13.2.18

La lucha contra las Zonas Económicas Especiales apenas comienza


Alberto Colin Huizar

De vestimenta impecable, reloj de lujo, traje de importación y corbata azul finamente planchada, Gerardo Gutiérrez Candiani, empresario oaxaqueño titular de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se dispuso a conversar en televisión (canal once) con Ezra Shabot [1] sobre su vida empresarial, las reformas y el futuro del capital privado en México. No es la primera vez que lo hace. Acostumbrado a emitir mensajes en video, se propuso mostrar la potencia de los empresarios a la hora de construir políticas. Como si fuera parte del 1% del arriba que lo domina todo, planteó su gran proyecto de ZEE como el “ejemplo del desarrollo”. En su imagen idílica del país como tablero de apuestas y jugando a ser dios, intenta imponer su idea de que los campesinos e indígenas son como sujetos del videojuego de estrategia Age of Empires y se les puede dar la orden de trabajar o morir en el momento que se requiera. Este es el ideal de los empresarios, los cuales ven en las ZEE la mayor apuesta del sexenio.

En un texto anterior [2], señalé algunas ideas clave para entender qué son y cómo están operando los procesos de despojo territorial a partir de la implementación de las ZEE en el sur de México. Ahora me propongo examinar algunos artículos fundamentales contenidos en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y mostrar el avance de la maquinaria extractiva bajo el ensamble capital-Estado que sobrepone la movilidad de los negocios aprovechando el desastre social provocado por los fenómenos naturales (en el caso de Oaxaca) y la violencia totalitaria (en el caso de Veracruz).

Legislar para el despojo

Considero que al menos cuatro artículos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales son fundamentales para entender la estrategia de despojo de la tierra y el territorio. El artículo 3ro explica cada procedimiento y etapa del proceso de implementación de las ZEE, desde las tareas del administrador integral hasta la definición de la zona. De manera ambigua, expone un plan de desarrollo con carácter ilimitado, lo cual permite la proliferación de megaproyectos que acompañen la creación de la ZEE aprovechando la infraestructura para movilizar recursos energéticos, como el agua o la electricidad para la operación de proyectos mineros o de hidrocarburos. Además, no se señala una delimitación geográfica para la zona, por lo que los polígonos territoriales que componen las ZEE, pueden modificarse de su plan inicial y tener afectaciones sobre otros pueblos más alejados de la zona de influencia, con lo que peligra el territorio de otros pueblos que no se hayan considerado afectados por la implementación de las ZEE y los cuales también corren el riesgo de perder su autonomía y modos de organización y distribución de la tierra, factor principal que está en juego.

El artículo 30 menciona que el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de una ZEE, se considerará causa de utilidad pública, lo cual permitiría la aplicación de medidas previstas en la Ley de Expropiación para proveer de bienes y servicios utilizados para las actividades económicas relacionadas con las ZEE. Esto quiere decir que bajo el eufemismo de utilidad pública, se planea la obtención de tierras bajo la expropiación, ya que la mayoría de los terrenos donde se planea posicionar las ZEE son municipios establecidos bajo criterios de propiedad privada, por lo que el Estado tiene que adquirir esos terrenos de alguna forma (comprando o expropiando). Por esta razón, las leyes instruyen una planeación que permita obtener las dimensiones de territorio que necesita para la implementación sin que le cueste dinero, con lo que cierran jurídicamente las posibilidades de los pueblos para ampararse ante políticas de aprovechamiento de la tierra tan intensas como las del proyecto de ZEE.

En concordancia con lo anterior, el articulo 32 plantea que las tierras o inmuebles requeridos por las ZEE se pagarán de acuerdo a lo que dictaminen las “instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o especialistas en materia de evaluación con cédula profesional expedida por autoridad competente”. Esto quiere decir que el mismo aparato estatal en contubernio con los empresarios del sector privado, definirán el precio de las tierras a partir de criterios propios, elaborados por estudios financieros encargados a modo. Esto permite poner precios muy bajos a las tierras, en casos donde no pueda aplicarse la expropiación. Sin duda, los inversionistas recurrirán a este método institucional para despojar a los campesinos de numerosas hectáreas de tierra pagando una miseria por grandes extensiones de tierra utilizadas para el ramo de la agroindustria.

Y para aumentar nuestra preocupación, el artículo 33, en su inciso once, habla literalmente sobre el control y reordenamiento territorial, que a la letra dice: “operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes”. Este apartado es de los más peligrosos, porque pone al descubierto el control policiaco-militar alrededor de las ZEE, lo que permitiría a los cuerpos de vigilancia (que pueden ser empresas privadas de un tipo similar al Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México –Cusaem-) controlar el territorio, evitar la entrada de ciertas personas (violando derechos elementales), reprimir a los que intenten protestar o hacer bloqueos y sobre todo, militarizar las zonas de conflicto donde el Estado ha podido mapear movimientos de resistencia a los proyectos de muerte (como les llaman los pueblos agrupados en el Congreso Nacional Indígena). Este apartado de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se articula con la iniciativa militar conocida como Ley de Seguridad Interior, actualmente en discusión ante las cámaras de diputados y senadores, luego de pasar 3 meses en la congeladora legislativa debido a las numerosas críticas.

Oaxaca ante el asedio empresarial

En el estado de Oaxaca las cosas no van a mejorar para los pueblos luego del sismo. En el contexto del pos-terremoto, el empresario Candiani, en compañía de toda una camada de cleptobarones, como les llamo Carlos Fazio [3], declaró que urgía “acelerar el paso de las ZEE en Oaxaca y Chiapas” para “hacer algo extraordinario para el sur sureste de México” [4]. En Oaxaca por ejemplo, el terremoto “afectó a 120 mil personas en 41 municipios, así como 60 mil 600 viviendas- de las cuales 20 mil 664 tuvieron daño total y 39 mil 956 daño parcial. Su infraestructura, redes de agua potable, de drenaje están dañadas. La economía local está golpeada” [5]. Aprovechando la destrucción de la infraestructura básica de miles de familias, los cleptobarones se pusieron el saco de la solidaridad y la humildad, escondiendo sus reales intenciones de hacer negocio con la desgracia de los pueblos.

En este contexto, la autoridad federal aseguró que “no hay nada que detenga la instalación de las Zonas Económicas Especiales en Salina Cruz”, y agrego que “antes de que concluya el año” se emitirá el decreto de instalación del megaproyecto [6] acompañada de la plaza comercial más grande la región: “plaza metropolitana”, con una inversión de 420 millones de pesos en una área de 15 mil metros. Los empresarios calcularon que a finales de diciembre quedará establecida la ZEE en Oaxaca y explicaron que el retraso tuvo su origen en la “donación” de la tierra, ya que la realizada en un primer momento “no contaba con la vocación” de uso industrial ni era lo suficientemente amplia. Por esta razón, las comunidades afectadas que necesitan reorganizar su vida de manera autónoma tras el sismo, quedaron en segundo plano. Mejor dicho, se convirtieron en el pretexto para renegociar la tierra y, aprovechando el caos, los empresarios gestionaron la “donación” de terrenos para proyectos del ramo energético, como sucede en el Istmo de Tehuantepec, una de las zonas más dañadas por el terremoto.

La buena noticia es que el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios está bien consciente de lo que representa este avance voraz del capital, por lo que están dispuestos a defender la vida tejidos a la Madre Tierra [7]. Por su parte, las mujeres zapotecas organizadas en el municipio de Ixtepec, también son conscientes de los ataques que vienen, pues su lucha “no es por una hectárea, ni diez y tampoco cien, son 8 mil 150 hectáreas que el gobierno federal de Felipe Calderón concesionó a las empresas mineras Plata Real -filial de la estadounidense Sunshine Mining and Refining-; y a la japonesa Dowa, como parte del corredor minero de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)” [8]. Dicho corredor también afectaría a los municipios de Lachiguiri, Laollaga, Tapanatepec, Zanatepec y San Miguel Chimalapa. La resistencia se va construyendo poco a poco en frentes comunes por la dignidad y la vida.

En Veracruz continúa el terror

Para el caso de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, es innegable el rol que está jugando la violencia a partir del terror infundido por grupos delincuenciales al servicio del Estado que legitiman políticas de militarización. Actualmente la región petroquímica padece una economía a la baja, con una tasa de desempleo del 40% y sumergida en “un problema de inseguridad muy grande”, como aceptó el alcalde Joaquín Caballero [9]. En ese contexto, a finales de septiembre, el presidente Peña Nieto decretó la ZEE de Coatzacoalcos con una extensión de más ocho mil hectáreas. Luego de este evento, el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes, se reunió en la Ciudad de México con Gutiérrez Candiani, mandos policiaco-militares y representantes de las 50 empresas globales con más inversión en México. Ahí les invitó a invertir en materia de seguridad como un punto principal. Inversiones en seguridad que radican en la compra de equipamiento para los cuerpos policiacos (patrullas, armas, chalecos), tecnología de espionaje, cámaras de video-vigilancia y reforzamiento del C-4 en Veracruz-Boca del río [10].

La ZEE de Coatzacoalcos se compone de un polígono de producción enfocado a las actividades petroquímicas, petroleras, procesamiento de plásticos y agroindustrias. Son estas áreas las que han atraído a los inversionistas chinos, quienes acudieron en octubre pasado para firmar convenios para la creación de una empresa productora de juguetes de plástico que ofrecería alrededor de 5 mil empleos. También los empresarios mexicanos integrados en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se vieron interesados en invertir en la zona costera, con un plan de producción en base a maquilas y una serie de empresas enfocadas en la proveeduría para la distribución de múltiples mercancías en el traslado global [11].

A pesar de tan sonadas promesas de seguridad y empleo, la población de esta sureña región, se mantiene con muchas reservas en cuanto a los beneficios del proyecto de ZEE. Las ejecuciones, los secuestros y los feminicidios no dejan de resonar en los periódicos locales, quienes se enfocan en tomar nota de los muertos de los que nadie más se ocupa. Autoridades locales, pequeños empresarios, trabajadores, amas de casa, estudiantes, nadie se salva. Los Zetas, grupo criminal que opera en la zona, ha impuesto toques de queda implícitos ante el amparo de las instituciones locales. La presión de los sicarios es tan fuerte que no hay señales de acción colectiva por parte de los vecinos. Esta condición de opresión le sirve al ensamble capital-Estado.

En otros municipios de la entidad se han organizado algunas acciones de protesta para exigir el cese a la violencia, como por ejemplo en el puerto de Veracruz, donde en octubre pasado fue torturado y ejecutado el neurocirujano David Casanova, crimen que causó la indignación a nivel estatal, provocando que los médicos y vecinos realizarán una movilización por las calles del puerto hasta el zócalo municipal con la exigencia de justicia [12]. Sin embargo, en Coatzacoalcos la violencia no ha detonado grandes acciones colectivas. En este escenario podemos observar que la violencia del narco desbarata las relaciones interpersonales, fragmenta la colectividad y sitúa en la desconfianza a los sujetos. En ese complejo terreno es fundamental restablecer el tejido social, vernos los rostros, platicar nuestras preocupaciones y encontrar rutas probables para la defensa colectiva.

Combatir un proyecto global

Las ZEE, también llamadas zonas francas o zonas libres no son procesos económicos aislados. Desde hace tiempo se vienen replicando como proyectos del capital global instalados en países concretos con el apoyo del imperialismo estadounidense y el Banco Mundial. La experiencia de varios países como Mauritania en el continente Africano, Honduras en Centroamérica, Blangladesh en Asia e Irlanda en el norte de Europa, demuestran la potencia del proyecto para posicionarse en todo el planeta de manera estratégica [13]. Aunque la información al respecto es escasa, en el caso de Honduras la experiencia fue desastrosa, militarizando pueblos y llevando a la gente a una explotación sin precedentes. En esta experiencia, los ganadores en inversión fueron Canadá (ocupando el 28% de la inversión total) y Estados Unidos (con el 48%).

La resaca de las ZEE en Centroamérica dejó un desgaste económico referente a la mano de obra de los hondureños, generando una masiva fuga de capital, lo que provocó sueldos muy pobres que no significaron una opción de vida para los habitantes de la zona de influencia. De ahí que se profundizará el éxodo de migración hacia los Estados Unidos. Además, se aceleraron distintos megaproyectos que atentaban contra bosques y ríos, los cuales eran usados como fuentes de producción para el sector energético, lo que desató una serie de conflictos socioambientales teniendo como principales actores de oposición a las organizaciones indígenas. En este caso, la articulación de los megaproyectos se acompañó de una fuerte militarización y proliferación de grupos paramilitares en los territorios, lo que impulsó la criminalización contra los movimientos opositores al “progreso”, convirtiendo a Honduras en el país más peligroso del mundo para lxs defensores ambientales, según el informe del observatorio internacional Global Witness [14].

Resistir frente al despojo

Derivado de este escenario, hace varios años que Pablo González Casanova ha venido afirmando en textos y discursos públicos, que hoy vivimos una recolonización de los pueblos mediante los megaproyectos extractivos que operan ”a través de la ocupación integral  de nuestros países, estructurada en el ámbito nacional mediante reformas constitucionales y legales, y a través de disposiciones de hecho, realizadas todas ellas sin consultar a la sociedad” [15], las cuales están generando nuevos procesos de dominación global. En el fondo de estos procesos, el plan es imponer “una guerra sin precedentes que renueve el crecimiento y simultáneamente elimine los excedentes de capital y trabajo mientras se apropia de recursos y territorios escasos. Producción, consumo y exterminio simultáneos” [16], como bien señala el activista colombiano Manuel Rozental.

La salida a estos proyectos extractivos no la podemos encontrar en el cambio de gobierno del próximo 2018, ni aunque se disfrace de gatopardismo. Los empresarios han aprendido que para que sus negocios surtan efecto, tienen que pensar transexenalmente, legislar con alevosía y ventaja y construir el andamiaje institucional que les permita imponer sus proyectos de muerte. Desde este análisis, es posible entender por qué una iniciativa de ley, como la Ley de Seguridad Interior se encuentre en vías de aprobación en los espacios de poder político. Los mandos militares, al servicio de intereses globales, están dispuestos a iniciar un Estado de excepción permanente (con el respaldo de la Iniciativa Mérida), donde el ejército ocupe las calles y realice labores de seguridad pública con la misión concreta de abatir a todo aquel grupo social que atente contra la “seguridad interior”, en una clara violación a los derechos elementales como seres humanos. Para ser claros, no es coincidencia que las ZEE se acompañen de leyes en materia de seguridad. El despojo encuentra en la violencia y el sometimiento físico su mejor método para doblegar al enemigo.

Necesitamos ser muy astutos desde abajo, para poder entender que planean los de arriba. El primer paso es aceptar que vivimos en guerra, estudiar las estrategias de los poderosos y desde ahí pensar/actuar para construir nuestras acciones colectivas con las cuales podamos enfrentarnos a la hidra. Como suele decir Marichuy, la vocera del Concejo Indígena de Gobierno: hay que organizarnos para enfrentar la guerra todxs juntxs.

Referencias:
[1] Línea directa. Entrevista de Ezra Shabot con Gerardo Gutiérrez Candiani. Disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=siDFjLjIYhk
[2]Véase mi artículo previo, “El extractivismo de las Zonas Económicas Especiales”, en Regeneración Radio. Disponible en: http://regeneracionradio.org/index.php/represion/despojo/item/4822-extractivismo-zonas-economicas-especiales
[3] Fazio, Carlos (2017), “El reality show para jodidos y los cleptobarones depredadores I”, en La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/10/09/opinion/023a1pol
[4] “Tras sismo urge acelerar el paso de las ZEE en Oaxaca y Chiapas: Gutiérrez”, en NVI noticias. Disponible en: http://www.nvinoticias.com/nota/70504/tras-sismo-urge-acelerar-el-paso-en-las-zee-en-oaxaca-y-chiapas-gutierrez
[5] “Se aplica doctrina del shock tras terremoto en Oaxaca”, en Avispa Midia. Disponible en: http://avispa.org/mexico-se-aplica-doctrina-del-shock-tras-terremoto-en-oaxaca/
[6] “Salina Cruz será ZEE antes de que concluya el año: Gutiérrez Candiani”, en NVI noticias. Disponible en: http://www.nvinoticias.com/nota/74732/salina-cruz-sera-zee-antes-de-que-termine-el-ano-gutierrez-candiani
[7] Véase el comunicado completo en: http://avispa.org/19412/
[8] “Por el derecho a la vida, mujeres zapotecas resisten frente a las Zonas Económicas Especiales”, en Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL). Disponible en: https://www.ocmal.org/por-el-derecho-a-la-vida-mujeres-zapotecas-resisten-frente-a-las-zonas-economicas-especiales/
[9] “Roba Peña Nieto reflectores a Yunes; decreto de ZEE se hará en Chiapas”, en La Jornada Veracruz. Disponible en: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170928_073540_763
[10] “Interesa a empresarios invertir en Zona Económica Especial de Veracruz”, en Am de Querétaro. Disponible en: http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2017/09/27/interesa-a-empresarios-invertir-en-zona-economica-especial-de-veracruz
[11] “Empresarios visitan la región sur por interés en ZEE; habría 5 mil empleos”, en La Jornada Veracruz. Disponible en: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171030_085016_630
[12] “Asesinato de neurocirujano causa indignación en Veracruz; médicos exigen justicia”, en Revista Proceso. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/509160/asesinato-neurocirujano-causa-indignacion-en-veracruz-medicos-exigen-justicia
[13] “Zonas Económicas Especiales en México” (2016), Documento de trabajo Núm. 224, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Cámara de diputados. Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-Trabajo/Num.-224-Zonas-Economicas-Especiales-en-Mexico
[14] “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta” (2017), en Informe Global Witness. Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/
[15] López y Rivas, Gilberto (2013), “La recolonización de los territorios en la globalización neoliberal”, en el Volcán Insurgente. Corriente crítica de los trabajadores de la cultura. Disponible en: http://www.enelvolcan.com/jun2013/262-la-recolonizacion-de-los-territorios-en-la-globalizacion-neoliberal
[16] Rozental, Manuel (2017), “Prefacio. ¿Cómo dejamos de hacer su historia con nuestras rebeldías? El desafío que nos reitera Vilma Almendra”, en Almendra, Vilma, Entre la emancipación y la captura. Memorias y caminos desde la lucha Nasa en Colombia, México, Pueblos en Camino, Grietas Editores, Pensaré Cartoneras, En cortito que´s pa´largo. Disponible en: http://pueblosencamino.org/?p=4495

12.2.18

Tillerson, la militarización y el petróleo

Carlos Fazio

En el contexto de una disputa geopolítica con competidores capitalistas extracontinentales (China, Rusia, Unión Europea) que desafían la hegemonía del imperio en su tradicional zona de influencia, la reciente gira del secretario de Estado, Rex Tillerson, por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica tuvo una clara proyección expansionista con base en dos ejes principales: seguridad y energía.

Como integrante de la clase capitalista trasnacional, Tillerson, ex director ejecutivo de la corporación petrolera privada estadunidense Exxon-Mobil, cuarta compañía del ramo a escala mundial detrás de las estatales Aramco (Arabia Saudita), NIOC (Irán) y CNPC (China), esgrimió un enfoque mercantilista primitivo (Jorge Eduardo Navarrete dixit), tan anacrónico como la Doctrina Monroe en la que basó su discurso en la Universidad de Texas, en Austin, un día antes de su arribo a México.

El modelo Tillerson de relaciones hemisféricas encarna la tradicional diplomacia de guerra de Washington, acentuada ahora debido a la crisis estructural y de legitimidad del sistema capitalista mundial, caracterizada por William I. Robinson como la fusión del poder político reaccionario en el Estado, fuerzas ultraderechistas, autoritarias y neofascistas en la sociedad civil, y el capital corporativo trasnacional. Una triangulación de intereses que, en perspectiva, bajo la administración Trump, va configurando un Estado policiaco global de corte neofascista.

En ese contexto, las fracciones del gran capital más propensas a un fascismo del siglo XXI se sitúan en el sector financiero especulativo, el complejo militar-industrial-securitario-mediático y en las industrias extractivistas, entrelazadas con el capital de alta tecnología/digital.

Dada la magnitud de la crisis del capitalismo, su alcance global, el deterioro social y el grado de degradación ecológica que genera, para contener las protestas y/o rebeliones reales o potenciales, la plutocracia dominante viene impulsando diversos sistemas de control social de masas, represión y guerra (abiertas o clandestinas), que son utilizados, además, como herramientas para obtener ganancias y seguir acumulando capital frente al estancamiento. Lo que Robinson llama acumulación militarizada o por represión.

Tal categorización alude al talón de Aquiles del capitalismo: la sobreacumulación. La creciente brecha entre lo que se produce y lo que el mercado puede absorber. Si los capitalistas no pueden vender sus productos, no obtienen ganancias. Dada la enorme concentración de la riqueza –con sus correlativos niveles de polarización social y desigualdad global sin precedente−, la clase capitalista trasnacional necesita encontrar salidas productivas rentables para descargar enormes cantidades de excedentes acumulados.

De allí que los complejos energéticos y extractivistas recurran a la intensificación y profundización del neoliberalismo vía la privatización de la infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, ferrocarrilera, de oleoductos, gasoductos y electricidad (verbigracia, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el caso mexicano); la superexplotación laboral y precarización del trabajo (subcontratación, tercerización), y políticas de desregulación total y mayor subsidio al capital trasnacional.

Dichas políticas de relocalización de capitales, reindustrialización y acumulación por desposesión o despojo de territorios y materias primas en economías dependientes, se ha venido dando en México, Centro y Sudamérica por conducto de golpes suaves, la imposición de facto de un estado de excepción permanente y el establecimiento de estados policiacos, cuyo soporte son la militarización de la sociedad civil y distintas modalidades de guerras tácticas sin fin, camufladas como lucha antidrogas o contra enemigos internos −los mapuches bajo el (des)gobierno de Mauricio Macri−, con armamentos avanzados impulsados por la inteligencia artificial, incluidos sofisticados sistemas de monitoreo, rastreo, seguridad y vigilancia.

En ese contexto cabe resaltar que en su discurso en la Universidad de Texas, Tillerson colocó la energía, en particular los hidrocarburos (petróleo, gas, aceites no convencionales), como punto nodal de la renovada estrategia hemisférica de la administración Trump. Puso como modelo la fuerza energética de América del Norte; la apertura (privatización) de los mercados de energía en México, y el papel de Estados Unidos como proveedor de gas natural para nuevas generadoras de electricidad en la región.

De hecho, México −que desde 2007 con la Iniciativa Mérida encabeza la lista de ayuda encubierta de inteligencia militar del Pentágono y la CIA, después de Afganistán− va camino a ser reconvertido en una plataforma de exportación de petróleo, gas natural y gasolinas producidas en la Cuenca de Permian y Luisiana, hacia el mercado asiático (Japón, China, India, Corea del Sur, Taiwán), vía los puertos de Manzanillo y el eje Coatzacoalcos/Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, que aprovechando la infraestructura instalada de Pemex, dará a las corporaciones de energía ventajas por menor tiempo y bajo costo de transporte, que si lo hicieran mediante el Canal de Panamá.

Dado que los hidrocarburos son un componente central de la estrategia neocolonial militarizada y de seguridad energética de Donald Trump y las corporaciones del sector −en clave de restauración conservadora y de defensa de su hegemonía−, Petróleos de Venezuela (PDVSA, quinta empresa petrolera mundial) fue otro objetivo central de la gira de Tillerson. De allí que instruyera a los gobiernos colaboracionistas cipayos de Enrique Peña Nieto, Mauricio Macri, Pedro Kuczynski y Juan Manuel Santos, las nuevas modalidades que deberán desempeñar de cara a la intensificación del cerco militar, económico y financiero contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, incluido un eventual embargo petrolero como nuevo precipitador de una crisis humanitaria que justifique una intervención militar multilateral.

2.2.18

De las reformas de EPN, la peor es la energética: cifras revelan que dañó a Pemex, al país y al de a pie

Daniela Barragán

A cuatro años de la aprobación de la Reforma Energética, las cifras, la percepción y la realidad no coinciden con lo que se prometió en 2013. Ni para Pemex ni para los hogares mexicanos.

El investigador de la UNAM, Fabio Barbosa Cano, ha seguido de cerca varios de los procesos de la petrolera y ya rumbo al fin de la administración de Enrique Peña Nieto ve dos cosas seguras: la política energética fue un desastre y el costo de implementarla se ve reflejada en los golpes a los bolsillos de las familias mexicanas.

“La política energética de Enrique Peña Nieto ha sido uno de los fracasos más estruendosos. En ninguna de las reformas el fracaso es tan latente como en esta. Peña Nieto termina su gobierno dejando un sector petrolero en ruinas”, advierte el especialista en el ámbito del sector petrolero en México.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El fracaso de la Reforma Energética se puede ejemplificar claramente en el bloque Amatitlán. A grosso modo, esta es la historia de un yacimiento ubicado al norte del estado de Veracruz que, en 2012, fue perforado 650 veces por Petróleos Mexicanos (Pemex); es una zona muy atractiva por la cantidad de petróleo que hay ahí.
Enrique Peña Nieto llegó ese año a la Presidencia de México con una política energética muy clara. A pesar de que en 2008 hubo una Reforma Energética, él llegó con una nueva propuesta como prioridad.

La Reforma Energética del Presidente Peña fue aprobada en 2013 y ese año, en el bloque Amatitlán se registraron 100 perforaciones de Pemex. En 2014, año en que se desplomaron los precios del petróleo a nivel mundial, se perforaron 40 pozos. Para 2016, apenas se perforaron ocho pozos, y esa cifra quedó estancada y fue la misma en 2017.

Sin embargo, actualmente esa bloque de hidrocarburos está en manos de Rusia y Canadá, con las empresas Lukoil y Renaissance Oil, respectivamente, que ya empezaron a perforar por su cuenta, gracias a las concesiones de la Reforma Energética aprobada en el Congreso por los legisladores del partido del Gobierno federal, el Revolucionario Institucional (PRI), además de los del Partido Acción Nacional (PAN), y los aliados del tricolor: los del Verde Ecologista de México (PVEM) y lo del Partido Nueva Alianza (Panal).
Este caso, documentado por el ingeniero e investigador económico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fabio Barbosa Cano refleja lo que fue la política energética por la que optó estos años.
“La política energética de Enrique Peña Nieto ha sido uno de los fracasos más estruendosos. En ninguna de las reformas el fracaso es tan latente como en ésta. Peña Nieto termina su Gobierno dejando un sector petrolero en ruinas”, comentó Barbosa en entrevista con SinEmbargo.
En 2017, según el último reporte de Pemex, el 71.58 por ciento de la gasolina utilizada por los mexicanos fue importada. Hubo un total de 570.6 miles de barriles diarios traídos del extranjero, especialmente de Estados Unidos. La cifra es histórica: es un aumento de 12.96 por ciento respecto a 2016 y es la más alta desde que se tiene registro (2006).

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) el costo de las gasolinas en México de 2012 hasta el 29 de noviembre de este año se ha incrementado en un 60 por ciento.
México es el país con los mayores precios de energéticos de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una variación anual de 16.2 por ciento, casi el triple del promedio que fue de 5.8 por ciento.

De acuerdo con el reporte “Precios al consumidor” del mes de octubre, México no sólo estuvo por arriba del promedio de la OCDE, también del bloque que compone la Unión Europea, que fue de 2.9 por ciento y de Chile, el otro país latinoamericano que integra la organización, cuyos precios en los energéticos tuvieron una inflación de 4.1 por ciento.
Con la liberación de los precios, a inicios de este año, el precio de las gasolinas aumentó entre 40 y 70 centavos por litro y el costo promedio de Magna se situó en 17.10 pesos, la Premium alcanzó los 18.93 pesos y el diésel los 17.92 pesos.

Respecto al gas natural, las ventas totales durante 2017 sumaron 2 mil 623 millones de pies cúbicos diarios, mientras que las importaciones fueron de mil 766 millones de pies cúbicos diarios, es decir, el 67 por ciento de este hidrocarburo comercializado en México se trajo del extranjero.

Y en contraparte, la producción de gasolinas en las refinerías de Pemex: en 2017 tuvieron su nivel más bajo con un total de 5 mil 068 millones de pies cúbicos diarios.

Mientras que el precio el Gas LP creció un 40 por ciento, según cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Banxico. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desde la segunda quincena de diciembre de 2016 – la última previa a que se liberalizara el precio- a la primera de 2018 el costo del gas LP aumentó 49.5 por ciento. Un golpe al bolsillo de los mexicanos, pues el 75 por ciento de los hogares lo usan.
“Tenemos una situación de dependencia, de vulnerabilidad, que augura incrementos al precio de los transportes, de la gasolina, del diésel marino del que depende la pesca, del que se utiliza para los motores pesados que transportan los artículos de la agricultura. Ese es el gran riesgo. Esos son los resultados de la reforma energética. El inflacionario era un factor que no estaba presente antes de la reforma pero golpea directamente los ingresos de toda la población, el huevo, la fruta, la leche, las tortillas, el maíz, el fijo. Todo. Todo está aumentando como resultado de eso”, agregó Barbosa Cano, quien forma parte del listado de Historiadores y Científicos Sociales de la historia del petróleo de El Colegio de México (Colmex).
Respecto a eso, a un año de que el mercado de las gasolinas se abrió a la libre competencia y, se dijo, para bajar el costo, la mejoría no se ha visto.

Hay 33 empresas, nacionales y extranjeras, como BP, Shell, Exxon-Mobil, Total, Gulf, Hidrosina y Oxxo Gas, con cerca de 2 mil 200 estaciones de servicio. Le quitaron a Pemex cerca del 20 por ciento del mercado de estaciones de servicio.

De regreso al Bloque Amatitlán, Barbosa Cano explicó que lo que hay en esa área de perforación es un material valioso y encuentra lógico el recorte presupuestal drástico si se enmarca dentro de la política privatizadora del Presidente Peña, ya que el planteamiento que subyace en esa decisión es el de retirar a la antigua empresa estatal de la actividad petrolera y dejarlas en manos de la iniciativa privada.
“Me parece que no era correcto continuar con el proyecto en la medida en que los precios vigentes en el mercado internacional no permitían recuperar ni siquiera los costos, esa es la razón de porqué muchas empresas se retiraron de estas formaciones difíciles, por los costos tan elevados. Pero el asunto era reanudar cuando los precios mejoraran y ahora están las condiciones”, agregó.
De acuerdo con sus investigaciones, se ha demostrado que en esa zona no solamente se encuentra aceite escaso y difícil en la zona tradicional de los hidrocarburos. Esa área ha sido revalorada y ahora no solamente se espera encontrar aceite, es decir, petróleo en un nivel somero, a un promedio de 2 mil metros de profundidad, sino que en formaciones más profundas –a unos 4 mil metros– se encuentra también aceite y las rocas madres.

La gran novedad, como él le llama, es que en 2017, una empresa canadiense llamada Renaissance Oil anunció su alianza con la empresa rusa Lukoil, que ya tenían los derechos adquiridos para el bloque Amatitlán, por lo que los canadienses pagaron 1 millón 750 mil dólares para poder adquirir la condición de socios y anunciaron que en ese año 2017 iniciarían actividades.

“Durante todo 2017 he viajado constantemente hacia esa región, en las laderas de la Sierra Madre. Es una zona bastante incomunicada, es complicado trasladarse, es peor en época de lluvia al grado de que la población en esa temporada queda aislada por semanas. Veíamos difícil que se iniciaran actividades ahí, sin embargo, el 4 de diciembre de 2017, los canadienses instalaron un equipo directamente para perforar. Previamente habían realizado otro ensayo y en este momento se han reanudado las actividades de capital privado en el norte del estado de Veracruz”, relató Barbosa.

Y lo que viene es el tema del agua, la estocada final.
“En este momento, en el panorama internacional los precios de los hidrocarburos, especialmente del aceite, vienen presentando una mejoría. Eso ha alentado a las empresas petroleras a orientar las inversiones hacia las áreas que no se podían desarrollar por la situación de los precios. En el caso de México, no solamente las empresas empiezan a mostrar interés, sino también el gobierno mexicano está creando una serie de facilidades para atraer las inversiones y crear un clima atractivo. Entre estas condiciones está el agua, que es vital”, explicó Barbosa y agregó en México, el agua a las empresas que están ya fracturando, el agua se la están regalando.
Para las comunidades del norte de Veracruz, señaló, hay riesgo y ha encontrado en sus trabajos de documentación, mucha preocupación, ya que se trata de comunidades ejidales, de campesinos, los habitantes de las regiones están seriamente preocupados y alerta ante el temor de que el método de explotación de este tipo de hidrocarburos dañe sus aguas y con ello, perjudiquen no solo el agua que se utiliza para el consumo humano, sino también para el cultivo y el ganado.