En deuda con Marx

Rodolfo Palma Rojo

Hace 200 años que nació, en la entonces Prusia (5 de mayo de 1818), uno de los pensadores más influyentes en la historia contemporánea. Su concepción de la realidad, sus tesis políticas, su análisis social, hoy, enfrentan una revalorización luego de que, tras la caída de la URSS, se pensaran superadas. Este trabajo entregado a Proceso es una relectura de las categorías marxistas, a través de un libro fundamental sobre el tema: La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal, del filósofo italiano Maurizio Lazzarato. Rodolfo Palma, ensayista, narrador y dramaturgo mexicano, sintetiza: El poder de la economía no se halla en el comercio, ni siquiera en la producción, sino en las finanzas, y es un poder sobre todo político.

1

Hoy un texto de juventud de Karl Marx, pasado por el tamiz de Nietzsche, ilumina la abrumadora condición neoliberal comprendida en el concepto de biopolítica de Michel Foucault. Finalmente es una actualización del marxismo la que hace Maurizio Lazzarato en su libro sobre la hechura del hombre-crédito (La fábrica del hombre endeudado es como lo tradujo la editorial hispana Amorrortu, sin omitir su elocuente subtítulo Ensayo sobre la condición neoliberal), donde el término explotación se homologa con los de sujeción y dominio, puesto que en todos los niveles de la sociedad permea la
relación acreedor-deudor.

El hombre común es un hombre endeudado, ya sea porque su país lo está o él, como sujeto, está a punto de agotar su crédito, como nervioso adolescente ante la maquinita de juegos. Y aquí hay que comenzar por llamar la atención sobre dos puntos: lo que el deudor adquiere con su crédito no es dinero, sino tiempo, y que aquél es impagable. Es más, los acreedores lo que menos quieren es que se les pague. Para ellos es doloroso que el esclavo compre su libertad, no porque acabe con el negocio, sino porque (ter)mina la relación de dominio. Ante todo se trata de política, sustentada en el poder económico de las finanzas y no de la producción o del comercio.

2

Todo lo mencionado ya se encuentra en germen en El mercader de Venecia. Como es sabido, se trata de una deuda imposible de pagar sin atentar contra la vida del deudor, pues Shylock ha pedido como garantía del préstamo otorgado una libra de la carne de Antonio –que es el fiador–, y está más que dispuesto a cobrársela frente al tribunal precedido por el dux de Venecia, donde ocurren los hechos.

Varias veces se dice que lo que en realidad quiere el mercader es venganza más que su dinero (pues Antonio se la ha pasado insultándolo), lo que se comprueba cuando rechaza el pago por el triple de la deuda. Insiste en la libra de carne que, con seguridad una vez arrancada, provocará la muerte de Antonio. Pero lo más significativo, hasta momentos antes de que concluya la obra, es que Shylock ha probado ante la justicia la legalidad de sus actos. Incluso cuando irrumpe Porcia, disfrazada de sabio jurisconsulto, ésta lo reafirma: “Nadie puede alterar las leyes de Venecia. Sería una causa de ruina para el Estado”. Esa irrupción provoca dos giros en la situación. Primero, el literario: el contrato firmado entre el acreedor y el deudor dice literalmente ‘una libra de carne’, así que de irse con ella una gota de sangre una vez cortada implicaría un atentado contra Antonio. Bien por ello, pero sólo el público de 1596 puede esperar y aceptar un segundo giro, el de la justicia poética, el del castigo a la usura y al extranjero que ha pretendido dañar a un ciudadano veneciano y, como si realmente Shylock lo hubiera hecho, se le impone una pena que incluye la pérdida de la mitad de su inmensa fortuna. Aplausos (finales del siglo XVI) y unas cuantas carcajadas.

En el libro de Maurizio Lazzarato (2011 en francés, traducido al inglés al año siguiente y al español en 2013) no hay aplausos, menos risas, y los términos, aunque persisten (la deuda impagable, el gobierno que juzga, la relación acreedor-deudor), el resultado de su interacción se invierte. No utiliza el autor italiano la anécdota de Shakespeare, pero al final de su libro uno podría imaginarse que Shylock, exculpado y reivindicado con la libra de carne, abraza al jefe supremo del gobierno de Venecia y Génova. En El mercader, el gobierno protegió al deudor y castigó al acreedor, al que incluso tipifica como extranjero. En el Hombre endeudado, el gobierno no podrá hacer mucho por aquél si es que quiere protegerse a sí mismo, pues los gobiernos están endeudados y, como señala Lazzarato en su siguiente libro (Gobernar con deuda), “la deuda disciplina gobiernos”. Los acreedores imponen reformas y transforman los sistemas democráticos en autoritarios. Así, la intervención de Porcia puede actualizarse de la siguiente manera: ya no motivada por el amor, sino por la ambición, realiza un rescate financiero en su propio beneficio que, entre otras cosas, mantiene vivo a Antonio para que siga pagando la deuda, y para dar un sustento legal a sus actos hace firmar al dux una serie de decretos, tratados, acuerdos y reformas a las leyes para supeditar Venecia a sus requerimientos, al tiempo que se revela no su impostura como leguleyo, sino su origen extranjero, probablemente inglés.

3

Lazzarato retoma los Comentarios a James Mill de Marx para fundamentar la relación entre deudor y acreedor. En este texto –que el italiano califica de muy nietzscheano– tal relación no se tipifica como la usual entre capitalistas, sino como una desigual en la que el pobre es juzgado moralmente por el prestamista. En términos actuales correspondería determinar si es o no “sujeto de crédito”. La expresión en sí misma contiene la relación que Marx prefigura –que después Nietzsche plantea y que Foucault conceptualiza en términos de biopolítica–, la que ubica al individuo en una cadena de dominio, de sujeción, cuyo extremo es la esclavitud, y en la que paradójicamente nunca se cuestiona su libertad (la de contraer deudas, por ejemplo). La relación acreedor-deudor “no pone en marcha las hostilidades físicas ni intelectuales como en el trabajo, sino la moral del deudor y su modo de existencia, su ethos”, señala Lazzarato.

Pareciera –según Marx– que en el sistema del crédito la autoenajenación ha desaparecido y que “el hombre tiene de nuevo una relación más humana con el hombre”. Aparentemente –ahora Lazzarato– “el crédito va contra las reglas del mercado y la relación capital-trabajo”, ya que se finca en una desconfianza. Sin embargo, concluye Marx que la relación es todavía “más infame y extrema porque su elemento ya no es una mercancía, el metal o el papel, sino la existencia moral, la existencia social, lo más profundo del corazón de hombre, y porque bajo la apariencia de la confianza del hombre en el hombre reside la más grande desconfianza y completa enajenación”. Y agrega Lazzarato: “con el crédito, Marx nos dice, la enajenación es completa ya que el trabajo ético es constitutivo de la persona y de la comunidad que son explotadas”. Como dice Marx, en el crédito es el hombre mismo que, en sustitución de cualquier “mecanismo”, se establece como “mediador en el intercambio, sin embargo, no como hombre, sino como un modo de existencia del capital y del interés”.

Este hombre convertido en mercancía, que debe transformarse en sujeto –en su doble acepción–, si es que pretende sobrevivir en la sociedad actual, es la creación del capitalismo más voraz y despiadado, a tal grado –enseña Lazzarato– que, aun desempleado o sin ser adulto, el hombre-crédito adquiere deudas con tal de transformarse a toda costa en ese sujeto. “El hombre mismo se convierte en dinero –dice Marx–, la individualidad, la moral del hombre mismo, se han convertido en objeto del comercio y de la materia por la cual el hombre existe”.

4

El capital –en el tercer volumen del estudio que Marx le dedicó–, aunque es uno, “abarca tres diferentes formas: industrial, comercial y financiero”. El capital común de la clase es el financiero; el dinero “en los bancos es dinero en potencia, a diferencia del capital industrial, que es dinero” contante y sonante. Sin embargo, “los bancos y banqueros juegan un papel político de la mayor importancia, ya que proveen de “coherencia” y de estrategias a los capitalistas industriales” –declara Lazzarato, ahora apoyado en Lenin–. Pero esa coherencia se sustenta en hacer dinero del dinero, lo “que revela también su irracionalidad”. Esa irracionalidad –continúa el autor del Hombre endeudado– se “materializa en cada periodo ‘liberal’ y conduce casi automáticamente a las crisis más graves, cada vez dejando abierto el camino a las políticas autoritarias, como pasó en la Primera Guerra Mundial y el fascismo”.

5

Lazzarato explica y pone al día a Marx: “la organización capitalista se vuelve subjetiva no por la intervención del capitalista industrial (quien ahora cumple una función meramente de director de producción), sino por la del capitalista financiero (un propietario cuyas posibilidades de tomar decisiones se han desterritorializado.“ El poder de la economía no se halla en el comercio, ni siquiera en la producción. Es en las finanzas, y es un poder sobre todo político.

Cuando Donald Trump se disgusta porque en la balanza comercial con México éste vende más de lo que le compra a Estados Unidos, al grado que apunta a situarse en segundo lugar entre los países vendedores con superávit detrás de China, no logra comprender que el quid del poder económico no está en el comercio, sino en las finanzas. Es decir, el rico puede muy bien gastar su dinero en productos que no puede adquirir en su país, tan exóticos como el mango o el aguacate, porque sus enormes fortunas provienen de otro sector, del mundo financiero, donde –hasta el momento, sus habitantes lo creen así– el dinero se reproduce en dinero. Por ello, viviendo en ese mundo, tanto comerciantes como industriales, por más que vendan o por más que produzcan, son esclavos del capital, a tal grado que la relación acreedor-deudor ha sustituido –aunque Marx más bien diría que es diferente y complementaria a– la del capital-trabajo, y convertido en empresario-de-sí-mismo a todo sujeto. Es decir, en un endeudado.

El empresario-de-sí-mismo asume muchas veces su papel tan a la perfección que libera al Estado de su obligación de protegerlo. Como éste también se ahoga en deudas –que incluyen la del empresario-de-sí-mismo– recibe un inesperado alivio: puede cancelar su atención social y que cada quien mate su propias pulgas. O, si sus ciudadanos no están lo suficientemente convencidos (u obligados) de querer ser empresarios-de-sí-mismos, el Estado podrá endeudarse aún más para, en nombre de esos renuentes, apagar sus quejas con paliativos económicos que llamará inversión para el desarrollo; al cabo de los años, se les exigirá su pago a los descendientes que, cuando se contrajo la deuda, no habían siquiera nacido.

6

No basta extender el padecimiento del hombre-crédito al Estado para entender la gravedad de la situación de las naciones endeudadas, a menos que, retomando a Marx, digamos con alarma que se han convertido en mercancía, aunque eso implique borrar el rostro, la individualidad de millones de personas. Emmanuel Macron en su libro Revolución (Lince, 2017) lo hace de esta manera todavía humana: “Desde hace más de 30 años, la derecha y la izquierda han reemplazado el débil crecimiento por la deuda pública… hemos cometido el error más grave: romper la continuidad histórica dejándoles a nuestros hijos la carga de una deuda insostenible, por no haber tenido el valor de afrontar la realidad. Todos somos culpables de esa cobardía. Un país no puede vivir eternamente en la inercia y la mentira”.

Sobre el "Así no" del CMN / II

Carlos Fazio

Según Boaventura de Sousa Santos, las nuevas modalidades del colonialismo son más insidiosas porque se disfrazan de otras formas de dominación y se producen en el núcleo de relaciones sociales, económicas y políticas dominadas por las ideologías del antirracismo, de los derechos humanos universales, la igualdad de todos ante la ley y la no discriminación. El sociólogo portugués sostiene que el colonialismo insidioso es gaseoso y evanescente, tan invasivo como evasivo, en suma, astuto.

Lo anterior podría aplicarse al magnate Carlos Slim Helú en la defensa que hizo de sus intereses en las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM). Los antecedentes del caso tienen que ver con la reactivación de la polémica en torno a la viabilidad y los riesgos de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y la eventual cancelación de la obra en caso de que el candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gane las elecciones a la Presidencia de la República el próximo primero de julio.

El pasado 22 de marzo, AMLO señaló que a 99 días de los comicios el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba firmando numerosos convenios de miles de millones de pesos para obras a futuro en el NAICM y anunció que interpondría amparos para frenar esos arreglos. Dijo: “No aceptaré contratos leoninos, manchados de corrupción bajo ninguna amenaza… no soy títere de nadie”. Y agregó: están “comprometiendo el presupuesto del gobierno federal (por ejemplo para fibra óptica) para amarrarnos las manos… todo el sexenio nuestro va a ser para estar pagando deudas, es como un Fobaproa. No voy a aceptar eso”.

Un día después, en Guadalajara, Jalisco, en el foro del Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, ante más de 300 constructores de todo el país, propuso la creación de una mesa técnica integrada por representantes del gobierno, el empresariado y su equipo, para revisar la pertinencia del proyecto aeroportuario. Allí repitió: No se trata de pre­servar los negocios de nadie, sino de preservar los intereses de la nación. Dijo que existen alternativas para evitar un derroche de presupuesto público en una obra faraónica, estimada en 250 mil millones de pesos. Ofreció terminar con los moches y las asignaciones directas en los procesos de adjudicación de obra pública, y remató: Quieren que yo, con los ojos cerrados, firme un cheque en blanco, y aunque se trate de contratos leoninos, como los de Odebrecht, los acepte.

Presente en el evento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, respondió que sus agremiados también estaban en contra de la corrupción y aceptó la propuesta para una revisión técnica de la obra y de transparentar las asignaciones del megaproyecto transexenal.

El anuncio puso a temblar a todos los involucrados en la construcción del NAICM. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza –uno de los más desacreditados integrantes del gabinete de Peña Nieto, involucrado en prácticamente todas las obras públicas en las que se han detectado irregularidades, deficiencias o abiertas corruptelas, incluida la del sonado caso del Paso Exprés de Cuernavaca− declaró entonces que la suspensión de la obra sería un descrédito para el país; generaría desconfianza en México, habría una pérdida económica tremenda [y] prácticamente perdería la fe en nosotros [sic] la comunidad financiera internacional, quizá la empresarial.

Ese 23 de marzo, Ricardo Rangel Fernández McGregor, de CI Banco, la institución financiera que actuó como fiduciaria de la operación por la que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) obtuvo recursos por 30 mil millones de pesos, aseguró que ese instrumento financiero permitiría a los inversionistas participar de ganancias futuras. Reveló que 80 por ciento de la colocación del papel en bolsa fue tomado por las Afore (administradoras de fondos para el retiro) y que uno de los principales compradores de los títulos fue el Grupo Financiero Inbursa, controlado por Carlos Slim.

Una vez más, el dinero de los pobres beneficiaría los negocios de los ricos. Con el agregado de que la maniobra financiera podría resultar potencialmente nociva para millones de ahorradores, dado que dos semanas antes se había revela­do que en 2015, el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado mexicano (Pensionissste) había adquirido más de 400 millones de pesos en acciones de la constructora ICA, de Bernardo Quintana, cuando ésta ya daba señales claras y públicamente conocidas de insolvencia, lo cual derivó en la pérdida de 99 por ciento del dinero invertido, ya que el ahorro de los burócratas se diluyó en la reestructura de la empresa en 2017; huelga decir que los millones de ahorradores de Pensionissste no fueron consultados o siquiera informados, y que la operación, si bien fue legal, se realizó con total opacidad y una discrecionalidad que da pie a sospechar de transacciones marcadas por el dolo y la corrupción.

El 2 de abril, entrevistado por La Jornada, AMLO dijo que el NAICM es un barril sin fondo, es tirar dinero al lago de Texcoco, pues se eligió el peor lugar posible, dado que se trata de un sitio donde hay más hundimientos que en el resto del valle de México. Reiteró que analizaría las vías jurídicas para evitar la continuación de la obra, pidió tranquilidad a los inversionistas, ya que de ganar garantizaría sus bonos y sus contratos, y se opuso a la firma de nuevos contratos que dejarían comprometido el presupuesto a la manera de una camisa de fuerza a su gobierno. No hay racionalidad, es el afán de obtener dinero mediante estos contratos del gobierno, remató.

Tras haber sido vapuleado por sus pares y el gobierno en los medios el dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón, por haber aceptado la propuesta de AMLO de revisar técnicamente los acuerdos sobre el NAICM, el 16 de abril saltó a escena el hombre más rico del país y empresario consentido desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari: Carlos Slim.

Cisen y Banxico conocían vulnerabilidad cibernética

Nancy Flores

Ocurrió uno de los peores escenarios que los órganos de inteligencia civiles y militares previeron –y desde el inicio del gobierno de Enrique Peña– en materia de ciberseguridad: un hackeo al banco central.

Este ciberataque no se reduce a la vulneración del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por simples motivos delincuenciales (el presunto robo de al menos 300 millones de pesos), ni mucho menos se restringe a tres bancos, una casa de bolsa y una caja de ahorro popular: cimbra todo el sistema financiero mexicano.

Y es que lo que se ha quebrantado es ni más ni menos que la seguridad cibernética del Banco de México (Banxico), es decir, de la autoridad monetaria del país, que ha gastado millones de pesos en un supuesto blindaje que evidentemente no sirvió de nada?.

Lo que destaca de esta situación es que el gobierno federal sabía perfectamente las falencias de la seguridad cibernética de todo el sistema financiero.

De hecho, México es uno de los países más vulnerables a los ataques cibernéticos, consta en la Agenda Nacional de Riesgos que elaboran, año con año, los órganos de inteligencia del país, y que coordina y resguarda con gran sigilo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Los ciberataques figuran entre las 10 peores amenazas a la seguridad nacional, junto con la delincuencia organizada trasnacional y el terrorismo y armas de destrucción masiva en la Agenda Nacional de Riesgos 2017, la más reciente que existe.

Pero la amenaza ya había sido identificada desde tiempo atrás, por lo que desarrollar sistemas informáticos al interior del gobierno era una de las principales instrucciones del gobierno, que evidentemente no se acató.

La Agenda Nacional de Riesgos 2013, a la que Contralínea tuvo acceso, ya revelaba la alta vulnerabilidad en la que se encontraban no sólo el Banxico y el sistema financiero, sino también infraestructuras críticas e información sensible del gobierno.

Según el documento –altamente confidencial– México carece de capacidad de prevención y presenta casi nula de reacción ante incidentes cibernéticos con potencial para comprometer infraestructuras críticas del país e información sensible de las instituciones y las personas.

En su análisis, los órganos de inteligencia observaban que la vulnerabilidad cibernética se encuentra en un nivel de riesgo alto para la seguridad nacional; por lo que “los instrumentos jurídicos y técnicos para la medición, prevención, reacción y mitigación de impactos ante incidentes cibernéticos son ineficientes”.

Ataque al Banxico, por negligencia

Todas esas falencias quedaron demostradas ya en el ataque al Banxico, institución que “tiene el objetivo prioritario de preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo”. Por ello este hackeo a sus sistemas informáticos no sólo es alarmante, sino sobre todo sumamente grave.

Aquí cabe preguntarse si sólo fue el SPEI o cuántas áreas más quedaron a merced de los autores materiales e intelectuales de este crimen cibernético, así como las repercusiones que acarrea para el resto del Banco, que encabeza Alejandro Díaz de León.

Y es que lo que menos ha habido es información certera por parte de la autoridad: cuando empezó a trascender el impacto del hackeo –porque los cuentahabientes no pudieron pagar con sus tarjetas de débito, retirar dinero en cajeros o transferir electrónicamente sus fondos–, se dijo que era un problema de los bancos afectados. Sólo hasta que la crisis tomó una dimensión mucho peor se aceptó que el ataque fue directamente contra el banco central.

Parece que la falta de transparencia en torno al tema busca no sólo minimizar lo que pasó, sino ocultar las responsabilidades: el hackeo inició el 26 de abril –y aún no se sabe cuándo concluirá–, pero las autoridades reaccionaron hasta los primeros días de mayo.

Así que éste no sólo es un tema de opacidad, sino también del pésimo manejo de la crisis en una de las instituciones más importantes en materia económica del país y, por tanto, de negligencia.

Por eso mismo llama la atención que, antes de que se deslindaran las responsabilidades al interior del Banco, se castigara a quienes participaron por acción u omisión y se transparentara la magnitud del ataque, haya renunciado Lorenza Martínez.

La ahora exdirectora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banxico tendría que haber sido llamada de inmediato por el Congreso para que explicara claramente la dimensión del caso. Pero no, en el Banxico se aseguraron de quitarla rápidamente del cargo para evitar la urgente rendición de cuentas.

La gravedad del ciberdelito no se puede ocultar y el propio Díaz de León lo empieza a reconocer, quizá porque en breve podríamos conocer la verdadera magnitud del ataque y sobre todo la situación que priva al interior del Banco.

En todo este embrollo, el menos sorprendido es Díaz de León, quien como subgobernador del Banco, habló de las vulnerabilidades el 23 de octubre de 2017, durante el foro “Fortaleciendo la ciberseguridad para la estabilidad del sistema financiero mexicano”.

En ese encuentro, en el que también participó el candidato priísta José Antonio Meade, entonces secretario de Hacienda, el gobernador del Banxico admitió que las nuevas tecnologías “conllevan riesgos intrínsecos y plantean retos para garantizar la seguridad de los usuarios, las instituciones y el sistema en general.

“Los riesgos cibernéticos son de naturaleza cambiante y su creciente sofisticación, frecuencia y persistencia puede perturbar considerablemente al sistema financiero tanto por su efecto directo en las instituciones, como por el alto grado de interconexión entre ellas.

“Así, los delitos cibernéticos y los ataques a las infraestructuras tecnológicas del sistema financiero no sólo generarían pérdidas de información o patrimoniales para clientes e instituciones, también podrían provocar afectaciones al sistema financiero en su conjunto.”

Por ello, urge que el Banxico aclare exactamente qué pasó, y qué se perdió en este ciberataque. Si ya fue hackeado el SPEI en el banco central, ¿qué sigue?

La élite del poder, colusión de magnates y políticos

Arturo Rodríguez, Mathieu Tourliere y Areli Villalobos 
 
Es la élite de la iniciativa privada que domina los distintos sectores económicos del país y que durante décadas ha salvaguardado sus intereses financiando campañas presidenciales, recurriendo al chantaje e impulsando cercos publicitarios a medios de información. Se trata del Consejo Mexicano de Negocios, del que Proceso presenta un perfil e identifica a varios de sus miembros. Esta exclusiva cúpula empresarial, beneficiada (en parte) de las privatizaciones que han operado diversos presidentes, tiene su origen en 1962, cuando respondió al interés de frenar el desarrollo de la izquierda en México.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Como “cúpula de cúpulas” está regida por algunas reglas básicas que cimentan la confianza entre sus miembros: el ingreso de un nuevo integrante debe ser aceptado por unanimidad, la membresía se hereda, las reuniones y su contenido se llevan a cabo a puerta cerrada.

Y quizás la principal, aunque no haya una postura partidista, todos comparten el mismo objetivo: concretar el proyecto neoliberal en México mediante pactos con el presidente de la República.

Sus refrescos, panes, tortillas, latas, medicamentos, cervezas y licores surten todas las tiendas del país. Controlan los principales espacios de distribución (Soriana, Chedraui, La Comer y Oxxo, entre otros), tienen bancos y aseguradoras, manejan las telecomunicaciones y parte del contenido mediático, detentan las concesiones mineras más redituables, operan las principales empresas de transporte y producen la mayor parte del cemento, del acero y de la pintura.

Aunque sus integrantes se dejan ver cada vez más, aún no hay un registro público de su membresía. Mediante solicitudes de información a la Presidencia de la República y de búsquedas en terceras fuentes, Proceso identificó a por lo menos 52 miembros, entre ellos apenas tres mujeres.

A excepción de Blanca Treviño de Vega, la primera mujer en ingresar al entonces llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios –su nombre perdió la palabra “hombres” tras la integración de la regiomontana–, todos heredaron sus grupos o se beneficiaron de las privatizaciones, que el propio organismo –ahora llamado Consejo Mexicano de Negocios (CMN)– promovió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Entre ellos destacan siete mexicanos que Forbes incluyó en su lista de multimillonarios globales de 2018: Carlos Slim Helú, Alberto Bailleres González, Emilio Azcárraga Jean, Germán Larrea Mota Velasco, María Asunción Aramburuzabala Larreguí, Roberto Hernández Ramírez y Juan Beckmann Vidal.

También lo forman nueve integrantes del “Grupo de los Diez” de Nuevo León: Armando Garza Sada, Rogelio Zambrano Lozano, Tomás González Sada, Sergio Gutiérrez Muguerza, José Antonio Fernández Carbajal, Eduardo Garza, Enrique Zambrano Benítez, Adrián Sada González y Eugenio Garza Herrera.

Acostumbrado a la discreción, el CMN suele expresarse mediante un único canal de comunicación: su presidente en turno, puesto ocupado actualmente por Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis.

De manera poco habitual, el jueves 3, el CMN publicó en varios periódicos un desplegado titulado “Así no”, en el que calificó de “injuriosas y calumniosas” las expresiones que empleó Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, cuando se refirió a la élite empresarial como “minoría rapaz”.

Proyecto neoliberal

La creación del CMN como grupo informal, en 1962, respondió a un interés urgente: impedir el desarrollo de la izquierda en México, apenas tres años después del triunfo de la Revolución Cubana, a la que el PRI de Adolfo López Mateos enviaba señales de solidaridad.

Para garantizar sus intereses, el CMN se valió de todo: varios de sus miembros financiaron las campañas de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo o Vicente Fox –aunque otros, como Juan Sánchez Navarro, denunciaron estas prácticas–, recurrieron al chantaje, fomentaron el boicot publicitario contra el periódico Excélsior de Julio Scherer, aplaudieron la represión de 1968 y orquestaron campañas sucias contra los candidatos de izquierda, ya fuera Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador.

El CMN impulsó la privatización de las empresas paraestatales y la disminución del gasto público, logró reducir los derechos laborales y contener los salarios y obtuvo la apertura de la economía a la inversión extranjera, como lo mostró la politóloga Marcela Briz Garizurieta en su tesis de doctorado El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, presentada en mayo de 2006.

En los tiempos más decisivos para la élite del sector privado, el CMN colocó a uno de sus integrantes al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) –un órgano en el que el CMN tiene voz y voto, y del que Juan Sánchez Navarro, miembro del club, fue el primer presidente– y de la Asociación Mexicana de Banqueros, a las que utilizó para presionar al gobierno.

En 1986, por ejemplo, el empresario priista Claudio X. González, presidente del consejo de administración de Kimberly-Clark, utilizó su doble condición, como miembro del CMN y presidente del CCE, para presentar al entonces presidente Miguel de la Madrid una “propuesta” de política económica en diez puntos para contener la inflación.

Fue precisamente durante el sexenio de De la Madrid que el CMN tomó fuerza –que culminó en el sexenio de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari–: a raíz de la expropiación bancaria de 1982 “el (CMN) figuró como intermediario clave para recomponer las relaciones entre la administración de Miguel de la Madrid y el sector privado”, sostuvo la académica.

El entonces presidente necesitaba contener la inflación, pero no quería negociar con el CCE, demasiado afín al PAN. Al frente de sus grupos, los miembros del CMN tenían el control sobre los precios de los productos y una mayor disposición a negociar, como refirió el exmandatario en sus memorias.

Empresarios y gobierno acordaron en 1987 el Pacto de Solidaridad Económica, en el que la élite del sector privado consiguió, a cambio de controlar sus precios, que el gobierno federal iniciara la privatización de las empresas paraestatales y abriera las puertas a los capitales extranjeros.

El CMN tenía entonces por interlocutor a Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Programación y Presupuesto, afecto al proyecto neoliberal. Ya instalado en Los Pinos –con la ayuda financiera de varios integrantes del Consejo–, Salinas reprivatizó la banca y aceleró la venta de paraestatales.

Cada año desde 1996, el presidente en turno del CMN protagoniza un ritual público: tras realizar un breve análisis de la situación económica del país, anuncia el monto –en dólares– de las inversiones que los integrantes del exclusivo club realizarán el año siguiente. El presidente, en respuesta, agradece a los empresarios sus esfuerzos y presume el monto de la inversión como un logro de su administración. En diciembre pasado, por ejemplo, Enrique Peña Nieto dio las gracias a la cúpula por invertir “más de 150 mil millones de dólares” durante su sexenio.

Las reuniones que el CMN celebraba cada año con el titular del Ejecutivo solían llevarse a cabo a puerta cerrada, hasta que en enero de 2016 Peña decidió abrir en parte a la prensa una reunión en el exclusivo Club de Empresarios Bosques. Ello generó molestia en la cúpula empresarial y desde esa fecha las reuniones están marcadas por un protocolo rígido.

En cada esquina

La herencia de los negocios familiares, así como la adquisición de bancos y empresas durante el periodo de privatización, instalaron a los integrantes actuales del CMN al frente de grupos que dominan los distintos sectores económicos del país.

Slim es dueño de las telecomunicaciones, Azcárraga controla la televisión abierta, Bailleres y Larrea la minería –el segundo, con Grupo México, controla además el transporte ferroviario–, Ramírez Magaña posee la mayoría de las salas de cine y Zambrano produce más de la mitad del cemento que se utiliza en el sector de la construcción del país.

José Antonio Fernández Carbajal y Juan Gallardo, presidentes de los consejos de administración de FEMSA y de la organización Cultiba, respectivamente, dominan el mercado mexicano de refrescos.

Eduardo Tricio Haro –presidente de Grupo Lala y Aeroméxico–, junto con Aramburuzabala y Valentín Díez Morodo, lideran los mercados de la leche y de la cerveza, mientras que el sector alimenticio del CMN también cuenta con los gigantes Bimbo y Herdez –dirigidos por las familias Servitje y Hernández-Pons Torres, respectivamente–, así como con Bachoco, el principal productor de pollo del país.

En el comercio minorista están Ricardo Martín Bringas, Antonio Chedraui Obeso o Carlos González Zabalegui, presidentes de los consejos de administración de Grupo Soriana, Chedraui y La Comer, respectivamente. Esos consorcios operan las cadenas de tiendas de autoservicio Soriana, Chedraui, La Comer, City Market y Mega, entre otras.

Por parte del sector bancario destacan Roberto Hernández Ramírez, el presidente de Grupo Financiero Banamex, quien se enriqueció vertiginosamente cuando se privatizó de la banca, así como Antonio del Valle Ruiz, quien vendió su grupo Bital a HSBC en 2002 y dirige actualmente la química Mexichem.

Si bien el Grupo Financiero BBVA Bancomer no está presidido por un integrante del CMN, en su consejo de administración se mezclan los intereses de algunos grupos del exclusivo club de empresarios: en él se encuentran Bailleres y Ramírez Magaña, así como Carlos Vicente Salazar Lomelín, quien hasta diciembre de 2017 fue director general de FEMSA.

Aunque la mayor parte de los grupos no tienen negocios al amparo directo del poder, algunos de ellos destacaron entre los grandes beneficiarios de contratos gubernamentales durante la administración de Peña Nieto.

Grupo Carso, de Carlos Slim, obtuvo contratos por más de 123 mil millones de pesos durante el sexenio; encabezó el consorcio que obtuvo el principal del Nuevo Aeropuerto Internacional de México para la construcción del edificio de la terminal, por 84 mil millones de pesos.

Y no es el único: Aramburuzabala (Sixsigma Networks), Azcárraga (Televisa), Bailleres (Grupo Nacional Provincial), Agustín Franco Macías (Grupo Infra), Bernardo Quintana Isaac (ICA) y Luis Orvañanos Lascuráin (Corporación GEO), entre otros, también obtuvieron jugosos contratos durante la administración de Peña Nieto (Proceso 2160).

El operador

Con el paso de las décadas creció la membresía del CMN: de seis fundadores llegó a 37 empresarios en 1989 y ahora lo integran por lo menos 52 personas. Veinte de los miembros –o sus herederos– de 1989 permanecen en el grupo y 32 se incorporaron después, lo que diluyó la cohesión y diversificó sus posturas, observó Briz en su tesis doctoral.

En el Consejo de Administración de Banamex, por ejemplo, ocho de los 15 consejeros pertenecen al CMN; en Grupo México se encuentran seis de sus miembros; en el de Grupo Televisa son cinco y el mismo número se encuentra en el grupo regiomontano Alfa.

El financiero Valentín Díez Morodo, presidente el Consejo de Administración de Grupo Modelo –comprado en 2015 por el gigante transnacional de origen holandés AB Inbev– es socio consejero de Kimberly- Clark, Banamex, Grupo KUO, Grupo DINE, Mexichem, todas presididas por miembros del CMN.

Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark de México y miembro de mayor antigüedad en el CMN, junto con Antonio del Valle Ruiz y Alberto Bailleres, se encuentra en los consejos de administración de los grupos de Slim –Carso, Inbursa y Sanborns–, de Armando Garza Sada –Grupo Alfa—y de Germán Larrea –Grupo México.

Desde su ingreso al club, en 1978, su estrategia no cambió: presente en los consejos de administración de los principales grupos, en las organizaciones empresariales –presidió el CMN y el CCE en tres ocasiones– y en las más altas esferas de la política, asumió el papel más protagónico en la defensa de los intereses de la élite.

En noviembre de 1997 el empresario regiomontano Juan Sánchez Navarro dijo a este semanario: “Claudio era del gobierno, asesor (de Salinas en materia de inversión extranjera). Su situación era equívoca. Es excelente empresario, pero como tal no podía pertenecer al Estado. Era casi una simbiosis que no es aceptable”.

En abril de 2002, al terminar su presidencia al frente del CCE, Claudio X. González denunció los “retrocesos en materia fiscal” de Vicente Fox y sostuvo que “siguen pendientes cambios que permitan la inversión privada en generación de electricidad y gas e, incluso, en la petroquímica”.

Con la doble batuta CMN-CCE, el empresario chantajeó al entonces presidente Fox, al advertirle que el sector empresarial no firmaría el acuerdo político sin el compromiso del gobierno federal de reformar el marco jurídico para abrir parte del sector energético a la inversión privada, a ablandar la ley laboral para eliminar las “excesivas prestaciones” o desregular la educación privada.

Se convirtió en una de las voces más críticas contra López Obrador en las últimas dos décadas: en 2005 resultó el más firme promotor del desafuero al candidato y en octubre pasado apoyó abiertamente a José Antonio Meade Kuribreña, el candidato presidencial de la coalición encabezada por el PRI.

El dominio trasnacional del Istmo de Tehuantepec

Agustín Ávila Romero*

El Istmo de Tehuantepec abarca los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz en la república mexicana y ocupa una posición geoestratégica privilegiada pues en su punto más angosto, sólo 303 kilómetros separan el Océano Pacífico del Golfo de México (Océano Atlántico).

En ambos extremos del istmo se encuentran los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, lo que convierte a esta ruta en una vía alternativa al Canal de Panamá pues implica una menor distancia entre la costa este de Estados Unidos y los países asiáticos –entiéndanse fundamentalmente China-.

Además la región del Istmo cuenta con abundancia de bienes naturales como el agua, la vida animal y silvestre, el subsuelo mineral e hidrocarburos, la posibilidad de aprovechamiento y producción de energía eólica y solar, entre varias características que constituyen a este espacio geográfico como estratégico en la lógica capitalista actual.

Así en este nuevo espacio capitalista trasnacional se constituyen nuevas explotaciones mineras impulsadas por empresas canadienses, se impulsa la ampliación de la refinería de PEMEX Ing. Dovalí con participación de empresas españolas y estadounidenses junto con la construcción de ductos y gasoductos . Así mismo se modernizan y amplían tanto la carretera transistmica de Salina Cruz a Coatzacoalcos como las vías férreas.

En este istmo esta el clúster petroquímico más importante de Latinoamérica.

El puerto de Coatzacoalcos está constituido por dos recintos: el de Coatzacoalcos, orientado a la carga general, y el Recinto Portuario Pajaritos, para el manejo de petróleo y derivados, fluidos y gráneles minerales.

El principal activo de este puerto es la industria petroquímica y de refinación, ya que en la región Coatzacoalcos-Minatitlán se ubican cuatro complejos petroquímicos de gran importancia: Pajaritos, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera, además de empresas químicas tan relevantes como Celanese, Innophos Fosfatados y Etileno XXI, esta última la inversión privada industrial más cuantiosa de México en los últimos 15 años. A todo ello hay que añadir la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán.

Con la presencia de capital trasnacional en el sector energético y la construcción de ductos y gasoductos en el Istmo de Tehuantepec, ya la Comisión Nacional de Hidrocarburos del gobierno mexicano, impulsa la comercialización de petróleo y gas desde el Golfo de México rumbo a China o Japón, señalando que en comparación al Canal de Panamá donde tomaría 25 días ese traslado por el istmo serían solamente 17 días.

Del otro extremo del istmo se encuentra Salina Cruz , un puerto multimodal situado en el sur del Pacífico mexicano que cuenta con infraestructura y equipamiento portuarios para el manejo de carga contenerizada, granel agrícola, granel mineral, carga general y petróleo y derivados.

Su activo más destacable es el Astillero de Marina No. 20, en el que se lleva a cabo la construcción, reparación y mantenimiento de unidades de la Armada de México, así como reparaciones de buques de terceros.

En el movimiento de este puerto destaca también la importación de torres eólicas y sus partes debido los proyectos de generación de energía eólica que se han puesto en marcha en la región de La Ventosa y que han tenido resistencia de comunidades indígenas. Tan sólo desde 2004 diversas empresas trasnacionales han llegado al Istmo para instalar parque eólicos dividiendo a las comunidades. Entre 2007 y 2013 la comunidad de San Dionisio del Mar y la de Álvaro Obregón alcanzaron detener uno de estos proyectos: el parque eólico de la empresa Mareña Renovables., que buscaba instalarse en la barra Santa Teresa, al interior del sistema lagunar de la costa del Istmo de Tehuantepec. Otros procesos de resistencia se han organizado en los municipios de Unión Hidalgo, Ciudad Ixtepec, La Venta, La Ventosa, Santo Domingo Ingenio.

Una gran amenaza se da con varios proyectos de explotación minera tanto en Chiapas como en Oaxaca que buscarían el puerto de Salina Cruz para mover su carga mineral. Tan sólo en el istmo de Tehuantepec son más de 47 mil hectáreas las que se han concesionadas a mineras como la canadiense Minaurum Gold Inc.

En este Istmo el capital impulsa el desarrollo del Proyecto Cinturón Transoceánico, que prevé la instalación de dos ductos subterráneos: uno de gas LP con origen en Pajaritos y otro de gas natural desde Chinameca, Morelos, corriendo en ambos casos hasta Salina Cruz, Oaxaca. Este proyecto permitiría abastecer de gas natural a la refinería y las empresas de la zona, pero sobre todo, procesarlo y exportarlo a mercados de Asia y Oceanía, fortaleciendo así el saqueo de los recursos naturales de la zona.

Dentro de este proceso de territorialización del capital, las concesiones mineras y la construcción de parques eólicos impactan en la vida campesina e indígena y en la producción agropecuaria disminuyendo la producción de cultivos básicos y también comerciales como el mango.

Con base en estas dinámicas del capital se inscribe también el proceso de instrumentación de las Zonas Económicas Especiales de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Estas Zonas Económicas Especiales son un proceso de despojo impresionante que plantea básicamente grandes procesos que ya se visualizan en el Istmo: 1) La reconversión productiva hacia el dominio agroenérgetico del campo con la construcción de fincas de energías eólicas o solares; 2) la privatización de recursos energéticos y del agua ya que se construyen presas hidroelectricas y acueductos; 3) el impulso al turismo convencional en detrimento de los bienes naturales y la vida sociocultural; y 4) el diseño de megaproyectos para obras de infraestructura como son las carreteras, vías férreas, aeropuertos, etc.

Estas nuevas Zonas Económicas Especiales traerán consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de infraestructura que impactará de manera creciente en la dinámica extractivista de las entidades. Lo cual, probablemente generará empleo precario pero a costa de la pérdida de un modo de vida, de una forma de ser de los pueblos indígenas y los campesinos de esta zona y sobre todo de un deterioro innegable de la naturaleza.

Entre algunas empresas que llegarán con fuerza a las nuevas ZEE se encuentra el grupo brasileño Braskem que se une a IDESA México, con ellos esta también Hules Olmeca como complejo agroindustrial e impulso a la producción de hule en México y Southwestern Energy dedicada a la producción de gas y la explotación petrolera.

Braskem–IDESA

Plantea instalarse en la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos gracias a las facilidades fiscales que implementa el gobierno mexicano. Su historia es particular, en 2010 se unen los corporativos Braskem de Brasil e Idesa de México y crean el mayor productor de resinas termoplásticas de toda América, todo ello con base el proyecto “Etileno XXI” que construyo el complejo petroquímico de polietileno en Nanchital de Lazaro Cárdenas en Veracruz. La inversión fue de 5 mil 200 millones de dólares y tan sólo en 2016 se tuvo una producción anual de 1 millon 50 mil toneladas de polietileno de alta y baja densidad. La asociación Braskem Idesa es controlada por Braskem con el 75% de la participación, mientras que Idesa tiene el otro 25%. Braskem Idesa tiene desde 2009 un contrato para que Pemex le suministre 66,000 barriles diarios de etanol durante 20 años para su producción, (Braskem, 2016) según la Auditoria Superior de la Federación esto le ha significado a Pemex pérdidas por 1 900 millones de pesos, al proporcionarle dicho producto por debajo del precio de mercado. Lo cierto es que dicha empresa esta envuelta en casos de corrupción que involucran a Odebrecht, Pemex y a los presidente de México: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por ello. Braskem acordó pagar unas multas en Brasil y Estados Unidos para zanjar los cargos que apuntaban a que planificó con uno de sus principales accionistas, Odebrecht SA, sobornar a políticos y ejecutivos en Brasil. Lo relevante es que diversos medios de comunicación (MCC, 2017) dan cuenta de como Braskem, la filial de petroquímica de Odebrecht, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fadigas, quien en aquellos días era el director de la compañía y que confeso en la operación Lava Jato. Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI y el resto es historia conocida. BRASKEM-IDESA tuvo ganancias superiores a los 600 millones de dólares el primer trimestre de 2017.

Hules Olmeca

También en la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos se instalará esta empresa la cual es relevante porque forma parte de un proyecto agroindustrial que busca la fabricación de hule de alta calidad. Es un desarrollo italo-mexicano donde se da la unión de COPESA (Mx) con Process Engineering (It).

COPESA es muy fuerte en la zona de Coatzacoalcos ya que es operadora de un holding donde participan empresas china, hindúes y canadienses. Empresas como Petrojet, ZTE o Wabag tienen a COPESA como su operadora en la región.

En este caso llama la atención la instalación de esta empresa para el impulso del cultivo de hule en la región, ya que dentro de su plan se señala la intención de tener 3 mil hectáreas de hule disponibles para el procesamiento.

SouthWestern Energy

Por su parte en Salina Cruz va a instalarse la empresa Southwestern Energy de Estados Unidos con una inversión de 460 millones de dólares con la cual pretende construir un parque tecnológico y una planta de parafinas y lubricantes sintéticos. SWE es una empresa dedicada al gas natural, la explotación y producción petrolera, su sede se encuentra en Spring, Texas. Sus ingresos fueron de 2 mil 436 millones de dólares en el año 2016. Las principales actividades de la empresa se localizan en Arkansas y en New Brunswick, Canadá.

Es en Canadá donde esta empresa se enfrento mediáticamente y legalmente contra los residentes de localidades como Fredericton, Sussex, Hampton, Norton y Rexton de New Brunswick que se opusieron firmemente a la fractura hidráulica. En el años 2015 el gobierno provincial de New Brunswick impuso una moratoria a la fracturación hidráulica.

Con esos antecedentes ambientales ahora llega a esta región del Istmo rica en vida natural y cultural. De seguro enfrentará muchas resistencias.

*Agustín Ávila Romero. Economista de la UNAM, Profesor Visitante en IESA-Brasil

Sobre el "Así no" del CMN

Carlos Fazio

México vive en la coyuntura de una aguda lucha de clases. Una violenta lucha de clases promovida por los que mandan: los barones del dinero. Se trata de una violencia impulsada por una minúscula clase capitalista trasnacional (CCT), que ha integrado a México al nuevo sistema globalizado de producción, finanzas y servicios. La CCT está formada por los propietarios y gerentes del capital trasnacional, que operan como agentes del capitalismo global. Sus intereses radican en promover circuitos de acumulación de capitales globales; no nacionales. Pero como dice William I. Robinson, a pesar de la retórica del fundamentalismo del mercado total, el sistema capitalista no puede sostenerse únicamente mediante las relaciones de mercado. Para funcionar, el capitalismo requiere del Estado. Por eso, con mayor profusión desde los años 90 del siglo XX, de la mano de la dictadura del pensamiento único neoliberal, al igual que en los centros de poder hegemónico, la clase capitalista trasnacional mexicana viene impulsando una insurgencia plutocrática (Robert Bunker) para subordinar al Estado.

Al amparo del presidencialismo autoritario y ejerciendo un poder de facto (de hecho), que no de jure (legal), la cúpula empresarial y financiera y los personeros del capital trasnacional desmantelaron el viejo Estado social (o benefactor) y lo sustituyeron por un Estado niñera a su servicio (Chomsky dixit). A partir del dominio de recursos vitales y/o estratégicos que le dan el control de la ideología, la sociedad y la economía, obtenido la más de las veces mediante el tráfico de influencias −una práctica ilegal (ya que se basa en la corrupción, el cohecho, el soborno y el lobby) o al menos éticamente objetable−, la CCT privatizó y secuestró el poder del Estado mexicano y lo utiliza en función de sus intereses; para obtener favores o un tratamiento preferencial.

Así, luego de destruir y/o reducir todo lo referente al contrato social que los trabajadores y los pobres habían conseguido tras un siglo y medio de grandes luchas, la clase dominante generó un nuevo y poderoso Estado nana que les proporciona los recursos públicos, los subvenciona y los protege. Ello no fue fruto de la voluntad popular, sino, básicamente, de una corporativización del poder a través de la unción fraudulenta o inducida de sucesivos presidentes neoliberales, que han venido actuando como gerentes o administradores de los intereses del gran capital, con apoyo de una partidocracia que abdicó del interés público; lo que dio como resultado una forma de tiranía privada depredadora (Chomsky) que se ha dedicado a asaltar y saquear los presupuestos públicos (Robinson).

La clase capitalista trasnacional mexicana tiene rostro: está integrada por un puñado de megamillonarios entre los que figuran Carlos Slim Helú (Grupo Carso), Germán Larrea (Grupo México), Carlos Hank Rhon (Grupo Banorte), Alberto Baillères (Industrias Peñoles), Ricardo Salinas Pliego (Tv Azteca) y Emilio Azcárraga Jean (Televisa). Son 16 hombres y mujeres que aparecieron en el listado 2017 de la revista Forbes, algunos de los cuales integran el multicitado Consejo Mexicano de Negocios (CMN), integrado por unas 40 familias propietarias de grupos como Kimberly-Clark de México, Posadas, Mexichem, Femsa, Bachoco, Modelo, Vitro, Banamex-Accival, Bimbo y Soriana, que suscribieron el Así no contra Andrés Manuel López Obrador.

El aumento del poder privado trajo la eliminación de los derechos de los trabajadores, de los derechos políticos, del derecho al sustento básico e incluso de lo que solía llamarse el derecho a la vida. La polarización sin precedente de la riqueza entre los pocos que tienen mucho y las mayorías que no poseen casi nada, agravó las contradicciones internas y viene generando conflictos sociales y crisis de legitimidad estatales. Esa división de la sociedad entre ricos y masas pauperizadas ha creado un nuevo apartheid de la pobreza.

Para ganar legitimidad, en tiempos electorales las élites opresoras (la burguesía organizada, diría Marx) se disfrazan de liberales y suelen presentar su propio proyecto (de dominación encubierto) como representante de toda la sociedad, y a través de los medios de difusión masiva bajo control monopólico privado, califican de populistas a quienes impulsan un proyecto alternativo de nación. Asimismo, en tales circunstancias, los poderes fácticos se presentan como la encarnación (en realidad usurpación) de la sociedad civil, término que surgió como propuesta contraria a la concentración del poder y negación del corporativismo.

Junto a la reconfiguración de una nueva estructura de relaciones sociales de dominio y explotación de los trabajadores por los propietarios de los bienes de producción y sus colaboradores (ciudad-campo, clases sociales), la plutocracia mexicana y sus socios de la CCT han venido impulsando el co­lonialismo interno. Es decir, la explotación de unas regiones por otras con la zanahoria del progreso, el desarrollo y la modernidad. Verbigracia, la ciudad Slim del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), proyectada por el dueño del Grupo Carso en asociación con el Grupo Atlacomulco y el clan Salinas de Gortari, y las zonas económicas especiales (ZEE) que administra Gerardo Gutiérrez Candiani.

Lo anterior tiene que ver con la ocupación de los espacios territoriales y sociales; con la ocupación, apropiación, redemarcación y restructuración del espacio (Lefebvre), por redes de poderosas empresas oligopólicas y sus milicias paramilitares (para el control represivo) con apoyo gubernamental, vía expropiaciones y/o el despojo de territorios y la creación de una economía de enclave (maquila), que asfixia a la producción local, elimina a buena parte de los medianos y pequeños empresarios, y se ensaña con los artesanos y las comunidades. En todo caso, la alternativa de sumisión con expoliación o desempleo con exclusión se plantea como la opción racional a los pobladores y trabajadores y sus familias (González Casanova).