Guerra climática, Programa HAARP y desastres en México

Jorge Retana Yarto*

El Proyecto HAARP podría estar detrás del terremoto que sacudió el Sureste mexicano el 8 de septiembre de 2017. El programa, desarrollado por la milicia estadunidense, es un arma de guerra climatológica incertado en el llamado “bio-terrorismo de Estado. “Forma parte de un sistema integrado de armamentos de consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras”

Podemos entender laa guerra climática como un conflicto bélico que utiliza los cambios severos en las condiciones climáticas que generan modificaciones radicales en las condiciones de vida de ciertas sociedades, restringiendo el acceso a los recursos naturales (agua, energía, alimentos). Lo que provoca alteraciones en los equilibrios sociales, ambientales, poblacionales, fronterizos, incluso limpiezas étnicas, todo ello, ocasionado mediante instrumentos explícitos, procesados, con fines militares, de ofensiva contra un adversario.

El objetivo sustancial es generar un colapso o catástrofe social, temporal o permanente, lo cual también puede no ser definitivo. En las civilizaciones antiguas, incluso en las mesoamericanas prehispánicas, los colapsos sociales de origen climático, pero espontáneos, se ubican como causas de extinción y migraciones masivas o declinación civilizatoria. La gran diferencia hoy es que estos mega procesos pueden ser inducidos militarmente.

Hay procesos en la actualidad, que rayan en los límites de la ciencia ficción. Es el caso del Proyecto HAARP y su influencia en los sismos, terremotos, maremotos y huracanes y otros (https://www.youtube.com/watch?v=Y3YFJZBdB1U) que han azotado distintas regiones y países del planeta. Particularmente, el caso del subcontinente suramericano (vastas inundaciones, dada la alteración de los flujos fluviales en distintos países) y, recientemente, Centroamérica y México (huracanes y sismos) llaman la atención, porque coinciden con una actividad redobladamente intensa de las antenas instaladas por el Programa HAARP (180, en un radio de 14 km2), un programa militar del Ejército de Estados Unidos, que emite rayos electromagnéticos de alta frecuencia hacia la ionósfera con el objeto de modificar el ambiente climático, empleado como arma militar.

Si no estuvieran involucrados en su investigación y testimonios, análisis escritos y experimentos, científicos de renombre e instituciones y gobiernos de países muy serios, debiéramos considerarlo un tema de la macro-ficción. Después de todo, la Guerra de las galaxias, cuando se anunció como proyecto para iniciar casi de inmediato, no era más que una mega ficción político-militar y bélica (en aqurl momento, era tecnológica y financieramente inviable, imposible). Se usó la técnica de “engañar al enemigo” (la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) con movimientos e iniciativas ficticias. Hoy es distinto: contemporáneamente, el HAARP forma parte de aquella obsesiva y posible guerra en y desde el espacio sideral para derrotar a un gran enemigo.

Conocimos de este proyecto el 20 de noviembre de 1994 en un periódico de Alaska, el Anchorage Daily News. Se aludía a peligrosas investigaciones militares  en el transcurso de las cuales se habrían estado enviando haces de partículas desde la superficie de la Tierra hacia la ionosfera. Se trataba del High-frequency Active Aural Research Program (Programa de Investigación de la Aurora Activa de Alta Frecuencia), parte de la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), que nunca desapareció.

La explicación ofrecida por el Centro Nacional de Investigación en Ciencias de Bolivia es la siguiente: “se trata de un proyecto de ‘investigación’ creado en 1990 para monitorear las variaciones de ondas dentro de esa sección de la atmósfera llamada ionosfera, que absorbe los rayos ultravioletas del sol transformándolos en iones y electrones, transmisores de ondas radiales y telúricas, que pueden modificarse artificialmente con descargas electromagnéticas para compactar y re-direccionar esas ondas con fines diversos” (https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_weatherwar30.htm).

Pero otros científicos e investigadores especializados y de alto nivel (en geofísica y geoingeniería) lo ubican con toda precisión en la línea de otros programas militares existentes y puestos en marcha por el gobierno y el Ejército de Estados Unidos, aunque ambos lo nieguen públicamente y en forma reiterada.

Su objetivo, entonces, es modificar las condiciones de la ionosfera (parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a la radiación solar) introduciendo cambios químicos en su composición (lo que llevaría consigo un cambio climático), que pudiera conducir  a lograr el bloqueo de las comunicaciones mundiales, también llamado “cegar al enemigo”, inutilizando sus dispositivos informáticos, digitales, satelitales, comunicacionales, etcétera, y poder derrotarlo sin disparar una sola arma de ningún tipo.

Es la victoria de ensueño para cualquier ejército muy poderoso ante uno o unos enemigos igualmente poderosos. El libro Angels don’t play this harp (Los ángeles no tocan esta arpa), del científico Nick Begich y la periodista Jeanne Manning, arrojó diversas conclusiones: las dos más relevantes fueron que el envío de haces de partículas electromagnéticas hacia la ionosfera modificaría la situación de ella y producirá calentamiento en la misma; y que el proyecto no es más que la explotación o manipulación de la ionosfera con fines estrictamente militares.

Existen otros “calentadores  ionosféricos” que funcionan en Puerto Rico (también de Estados Unidos), Noruega (de la Unión Europea) y Rusia. La parte más directamente bélica del programa se constata dado que la cooperación entre el Ejército estadunidense y la Universidad de Alaska debe llevar la obtención de un “escudo anti-misiles” defensivo, muy barato (he aquí una razón central del proyecto), mediante la manipulación geofísica, aprovechando también las grandes reservas de gas natural en aquel estado de la Unión Americana (Alaska).

El programa (en una de sus derivaciones) está vinculado a las disputas energéticas con Rusia en la zona del Ártico, en donde ambos ejércitos han desarrollado emplazamientos militares pesados. La doctora Rosalie Bertell (científica en epidemiología, de gran prestigio que ya falleció) dijo que el HAARP “forma parte de un sistema integrado de armamentos, de consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras” (su conferencia en Cambridge, 4 de junio de 2015, se puede escuchar en Youtube).

En suma, estamos ante un arma de guerra climatológica, una de las formas postmodernas de la guerra entre grandes potencias mediante la geoingeniería, el más descomunal “bio-terrorismo de Estado”.

Y agregó: “HAARP es parte integral de una larga historia de investigación y desarrollo espacial de naturaleza militar deliberada. Las implicaciones militares de la combinación de estos proyectos son alarmantes… La capacidad de la combinación HAARP/Spacelab/cohete espacial de producir cantidades muy grandes de energía, comparable a una bomba atómica, en cualquier parte de la tierra por medio de haces de láser y partículas, es aterradora.

“HAARP podría contribuir a cambiar el clima bombardeando intensivamente la atmósfera con rayos de alta frecuencia. Convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad, podría también afectar a los cerebros humanos, y no se puede excluir que tenga efectos tectónicos. En forma más general, HAARP tiene la capacidad de modificar el campo electromagnético de la Tierra. Es parte de un arsenal de ‘armas electrónicas’ que los investigadores militares de Estados Unidos consideran una ‘guerra más suave y bondadosa’”, estimó. (https://liberacionahora.wordpress.com/informacion-alternativa-y-nuevos-paradigmas/proyecto-haarp/)

En paralelo, en torno a este tema, se ha desarrollado una guerra informativa como en otros casos similares (por ejemplo, en cuanto a los experimentos reales y casos de aplicación para la inoculación del cáncer), una disputa por “la verdad” entre una cierta comunidad científica y el poder de un gran Estado, todo su dinero, su Ejército y sus aparatos de comunicación para dominar a la opinión pública, desmintiendo a algunos  prestigiosos científicos.

Allí encontramos otro de los grandes ensueños del poder: el control social lo más severo y amplio posible. Pero la clave que conecta este programa militar con sus efectos en fenómenos naturales desastrosos, se menciona y resume en lo siguiente: desde una perspectiva científica, los potenciales y reales efectos en movimientos telúricos ocurridos recientemente, son posibilidad efectiva.

Otro científico de renombre mundial, Michio Kakú, afirmó recientemente que el programa HAARP es el responsable de la oleada de desastres naturales (“huracanes artificiales”, que otro científico de la NASA, de apellido Rodie, llamó “creados por el hombre”), debido al rociamiento de los cielos con nano-partículas, cuyo efecto central es la modificación climática.

Según Rodie, mediante el estudio de los más recientes huracanes, descubrió “pautas sospechosas en la trayectoria de los huracanes” como “aspectos brumosos y patrones de ola, habituales en las estelas”, propios de “agentes químicos pulverizados”, lo que pone de manifiesto “la existencia de materiales de geo-ingeniería” emplazados en dicho espacio (https://www.youtube.com/watch?v=viMH3K2xmpI).

En otras palabras, el HAARP es un “calentador ionosférico” que se utiliza para experimentar la modificación focalizada de la turbulencia del plasma (gas de baja densidad en condiciones normales) contenida en la ionosfera, con el objetivo de aumentar la densidad de dicho gas iónico. Cuando la densidad de ese gas aumenta, surgen turbulencias y nubes de plasma multicolores que se conocen como auroras.

Es decir, el HAARP es capaz de fabricar auroras artificiales bajo la forma de nubes de plasma con mayor densidad, en cualquier punto del planeta que se le ocurra al Pentágono. Y por tanto puede también modificar el clima, a partir de considerar a la ionosfera un activo estratégico de orden militar para las  nuevas guerras climáticas (https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_weatherwar30.htm).

Entonces, la hiperactividad electromagnética en las antenas emplazadas del HAARP en Gakona, Alaska, coinciden con la presencia de emisión de señales (bombardeo de nano-partículas) hacia la ionosfera, antes de la ocurrencia de movimientos sísmicos.

En Bolivia, el Observatorio de Tarija registró manchas solares (nubes luminiscentes o auroras boreales) antes del desastre natural causado por grandes inundaciones, que devastó áreas agrícolas ante el colapso sin precedentes de las cuencas fluviales, con decenas de fallecidos y unos 200 mil damnificados. Los inusuales desbordes se extendieron a algunas zonas rurales de Brasil y Paraguay, región en donde desaparecieron 40 mil cabezas de ganado, precipitando una crisis alimentaria más o menos acotada.

Por las mismas fechas, un devastador huracán destrozó los cultivos de café en Colombia; y en Ecuador, las autoridades reportaron, con asombro y temor, la también inusual actividad del volcán Tungurahua (150 kilómetros al Sur de Quito), dentro de un rango de tiempo que comprende los días 12, 18 y 20 de enero de 2014. El propio Observatorio de Tarija, estableció certeza sobre los “efectos asociados a la complejidad del campo magnético en la superficie solar que interactúa con el magnetismo terrestre”, como son:

• “Interrupción en comunicaciones telefónicas,
• apagones de plantas generadoras de electricidad,
• daños a las instalaciones de sistemas de comunicaciones,
• mal funcionamiento de satélites,
• alteración en los GPS,
• aumento de la actividad geomagnética que produce fabulosas auroras boreales (fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que aparece en el cielo nocturno) alrededor del círculo polar ártico, e incluso auroras australes.”

Y de allí que, recientemente, otras fuentes han afirmado que el HAARP es responsable del terremoto ocurrido en México de magnitud 8.2 (del 7 de septiembre de 2017, para concentrarnos sólo en este, sin explicar con toda suficiencia la aseveración). Ello porque en el estado de Texas, Estados Unidos, se produjo la “siembra de nubes antes del huracán” (se hizo el 24 de agosto de 2017, y se ha hecho ya desde 2011), lo que provocó que se amplificara su impacto devastando regiones de ese estado, propiciando también grandes tormentas, experimento calificado como “un gran éxito”, porque la tormenta se prolongó más de lo normal y con mayor fuerza que la natural. Puede ser también una vía para provocar inundaciones, tormentas eléctricas poderosas, sequías y hambrunas (http://conlaorejaroja.com/haarp-el-arma-todopoderosa).

Entre los días 4 y 6 de septiembre, previos al primer terremoto en México en el Sur-Sureste mexicano, se produjo la más grande tormenta solar (fulguraciones, les llaman también) de los últimos 10 años (justo como sucedió cuando se produjo el huracán Katrina, en 2005, uno de los cinco más devastadores en la historia de Estados Unidos).

El huracán Irma –previo al primer terremoto en México– se desarrolló el 30 de agosto en Cabo Verde; dadas las condiciones favorables, se intensificó rápidamente y en 24 horas se convirtió en categoría 2 y luego, en un huracán mayor cuya intensidad fluctuó, pero el 4 de septiembre (sólo 3 días antes del primer terremoto en México) subió a categoría 5 con vientos de 295 km/h (The Washington Post, 6 de septiembre de 2017). Agreguemos que en este contexto, la actividad del volcán Popocatépetl en México y el volcán de Fuego en Guatemala fue reiterada durante 2017: fuertes fumarolas e incluso lava, en el segundo.

Se aprecia, entonces, en la superficie, un primer patrón de tres piezas: intensas fulguraciones solares/presencia progresivamente fortalecida de huracanes/y sismos de alta intensidad/con actividad volcánica, antes y después, en donde el trayecto es variable, porque el huracán que sigue a la tormenta solar puede iniciar en una zona geográfica y desplazarse a otra, en donde alcanza su mayor fuerza, y en un territorio nacional cercano puede sobrevenir el movimiento telúrico. ¿Será así? o ¿fue coincidencia la sucesión de etapas? Ojalá que los más capacitados nos hicieran luz sobre esto, para no dejar de lado el tema de fondo.

Volviendo al HAARP y sus experimentaciones, es posible, como sucede desde hace decenas de años, que en un momento dado, el macro-experimento pueda salirse de control o superar las previsiones y cálculos (no se hace con ratas o conejos, sino en una región) en sus impactos, magnitudes, intensidad, por lo menos en forma parcial. Es probable también, que –opinan algunos especialistas la guerra climatológica haya comenzado (como lo sostiene el profesor Michel Chossudovsky en Global Reserch, 20 de diciembre de 2007) o que esté en preparativos de intensificación experimental (de allí los fenómenos presenciados en distintas zonas geográficas).

Otros autores hablan de “declararle la guerra al cambio climático” (no en sentido militar) como medida defensiva de la humanidad (caso del famoso ecologista estadunidense Bill McKibben), y no hay que olvidar que Donald Trump retiró en junio de 2017 a Estados Unidos del acuerdo contra el Cambio Climático de París, evidentemente para actuar con mayor libertad en el tema, y una vez visto que las tensiones con otras potencias en distintas regiones se han recrudecido a partir del presente gobierno de Estados Unidos. Obviamente, son todos datos o piezas de un gran rompecabezas.

El caso del fuerte temblor en el sureste mexicano y en Guatemala (el primero) que hizo que se girara una Alerta de Tsunami, llamó también la atención por los múltiples  destellos en el cielo emanados del Sol, debido a mega explosiones solares (“tormentas geomagnéticas”). Aquí, el punto está, en dilucidar si tales explosiones solares son efecto de las manipulaciones geofísicas en la ionósfera, parte de la atmósfera en donde actúa la radiación solar, o no lo son. Porque a tales inducciones o manipulaciones, habría que agregar la pre-existencia de la “falla tectónica de San Andrés”, otra “falla tectónica” que involucra la “Placa de Cocos” y que pasa por una parte importante del territorio nacional, causante de movimientos telúricos relativamente recurrentes, todo ello, anterior al programa HAARP.Y luego, está también el llamado “cinturón de fuego” (zona de alta actividad sísmica y volcánica) en el cinturón que bordea el Océano Pacífico (https://www.youtube.com/watch?v=o_qKuKFvlAY).

Son, así, un conjunto de factores geológicos y tectónicos difícilmente resumibles en un solo factor causante: HAARP. Pero No es lo que afirmamos, sino que, hablamos de poderosos factores inductivos desde los procesos desarrollados por dicho programa. Si nada de esto fuera posible, la propia guerra climática sería una ficción.

La gran pregunta es entonces: ¿cómo influye el HAARP en los movimientos tectónicos? ¿o no influye en realidad? Una opinión más o menos consensual, es que los movimientos telúricos recientes están más relacionados con la actividad del Sol, con las tormentas electromagnéticas que impactan y modifican el campo electromagnético de la Tierra, y derivan en su capacidad de inducir  movimientos tectónicos, posiblemente: a) si la secuencia que antes anotamos fuera válida, con una probada relación de causalidad entre sí; y b) si como opinan algunos especialistas, las fulguraciones solares, al modificar el campo electromagnético y llegar a la Tierra, activan el movimiento volcánico y tectónico, ya que las “tormentas solares”.

Y estos son: “(liberación súbita de radiación electromagnética) y fuertes eyecciones de masa coronal (onda hecha de radiación y viento solar que se desprende del Sol)  (…) La primera fulguración tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, cuando (…) se observaron perturbaciones magnéticas (…) durante la noche del 6 al 7 de septiembre. Sin embargo, el 6 de septiembre, poco antes de las 12:00 horas GMT, se produjo una fulguración que ha sido la más intensa de los últimos 10 años, y que emitió partículas de alta energía (…),en el sol se produjo el equivalente a un terremoto, con una onda expansiva importante (…) Había una eyección de masa coronal muy rápida, a bastante más de 1 mil km/segundo y teníamos claro que llegaba a la Tierra (…) Desde ese día, el sol ha seguido explotando” (http://www.prensalibre.com/internacional/detectan-la-llamarada-solar-mas-potente-del-ultimo-decenio).

La realidad de todo esto está en una declaración oficial del Parlamento ruso (la famosa Duma) en agosto de 2002, que considera el programa HAARP como parte de una carrera armamentista de Estados Unidos, al crear “nuevas armas integrales de carácter geofísico que puede influir en la tropósfera [capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie de la Tierra] con onda de radio de baja frecuencia”, lo que constituye un “salto cualitativo comparable al de las armas convencionales hacia las armas atómicas”.

Y agregaron: “la radiación es transmitida en una frecuencia que excita a la resonancia ciclotrónica (se refiere al proceso de aceleración ionosférica, JRY) de electrones para calentar y acelerar las partículas cargadas. Este incremento en la energía puede causar ionización de partículas neutras, las cuales son entonces absorbidas como parte de la región, de este modo se va incrementando la densidad de las partículas cargadas de la región”. Además, acusaron  al programa iónico del Pentágono de ser causante de la ola de calor con más de 40 grados que Rusia padeció en el 2010 con muchas muertes (https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_weatherwar30.htm).

En este tema muchas puertas quedan abiertas, pero no perdamos de vista que la lógica de los grandes poderes en la historia de la humanidad, es implacable, y el criterio rector es siempre el logro de la supremacía in-contrastada. Dicen los abogados que “a confesión de parte, relevo de pruebas”.

Sobre ello nos ilustra el profesor canadiense Michel Chosudovsky en la fuente antes citada: “la modificación del clima, según el documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. AF 2025 Informe Final, ‘ofrece al combatiente en la guerra una amplia gama de posibles opciones para derrotar o coercer a un adversario’; sus capacidades, dice, se extienden a la provocación de inundaciones, huracanes, sequías y terremotos: la modificación del clima se convertirá en parte de la seguridad interior e internacional y podría ser realizada unilateralmente”.

No se requieren más comentarios. Suficiente.

*Economista y maestro en finanzas; especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional; miembro de la Red México-China de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México

El de Marco Antonio, un caso de desaparición forzada

Jorge Ruiz Reyes*

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una semana después de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, policías de la Ciudad de México desaparecieron a un joven de 17 años, #MarcoAntonioSánchezFlores, tal como se desprende del testimonio del amigo que le acompañaba ese día.

Además de la indignación que nos ha causado el caso de Marco Antonio, es preciso subrayar varias cuestiones importantes alrededor de éste. Primero, destaca que su desaparición ocurrió dentro de una de las entidades que presume tener uno de los cuerpos policiales mejor capacitados del país. Segundo, hubo una movilización vital por parte de la sociedad civil para exigir a las autoridades su aparición. Tercero, la reiterada negativa (una vez más) por parte de estas últimas de investigar este hecho como una posible desaparición forzada.

A pesar de que la determinación de responsabilidades por este delito requiere de una serie de pruebas que no pueden ser tomadas a la ligera, preocupa que el gobierno de la Ciudad de México descarte esta posibilidad de manera tan sencilla. Por esta razón, aquí se comparten algunos elementos y omisiones por las cuales podría existir un castigo por esta grave violación a derechos humanos.

Los elementos de la conducta

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares dentro del artículo 27 define que:

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

Es decir, para que exista una desaparición forzada se tienen que comprobar dos elementos en la conducta por parte del o los perpetradores, las cuales son: una privación ilegal de la libertad, y la negativa a reconocer dicha privación o proporcionar información sobre ésta, o el paradero de la persona.

En el caso de Marco Antonio Sánchez existió una detención (el primer elemento) ocurrida el 23 de enero de 2018 por parte de cuatro policías de la @SSP_CDMX, a petición de un ciudadano que nunca fue identificado.

Más adelante se dio a conocer que, luego de la detención, los agentes no trasladaron al joven al Ministerio Público 40, en Azcapotzalco. Tras identificar a los policías involucrados, éstos no proporcionaron en un inicio información sobre el paradero de Marco Antonio, en su lugar alegaron que “lo bajaron” de la patrulla en la que se lo llevaron sin dar más detalle de su ubicación (el segundo elemento).

Además, los familiares defendían que los testimonios de los cuatro policías no eran consistentes con la evidencia que les fue proporcionada en el Centro de Monitoreo C-5 de la Ciudad de México. No sólo esto, sino que las autoridades encargadas de la investigación tampoco proporcionaron información que ayudara a los familiares a conocer con mayor detalle el hecho (abona al segundo elemento).

Esto sin dejar de lado que se tipificó lo ocurrido como un “secuestro”, a pesar de que nunca existió una solicitud por parte de los presuntos responsables por obtener algún tipo de beneficio después de ocurrida la privación de la libertad.

Tampoco podemos pasar por alto que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señalaron necesario investigar la desaparición de Marco Antonio como una desaparición forzada.

“La desaparición forzada no depende del tiempo que dure para clasificarla como delito”
La noche del domingo 28 de enero, @hiramalmeidae, titular de la @SSP_CDMX, señaló en rueda de prensa que “se establecerían, en su caso, las sanciones correspondientes” a los presuntos responsables de la desaparición de Marco Antonio Sánchez por el “no seguimiento de algunos protocolos” posteriores a la detención. Sin embargo, agregó que “lo importante hoy es que se acredita que no existió una desaparición forzada” por parte de los elementos de la policía.

La justificación detrás de las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para no calificar el actuar de los cuatro agentes como desaparición forzada estaba en que éstos acudieron de manera voluntaria para dar a conocer todos los hechos ocurridos. A pesar de esto, existen dos razones por las que no se debería descartar una investigación para determinar responsabilidades por desaparición forzada.

La primera está en que el delito de desaparición forzada “no depende del tiempo que una persona permanezca detenida sin que se sepa dónde está”.

Lo anterior fue establecido por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) dentro del dictamen respecto a la comunicación núm. 1/2013, correspondiente al caso del argentino Roberto Agustín Yrusta.

Eso significa que hay una desaparición forzada si se comprueban los elementos de la conducta señalados en la sección anterior (privación ilegal de la libertad + negativa a reconocer dicha privación), independientemente de si la persona estuvo desaparecida sólo por algunos días, o si permanece desaparecido/a. Quizá los implicados participaron de manera voluntaria en brindar información para ayudar en las investigaciones; sin embargo, eso no elimina la responsabilidad por la acción cometida.

El hecho se ve agravado –aunque haya sido sólo por algunos días– puesto que la persona que es desaparecida se ve vulnerada en una serie de derechos, los cuales van desde el derecho a la libertad personal; derecho a la integridad personal; derecho a la integridad personal de niños y niñas; derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; derecho a la vida (para algunos casos), entre otros.

La segunda razón es que hasta el momento en que el titular de la @SSP_CDMX estableció que no existieron elementos para determinar una desaparición forzada, en realidad aún no conocíamos el paradero de Marco Antonio Sánchez. Recordemos que tuvimos que esperar determinado tiempo para que @ManceraMiguelMX comunicara a medios que un joven con características similares se encontró deambulando en el fraccionamiento Los Álamos, en el municipio de Melchor Ocampo. Tiempo después se confirmó –afortunadamente– que Marco Antonio había sido localizado con vida.

Otros elementos a considerar

A pesar de que fue encontrado con vida, el caso de Marco Antonio Sánchez arroja aún muchas dudas: ¿por qué lo detuvieron?; ¿cómo es que fue localizado en un municipio del Estado de México, a pesar de haber sido detenido en la Ciudad de México?; ¿qué sucedió en la ubicación previa en la que policías de Tlalnepantla lo observaron para posteriormente dejarlo marcharse?; ¿quién más supo de la desaparición, además de los cuatro elementos de la policía señalados como presuntos responsables?, entre otras.

Independientemente de esto, no se puede negar que puede haber otras responsabilidades en la actuación de las autoridades. Por ejemplo, las autoridades del Ministerio Público mencionaron a los familiares del joven que tenían que pasar 48 horas para poder levantar una denuncia por desaparición.

Sin embargo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares establece dentro del artículo 7 que se establecerá una búsqueda inmediata y diferenciada en personas menores de 18 años, al momento de presentar una denuncia. Recordemos que las primeras horas después de ocurrida la desaparición son fundamentales para conocer el paradero de la persona desaparecida.

Tampoco podemos olvidar que, en caso de comprobarse una desaparición forzada, el artículo 32, fracción II de la Ley General, señala que la sanción incrementará en caso de que la persona sea niño/a, adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor.

Por último, no podemos olvidar que durante los últimos 11 años o más, ha habido un intento de las autoridades en distintos niveles por no querer reconocer casos que cumplen con los elementos de la desaparición forzada como tal. Por el contrario, se han mantenido tipificados como “secuestros” o alguna otra forma de privación ilegal de la libertad, disminuyendo la responsabilidad del hecho.

Tampoco podemos dejar de lado el uso de eufemismos como persona “extraviada” o “no localizada” que continúan revictimizando a estas personas, así como a sus familiares. La realidad es que el caso de Marco Antonio nos recuerda que hay más de 30 mil personas desaparecidas en el país, por los cuales seguimos exigiendo su presentación con vida.

*Integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Seguridad: dos sexenios de ineptitud, improvisaciones y muerte*

Jorge Carrillo Olea

Peña Nieto entregará un país peor que el que recibió. Hoy la violencia es generalizada y con tres frentes: criminal, oficial y social. Desde Calderón, la violencia gubernamental –descontrolada e improvisada– sólo vino a profundizar la disputa salvaje en los campos de la alta política, el gran empresariado y el sector social. El próximo relevo del gobierno federal debe propiciar un cambio radical en la manera en que se enfrenta la inseguridad. Indispensable, integrar un enfoque sociopolítico

México tiene en riesgo su gran acuerdo para existir y progresar. Vive una crisis no vista desde los tiempos posrevolucionarios. En 2 décadas, la garantía de la paz pública como uno de los más firmes derechos del hombre, y su expresión operativa, la seguridad, ha evolucionado de ser un problema del gobierno, que en un tiempo fue ordinario, manejable y sin mayor exigencia social, a ser el fenómeno de violencia generalizada que hoy, principios de 2018, es la dificultad más aguda que enfrenta la nación, no sólo el gobierno.

La amenaza de caer en una situación de ingobernabilidad es evidente. Hoy el gobierno ejerce sus funciones desde un rincón y no quiere dar valor público a los tantos datos de turbación política y social que existen. En este sentido, es también una tarea cuya solución no puede ser, una vez más, sólo paliativa y así, con esa actitud propiciar una metástasis. Se demanda algo transformador, determinante y en ello, la sociedad organizada debe asumir una responsabilidad trascendente. Esa es la razón de este ensayo, colaborar al menos con ideas a que la comunidad nacional, pero más aquellos que tienen alguna forma de poder o convocatoria, se decida a expresar su irritación por el medio que le sea propio con vistas a ayudar a salir de este atolladero.

Hasta hace poco, el derecho general a la paz pública se satisfacía con la sola y relativa ausencia de violencia inquietante: existieron guerrillas, grupos sociales exaltados, fenómenos naturales, homicidios, robos y asaltos rutinarios, presentes en toda sociedad, pero nunca generaron el ambiente de miedo que hoy nos embarga. Ahora para garantizar ese derecho a la paz, se necesita que se eviten las tres formas de violencia: La violencia criminal, la violencia oficial que genera el gobierno con sus operaciones y la social, producida por elementos de la sociedad que han aceptado delinquir como una actividad legítima para satisfacer sus necesidades, una especie de sustituto racional del trabajo. Los tres factores son causa y origen de la violencia, manifestación mayúscula de la inseguridad pública, que es cualquier acción que perturbe al estado de comodidad en las formas de vida al que la población tiene pleno derecho.

La situación en México ha evolucionado rápidamente en sólo 20 años. De padecer un estatus de inseguridad sólo desconfortante, habitual, costumbrista, hemos pasado a una agudización de ella y a un estado de creciente violencia que se inició como actos criminales, primordialmente precipitados por el narcotráfico; empeoró con la introducción descontrolada de la violencia oficial en aquella memorable invasión de Michoacán de enero de 2006, la guerra de Calderón, y ha llegado a grado extremo actualmente con las improvisaciones, desaciertos y vaciedad de Peña Nieto. Hoy lamentamos la creciente marea delictiva de la violencia social: su explicación es que la sociedad ha aprendido a delinquir como medio que cree legítimo para satisfacer sus privaciones y reclamos. La situación al finalizar el gobierno de Enrique Peña es peor de como la que recibió y, por inercia, seguirá empeorando si no se busca la solución radical.

En México no se está garantizando, ni en lo poco, el primordial derecho a la tranquilidad que da lugar al esfuerzo generalizado y hacia al progreso. Un altísimo índice de la población no se siente seguro y tampoco mejora su percepción de que pronto tendrá segura la paz como derecho. De ser evidente ese derecho significaría sentir una garantía para su vida, vivir sin tener temor a perderla ni a ella, ni a su integridad personal, ni a su patrimonio. Ese es el sentir social sobre su cotidianeidad y su futuro. Tiene todo el derecho a pensar así.

El Estado está obligado a generar condiciones óptimas para que las personas se sientan seguras, que haya situaciones para que no viva con temor, a que se desarrolle en un ambiente tranquilo, donde se le respete su derecho a transitar libremente y a no ser oprimido, sabiendo que nadie lo debe lastimar, que, de darse un hecho lamentable, un Estado democrático estará presto para su auxilio. Si esto ocurriera, la nación se volcaría en su auxilio. De todo esto trata este planteamiento. Tenemos derecho a vivir en un ambiente confortable, de eso se trata, de disponernos a exigirlo y trabajar por ello.

De cara a los procesos electorales, estamos empezando a oír las más diversas propuestas sobre cómo atender el gravísimo problema de la seguridad pública, las más de ellas honestas, pero de alcances genéricos, reducidos, ante un daño que es mayor. En ese largo plazo, veremos hechos y dichos sorprendentes por parte de reales y supuestos expertos y especialistas. El debate electoral por naturaleza es retórico, grandilocuente y puede ser estéril a menos que exista una enérgica decisión por el cambio.

En un mundo pugnaz, en una campaña acometedora como la presente, son condiciones difíciles para un candidato el ser objetivo y veraz a menos que se declare por anunciar un cambio realista y fundamental. Formular propuestas transformadoras de mil vicios le implicaría asumir costos políticos, sociales y presupuestales y que, en principio, con una salvedad, sólo ofrecerían frutos confiables a plazos medios y largos, aunque como es justo, entendiendo el carácter político del proceso electoral, se ofrezca simultáneamente paliativos transitorios en breve plazo. Ese discurso que llama al esfuerzo compartido, por honesto sería muy bien recibido, más si ofrecen ciertos alivios prontos. La otra gran premisa es que la sociedad que justamente exige un cambio, consecuentemente, debe disponerse a comprometerse en el esfuerzo.

Al mismo tiempo surge otra determinante: El cambio radical es ahora o nunca. El relevo del gobierno federal es propiciatorio. O el próximo gobierno enfrenta decididamente ahora el problema o el futuro nacional se verá muy comprometido. Mucho de la situación actual se deriva de que en 20 años sólo se han aplicado medidas parciales de resultados supuestamente inmediatos. Es la hora de aceptar que a todo le llega la exigencia de remirar y reiniciar tareas, así es el vivir de una sociedad. Es hora de cambiar. Si esta aseveración fuera atendible, habría que buscar caminos para convocar a la nación a encarar lo grave de la situación, sus complejos requerimientos y lo difícil que será alcanzar pronto logros indispensables. Sólo la sociedad organizada y debidamente conducida tiene la libertad de opinión, la sensibilidad sobre el problema y la entereza de plantearlo como justa exigencia a los gobiernos entrantes.

Un factor relevante es que han empezado a darse encuentros de organismos sociales en busca de interlocutores políticos con miras a hacerse oír en las campañas. Ese camino, legítimo y comprensible es posible que no sea el mejor si sus interlocutores políticos no desean escuchar, si, como ha sucedido, ellos creen saberlo todo, pero esa legítima expresión de hartazgo ya está ya en curso, nada la detendrá, salvo cierta certidumbre de que vamos en el camino del cambio. La contaminación electoral es un peligro a evitar. Es apremiante que la sociedad se organizara de múltiples maneras, en un esfuerzo de la dimensión requerida por un problema nunca enfrentado suficientemente por ella al margen de las campañas, y atendiendo a la oportunidad de un gobierno a renovarse.

Un segundo factor que obra sobre esta ardua tarea y es de gran calibre, es la arraigada costumbre del poder político de despreciar las propuestas de la sociedad en términos que fueran reales y comprometidos. En estos mismos tiempos somos testigos como organizaciones sociales de gran solvencia moral, técnica y experiencia y aún voces de organismos internacionales han sido ignorados por el gobierno federal. Hoy como nunca el poder político está obligado a reconocer las grandes fallas y escuchar al pueblo.

Como paso inicial es necesario que una constante en cualquier proposición, sea la oferta del ineludible cambio. El problema que ya no es sólo criminal, ha entrado con gran fuerza a los campos netos de la alta política, de los líderes sociales y económicos y despertado la exigencia desesperada de la comunidad nacional. El enfoque meramente criminal, como el que se ha dado en ya largos años, ha demostrado ya que, si nunca fue correcto, hoy está absolutamente rebasado. La sociedad nacional está justamente alarmada y puede ya dar signos de impaciencia que suelen ser incontrolables.

Un encauce nuevo es indispensable: el sociopolítico, el que debería cumplir tres exigencias:

1. Enfoque preventivo oficial y social,
2. Participación popular y
3. Reestructurar el actual procedimiento de pretender ofrecer seguridad.

Esto lo convertiría en un proyecto diferente, de naturaleza interdisciplinaria, de sociología política y no solamente de control político/policial.

Naturalmente, cada rubro mencionado está compuesto por mil partes que habrá que desagregar una vez enriquecido y aprobado este ensayo. Eso equivale en parte a una autopsia que resultará desagradable para la presente administración, muy comprometedora para su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y resulta ser un filón de oro para los partidos de oposición. Ambas características son una base de partida. Habría que partir de la propia Constitución con sus vacíos, indefiniciones y parcelaciones sobre el tema; considerar todo tratado o convenio internacional, dictar leyes secundarias y fijar políticas públicas, todo ello debidamente consolidado en programas de gran participación social. Estas razones abundan en lo necesario que es preservar esas reflexiones nacionales de toda contaminación.

El primer gran reto y el primer gran requisito es aceptar que estamos ante un problema sociopolítico de pronósticos alarmantes. Es importante hacer relevante que una situación como la que actualmente se vive puede evolucionar del tipo de conflicto presente a otro a perfilarse según los hechos que ocurran en un momento dado. Hay datos ya presentes de numerosas señas de descomposición social. Ella se victima a sí misma y crece la expansión criminal. ¿Queremos más? Por la brevedad deseable para un ensayo de este orden no se hace un diagnóstico más. Hay ya numerosos, oficiales y privados muy confiables y existe el más justo, objetivo y delicado: la sensibilidad social que califica con la mayor autoridad la gravedad de la situación.

Las ideas propositivas están muy decantadas por largos años de observación constante y metódica, participativa y responsable, posiblemente son de considerarse. Cada una se abrirá en 1 mil. La situación es sumamente delicada, inédita y demandante de un esfuerzo intenso y continuado por un plazo que seguramente rebasa a las costumbres de hacerlo todo con la perspectiva sexenal. Es un reto mayúsculo y sui géneris, así debe ser la respuesta. La claridad y honestidad serán muy acertadas por novedosas. Siempre nos han engañado.

El presente ensayo es un esfuerzo por trasladar ideas, experiencias, información, resultado de logros y fracasos acumulados, intenta ser un trabajo culminante por la acumulación de vivencias de décadas. Lo sustenta un ánimo de contribución. No tiene pretensiones personalistas, aspiraciones o adhesiones políticas, ni purismos académicos. Es un ensayo libre, honesto, simple, llano sobre la casi inasible materia de seguridad pública. Por los efectos de descomposición de la seguridad como deber constitucional, la paz pública se ha desbordado, devenido en un grave problema político y social que rebasando sus propias fronteras es ya un asunto de violencia generalizada que es una amenaza al futuro del país y una desgracia nacional. Así, el fin de este trabajo es ofrecer la expresión, sólo la expresión de ideas que, de desagregarse, ordenarse y hacerse ejecutivas, posiblemente fueran útiles a un esfuerzo mayúsculo que deben titularizar gobierno y sociedad.

Anteriormente en este mismo prólogo se planteó la necesidad nacional de examinar de manera honesta y profunda ideas sobre el candente asunto de la seguridad pública que cada día se complica más. No es previsible que sin amplísima honestidad y libertad se evite el riesgo que enfrenta el país de perder su gran acuerdo para existir y progresar. Tal como vivimos no nos permite prever un destino como el deseado. Deseamos vivir en paz y dignamente, debemos hacer ruido.

El momento electoral ofrece dos condiciones contrastantes:

1. El riesgo de la natural politización que todo discurso electoral tendría y,
2. La coyuntura de la próxima renovación de los poderes federales.

Como nunca, hoy la solución está básicamente en manos de la creatividad pública y su capacidad de exigencia que, venturosamente cada día es más vigorosa: La comunidad hoy sometida, está decidida a someter al poder. Está en marcha para proponer y exigir sin necesidad de interlocutores políticos. El severo descrédito de las organizaciones políticas ha abierto un enorme hueco que está siendo llenado por la sociedad.

En pasos subsecuentes, como se dijo, se intenta ofrecer ocho ideas de valor propositivo para iniciar la exploración de soluciones sensatas:

1. Unificación de Criterios Doctrinales,
2. Desarrollo de la Prevención Oficial y Social.
3. Reestructuración del Sistema de Seguridad Pública que incluye sus bases legales.
4. Profesionalización en toda especialidad y nivel vinculados.
5. Recomposición del Sistema Penitenciario.
6. Abatimiento de la Corrupción Policial.
7. Aprovechamiento de las Relaciones Internacionales.
8. Programación y Presupuesto.

*El texto es el prólogo del libro Prospectiva de la seguridad pública en México. Buscando la aguja en el pajar, de próxima aparición.
 
Jorge Carrillo Olea**
**Director fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen: febrero de 1989-octubre de 1990); general del Ejército Mexicano en situación de retiro

El verdadero decálogo de la corrupción que Meade ignora

Jenaro Villamil 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El aspirante presidencial del PRI, Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade, anunció este 24 de enero una iniciativa de ley para enfrentar “el inaceptable flagelo de la corrupción”. Lo hace en el momento más difícil de su precampaña: los escándalos de peculado, transferencia ilegal de recursos y lavado de dinero que se incrementan y se orientan, sobre todo, a los exgobernadores del partido que lo postula.

De los 19 gobernadores priistas que acompañaron a Enrique Peña Nieto en su toma de posesión, en diciembre de 2012, 11 se enfrentan a cargos por corrupción. Tan sólo en el caso de Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación ha calculado irregularidades en 36 mil millones de pesos del presupuesto.

En Chihuahua, el exmandatario prófugo César Duarte dejó al menos mil 200 millones de pesos de desvío de fondos. Y el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, es acusado por un presunto quebranto que asciende a 900 millones de pesos, sólo por la compra-venta ilegal de terrenos, sin incorporar los 2 mil 700 millones de pesos de desvíos de recursos que documentó el Congreso.

El mismo día que Meade presentó sus medidas anticorrupción, el fiscal general de Nayarit anunció que abrieron 400 averiguaciones previas y carpetas de investigación contra el exgobernador priista Roberto Sandoval, mientras que en Estados Unidos continúan las demandas de extradición en contra de los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ambos detenidos.

Según la propuesta de Meade, para combatir la corrupción se requieren tres elementos centrales: recuperar el dinero, propiedades y todos los bienes de los acusados de corrupción para canalizarlos a un fondo nacional para becas para niños, niñas y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos, y hacer obligatoria la certificación patrimonial de altos funcionarios y legisladores.

Según Meade, su iniciativa no tiene precedentes, y para dar una muestra clara de que habla en serio, dijo, “no voy a esperar a que termine la elección para trabajar en una iniciativa formal que acabe de una vez por todas con la corrupción; en vez de prometer hay que ponernos a trabajar, eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos”.

El texto de la iniciativa aún no se conoce a detalle, pero el contexto de su iniciativa anticorrupción es muy claro: Meade está en el ojo del huracán de una cleptocracia que hará todo lo posible para aferrarse al poder y encubrir unos a otros.

Meade propone, pero no problematiza. Promete, pero no actúa. Enuncia, pero no concreta. Al contrario, su iniciativa parece un gran acto escapista frente a al menos 10 problemas candentes relacionados con la corrupción y ante los que no se ha pronunciado:

1. En primer lugar, el escándalo Odebrecht que involucra, al menos, a las dos últimas administraciones para las que trabajó: la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto.

2. El papel de la Secretaría de Hacienda –de la que fue titular en los dos sexenios- en el desvío de fondos públicos para las campañas electorales del PRI en varios estados. La investigación del gobierno de Javier Corral sobre la “Operación Zafiro” en Chihuahua involucra a no menos de cuatro gobiernos estatales y a la propia dependencia que heredó de Luis Videgaray.

3. El principal problema de la corrupción desde 2000 a la fecha radica en el encarecimiento de los procesos electorales y las estrategias de los partidos políticos y funcionarios para desviar recursos públicos en la compra del voto, en la inhibición del sufragio y en pagar a través de monederos electrónicos. De esto no dice nada la iniciativa de Meade.

4. Nada menciona tampoco de la llamada Estafa Maestra, un escándalo de triangulación de recursos públicos que involucra a la Sedesol –que encabezó también Meade– y a varias universidades públicas estatales. Por el contario, el vocero del aspirante priista envió mensajes intimidatorios a portales informativos como Animal Político que han seguido con esta investigación.

5. Nada menciona Meade del papel de la iniciativa privada y de las grandes empresas que se han prestado a los enjuagues de corrupción, sobreprecios en licitaciones y contratos de obra pública para desviar recursos. Ahí están los escándalos de OHL o de Grupo HIGA, por mencionar los más conocidos.

6. Para Meade es inexistente el Sistema Nacional Anticorrupción creado en este sexenio y que ha quedado incompleto ante la ausencia de un fiscal anticorrupción y el desastre del modelo de Fiscalía General.

7. El presidente Enrique Peña Nieto anunció hace más de dos años, al calor del escándalo de la Casa Blanca, un decálogo de corrupción, pero Meade ni lo menciona ni lo valora, como si todo surgiera de la nada.

8. Durante todo un sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda prácticamente ignoró los grandes casos de lavado de dinero. Su extitular Alberto Bazbaz ahora dirige el CISEN, y bajo las órdenes de Meade prácticamente no hizo nada.

9. En Bansefi, institución dirigida por su amigo Virgilio Andrade, clonaron tarjetas electrónicas con los recursos destinados para ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. Al menos 68 millones de pesos han “desaparecido”. De esto no ha dicho nada Meade.

10. Si existiera un mínimo de compromiso para enfrentar la corrupción, el aspirante priista podría anunciar que su coalición renunciará al reparto de tarjetas electrónicas que en los comicios estatales del Estado de México y de Coahuila demostraron ser la pista más grave del fraude y la corrupción.

Este decálogo elemental, Meade lo ignoró. Quizá porque está más enredado por una cleptocracia de lo que él mismo está dispuesto a aceptar.

Tiempos turbulentos

Manuel Aguilar Mora

2017, el penúltimo año del terrible sexenio priista de Enrique Peña Nieto terminó, en concordancia completa con el carácter funesto que ha determinado todo su gobierno. Eso fue la aprobación en noviembre y diciembre por los senadores y diputados de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que, en completa contradicción con la Constitución vigente, legaliza el despliegue de la acción represiva del ejército y la marina en todo el territorio nacional. México, una república en la que formalmente no hay una guerra, ha sido azotado en 2017 por una oleada de violencia que se equipara con la de la infortunada Siria, envuelta en una sangrienta guerra, en todos los índices macabros de muertos, desaparecidos y su cauda de daños colaterales como los feminicidios, periodistas asesinados, secuestros, violaciones e impunidad rampante. Los índices terribles han llegado a cifras records: más de 27 mil muertes dolosas (80 asesinados al día, 2 mil muertes como media mensual), decenas de miles de desaparecidos (la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa en 2014 todavía no es esclarecida ) y la decisión de Peña Nieto de darle patente de corso a los militares viene a ensombrecer aun más este siniestro panorama al convergir con el otro acontecimiento fundamental que hace del año que se inicia una fecha clave de la política nacional: las elecciones generales de julio del 2018.
 
Elecciones “democráticas” en un país militarizado

Durante las últimas semanas de 2017 hubieron numerosas protestas, marchas, mítines, declaraciones públicas (por ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos) y todo tipo de actos que se pronunciaron contra la promulgación de la LSI por parte de las autoridades. La cuestión desbordó las fronteras nacionales declarándose en contra de la LSI el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y otras prestigiadas organizaciones, todas ellas enfatizando las violaciones a los derechos humano que muchos de sus artículos representan y señalando las consecuencias catastróficas de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Vana ilusión, la aplanadora oficialista en el Congreso acabó imponiéndose con la votación de los priistas, de sus aliados (como los verdes) e incluso legisladores panistas que, a pesar de sus ataques políticos al PRI, confluyen con éste en temas clave de la agenda conservadora. La consigna de Peña Nieto a los legisladores de su partido no dejaba dudas: hay que aceptar y aprobar la iniciativa de ley sobre la seguridad interior para dar gusto a los militares que son más exigentes y quienes a su vez responden a las demandas de sus colegas del Pentágono que influyen e intervienen cada vez más en las decisiones de las Fuerzas Armadas mexicanas.

La interpretación política prácticamente unánime de los observadores independientes de los medios es que la promulgación de la LSI por parte de Peña Nieto está orientada a profundizar, con un marco “legal”, la militarización del país en gran medida debido a la situación que es previsible se presente ante la muy probable crisis electoral del primer domingo del próximo julio. Una crisis electoral anunciada ante la evidente lamentable situación del Instituto Nacional Electoral (INE) controlado sin tapujos por el partido gobernante de Peña Nieto, el corrupto y desprestigiadísimo PRI. Tanto nacionales como internacionales, estas interpretaciones coinciden sin apelación ante el tsunami de hechos que las sustentan: la controvertida LSI de Peña Nieto, que solamente espera la hoja de parra de su aprobación casi segura de la Suprema Corte de Justicia, viene a coronar una situación que se originó hace dos décadas con la salida de los militares de sus cuarteles para intervenir en actividades policiacas contra “el crimen organizado” que se convirtió en el gobierno panista de Felipe Calderón (2006-12) en una feroz embestida represiva contra una oleada de descontento popular producida por las consecuencias de las fraudulentas elecciones de 2006.

Este reforzamiento del poderío de los militares en la vida política nacional que representa la LSI, cuyo texto base enviado al Congreso por Peña salió precisamente de las oficinas de la Secretaria de la Defensa Nacional, ha sido percibido así en México en forma casi unánime, por supuesto si exceptuamos a las opiniones oficialistas. Por ejemplo esta es la conclusión que se saca en el documentado reportaje “La Ley de Seguridad Interior: el ejército avasalla” en la revista Proceso, (17.12.2017) una de las publicaciones independientes más leídas del país. Y en el extranjero también ha habido esa percepción como se constata en reportajes excelentes en diversos órganos, como por ejemplo el de Eliana Gilet “La hora verde. México refuerza el poder militar sobre las instituciones civiles”, publicado en el uruguayo Brecha (29.12.2017) y reproducido en la red por el Boletín Informativo:Correspondencia de Prensa.

Como puede aquilatarse, este coctel explosivo de unas “elecciones democráticas” realizadas mientras se profundiza el proceso de la militarización, ahora “legalizada”, del país es de pronósticos reservados.
 
Tres bloques burgueses

Existe así una situación paradójica en la cual se mezcla de manera contradictoria la muy burguesa democracia mexicana (y no sin adjetivos, como quieren Enrique Krauze y sus amigos) con sus constantes jornadas electorales y cuyo pilar es indudablemente el INE, la institución matriz de corrupción y fraude asentada en una bolsa de miles de millones de pesos de donde se nutren abundantemente todos los partidos “registrados” con la realidad política de un país en donde el “partido” de los militares ha acumulado y conquistado espacios en donde disponen de gran influencia y poderío. Esta situación constituye un verdadero oximoron político: una democracia burguesa militarizada o una militarización “democrática”. En este escenario van a actuar los principales protagonistas de las elecciones del julio que son los tres bloques electorales burgueses ya constituidos y en plena campaña electoral desde diciembre. Los mismos están encabezados por los candidatos de los tres principales partidos burgueses: el PRI con José Antonio Meade, el PAN con Ricardo Anaya y Morena con Andrés Manuel López Obrador.

El bloque del partido que detenta el poder presidencial adoptó el personalísimo título de “Meade Ciudadano por México” y lo integran el propio PRI y sus aliados el Partido Nueva Alianza (Panal) y el Verde. Peña Nieto y su asesor político principal, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, decidieron enfrentar el enorme reto que tienen ante el gigantesco desprestigio del PRI que en las encuestas aparece como seguro perdedor, escogiendo como su sucesor a un personaje que formalmente no es priista sino perteneciente a una familia de larga estirpe panista. Meade es un tecnócrata puro salido de los cubículos de las instituciones financieras: su padre fue el primer presidente del IPAB (Instituto de Protección del Ahorro Bancario) el engendro en que acabó en los años noventa la operación multimillonaria del rescate bancario con motivo de la grave crisis financiera de 1994. El joven Meade, empezó su carrera de tecnócrata contratado por su padre para fungir como secretario del mencionado IPAB y desde entonces se fue encumbrando como un servicial funcionario de los gobiernos tanto panistas como priistas. Con Peña fue miembro de su gabinete y titular de tres secretarias de estado: Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. La operación de la forja de la candidatura de Meade es el reconocimiento patente que hacen los propios priistas que ya son impresentables y también es un claro guiño a los sectores panistas de lo que se ha venido en llamar el PRIAN. Como es fácil de imaginar cuenta con el apoyo decidido de los integrantes del Consejo Económico Empresarial, organismo cúpula de los capitalistas más importantes de México.

El PAN, con su ex presidente y ahora candidato Ricardo Anaya ha logrado constituir una coalición con el PRD y con el Movimiento Ciudadano con el nombre de “Por México al Frente”. El éxito que significa para el PAN lograr atraer al PRD a una coalición encabezada por su líder significa un importante logro. El PAN adquiere una imagen centrista que disfraza su tradicional postura de la derecha clásica, mientras que el PRD culmina su deriva hacia la derecha que el progresismo de origen nacionalista (neocardenista), lombardista y de diversos grupos de directa procedencia estalinista y hasta algunos personajes provenientes del trotskismo, han venido recorriendo abiertamente desde, por lo menos, el año 2000. La coalición tiene sus fricciones y hereda, por supuesto, los fardos de sus componentes, sus vínculos con la corrupción, los personajes desprestigiados que ya comenzaron a aparecer como en Guerrero en donde el PRD ha tenido el cinismo de ofrecerle una candidatura a diputado a Ángel Aguirre Rivero, quien debió renunciar como gobernador del estado con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La voraz ambición de Anaya y su capacidad contorsionista lo hacen un candidato competitivo. Esta coalición tiene la potencialidad de proporcionar el factor de cambio que pueden necesitar los sectores burgueses dominantes que se vean obligados a optar por una alternativa más creíble que la representada por Meade con el desgastadísimo PRI.

El tercer bloque es el de López Obrador (AMLO) compuesto por su partido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) cuya denominación es “Juntos Haremos Historia”.
Es éste el bloque político cuyo protagonismo será clave en las jornadas de este año.
 
Las antinomias de AMLO

AMLO será en 2018 por tercera ocasión candidato presidencial. Como en 2006 y en 2012, de nuevo es el candidato que encabeza todas las encuestas como el preferido por parte de amplias capas populares. Tanto en la primera como en su segunda participación como candidato presidencial del PRD fue el hombre a vencer por parte de los dos partidos más directamente representantes de los grandes sectores capitalistas el PRI y el PAN. En ambas ocasiones perdió, en especial en 2006, por escasísimos márgenes de votación. La sombra del fraude se elevó sobre las dos victorias, la panista en 2006 y la priista 2012.

A partir de su ruptura con el PRD y ahora postulado por el novísimo Morena el partido hecho a su imagen y semejanza fundado en 2013, su objetivo fundamental es el de presentarse ante los grupos poseedores dominantes como una alternativa creíble y necesaria ante la evidente decadencia priista. Sus credenciales al respecto son intachables. Tanto en 2006 como en 2012, el enorme caudal de apoyo electoral que recibió con sus posturas críticas a la política dominante no se reflejó, ni de lejos, en movilizaciones y en la organización de una verdadera oposición radical: “no se rompió un solo vidrio” se jactó él. Desde el 2000, electo como jefe de gobierno del Distrito Federal, surgió como un personaje de gran influencia política y definió su oposición como estrictamente electoral. Desde entonces no ha dañado ni impedido la puesta en práctica de la aplanadora neoliberal. Repetimos, limitándose a los tiempos electorales, AMLO promovió tímidamente la organización de movilizaciones contra las leyes privatizadoras de los recursos energéticos, no apoyó efectivamente la lucha de los maestros contra la reforma educativa. Su rompimiento con el PRD se hizo de manera respetuosa sin que mediara una fuerte crítica ya que había sido en 2012 su candidato presidencial y a pesar de que inmediatamente después la cúpula perredista se desbordó con todas sus fuerzas hacia el apoyo del Pacto por México propuesto por Peña Nieto en el inicio de su gobierno. Con motivo de la LSI fue conspicua la ausencia de sus críticas incisivas a las Fuerzas Armadas. Como sucede con sus denuncias a la corrupción, éstas se refieren ante todo a los políticos pero en sus discursos la crítica a la fuente fundamental de corrupción que son las grandes corporaciones capitalistas (como Odebrecht que salpicó la campaña de Peña Nieto en 2012) sólo aparece de pasada y sin énfasis.

AMLO como tribuno se atreve a enfocar problemas espinosos. En esto se adelanta a los otros candidatos. Por ejemplo en el caso de la guerra contra el narcotráfico, una cuestión candente, ha hecho declaraciones muy polémicas. Como ésta: “De ganar la presidencia en la mitad de mi gobierno acabaré la guerra contra el narco” o esta otra: “estoy dispuesto a amnistiar a narcos encarcelados”. Ciertamente el tema es de una importancia colosal teniendo en cuenta el poderío que han adquirido las bandas de narcotraficantes, muchas de ellas filtradas ya directamente en los partidos y en los tres niveles de gobierno. Pero aquí el problema es la falta de claridad o de plano la total ausencia de ideas y estrategias a seguir de modo concreto para lograr esos resultados. El fracaso de la guerra contra el narcotráfico es reconocido por el propio gobierno de Washington, en especial por los especialistas del Pentágono. Igualmente se reconoce que ha sido México el país que ha pagado más caro los costos de esta guerra. Pero AMLO, a pesar del mérito de aceptar entrarle al tema que los otros eluden y reconocer que la estrategia panista y priista ha fracasado, él también adolece de una estrategia concreta para erradicar esta terrible fuente de corrupción y violencia: no dice nada de la legalización o no de las drogas, se refiere al éxito durante su gobierno en la ciudad de México pero es obvio que el problema a nivel nacional es mucho mayor que al nivel local. No basta con decir que con el crecimiento económico, con la generación de empleos y con políticas de desarrollo social se superará la plaga del narcotráfico. Se necesita aterrizar en las cuestiones concretas vinculadas a políticas que ataquen a poderosos grupos que lucran con capitales gigantescos y se incrustan en los círculos financieros en el lavado de su dinero. Se necesita una política radical que vaya a la fuente primordial de la llaga abierta de la descomposición social: la experiencia misma en el seno de la sociedad violenta, deshumanizada y mercantilizada del capitalismo.

Las elecciones del año pasado en el estado de México, el más populoso del país, fueron una prueba muy importante que no augura nada positivo para la estrategia de AMLO de hacer depender toda su política de una victoria en las urnas que lo lleve a ocupar la silla presidencial. En dichas elecciones mexiquenses el PRI, a pesar de que perdió más de un millón de votos en comparación con las elecciones estatales anteriores, se alzó con la victoria de su candidato a gobernador. AMLO y Morena protestaron y denunciaron un fraude pero se abstuvieron de iniciar la movilización de una verdadera campaña masiva contra él. Y el argumento fue el mismo “en julio de 2018 será diferente”.

Pero las acciones políticas dicen otra cosa que los discursos incendiarios que AMLO pronuncia en los mítines de sus constantes recorridos (lleva casi veinte años haciéndolos) que hace por todo el país. En la presentación del gabinete presidencial que propondrá en caso de su victoria, AMLO ha incluido a prominentes políticos que son antiguos miembros del PRI y se ha rodeado con asesores igualmente prominentes que fueron también colaboradores de los gobiernos tanto del PRI como del PAN. Y ya en el colmo del electoralismo más crudo al final del año AMLO sorprendió e irritó a muchos de sus propios partidarios y potenciales votantes con el pacto de alianza electoral que realizó con el PES, un partido caracterizado por sus posiciones de extrema derecha cuya cúpula no esconde sus posiciones religiosas evangélicas reaccionarias. Pero según AMLO, contradiciéndose con declaraciones suyas anteriores, no “hay diferencias importantes entre el PES y Morena”

¿Cómo compaginar ese actuar político con muchas declaraciones que lo contradicen por completo? Por ejemplo el 31 de diciembre en su gira por Yucatán AMLO declaró: “La alternativa de partidos no es la solución. Está un partido en el gobierno, entra otro, pero sigue el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Por eso hablamos de un cambio verdadero de régimen, ya la alternancia no sirve, hace falta que cambie el régimen político”. Sí, así es, pero como se puede preparar ese “cambio de régimen político” sin las movilizaciones de las masas y dependiendo del todo de una votación que se hará bajo las condiciones de un aparato electoral, el INE, que el propio AMLO reconoce como promotor de fraudes y de falsificación de resultados enteramente bajo el control de Peña Nieto y el PRI. Con AMLO se trata en realidad de la postura característica del caudillaje político tradicional que tiene profundas raíces en el país. La cuestión se reduce pues a plantear si dicha postura podrá prosperar en el México del siglo XXI de la misma forma en que funcionó en el siglo XIX e incluso en buena parte del XX.

Por supuesto, AMLO es el blanco de los ataques más desaforados de las cúpulas priistas y panistas, aunque el panista Anaya ha matizado recientemente declarando que está de acuerdo en el diagnóstico de AMLO aunque discrepa de sus propuestas. En 2006 y en menor medida en 2012 la campaña mediática contra AMLO presentándolo como “un enemigo de México”, como “otro Chávez” tuvo en verdadero impacto en grupos amplios de la población. Actualmente ya no será tan efectiva. El hartazgo popular con la dominación priista y panista le dan a AMLO enormes caudales de apoyo e incluso en sectores burgueses medios y hasta ciertos personajes de los círculos más altos reconocen la posibilidad de su triunfo el 1° de julio próximo.
 
Los independientes y los márgenes

La novedad de las elecciones de julio de 2018 será la existencia de candidatos independientes sin partido. Se han inscrito una docena de precandidatos presidenciales independientes pero las condiciones para que aparezcan en las boletas el 1° de julio son draconianas. Se les exige más de 800 mil firmas distribuidas en 17 estados, una operación que hasta el momento sólo están en posibilidad de conseguir dos de las precandidaturas inscritas. Ellas son la de Jaime Rodríguez Calderón, llamado El Bronco, gobernador con licencia de Nuevo León, sede del poderoso grupo financiero de Monterrey y la de Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe Calderón. Para diciembre estos dos precandidatos eran quienes más habían avanzado en la recolección de firmas: Rodríguez había superado la barrera de los más de 800 mil y Zavala se acercaba con la mitad de las firmas exigidas.

También como aspirante a candidata independiente se inscribió María de Jesús Patricio, más conocida como Marichuy. Fue elegida por el Congreso Nacional Indígena con el apoyo del EZLN, como su vocera y candidata presidencial en 2018. Se trata de una candidatura testimonial que tiene el mérito de expresar la voz política de los sectores más explotados y marginados de México que siguen siendo los indígenas. Es la única expresión independiente con una relativa audiencia de masas que se oirá en esta orgía de demagogia que serán las campañas electorales por completo monopolizadas por alternativas burguesas, ante la ausencia de organizaciones políticas de masas, sindicales o de otro tipo que expresen políticamente los intereses de los trabajadores. La población indígena representa poco más del 10 por ciento de la población y con el surgimiento y permanencia del EZLN y el Consejo Nacional Indígena ha logrado conquistar un espacio político independiente. El reto que tienen sus apoyos es muy grande. Para empezar está la difícil tarea de conseguir las firmas para que Marichuy aparezca en las boletas, lo cual todavía podría lograrse ampliando su audiencia retomando y dándole voz a las demandas e intereses de numerosos sectores en los grandes centros urbanos que simpatizan y se solidarizan con la lucha indígena.

Varios de los grupos pertenecientes a la izquierda socialista y revolucionaria han adoptado como postura ante las elecciones de julio dar su apoyo a Marichuy. A diferencia de otras jornadas electorales, en esta ocasión no estará presente ninguna alternativa independiente que represente una candidatura abierta y declaradamente socialista. No obstante ello las condiciones para el reagrupamiento de sectores socialistas serán más propicias en las situaciones favorables que se presentarán en los próximos meses. De hecho ese fue el objetivo de varias reuniones del Foro Socialista surgido a fines de 2016.

Los trabajadores, las masas de proletarios explotados y oprimidos de millones de mexicanos siguen siendo un conglomerado social sin voz ni personalidad propias, sin consciencia de clase. Esta ausencia ha sido una de las peculiaridades del desarrollo del movimiento de los trabajadores desde la Revolución mexicana de hace más de cien años. También aquí las condiciones para la superación de este rezago histórico las está abonando el gran descontento producido por el deterioro constante del bienestar social y que se profundiza en todo el país. Ese el campo de cultivo en donde crecen y florecen amplias demostraciones de protestas e incluso rebeliones. Motivos no faltan. Así como 2017 comenzó con amplias protestas contra ungasolinazo, el presente inicio de año ya es saludado con protestas contra varios atracos a la economía popular: un nuevo gasolinazo, un tortillazo (alza del precio de las tortillas) y una devaluación del peso (se ha llegado al tipo de cambio de 20 pesos por dólar) que encarece bruscamente la vida, en especial en los estados fronterizos del norte.
 
La profunda incertidumbre

El oxímoron político que se está desarrollando ha surgido para mantener la estabilidad del régimen pero no garantiza resultados seguros. Pero esa contradicción es la razón misma de su existencia. La raíz profunda de esta situación paradójica es la debilidad de las tradiciones democrático-burguesas en el país consecuencia directa de la larga dictadura del régimen de partido único de facto que fue el imperio del PRI y sus antecesores en el siglo pasado. La burguesía, sus grupos dominantes, son el producto de esa larga dictadura de facto. Los ensayos de “transición democrática” para crear un sistema parlamentario que en el 2000 se intentaron como la solución a la decadencia priista no carecieron de recursos de todo tipo proporcionados por políticos, periodistas, ideólogos, etc. que tuvieron a su disposición toda clase de medios de comunicación para hacer llegar su mensaje. Incluso fueron aconsejados y apoyados por la Casa Blanca en esa época ocupada por Clinton. Pero el primer gobierno panista, el de Fox, convirtió en una caricatura la tan cacareada “transición democrática” y el siguiente gobierno panista de Calderón preparó la restauración priista que representa Peña Nieto.

Así en 2018 los diversos escenarios que anuncia la ruda competencia electoral de los tres bloques burgueses podría conducir a un desbordamiento e incluso el estallido del ya muy debilitado y desprestigiado INE. Si los dinosaurios priistas intentaran mantener entronizado mediante una reelección fraudulenta a su partido, el peligro de tal desbordamiento y estallido es muy posible. También sería arriesgado el recurso de último momento, como ya sucedió en 2006, de resucitar al PRIAN para apoyar al candidato mejor colocado, situación que se puede dar si en el proceso electoral quedan como los dos punteros Anaya y AMLO. Finalmente la posibilidad de que los grupos dominantes acepten la creíble victoria de AMLO conseguida con una aplastante votación tendría consecuencias alarmantes para los sectores más ultras de la oligarquía. Como se aprecia el país se adentra en una coyuntura en la cual reina una gran incertidumbre. La situación explica también la militarización como resultado natural del fracaso de la “transición democrática” que ha quedado hecha añicos.
 
La dimensión internacional

México se encuentra en el centro de un espacio geopolítico en el cual se cruzan tendencias muy disímbolas y cada vez más conflictivas y determinantes. En primer lugar es el país fronterizo sureño directo de la potencia hegemónica del planeta. Los más de tres mil kilómetros que lo unen a EUA son la marca geopolítica central que ha determinado en gran parte su historia. La llegada de Donald Trump a Washington, quien en su campaña electoral declaró que México era uno de “los enemigos de EUA”, ha tenido importantes consecuencias. Peña y el grupo gobernante fueron de sorpresa en sorpresa ante las erráticas e imprevisibles declaraciones y acciones del energúmeno de la Casa Blanca. Sus reacciones fueron irrisorias y mostraron que tanto servilismo hacia los amos imperialistas les habían desprovisto por completo de la mínima capacidad para enfrentar el reto que Trump representa. La decisión de Trump de acabar la construcción de un muro, iniciado por los presidentes anteriores, en toda la frontera para contener el flujo migratorio, fue el asunto más obviamente publicitado. Pero no era lo más importante. Por supuesto tendrá, ya está teniendo, muchas consecuencias pero para el gobierno mexicano y para la población en general más importantes que la construcción del muro fronterizo fueron las decisiones de Trump con respecto al Tratado de Libre Comercio (TLCAN) de los tres países de América del norte y la cuestión de los inmigrantes.

Los más de veinte años que lleva el TLCAN han estrechado, de hecho prácticamente soldado, a las dos economías. Las rondas de discusión interminables realizadas han mostrado que Trump ha debido entender que simplemente vociferar sobre un tema no equivale a solucionarlo. Para la economía de México es fundamental su relación con EUA, pero este país tampoco puede cortar tajante y unilateralmente sus vínculos con la economía mexicana. El impacto ha sido tan fuerte que los capitalistas y el gobierno mexicanos se han percatado de la necesidad de buscar soluciones que superen la dependencia exacerbada de la economía con EUA.

Uno de los efectos más importantes de estas rondas de negociación es la presión de los sindicatos estadounidenses que obligaron a los funcionarios de su gobierno a poner sobre la mesa de discusión la necesidad de subir los salarios de los trabajadores mexicanos para colmar la enorme brecha que actualmente existe entre los niveles salariales de los dos países (tres si incluimos a Canadá). Obviamente el gobierno mexicano pondrá todos los obstáculos necesarios para evitar que estas exigencias se realicen pero son señales muy evidentes de que el TLCAN está forjando una percepción entre las clases trabajadoras de los tres países de la identidad de sus intereses.

La debilidad del gobierno mexicano ante Trump se puso de manifiesto con motivo de las reuniones internacionales en las que Luis Videgaray, el personaje más influyente del gobierno de Peña, impuso un retroceso completo a la diplomacia mexicana operando como cómplice descarado de la política de Washington contra el gobierno de Venezuela y absteniéndose en la votación de la ONU en relación a la decisión de Trump de trasladar a la embajada de EUA a Jerusalem para convertirla en la capital de Israel.

Por el sur, México es vecino directo de una de las regiones más conflictivas del planeta, el llamado “triángulo de la violencia” integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras. La frontera sur ha sido en las dos últimas décadas la puerta para las decenas de miles de inmigrantes de Centro y Suramérica, del Caribe e incluso de África que atraviesan con grandes penalidades todo México para llegar a la frontera norte en busca de los dólares que no consiguen en sus países. El mal trato a los inmigrantes indocumentados por parte de las autoridades mexicanas ha sido proverbial y objeto de críticas y censuras nacional e internacionalmente. Han sido víctimas de asesinatos, incluso masacres de grupos, violaciones, secuestros y toda clase de vejaciones tanto por parte de los aparatos represivos oficiales como de las bandas de delincuentes que abusan de su situación vulnerable.

Para el control de este flujo de humanidad sufriente los cuerpos represivos se han coordinado internacionalmente, actuando como organizador principal el Pentágono. La estrategia continental del Pentágono a través de su Comando Sur coloca al ejército mexicano en esta región junto con los ejércitos de los tres países centroamericanos dentro de una “estrategia de seguridad” de toda la región como se atestigua en el Plan Puebla-Panamá y integrado por delegaciones de carácter económico pero también militar de todos los países centroamericanos, de Colombia y los estados del sureste mexicano.

Las condiciones sociales tan precarias de gran parte de las poblaciones de estos países son especialmente lamentables en el mencionado “triángulo de la violencia”. Honduras es el país en donde las luchas políticas se han exacerbado en los últimos tiempos. A fines del año 2017 estos conflictos llegaron al borde de una guerra civil, con motivo del fraude cometido en las elecciones presidenciales de mediados de año por el gobierno de Juan Orlando Hernández, el característico presidente bananero al servicio de los intereses imperialistas, que se reeligió violando descaradamente la Constitución vigente. Ya anteriormente otro golpe de estado “blando” había derrocado al presidente Manuel Zelaya en 2009 con el aval del Departamento de Estado. Ahora se repitió el escenario en el que la embajada de EUA en Tegucigalpa validó la reelección de Hernández como el verdadero poder vigente que reina en el país sureño.

Como se aprecia, los factores muy parecidos a los presentes en México también se encuentran en otros países, expresándose de acuerdo a sus circunstancias específicas. Este es el escenario geopolítico en que los acontecimientos de 2018 se insertan desde hoy, un escenario de situaciones imprevisibles, llenas de peligrosos riesgos pero también de oportunidades grandiosas.
 
A cincuenta años de 1968

En 2018 se celebrará el cincuenta aniversario del movimiento estudiantil-popular de 1968 que marcó a ese año como un hito en el último tercio del siglo XX. No sólo en México se presenció esa manifestación de rebeldía de la juventud. En muchos otros países de Europa, América y Asia se dieron movimientos parecidos, pero sólo aquí el movimiento fue aplastado por una masacre como la de la noche de Tlatelolco. Fue un movimiento que sucedió cuando el imperio del PRI encabezado por uno de los personajes más siniestros de la historia mexicana, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, se encontraba en su cúspide. La audacia y el coraje de esos jóvenes iniciaron un cambio fundamental en el país que a pesar de la mortífera cortina de metralla del 2 de octubre y los enormes obstáculos que enfrentó no pudo ser revertido. El anhelo de democracia que expresaron con sus movilizaciones y la denuncia radical a la dictadura priista no pudieron ser socavados y aunque demasiado lentamente acabaron por abrir canales de expresión democrática y territorios de libertad que cambiaron al país en los años ochenta y noventa. De hecho la “transición democrática” concebida por la cúspide del poder en el año 2000 no se explica sin las luchas y movilizaciones que detonaron a partir de 1968.

Pero la tarea sigue incompleta. Aunque expresados de modo diferente pues no en balde ha transcurrido medio siglo, los desafíos que enfrentamos hoy siguen siendo los mismos. La real y verdadera democratización de México. Y hoy cuando mucho es lo que se ha aprendido desde ese año histórico, el impulso para lograr ese objetivo es ya evidente que corresponderá no a los sectores poseedores y gobernantes actuales sino a los sectores populares. Una democracia forjada por quienes no tienen vínculos con los que medran y mantienen posiciones de poder basado en la explotación y en la subordinación a los intereses oligárquicos e imperialistas.

Entramos a otro capítulo de la historia de México. El de la lucha que garantizará el triunfo de ese profundo anhelo libertario. El cual se logrará con la organización independiente, democrática y revolucionaria que convoque y oriente las luchas de los trabajadores y sus aliados los oprimidos hacia la transformación del país en una república popular e igualitaria fundada en principios anticapitalistas e internacionalistas, en suma socialistas.