Erubiel Tirado
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre mentiras, propaganda y presiones
políticas que han dejado el cínico chantaje del año pasado por parte de
las Fuerzas Armadas, los militares mexicanos transitan en la parte
final del sexenio con más influencia y poder en sus manos como nunca los
habían tenido en la historia del país. El aplazamiento en la aprobación
de la Ley de Seguridad Interior, establecido el pasado 16 de febrero,
sólo es un revés temporal al fortalecimiento de su agenda política. Su
protagonismo nos muestra el tamaño de sus ambiciones y de su capacidad
de doblegar y engañar a la clase política del país.
El renovado activismo del dueto militar –los secretarios de la
Defensa Nacional y de Marina– apunta a la presión por tener una ley a
modo que proteja las acciones que realiza la milicia de modo irregular y
al margen de la Constitución desde el inicio del gobierno peñanietista.
Y aun cuando se dicen “desgastados” y que ya no desean seguir en las
calles, en realidad con la iniciativa en ciernes coronarían su presencia
con atribuciones de investigación, persecución de delitos, de control
social o espionaje sobre la población y de represión (Proceso 2091).
La idea militar con el apoyo del PRI y el PAN es una versión
corregida y muy aumentada de la fallida iniciativa calderonista de la
Ley de Seguridad Nacional. Más aún, el trazo de los componentes de la
nueva propuesta se basa en el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018 y
no en los planes sectoriales de Defensa y Marina.
La conclusión es simple: los militares están en las calles, espían,
investigan y reprimen al margen de la ley y sólo bajo el débil paraguas
que les da la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de los años
noventa, la Ley de Seguridad Nacional y las atribuciones
presidenciales. Todo ello rebasado por la realidad y las ambiciones del
sector defensa.
Bajo un esquema dual de participación castrense realizado al amparo
de un programa administrativo, la iniciativa da protección a los
militares por la simple declaración de que sus acciones no son de
seguridad pública, sino de “seguridad interior”. Con este truco legal,
las Fuerzas Armadas “cumplen” con las recomendaciones de la ONU en el
sentido de que se retiren de las acciones de policía.
Por un lado, y una vez que sea manifiesta, a juicio de la Defensa o
Marina, la incapacidad de las autoridades civiles federales, el
presidente puede decretar el despliegue militar justificando “amenazas a
la seguridad interior”. Por otro, con un juego confuso de palabras,
bajo el artificioso concepto de “acciones de orden interno” (como parte
de la noción amplia de seguridad interior que viene de la legislación
militar de 1926: “orden interior”), los militares están facultados para
permanecer, sin decreto presidencial de por medio, en las calles y en
los patios de nuestra vida civil, ejerciendo “la inteligencia y
prevención para la seguridad interior”, apropiándose de bases de datos
personales en poder del INE o del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, además de las del ISSSTE o el IMSS, por ejemplo.
Realidad vs. propaganda militar
El debate público de la iniciativa de los diputados se enrareció con
la presentación de otras propuestas, por parte del PAN y el PRD, también
de seguridad interior. A esto se sumó otro conjunto de propuestas sobre
seguridad nacional y de reformas constitucionales que bien puede
decirse son oportunistas e inducidas por el sector duro de la defensa.
Una de ellas fue la burda respuesta al señalamiento de
inconstitucionalidad de la iniciativa PRI-PAN (que la “seguridad
interior” no figura en la lista de facultades expresas del Congreso para
legislar), cuando se presenta el 25 de enero la de un senador
independiente para allanarle el camino constitucional.
Debe reconocerse que los militares son también responsables de
nuestra crisis de seguridad por dos razones fundamentales: 1) por
integrarse desde hace más de dos décadas en las estructuras de mando
policial y en las definiciones de políticas de seguridad pública, y 2)
por provocar violencia y mayor número de víctimas en lugar de tener un
efecto de contención o de “restablecimiento del orden público”.
El liderazgo castrense se inculpa sin querer en su campaña al
descalificar a los civiles por su fracaso en la implementación de un
modelo policial eficiente. Desde hace más de cinco lustros, los
militares se han incorporado en las policías tanto a nivel operativo
como de dirección estratégica e implementadores de políticas de
seguridad pública en los tres niveles de gobierno.
No menos importante es lo expuesto desde hace tiempo, por ciertos
analistas y expertos, en cuanto a la inutilidad del recurso militar
cuando, se ha demostrado, no fue necesariamente el último recurso ante
una situación crítica de inseguridad. Su despliegue y actuación en las
calles, al menos desde 2006, no siempre fue la respuesta ante oleadas de
violencia real, sino ante incidentes de alto impacto que fueron
utilizados como pretexto, político y mediático, para sacar a soldados y
marinos a las calles.
Lejos de disminuir la violencia regional o local, lo anterior ha
disparado los índices de homicidios y de inseguridad. Atacar el fuego
con fuego ha incendiado al país con violencias de diferentes
naturalezas, incluyendo la militar.
Inobservancia de derechos humanos: ¿Falla o desprecio?
Los secretarios de la Defensa y de Marina, en su inopinada campaña de
cabildeo político, confiesan algo en lo que la opinión pública no ha
reparado. En los últimos 10 años en particular, los militares no sólo se
han desgastado, sino que tampoco sirven para tareas de seguridad
pública porque no están preparados para ello. No es su función proteger a
los ciudadanos y sus bienes, menos si la amenaza son probables
delincuentes.
El citado aspecto es importante porque está ligado a la observancia
inequívoca de los derechos humanos y del debido proceso que, aun desde
la óptica de la guerra, son nociones fundamentales.
Las declaraciones castrenses, así como la elaboración de un manual
sobre uso de la fuerza “conjunta” (Ejército y Marina), ponen en relieve
que los miles de cursos y talleres sobre derechos humanos de los que
tanto se presume en los discursos e informes de labores, por el
patrocinio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Cruz Roja
Internacional y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
simplemente no sirven.
Los recientes hechos en Nayarit, donde se usó un helicóptero de la
Marina para disparar artillería sobre una zona urbana,
independientemente de la demostración de fuerza dirigida al gobierno
estadunidense (de que sí pueden con los bad hombres, Trump dixit),
confirma también la inutilidad o la observancia discrecional del
protocolo del uso de la fuerza autoimpuesto.
El análisis cuantitativo del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
y del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República
(Temas Estratégicos No. 39, “Seguridad Interior: elementos para el
debate”, enero de 2017) documenta el fracaso militar de las estrategias
de seguridad de los últimos tres lustros.
Tanto la UNAM como el CIDE han establecido, por el alto índice de
letalidad resultante de los operativos castrenses, que prácticamente no
hay detenidos, ni heridos… sino sólo muertos. Del mismo modo, tanto el
CIDE y el IBD demuestran, aunque con diferencias de matiz, que las
acciones militares han provocado mayor violencia.
Que los militares tiren a matar y no tengan prisioneros (detenidos),
más que una consigna es parte de su entrenamiento y resultado de un
proceso histórico de su accionar represivo en México. Así ha sido contra
los militares rebeldes entre los años treinta y cincuenta, contra la
guerrilla rural o urbana entre los sesenta y ochenta o contra el
narcotráfico y el crimen organizado en décadas recientes.
La doctrina formativa de los derechos humanos en los militares no
está dirigida a interiorizarlos con su función. Los planteamientos
explícitos y reglamentarios en las Fuerzas Armadas son retóricos y sólo
han servido para el faccioso ajuste de cuentas entre los mandos
superiores contra oficiales de menor rango y tropa para cuando se
necesite dar la imagen de su voluntad de respeto y autoridad en la
materia.
¿Guerreros (in)sumisos?
En la arena nacional, se muestra un empoderado y soberbio secretario
de la Defensa que, a contrapelo de la Constitución y del derecho
internacional, ha ejercido presión sobre autoridades civiles judiciales y
de organismos multilaterales para no rendir cuentas y evadir las
acusaciones graves de violación a los derechos humanos cometida por
militares, como en el caso de Tlatlaya, Estado de México.
Lo mismo mostró con su negativa, escudándose en razones
nacionalistas, incluso amagando con su renuncia, de esclarecer el papel
activo u omiso de los militares en la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa, en Guerrero. El mismo talante se observa en el titular de
la Secretaría de Marina al tratar de explicar el “fuego disuasivo” de
Nayarit en el operativo del pasado viernes 10.
Sin embargo, el tándem militar deja aparte su nacionalismo discursivo
y su tesón político frente a su contraparte de los Estados Unidos,
ignorando los desplantes ofensivos y amagos del presidente Trump en la
imposición de la colaboración bilateral en materia de seguridad. Sin
mediación civil, ya sea por parte de las secretarías de Gobernación o de
Relaciones Exteriores, y 10 días después de la orden ejecutiva sobre
seguridad fronteriza de Trump, los militares mexicanos entablaron
conversación con el secretario de Defensa John Mattis, cuya versión
oficial la califica de mera cortesía.
El trasfondo es otro. Dicha conversación, así como la inspección que
hicieran oficiales del Comando Norte y el asesor especial del Consejo de
Seguridad Nacional de Estados Unidos a Chiapas con personal de la
Armada mexicana, detonaron la presión contra el Congreso para sacar
adelante la Ley de Seguridad Interior.
Eso no es casual porque, además de extender un cheque en blanco a su
actuación en el terreno, les permitiría satisfacer la agenda de
seguridad norteamericana para hacer el trabajo sucio de contención
migratoria en su patio trasero, a cambio de hacerse de la vista gorda
ante eventuales y crecientes denuncias internacionales de violaciones de
derechos humanos, como las que se expresaron desde el Capitolio en
2015.
La Marina se ha hecho cargo de este operativo fronterizo desde el
inicio del sexenio con el apoyo de la autoridad migratoria, cuyo titular
proviene de las estructuras de inteligencia del gobierno federal.
Hay signos de identidad entre los militares de ambos países:
comparten su desconfianza, o hasta su desprecio, por el liderazgo civil;
se sienten utilizados y consideran abusivo que los políticos se
aprovechen del prestigio castrense (Warriors and Citizens es el libro
que publicó a finales del año pasado Mattis, en cuyo anuncio de
designación por Trump no omitió su orgulloso apodo de Perro Rabioso).
Por ahora, la moneda está en el aire en cuanto a las iniciativas de
Ley de Seguridad Interior gracias a la oposición de la sociedad civil y a
un tardío y tímido pronunciamiento de la CNDH en favor de aplazar –no
de rechazar– su aprobación.
Entre tanto, los militares continuarán en las calles de un país
atrapado por la violencia criminal y por las amenazas de Trump de
vigilar, sin proteger, a una sociedad golpeada por la crisis económica y
por la torpeza política de sus gobernantes. Con la Ley de Seguridad
Interior o sin ella, ya lo dijo el general secretario desde finales del
año pasado, las Fuerzas Armadas seguirán haciendo lo mismo.
16.2.17
Peña ante Trump: Salvar el TLCAN antes que la Nación
Global
Research
Edgar A. Valenzuela
Los primeros días de Trump al frente de la Casa Blanca han sido una verdadera pesadilla para el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto (EPN), quien ha recibido numerosos desplantes como respuesta a sus acercamientos con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Usando formas que sólo podrían compararse con las utilizadas hace un siglo por Henry Lane Wilson en su trato con Francisco I. Madero, Trump recibió a Luis Videgaray en Washington con la firma de la orden ejecutiva para construir el muro en la frontera. Y para rematar la humillación, afirmó vía Twitter que si México no estaba dispuesto a pagar por el muro que mejor no se presentara EPN a la reunión agendada para una semana después. Por increíble que parezca, el mandatario mexicano no canceló inmediatamente, asegurando que “evaluaría” la respuesta, decantándose horas después por la suspensión del viaje ante la presión nacional e internacional.[1]
La sumisión e inexplicable vacilación de EPN para responder con firmeza a Trump pese al respaldo prácticamente unánime de la sociedad mexicana ha sido atribuida a su falta de aptitudes, respuesta que parece verosímil considerando los múltiples eventos en los que se ha mostrado incapaz para lidiar con escenarios no controlados (¿recuerdan la Ibero en 2012?). Sin embargo, hasta una mente muy limitada entendería que pese a la adversidad del actual escenario, éste resulta idóneo para rescatar del abismo la imagen de EPN y salvar el final de su gestión. Que en Los Pinos decidan tragar saliva y desaprovechar esta oportunidad para destinar el resto de su capital político a la renegociación del TLCAN da muestra que la prioridad es salvar la piedra angular de su proyecto de clase antes que la Nación misma.
¿Qué defienden los neoliberales cuando piden defender el TLCAN?
Para Carlos Fazio, el objetivo de la propaganda está en la modificación de la conducta de las personas a través de la persuasión. Es decir, sin parecer forzarlas. Y uno de los principales canales para ejercer influencia en la gente y obtener ese fin es la mentira, que en nuestros días se propaga a través de los grandes medios de comunicación. En el momento que una noticia llega a los medios, afirma el analista, adquiere implícitamente un carácter legal y sufre un proceso de oficialización. El espectador, el ciudadano común a fuerza de escuchar “la verdad oficial” la hace parte de su opinión personal, lo que a su vez confluye hacia una falsa opinión pública, manipulada de principio a fin.[2]
La anterior reflexión viene a colación porque en las semanas más recientes hemos presenciado una intensa campaña mediática cuyo centro es el TLCAN y su defensa. A través de decenas de espacios en televisión y columnas en los diarios, supuestos expertos alertan a la población sobre las consecuencias catastróficas que traerá su posible cancelación, por lo que hacen un llamado enérgico para respaldar al gobierno en las negociaciones que entable con sus pares de Washington sobre el tema. Es decir, la ofensiva mediática en torno a la supuesta “unidad nacional” se traduce en unidad en defensa del TLCAN, apelando al maniqueo argumento de supuesto sentido común (destinado a manipular a la opinión pública): si Trump, el mayor enemigo actual de los mexicanos, ataca al TLCAN es porque en realidad nos beneficia. Y es un argumento tendiente a la manipulación por dos grandes razones: da por hecho que el país entero se ha beneficiado de su implementación como lo sostuvo EPN cuando prometió firmeza al defender los intereses del país en las rondas de renegociación; y porque sigue el mismo guión que el usado hace dos décadas cuando Salinas gastó millones para desactivar el escepticismo de la población ante el supuesto de que la unión comercial con EU traería un maná económico para el país entero.
Para entender los alcances y dimensiones de lo que nos pide defender la cúpula neoliberal mexicana encabezada por EPN y Videgaray, considero necesario regresar a los orígenes, es decir, releer el valor que brindaban en Washington al TLCAN cuando se discutía a principios de la década de 1990. Esa postura también ocultada por los medios en México debería servir como plataforma inicial para realizar un estudio crítico del Tratado, que a la luz de sus resultados evalúe los señalamientos de Trump y marque la ruta que el país debe seguir en los durísimos años que vienen, siempre privilegiando el interés de la Nación en su conjunto.
Hace más de dos décadas, mientras la administración salinista se empeñaba en convencer a la opinión pública mexicana que el acceso al mayor mercado de bienes y servicios del mundo nos daría la entrada al primer mundo y solucionaría todos los desequilibrios macroeconómicos del país, la élite estadounidense daba al TLCAN una significación mucho más compleja que el vulgar mercantilismo neoliberal. Uno de los primeros en expresarlo con toda claridad fue el entonces vicepresidente Al Gore, para quien el TLCAN era equiparable con la Louisiana Purchase de 1803 y la Alaska Purchase de 1867. John Saxe afirma que estas palabras aluden a la tradición expansionista e imperialista de EU, remitiendo inmediatamente a términos como conquista, anexionismo, expansionismo, imperialismo, diplomacia de fuerza, desestabilización, filibusterismo, intervencionismo, invasión y otros vinculados al comportamiento estadounidense durante los siglos XIX y XX.[3] Es decir, para EU el TLCAN no sólo representó un acuerdo comercial, sino parte esencial de su estrategia de proyección de poder de cara a sus competidores globales, idea abordada por William Colby, ex director de la CIA quien afirmó que el TLCAN además de servir de puntal para una proyección hemisférica de la pax americana, “forma parte de una ‘nueva estrategia de seguridad nacional’ estadounidense”. En una línea argumentativa semejante, John Dimitri Negroponte, connotado funcionario del área de seguridad de EU y embajador de EU en México durante el gobierno de Salinas, afirmó que la intención del TLCAN no se limitaba a asuntos comerciales o de inversión, sino que sería piedra angular para modificar los fundamentos de la política exterior y de seguridad de México bajo principios estadounidenses.[4]
Uno de los mayores impedimentos para lograr lo planteado por Negroponte radicaría en vencer el hermetismo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, históricamente muy celosas ante EU. Las implicaciones en materia de seguridad del TLCAN habrían sido detalladas por el exsecretario de Defensa William Perry, quien afirmó que mediante este Tratado se había auspiciado el vínculo económico y político entre su país y México, y procedía extender el proceso de integración en el área militar, a lo que llamó “el tercer vínculo”. Para Fazio, “el tercer vínculo” tenía como objetivo convencer a los militares mexicanos que EU en la era post TLCAN no debía contemplarse como un adversario intervencionista, sino un aliado para conseguir los objetivos de seguridad compartidos. Con ese fin Perry delineó cinco áreas de cooperación entre los dos ejércitos, que incluían la modernización de equipo militar y para la lucha antinarcóticos, dispositivos para vigilar los espacios aéreo y naval, además del intercambio en instrucción de cuadros y programas de auxilio a la población civil; hechos que al final de cuentas permitirían a EU intervenir en las estructuras de decisión táctica-operativa y estratégica de las Fuerzas Armadas Mexicanas, la única institución de América Latina, junto a la cubana que no había sido penetrada directamente por el Pentágono.[5]
Curiosamente, Alfredo Jalife-Rahme ha señalado en diversos espacios que el narcotráfico fue uno de los negocios más favorecidos con la implementación del TLCAN aunque en el discurso ha sido uno de los temas más combatidos.
Entonces, si el escenario resultaba tan desfavorable para la seguridad nacional de México, ¿qué habría motivado a la administración salinista y la élite empresarial local para apoyar el proyecto cuando incluso dentro de EU mismo existían amplios sectores que se mostraban contrarios a aceptarlo por considerarlo lesivo a sus intereses? Faux intenta responder esta interrogante al asegurar que el espíritu de clase y los intereses empresariales en ambos lados de la frontera fueron algunos de los elementos centrales en la negociación, pues la élite de EU no sólo consideraba a Salinas uno de los suyos por haber estudiado en Harvard, sino que existían poderosos empresarios pujando tras bambalinas. Para ejemplificar cita el caso de la agroindustria, partiendo que del lado estadounidense gigantes como Cargill y Monsanto buscaban abrir nuevos mercados de forma permanente para sus productos altamente subsidiados, mientras en México Bimbo, Maseca y Minsa querían acceder a materias primas más baratas para bajar sus costos de producción.[6]
Lo cierto es que las grandes empresas de EU necesitaron desde finales de 1970 que Washington eliminara los aranceles a las importaciones y aumentara las facilidades para trasladar sus fábricas al extranjero con el fin de abastecer el mercado interno estadounidense con menores costos de producción, lo cual a su vez demandó la apertura de las economías periféricas y un trato preferencial a sus capitales, cuestiones que finalmente fueron materializadas en el TLCAN. Arturo Ortiz refuerza este punto al mencionar que Carla Hills, negociadora del Tratado por EU exigía a México tres puntos en específico: mayor apertura de sus mercados a los productos estadounidenses; mayores facilidades al capital estadounidense para participar en cualquier área de su interés, incluyendo petróleo y petroquímica, banca, bolsa, finanzas y demás espacios limitados para extranjeros; y una reforma al artículo 27 para brindar certeza a los inversionistas sobre sus capitales y la tenencia de la tierra.[7]
Finalmente, existe otro aspecto de primordial relevancia histórica, económica y política que encierra el TLCAN para México: los hidrocarburos. Saxe asegura que el antecedente mismo del Tratado se sitúa en la propuesta de integración energética de América del Norte hecha por la firma Blyth, Eastman, Dillon and Company en 1979. El proyecto dirigido al aparato empresarial y de seguridad nacional de EU aseguraba:
“Los tres países adyacentes de la América del Norte del Hemisferio Occidental deberían formar un mercado común con libertad de movimientos para todos los bienes, especialmente el petróleo y el gas, pero también de la población. Sin este esfuerzo cooperativo en la América del Norte, EU se enfrentará a un desgaste constante de su seguridad nacional junto con una lenta estrangulación económica. (…) La América del Norte sería autosuficiente como unidad en energía, productos agrícolas y minerales (…) EU extendería su sombrilla de seguridad hacia Canadá y México para lograr que las tres naciones obtengan una seguridad equitativa contra cualquier amenaza militar a la América del Norte”.[8]
En función de ello, el TLCAN sería una de las piedras angulares del proyecto al incluir cláusulas que comprometen a México a garantizar el abasto ininterrumpido de todo bien energético, como lo señala el capítulo VI, artículo 605. La creación de facto del mercado energético de Norteamérica, asegura Saxe, desvincularía el petróleo y gas natural de México y Canadá del mercado mundial, regionalizándolos en un esquema comercial y geopolítico de América del Norte.[9]
A todo este entramado de intereses comerciales, petroleros y de seguridad que llevaron a la adquisición de múltiples complejos industriales y territoriales mexicanos por empresas estadounidenses tras la liberalización económica e implementación del Tratado, Saxe lo define como “la compra-venta de México”, en clara alusión a la comparación hecha por Al Gore detallada líneas atrás. En particular, asegura el académico, el TLCAN promueve la inserción de corte colonial de México en la economía y en la política de EU, ya que contiene instrumentos específicos que tienden a institucionalizar la perspectiva de esa potencia en la articulación del diseño económico, la política exterior y de defensa mexicana y también por el trato preferencial que otorga a los otros signatarios del TLCAN en comercio, inversiones y derechos de propiedad intelectual.[10]
Entonces, si el TLCAN fue tan benéfico para los intereses geoeconómicos y geoestratégicos de EU, ¿por qué Trump se ha lanzado en su contra mientras los mexicanos, presuntos perdedores supremos se lanzan furibundos en su defensa?
Aunque pareciera una reflexión proveniente del “mundo al revés” de Chabelo, en realidad tiene sólidos fundamentos económicos y políticos. Para el alto capital estadounidense, el TLCAN se proyectó como un facilitador de las operaciones intrafirma en sectores como el automotriz y textil, y no como un potencializador de las exportaciones mexicanas como lo han sostenido los propagandistas del régimen y sus principales actores. Cálculos de López y Rodil muestran que en 12 años del TLCAN las exportaciones de México, principalmente manufactureras crecieron 307.2% al pasar de 49.82 mmdd en 1994 a 202.86 mmdd en 2006. Sin embargo, la industria maquiladora de exportación sería responsable del 50% de esta cifra, hecho que está ligado al comercio intrafirma de EU y por tanto, desvinculado de las cadenas productivas nacionales creadoras de valor agregado mexicano, fenómeno que relacionado íntimamente con el crecimiento exponencial de las plantas maquiladoras en las ciudades fronterizas mexicanas como Juárez y Tijuana durante la segunda mitad de la década de 1990.[11]
En el caso mexicano, para los miembros de la oligarquía el TLCAN no sólo sirvió para acceder a materias primas más baratas y altamente subsidiadas en los mercados de EU y Canadá como se abordó en el caso agroalimentario atrás expuesto. También favoreció la exportación de materias primas y productos de escasa industrialización, ambos dependientes de la explotación de la mano de obra y recursos naturales; además de la intermediación y/o representación de las corporaciones estadounidenses en el país, con todo y las jugosas comisiones que dejan. Y en el ámbito gubernamental y de finanzas públicas, la apertura e integración con EU habría permitido financiar el déficit de cuenta corriente mediante la entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) y la colocación de bonos de deuda en el exterior, hechos que ya se presentaban con bastante seriedad desde antes de 1994. Por ejemplo, el déficit de 1993 que ascendía a más de 25 mmdd se habría nivelado con la entrada de casi 23 mmdd de IED e inversión de cartera[12], pero que a la postre desatarían una de las mayores crisis financieras en la historia: el mal llamado error de diciembre.
Mientras los altos capitales de ambos países han gozado de condiciones excepcionales para aumentar sus riquezas, las clases trabajadoras en ambos lados del Bravo han sufrido las consecuencias. Para los trabajadores de EU, por ejemplo, el traslado de muchas plantas al exterior en pos de salarios más bajos habría significado el cierre de miles de fuentes de empleo, siendo el caso paradigmático Detroit, la antigua capital mundial del automóvil que tras ser la ciudad más próspera de EU hace medio siglo, en 2014 presentaba tasas de desempleo cercanas al 20% que en conjunto con otras circunstancias la obligaron a declararse en quiebra.[13] Esos trabajadores, los perdedores de la globalización al interior de EU, habrían sido la base del trumpismo, entendiendo el surgimiento de este fenómeno como un nuevo despertar en EU como lo señala Alfredo Jalife-Rahme.[14]
En el caso de nuestro país, para el común de los mexicanos el TLCAN trajo consigo funestas consecuencias que se sintieron con mayor profundidad en el campo. En las comunidades agrícolas la producción de granos y alimentos en México se desplomó bajo el peso de la competencia altamente tecnificada y subsidiada de EU, haciendo que la dependencia alimentaria del país pasara del 10 al 43% tras dos décadas de implementado el tratado y creando una grave crisis de obesidad entre la población.[15] Ello obligó a millones de campesinos a migrar, principalmente a EU, convirtiendo a México en la nación que más ciudadanos expulsó del mundo en 2012.[16] Adicionalmente, la apertura indiscriminada llevó a la quiebra a gran parte de los pequeños y medianos empresarios nacionales de los que depende el mayor porcentaje de empleos del país, impulsando el sector informal de la economía (de la cual el narco es la actividad estrella); y vulneró la soberanía e independencia al traspasar a manos privadas nacionales y extranjeras complejos territoriales sobre los que se asientan puertos, aeropuertos, reservas minerales, carreteras, ferrocarriles, industria de máquinas-herramientas y petroquímica.
En fin. Eso es lo que nos piden defender de forma acrítica EPN, Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo y la oligarquía del país a través de sus voceros en los medios de comunicación. Su proyecto de clase.
Reflexiones finales
Puede parecer muy complejo y difícil de entender, sobre todo cuando nos encontramos inmersos en la dinámica analizada, pero hay ocasiones en la historia que las humillaciones y tragedias históricas ayudan a los pueblos para recordar su grandeza y enderezar el rumbo. A China, por ejemplo, la invasión japonesa y las masacres sufridas durante la segunda guerra mundial le sirvieron como catalizador de las fuerzas internas acumuladas durante décadas a fin de reinventarse y terminar “el siglo de la humillación” iniciado con su derrota en “las guerras del opio”.
La historia misma de nuestro país también podría ejemplificar el fenómeno. El nacionalismo revolucionario que definió gran parte del siglo XX mexicano y cuyos pináculos fueron la Constitución de 1917 (misma que acaba de cumplir 100 años hace unos días pero ya hecha pedazos por las contrarreformas neoliberales) y la expropiación petrolera de 1938, no podría entenderse sin el sentimiento de aversión hacia EU provocado por el injerencismo del embajador Henry Lane Wilson y las agresiones militares sufridas (la ocupación de Veracruz y la expedición punitiva contra Villa).
Así, con toda su desfachatez y prepotencia, Trump en última instancia ha desfondado brutalmente a la oligarquía mexicana, exhibiendo su altísimo grado de entreguismo que resulta incompatible con la memoria histórica del pueblo mexicano. Y entre más radical sea la postura del magnate convertido en presidente, mayor será el renacimiento del nacionalismo al sur del Bravo y la desnudez de aquellos que entregaron al país con tal de defender sus intereses de clase.
Basta recordar que una de las generaciones más gloriosas de nuestra historia, los liberales del siglo XIX, son en cierta medida hijos de la catástrofe protagonizada por Santa Anna y los polkos en 1847-48.
Edgar A. Valenzuela: Politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Notas:
[1] Cancela Peña visita a Trump. Diario La Jornada, 26 de enero de 2017. Consultado en línea en: https://goo.gl/AQRBnp
[2] Fazio, C. (2013) Terrorismo mediático. La de enero de construcción social del miedo en México. Debate. México, D.F. 2013.
[3] Saxe, J. (2002) La compra – venta de México. Plaza & Janés Editores. México, D.F. Pág. 45.
[4] Faux, J. (2008). La Guerra Global de Clases. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, D.F. Pág: 33.
[5] La injerencia del Pentágono en el Ejército Mexicano, descrita y analizada en “El tercer vínculo”, de Carlos Fazio, Revista Proceso, 30 de noviembre de 1996. Consultado en línea en: http://bit.ly/2dIMVG1
[6] Faux, Op. Cit.
[7] Ortiz, A. (1998) Política Económica de México: 1982 – 2000. Editorial Nuestro Tiempo. México, D.F. 1998. Pág: 132.
[8] Saxe, Op. Cit. Pág. 43.
[9] Idem. Pág. 254.
[10] Ibidem. Págs. 135-135.
[11] López, J. & Rodil, Ó. (Enero – Abril 2008). Comercio intra-industrial e intra-firma en México en el contexto del proceso de integración de América del Norte (1993-2006). Economía UNAM, 13, pp. 86-112. Consultado en línea en: https://goo.gl/UCFC1M
[12] Cifras ofrecidas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con datos de Banxico.
[13] Detroit, una ciudad en bancarrota. Telesur, 3 de noviembre de 2014. Consultado en línea en: https://goo.gl/CrWd6F
[14] Jalife-Rahme, A. Trump y Sanders: ¿Nuevo despertar contra Wall Street y su globalización? Diario La Jornada, 8 de mayo de 2016. Consultado en línea en: https://goo.gl/BBAADA
[15] Dependencia agroalimentaria pasó del 10 al 43% en 20 años. El Financiero, 28 de octubre de 2014. Consultado en línea en: http://bit.ly/10xnOAa
[16] México, campeón mundial en expulsar migrantes. El Siglo de Durango, 19 de diciembre de 2012. Consultado en línea en: https://goo.gl/3lfFcc
Edgar A. Valenzuela
Los primeros días de Trump al frente de la Casa Blanca han sido una verdadera pesadilla para el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto (EPN), quien ha recibido numerosos desplantes como respuesta a sus acercamientos con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Usando formas que sólo podrían compararse con las utilizadas hace un siglo por Henry Lane Wilson en su trato con Francisco I. Madero, Trump recibió a Luis Videgaray en Washington con la firma de la orden ejecutiva para construir el muro en la frontera. Y para rematar la humillación, afirmó vía Twitter que si México no estaba dispuesto a pagar por el muro que mejor no se presentara EPN a la reunión agendada para una semana después. Por increíble que parezca, el mandatario mexicano no canceló inmediatamente, asegurando que “evaluaría” la respuesta, decantándose horas después por la suspensión del viaje ante la presión nacional e internacional.[1]
La sumisión e inexplicable vacilación de EPN para responder con firmeza a Trump pese al respaldo prácticamente unánime de la sociedad mexicana ha sido atribuida a su falta de aptitudes, respuesta que parece verosímil considerando los múltiples eventos en los que se ha mostrado incapaz para lidiar con escenarios no controlados (¿recuerdan la Ibero en 2012?). Sin embargo, hasta una mente muy limitada entendería que pese a la adversidad del actual escenario, éste resulta idóneo para rescatar del abismo la imagen de EPN y salvar el final de su gestión. Que en Los Pinos decidan tragar saliva y desaprovechar esta oportunidad para destinar el resto de su capital político a la renegociación del TLCAN da muestra que la prioridad es salvar la piedra angular de su proyecto de clase antes que la Nación misma.
¿Qué defienden los neoliberales cuando piden defender el TLCAN?
Para Carlos Fazio, el objetivo de la propaganda está en la modificación de la conducta de las personas a través de la persuasión. Es decir, sin parecer forzarlas. Y uno de los principales canales para ejercer influencia en la gente y obtener ese fin es la mentira, que en nuestros días se propaga a través de los grandes medios de comunicación. En el momento que una noticia llega a los medios, afirma el analista, adquiere implícitamente un carácter legal y sufre un proceso de oficialización. El espectador, el ciudadano común a fuerza de escuchar “la verdad oficial” la hace parte de su opinión personal, lo que a su vez confluye hacia una falsa opinión pública, manipulada de principio a fin.[2]
La anterior reflexión viene a colación porque en las semanas más recientes hemos presenciado una intensa campaña mediática cuyo centro es el TLCAN y su defensa. A través de decenas de espacios en televisión y columnas en los diarios, supuestos expertos alertan a la población sobre las consecuencias catastróficas que traerá su posible cancelación, por lo que hacen un llamado enérgico para respaldar al gobierno en las negociaciones que entable con sus pares de Washington sobre el tema. Es decir, la ofensiva mediática en torno a la supuesta “unidad nacional” se traduce en unidad en defensa del TLCAN, apelando al maniqueo argumento de supuesto sentido común (destinado a manipular a la opinión pública): si Trump, el mayor enemigo actual de los mexicanos, ataca al TLCAN es porque en realidad nos beneficia. Y es un argumento tendiente a la manipulación por dos grandes razones: da por hecho que el país entero se ha beneficiado de su implementación como lo sostuvo EPN cuando prometió firmeza al defender los intereses del país en las rondas de renegociación; y porque sigue el mismo guión que el usado hace dos décadas cuando Salinas gastó millones para desactivar el escepticismo de la población ante el supuesto de que la unión comercial con EU traería un maná económico para el país entero.
Para entender los alcances y dimensiones de lo que nos pide defender la cúpula neoliberal mexicana encabezada por EPN y Videgaray, considero necesario regresar a los orígenes, es decir, releer el valor que brindaban en Washington al TLCAN cuando se discutía a principios de la década de 1990. Esa postura también ocultada por los medios en México debería servir como plataforma inicial para realizar un estudio crítico del Tratado, que a la luz de sus resultados evalúe los señalamientos de Trump y marque la ruta que el país debe seguir en los durísimos años que vienen, siempre privilegiando el interés de la Nación en su conjunto.
Hace más de dos décadas, mientras la administración salinista se empeñaba en convencer a la opinión pública mexicana que el acceso al mayor mercado de bienes y servicios del mundo nos daría la entrada al primer mundo y solucionaría todos los desequilibrios macroeconómicos del país, la élite estadounidense daba al TLCAN una significación mucho más compleja que el vulgar mercantilismo neoliberal. Uno de los primeros en expresarlo con toda claridad fue el entonces vicepresidente Al Gore, para quien el TLCAN era equiparable con la Louisiana Purchase de 1803 y la Alaska Purchase de 1867. John Saxe afirma que estas palabras aluden a la tradición expansionista e imperialista de EU, remitiendo inmediatamente a términos como conquista, anexionismo, expansionismo, imperialismo, diplomacia de fuerza, desestabilización, filibusterismo, intervencionismo, invasión y otros vinculados al comportamiento estadounidense durante los siglos XIX y XX.[3] Es decir, para EU el TLCAN no sólo representó un acuerdo comercial, sino parte esencial de su estrategia de proyección de poder de cara a sus competidores globales, idea abordada por William Colby, ex director de la CIA quien afirmó que el TLCAN además de servir de puntal para una proyección hemisférica de la pax americana, “forma parte de una ‘nueva estrategia de seguridad nacional’ estadounidense”. En una línea argumentativa semejante, John Dimitri Negroponte, connotado funcionario del área de seguridad de EU y embajador de EU en México durante el gobierno de Salinas, afirmó que la intención del TLCAN no se limitaba a asuntos comerciales o de inversión, sino que sería piedra angular para modificar los fundamentos de la política exterior y de seguridad de México bajo principios estadounidenses.[4]
Uno de los mayores impedimentos para lograr lo planteado por Negroponte radicaría en vencer el hermetismo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, históricamente muy celosas ante EU. Las implicaciones en materia de seguridad del TLCAN habrían sido detalladas por el exsecretario de Defensa William Perry, quien afirmó que mediante este Tratado se había auspiciado el vínculo económico y político entre su país y México, y procedía extender el proceso de integración en el área militar, a lo que llamó “el tercer vínculo”. Para Fazio, “el tercer vínculo” tenía como objetivo convencer a los militares mexicanos que EU en la era post TLCAN no debía contemplarse como un adversario intervencionista, sino un aliado para conseguir los objetivos de seguridad compartidos. Con ese fin Perry delineó cinco áreas de cooperación entre los dos ejércitos, que incluían la modernización de equipo militar y para la lucha antinarcóticos, dispositivos para vigilar los espacios aéreo y naval, además del intercambio en instrucción de cuadros y programas de auxilio a la población civil; hechos que al final de cuentas permitirían a EU intervenir en las estructuras de decisión táctica-operativa y estratégica de las Fuerzas Armadas Mexicanas, la única institución de América Latina, junto a la cubana que no había sido penetrada directamente por el Pentágono.[5]
Curiosamente, Alfredo Jalife-Rahme ha señalado en diversos espacios que el narcotráfico fue uno de los negocios más favorecidos con la implementación del TLCAN aunque en el discurso ha sido uno de los temas más combatidos.
Entonces, si el escenario resultaba tan desfavorable para la seguridad nacional de México, ¿qué habría motivado a la administración salinista y la élite empresarial local para apoyar el proyecto cuando incluso dentro de EU mismo existían amplios sectores que se mostraban contrarios a aceptarlo por considerarlo lesivo a sus intereses? Faux intenta responder esta interrogante al asegurar que el espíritu de clase y los intereses empresariales en ambos lados de la frontera fueron algunos de los elementos centrales en la negociación, pues la élite de EU no sólo consideraba a Salinas uno de los suyos por haber estudiado en Harvard, sino que existían poderosos empresarios pujando tras bambalinas. Para ejemplificar cita el caso de la agroindustria, partiendo que del lado estadounidense gigantes como Cargill y Monsanto buscaban abrir nuevos mercados de forma permanente para sus productos altamente subsidiados, mientras en México Bimbo, Maseca y Minsa querían acceder a materias primas más baratas para bajar sus costos de producción.[6]
Lo cierto es que las grandes empresas de EU necesitaron desde finales de 1970 que Washington eliminara los aranceles a las importaciones y aumentara las facilidades para trasladar sus fábricas al extranjero con el fin de abastecer el mercado interno estadounidense con menores costos de producción, lo cual a su vez demandó la apertura de las economías periféricas y un trato preferencial a sus capitales, cuestiones que finalmente fueron materializadas en el TLCAN. Arturo Ortiz refuerza este punto al mencionar que Carla Hills, negociadora del Tratado por EU exigía a México tres puntos en específico: mayor apertura de sus mercados a los productos estadounidenses; mayores facilidades al capital estadounidense para participar en cualquier área de su interés, incluyendo petróleo y petroquímica, banca, bolsa, finanzas y demás espacios limitados para extranjeros; y una reforma al artículo 27 para brindar certeza a los inversionistas sobre sus capitales y la tenencia de la tierra.[7]
Finalmente, existe otro aspecto de primordial relevancia histórica, económica y política que encierra el TLCAN para México: los hidrocarburos. Saxe asegura que el antecedente mismo del Tratado se sitúa en la propuesta de integración energética de América del Norte hecha por la firma Blyth, Eastman, Dillon and Company en 1979. El proyecto dirigido al aparato empresarial y de seguridad nacional de EU aseguraba:
“Los tres países adyacentes de la América del Norte del Hemisferio Occidental deberían formar un mercado común con libertad de movimientos para todos los bienes, especialmente el petróleo y el gas, pero también de la población. Sin este esfuerzo cooperativo en la América del Norte, EU se enfrentará a un desgaste constante de su seguridad nacional junto con una lenta estrangulación económica. (…) La América del Norte sería autosuficiente como unidad en energía, productos agrícolas y minerales (…) EU extendería su sombrilla de seguridad hacia Canadá y México para lograr que las tres naciones obtengan una seguridad equitativa contra cualquier amenaza militar a la América del Norte”.[8]
En función de ello, el TLCAN sería una de las piedras angulares del proyecto al incluir cláusulas que comprometen a México a garantizar el abasto ininterrumpido de todo bien energético, como lo señala el capítulo VI, artículo 605. La creación de facto del mercado energético de Norteamérica, asegura Saxe, desvincularía el petróleo y gas natural de México y Canadá del mercado mundial, regionalizándolos en un esquema comercial y geopolítico de América del Norte.[9]
A todo este entramado de intereses comerciales, petroleros y de seguridad que llevaron a la adquisición de múltiples complejos industriales y territoriales mexicanos por empresas estadounidenses tras la liberalización económica e implementación del Tratado, Saxe lo define como “la compra-venta de México”, en clara alusión a la comparación hecha por Al Gore detallada líneas atrás. En particular, asegura el académico, el TLCAN promueve la inserción de corte colonial de México en la economía y en la política de EU, ya que contiene instrumentos específicos que tienden a institucionalizar la perspectiva de esa potencia en la articulación del diseño económico, la política exterior y de defensa mexicana y también por el trato preferencial que otorga a los otros signatarios del TLCAN en comercio, inversiones y derechos de propiedad intelectual.[10]
Entonces, si el TLCAN fue tan benéfico para los intereses geoeconómicos y geoestratégicos de EU, ¿por qué Trump se ha lanzado en su contra mientras los mexicanos, presuntos perdedores supremos se lanzan furibundos en su defensa?
Aunque pareciera una reflexión proveniente del “mundo al revés” de Chabelo, en realidad tiene sólidos fundamentos económicos y políticos. Para el alto capital estadounidense, el TLCAN se proyectó como un facilitador de las operaciones intrafirma en sectores como el automotriz y textil, y no como un potencializador de las exportaciones mexicanas como lo han sostenido los propagandistas del régimen y sus principales actores. Cálculos de López y Rodil muestran que en 12 años del TLCAN las exportaciones de México, principalmente manufactureras crecieron 307.2% al pasar de 49.82 mmdd en 1994 a 202.86 mmdd en 2006. Sin embargo, la industria maquiladora de exportación sería responsable del 50% de esta cifra, hecho que está ligado al comercio intrafirma de EU y por tanto, desvinculado de las cadenas productivas nacionales creadoras de valor agregado mexicano, fenómeno que relacionado íntimamente con el crecimiento exponencial de las plantas maquiladoras en las ciudades fronterizas mexicanas como Juárez y Tijuana durante la segunda mitad de la década de 1990.[11]
En el caso mexicano, para los miembros de la oligarquía el TLCAN no sólo sirvió para acceder a materias primas más baratas y altamente subsidiadas en los mercados de EU y Canadá como se abordó en el caso agroalimentario atrás expuesto. También favoreció la exportación de materias primas y productos de escasa industrialización, ambos dependientes de la explotación de la mano de obra y recursos naturales; además de la intermediación y/o representación de las corporaciones estadounidenses en el país, con todo y las jugosas comisiones que dejan. Y en el ámbito gubernamental y de finanzas públicas, la apertura e integración con EU habría permitido financiar el déficit de cuenta corriente mediante la entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) y la colocación de bonos de deuda en el exterior, hechos que ya se presentaban con bastante seriedad desde antes de 1994. Por ejemplo, el déficit de 1993 que ascendía a más de 25 mmdd se habría nivelado con la entrada de casi 23 mmdd de IED e inversión de cartera[12], pero que a la postre desatarían una de las mayores crisis financieras en la historia: el mal llamado error de diciembre.
Mientras los altos capitales de ambos países han gozado de condiciones excepcionales para aumentar sus riquezas, las clases trabajadoras en ambos lados del Bravo han sufrido las consecuencias. Para los trabajadores de EU, por ejemplo, el traslado de muchas plantas al exterior en pos de salarios más bajos habría significado el cierre de miles de fuentes de empleo, siendo el caso paradigmático Detroit, la antigua capital mundial del automóvil que tras ser la ciudad más próspera de EU hace medio siglo, en 2014 presentaba tasas de desempleo cercanas al 20% que en conjunto con otras circunstancias la obligaron a declararse en quiebra.[13] Esos trabajadores, los perdedores de la globalización al interior de EU, habrían sido la base del trumpismo, entendiendo el surgimiento de este fenómeno como un nuevo despertar en EU como lo señala Alfredo Jalife-Rahme.[14]
En el caso de nuestro país, para el común de los mexicanos el TLCAN trajo consigo funestas consecuencias que se sintieron con mayor profundidad en el campo. En las comunidades agrícolas la producción de granos y alimentos en México se desplomó bajo el peso de la competencia altamente tecnificada y subsidiada de EU, haciendo que la dependencia alimentaria del país pasara del 10 al 43% tras dos décadas de implementado el tratado y creando una grave crisis de obesidad entre la población.[15] Ello obligó a millones de campesinos a migrar, principalmente a EU, convirtiendo a México en la nación que más ciudadanos expulsó del mundo en 2012.[16] Adicionalmente, la apertura indiscriminada llevó a la quiebra a gran parte de los pequeños y medianos empresarios nacionales de los que depende el mayor porcentaje de empleos del país, impulsando el sector informal de la economía (de la cual el narco es la actividad estrella); y vulneró la soberanía e independencia al traspasar a manos privadas nacionales y extranjeras complejos territoriales sobre los que se asientan puertos, aeropuertos, reservas minerales, carreteras, ferrocarriles, industria de máquinas-herramientas y petroquímica.
En fin. Eso es lo que nos piden defender de forma acrítica EPN, Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo y la oligarquía del país a través de sus voceros en los medios de comunicación. Su proyecto de clase.
Reflexiones finales
Puede parecer muy complejo y difícil de entender, sobre todo cuando nos encontramos inmersos en la dinámica analizada, pero hay ocasiones en la historia que las humillaciones y tragedias históricas ayudan a los pueblos para recordar su grandeza y enderezar el rumbo. A China, por ejemplo, la invasión japonesa y las masacres sufridas durante la segunda guerra mundial le sirvieron como catalizador de las fuerzas internas acumuladas durante décadas a fin de reinventarse y terminar “el siglo de la humillación” iniciado con su derrota en “las guerras del opio”.
La historia misma de nuestro país también podría ejemplificar el fenómeno. El nacionalismo revolucionario que definió gran parte del siglo XX mexicano y cuyos pináculos fueron la Constitución de 1917 (misma que acaba de cumplir 100 años hace unos días pero ya hecha pedazos por las contrarreformas neoliberales) y la expropiación petrolera de 1938, no podría entenderse sin el sentimiento de aversión hacia EU provocado por el injerencismo del embajador Henry Lane Wilson y las agresiones militares sufridas (la ocupación de Veracruz y la expedición punitiva contra Villa).
Así, con toda su desfachatez y prepotencia, Trump en última instancia ha desfondado brutalmente a la oligarquía mexicana, exhibiendo su altísimo grado de entreguismo que resulta incompatible con la memoria histórica del pueblo mexicano. Y entre más radical sea la postura del magnate convertido en presidente, mayor será el renacimiento del nacionalismo al sur del Bravo y la desnudez de aquellos que entregaron al país con tal de defender sus intereses de clase.
Basta recordar que una de las generaciones más gloriosas de nuestra historia, los liberales del siglo XIX, son en cierta medida hijos de la catástrofe protagonizada por Santa Anna y los polkos en 1847-48.
Edgar A. Valenzuela: Politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Notas:
[1] Cancela Peña visita a Trump. Diario La Jornada, 26 de enero de 2017. Consultado en línea en: https://goo.gl/AQRBnp
[2] Fazio, C. (2013) Terrorismo mediático. La de enero de construcción social del miedo en México. Debate. México, D.F. 2013.
[3] Saxe, J. (2002) La compra – venta de México. Plaza & Janés Editores. México, D.F. Pág. 45.
[4] Faux, J. (2008). La Guerra Global de Clases. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, D.F. Pág: 33.
[5] La injerencia del Pentágono en el Ejército Mexicano, descrita y analizada en “El tercer vínculo”, de Carlos Fazio, Revista Proceso, 30 de noviembre de 1996. Consultado en línea en: http://bit.ly/2dIMVG1
[6] Faux, Op. Cit.
[7] Ortiz, A. (1998) Política Económica de México: 1982 – 2000. Editorial Nuestro Tiempo. México, D.F. 1998. Pág: 132.
[8] Saxe, Op. Cit. Pág. 43.
[9] Idem. Pág. 254.
[10] Ibidem. Págs. 135-135.
[11] López, J. & Rodil, Ó. (Enero – Abril 2008). Comercio intra-industrial e intra-firma en México en el contexto del proceso de integración de América del Norte (1993-2006). Economía UNAM, 13, pp. 86-112. Consultado en línea en: https://goo.gl/UCFC1M
[12] Cifras ofrecidas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con datos de Banxico.
[13] Detroit, una ciudad en bancarrota. Telesur, 3 de noviembre de 2014. Consultado en línea en: https://goo.gl/CrWd6F
[14] Jalife-Rahme, A. Trump y Sanders: ¿Nuevo despertar contra Wall Street y su globalización? Diario La Jornada, 8 de mayo de 2016. Consultado en línea en: https://goo.gl/BBAADA
[15] Dependencia agroalimentaria pasó del 10 al 43% en 20 años. El Financiero, 28 de octubre de 2014. Consultado en línea en: http://bit.ly/10xnOAa
[16] México, campeón mundial en expulsar migrantes. El Siglo de Durango, 19 de diciembre de 2012. Consultado en línea en: https://goo.gl/3lfFcc
12.2.17
La amenaza de Trump, el Super Bowl y la despolitización de la sociedad mexicana
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El domingo 5 de febrero, a las 16:00 horas, tiempo de la costa este de Estados Unidos, la cadena de televisión Fox transmitió una entrevista con el presidente Donald Trump como parte de su show previo al juego anual del Super Bowl de futbol americano.
El contenido de esa entrevista, que debió alarmar a todos los que tuvieron oportunidad de observarla mientras esperaban el juego, tuvo una mínima repercusión en los medios mexicanos a pesar de que sí fue motivo de asombro en Estados Unidos. La diferencia entre nuestra percepción y las reacciones estadunidenses debe pensarse con cuidado por sus peligrosas implicaciones geopolíticas para nuestro presente y futuro inmediato.
Trump decidió seguir con una tradición iniciada por el presidente Barack Obama, quien desde 2009 concedió entrevistas antes de cada Super Bowl con una enorme teleaudiencia. Pero a diferencia del frecuente tono mesurado y conciliador de Obama, las declaraciones de Trump debieron causar en México una conmoción política nacional. En cambio, pasaron inadvertidas por un público mexicano dócil y despolitizado que prefirió aplaudir emocionado por un partido disputado entre dos equipos que simbolizan puntualmente el estado político actual del vecino país del norte: los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Atlanta.
La elocuencia involuntaria de ese partido no podría haber sido más pertinente. Como se sabe, se llama “halcones” a los funcionarios de gobierno estadunidense propensos a políticas de guerra, mientras que para el ala conservadora que ahora controla la Presidencia y el Congreso de ese país, ser “patriota” se corresponde plenamente con el sentimiento anti-inmigrante, nacionalista y supremacista de la mayoría blanca en el poder.
En tal contexto, la declaración más grave ocurrió a los tres minutos de haber comenzado la entrevista. El presentador de noticias Bill O’Reilly preguntó a Trump si había realmente amenazado al presidente de México Enrique Peña Nieto con enviar tropas estadunidenses para contener al narcotráfico. De acuerdo con información obtenida por separado por la periodista mexicana Dolia Estévez y la agencia de noticias AP, esa amenaza ocurrió durante una llamada telefónica que Trump y Peña sostuvieron el viernes 27 de enero. Según Estévez, el tono de Trump fue humillante y ofensivo.
“¿Dijo usted eso?”, preguntó O’Reilly. Trump respondió:
“Tenemos que hacer algo sobre los cárteles. Sí hablé con él (Peña Nieto) de ello. Quiero ayudarlo con eso. Creo que es un muy buen hombre. Tenemos una muy buena relación, como probablemente sabes. Él se mostró muy dispuesto a recibir ayuda de nosotros porque él tiene un problema y es un problema real para nosotros. No olvides que esos cárteles están operando en nuestro país y están envenenando a la juventud de nuestro país”.
Hay dos puntos extraordinarios en este intercambio que a mi juicio pasaron inadvertidos en la opinión pública de México. En primer lugar, Trump en ningún momento negó haber mencionado la posibilidad de enviar soldados estadunidenses para combatir al narcotráfico en México. Pero mientras que la Presidencia de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguraron que Trump y Peña Nieto nunca hablaron de eso, y menos en un tono ofensivo, la Casa Blanca optó por no hacer declaración oficial alguna hasta la entrevista de Trump. La respuesta de Trump tampoco disputó la veracidad de los dos reportes periodísticos que revelaron la amenaza.
En segundo lugar, y acaso todavía más grave, está la declaración de Trump sobre la supuesta disposición de Peña Nieto para recibir “ayuda” del gobierno estadunidense. Aquí la clave está en determinar a qué se refería Trump con “ayuda”.
No hay razón alguna para suponer que Trump no se refería realmente al envío de soldados estadunidenses para combatir al narco en territorio mexicano. En la era de continuas emergencias de seguridad nacional, desde el terrorismo hasta los ataques cibernéticos, Trump ha demostrado no tener empachos en emitir acciones inmediatas por muy controvertidas e incluso ilegales que puedan resultar. Además de la repudiada suspensión migratoria en contra de ciudadanos procedentes de siete países con mayoría musulmana, Trump firmó el pasado jueves 9 de febrero tres nuevas órdenes ejecutivas para atajar la crisis de criminalidad que según él aqueja todo el tejido social estadunidense.
Una de esas órdenes está diseñada para “romper la espalda de los cárteles criminales que se han propagado por toda nuestra nación y que están destruyendo la sangre de nuestros jóvenes”. Luego afirmó: “Una nueva era de justicia comienza y comienza ahora mismo”.
Un grupo de analistas designado por esta orden ejecutiva emitirá en 120 días un reporte sobre la escala del crimen organizado trasnacional y su penetración en Estados Unidos. Pero a pesar de que en 2015 hubo un incremento de 10.8% en la tasa de asesinatos, la violencia ha ido en realidad a la baja en los últimos veinte años y de hecho el índice de asesinatos actual representa menos de la mitad del registrado en la década de 1990, según reportó el periódico inglés The Guardian el mismo 9 de febrero.
Seguramente habrá quienes prefieran matizar las declaraciones de Trump recordando que durante la presidencia de Felipe Calderón el gobierno estadunidense “ayudó” al mexicano en su combate al narco por medio de la Iniciativa Mérida, un paquete de mil 600 millones de dólares en equipo y entrenamiento para las fuerzas armadas mexicanas. Pero incluso el reforzamiento de la Iniciativa Mérida resultaría devastador para la sociedad mexicana.
Como explica la periodista canadiense Dawn Paley, la Iniciativa Mérida fue uno de los medios que el gobierno estadunidense utilizó para ejercer su perniciosa dominación militarista en México. En su libro Drug War Capitalism, Paley explica que conforme México y Estados Unidos consolidaron la cooperación y el gasto público en materia de seguridad, “la violencia aumentó y los incidentes violentos se propagaron por todo México y el conteo de cadáveres comenzó a aumentar”.
Las declaraciones de Trump en la entrevista antes del juego acentuaron la dimensión contenciosa del Super Bowl, que tradicionalmente se celebra entre fuertes debates políticos. Este año esos debates fueron aún más agudos. Por un lado, estuvieron los anuncios de empresas que intervinieron en discusiones específicas, como el de Airbnb, el sitio de renta de casas y apartamentos para turistas, que celebró imágenes de diversidad racial y étnica para refutar el clima anti-inmigrante generado por Trump desde su campaña presidencial. El comercial más polémico, que de hecho fue censurado parcialmente, lo presentó la compañía 84 Lumber, el cual mostraba a una mujer hispana migrante y su hija en un difícil trayecto a la frontera entre México y Estados Unidos. Al llegar, se encuentran con un enorme muro que recién ha sido construido mientras ellas hacían el viaje. Pero la angustia pronto se disipa cuando madre e hija descubren que los obreros del lado estadunidense construyeron también una enorme puerta de madera en medio del muro, la cual han dejado abierta para los inmigrantes indocumentados, ironizando así los planes de Trump quien propuso la construcción del muro con una “puerta grande” para los inmigrantes que se propongan entrar a Estados Unidos legalmente.
Los cantantes invitados hicieron por su parte una decidida manifestación política. Las performers de la multipremiada obra de teatro musical Hamilton reformularon la típica canción “America the beautiful” (“América la bella”) agregando la palabra “sisterhood” para enfatizar la presencia de las mujeres junto a la de los hombres que exudan testosterona en un deporte tan masculino y violento como el futbol americano y ante un presidente criticado por sus numerosas expresiones de misoginia. En el show de medio tiempo, la cantante Lady Gaga ejecutó el tema “Born this way” (“Nacida así”) considerada como un himno a la cultura gay. Incluso un jugador de los Patriotas, Martellus Bennett, aprovechó una entrevista al final del partido para hacer su propia crítica a Trump gritando a la cámara de televisión: “Derriben el muro. Te amo México”.
La tensión llegó a tal grado que numerosos comentaristas conservadores y liberales en los medios de comunicación estadunidenses notaron la extremada politización del Super Bowl. Tal fue el caso del analista conservador Benjamin Domenech, fundador de la influyente revista política The Federalist, quien pidió despolitizar la actitud del público para poder disfrutar “libremente” del partido.
“Derribar muros entre nosotros es más fácil cuando nuestra cultura no está tan politizada”, escribió Domenech en un artículo publicado el 3 de febrero en The New York Times, donde agrega que es “cuando somos libres para ver, reír y echar porras junto a nuestros compatriotas americanos sin descubrirnos a nosotros mismos preguntándonos cómo votaron los demás. Esa es una manera más sana de vivir, particularmente en la era de Donald Trump”.
Pero en medio de este conflictivo escenario político, la audiencia mexicana del Super Bowl parece haber sido la única que escuchó a Domenech. Los medios nacionales se dedicaron a cubrir el juego en sí haciendo una escasa mención del contenido político. En un artículo publicado el 8 de febrero en El Economista, Antonio Aja subrayó sobre todo la elevada audiencia promedio de 111.3 millones de personas que observaron el juego por televisión.
“Por cierto”, escribe Aja minimizando los comentarios del presidente estadunidense, “muy interesante la manera mucho más moderada y cautelosa como Trump se refiere a Peña Nieto”.
Para los mexicanos, lo importante parece haber sido el simple disfrute del partido. Según la consultora Feher & Feher, los bares y restaurantes de México incrementan sus ventas entre 20 y 50% durante el Super Bowl. Se estima que en México hay 7 millones de fans de ese deporte, el tercero más favorecido en el país después del futbol soccer y el baloncesto. Televisa dio a conocer que su público batió un record histórico con la transmisión del juego este año con un aumento de 9% comparado con el de 2016. Las principales avenidas de la Ciudad de México, desiertas toda la tarde del domingo 5, comprobaban en su silencio la profunda despolitización de nuestra sociedad del espectáculo.
Ni las beligerantes declaraciones de Trump, ni los polémicos anuncios de televisión, ni los artistas ni deportistas críticos de su presidente parecen haber sido el foco de atención de los mexicanos, sino la banal disputa por el trofeo entre los Patriotas y los Halcones.
En la era de Trump todo lo político se ha vuelto materia de espectáculo, incluso sus amenazas más directas en la geopolítica del hemisferio. Hasta ahora, nuestro consumo de ese espectáculo (deportivo, cultural, social) domina por encima de nuestro entendimiento de lo político. Dicho de otro modo: lo político se ha vuelto tan irrelevante como el espectáculo en el que se inscribe.
Pero entre nuestras opciones de resistencia podemos reclamar la dimensión política de aquello que se nos vende como simple disfrute cultural. El Super Bowl es ciertamente un evento deportivo, pero también es un acto político, o por lo menos lo es en Estados Unidos. Ante las amenazas sin reticencias de la era Trump, nos conviene llevar a cabo precisamente lo que los comentaristas conservadores de ese país quisieran detener: la politización de todas las expresiones de la hegemonía estadunidense.
Esto significa, por ejemplo, denunciar que el presidente estadunidense concibe enviar tropas a México para “ayudar” en el combate al narco y que nuestro presidente al parecer está dispuesto a recibirlas. También implica reconocer la profunda misoginia y violencia de género y la actitud anti-inmigrante y xenófoba de la clase gobernante de nuestro país vecino. Significa, finalmente, que celebrar a los Patriotas o a los Halcones no puede ser ya una reacción inocente sino la complacencia ciega de quienes ni siquiera se saben dominados por lo mismo que admiran.
11.2.17
Una élite ve el futuro del TLCAN y es la que llevó, hace 25 años, a un México aún más desigual
La cúpula empresarial en México instaló el “cuarto de junto” o “Cuarto de Inteligencia” para analizar las estrategias a seguir en el destino del TLCAN, ante las amenazas del Presidente Donald Trump de romper ese tratado, o modificarlo en favor de la nueva política comercial de Estados Unidos. Sin embargo, alertan grupos civiles y representantes de sectores productivos, los hombres de negocios líderes no han hecho sino repetir el “esquema autoritario” con el que hace 25 años dio su apoyo al Gobierno de Carlos Salinas de Gortari para concretar el Tratado de Libre Comercio con EU, dejando afuera a la sociedad civil, a los sindicatos y a los empresarios medianos y pequeños.
Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– Ante la revisión al Tratado de Libre Comercio de América (TLCAN) advertida por Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, la cúpula empresarial mexicana instaló el “cuarto de junto” para acompañar al Gobierno federal en la “consulta” de las renegociaciones.
“A través del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales se han puesto en funcionamiento el Cuarto de Junto, mecanismo de consulta del Gobierno con el sector privado, y el Cuarto de Inteligencia, que se encuentra analizando los posibles escenarios, propuestas y estrategias para apoyar la negociación bilateral encabezada por el Gobierno”, reportó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el 26 de enero pasado.
“Estas instancias están conformadas por representantes de las principales organizaciones empresariales, así como por reconocidos especialistas con experiencia y capacidad probada en negociaciones internacionales”, agrega el boletín del CCE, que agrupa a diferentes cámaras y confederaciones.
Este “cuarto de junto” del CCE repite el esquema de las negociaciones realizadas en 1992, antes de la firma del TLCAN entre México Estados Unidos y Canadá, cuando el Gobierno federal mexicano contó también con la asesoría de la cúpula económica, entonces a través de la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE).
“Es exactamente el mismo tema que hace 25 años: está claramente diseñado para excluir a otras voces en el proceso”, dice Benjamín Cokelet, director del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que revisa el comportamiento de las empresas. “Me parece que es una versión exprés (de consulta), para incluir la voz de las empresas y excluir las voces de los demás”, agrega.La renegociación del TLCAN firmado en diciembre de 1992 entre los tres países fue una de las primeras medidas firmadas por el nuevo Presidente estadounidense Donald Trump, que desde su campaña electoral lo llamó el peor acuerdo comercial de la historia.
El jueves, el Canciller mexicano y anterior Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, sostuvo el primer encuentro con su símil norteamericano, Rex Tillerson –antes director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobil Corporation–, en la sede del Departamento de Estado norteamericano.
De acuerdo con el boletín de dicha agencia gubernamental estadounidense, ambos funcionarios dijeron que buscaban trabajar conjuntamente en la relación esencial entre los dos países, pero sin mencionar el comercio.
“Tuvieron una conversación constructiva sobre una variedad de temas en la colaboración México–Estados Unidos, incluyendo aplicación de las leyes migratorias y seguridad. Acordaron que el Secretario visitaría la Ciudad de México”, agregó el texto.
“Es importante que el Gobierno mexicano conozca y considere la opinión del Senado, del sector privado y de distintos grupos interesados sobre el Tratado de Libre Comercio”, dijo Videgaray, de acuerdo con El País.
La consulta de 90 días fue anunciada desde el 1 de febrero por el Gobierno federal, que delegó la responsabilidad en la Secretaría de Economía.
“El Gobierno de la República iniciará un proceso formal de consultas con el sector privado y otros actores relevantes por un periodo de 90 días, mismo que continuará de manera permanente una vez que inicie la negociación, para fijar los parámetros que guiarán la revisión y profundización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, informó la SE en un comunicado.Dos días después, el titular de la SE se reunió con el CCE, que aglutina al Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones internacionales (CCENI) y que, ese día, reportó estar apoyando en la agenda comercial con otros países.
“Durante la reunión, la SE y el Consejo Consultivo coincidieron en la importancia de trabajar de la mano, no sólo en lo relativo a la negociación del TLCAN, sino también en la agenda comercial que México conduce actualmente con otras regiones (Europa, Asia y América Latina)”, indicó el CCE en un comunicado.
Este medio solicitó información tanto a la SE como al CCE sobre el avance del proceso de consulta, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
“No nos han consultado, y sólo se anunció la participación de la Iniciativa Privada, que es la repetición del esquema autoritario que llevó a cabo al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) con las cúpulas en la negociación del TLCAN, cuando sólo se tomaron en cuenta los interesas de las cúpulas económicas”, coincide Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), que aglutina a unos 65 mil pequeños productores de granos básicos.El pasado 7 de febrero, la ANEC entregó un oficio a la SE solicitando su inclusión formal en el proceso de consulta y advirtiendo que, a diferencia de hace 25 años, en el país hay ahora instrumentos para garantizar procesos más democráticos en la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas.
“Además de que, repetir estos procesos sería violatorio de los artículos 5, 11 y 12 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que habla sobre la Información del Ejecutivo al Senado sobre negociaciones formales, la participación de las organizaciones empresariales y ciudadanas”, agregó la ANEC en un comunicado.
De acuerdo con datos de esta organización y otros diagnósticos, el campo mexicano fue uno de los principales perdedores por el TLCAN debido a que, con la modificación Constitucional que permitió el mercado de tierras antes comunales, el Estado mexicano abandonó las actividades productivas y económicas en las zonas rurales.
El resultado, ha explicado Suárez, es la pérdida de dos millones de empleos agropecuarios y la migración de seis millones de personas a las ciudades o a Estados Unidos, además de la expansión de cultivos ilegales y la presencia del crimen organizado.
Por tanto, dice en entrevista, repetir el error de hace 25 años y dejar fuera de nuevo a los pequeños productores del campo continuará con el proceso de sacrificio de la población rural en beneficio de una élite.
“No obstante la sociedad mexicana ha impulsado la inclusión y la transición, 25 años después, este Gobierno federal reproduce los mismos esquemas autoritarios elitistas y excluyentes de Carlos Salinas de Gortari con el TLCAN, y por eso las consecuencias: el sacrificio de un sector para enriquecer a una élite”, insiste Suárez.EXCLUSION Y COPTACION
Poder y otras organizaciones aglutinadas en el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos también buscarán formar parte de las “consultas” de la SE que, hasta el momento, dice Cokelet, carecen de la divulgación necesaria para que participe la mayor parte de la población.
“Porque ellos le llaman consulta, pero ni siquiera pasa por lo llamamos una consulta, que sea libre, informada, de buena fe, con tiempo, acorde a las diferentes culturas de los participantes, y ni siquiera están siendo pensadas para eso”, afirmó el también sindicalista.En entrevista, Cokelet explica que, en 1992, la estrategia de los empresarios y del Gobierno federal fue dejar fuera a los pequeños productores del campo y fracturar a otros sectores de la sociedad civil que también reclamaban información del pacto comercial, como los sindicatos independientes y los ambientalistas.
Así, dice Cokelet, se formaron los Acuerdos de Cooperación Laboral y Ambiental de América del Norte, cuyas funciones, sin embargo, quedaron fuera del texto del acuerdo comercial, por lo que, años después, se dieron cuenta de que carecían de “dientes” para ejercer una verdadera protección de los derechos tanto laborales como ambientales.
La estrategia de cooptación, agrega, se repitió en los tres países participantes. “Desde los tres gobiernos, con los grandes empresarios, básicamente hicieron un mapeo de la sociedad civil, dividieron y conquistaron”, dice el activista.
“Ofrecieron a los sindicatos y ambientalistas algo para que el campo no tuviera nada, y en la sociedad civil de los tres países hubo división como parte de la estrategia política, y eso dio con que el TCLAN, como tal, no incluye temas de derechos humanos, sino acuerdos en los temas ambientales y laborales que están en acuerdos paralelos, sin dientes para llevar casos a las cortes”, explica.
Alberto Arroyo Picard, cofundador de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), observa también la similitud entre la secrecía del proceso actual y la de los años previos a la aprobación del TLCAN, cuando organizaciones de la sociedad civil debieron obtener una filtración del penúltimo texto del acuerdo para poder conocer el contenido.
“Siempre se ha presionado para que abran la información del TLCAN y lo más que se ha logrado es que, ante la presión, se abrieron sesiones de información y tuvimos algunas sesiones con la Secretaría de Economía, con Herminio Blanco, en las que la verdad es que te contaban mentiras descaradamente”, dice el también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).“Cuando logramos filtrar el texto, porque a de la secrecía se logró filtrar el penúltimo texto, en la siguiente reunión fue terrible, les decíamos: ‘la propuesta que nos dijiste no es la que están haciendo’. Y ahí se acabaron las reuniones”, agrega.
LA CONSTRUCCION DE UNA ELITE
La instalación de un “cuarto de junto” por parte de la élite empresarial junto al Gobierno mexicano en las negociaciones previas al TLCAN en 1992 no sólo dejó fuera al resto de los sectores que se verían impactados por el acuerdo, como los campesinos o los obreros.
De acuerdo con diversas fuentes, fue en ese periodo de profundas reformas económicas, como las privatizaciones y la liberación comercial, cuando también se sentaron las bases legales para que estas medidas beneficiaran sólo a la élite política y económica que las impulsaba.
Un ejemplo, ha dicho Suárez, es la negociación del capítulo agropecuario del TLCAN, en cuya discusión participó como representante mexicano de este sector el priísta Eduardo Robinson Bours Castelo, propietario de la agroempresa Bachoco y, en 1992, presidente de Consejo Nacional Agropecuario.
El resultado, explicó Suárez en entrevista anterior, fue que México obtuvo para el sector avícola beneficios como la libre importación del sorgo necesario para la alimentación de las aves de Bachoco y, al mismo tiempo, una protección de 10 años al huevo y a la carne de pollo que vendía desde entonces la misma empresa de Robinson Bours, luego Gobernador de Sonora.
“Ellos [los empresarios] se constituyeron en el ‘cuarto de al lado’ de los negociadores gubernamentales, y alimentaban las propuestas que querían que se negociaran y, como hablamos de trasnacionales, a ellos les interesaba, en primer lugar, asegurar una libre importación sin aranceles de sus materias primas”, dijo Suárez a SinEmbargo en diciembre pasado.“Tenían una capacidad de expresar sus intereses mayor, en contraposición los productores de sorgo, que no teníamos la misma capacidad de negociación”, agregó, entrevistado con motivo del entonces reciente anuncio de la revisión del TLCAN.
Veintidós años después de esas negociaciones, de acuerdo con la ANEC, Bachoco es uno de los 20 corporativos que controlan el mercado agroalimentario mexicano, lo mismo que las firmas Maseca, Monsanto, Cargill, Nestlé, Walmart, Coca Cola y otros “monopolios privados” en poder de todos los cultivos y eslabones de la cadena, desde la producción hasta la comercialización, procesamiento y distribución de los comestibles.
Otro negociador del capítulo agropecuario por parte del Gobierno federal, recuerda Suárez, fue Luis Téllez Kuénzler, ahora consejero del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo y, en el sexenio de Salinas, Subsecretario de Agricultura y participante en la Reforma al Artículo 27 Constitucional que permitió el mercado de tierras antes comunales.
Al término del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León –en el que fue Secretario de Energía–, Téllez se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Desc [hoy Grupo Kuo], que aglutina negocios de químicos y alimentos, entre ellos alianzas con Nutrimentos Agropecuarios Cargill, filial de la firma norteamericana Cargill.
Y ésta, de acuerdo con la ANEC, gracias al TLCAN se quedó con el mercado de la desaparecida Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y, ahora, domina el mercado de granos en el país.
“Desaparecieron los monopolios estatales, pero se generaron los monopolios privados, y hoy el sistema agroalimentario mexicano está controlado por no más de 20 corporaciones agroalimentarias trasnacionales”, mencionó Suárez.CAPTURA DEL ESTADO
Fue en ese periodo de instalación del “cuarto de junto” en el salinismo, agrega Cokelet, cuando también inició en el país el uso de la “puerta giratoria”, o tránsito de servidores públicos al sector privado, cargados con información privilegiada y acceso al poder político y cuyos intereses empresariales terminaron por “capturar” las decisiones del Estado mexicano.
Desde 2013, Cokelet publicó una investigación en la que encontró que menos de 40 integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) que impulsó la negociación del TLCAN se quedaron, 20 años después, con una tercera parte de la riqueza de todo México.
“En colaboración con políticos y encargados de las regulaciones, el capitalismo de amigos ha socavado el crecimiento económico equitativo en un país donde las instituciones democráticas aún están en formación”, plantea Cokelet en su investigación.
En el texto, titulado “Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: política, élites y toma de decisiones en México”, Cokelet identifica el periodo previo a las negociaciones del TLCAN como el momento en el que se consolida esta “captura” del Estado.
“A cambio del acceso a la Presidencia, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios cumplió parte del trato promoviendo la imagen de Salinas en el extranjero, financiando la participación del sector privado en el apoyo de las negociaciones al Tratado de Libre Comercio y, por lo demás, legitimando su Presidencia”, dice la investigación.“Al final, las políticas de Carlos Salinas agrandaron la inequidad, profundizando la concentración de riqueza en manos de los integrantes del CMHN y otras élites de negocios y, al final, sentando las bases para la crisis del peso en 1995”, agrega.
El poder del “cuarto de junto” de las negociaciones previas a la firma del TLCAN fue también reseñado en el artículo “La COECE: un caso de cooperación entre los sectores público y privado en México”, publicado en 1997 por la revista del Banco Mexicano de Comercio exterior.
El texto narra que estas negociaciones previas a la firma del TLCAN fue un nuevo momento en la relación de los empresarios con el Estado mexicano, enfrentados en sexenios anteriores pero reconciliados a partir del salinismo.
“Las negociaciones del Tratado ofrecieron un espacio privilegiado para la definición de una nueva forma de relación y colaboración entre el Estado y los empresarios, en donde éstos desempeñaron un papel destacado en la formulación de la estrategia económica”, dice el texto.
“Esto puede plantear problemas importantes en sus relaciones con el sector obrero, los campesinos y los movimientos populares, muchos de los cuales han sido sustento del PRI. Algunos sectores consideran que el Estado ha establecido alianzas estratégicas privilegiadas con los grandes empresarios y que los pequeños no se han beneficiado con la nueva política económica”, agrega.
Por eso, insiste la ANEC, 25 años después de las negociaciones iniciales, se debe evitar el error de negociar sólo con las cúpulas económicas.
“Es injusto y antidemocrático y sería un grave error volver a excluir a los pequeños y medianos productores de granos de básicos en las consultas, toda vez que representan más de cuatro millones de productores y son responsables de más del 60 por ciento de la producción nacional de dichos alimentos, a pesar de los impactos negativos de dicho tratado y del abandono gubernamental de los últimos 25 años”, planteó la ANEC en su posicionamiento.
10.2.17
“Tierra y libertad”, un grito que de nuevo es vigente
La propiedad social fue uno de los pilares que sostuvieron el pacto político que siguió luego de la lucha armada revolucionaria. A 100 años del Artículo 27 de la Constitución, la propiedad social está bajo ataque, casi eliminada de la carta magna mexicana. Se acaban las posibilidades de que el nuevo pacto sea producto de un proceso pacífico.
Este 5 de febrero nuestra Constitución Política del Estado mexicano cumple 100 años de vida, es su centenario. Es el documento donde se sintetiza el pacto social surgido después de la Revolución de 1910, que el presidente Venustiano Carranza promulgó en 1917, y donde –se nos ha dicho–están contenidos los derechos del pueblo mexicano, principalmente de los trabajadores y de los campesinos –quienes son los que fueron a la guerra–, consagrados en los Artículos 123 y 27, que junto con el artículo tercero y el 130 forman la parte más importante de nuestra Constitución. Nos han dicho que son su alma, otros refieren que es el Artículo 27, el del derecho a la tierra, el más importante.
Pero lo que sería el Artículo 27 no sólo fue solo obra de los pensadores que dieron forma a lo planteado por los campesinos en armas, como Andrés Molina Enríquez, Pastor Rouaix, Heriberto Jara, Francisco G Múgica y Luis Cabrera; este último redactó la Ley del 6 enero de 1915, que sería el antecedente inmediato del Artículo 27 constitucional, que fue producto de la presión popular que ejercieron los ejércitos campesinos como el de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur. Los que más claro tenían que querían los campesinos y los indígenas eran los zapatistas, con su famoso Plan de Ayala y que no les quiso o pudo cumplir Francisco I Madero, que también tuvo su Plan de San Luis, donde contemplaba la restitución de las tierras a los pueblos, y Carranza, el Plan de Guadalupe.
Venustiano Carranza, al expedir la Ley del 6 de enero en 1915 en el puerto de Veracruz, donde se encontraba replegado en su guerra contra el villismo y el zapatismo, lo hace con el claro objetivo de restarle banderas al zapatismo y quitarle adeptos y, de paso, al villismo. No porque estuviera convencido y simpatizara con las demandas de los campesinos pues, dentro las facciones revolucionarias que se disputaban la supremacía, el carrancismo al que se encontraba aliado estratégicamente el obregonismo eran la derecha, aunque no podemos negar que dentro de esa facción anduvieran hombres de gran valía como los generales Lucio Blanco, Francisco G Múgica y Salvador Alvarado.
A la muerte de Carranza, que era la facción triunfante al frente de la Revolución, quedaron los sonorenses, con Álvaro Obregón a la cabeza. Si bien es cierto que estaban aliados con el primero, dentro de esa facción eran la izquierda, lo cual se demostró con la entrega de tierras durante su mandato, donde jugó un papel importante Antonio Díaz Soto y Gama, viejo integrante del Club Liberal Ponciano Arriaga junto con los hermanos Flores Magón y de los anarquistas que después se alió al zapatismo, pero que con Obregón se hizo converso al obregonismo llevando las banderas del zapatismo. Considero que Obregón hizo cálculos políticos sabiendo que no podría ganar la guerra y pacificar las brasas aún humeantes de la revolución si no hacía concesiones a los zapatistas, pues, aunque derrotados militarmente, eran una fuerza importante y eran los que más claridad tenían la cuestión de la tierra.
Lo que caracterizó al régimen posrevolucionario fue el reparto de tierras a través de la figura de la reforma agraria. Los campesinos se sentían parte del Estado mexicano, o al menos los gobernantes decían que eran sus herederos, formándose un pacto y una ideología: la del nacionalismo revolucionario que le dio enorme legitimidad a la clase política constituyendo uno de los pilares de su longevidad. Todos los presidentes utilizaron el reparto agrario de manera política, unos para someter a los “enemigos de la Revolución” hecha gobierno, otros para controlar a la clase campesina y movilizarla cuando fuera necesario, o ambas según se requiriera. Así como fuente cautiva de votos a los partidos oficiales: el Partido Nacional Revolucionario (PNR), luego Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y después Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún vigente y heredero de esa casta.
Solo el general Lázaro Cárdenas pretendió redimir y convertir a los ejidos y comunidades agrarias no sólo en propietarios de las tierras, aguas y bosques, sino en una forma de vida efectiva, real y sobre todo económica. El problema es que los corporativizó y los hizo clientela del partido oficial, aunque eso ya venía de tiempo atrás. Durante su mandato los ideales de la Revolución parecieron cristalizarse, de ahí para adelante vino el declive de la Revolución Mexicana, aunque ninguno de los gobernantes se atrevió a decir que no era revolucionario hasta la época neoliberal, que empezó con Miguel de la Madrid Hurtado. Por eso tenía razón José López Portillo cuando dijo que era el último presidente de la Revolución.
El que le asestó un duro golpe al ejido y las comunidades agrarias fue Carlos Salinas de Gortari, a la vez que decía que era suyo el discurso y legado de Zapata y la frase “tierra y libertad”. En 1992 reformó el Artículo 27 constitucional para meter la tierra al mercado como mercancía, quitándole el carácter de inembargable, imprescriptible e inalienable, es decir, que no se podía embargar por deudas, y los que poseyeran tierras ejidales o comunales de buena o mala fe no adquirían derechos sobre ellas por el paso del tiempo, además de que no se permitía ningún trato que implicara la transmisión de derechos sobre ellas, y mucho menos la venta, aunque al proteger legalmente las tierras al Estado le permitía tener un pie dentro de la vida y autonomía comunitaria de la propiedad social, que usaba políticamente a su conveniencia y antojo, esto conforme a la anterior redacción del Artículo 27 constitucional y que se operativizaba con la Ley Federal de la Reforma Agraria, con la reforma salinista se creó un nuevo derecho agrario lo mismo que una nueva institucionalidad agraria, no obstante el viento en contra los campesinos e indígenas supieron resistir los tiempos privatizadores.
Salinas fue algo contradictorio con el tema de tierras y territorio, pues si la reforma al Artículo 27 constitucional además de lo anterior, también dio por cancelado el reparto agrario, es decir, el Estado daba fin a la entrega de tierras a los campesinos y por otro lado en 1989 firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocía los territorios de los pueblos indígenas, además de reformar el Artículo 4 constitucional en 1992, donde México aceptaba por primera vez a los pueblos indígenas y se reconocía el Estado mexicano como pluricultural. Seguramente era más una medida política que efectiva, pues no se tenía pensado cumplirlo a cabalidad. Era una manera de quitarle banderas al movimiento indígena que en 1992 conmemoraba los 500 años del choque entre el viejo y el nuevo mundo.
Otro momento de la historia de México cuando se trató el tema de tierras y territorios fue en el 2001 con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena que venían impulsando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y diversas organizaciones indígenas, entre ellas el Congreso Nacional Indígena (CNI), derivada del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados el 16 de febrero de 1996 entre el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y los rebeldes, pero se desnaturalizó la propuesta en lo referente a las tierras, territorios y recursos naturales, pues lo que se reformó y adicionó en el artículo 2 fracción VI de la Constitución sólo fue retórica constitucional que no dice nada nuevo, excepto que los pueblos y comunidades indígenas tendrán preferencia sobre el uso y disfrute de sus bienes naturales, aunque en términos prácticos ha sido nulo este derecho por la situación económica tan desventajosa en que se encuentran los indígenas respecto del resto de la sociedad nacional.
En 2012, a escasos día de dejar su mandato, Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN) envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de reformas a la Ley Agraria en la que pretendía, entre otras cosas, que las asambleas ejidales y comunales autorizaran a todos los ejidatarios y comuneros a adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas, en términos llanos significaba que se hicieran propietarios privados de sus tierras, bajo el discurso de impulsar el desarrollo del campo mexicano; de haber prosperado le hubiera propinado un golpe mortal a la propiedad social, lo bueno fue que lo hizo cuando ya se iba y estaba debilitado y lo positivo de esto fue que quedó sólo en eso, en una intentona.
Uno de los últimos ataques que ha sufrido la propiedad social en esta ola de globalización económica, en la que los últimos gobiernos tanto del PRI como los emanados del PAN se han subido, ha sido vía indirecta a través de la reforma energética a los Artículos 27 y 28 constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2013, y consecuentemente con las reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de la Industria Eléctrica del 11 de agosto de 2014, y entre otras reformas a la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Por ejemplo la Ley de Hidrocarburos dice que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública, por lo que el Estado puede constituir servidumbres legales (por vía administrativa o jurisdiccional) o proceder a la ocupación o afectación superficial de los terrenos (entre ellos los de propiedad social, es decir, de ejidos y comunidades), y que las actividades de exploración y explotación tienen preferencia sobre cualquier otra actividad, como la agropecuaria, al igual que la actividad minera, sin interesarles lo que opinen sus propietarios, los que solo podrán acordar “la forma o modalidad de uso, o, afectación” que deberá ser idónea para el desarrollo del proyecto. Pudiendo “emplearse las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa o permuta”, según lo dispone el artículo 101 de la referida ley, en la que los dueños solo tendrán derecho a una contraprestación a valor comercial. Si no se llegara al acuerdo podrían los contratistas o empresas irse por la imposición de la servidumbre legal, ya sea en la vía administrativa o jurisdiccional para lograr su propósito, incluso el Estado podría expropiar los terrenos o superficie necesaria.
Como se ve estamos frente al ataque a la propiedad social, tanto por la clase política como por la económica y más que festejar el centenario deberíamos pensar cómo defender los logros de la Revolución Mexicana. Que no nos quiten y despojen de nuestros bienes comunes, entre ellos la tierra.
8.2.17
Muro Trump: ¿"arma geopolítica" de Exxon Mobil vs el “México neoliberal itamita”?
Alfredo Jalife-Rahme
El
muro Trump–programado por Bill Clinton y construido en su tercera parte por Baby Bush ante las narices anósmicas de los panistas locuaces Fox y Calderón (https://goo.gl/n7UF65)– comporta lecturas multifactoriales, como la contención de la epidemia de heroína/fentanilo (https://goo.gl/WCp3aj), que supera el vulgar mercantilismo unidimensional del fracasado TLCAN (https://goo.gl/5QEUMA).
Steve Horn aporta su hermenéutica: “el muro de Trump en la frontera con México puede ser el caballo de Troya para incrementar las exportaciones petroleras de EU (https://goo.gl/v2haKx)”.
Trump califica la terminación del ignominioso muro transfronterizo de
grande, bello, poderoso, avalado por un tuit del premier israelí Netanyahu, quien opera el supremacismo racista del sionismo, similar al de los WASP (blancos protestantes anglosajones) del presidente 45.
Según Horn,
Trump ha citado la penetración de drogas en la frontera, el incremento de crímenes y otras preocupaciones de seguridad nacional como la razón de su construcción. El inicuo pago del
muro Trumppor México puede ser
resueltomediante la aplicación de un 20 por ciento de impuestos a las importaciones mexicanas: el famoso
ajuste fronterizodel Partido Republicano, que retribuye las materias primas exportadas por EU con un
impuesto de rembolsomientras golpea las importaciones con una tarifa de 20 por ciento. A juicio de Horn, parte de esos impuestos
podría ser generada ofreciendo incentivos al incremento de las exportaciones petroleras de EU a México.
Marc Thiessen, del ultraconservador neoliberal AEI, arguye que el
ajuste fronterizoaliviaría el
amplio déficit comercialde EU con México al recaudar 13 mil millones de dólares al año (https://goo.gl/XOtZu0). Así el
muro Trumppodría ser pagado en dos años.
Sin muro de por medio, en Alemania, primera potencia geoeconómica de Europa, el gobierno de Angela Merkel sufre también las consecuencias de su déficit comercial con EU por 59 mil millones de dólares, que Trump amenazó corregir (https://goo.gl/Pn1qac).
La contraparte del
ajuste fronterizoradica en las
exportaciones de petróleode EU, y uno de sus proponentes es el representante texano por el Partido Republicano Kevin Brady, mandamás camaral del Comité Medios y Métodos, con poderosos vínculos con la gigante petrolera Exxon Mobil, que le ha gratificado su campaña electoral (https://goo.gl/0ysmbK).
Viene la parte fina, a juicio de Horn: “EU posee un puñado de gasoductos propuestos para atravesar la frontera de EU con México, varios propiedad del constructor TransCanada, de Keystone XL, y otro, el gasoducto Dakota Access, propiedad de Energy Transfer Partners, que enviaría el gas natural obtenido mediante fracking al sur de la frontera (https://goo.gl/lWR3CA)”.
En forma caústica, Horn había bautizado a TransCanada como
TransMéxicocuando ganó la licitación para el gasoducto submarino a lo largo del Golfo de México (https://goo.gl/HhXAiU).
Por cierto, el premier de Canadá, Justin Trudeau –quien vendió al “México neoliberal itamita” como lo han hecho Israel y Japón hasta ahora–, cambió su gabinete con antelación a su renegociación comercial bilateral con EU, y su primera medida fue dar a Trump el acceso a los gasoductos Keystone XL/Dakota Access que había prohibido Obama.
Según US IEA, México es el mayor importador de los productos (sic) de petróleo crudo de EU en el mundo.
Horn rememora cómo la secretaria de Estado Hillary Clinton abogó por la privatización de Pemex, según filtración de Wikileaks (https://goo.gl/HK8tNA).
Según Desmog, a partir de las reformas constitucionales de diciembre del 2013, “las llaves de la industria de petróleo y gas de México están ahora abiertas a las trasnacionales (https://goo.gl/c6u9Uz)”, a lo que contribuyeron
varios funcionarios importantes de EUque “ahora trabajan de cabilderos, consultores y analistas de think tanks”, con la fauna de entreguistas locales aglutinados en el Wilson Center/ITAM por los súbditos
mexicanosde Condy Rice, ex secretaria de Seguridad Nacional con Baby Bush y hoy accionista de Chevron (https://goo.gl/DfhRdO).
De acuerdo con el esquema de
ajuste fronterizo, las pocas exportaciones que quedan en el entreguista “México neoliberal itamita” se verían afectadas con 20 por ciento de impuestos, mientras las exportaciones de Exxon Mobil a México gozarían de la retribución generosa de EU con rembolsos por sus exportaciones.
El déficit comercial global de EU es de 500 mil millones de dólares y el trumpismo se lo hará pagar al mundo y, en imitación al reaganomics y su polémica curva de Laffer, recortaría los impuestos a sus megatrasnacionales.
Rex Tillerson, ex mandamás de Exxon Mobil ahora a cargo de la Secretaría de Estado, apoya la política exportadora de petróleo, mientras se oponen los refinadores American Fuels and Petrochemical Manufactures y Koch Industries.
Durante su confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Tillerson declaró que apoyaba “usar las exportaciones de petróleo y gas como instrumento geopolítico (¡supersic!, https://goo.gl/lIaZ35)”.
En el Comité de Finanzas del Senado el Partido Demócrata se opone al
ajuste fronterizo,mientras el megabanco Goldman Sachs juzga que “serviría como una bendición (sic) para las exportaciones petroleras, que perjudicaría a los consumidores y a los refinadores domésticos, al elevar potencialmente el precio global del petróleo en 25 por ciento (https://goo.gl/isYgLa)”.
Uno de los beneficiarios de las dos órdenes ejecutivas de Trump para aprobar los gasoductos de Dakota Access y Keystone XL es el mandamás de Continental Resources –que opera el fracking del gas esquisto en Bakken (Dakota del Norte)–, Harold Hamm, uno de los mayores donadores a la campaña del presidente 45.
Así, Dakota Access transportará el gas/petróleo esquisto del polémico fracking desde Bakken hasta las refinerías, así como al mercado global de exportación, al conectarse con el gasoducto de Energy Transfer Crude Oil Company (https://goo.gl/qC2vKa).
Según The Economist, portavoz de la agónica globalización financierista, el
ajuste fronterizotendrá dos consecuencias: 1) una apreciación de 25 por ciento del dólar, lo cual pondrá en peligro el valor de las deudas en dólares de los mercados emergentes, entre los que destaca el “México neoliberal itamita”, que pondrá en riesgo a sus economías, y 2) beneficiaría
irónicamenteel portafolio de 3 billones de dólares de China, que se apreciaría en su cuarta parte (https://goo.gl/DTNxoS).
En sincronía con la geopolítica del trumpismo petrolero en conjunción con Exxon Mobil, desde Rusia (la gran triunfadora) hasta el “México neoliberal itamita (el supremo perdedor)”, el Partido Republicano “se ha apresurado a abolir las reglamentaciones/regulaciones restrictivas del petróleo y gas (https://goo.gl/dQENHN)”.
Global Witness resalta “el gran regalo del Partido Republicano a la megaindustria petrolera de EU (https://goo.gl/ivvSLL)” y opina que la industria del petróleo/gas/minas es “la más corrupta del planeta (https://goo.gl/ohKHRQ)”.
El Partido Republicano, apuntalado por el trumpismo WASP, regresó a sus orígenes petroleros geopolíticos.
3.2.17
El tormentoso debut de Trump
Claudio Katz
Trump confirmó en sus primeros días que es un mandatario reaccionario con múltiples planes de atropellos. Mientras crece la resistencia callejera, la viabilidad de su agresión es una incógnita. Pero en cualquier caso, una acertada caracterización de su proyecto vale más que incontables vaticinios.
UNA AGENDA VIRULENTA
Las órdenes ejecutivas que firmó el magnate ilustran sus propósitos trogloditas. Ratificó la construcción del muro a cargo de México, puso en marcha la expulsión de indocumentados, anuló el visado para varios países árabes, anunció la quita de subsidios federales a las ciudades que protejan inmigrantes, inició la liquidación del seguro de salud (Obamacare) y congeló la contratación de empleados estatales.
Su gabinete de generales y multimillonarios incluye expertos en destruir la educación pública (Betsy DeVos), vaciar el sistema sanitario (Tom Price), liquidar el ambientalismo (Scott Prui) y congelar el salario mínimo (Andy Puzder). Su vicepresidente (Mike Spence) lidera las campañas de penalización del aborto y sus principales funcionarios son declarados anti-islamistas (Michael Flynn) o pregoneros del suprematismo blanco (Bannon).
Como el exponente del lobby petrolero (Tillerson) ya rehabilitó la construcción de oleoductos contaminantes, es posible un debut represivo contra los pobladores que resisten en Dakota, esos devastadores emprendimientos.
La predisposición de Trump por el garrote se verificó en su justificación de la tortura. Garantizó protección total a las actividades de la CIA y subió el tono de los insultos contra la prensa por su cobertura de las manifestaciones opositoras. Con una fábula sobre los sufragios fraudulentos, prepara algún mecanismo de disuasión del registro de votantes.
Trump negocia con el establishment republicano el plan económico y la política exterior, respaldando las campañas oscurantistas de los ultra-derechistas de su gabinete. Esa agenda incluye iniciativas de los suprematistas contra los afro-americanos y los derechos conquistados por otras minorías. No sólo los latinos están excluidos de su proyecto de “hacer nuevamente grande” a los Estados Unidos (Davis, 2016).
El magnate sabe que su giro xenofóbico requiere más acciones que palabras. Busca el sostén activo de su electorado para diabolizar a los mexicanos y atacar a los musulmanes. Por eso convoca a los “verdaderos estadounidenses” a sostener su figura contra los “políticos profesionales” del Congreso.
Su combinación de verborragia agresiva y caudillismo nacionalista ha sido identificada por numerosos analistas con el “populismo anti-sistémico” (Fraga, 2016). Utilizan esa denominación para cuestionar su demagogia y su desconocimiento de los principios republicanos. Subrayan que esos defectos son internacionalmente compartidos por líderes de la derecha y la izquierda
Pero la inconsistencia de esta comparación salta a la vista en el caso de Trump. Se pueden trazar paralelos con Le Pen, pero cualquier parentesco con Maduro o Evo Morales es un disparate. El mote de populista oscurece que el potentado es un exponente de la clase capitalista, que busca reconstituir el sistema político estadounidense mediante una gestión autoritaria.
Como esa meta exige soportes para-institucionales, la coalición gobernante incluye el componente fascista de las milicias y de los grupos que promueven el uso de las armas en las universidades.
Algunos autores (Cabrera, 2017) resaltan acertadamente estas amenazas, frente a las vacilaciones de los progresistas que contemporizan con Trump. Esos enfoques describen el voto obrero logrado por el multimillonario como una simple manifestación de descontento, diluyendo su carácter reaccionario. También despliegan acertados cuestionamientos a Obama e Hilary, desconsiderando el peligro que representa el nuevo presidente (Fraser, 2017). Con esa actitud resulta difícil valorar la extraordinaria explosión de protestas que desencadenó la llegada de Trump.
UNA RESISTENCIA INÉDITA
Ningún otro presidente inició su mandato con tanto rechazo inicial. Cuatro millones de manifestantes transformaron la fisonomía de las principales ciudades de Estados Unidos. Pero más llamativa ha sido la radicalidad de los discursos y las consignas.
Bajo un alud de carteles proclamando que Trump “no es mi presidente”, numerosos oradores resaltaron la ilegitimidad del mandatario. Las encuestas ratificaron que la mitad de la población convalida esa percepción. No sólo Michael Moore y los seguidores de Sanders cuestionan la validez de la actual gestión presidencial. Algunas personalidades del establishment coinciden en ese desconocimiento (Krugman, 2017). Estos planteos socavan los cimientos del sistema institucional estadounidense.
La ceremonia de asunción fue boicoteada por cuarenta senadores liderados por un emblemático luchador afro-americano (Lewis). Este convulsivo escenario suscita impensables comparaciones con los países latinoamericanos.
Junto a las protestas emerge una nueva cultura de resistencia presente en ingeniosos carteles, que recuerdan a los grafiti del 68. Las redes sociales sustituyen las viejas pinturas en los paredones, facilitando la difusión instantánea de los mensajes. La repercusión internacional de esos slogans crece junto a un repudio de Trump, que es compartido por toda la comunidad artística de Hollywood.
La próxima batalla se librará en las “ciudades santuario” que extendieron documentos de protección a los perseguidos. Las autoridades de 300 centros urbanos han declarado que resistirán las exigencias federales de deportación, subrayando “que la inmigración hace grande a América”.
Varios comentaristas trazan comparaciones con el clima que anticipó en los años 60, las movilizaciones contra la guerra de Vietnam. Ese recuerdo ha sustituido las analogías de Trump con Reagan por semejanzas más pertinentes con Nixon. Si la resistencia se consolida, los planes del nuevo mandatario afrontarán los mismos límites que paralizaron a ese antecesor.
Trump reabre viejas heridas de la sociedad estadounidense. Confronta con los descendientes de pueblos originarios sioux, que rechazan los oleoductos contaminantes. En el piquete de Standing Rock fue conmemorado el saqueo sufrido por esa comunidad, con apoyos que incluyeron a varios veteranos de guerra. Todos pidieron perdón por el exterminio de los indios y su confinamiento en reservas ( Honty, 2016) .
Este resurgimiento de antiguas grietas es más agudo en la cuestión racial. Trump acoge a los encubiertos simpatizantes del Ku Klux Klan, que heredan el odio de los derrotados plantadores del Sur hacia los afroamericanos. Durante la última centuria, ese sector preservó un enorme poder en los ministerios, tribunales y legislaturas (Pozzi, 2016) y sostuvo el sistema electoral que premia a los estados rurales, conservadores y con menor población (Majfud, 2016).
Trump fue ungido por ese antidemocrático sistema que vulneró la mayoría de sufragios obtenidos por su contrincante. Ahora reabre desde la presidencia las fracturas más dolorosas de la historia estadounidense. Su presencia en la Casa Blanca ha desatado un terremoto político. Luego del impresionante apoyo logrado por Sanders, esa convulsión ha creado un gran auditorio para las propuestas de la izquierda.
LA PULSEADA ESTRATÉGICA CON CHINA
Trump no es un extraviado que improvisa la gestión de la primera potencia. Parte de diagnósticos elaborados por centros de estudios del establishment, que han constatado cómo la globalización neoliberal impulsada por Estados Unidos beneficia a China (Silva Flores, Lara Cortes, 2017).
Resolver esa contradicción es el principal objetivo del acaudalado. Busca ante todo reducir el descomunal déficit comercial con el gigante asiático. Promueve ese balanceo mediante una revisión de los tratados de libre comercio, que no aportan suficientes ganancias a la economía yanqui.
Por eso inauguró su gestión frenando la negociación del convenio transpacífico, que a su juicio otorgaba demasiadas concesiones a los restantes miembros de la asociación.
Esta decisión no implica el repliegue proteccionista de una economía tan enlazada con circuitos internacionales de abastecimiento. Trump intenta reordenar (y no suprimir) los tratados que rigen el comercio mundial, a través del esquema concertado por la OMC a mitad de los 90.
El magnate busca recuperar la hegemonía de Estados Unidos en el intercambio global (Lucita, 2016). No pretende revertir la estructura internacional de transacciones, que actualmente manejan las empresas multinacionales.
Ese tipo de revisión ya fue perpetrada por Estados Unidos, cuando sustituyó el fracaso del ALCA por convenios bilaterales con distintos países latinoamericanos. Ahora prepara una renegociación que preservará todos los ítems que apuntalan a la potencia del Norte.
Trump retomará del caído TTP (y del pendiente TISA) las conveniencias logradas por las firmas estadounidenses en los derechos de propiedad de varias áreas (remedios, cinematografía, informática, correo, aeronáutica, finanzas). Buscará convalidar la supremacía de su país en los servicios y el acceso privilegiado a las compras públicas de otras naciones ( Ghiotto, Heidel 2016).
Pero la negociación con China es más compleja. Trump no sólo exige la apertura del mercado asiático a los bancos y proveedores estadounidenses. También demanda límites a la penetración directa de productos chinos o a su ingreso lateral, a través de plataformas de producción en terceros países. Los automóviles están en mira de ese operativo.
La presión contra el competidor oriental se extiende a la esfera monetaria. Trump no obstruirá la compra de bonos del tesoro -que preserva la preeminencia internacional del dólar- pero tratará de evitar la apreciación de la moneda norteamericana (y las devaluaciones del yuan), que afectan las exportaciones de la primera potencia.
Con ese duro esquema de hostigamiento comercial-monetario, el magnate intentará doblegar a China, sin afectar el predominio de los sectores altamente internacionalizados de la economía estadounidense.
El conflicto estratégico que se avecina con el gigante oriental tiene semejanzas con la pugna mantenida con la Unión Soviética. Los presidentes republicanos se han especializado en confrontaciones de ese tipo. Reagan potenció la guerra fría, Bush lideró invasiones en Medio Oriente y Trump encabeza la pulseada con China.
Pero en el establishment hay muchas dudas sobre ese desafío (Nye, 2017). Los halcones suponen que China es económicamente vulnerable e incapaz de sustituir a Estados Unidos, en el comando del capitalismo globalizado.
Pero el sector que predominaba con Obama teme las consecuencias de ese choque. Promueve la neutralización de China, mediante su incorporación plena (y consiguiente subordinación) a los circuitos globales de las finanzas (poder de voto en el FMI) y la moneda (constitución de un signo mundial con participación del yuan) ( Bond, 2015)..
Trump ya empezó su ofensiva con una llamada telefónica a Taiwán, pero prepara con cuidado la escalada. El gobierno chino respondió con dureza, ofreciendo en Davos nuevos tratados de libre-comercio a todos los socios en disputa. Mientras evita discutir la apertura interna, contraataca con propuestas de globalización potenciada.
China ya puso en marcha su propio convenio en el Pacífico (AGER), afianza el estratégico acuerdo de Shangai con Rusia y logró inéditas aproximaciones con Filipinas, Malasia y varios países del Sudeste Asiático. Frente a semejante resistencia, Trump ensaya la futura confrontación, con provocaciones a un vecino indefenso del hemisferio americano.
EL SENTIDO DE LA AGRESIÓN A MÉXICO
Los furibundos ataques a México son una advertencia a los competidores de mayor porte. Trump ejercita su ofensiva global con la insultante exigencia de construir un muro pagado por las víctimas.
También aquí está en juego la reducción del déficit comercial con el vecino y una renegociación más favorable del convenio comercial (NAFTA). Pero como esos desbalances son inferiores a los vigentes con otros países, es evidente que el gesto de patota hacia México tantea pulseadas de mayor alcance.
Trump supone que Peña Nieto aceptará todas las humillaciones. No olvida que el actual canciller Videgaray lo invitó como candidato a despreciar públicamente a México. Imagina que el establishment de ese país carece de un plan alternativo a la subordinación al Norte y está seguro del acompañamiento de Canadá.
Por eso chantajea con el arancelamiento de importaciones provenientes de una economía, que destina a Estados Unidos el 90% de sus ventas. Complementa esa presión con amenazas de impuestos a las remesas.
El muro es un mensaje de persecución total. Más que la construcción efectiva del paredón -que ya fue concretada en un tercio por las administraciones anteriores- le interesa emitir una señal de agresión sin límite. Sugiere una pesadilla semejante a la padecida por los palestinos en Cisjordania.
La expulsión de mexicanos sintetiza su nuevo plan de gestión reaccionaria de la fuerza de trabajo. Trump pretende reforzar la vieja segmentación de los asalariados que ha caracterizado al capitalismo estadounidense. Esa división facilitó la dominación burguesa. Al principio eran contrapuestos los inmigrantes europeos de distintas nacionalidades y posteriormente se propició la confrontación de los trabajadores blancos con los negros y latinos (Gordon, 1985)..
En las últimas décadas esta fractura fue utilizada por consolidar la reducción de los ingresos populares. El salario mínimo es actualmente inferior en un 25 por ciento al vigente en 1968, a pesar de la duplicación que registró la productividad.
Trump resucita el nacionalismo para recrear la vieja segmentación de los trabajadores en el nuevo escenario neoliberal. Combina chauvinismo con privatizaciones y flexibilización laboral. Utiliza la xenofobia y limita la movilidad de los asalariados para consolidar el poder del capital.
Esa restricción es su principal foco de revisión de los tratados de libre comercio. En ningún momento objeta la continuidad de la acumulación a escala mundial. Postula ampliar el esquema predominante en la relación entre China y Estados Unidos, que excluye la circulación entre los trabajadores de ambos países (Panitch, 2016)..
El Brexit anticipó esta nueva tendencia. Supone renegociar las normas del comercio entre Inglaterra y Europa, pero sobre todo apunta a restaurar las restricciones al ingreso de inmigrantes. También conduce al desconocimiento británico de las leyes laborales y sociales del Viejo Continente. Al que igual que en Estados Unidos, los capitalistas buscan redoblar sus agresiones usufructuando de las divisiones en la clase obrera.
Con la obstrucción de la movilidad de la fuerza de trabajo, Trump y sus colegas ingleses promueven otro modelo de globalización asimétrica. Intentan reemplazar el alicaído cosmopolitismo de la Tercera Vía por un nuevo coctel de neoliberalismo con xenofobia. Este giro se implementa a través de estados nacionales, que persisten como el cimiento insoslayable de la mundialización neoliberal.
Es importante registrar el carácter limitado del cambio propiciado por Trump, frente a la generalizada identificación de su política con el viejo proteccionismo (Algañaraz, 2017) o con el fin de la globalización (Pérez Llana, 2017). Esas caracterizaciones han sido acertadamente objetadas, por los autores que describen las diferencias del curso actual con los modelos clásicos de arancelamiento (Puello Socarrás, 2017). En el giro propuesto hay muchas continuidades con el esquema neoliberal de las últimas décadas (Robinson, 2017)..
Trump forma parte de ese período por su evidente promoción de la ofensiva del capital sobre el trabajo. Plantea revisar las normas de comercio dentro del marco de la mundialización. No auspicia ninguna eliminación de las cadenas globales de valor, que rigen la fabricación internacionalizada de incontables mercancías.
Ni siquiera postula alterar la globalización financiera. Se ha rodeado de la crema de Wall Street y trabaja con los republicanos más hostiles a cualquier regulación del movimiento internacional de los capitales.
LOS RIESGOS DE LA ECONOMÌA
Como Trump debutó abriendo muchos frentes de conflicto, necesitará logros económicos próximos para oxigenar su gestión. En lo inmediato promueve el programa de obras públicas, que muchos sectores demandaron infructuosamente a Obama.
Un magnate que amasó fortunas con desarrollos inmobiliarios sintoniza con todos los negocios de infraestructura. Esa inversión es impostergable en una economía afectada por el vetusto estado de los servicios públicos. Al cabo de tres décadas de contracción en ese segmento de los gastos federales, la antigüedad de esos activos supera los 22 años.
La propuesta de Trump no es tan ambiciosa e involucra erogaciones muy inferiores a las efectivizadas por China en el último decenio. Pero incluso a esa escala hay pocos antecedentes de efectividad en ese tipo de iniciativas. Ninguna economía occidental ha logrado recientemente reactivaciones sustanciales por esa vía. El último fracaso se registró en Japón. El Abe-economics -que anticipó algunos rasgos del Trump-economics- no logró reanimar el aparato productivo (Robert, 2016)..
El proyecto del millonario supone, además, un gran endeudamiento público y el significativo incremento de las tasas de interés. Ese encarecimiento revertiría la baratura crediticia que alivió a la economía estadounidense en los últimos años.
Por el momento los mercados financieros están satisfechos con su nuevo representante en la Casa Blanca. Aprueban la inminente reducción de impuestos a las actividades empresarias y avalan el protagonismo de los banqueros en el gabinete. Pero habrá que ver cómo reaccionan los fondos de inversión con fuertes tenencias de títulos estadounidenses, ante el incremento del déficit fiscal.
Un riesgo semejante introduce la preeminencia del lobby petrolero. Los popes de este sector (Tillerson, Rick Perry, Scott Pruit) no sólo recuperan el dominio que tuvieron durante la gestión de los Bush. Su total negación del cambio climático augura el congelamiento de las tratativas para frenar el calentamiento global y una renovada emisión de gases tóxicos. Al concluir el quinquenio más cálido de la historia reciente se avecina el desmantelamiento de la Agencia de Protección Ambiental (Chomsky, 2016).
Resulta difícil imaginar cómo hará Trump para lograr su prometida recomposición del empleo industrial. Ninguna de sus propuestas revierte la especialización de la economía estadounidense, en servicios o fabricaciones de bienes finales. Esas medidas tampoco contrarrestan los procesos de automatización que desplazan mano de obra. En ningún caso permitirían abaratar el costo de la fuerza de trabajo a una escala comparativa con Asia.
El modelo en marcha supone una mezcla de monetarismo (alza de las tasas de interés) y ofertismo (reducción de impuestos), con ingredientes keynesianos (reactivación con gasto publico). Este último componente suscita elogios de algunos pensadores heterodoxos, que divorcian la política económica de la orientación reaccionaria de Trump (Varoufakis, 2016). La recuperación capitalista que promueve ese proyecto no atenúa su regresividad.
REPLANTEOS INTERNACIONALES
El belicismo de Trump salta a la vista en los asesores del presidente. Incorporó más militares en cargos de seguridad, que cualquier otro gobierno de los últimos 60 años. En su gabinete predominan los mismos partidarios de la unipolaridad armada, que prevalecieron en la gestión de los Bush. Ya dispuso incrementos de sueldos en el ejército y un mayor presupuesto para el Pentágono.
El magnate desmintió todas las expectativas de repliegue interno de la primera potencia. El sheriff del planeta calibra sus cañones y refuta todas esperanzas de aislacionsimo. La valorización de acciones del complejo industrial-militar anticipa su agenda intervencionista..
Esa escalada tiene precedentes en Obama, que recompuso la presencia internacional del Pentágono con incrementos de bases internacionales (de 60 en 2009 a 138 en 2016) y autorizó el lanzamiento de 26.171 bombas (Gandásegui, 2017)..
Estados Unidos es el protector militar del capitalismo global y no tiene en carpeta ningún abandono de ese rol. Las incógnitas giran en torno a los objetivos geopolíticos específicos de esa acción.
Trump intenta una aproximación con Rusia para debilitar a China. Invierte el operativo de Nixon, que en los años 70 buscó socavar a la URSS acordando con el gigante asiático.
Los contratos petroleros suscriptos con Putin por el secretario Tillerson (en representación de Exxon Mobil) prepararon el nuevo curso. Pero en el Departamento de Estado existen serias resistencias a ese rumbo. Por eso se han filtrado tantos secretos de la relación de Trump con Moscú.
La elite rusa aprueba el afianzamiento de las relaciones con Occidente. Deposita sus fortunas en Londres, educa a sus hijos en Harvard, vacaciona en Miami y consuma negocios turbios en Ginebra (Kagarlisky, 2015). Pero como Estados Unidos nunca ofrece algo a cambio de la simple subordinación, todos los acercamientos desembocan en nuevos distanciamientos.
La experiencia Yeltsin quedó atrás y Putin no acepta el sometimiento propiciado por los antecesores de Trump. Rusia estableció numerosos convenios con China y acaba de exhibir ambiciones geoestratégicas en Siria (Katz, 2017).
El ocupante de la Casa Blanca afronta, además, serios conflictos con gobiernos europeos por su aproximación a Putin. Varios líderes del Viejo Continente se niegan a eliminar las sanciones introducidas por Hollande y Obama durante la crisis de Ucrania. Esos desacuerdos agravan el malestar generado por las exigencias estadounidenses de mayor financiamiento europeo de la OTAN. Este disenso se extiende incluso al incondicional socio británico.
El impacto de Trump es especialmente significativo en Inglaterra. Ha reforzado a los partidarios de concretar aceleradamente el Brexit, para actualizar la alianza transoceánica y diversificar acuerdos de libre-comercio con distintas regiones. Pero los oponentes a esa separación demoran las definiciones y auspician un status intermedio con Europa (semejante a Noruega). Otros proponen una larga transición de siete años y todos dependen de una resolución final del Parlamento.
Para contrarrestar la presión de los bancos -que perderían con el Brexit la centralidad de la City en la absorción del capital europeo-el gobierno ofrece ampliar las atribuciones de Londres, como paraíso financiero desregulado. En la dura negociación comercial con Alemania, amenazan con ofrecer mayores subsidios a las empresas para atraer inversiones del Viejo Continente.
Pero todas estas jugadas empalidecen frente a la amenaza de Escocia de convocar a un nuevo plebiscito, para dirimir la separación del Reino Unido si se concreta el abandono de Europa.
El ascenso de Trump también influye en los resultados de los próximos comicios presidenciales en Francia. La extrema derecha espera repetir lo ocurrido en el mundo anglosajón. Pero a diferencia de Estados Unidos no tienen una estrategia a futuro. Proclaman su rechazo a cualquier modalidad de la Unión Europea y al mismo tiempo refuerzan lazos parlamentarios, con los partidos derechistas del Viejo Continente.
En semejante desconcierto no es muy sensato coquetear con la oleada actual elogiando el Brexit o aprobando el proteccionismo (Sapir, 2016). Al igual que en Estados Unidos, el acompañamiento del grueso de la clase obrera a las propuestas reaccionarias, no atenúa la regresividad de esos planteos.
La izquierda debe plantar su propia bandera denunciando por igual a los xenófobos y a los liberales. Es cierto que Trump y Le Pen ascienden por la decepción con Obama y Hollande, pero ese avance expresa una canalización reaccionaria de la frustración precedente.
La misma firmeza debe prevalecer a la hora de juzgar las respuestas conservadoras a Trump. La actitud del gobierno chino es particularmente nefasta, puesto que contrapone las ventajas del libre-comercio a la agresividad estadounidense.
Ese mensaje refuta a quiénes ponderan el modelo internacional de China, como una alternativa progresista al neoliberalismo occidental (Escobar, 2016). En un momento de mutaciones tan drásticas, la izquierda necesita enarbolar sus propias banderas anticapitalistas.
EL TEMBLOR EN AMÉRICA LATINA
En ningún país del mundo la presidencia de Trump desata convulsiones equivalentes a México. El gobierno está totalmente mareado y Peña Nieto sólo pospuso la peregrinación a Washington, cuando su agresor le explicitó la inutilidad del encuentro. Las críticas a esa genuflexión unificaron a todo el arco opositor.
Los insultos del gringo millonario reavivan la memoria de los avasallamientos sufridos por el país, en un contexto de gran reactivación de la lucha social. Las marchas frente al gasolinazo reforzaron la continuada batalla del magisterio y superaron la reacción ante los crímenes de Ayotzinapa (Aguilar Mora, 2017).
La desorientación que exhibe la clase dominante mexicana se extiende al continente. Todos los mandatarios neoliberales esperaban profundizar con Hilary la restauración conservadora, concertando la Alianza librecambista del Pacífico. Frente al nuevo escenario no logran definir alguna política alternativa. Sólo profundizan la parálisis interna del Mercosur, sin concebir concertaciones defensivas.
Hasta ahora predomina la tendencia a buscar acuerdos de libre-comercio sustitutos, no sólo con la Unión Europea. Argentina y Brasil aceitan eventuales negociaciones con China, registrando la activa agenda de viajes del presidente asiático. Ni siquiera evalúan las consecuencias económicas primarizadoras de esas tratativas.
Si la región queda en el medio de una gran batalla comercial entre Estados Unidos y China, los efectos podrían ser demoledores. Aprovechando la ausencia de políticas soberanas en la región, los dos gigantes disputarían con más ferocidad la colocación de mercancías excedentes y el saqueo de los recursos naturales.
Argentina está particularmente embarcada en esa auto-destrucción. Macri emula a su par estadounidense en la intimidación represiva y la xenofobia anti-inmigrante.
Pero Trump despierta simpatías también en el Cono Sur, entre los políticos que elogian su promoción del mercado interno (Terragno, 2017). Algunos declaran con llamativa admiración que “Trump es peronista” (Moreno, 2017). Explicitan de esa forma el componente reaccionario del justicialismo clásico, que emergió en la época de Isabel Perón.
El lugar de la izquierda está en el campo opuesto de solidaridad con los manifestantes callejeros de Estados Unidos. Esa convergencia se nutre de un rechazo compartido al derechista de la Casa Blanca. El antiimperialismo de América Latina empalma con las demandas democráticas de los indignados del Norte.
Trump inaugura un giro de alcance global. El epicentro de la crisis se ubica primera vez en la principal potencia del planeta. De la misma forma que nadie imaginó la implosión de la Unión Soviética o la conversión de China en potencia económica, tampoco hubo previsiones de la monumental mutación en curso.
Las grandes transformaciones irrumpen sin aviso previo, pero sus efectos están a la vista. Trump es la barbarie capitalista y sus provocaciones exigen forjar una respuesta socialista.
RESUMEN
Trump impulsa un proyecto reaccionario que no se clarifica indagando el populismo. Promueve un giro autoritario con sostén para-institucional para favorecer a los capitalistas. La inédita resistencia en las calles reflota tradiciones rebeldes y acota su margen de acción.
En la estratégica pulseada con China pretende renegociar tratados sin retornar al viejo proteccionismo. La agresión a México es una advertencia a los grandes competidores y el maltrato a los inmigrantes anticipa una fase de neoliberalismo xenófobo.
El componente keynesiano de Trump no atenúa su carácter regresivo. El ascenso del magnate potencia el belicismo y enlaza la crisis europea con el devenir estadounidense. El impacto sobre América Latina es mayúsculo.
REFERENCIAS
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Pérez Llana, Carlos (2017). www.clarin.com/opinion0_rk5pMZewe.html
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Puello Socarrás, José Francisco (2017). https://zur2.wordpress.com
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Sapir, Jacques (2016)http://www.elviejotopo.com
Silva Flores, Consuelo, Lara Cortes, Claudio (2017) www.globalresearch./5569580
Terragno, Rodolfo (2017) http://www.clarin.comrkAI9Ha8l.html
Varoufakis, Yanis (2016) http://www.sinpermiso.info/textos
Trump confirmó en sus primeros días que es un mandatario reaccionario con múltiples planes de atropellos. Mientras crece la resistencia callejera, la viabilidad de su agresión es una incógnita. Pero en cualquier caso, una acertada caracterización de su proyecto vale más que incontables vaticinios.
UNA AGENDA VIRULENTA
Las órdenes ejecutivas que firmó el magnate ilustran sus propósitos trogloditas. Ratificó la construcción del muro a cargo de México, puso en marcha la expulsión de indocumentados, anuló el visado para varios países árabes, anunció la quita de subsidios federales a las ciudades que protejan inmigrantes, inició la liquidación del seguro de salud (Obamacare) y congeló la contratación de empleados estatales.
Su gabinete de generales y multimillonarios incluye expertos en destruir la educación pública (Betsy DeVos), vaciar el sistema sanitario (Tom Price), liquidar el ambientalismo (Scott Prui) y congelar el salario mínimo (Andy Puzder). Su vicepresidente (Mike Spence) lidera las campañas de penalización del aborto y sus principales funcionarios son declarados anti-islamistas (Michael Flynn) o pregoneros del suprematismo blanco (Bannon).
Como el exponente del lobby petrolero (Tillerson) ya rehabilitó la construcción de oleoductos contaminantes, es posible un debut represivo contra los pobladores que resisten en Dakota, esos devastadores emprendimientos.
La predisposición de Trump por el garrote se verificó en su justificación de la tortura. Garantizó protección total a las actividades de la CIA y subió el tono de los insultos contra la prensa por su cobertura de las manifestaciones opositoras. Con una fábula sobre los sufragios fraudulentos, prepara algún mecanismo de disuasión del registro de votantes.
Trump negocia con el establishment republicano el plan económico y la política exterior, respaldando las campañas oscurantistas de los ultra-derechistas de su gabinete. Esa agenda incluye iniciativas de los suprematistas contra los afro-americanos y los derechos conquistados por otras minorías. No sólo los latinos están excluidos de su proyecto de “hacer nuevamente grande” a los Estados Unidos (Davis, 2016).
El magnate sabe que su giro xenofóbico requiere más acciones que palabras. Busca el sostén activo de su electorado para diabolizar a los mexicanos y atacar a los musulmanes. Por eso convoca a los “verdaderos estadounidenses” a sostener su figura contra los “políticos profesionales” del Congreso.
Su combinación de verborragia agresiva y caudillismo nacionalista ha sido identificada por numerosos analistas con el “populismo anti-sistémico” (Fraga, 2016). Utilizan esa denominación para cuestionar su demagogia y su desconocimiento de los principios republicanos. Subrayan que esos defectos son internacionalmente compartidos por líderes de la derecha y la izquierda
Pero la inconsistencia de esta comparación salta a la vista en el caso de Trump. Se pueden trazar paralelos con Le Pen, pero cualquier parentesco con Maduro o Evo Morales es un disparate. El mote de populista oscurece que el potentado es un exponente de la clase capitalista, que busca reconstituir el sistema político estadounidense mediante una gestión autoritaria.
Como esa meta exige soportes para-institucionales, la coalición gobernante incluye el componente fascista de las milicias y de los grupos que promueven el uso de las armas en las universidades.
Algunos autores (Cabrera, 2017) resaltan acertadamente estas amenazas, frente a las vacilaciones de los progresistas que contemporizan con Trump. Esos enfoques describen el voto obrero logrado por el multimillonario como una simple manifestación de descontento, diluyendo su carácter reaccionario. También despliegan acertados cuestionamientos a Obama e Hilary, desconsiderando el peligro que representa el nuevo presidente (Fraser, 2017). Con esa actitud resulta difícil valorar la extraordinaria explosión de protestas que desencadenó la llegada de Trump.
UNA RESISTENCIA INÉDITA
Ningún otro presidente inició su mandato con tanto rechazo inicial. Cuatro millones de manifestantes transformaron la fisonomía de las principales ciudades de Estados Unidos. Pero más llamativa ha sido la radicalidad de los discursos y las consignas.
Bajo un alud de carteles proclamando que Trump “no es mi presidente”, numerosos oradores resaltaron la ilegitimidad del mandatario. Las encuestas ratificaron que la mitad de la población convalida esa percepción. No sólo Michael Moore y los seguidores de Sanders cuestionan la validez de la actual gestión presidencial. Algunas personalidades del establishment coinciden en ese desconocimiento (Krugman, 2017). Estos planteos socavan los cimientos del sistema institucional estadounidense.
La ceremonia de asunción fue boicoteada por cuarenta senadores liderados por un emblemático luchador afro-americano (Lewis). Este convulsivo escenario suscita impensables comparaciones con los países latinoamericanos.
Junto a las protestas emerge una nueva cultura de resistencia presente en ingeniosos carteles, que recuerdan a los grafiti del 68. Las redes sociales sustituyen las viejas pinturas en los paredones, facilitando la difusión instantánea de los mensajes. La repercusión internacional de esos slogans crece junto a un repudio de Trump, que es compartido por toda la comunidad artística de Hollywood.
La próxima batalla se librará en las “ciudades santuario” que extendieron documentos de protección a los perseguidos. Las autoridades de 300 centros urbanos han declarado que resistirán las exigencias federales de deportación, subrayando “que la inmigración hace grande a América”.
Varios comentaristas trazan comparaciones con el clima que anticipó en los años 60, las movilizaciones contra la guerra de Vietnam. Ese recuerdo ha sustituido las analogías de Trump con Reagan por semejanzas más pertinentes con Nixon. Si la resistencia se consolida, los planes del nuevo mandatario afrontarán los mismos límites que paralizaron a ese antecesor.
Trump reabre viejas heridas de la sociedad estadounidense. Confronta con los descendientes de pueblos originarios sioux, que rechazan los oleoductos contaminantes. En el piquete de Standing Rock fue conmemorado el saqueo sufrido por esa comunidad, con apoyos que incluyeron a varios veteranos de guerra. Todos pidieron perdón por el exterminio de los indios y su confinamiento en reservas ( Honty, 2016) .
Este resurgimiento de antiguas grietas es más agudo en la cuestión racial. Trump acoge a los encubiertos simpatizantes del Ku Klux Klan, que heredan el odio de los derrotados plantadores del Sur hacia los afroamericanos. Durante la última centuria, ese sector preservó un enorme poder en los ministerios, tribunales y legislaturas (Pozzi, 2016) y sostuvo el sistema electoral que premia a los estados rurales, conservadores y con menor población (Majfud, 2016).
Trump fue ungido por ese antidemocrático sistema que vulneró la mayoría de sufragios obtenidos por su contrincante. Ahora reabre desde la presidencia las fracturas más dolorosas de la historia estadounidense. Su presencia en la Casa Blanca ha desatado un terremoto político. Luego del impresionante apoyo logrado por Sanders, esa convulsión ha creado un gran auditorio para las propuestas de la izquierda.
LA PULSEADA ESTRATÉGICA CON CHINA
Trump no es un extraviado que improvisa la gestión de la primera potencia. Parte de diagnósticos elaborados por centros de estudios del establishment, que han constatado cómo la globalización neoliberal impulsada por Estados Unidos beneficia a China (Silva Flores, Lara Cortes, 2017).
Resolver esa contradicción es el principal objetivo del acaudalado. Busca ante todo reducir el descomunal déficit comercial con el gigante asiático. Promueve ese balanceo mediante una revisión de los tratados de libre comercio, que no aportan suficientes ganancias a la economía yanqui.
Por eso inauguró su gestión frenando la negociación del convenio transpacífico, que a su juicio otorgaba demasiadas concesiones a los restantes miembros de la asociación.
Esta decisión no implica el repliegue proteccionista de una economía tan enlazada con circuitos internacionales de abastecimiento. Trump intenta reordenar (y no suprimir) los tratados que rigen el comercio mundial, a través del esquema concertado por la OMC a mitad de los 90.
El magnate busca recuperar la hegemonía de Estados Unidos en el intercambio global (Lucita, 2016). No pretende revertir la estructura internacional de transacciones, que actualmente manejan las empresas multinacionales.
Ese tipo de revisión ya fue perpetrada por Estados Unidos, cuando sustituyó el fracaso del ALCA por convenios bilaterales con distintos países latinoamericanos. Ahora prepara una renegociación que preservará todos los ítems que apuntalan a la potencia del Norte.
Trump retomará del caído TTP (y del pendiente TISA) las conveniencias logradas por las firmas estadounidenses en los derechos de propiedad de varias áreas (remedios, cinematografía, informática, correo, aeronáutica, finanzas). Buscará convalidar la supremacía de su país en los servicios y el acceso privilegiado a las compras públicas de otras naciones ( Ghiotto, Heidel 2016).
Pero la negociación con China es más compleja. Trump no sólo exige la apertura del mercado asiático a los bancos y proveedores estadounidenses. También demanda límites a la penetración directa de productos chinos o a su ingreso lateral, a través de plataformas de producción en terceros países. Los automóviles están en mira de ese operativo.
La presión contra el competidor oriental se extiende a la esfera monetaria. Trump no obstruirá la compra de bonos del tesoro -que preserva la preeminencia internacional del dólar- pero tratará de evitar la apreciación de la moneda norteamericana (y las devaluaciones del yuan), que afectan las exportaciones de la primera potencia.
Con ese duro esquema de hostigamiento comercial-monetario, el magnate intentará doblegar a China, sin afectar el predominio de los sectores altamente internacionalizados de la economía estadounidense.
El conflicto estratégico que se avecina con el gigante oriental tiene semejanzas con la pugna mantenida con la Unión Soviética. Los presidentes republicanos se han especializado en confrontaciones de ese tipo. Reagan potenció la guerra fría, Bush lideró invasiones en Medio Oriente y Trump encabeza la pulseada con China.
Pero en el establishment hay muchas dudas sobre ese desafío (Nye, 2017). Los halcones suponen que China es económicamente vulnerable e incapaz de sustituir a Estados Unidos, en el comando del capitalismo globalizado.
Pero el sector que predominaba con Obama teme las consecuencias de ese choque. Promueve la neutralización de China, mediante su incorporación plena (y consiguiente subordinación) a los circuitos globales de las finanzas (poder de voto en el FMI) y la moneda (constitución de un signo mundial con participación del yuan) ( Bond, 2015)..
Trump ya empezó su ofensiva con una llamada telefónica a Taiwán, pero prepara con cuidado la escalada. El gobierno chino respondió con dureza, ofreciendo en Davos nuevos tratados de libre-comercio a todos los socios en disputa. Mientras evita discutir la apertura interna, contraataca con propuestas de globalización potenciada.
China ya puso en marcha su propio convenio en el Pacífico (AGER), afianza el estratégico acuerdo de Shangai con Rusia y logró inéditas aproximaciones con Filipinas, Malasia y varios países del Sudeste Asiático. Frente a semejante resistencia, Trump ensaya la futura confrontación, con provocaciones a un vecino indefenso del hemisferio americano.
EL SENTIDO DE LA AGRESIÓN A MÉXICO
Los furibundos ataques a México son una advertencia a los competidores de mayor porte. Trump ejercita su ofensiva global con la insultante exigencia de construir un muro pagado por las víctimas.
También aquí está en juego la reducción del déficit comercial con el vecino y una renegociación más favorable del convenio comercial (NAFTA). Pero como esos desbalances son inferiores a los vigentes con otros países, es evidente que el gesto de patota hacia México tantea pulseadas de mayor alcance.
Trump supone que Peña Nieto aceptará todas las humillaciones. No olvida que el actual canciller Videgaray lo invitó como candidato a despreciar públicamente a México. Imagina que el establishment de ese país carece de un plan alternativo a la subordinación al Norte y está seguro del acompañamiento de Canadá.
Por eso chantajea con el arancelamiento de importaciones provenientes de una economía, que destina a Estados Unidos el 90% de sus ventas. Complementa esa presión con amenazas de impuestos a las remesas.
El muro es un mensaje de persecución total. Más que la construcción efectiva del paredón -que ya fue concretada en un tercio por las administraciones anteriores- le interesa emitir una señal de agresión sin límite. Sugiere una pesadilla semejante a la padecida por los palestinos en Cisjordania.
La expulsión de mexicanos sintetiza su nuevo plan de gestión reaccionaria de la fuerza de trabajo. Trump pretende reforzar la vieja segmentación de los asalariados que ha caracterizado al capitalismo estadounidense. Esa división facilitó la dominación burguesa. Al principio eran contrapuestos los inmigrantes europeos de distintas nacionalidades y posteriormente se propició la confrontación de los trabajadores blancos con los negros y latinos (Gordon, 1985)..
En las últimas décadas esta fractura fue utilizada por consolidar la reducción de los ingresos populares. El salario mínimo es actualmente inferior en un 25 por ciento al vigente en 1968, a pesar de la duplicación que registró la productividad.
Trump resucita el nacionalismo para recrear la vieja segmentación de los trabajadores en el nuevo escenario neoliberal. Combina chauvinismo con privatizaciones y flexibilización laboral. Utiliza la xenofobia y limita la movilidad de los asalariados para consolidar el poder del capital.
Esa restricción es su principal foco de revisión de los tratados de libre comercio. En ningún momento objeta la continuidad de la acumulación a escala mundial. Postula ampliar el esquema predominante en la relación entre China y Estados Unidos, que excluye la circulación entre los trabajadores de ambos países (Panitch, 2016)..
El Brexit anticipó esta nueva tendencia. Supone renegociar las normas del comercio entre Inglaterra y Europa, pero sobre todo apunta a restaurar las restricciones al ingreso de inmigrantes. También conduce al desconocimiento británico de las leyes laborales y sociales del Viejo Continente. Al que igual que en Estados Unidos, los capitalistas buscan redoblar sus agresiones usufructuando de las divisiones en la clase obrera.
Con la obstrucción de la movilidad de la fuerza de trabajo, Trump y sus colegas ingleses promueven otro modelo de globalización asimétrica. Intentan reemplazar el alicaído cosmopolitismo de la Tercera Vía por un nuevo coctel de neoliberalismo con xenofobia. Este giro se implementa a través de estados nacionales, que persisten como el cimiento insoslayable de la mundialización neoliberal.
Es importante registrar el carácter limitado del cambio propiciado por Trump, frente a la generalizada identificación de su política con el viejo proteccionismo (Algañaraz, 2017) o con el fin de la globalización (Pérez Llana, 2017). Esas caracterizaciones han sido acertadamente objetadas, por los autores que describen las diferencias del curso actual con los modelos clásicos de arancelamiento (Puello Socarrás, 2017). En el giro propuesto hay muchas continuidades con el esquema neoliberal de las últimas décadas (Robinson, 2017)..
Trump forma parte de ese período por su evidente promoción de la ofensiva del capital sobre el trabajo. Plantea revisar las normas de comercio dentro del marco de la mundialización. No auspicia ninguna eliminación de las cadenas globales de valor, que rigen la fabricación internacionalizada de incontables mercancías.
Ni siquiera postula alterar la globalización financiera. Se ha rodeado de la crema de Wall Street y trabaja con los republicanos más hostiles a cualquier regulación del movimiento internacional de los capitales.
LOS RIESGOS DE LA ECONOMÌA
Como Trump debutó abriendo muchos frentes de conflicto, necesitará logros económicos próximos para oxigenar su gestión. En lo inmediato promueve el programa de obras públicas, que muchos sectores demandaron infructuosamente a Obama.
Un magnate que amasó fortunas con desarrollos inmobiliarios sintoniza con todos los negocios de infraestructura. Esa inversión es impostergable en una economía afectada por el vetusto estado de los servicios públicos. Al cabo de tres décadas de contracción en ese segmento de los gastos federales, la antigüedad de esos activos supera los 22 años.
La propuesta de Trump no es tan ambiciosa e involucra erogaciones muy inferiores a las efectivizadas por China en el último decenio. Pero incluso a esa escala hay pocos antecedentes de efectividad en ese tipo de iniciativas. Ninguna economía occidental ha logrado recientemente reactivaciones sustanciales por esa vía. El último fracaso se registró en Japón. El Abe-economics -que anticipó algunos rasgos del Trump-economics- no logró reanimar el aparato productivo (Robert, 2016)..
El proyecto del millonario supone, además, un gran endeudamiento público y el significativo incremento de las tasas de interés. Ese encarecimiento revertiría la baratura crediticia que alivió a la economía estadounidense en los últimos años.
Por el momento los mercados financieros están satisfechos con su nuevo representante en la Casa Blanca. Aprueban la inminente reducción de impuestos a las actividades empresarias y avalan el protagonismo de los banqueros en el gabinete. Pero habrá que ver cómo reaccionan los fondos de inversión con fuertes tenencias de títulos estadounidenses, ante el incremento del déficit fiscal.
Un riesgo semejante introduce la preeminencia del lobby petrolero. Los popes de este sector (Tillerson, Rick Perry, Scott Pruit) no sólo recuperan el dominio que tuvieron durante la gestión de los Bush. Su total negación del cambio climático augura el congelamiento de las tratativas para frenar el calentamiento global y una renovada emisión de gases tóxicos. Al concluir el quinquenio más cálido de la historia reciente se avecina el desmantelamiento de la Agencia de Protección Ambiental (Chomsky, 2016).
Resulta difícil imaginar cómo hará Trump para lograr su prometida recomposición del empleo industrial. Ninguna de sus propuestas revierte la especialización de la economía estadounidense, en servicios o fabricaciones de bienes finales. Esas medidas tampoco contrarrestan los procesos de automatización que desplazan mano de obra. En ningún caso permitirían abaratar el costo de la fuerza de trabajo a una escala comparativa con Asia.
El modelo en marcha supone una mezcla de monetarismo (alza de las tasas de interés) y ofertismo (reducción de impuestos), con ingredientes keynesianos (reactivación con gasto publico). Este último componente suscita elogios de algunos pensadores heterodoxos, que divorcian la política económica de la orientación reaccionaria de Trump (Varoufakis, 2016). La recuperación capitalista que promueve ese proyecto no atenúa su regresividad.
REPLANTEOS INTERNACIONALES
El belicismo de Trump salta a la vista en los asesores del presidente. Incorporó más militares en cargos de seguridad, que cualquier otro gobierno de los últimos 60 años. En su gabinete predominan los mismos partidarios de la unipolaridad armada, que prevalecieron en la gestión de los Bush. Ya dispuso incrementos de sueldos en el ejército y un mayor presupuesto para el Pentágono.
El magnate desmintió todas las expectativas de repliegue interno de la primera potencia. El sheriff del planeta calibra sus cañones y refuta todas esperanzas de aislacionsimo. La valorización de acciones del complejo industrial-militar anticipa su agenda intervencionista..
Esa escalada tiene precedentes en Obama, que recompuso la presencia internacional del Pentágono con incrementos de bases internacionales (de 60 en 2009 a 138 en 2016) y autorizó el lanzamiento de 26.171 bombas (Gandásegui, 2017)..
Estados Unidos es el protector militar del capitalismo global y no tiene en carpeta ningún abandono de ese rol. Las incógnitas giran en torno a los objetivos geopolíticos específicos de esa acción.
Trump intenta una aproximación con Rusia para debilitar a China. Invierte el operativo de Nixon, que en los años 70 buscó socavar a la URSS acordando con el gigante asiático.
Los contratos petroleros suscriptos con Putin por el secretario Tillerson (en representación de Exxon Mobil) prepararon el nuevo curso. Pero en el Departamento de Estado existen serias resistencias a ese rumbo. Por eso se han filtrado tantos secretos de la relación de Trump con Moscú.
La elite rusa aprueba el afianzamiento de las relaciones con Occidente. Deposita sus fortunas en Londres, educa a sus hijos en Harvard, vacaciona en Miami y consuma negocios turbios en Ginebra (Kagarlisky, 2015). Pero como Estados Unidos nunca ofrece algo a cambio de la simple subordinación, todos los acercamientos desembocan en nuevos distanciamientos.
La experiencia Yeltsin quedó atrás y Putin no acepta el sometimiento propiciado por los antecesores de Trump. Rusia estableció numerosos convenios con China y acaba de exhibir ambiciones geoestratégicas en Siria (Katz, 2017).
El ocupante de la Casa Blanca afronta, además, serios conflictos con gobiernos europeos por su aproximación a Putin. Varios líderes del Viejo Continente se niegan a eliminar las sanciones introducidas por Hollande y Obama durante la crisis de Ucrania. Esos desacuerdos agravan el malestar generado por las exigencias estadounidenses de mayor financiamiento europeo de la OTAN. Este disenso se extiende incluso al incondicional socio británico.
El impacto de Trump es especialmente significativo en Inglaterra. Ha reforzado a los partidarios de concretar aceleradamente el Brexit, para actualizar la alianza transoceánica y diversificar acuerdos de libre-comercio con distintas regiones. Pero los oponentes a esa separación demoran las definiciones y auspician un status intermedio con Europa (semejante a Noruega). Otros proponen una larga transición de siete años y todos dependen de una resolución final del Parlamento.
Para contrarrestar la presión de los bancos -que perderían con el Brexit la centralidad de la City en la absorción del capital europeo-el gobierno ofrece ampliar las atribuciones de Londres, como paraíso financiero desregulado. En la dura negociación comercial con Alemania, amenazan con ofrecer mayores subsidios a las empresas para atraer inversiones del Viejo Continente.
Pero todas estas jugadas empalidecen frente a la amenaza de Escocia de convocar a un nuevo plebiscito, para dirimir la separación del Reino Unido si se concreta el abandono de Europa.
El ascenso de Trump también influye en los resultados de los próximos comicios presidenciales en Francia. La extrema derecha espera repetir lo ocurrido en el mundo anglosajón. Pero a diferencia de Estados Unidos no tienen una estrategia a futuro. Proclaman su rechazo a cualquier modalidad de la Unión Europea y al mismo tiempo refuerzan lazos parlamentarios, con los partidos derechistas del Viejo Continente.
En semejante desconcierto no es muy sensato coquetear con la oleada actual elogiando el Brexit o aprobando el proteccionismo (Sapir, 2016). Al igual que en Estados Unidos, el acompañamiento del grueso de la clase obrera a las propuestas reaccionarias, no atenúa la regresividad de esos planteos.
La izquierda debe plantar su propia bandera denunciando por igual a los xenófobos y a los liberales. Es cierto que Trump y Le Pen ascienden por la decepción con Obama y Hollande, pero ese avance expresa una canalización reaccionaria de la frustración precedente.
La misma firmeza debe prevalecer a la hora de juzgar las respuestas conservadoras a Trump. La actitud del gobierno chino es particularmente nefasta, puesto que contrapone las ventajas del libre-comercio a la agresividad estadounidense.
Ese mensaje refuta a quiénes ponderan el modelo internacional de China, como una alternativa progresista al neoliberalismo occidental (Escobar, 2016). En un momento de mutaciones tan drásticas, la izquierda necesita enarbolar sus propias banderas anticapitalistas.
EL TEMBLOR EN AMÉRICA LATINA
En ningún país del mundo la presidencia de Trump desata convulsiones equivalentes a México. El gobierno está totalmente mareado y Peña Nieto sólo pospuso la peregrinación a Washington, cuando su agresor le explicitó la inutilidad del encuentro. Las críticas a esa genuflexión unificaron a todo el arco opositor.
Los insultos del gringo millonario reavivan la memoria de los avasallamientos sufridos por el país, en un contexto de gran reactivación de la lucha social. Las marchas frente al gasolinazo reforzaron la continuada batalla del magisterio y superaron la reacción ante los crímenes de Ayotzinapa (Aguilar Mora, 2017).
La desorientación que exhibe la clase dominante mexicana se extiende al continente. Todos los mandatarios neoliberales esperaban profundizar con Hilary la restauración conservadora, concertando la Alianza librecambista del Pacífico. Frente al nuevo escenario no logran definir alguna política alternativa. Sólo profundizan la parálisis interna del Mercosur, sin concebir concertaciones defensivas.
Hasta ahora predomina la tendencia a buscar acuerdos de libre-comercio sustitutos, no sólo con la Unión Europea. Argentina y Brasil aceitan eventuales negociaciones con China, registrando la activa agenda de viajes del presidente asiático. Ni siquiera evalúan las consecuencias económicas primarizadoras de esas tratativas.
Si la región queda en el medio de una gran batalla comercial entre Estados Unidos y China, los efectos podrían ser demoledores. Aprovechando la ausencia de políticas soberanas en la región, los dos gigantes disputarían con más ferocidad la colocación de mercancías excedentes y el saqueo de los recursos naturales.
Argentina está particularmente embarcada en esa auto-destrucción. Macri emula a su par estadounidense en la intimidación represiva y la xenofobia anti-inmigrante.
Pero Trump despierta simpatías también en el Cono Sur, entre los políticos que elogian su promoción del mercado interno (Terragno, 2017). Algunos declaran con llamativa admiración que “Trump es peronista” (Moreno, 2017). Explicitan de esa forma el componente reaccionario del justicialismo clásico, que emergió en la época de Isabel Perón.
El lugar de la izquierda está en el campo opuesto de solidaridad con los manifestantes callejeros de Estados Unidos. Esa convergencia se nutre de un rechazo compartido al derechista de la Casa Blanca. El antiimperialismo de América Latina empalma con las demandas democráticas de los indignados del Norte.
Trump inaugura un giro de alcance global. El epicentro de la crisis se ubica primera vez en la principal potencia del planeta. De la misma forma que nadie imaginó la implosión de la Unión Soviética o la conversión de China en potencia económica, tampoco hubo previsiones de la monumental mutación en curso.
Las grandes transformaciones irrumpen sin aviso previo, pero sus efectos están a la vista. Trump es la barbarie capitalista y sus provocaciones exigen forjar una respuesta socialista.
RESUMEN
Trump impulsa un proyecto reaccionario que no se clarifica indagando el populismo. Promueve un giro autoritario con sostén para-institucional para favorecer a los capitalistas. La inédita resistencia en las calles reflota tradiciones rebeldes y acota su margen de acción.
En la estratégica pulseada con China pretende renegociar tratados sin retornar al viejo proteccionismo. La agresión a México es una advertencia a los grandes competidores y el maltrato a los inmigrantes anticipa una fase de neoliberalismo xenófobo.
El componente keynesiano de Trump no atenúa su carácter regresivo. El ascenso del magnate potencia el belicismo y enlaza la crisis europea con el devenir estadounidense. El impacto sobre América Latina es mayúsculo.
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