19.1.16

El gobierno y el miedo a que Kate del Castillo cuente su versión


MÉXICO, DF (apro).- Lo que para unos es la escena número 33 del absurdo que es la teatralización de la justicia en México, para otros puede significar un encarcelamiento injusto o incluso la muerte a razón de una venganza de la delincuencia organizada. El caso de Joaquín Guzmán Loera ha desatado la rabia de la Procuraduría General de la República (PGR) y de los medios de comunicación: el escarnio, la ridiculización de una situación por demás grave, sumadas a la estrategia de la PGR y de la Secretaría de Gobernación para denostar a la actriz y productora Kate del Castillo en todas las formas posibles. A mi me interesa mucho más comprender lo que la autoridad y los capos ocultan que aquello que le obsequian a una sociedad hambrienta de sangre y espectáculo más que de comprensión y justicia.

Lo que sabemos de cierto es lo más importante: Kate del Castillo la actriz mexicana ha participado en más de 23 películas y en algunas telenovelas y en series televisivas estadunidenses, se jugó la suerte mudándose a Los Ángeles hace catorce años en busca de fortalecer su carrera; ha trabajado también como productora de series y películas. Lleva años incursionando en el mundo del cine desde diferentes ámbitos, de allí que no sea una casualidad que ella, al igual que Oliver Stone, Sean Penn, Leonardo Di Caprio y otro puñado de gente de cine hayan pensado en buscar la posibilidad de que el líder del Cártel de Sinaloa cuente su versión para unirla a las muchas otras de víctimas y autoridades.

Hace años don Julio Scherer entrevistó al socio de Guzmán Loera, El Mayo Zambada aún fugitivo, lo hizo como periodista, porque deseaba desentrañar en lo posible una historia de vida que lleva a un chico humilde a convertirse en un multimillonario criminal capaz de negociar lo mismo con gobernadores que con militares, agentes de la DEA y empresarios para avanzar en la construcción de un emporio económico que vive de la muerte y el sufrimiento de millones. Un capo que se nutre de la gozadera del consumo de drogas de millones de personas y que disfruta las ganancias de la trata de mujeres y niñas. Los ataques a don Julio fueron duros, pero ganó la batalla por su derecho a la Libertad de Expresión, a pesar de que en algún momento la PGR intentó inculparlo de que su revista ganaría dinero gracias a la entrevista y por tanto habría algún vínculo económico; ese sinsentido no fue suficiente para ejecutar la venganza de la autoridad, porque un periodista podía sentarse con el capo y las autoridades eran, o fingen ser, incapaces de encontrarlo.

Sabemos que Del Castillo escribió en 2012 en un tuit su reflexión personal de cómo ella ve y sobre todo cómo siente a su país. Criticó las formas en que se construyen la injusticia y la desigualdad, aseguró que cree más en El Chapo que en los políticos porque al menos él se muestra tal como es, los políticos en cambio, viven de la impostura y el engaño. Kate invitó al Chapo a traficar con amor en lugar de con drogas y personas, le pidió que en lugar de drogas transporte medicamentos y las curas contra el cáncer y el VIH-Sida que los gobiernos nos ocultan o cuyo acceso se limita a las personas con recursos. Su opinión recibió lo mismo aplausos que críticas y burlas. El lenguaje de Kate es directo, transparente, muestra la ingenuidad real de Kate, esa que ha trabajado durante diez años con organizaciones contra la trata de personas y como activista contra la violencia hacia las mujeres, que es activamente la Embajadora Corazón Azul de la ONU contra esos crímenes; la que ha trabajado con PETA por los derechos de los animales, la mexicana que pasó un mes en Bolivia trabajando infiltrada con activistas en el ambiente de la explotación sexual de adolescentes para hacer una película sobre el tema.

Kate del Castillo es claramente una gran actriz, pues convenció al mundo de ser una despiadada narcotraficante. Lo mismo que Michael C. Hall, el actor de Dexter, la serie de un asesino al que la gente en el supermercado le huía confundiendo al actor con su personaje; la PGR juega con el imaginario colectivo de Teresa Mendoza.

Guzmán Loera es afecto a las redes sociales, leyó el tuit y quiso encontrarla. El Chapo, como han revelado la PGR y el artículo de Sean Penn, buscó a Kate para pedirle que fuese ella quien contara su vida en una película. Por las conversaciones reveladas por la autoridad sabemos que el líder del Cártel de Sinaloa era uno entre millones de fans enfatuados con el personaje de Teresa Mendoza de la narco-novela La Reina del Sur. Por su parte Kate, llámele ingenua o estúpidamente, creyó que el capo tendría un lado humano, que leyó el tuit y reflexionó sobre lo que ella le pide “sea el héroe, use su poder para el bien”, ella creyó que él en verdad querría contar su historia ya que estaba preso y no tendría mucho que perder. No sería el primer caso en que un mafioso encarcelado decide revelar su biografía.

Los informes de las periciales aplicadas al Chapo Guzmán cuando éste estuvo detenido por segunda vez, revelan que tiene una personalidad megalómana con tendencias depresivas, que muestra una personalidad escindida con pérdidas del Factor Realidad, ausencia de empatía, incapacidad para la compasión y una creatividad fuera de serie; al mismo tiempo que tiene fuertes vínculos de valores familiares, cree en el matrimonio y es romántico. Es claro que él, como muchos capos, quisiera ser visto como un personaje de ficción que no paga las consecuencias de sus actos antes que como un despiadado hombre de negocios criminales imposibilitado de disfrutar de su riqueza ¿cómo pretendía contarle su historia a Kate del Castillo? Nunca lo sabremos porque la autoridad está decidida a impedir que esa película se haga. Sabemos que antes de ser detenido el Chapo ya había ordenado a sus hombres que investigaran cómo podría cavarse un túnel para salir del penal de La Palma y que envió a su ingeniero favorito a Alemania a estudiar la construcción del túnel que le dio la libertad en complicidad con autoridades federales.

Sabemos que luego de que sus abogados lograran contactar a Kate del Castillo pidiendo sus datos en la ANDA, ella tardó semanas en responderles, estaba filmando Dueños del Paraíso, otra narco-novela. Luego ella viajó a ver a los abogados, quienes explicaron que desde prisión el jefe pedía que fuera ella la que produjera la película que Leonardo di Caprio quería hacer. Los registros de las intervenciones telefónicas en manos de SEIDO nos dicen que seis diferentes productores de Hollywood habían contactado al capo en La Palma para pedirle los derechos de su vida para un filme. Hay evidencia que demuestra que la actriz se reunió inmediatamente con los productores de Oliver Stone: Fernando Sulichin y Jose Ibanez, quienes prontamente contactaron a su despacho de abogados para consultar las dudas de la actriz ¿era legal pedir los derechos de su historia al Capo? PGR tiene en su poder los dos contratos que Kate y los productores llevaron a los abogados del Chapo (recordemos que todas las reuniones fueron sólo con los abogados excepto la única con el capo para la entrevista), en las comunicaciones intervenidas es claro que no habrá ningún intercambio de dinero entre las partes, esos documentos que demuestran que lo primero que hizo Del Castillo fue buscar asesoría legal para saber si no incurría en algún delito y para evitar hacerlo por ignorancia. Recuerdo cuando Kate, hace casi un año me contó que harían la película, me reiteró su obsesión porque el capo no invirtiera un solo centavo “deben ser puros inversionistas conocidos” me dijo, yo asentí.

Sabemos que la PGR filtra la información a medias para inventar su verdad histórica sobre este caso sin que siquiera sea juzgado ni hayan interrogado a todos los involucrados. SEIDO tiene todos los correos y chats intercambiados entre la actriz y los productores que, mientras tanto, terminaban la película de Edward Snowden y por ello también estaban bajo vigilancia de las autoridades estadunidenses. Sabemos que fueron ellos quienes invitaron a Sean Penn a conocer a del Castillo y que fue él quien insistió en que buscaran al capo para entrevistarlo en persona. El plan original de del Castillo era el de cualquier productora: enviar a un escritor a documentar la historia del capo y más tarde preparar un guión. Mientras esto sucedía las autoridades ayudaron a Guzmán Loera a darse a la fuga.

Para sorpresa de la actriz, según consta en la evidencia en manos de SEIDO, Segob y el FBI, los abogados de Guzmán Loera la volvieron a contactar cuando ya se había fugado. Los coproductores Fernando Sulichin y Jose Ibanez consultaron con su despacho de abogados; era aceptable que se reunieran siempre y cuando nadie recibiera ni un centavo del capo o su gente y no supieran la locación a la que irían; eso era sencillo pues los narcoabogados habían advertido que les llevarían a diferentes lugares porque debían cuidar que el paradero de su jefe no fuera revelado; fue entonces que la PGR y las autoridades federales de Estados Unidos intervinieron las cuentas bancarias de la actriz (no sabemos si las de los productores también, porque este dato no aparece en el informe de inteligencia).
Por otro lado un informe de inteligencia de la Marina revela que los abogados que contactaban a la actriz intermitentemente se veían también con los dos hijos de Guzmán Loera y que se sabía que la familia entera estaba en Sinaloa (eso lo supe yo misma cuando estuve en Sinaloa el pasado diciembre), viajaban entre Mazatlán, Los Mochis y la sierra en la que el padre del capo les enseñó a cultivar amapola y mariguana a las 15 años. ¿Por que no lo detuvieron entonces? ese mismo informe muestra que la autoridad mexicana y la DEA siguieron a los actores y a los productores (les tomaron fotos y grabaron su encuentro para subir a la montaña).

Por su parte Secretaría de Marina se ha ganado sin duda gran credibilidad por su efectividad de Inteligencia y su planeación estratégica como en el caso de Beltrán Leyva por mencionar uno. La Semar tiene una versión diferente a la de PGR.

La autoridad sabía que el conductor del vehículo, como nos ha revelado Sean Penn, era Alfredo Guzmán, hijo del capo y operador del cártel ¿por qué los dejaron ir?.

Dos días después de que los actores y productores estuvieran en la sierra entrevistando al narcotraficante el operativo Cisne Negro entró al sitio y murieron casi doscientas personas en una balacera en la que dejaron ir al Capo porque supuestamente iba acompañado de una mujer y sus niños; esa versión de compasiva actitud damas y niños primero resulta insólita luego de que hemos visto cientos de cadáveres de mujeres y jóvenes aniquiladas por balas del Ejército y de los cárteles.

Sabemos que Kate se reencontró con los abogados dos veces más en Xochimilco para que le entregaran las fotografías que Sean Penn necesitaba para la revista. El mismo Penn en su frívola crónica narra cómo presionaba a Kate para conseguir la información de pertinencia periodística, Kate había pedido a Sean Penn que la incluyera como coautora de la crónica, después de todo la que de verdad se había arriesgado como una buena reportera era ella, Rolling Stone y Penn se rehusaron a darle el crédito merecido, la usaron como si fuera una fuente cualquiera y ser mexicana le impedía tener el estatus para aparecer como autora de tan reconocida revista americana.

Ya para entonces la productora y actriz había contactado a un despacho de abogados del más alto nivel en México, el abogado ya comprometido con representarla y luego de haber escuchado toda la historia, dos días antes de la publicación de la pieza renunció avisando a la actriz que tenía conflicto de intereses porque, había olvidado comentarle, era asesor de la PGR; en cualquier otro país Aguilar Sínzer perdería su licencia por manipular a un cliente que ha contratado defensa legal. Cabe mencionar que el despacho de Gómez Mont defiende mientras tanto a todos los involucrados en la fuga del Chapo; a esos abogados que reciben pago de quien a su vez hizo negocios con el narco ¿no los espían?

Muchos medios han dado grandes muestras del peor periodismo. Han recibido casi sin cuestionar las filtraciones de la PGR, siempre parciales, han editado los chats entre la actriz y uno de los grandes empresarios criminales del mundo para convertirlos en una sátira de telenovela, y claro, han inventado historias frívolas sobre un tema por demás grave que podría costarle la vida a Kate del Castillo y al propio Sean.

Ciertamente Kate y Sean tuvieron acceso a estos mafiosos gracias a su fama, ella en particular debido a su personaje Teresa Mendoza. Ella sólo aceptó producir la película porque él estaba preso, me lo dijo hace meses cuando comenzaba el proyecto. La forma en que se ha ridiculizado a la actriz no es nueva, el sexismo es notable en todos estos casos, con ella, y no con Penn, mencionaron su edad y la retrataron como si en verdad fuese la Reina del Sur, hasta el excorresponsal de guerra Arturo Pérez Reverte, quien conoce el grave riesgo, se burló de la actriz diciendo “no esperaba menos de mi Teresa Mendoza”.

Univisión ha sido probablemente el peor de todos al crear una narrativa sexista sobre una mujer más parecida al personaje de ficción que la persona real. Todos han minimizado el rol que el actor de 21 gramos jugó en esto; Sean y El Chapo se llamaban “amigos” pero a él no le endilgan una relación afectiva ni hablan de la apariencia de Penn ni de su capacidad de seductor. Lo mismo va para los productores a quienes Sean si protege con nombres falsos en la revista ¿por qué ellos no aparecen en la narrativa si son los socios legales de Kate y los que le insistían, a pesar de que ella ya estaba aterrada, en mantener el vínculo de comunicación con la gente del capo y eventualmente con el capo?

Todo parece indicar que para las autoridades esos tres hombres mucho más poderosos que la actriz, y por cierto ninguno de nacionalidad mexicana, acostumbrados a entrevistar a personajes controversiales como Snowden, Chávez, Fidel Castro y otros, que han enfrentado espionaje por su trabajo, están libres de toda responsabilidad. El cine como el periodismo están protegidos por las leyes de Libertad de Expresión y Libertad de información, pero de eso nadie habla.

SEIDO pretende inculpar a Kate del Castillo de hacer operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, comparándola con el exgobernador Moreira cuyos vínculos con el narco y con el intercambio de dinero ilícito sí están más que probados.

El problema para la PGR es que ni en las fotografías que le tomaron desde le primer día que la siguieron, ni en los intercambios de mensajería y correos electrónicos con los abogados, ni en sus estados financieros aparece una sola transacción ni una sola fotografía en que ella salga con maletines, bolsas o cualquier otra cosa que haga creer que le entregaron dinero.

En el despacho de abogados contratado por ella en los Estados Unidos se discutió reiteradamente que nunca se aceptaría ni un centavo de dinero del capo; de hecho Sulichin e Ibanez ya buscaban inversionistas en el ámbito cinematográfico. Kate y sus empresas estuvieron híper vigiladas durante casi un año por una cooperación binacional digna de película, y no encontraron nada.

Ignoramos si el narcoabogado detenido haya declarado algo contra ella, en tal caso habrán de determinar si el testimonio de un solo delincuente tiene mayor validez que el de una ciudadana que pecó de ingenua al querer hacer una película como muchos otros antes las han hecho. No sería la primera vez que un solo testimonio sin evidencia permite a la PGR perseguir injustamente a alguien.

Recuerdo que don Julio Scherer me comentó alguna vez que le incomodó cómo “El Mayo” le hablaba con frases afectuosas, tales como amigo mío, en usted confío; puedo decir por experiencia como periodistas de investigación que cuando una habla con delincuentes para sacar información debe ser cuidadosa con el lenguaje, después de todo ellos hablan porque han establecido un vínculo de confianza con su entrevistador, tal como pasó con Peter Arnet y Peter Bergen quienes entrevistaron a Osama Bin Laden en 1997 en Afganistán mientras estaba oculto.

Bin Laden estableció una especie de camaradería ilusa que ayudó a los periodistas de CNN a obtener una entrevista antológica. Lo que sabemos está sobre la mesa, lo que no sabemos es lo más pertinente de investigar ¿qué cree la PGR que El Chapo le reveló a Kate en esas seis horas de entrevista? ¿creerán que les contó sobre sus vínculos con Televisa, esos de los que ya había hablado Carmen Aristegui?

Acaso temerán que se sepa cómo funciona el sistema de inversión de dinero del Cartel en las elecciones de diversos estados, o sobre su relación con los presidentes de México durante los últimos treinta años; acaso sospechen que el capo dijo cosas que ningún periodista hubiera sido capaz de extraer de un asesino como Guzmán Loera, tales como las estrategias para trazar sus rutas internacionales.

Yo dudo que el Chapo hubiese hablado demasiado, después de todo habían acordado que en ocho días se reencontrarían en otro lugar para que él les diera la entrevista completa, pero la autoridad lo impidió. Ciertamente hay que celebrar la detención del capo, él y todos sus cómplices han hecho un daño irreparable al país, pero enfocarnos pasivamente en una persecución de Estado en contra de Kate del Castillo, persecución que a todas luces se ve forzada, nos hace sospechar que hay algo más detrás de esta historia, algo que la autoridad no quiere que preguntemos.

Mucha gente de Hollywood y quienes hemos sido cercanas a Kate del Castillo durante años sabíamos de este proyecto cinematográfico que tendría mucho de documental. Es claro que hay una parte de esta historia que no será contada mientras no comprendamos el por qué de la insidiosa persecución a la actriz y productora mexicana.

4.1.16

El caso Iguala y la Sedena, I y II

Carlos Fazio

El 16 de diciembre, a casi 15 meses de la tragedia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que en el expediente del caso Iguala no hay cerrazón ni carpetazo al tema. La investigación continúa. El funcionario dijo que se buscan nuevas líneas de investigación para saber qué sucedió el 26 de septiembre de 2014 con los 43 normalistas detenidos y desaparecidos por agentes del Estado mexicano, y pidió dejar a un lado las especulaciones respecto del basurero de Cocula, con lo que pareció apartarse de la verdad histórica del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, quien el 27 de enero último afirmó: “Sin lugar a dudas (…) los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero) y tirados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.
No obstante, y a pesar de la aparente disposición del gobierno federal a tomar nuevas rutas en la investigación, los familiares de los desaparecidos afirman que aún hay fuerte resistencia para que soldados del 27 batallón de infantería de Iguala, quienes estuvieron presentes en los escenarios de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, puedan ser entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mandatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras un acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Desde el inicio de su trabajo, el GIEI señaló la importancia de entrevistar a personal del batallón 27 para conocer detalles sobre los hechos y obtener posibles elementos de búsqueda. Durante meses, la respuesta del Estado Mexicano fue que se estaba evaluando la petición; después, que el mecanismo sería la PGR; luego, que no sería dicha institución por motivos legales, y finalmente que el GIEI tendría que dar su cuestionario cerrado a la PGR sin estar presente en las declaraciones. Como señaló el grupo, eso contrasta con que el Estado les pidió facilitar que los alumnos de Ayotzinapa dieran su testimonio, cosa que ellos hicieron para generar confianza, y en esa toma de declaraciones estuvieron presentes como parte de la investigación.

Cabe consignar que durante nueve meses, a pesar de contar con declaraciones de numerosos militares tomadas en diciembre de 2014 y de que éstas eran muy relevantes sobre aspectos específicos de los hechos, la PGR no hizo ninguna investigación con tal información, no la contrastó con otras fuentes y no recabó el material fotográfico en posesión de miembros del Ejército, tal como había alertado el GIEI. Incluso, los días 26 de agosto y 11 de septiembre pasados 11 militares se presentaron a dar su declaración o a ampliarla ante la PGR, sin que esa diligencia se informara al GIEI, la cual actúa como coadyuvante en el caso. Esos 11 militares están en una lista de 27 proporcionada por el GIEI a las autoridades en abril de 2015, como parte de los que requiere entrevistar. A pesar de la marrullería de la PGR, el GIEI analizó las declaraciones de los soldados, pero debido a la forma en que se tomaron (a la mexicana, pues) no se sabe qué preguntó el MP en los interrogatorios. A juicio de los expertos, tales declaraciones dejan muchos aspectos claves pendientes de profundizar.

Existen evidencias de que al menos 36 oficiales y soldados pertenecientes al 27 batallón de infantería, entre ellos integrantes de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI, inteligencia militar) y el propio comandante de la unidad, coronel José Rodríguez Pérez −quien estuvo en contacto permanente con su superior, el general Alejandro Saavedra, a cargo de la 35 Zona Militar−, estuvieron en parte de los escenarios de los crímenes, lo que para el GIEI da cuenta de una coordinación central u operativa de las fuerzas de seguridad del Estado, y de un mando que dio las órdenes hasta llegar a la desaparición de los 43 estudiantes.

Por ello el GIEI considera que se necesita rentrevistar a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferentes hechos. El GIEI ha preparado un documento con las preguntas que quiere hacer a los 27 militares de su petición inicial. Sin embargo, el grupo señala que si no está presente en dichas entrevistas no podrá evaluar la calidad de la información aportada, repreguntar sobre la misma ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves.

El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ha asumido el caso como algo personal y es el principal obstáculo para que se pueda cumplir con la petición del GIEI. El 5 de octubre, el jefe de la Sedena escenificó una inusual comparecencia mediática en el principal noticiario de Televisa, donde reiteró su negativa a que integrantes del GIEI hablen con los soldados del 27 batallón. Dijo: “Es muy grave querer involucrar al Ejército en estos hechos, sólo porque a alguien se le ocurrió (…) Nosotros sólo respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas (…) No estoy dispuesto a permitir que gente desconocida, que no son mexicanos (…) interroguen a mis soldados que no cometieron, hasta ahora, ningún delito (...) ¿Qué quieren saber? Ya está todo declarado. No puedo permitir que los traten como criminales (…) Esa es mi posición y de ahí no me voy a salir”.

El 20 de octubre, en Washington, la presidenta de la CIDH y el relator para el caso México, Rose Marie Antoine y Ja­mes Cavallaro, respectivamente, preguntaron a los subsecretarios Roberto Cam­pa y Eber Omar Betanzos si la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario del ramo dependen del Presidente de la República y de la autoridad civil, y si el jefe de la Sedena puede decidir quién sí va o no a colaborar con una investigación que cuenta con el apoyo del jefe del Ejecutivo. Si bien Campa respondió que el Presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas, para sus interlocutores no quedó claro el asunto…
*****
Las razones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para entrevistar a 27 oficiales y soldados del 27 batallón de infantería del Ejército en Guerrero son simples. Como se decía en la entrega anterior, sus testimonios pueden resultar clave para la dilucidación de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 en Iguala. A su vez, las preguntas formuladas en Washington a dos subsecretarios de Estado mexicanos (Roberto Campa y Eber Omar Betanzos) por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por el relator para el Caso México, Rose Marie Antoine y James Cavallaro, respectivamente, en el sentido de que aclararan quién manda en México, si el presidente de la República o el secretario de la Defensa, tenían que ver con la negativa del jefe del Ejército, general Salvador Cienfuegos, a colaborar con las indagatorias judiciales del caso.

Como surge de la propia investigación de los expertos –esa gente desconocida, que no son mexicanos, según los calificó el general Cienfuegos–, hay suficientes elementos que indican que la presencia del Ejército en varios escenarios de los crímenes puede resultar crucial para el conocimiento de qué ocurrió realmente.

Existen evidencias de que soldados del 27 batallón al mando del capitán José Martínez Crespo fotografiaron, interrogaron, amenazaron y agredieron verbalmente a 25 estudiantes y un maestro en la Clínica Cristina, donde además negaron asistencia médica al normalista Édgar Andrés Vargas, quien herido de un balazo en la boca, estaba ahogándose en su propia sangre.

Otro dato relevante es la declaración ministerial del médico responsable de la Clínica Cristina, Ricardo Herrera, quien llegó al recinto hospitalario después de que se habían retirado los soldados y prácticamente exoneró al capitán Martínez Crespo y sus hombres de cualquier tipo de responsabilidad. Su testimonial respondió a un pedido del general Alejandro Saavedra, mando de la 35 Zona Militar con sede en Chilpanginco, y la rindió en el batallón 27 de Iguala, luego de platicar con personal de la justicia militar. ¿Fue aleccionado Herrera por elementos de la justicia castrense acerca de qué declarar y cómo? ¿Rindió falso testimonio ante la justicia? ¿Dio por válidas esas declaraciones la Procuraduría General de la República (PGR)?

Está comprobado también que dos escuadrones del Grupo de Fuerza de Reacción (GFR) patrullaron esa noche las calles comandados por el capitán Martínez Crespo y un teniente no identificado. Los soldados llevaban fusiles G-3, arma habitual del Ejército. En dos de los escenarios de los crímenes, personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero –que realizó las primeras diligencias hacia las 3:20 horas del 27 de septiembre– encontró casquillos percutidos calibre 7.62 (que corresponden a los fusiles G-3) y 5.56, utilizados por los fusiles G36 y Beretta, armas usadas por la policía municipal de Iguala. Otra información significativa es que en su segunda salida del cuartel, hacia las 23 horas, el teniente que estaba al mando de uno de los GFR ordenó cambiar una camioneta Cheyenne por un vehículo blindado y artillado Sand Cat, que llevaba en la escotilla a un soldado empuñando una ametralladora.

De lo anterior surgen varias interrogantes inquietantes: si desde que habían salido de Tixtla, las autoridades de distintos niveles del Estado mexicano sabían que los estudiantes de la normal iban desarmados, ¿por qué el Ejército salió a patrullar con un vehículo artillado Sand Cat? ¿Por qué y contra quién dispararon sus fusiles G-3 los soldados? ¿Por qué no se les hizo la prueba de rodizonato de sodio a quienes accionaron los G3? De acuerdo con el Protocolo de Minnesota, la PGJ y la PGR debieron tomar y conservar todas las pruebas de la existencia de armas de fuego, proyectiles, balas y casquillos o cartuchos. ¿Por qué nunca hicieron pruebas de balística y del armamento utilizado por los soldados del 27 batallón?

Asimismo, según consta en el expediente de la PGR, a través del sistema del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), las fuerzas armadas, la Policía Federal, el Cisen y distintas estructuras de seguridad de Guerrero monitorearon en tiempo real a los estudiantes de Ayotzinapa desde su salida de la normal. Con base en las declaraciones del coordinador de Protección Civil de la Zona Norte del estado, lo novedoso es que esa noche el Ejército manejó la información del C-4 de manera restringida en los momentos en que se estaban dando los ataques contra los normalistas: entre las 22:11y las 23:26 (una hora y 15 minutos) y entre las 23:26 y las 2:21(casi tres horas).

Dichos periodos coincidieron con el tiempo posterior al primer ataque de la calle Juan N. Álvarez y Periférico norte, donde fueron detenidos la mayor parte de los 43 estudiantes desaparecidos, y con la agresión en el mismo lugar –cuando se llevaba a cabo una rueda de prensa–, donde fueron asesinados a quemarropa dos estudiantes (Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez), otro resultó herido de gravedad (Édgar Andrés Vargas) y fue detenido Julio César Mondragón, quien luego apareció muerto y con señales de tortura.

Las preguntas obvias son: ¿por qué la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) restringió, bloqueó o desapareció las comunicaciones del C-4 por espacios prolongados en ambos momentos clave? ¿Por qué nunca explicaron Murillo Karam y su sucesora en la PGR, Arely Gómez, esos silencios y cortes en las comunicaciones, que podrían ser clave para la dilucidación del caso?

Lo anterior pone en evidencia la pertinencia del pedido del GIEI de entrevistar a oficiales y soldados del 27 batallón para que aporten o aclaren datos que pueden ayudar a esclarecer los hechos, sin perjuicio de que a la postre pudiera comprobarse que por acción, omisión, negligencia, colusión, protección o complicidad, algunos pudieran tener algún grado de responsabilidad, misma que alcanzaría a sus superiores jerárquicos en la cadena de mando.