El síndrome del tratado McLane-Ocampo

Gilberto López y Rivas

¿Cuál podría ser la razón para que el próximo gobierno de México sostenga, contra viento y marea, el proyecto de crear un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec, y, con ello, destaca el ahora presidente electo en carta a Donald Trump, facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de Estados Unidos? ¿Por qué revivir, en pleno siglo XXI, uno de los actos de gobierno más controvertidos del presidente Benito Juárez, que fue el tratado de tránsito y comercio McLane-Ocampo, que en su artículo I cedía: a Estados Unidos y sus ciudadanos y bienes, en perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar? El artículo V de dicho tratado estipulaba: en el caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de ciudadanos de Estados Unidos, quedan autorizados las fuerzas de dicha República para obrar en protección de aquellos, sin haber obtenido previo consentimiento. Por fortuna, el tratado no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, que, de haberlo hecho, México hubiera quedado como un virtual protectorado de ese país.

Los gobiernos neoliberales de la partidocracia que se han sucedido en estas décadas hicieron realidad otros artículos igualmente vergonzosos del tratado McLane-Ocampo (VI, VII y VIII), en los que México cedía el derecho de tránsito entre puntos de la frontera entre los dos países y puertos del Golfo de México y el océano Pacífico.

Hoy día, las líneas de ferrocarril de la corporación estadunidense Kansas Southern de México (KCSM), considerada como eslabón confiable de la cadena logística global, con sus 4 mil 251 kilómetros de vías férreas, según sus publicistas, mueve más de 30 por ciento de la carga ferroviaria del país atendiendo a industrias diversas, transportando productos en contenedores, semiterminados y terminados. Esta red ferroviaria de contenedores es parte importante del objetivo planteado en el Programa Nacional de Infraestructura respecto de convertir a México en la “Gran Plataforma Logística de Norteamérica.”

Mientras la izquierda social y los pueblos originarios se manifestaban contra el Plan Puebla-Panamá, que amenazaba los territorios y recursos naturales del sureste, en sigilo, y desde la frontera norte, se estableció esta importante red de comunicación corporativa al servicio de la recolonización neoliberal. Andrés Barreda, en significante artículo publicado en nuestro diario, señalaba que: “El corredor Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo (mancuerna del corredor carretero Manzanillo-Nuevo Laredo) fue concesionado desde 1996 a la firma Kansas City Southern. Es uno de los flujos intermodales más importantes de Norteamérica, por la excepcional profundidad del puerto Lázaro Cárdenas, que ofrece una alta capacidad para recibir buques de carga descomunales”.

Por su parte, los expertos empresariales resaltan: KCSM tiene presencia en 15 estados del centro y noroeste del país. Cruza el corazón industrial de México, pasando por Lázaro Cárdenas, Morelia, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo y Nuevo Laredo. Tiene la ruta más corta y segura desde el Pacífico y centro del país hacia la frontera con Estados Unidos. Su conexión con los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Tampico y Altamira, Tamaulipas, y Veracruz, así como la sinergia positiva que ha alcanzado con los servicios portuarios y de autotransporte le permite ser altamente competitivo a escala mundial

José Iniesta en 2005 notificaba que: “el grupo ferroviario Kansas City Southern, Hutchison Ports México y la Administración Portuaria Integral, harán oficial su alianza con las principales navieras del mundo para el establecimiento del corredor intermodal transpacífico entre este puerto y la ciudad de Kansas City, el cual hará posible el tránsito de mercancías de Asia con destino a Estados Unidos a través de este puerto y del territorio mexicano (…) esta ruta se erigirá como una alternativa a las saturadas rutas logísticas entre Asia y Estados Unidos a través de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, California, las cuales enfrentan problemas de congestionamiento ante la evolución que ha tenido el intercambio comercial entre China y la Unión Americana”. De aquí el mote ruta Kansas-Shanghái.

Luis Hernández Navarro analiza la propuesta transísmica, recorre la historia moderna del megaproyecto y llega a una conclusión coincidente: el corredor transísmico, la extensión de las ZEE, la pretensión de convertir a México en un paraíso de la inversión, anuncian un inminente choque de estos proyectos con los pueblos indígenas.

¿Cuándo cesará el maleficio McLane-Ocampo?

Plan Frontera Sur: toda la Fuerza del Estado… contra los migrantes

Zósimo Camacho

Desde 2007 y hasta junio pasado México había detenido a más de 1 millón 400 mil migrantes procedentes de América Central, en específico, de los países del llamado Triángulo del Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador. Les corta el paso rumbo a Estados Unidos. Que no lleguen siquiera a la Frontera Norte a molestar al amo. Sólo entre 2013 y hasta la mitad de este 2018 la cifra, obtenida de la Secretaría de Gobernación, ascendía a 750 mil.

Esta política de Estado, traducida en persecución, encarcelamiento y deportación de cientos de miles, muestra claramente el sometimiento de México a las directrices estadunidenses. El problema es de ellos, pero los mexicanos hacen el trabajo sucio. El gobierno mexicano lo llama Plan Frontera Sur.

¿Cómo detener el paso de los millones que huyen de la miseria, el crimen, la violencia, la persecución política? Lo que las autoridades mexicanas han implantado –con el “consejo”, la asesoría y el beneplácito de los gringos–, es criminalizarlos, acorralarlos y encarecer su trayecto. Que caigan en manos del crimen organizado es responsabilidad también de las autoridades mexicanas, pues obligan a los migrantes a escoger las rutas más peligrosas para no ser detectados por el Instituto Nacional de Migración.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadunidense da cuenta de los “apoyos” que los mexicanos reciben para implantar una política migratoria desarrollada por Estados Unidos.

El reporte Mexico’s Immigration Control Efforts (que podría traducirse como Esfuerzos de México en el control de la inmigración) señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha establecido 12 bases navales en los ríos de la Frontera Sur del país. El estudio no los menciona por sus nombres pero deben tratarse del Suchiate, el Usumacinta y el Río Hondo. Además, México ha establecido tres “cordones de seguridad” que se extienden “por más de 100 millas al norte de las Fronteras México-Guatemala y México-Belice, y un programa de vigilancia de drones”.

Es decir, 160 kilómetros país adentro México ha instalado otras “fronteras” para detectar a los migrantes. Y a este operativo se suma la utilización de drones para interceptarlos.

En el informe se advierte que México no tiene una policía fronteriza y que el Instituto Nacional de Migración es la única agencia con autoridad legal para detener a inmigrantes, aunque ahora tiene “asistencia de la Policía Federal”. Celebra que el Instituto haya mejorado la infraestructura en los pasos fronterizos y haya creado “numerosos puestos de control móviles”.

Esto podría explicar por qué, durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el Instituto, contrario a lo que de él disponen las leyes, se transformó cínicamente en una corporación policiaca (igualmente corrupta y violatoria de derechos humanos). No fue casualidad que los dos titulares que tuvo durante el sexenio peñista –Ardelio Vargas Fosado y Gerardo García Benavente– provengan del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Volviendo al documento, el reporte reconoce, sin embargo, que “muchos grupos de derechos humanos han expresado su preocupación de que el Plan Frontera del Sur haga poco para abordar la corrupción entre la policía y los funcionarios de migración”: la mayoría de los crímenes cometidos contra los migrantes quedan en la impunidad “y los controles internos del Instituto y de las fuerzas de seguridad siguen siendo débiles”.

Además señala que la mayoría de niños migrantes detenidos no son conducidos a refugios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de grupos de la sociedad civil, como lo señala la ley. “Dadas las limitaciones de capacidad”, muchos niños terminan en los centros de detención de inmigrantes. Debido a la vulnerabilidad de los menores y las mujeres, reconoce “preocupaciones humanitarias”.

En el informe preparado para los legisladores estadunidenses se destaca que el Departamento de Estado de ese país ha asignado más de 100 millones de dólares (unos 1 mil 850 millones de pesos) de la Iniciativa Mérida a “apoyar los esfuerzos de la Frontera Sur de México”.

Informa que desde el mes pasado México está recibiendo nuevos “apoyos” por 32 millones de dólares (alrededor de 591 millones de pesos) para el mismo Plan Frontera Sur: “principalmente en forma de equipos de inspección no intrusiva, kioscos móviles, equipos caninos, vehículos y capacitación en la aplicación de la ley de inmigración”.

El objetivo de Estados Unidos es que antes de que Peña Nieto deje el poder se haya construido “una red segura de comunicaciones para las agencias mexicanas en la región fronteriza del sur”. ¿Gratis? Claro que no. Para 2019 los gringos quieren que México recopile “información biométrica” de los migrantes en todas las estaciones migratorias para “interactuar con las bases de datos de Estados Unidos”.

En México la migración no es un delito, me explicó en una entrevista la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación. La jurista dijo entonces que ingresar al país sin documentos es, acaso, una falta administrativa: “como conducir sin licencia”.

El Artículo 11 de la Constitución parece no dejar lugar a dudas: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes […]”.

A Sánchez Cordero el encarcelamiento de migrantes le resultaba escandaloso, pues se trata de detenciones llanamente ilegales. “La Constitución es absoluta y totalmente tajante en este sentido. Si nosotros pretendemos volver a la Constitución y que la Constitución se aplique, tenemos que acatarla de forma irrestricta”, concluyó inequívoca, palmaria.

Ahora que será secretaria de Gobernación tendrá la oportunidad de echar abajo esa política impuesta por Estados Unidos. Tiene la oportunidad de honrar sus palabras.