Gobierno acorralado

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La versión oficial de lo ocurrido en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace poco más de un año evidencia que el gobierno federal busca la fórmula que le permita atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero al mismo tiempo proteger a las fuerzas federales (Ejército y Policía Federal) que se encontraban en el lugar de los hechos la noche de la desaparición de los estudiantes.

Los familiares de los normalistas fueron claros y precisos en sus observaciones: el gobierno federal fue evasivo en sus respuestas. Los familiares demandaron, entre los ocho puntos, dos que resultan particularmente incómodos para el gobierno:

“Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar” y “que requiera formalmente la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflictos de interés y macrocriminalidad.”

Ambas demandas buscan retomar los elementos clave que hicieron efectiva la acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (GICIG) que provocó la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, porque permiten que las misiones internacionales vayan más allá de las recomendaciones y puedan instruir al Ministerio Público en la integración de sus averiguaciones e incluso consignar directamente ante las instancias del Poder Judicial. Al menos así sucede en Guatemala.

En el caso de la unidad de investigación, los familiares fueron muy específicos respecto de las condiciones que debía reunir la indagatoria, y manifiestan que el titular de dicha unidad debe ser “un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos”; que la actuación de la misma “se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos”, y que “pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense”, entre las principales características.

Los familiares expresan su deseo de que esta instancia “agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero”. En un párrafo posterior exigen que se investigue la responsabilidad, entre otros, del exgobernador Ángel Aguirre y del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Según informó a los medios el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, en respuesta a dichas demandas el mandatario instruyó “a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República, que analicen la viabilidad de cada uno de esos ocho puntos”. Y anunció la creación, dentro de la PGR, de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desparecidas, con lo cual atiende una reiterada demanda social pero permite cerrarle el paso a la Unidad que exigen los padres de los desaparecidos.

Aunque cada día los espacios de maniobra para el gobierno federal se estrechan más, lo cierto es que las primeras informaciones en torno a la reunión evidencian que aquél pretende repetir la misma trama a la que recurrió en el caso de los conflictos de interés por la adquisición de inmuebles multimillonarios financiados por un contratista del gobierno: instruir para que le elaboren un expediente que le permita negar la viabilidad de atender las demandas de los padres de los normalistas.

Por supuesto, el gobierno federal reiteró las que fueron sus primeras reacciones al informe del GIEI, es decir, que se atendieran todas sus recomendaciones y líneas de investigación y que el grupo extendiera su estancia en el país por otros seis meses.

Sin embargo, es evidente que los funcionarios del gobierno federal leen el informe y las recomendaciones con un enorme sesgo, pues el miércoles 23 el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, declaró en un noticiero matutino de Radio Fórmula que una de las coincidencias fundamentales del reporte con las conclusiones de la PGR es que ambos señalaban que los responsables eran las policías municipales y los grupos criminales. Campa eludió hablar sobre la parte del informe que claramente especifica: “tanto la Policía Federal, estatal, como el Ejército tuvieron personal destacado” al menos en algunos de los escenarios donde hubo encuentros de los normalistas desparecidos y las fuerzas de seguridad la noche del 26 de septiembre.

En el apartado alusivo a las responsabilidades, específicamente en la número 8, el informe precisa: Se debe “investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos”.

En la 9 insiste: “Investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias. La investigación del GIEI ha proporcionado nuevos elementos en ese sentido”.

La revisión del informe, y especialmente de las recomendaciones del GIEI, de las demandas de los familiares de los desparecidos y las declaraciones oficiales, incluyendo las que el vocero de la Presidencia atribuye a Peña Nieto, demuestran que el gobierno federal no atiende ni esas recomendaciones ni esas demandas, pues a pesar de todas las evidencias en contrario se aferra a su “verdad histórica”.

El caso se le complica al gobierno federal, pues ante la presión internacional por la desaparición de los normalistas tuvo que aceptar la intervención de expertos internacionales, que a partir de sus propias investigaciones de campo y peritajes han desacreditado una y otra vez las versiones oficiales.

Es evidente que las respuestas del gobierno de Peña Nieto pretenden atender únicamente aquellas recomendaciones y demandas que le permita exculpar al Ejército y a la Policía Federal, aunque tengan que reconocer que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y aunque el caso pierde importancia en los medios de comunicación masiva a escala nacional, la presión internacional se incrementa, lo que vuelve muy vulnerable al gobierno y estrecha sus márgenes de acción.

Ayotzinapa: Por acción u omisión, servidores públicos delinquieron

Patricia Dávila

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Existen elementos para sancionar administrativa y penalmente a los involucrados en la fallida indagatoria sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y las sanciones pueden ir desde la inhabilitación vitalicia para desempeñar el servicio público hasta 10 años de cárcel, afirman abogados consultados por este semanario.

El 7 de noviembre de 2014 el exprocurador Jesús Murillo Karam presentó la versión de la PGR, apoyada en declaraciones de cinco sicarios. El pasado 27 de enero la elevó a verdad histórica, supuestamente con base en los estudios de fuego y explosivos realizados por los peritos de la PGR Marcos Soto Villalobos, ingeniero en comunicación y electrónica, y Moisés Moreno Gallegos, con estudios inconclusos de ingeniería civil y arquitectura.

El estudio de las plantas y larvas es de Mauricio Cerón Solana, entomólogo del Instituto de Biología de la UNAM y subdirector de Genética Forense de la procuraduría.

El pasado domingo 6, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la indagatoria de la PGR está plagada de irregularidades en todos los peritajes.

Por ese motivo, los expertos independientes pidieron reorientar cada hipótesis del informe: “No sabemos si se podrá determinar el destino de los desaparecidos, pero sí creemos que es el único modo de poder llegar a la verdad sobre el caso y acabar con la impunidad”.

Horas después de que se presentó el informe, la procuradora Arely Gómez anunció que se realizaría un nuevo peritaje; pero al día siguiente Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, afirmó que la postura oficial se mantenía y que el dictamen del CIEI no implicaba que se abriera otra línea de investigación.

Para Daniel Márquez Gómez, experto en función pública adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, el informe del GIEI hace una presunción muy sólida de que en la investigación se cometieron irregularidades que violan la Ley Orgánica de la PGR, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Púbicos y la Federal de Responsabilidades, así como protocolos en manejo de evidencia y técnicas básicas de peritación, además del Código Penal Federal.

“Estamos frente a deficiencias en la integración de la investigación, en peritajes; hay diligencias que no se realizaron. A partir de aquí, la visitaduría de la PGR tendría que abrir una investigación, documentar todas estas irregularidades. Habría por lo menos tres clases de responsabilidades claramente identificables.”

La primera de ellas, dice, les atañe a funcionarios de alto rango, como secretarios de Estado y directores, como los titulares de la AIC y de la SEIDO, y consiste en juicio político, responsabilidad administrativa y una violación al artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de responsabilidad penal vinculada a colusión de servidores públicos u obstrucción de la justicia.

–¿Para fincar responsabilidades es suficiente el informe del GIEI de la CIDH?

–Sí, es una presunción muy sólida de que existe en la investigación un manejo deficiente, desaseado, inadecuado; de que hay complicidades, encubrimiento.

Por una parte, dice que el informe tiene validez porque “el propio Estado mexicano fue el que solicitó la coadyuvancia, y por otra parte México es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA, a la que pertenece la CIDH) y está sujeto a su orden jurídico.

Considera importante que la OEA despliegue su diplomacia para que el Estado mexicano cumpla sus responsabilidades:

“Difícilmente se puede valorar el papel que hicieron los expertos de la CIDH si se empieza a generar ruido para descalificarlos, cuestionar el informe o su mandato legal –apunta el académico–. Creo que hay que darnos una oportunidad. Guatemala para nosotros es un buen ejemplo. Allá, un grupo de expertos independientes de la ONU hizo una investigación sobre corrupción y ya vimos las consecuencias: a un expresidente corrupto en la cárcel, sujeto a un posible juicio, y un pueblo que empieza a confiar en sus instituciones. Habría que valorarlo aquí también.”

A decir de Márquez Gómez, la CIDH abrió un paréntesis para revisar tres problemas estructurales: la manera en que se investigan los delitos, la forma en que se construyen las supuestas verdades históricas y una oportunidad para mejorar esos esquemas.

Indica que la Ley Orgánica de la PGR delimita el papel de todos los participantes en la investigación: el MP, el policía como auxiliar del MP que se ocupa de averiguar ilícitos y los procesos vinculados al desempeño eficiente de un empleo, cargo o comisión.

–¿La sanción se aplica aunque exista falta de capacidad para investigar?

–Por lo que haya sido: falta de capacidad o dolo. Pero en caso de que se probara el dolo, lo que pondría en evidencia serían ilícitos de naturaleza penal. Y aquí, por lo que destacan los expertos, el dolo es evidente: encontraron evidencia, como ropa, no integrada a actuaciones, que apenas se mandó a Innsbruck para su peritaje. Tampoco se investigó la línea que apuntaba a la posible participación de militares. Todo es demasiado evidente como para ignorarlo.

–¿Qué consecuencias jurídicas tiene la proclamación de la versión de Murillo Karam como “la verdad histórica”?

–En principio es una afirmación temeraria. La verdad histórica sólo la fija el juez una vez que valoró evidencia. Lo de Murillo Karam fue precipitado. También se toma en una segunda dimensión, que pone en evidencia la prisa por cerrar el expediente, y quizá tendrá que indagarse si se quiere buscar la responsabilidad de los servidores públicos que hayan incurrido en las omisiones y comisiones de delito en el caso Ayotzinapa.

–¿El Estado mexicano no tiene la voluntad de esclarecerlo? El titular de la AIC, Tomás Zerón, afirma que nada cambia el rumbo de la investigación.

–Esta es una cuestión de incumplimiento fuerte de la Ley. En esto también tiene responsabilidad la actual procuradora, Arely Gómez, porque a su llegada pudo ordenar los peritajes a la ropa y llamar a los militares, pero tampoco lo hizo. Se puede tipificar, entre otras conductas, la obstaculización de la administración e impartición de justicia.

“El procurador, el subprocurador, los directores, los peritos como auxiliares de la investigación de los delitos, el MP, cada uno tiene una obligación. Por eso cuando los padres de los jóvenes afirman que fue un crimen de Estado, tienen razón. En el caso Ayotzinapa, reconocemos como un hecho indubitable que la investigación se hizo mal. Por ejemplo, aparecen peritajes de una persona experta en informática haciendo un peritaje sobre el incendio.”

–¿Considera que la responsabilidad jurídica puede llegar al presidente Enrique Peña Nieto?

–En este país se dice que el presidente es el hombre mejor informado, pero muchas veces lo está a través de tres personas, lo que me lleva a pensar que posiblemente no esté tan bien enterado. Si el presidente sabía y no actuó en consecuencia, estaríamos en un caso como el de Guatemala: en un grave problema.

Entrevistado aparte, el abogado Porfirio Martínez, miembro de la Asociación Civil Mexicanos Unidos, opina sobre este último punto:

“De acuerdo con el artículo 108 constitucional, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Aquí hablamos de desaparición y homicidio, de ocultar evidencias, tergiversar una investigación, no decir la verdad.”

Y todavía habría que analizar la responsabilidad que le resulte a Peña Nieto por no haber sancionado a Murillo Karam cuando se mostró que sus conclusiones no eran verdaderas:

“Como jefe de Estado, al tener conocimiento de la ‘verdad histórica’ llena de graves mentiras y errores, la avaló como versión de su gobierno. Por eso Peña Nieto incurre en colusión, encubrimiento o coparticipación.”

En cuanto a los altos funcionarios, señaladamente Murillo Karam, pueden haber ejercido indebidamente el servicio público, lo que conlleva una pena de dos a siete años de prisión (artículo 214). También puede imputársele un delito contra la administración de justicia, como aparece en el artículo 225, fracción VIII, es decir, que retarde o entorpezca la administración de justicia maliciosamente o por negligencia.

Y en la fracción 21, dicho artículo sanciona los actos de “alterar, destruir, perder o perturbar indistintamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas”, mientras que la siguiente prevé las penas por desviar u obstaculizar la investigación de hechos delictuosos a favor del inculpado y se sustraiga a la acción de la justicia… Para esos delitos se prescriben de tres a ocho años de cárcel, y las últimas fracciones son de cuatro a 10 años de prisión”.

“Lo cierto es que el Estado mexicano está acorralado por la verdad científica”, concluye Martínez.

El otro Grito: el de los oprimidos

Lev Moujahid D

El relato histórico de los libros de texto oficiales de educación básica ha mutilado la memoria mexicana para legitimar 5 siglos de colonialismo y neocolonialismo, años en los que las relaciones fundamentales de dependencia económica y política no han cambiado prácticamente en nada. En el siglo XXI, el papel invasor de las monarquías reinantes europeas lo hacen las corporaciones económicas de la globalización capitalista, cuyo poder está por encima de cualquier institución política que diga representar la soberanía de la nación.

Las condiciones de sometimiento hacia los pueblos originarios y mestizos no se modificaron, cambiaron a relaciones de esclavitud moderna; el genocidio, desplazamiento y despojo de las tierras comunales por parte de las grandes mineras y petroleras es una amenaza constante que pone en riesgo la existencia de las comunidades indígenas y de una cosmovisión que tiene al territorio como algo sagrado y no como una mercancía; seguimos siendo una inmensa mayoría de pobres, más de 100 millones dicen los expertos, atravesados por la cultura indiana, pero sometidos por familias de apellidos aristocráticos europeos y de otras naciones externas.

Una tarea central de la educación crítica, de los maestros y maestras de México, para que sean realmente congruentes con su postura en las calles, es la disputa por la memoria histórica nacional a la luz de un proceso de descolonización desde abajo, de nuestros saberes y conocimientos reproducidos y enseñados en la escuela, sistematizados en los libros de texto oficiales, que siguen siendo el instrumento confesional de la doctrina de los poderosos para imponer su cultura.

Estamos obligados a visibilizar lo que se ha negado, ocultado, omitido y mutilado de la historia nacional. Si nuestros muertos, que lucharon por la emancipación social, ya fueron enterrados por el poder colonial opresivo, nosotros los condenamos al olvido si permitimos que el discurso hegemónico de la burguesía no les dé un lugar en la historia, si no movilizamos nuestra conciencia para desenterrar de la memoria la voracidad con la que se ha desarrollado este sistema antinatural e inhumano, no para contemplar el devenir de la sociedad, sino para edificar un nuevo sentido histórico que nos conduzca a la verdadera independencia.

Los libros de texto que se consolidaron con la articulación de la educación básica de 2010 niegan el origen rebelde de la indianidad mexicana. Los pueblos ancestrales de Mesoamérica sólo se comprenden por la conquista española, no por su pasado propio, sino en la aculturación occidental sobre la civilización de los antiguos pobladores de Abya Yala. Intentan crear una conciencia derrotista del sometido a través de un discurso historiográfico que recupera los testimonios del conquistador, como las Cartas de relación de Hernán Cortés, pero no la “visión de los vencidos”, quienes se resistieron a la invasión.

El periodo posterior a la invasión es la organización económica, religiosa, administrativa y de las instituciones políticas de la corona para su mejor funcionalidad, pero no es la del nuevo patrón de poder de expansión y mundialización del capitalismo de matriz colonial, que antes de 1492 sólo era un mundo autárquico en los límites del Continente Europeo, pero que ahora se ampliaba, no para llevar el progreso y la proletarización de los trabajadores asalariados a otras partes del planeta, sino a costa del genocidio, el saqueo, la esclavitud y otra formas nuevas de explotación como la mita o la encomienda, que parecieran anacrónicas al capital, pero que fueron en realidad la base de su desarrollo planetario.

Más allá de la organización virreinal, es decir, del invasor, en los textos de historia oficial no aparecen los brotes de rebeliones indígenas que se dieron al por mayor durante los 3 siglos de colonialismo occidental. Ciertamente no fueron las rebeliones obreras y campesinas contra el capitalismo al estilo de Europa, pero sí lo fueron por la defensa del territorio como espacio vital y sagrado, no como propiedad privada; lo fueron por la autonomía y autodeterminación de su pueblo para existir en relaciones de reciprocidad que algunos llaman comunalidad.

Para los pueblos originarios, la fiesta es el lugar donde se comparte el producto excedente, lo cual parecía una cuestión irracional para los asesores ilustrados de la monarquía borbónica en el siglo XVIII. De ahí la prohibición de las fiestas populares y otras formas de manifestación cultural que eran vistas como ociosas e improductivas por los colonialistas, indicios de desorden y focos de reuniones disidentes; y de alguna forma lo eran, porque la expresión contracultural y popular de estas clases subalternas fue uno de los canales subversivos que encontraron para mostrar su rechazo al patrón colonial de poder; por ejemplo, la conocida Danza de los viejitos del Occidente mexicano, que data de la época antes de la invasión europea dedicada al Dios Viejo o del fuego, Huehuetéotl, muestra la sabiduría y vitalidad de los ancianos purépechas frente a la decrepitud del anciano blanco español.

Salvo el culto guadalupano que escondía a la Diosa Tonantzin, madre de los dioses en la cosmovisión náhuatl, y cuya imagen morena después se convirtiera en el primer estandarte insurgente, no se habla de ningún otro caso en la historia oficial, pese a que éste fue el prototipo y el más trascendente de múltiples acontecimientos parecidos que dieron cuenta de la conservación religiosa e identitaria de las culturas ancestrales.

Lo religioso era, pues, otro de los canales de subversión en un mundo excesivamente represivo y de esclavitud, no sólo para los criollos estudiosos de la teología que, inspirados en la tradición jesuita y la lectura crítica de La Biblia, se involucraran luego en la guerra independentista, sino también para los indígenas sujetos al sometimiento del poder colonial, que encontraron en la expresión mística los anhelos de cambiar el mundo y de desencadenarse de las estructuras de opresión.

En los textos escolares de historia de México pareciera que la principal contradicción de clases sociales en la era colonial se daba entre los grupos de la elite, criollos y peninsulares, argumentando que los primeros no podían acceder a los mandos altos de poder; sin embargo, los cabildos como órganos de administración local también fueron parte del engranaje de saqueo, por ejemplo: ellos otorgaban los permisos para la extracción minera, actividad que cobró la vida de millones de indígenas explotados en las minas de oro y plata.

Estos indígenas purépechas, otomíes y huicholes, por mencionar algunos, que fueron superexplotados hasta morir en minas de Guanajuato, San Luis Potosí o Zacatecas; o en las haciendas del bajío virreinal que producían la mayor parte de los granos consumidos en la Nueva España, pero que padecieron también la hambruna por el acaparamiento del maíz por parte de sus opresores, componían el grueso de las filas insurgentes en más de un 60 por ciento. Fueron ellos quienes padecieron realmente las contradicciones de un sistema que les negó toda posibilidad de vida, mientras la burguesía europea industrializaba su producción a base de la riqueza que le daba toda nuestra fuerza viva de trabajo y nuestros recursos naturales; empero, son los héroes criollos y de la burguesía local quienes abundan en las páginas de los libros de texto.

En la Independencia no triunfaron los pueblos indígenas y mestizos, tampoco se alcanzó la soberanía nacional: apenas los grupos criollos liberales y conservadores accedieron al poder, se olvidaron de evocar la grandeza del pasado precolonial, de sentirse herederos de esa cultura ancestral y se aliaron a las logias masónicas para disponer la entrega de nuestro país a estadunidenses, franceses o ingleses, pero también impulsaron un nuevo desarrollo del capitalismo dependiente desarticulando con sus leyes reformistas los resquicios de propiedad y organización comunal.

En estos tiempos en los que se sigue hablando de independencia, es urgente también descolonizar la educación, reconstruir una nueva memoria de los subalternos, de los oprimidos, de aquellos que no tenemos voz ni rostro en la memoria del poder, en la historia oficial contada por los dueños del dinero. Ésa será la contramemoria de las clases populares, de las resistencias y de la lucha constante de los subalternos por emanciparse y construir un nuevo sentido histórico para la humanidad.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

* Historiador y profesor; miembro del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán