló el pasado 9 de marzo Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera: “hay una cosa que llama mucho la atención, sobre todo por lo que se ha dicho en relación con García Luna: aquí tenemos una operación del 24 de abril de 2015 SPEI –quiere decir una transferencia interbancaria dentro del mercado financiero mexicano– del Partido Acción Nacional hacia GLAC Security Consulting Technology Risk, que es propiedad de García Luna y de la familia de García Luna, [por] 1 millón 160 mil pesos, moneda nacional”. En aquel momento el presidente del partido era Gustavo Madero Muñoz, y el secretario general, José Isabel Trejo Reyes.

Durante la conferencia presidencial de ese día, el funcionario indicó que “el conecte comercial que había entre Acción Nacional y GLAC Security, encabezado por García Luna, no era ajeno a la relación con su partido, que es lo que se dice insistentemente. Se han dicho muchas cosas en descargo de responsabilidades políticas evidentes, pero no solamente hay responsabilidades políticas evidentes, sino también hay vínculos que ya no son de tipo que tiene que ver con ideas, con planteamientos, con lo que sea, sino ya algo mucho más cercano al grado de tener un vínculo comercial, digamos, un acto comercial que de todas maneras pues queda ahí para la historia como todas las demás”.

La crítica del titular de la UIF se deriva de los deslindes que hicieron los militantes del PAN. Por ejemplo, el pasado 23 de febrero –dos días después de que García Luna fue declarado culpable de los cinco cargos imputados en la Corte federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York–, Marko Cortés afirmó en un video que el exsecretario de Seguridad Pública nunca militó en el partido. “Él con nosotros no tiene nada que ver”, aseguró Marko Cortés antes de que se revelara que en 2015 se dio la operación comercial entre el PAN y GLAC.

Acerca de esta transacción financiera por 1 millón 160 mil pesos, Pablo Gómez dijo que en este caso no se afirma “que hay de seguro un delito; en este caso existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, entre Acción Nacional y la empresa madre de la trama corrupta [GLAC], que es lo fundamental: hubo una relación financiera concreta”.

Al respecto, el titular de la UIF cuestionó: “¿qué significado tiene? El fiscal [general de la República, Alejandro Gertz] que tiene toda esta información es el que tiene que hacer la investigación. Vamos a decir, la UIF no hace investigaciones, recibe información y la analiza, y está a la disposición de las entidades que la necesitan: desde luego el gobierno, el Ministerio Público en todos sus niveles, tanto federal como local, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de la Función Pública, en fin, todo el entramado del Estado que requiere de información de inteligencia financiera, esa es la función”.

Gómez aseguró que toda esta información ya fue entregada a la FGR, pero explicó que “el producto de inteligencia no es una prueba ante un tribunal en ninguna parte del mundo; es, digamos, uno de los elementos con el que funciona el sistema mundial de inteligencia financiera. Qué bueno que no lo es porque debe intervenir el Ministerio Público y convertir la información de inteligencia, que es exacta y proviene de la fuente original, convertirla a través de la autorización del juez o del mandato judicial en prueba plena en un tribunal de justicia. Es así cómo funcionan las cosas”.

La empresa familiar GLAC

La Unidad de Inteligencia Financiera documentó que la empresa GLAC Security Consulting Technology Risk Management, SC, es propiedad directa de García Luna. Ésta fue constituida en México el 12 de septiembre de 2014, y tiene registrada como actividad/giro: seguridad privada, servicios de asesoría y estudios técnicos de arquitectura e ingeniería (incluso diseño industrial).

Sobre su corporativo, la UIF detalló que los accionistas son: Genaro García Luna con el 85 por ciento de las acciones y Linda Cristina Pereyra Gálvez (su esposa) con el 15 por ciento. Mientras que sus apoderados son: Edgar Anuar Rodríguez García, Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, Gloria García Luna y Esperanza García Luna (hermanas del exsecretario de Seguridad Pública).

Respecto de su actividad financiera, la Unidad reveló que de 2015 a 2019 recibió 136 millones 290 mil 858.84 pesos, de los cuales destacan los siguientes ordenantes:

-57 millones 986 mil 666.60 pesos, del gobierno de la Ciudad de México, de los cuales 31 millones 320 mil pesos fueron pagados en 2017 mediante tres cheques interbancarios y 26 millones 666 mil 666.60 pesos pagados en 2018 mediante Speis, con motivo de un supuesto reconocimiento de adeudo.

-20 millones 200 mil pesos de Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, empresa que recibió 42 millones 82 mil 734.90 pesos de Nunvav, Inc (Grupo Weinberg).

-2 millones 637 mil 204.97 pesos de Genaro García Luna.

-4 millones 700 mil 400 pesos de GL and Associates Consulting, LLC (Grupo García Luna).

-800 mil pesos de Linda Cristina Pereyra Gálvez.

Además, se informa que de 2013 a 2019 envió recursos por 101 millones 500 mil 663.44 pesos, de los cuales destacan los siguientes:

-50 mil dólares y 16 millones 959 mil 657.40 pesos a GL and Associates Consulting, LLC (Grupo García Luna).

-1 millón 815 mil 811 pesos a Gloria García Luna.

-528 mil 371.17 pesos a Genaro García Luna.

-130 mil 900 pesos a Linda Cristina Pereyra Gálvez.

-125 mil pesos a Facundo Rosas Rosas en 2019 (excolaborador de García Luna y firmante en los contratos de Policía Federal).

-65 mil pesos a Esperanza García Luna.

-35 mil 735 pesos a Luz María García Luna.

Los 10 contratos del gobierno de Calderón

Otra de las conexiones financieras relevantes documentadas por la UIF corresponde a los 10 contratos que el gobierno de Calderón dio a las empresas de la red de corrupción de García Luna. La Unidad de Inteligencia documentó que a la empresa Nice System se le asignaron tres contrataciones, por 69 millones 100 mil dólares en total, por parte de la Policía Federal cuando su titular era Rodrigo Esparza Cristerna.

Además, esa institución dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, asignó a la empresa Nunvav, Inc, un contrato por 2 millones 500 mil dólares. En una de esas contrataciones intervino Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional y mano derecha de García Luna, reveló Pablo Gómez.

Posteriormente a la misma empresa Nunvav, Inc, se le asignaron cinco contratos por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a cargo entonces del comisionado Eduardo Enrique Gómez García, con la participación de Gonzalo Villarreal Guerra como coordinador general de los centros federales. El monto ascendió a 233 millones 75 mil 995 dólares.

Y el último contrato se asignó por la Policía Federal, cuando al frente de ésta se encontraba Maribel Cervantes Guerrero. Fue por 12 millones de dólares.

A estos contratos se le agregan otros 19 que obtuvo García Luna mediante su red de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En total, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador calcula que el daño patrimonial a la nación supera los 745 millones 879 mil dólares (unos 14.1 mil millones de pesos). Tras pasar por distintos sistemas financieros –incluidos los paraísos fiscales de Curacao, Letonia, Panamá y Barbados, el dinero se concentraba en Florida, Estados Unidos.

En esa entidad, García Luna, su familia y sus socios poseían más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida: caso 2021-021562-CA-01. Éste se entabló por las presuntas violaciones a las leyes de Remedios Civiles para Prácticas Criminales; Uniforme de Transferencias Fraudulentas de Florida, y por los supuestos delitos de conversión y enriquecimiento ilícito por fideicomiso construido. Ésta no sólo acusa a Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez y sus socios, sino también a las empresas Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; y Gull Holding Enterprises, Inc, entre otras.

De acuerdo con la investigación de la UIF, el fraude a la Hacienda Pública ocurrió mediante al menos 30 contratos ilegales asignados en el sexenio de Calderón desde la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que dependían del propio secretario de Seguridad Pública; y en el sexenio de Peña, desde el Cisen y el OADPRS; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Las contrataciones favorecieron a cuatro empresas: Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; Nice Systems, Ltd; y GLAC.

Entre las pruebas que ha presentado la UIF, en nombre del Estado mexicano, se encuentra un rastreo pormenorizado de los movimientos financieros de García Luna, otras siete personas –Linda Cristina Pereyra Gálvez (su esposa), Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro– y 44 empresas. Todos, identificados como parte de la red de corrupción del exfuncionario y aliado del Cártel de Sinaloa.

En este seguimiento, a la autoridad hacendaria también le llamó la atención que García Luna viajó con frecuencia a Estados Unidos y Colombia, mientras que Linda Cristina Pereyra visitó de forma recurrente Estados Unidos y España.

En el presunto caso de peculado, para la UIF las compañías que tuvieron una participación más relevante son Nunvav, Inc, y Nunvav Technologies, Inc. Éstas concentraron 26 de los 30 contratos ilegales, por un monto global de 675 millones 268 mil 906.92 dólares.

En rebeldía, García Luna, Pereyra y los Weinberg

El exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, así como su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez, “junto con otras personas del entorno más íntimo de García Luna, fueron citadas a la Corte [de Florida, Estados Unidos], no concurrieron al juicio y se les pasó el tiempo. Están en una situación como de rebeldía”, explicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.

Se trata de todas las personas físicas y morales demandadas civilmente por el gobierno de México, entre ellos: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro; así como las empresas Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; y Gull Holding Enterprises, Inc, entre otras.

En la conferencia presidencial del 9 de marzo, Pablo Gómez indicó que esa situación de rebeldía “no se considera desacato porque no tienen obligación de concurrir. La persona que es demandada por la vía civil que no concurre pues está implícitamente admitiendo frente a ese tribunal que las cosas son como el demandante las dice. […Y] ninguno de los dos concurrió”.

El titular de la UIF expuso que a pesar de que García Luna ya estaba detenido cuando todavía tenía tiempo de concurrir a la Corte de Florida, “lo pudo haber hecho a través de sus abogados. Sus abogados y ellos decidieron no concurrir”.

9.2.23

La verdad sobre Calderón

Fabrizio Mejía Madrid

“De los testimonios de Veytia podemos concluir que el acuerdo del calderonismo con la Federación duró apenas un año y, cuando se enfrentaron los Beltrán al Chapo, el Presidente Calderón dio la orden de apoyar a éste último”.


El juicio a Genaro García Luna en Nueva York ha arrojado una historia distinta a la que conocíamos sobre Felipe Calderón. Durante años hemos dicho que, por haber llegado mediante un fraude electoral a la Presidencia de México, Calderón decidió legitimarse estallando una “guerra contra el crimen organizado”. Pero los nuevos datos del juicio señalan que la complicidad con el narcotráfico venía desde mucho antes y que no necesariamente respondió a un dilema político —que no había ganado la elección de 2006— sino, más bien, a que, durante los sexenios de Acción Nacional, se creó una estructura paralela al Estado mexicano, compuesta por servidores públicos, militantes del partido, y jefes del narco, todos unidos por ser cómplices en el delito.

Veamos con más detalle esta historia. Dieciocho días después de que el Tribunal Electoral lo declarara presidente electo, Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, asistieron como padrinos a un bautizo en Torreón, Coahuila. La bebé que sería bautizada era hija del senador de Acción Nacional, Guillermo Anaya Llamas, y de María Teresa Aguirre Gaitán. El hermano de “El Grande”, jefe del grupo de los Beltrán Leyva en la Comarca Lagunera, era esposo de la hermana del senador del PAN y ex alcalde de Torreón. Así que “El Grande” fue encomendado para asistir al bautizo con una petición de La Federación, es decir, de los Beltrán Leyva, el Chapo Guzmán, y el Mayo Zambada, al nuevo presidente electo. Se le pidió a Calderón nombrar a Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública de México. La exigencia fue aceptada y García Luna tomó posesión como super policía desde el primero de diciembre de ese año. La “guerra contra el narco” fue anunciada dos meses y medio después de ese bautizo, hasta el 11 de diciembre de 2006. Así que podemos concluir que la idea de ponerse al servicio del Cartel de Sinaloa precedió a cualquier plan de supuesta seguridad. Y, por lo tanto, el anuncio de la famosa “guerra contra el narco” que comenzó sin diagnóstico ni estrategia en el estado de Michoacán, no fue sino para esconder el acuerdo previo de apoyar la expansión del cartel de La Federación por todo el país. Tampoco se sostiene que Calderón “no supiera” qué hacía su secretario de seguridad, García Luna, porque fue él quien aceptó una exigencia de los narcotraficantes, en aquel bautizo de Acción Nacional el 25 de septiembre de 2006. Si lo hizo por un cálculo político o simplemente por dinero, queda todavía en lo incierto, pero al poco tiempo volvió a hacer lo mismo: apoyar al Chapo Guzmán. A esa historia volveremos después.

Un año después, en el 2007, el gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira, acusó al senador del PAN, Anaya Llamas, de tener vínculos con el narco. Por los testimonios en el juicio ahora sabemos que el propio Moreira sirvió de fachada, con una partida de fomento al turismo, para la entrega de sobornos a periodistas y dueños de medios de comunicación. Que el propio García Luna pagó “toneladas” de 25 millones de pesos al mes —300 millones al año— al periódico El Universal, para encubrar su imagen como policía eficiente. Que el columnista Antonio Navalón, representante del grupo español Prisa en México candidateó a García Luna para la presidencia de la República en su artículo de El Universal del 25 de octubre del 2010. Cuando ya era dirigente nacional del PRI, Moreira fue investigado por corrupción, endeudar a su estado con documentos falsificados del Congreso local, y lavado de dinero en paraísos fiscales como Mónaco e Islas Caimán, pero fue exonerado por la PGR de Calderón un mes antes de que tomara posesión Enrique Peña Nieto en 2012. Es decir, si de Fox a Calderón hubo una complicidad en ascender de puesto a García Luna —de la AFI a la Secretaría de Seguridad—, de Calderón a Peña Nieto existió el mismo pacto para exonerar a políticos enriquecidos por sus lazos con narcotraficantes.

Pero esta historia viaja de Coahuila a Nayarit. En el juicio en Nueva York se presentó como testigo de la Fiscalía a Edgar Veytia, el ex fiscal del gobierno de Ney González. Con suma sinceridad, Veytia ha dicho que los gobernadores de Nayarit, tanto Ney González como Roberto Sandoval, le tenían lealtad a los Beltrán Leyva porque les pagaban las campañas electorales. Y que, cuando las empezó a pagar el Cartel Jalisco Nueva Generación, traicionaron a sus antiguos patrocinadores. Veytia declaró en Nueva York que fueron Felipe Calderón y García Luna los que les dieron la instrucción: “El Chapo no se toca”, cuando los dos grupos de criminales se enfrentaron en el 2008. Que una vez tuvieron hasta que liberar al capo de una detención en una carretera porque así lo pedía el Presidente Calderón, que esa era “la línea”.

De los testimonios de Veytia podemos concluir que el acuerdo del calderonismo con la Federación duró apenas un año y, cuando se enfrentaron los Beltrán al Chapo, el Presidente Calderón dio la orden de apoyar a éste último. Unas horas después de que se diera este testimonio de Veytia en el juicio, Felipe Calderón respondió desde el exilio en España: “Nunca negocié ni pacté con criminales”. Su esposa, la diputada Margarita Zavala pareció enigmática de tan obtusa. Dijo: “A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de los testimonios, como quiera, yo no veo que estén ahorita aprobándolo”. La abogada confundió claramente “aprobar” con “probar”. Más claras fueron las ocho columnas del periódico Reforma: “Implican a Calderón… pero “de oídas”. Un día antes, cuando se dio a conocer los sobornos de García Luna al Ya al diario El Universal, éste tituló su portada con “Gobierno gasta 1600 millones de pesos en estadios de beisbol”. El Heraldo, otro implicado en los sobornos de García Luna, decidió avisar: “Blindan camino del aguacate al Superbowl”.

Para saber la verdad hay que preguntarse por qué Calderón ordenaba a los gobernadores proteger al Chapo Guzmán. La lógica de la legitimación política por medio de la guerra interna es inoperante ya para 2008. Queda entonces el dinero. Lo que hasta ahora entendemos es que la relación entre los servidores públicos y los narcotraficantes era para financiar las campañas a cambio de alquilarles los puestos de seguridad pública. Que se intercambiaba dinero para lavarlo. Que una parte de él iba a los medios de comunicación, como El Universal, que otra parte era para fundar empresas fachada que vendían, por ejemplo, cámaras de vigilancia a los penales, como fue el caso del dueño de El Financiero. Que se aceptaba dinero para enriquecerse sin ser detectados a cambio de darle a los delincuentes información de operativos que todavía no ocurrían. Más que la simulación, la verdad de Calderón es el dinero.

Hay otros dos explicaciones posibles de la complicidad entre los gobiernos PRIANistas y el crimen organizado. Una es ideológica, la otra económica. Alrededor de Felipe Calderón se agrupó una corriente ideológica militarista. Me refiero a las organizaciones contra la delincuencia y contra el secuestro encabezadas por Isabel Miranda de Wallace, cuyo cuñado trabaja hoy para la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña; María Elena Morera de la “sociedad civil” de Claudio X. González o el mismo Alejandro Martí. Comunicadores y medios como Milenio, Imagen, Reforma, Excélsior, El Universal, El Heraldo y El Financiero. La ideología militarista de Calderón parte de dos ideas: que la seguridad pública es la única labor legítima del Estado mexicano porque de eso depende la inversión privada, la generación de empleos y el crecimiento económico; la otra idea es que la seguridad se logra matando a una parte de la población que se considera “mala”. Estas dos ideas se trenzan en que la solución militar era “necesaria”, que no había de otra, y que iba a ser larga, sangrienta doloroso. Que, como dijo el entonces procurador, hoy prófugo, Eduardo Medina Mora el 29 de mayo de 2008: “La guerra contra la delincuencia se está ganando, aunque no lo parezca”. El resultado fue un amasijo de delitos e impunidades: si los secuestros en 2006 eran 4 mil 307, para el final del sexenio calderonista eran 27 mil 374; si para 2006 los homicidios eran 10 mil, en 2012 eran 26 mil; pero el 80 por ciento de ellos sucedieron sólo en 162 municipios.

No es cierto que la guerra afectó a todos por igual. Si revisamos los datos de desplazamiento forzado, es decir, de los dos millones de personas que se vieron obligadas a salir de sus zonas de residencia rumbo a otros estados o países, descubrimos el horror en los municipios más apartados, pobres, en comunidades indígenas, agrícolas: más de 254 mil desplazados en Chihuahua sólo de la sierra, sin sumar los más de 100 mil de Ciudad Juárez; 185 mil en Coahuila, de los municipios más pobres como Múzquiz y Frontera; 21 mil de Michoacán de municipios como Aguililla o Zacapu; 208 mil en Sinaloa, de Choix y Mocorito; 34 mil en Tamaulipas; 50 mil en Chiapas, de los municipios en la frontera con Guatemala. Estas 850 mil personas, tan sólo de seis estados de la república, vivieron el país del miedo, tomaron la decisión de huir, abandonaron sus casas, se encontraron a la mitad de las carreteras sin saber a dónde llegar. Tan sólo un dato de este drama: hay 8 millones 669 mil casas abandonadas, es decir, el 20 por ciento del total. Esa y no otra es la sustancia de vivir con miedo: los pueblos fantasma, las tierras dejadas. El otro dato es que, al cabo de la guerra de Calderón, había 150 mil niños que se habían vuelto huérfanos. Sin decirlo explícitamente, pero comprobable en los hechos, la parte que el militarismo calderonista quería ejecutar para que el resto viviera en paz, eran los pobres, los habitantes de los municipios más precarios del país. En ese sentido es que la guerra de Calderón es una de tipo racial y económica. Busca una solución burocrático-militar que hace de regiones enteras del país un terreno de guerra o, como se decía en el lenguaje militarista, “operativos conjuntos”. Es decir, provocaron que millones de personas huyeran del terror. Eso facilitó que los criminales tomaran tierras para sembrar amapola o que las mineras canadienses pudieran explotar el subsuelo sin tener que indemnizar a los ejidatarios. No hay que olvidar a la tropa del ejército que desertó en números escandalosos: 114 mil con Vicente Fox y 90 mil con Calderón, de los cuales mil 680 eran de fuerzas especiales, es decir, altamente calificados. Y, mientras los pobres huían de sus comunidades y la tropa desertaba, el gobierno de Calderón y García Luna nunca tocaron los flujos financieros de los narcos ni sus propiedades patrimoniales. Así que no hay razón que sostenga que la guerra fue igual para todos.

Y aquí viene, entonces, el carácter económico de la guerra de Calderón. Generar el caos en ciertos municipios del país para preparar a sus habitantes para cualquier cosa: huir, morir, ser secuestrados o “levantados” como suavizaban los medios de comunicación en aquellos años de la auto-censura. Todo ayudó al regreso del PRI que, con Peña Nieto, se suponía que pacificaría al país como lo había hecho en las décadas de la guerra sucia contra la izquierda. En su guerra, Calderón gastó el equivalente a los presupuestos anuales de Salud, Medio Ambiente, y Desarrollo Social; en seis años gastó mil 800 millones de pesos, sólo en financiar a la Secretaría de García Luna, la Defensa de Galván Galván, la Procuraduría de Medina Mora, Arturo Chávez Chávez, y Marisela Morales, y a la Marina de Mariano Saynez. Sin duda, el gran negocio de la guerra fue a parar a la industria armamentista norteamericana pero también enriqueció como nunca a la burocracia de los “operativos conjuntos” con dinero del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su Plan Mérida y sus fallidas operaciones como Rápido y Furioso.

Así, al final la verdad sobre Calderón es mucho más terrible que las ansias por legitimarse una vez consumado el fraude electoral de 2006. Una parte de la estructura del poder en México, llámense políticos, funcionarios, delincuentes, medios de comunicación, industrias de armas, mineras, o inmobiliarias fueron beneficiadas con esta guerra. Puso en un alto cargo público que gastó el equivalente al 30 por ciento de la fortuna de Carlos Slim al ex espía político del CISEN, Genaro García Luna. Mandó decir que el Chapo no se toca. Hizo crecer territorialmente al Cartel de Sinaloa y lo convirtió en una empresa transnacional. Así la verdad sobre Calderón.

Al final, no eran los criminales los que le tenían miedo, sino los pobres de esta país.