De ¡Eureka! a Tlachinollan

Carlos Fazio

Hace 37 años, el 28 de agosto de 1978, las doñas del Comité ¡Eureka!, con Rosario Ibarra a la cabeza, iniciaron una huelga de hambre en la Catedral Metropolitana, a un lado de Palacio Nacional, para demandar la presentación con vida de más de 500 desaparecidos políticos y el castigo a los culpables. Eran los días postreros de una guerra sucia desplegada después de la matanza de Tlatelolco por las fuerzas armadas, la temible Dirección Federal de Seguridad y la paramilitar Brigada Blanca, y un puñado de mujeres, madres y familiares de desaparecidos emprendía una lucha desigual en defensa de los derechos humanos, contra un régimen presidencialista autoritario que había hecho de la práctica sistemática de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas la razón de ser de un terrorismo de Estado al servicio del gran capital.

Este sábado 29 de agosto, en Tlapa, en la zona de la Montaña, allá en Guerrero, en nombre del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barreda exhibió la continuidad de la práctica de la desaparición forzada en México. Al presentar el 21 informe de labores del centro humanitario, Barreda se refirió a la tragedia de Iguala/Ayotzinapa, que el 26 de septiembre del año pasado cambió la vida de las 43 familias de los jóvenes normalistas desaparecidos, y aseveró que la impunidad en México es sistémica. Dijo que el caso desnuda la realidad de un país donde gobernantes, políticos, empresarios, militares y distintos niveles de autoridades policial y judicial conviven y forman parte de los circuitos de corrupción y violencia de los grupos de la economía criminal. Denunció que existe un patrón sistemático de agresiones a las normales rurales, en particular a la de Ayotzinapa, y que a casi un año del hecho no se ha iniciado un solo juicio penal por el delito de desaparición forzada ni se ha indagado la eventual responsabilidad en los crímenes (hubo además seis ejecuciones y una de las víctimas fue torturada) del 27 batallón de infantería del Ejército en Iguala.

Existe un continuum entre la guerra sucia de los años 70 y el momento actual, que exhibe y desnuda un patrón crónico de impunidad de actores estatales que desempeñan tareas de seguridad pública. Lo que incluye a miembros de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) y de las policías federal, estatal y municipal, y sus respectivas cadenas de mando, que actúan en complicidad con agentes del Ministerio Público y jueces, y no pocas veces en colusión con grupos de civiles armados que actúan como escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social para el exterminio de disidentes y/o jóvenes que son considerados desechables o matables (Agamben) por el capitalismo criminal de comienzos del siglo XXI.

Desde la militarización de la seguridad pública en diciembre de 2006, el baño de sangre se incrementó a raíz de los operativos conjuntos de la Sedena, la Semar y las distintas policías, y a la par de un uso excesivo de la fuerza del Estado con fines de control social arreciaron las violaciones masivas de derechos humanos, incluidas la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones sumarias.

En 32 meses de gestión, el régimen de Peña Nieto acumula más de 57 mil asesinatos dolosos, y suman más de 30 mil las desapariciones desde 2007. De alcances históricos, las redes colusivas de corrupción/impunidad/simulación que operan al margen de la Constitución implican una consecuencia evidente: la impunidad generalizada alienta la repetición de los crímenes. Verbigracia, en nuestros días, Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato, Calera, Ostula...

De la guerra sucia de los años 70 con epicentro en Guerrero a los hechos de Iguala/Ayotzinapa en 2014, la desaparición forzada de personas ha sido una herramienta de la represión institucionalizada. Prototipo de un delito de carácter continuado, se produce una desaparición forzada cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a una persona o ésta es privada de su libertad por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, o por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o asentimiento (por ejemplo, escuadrones de la muerte y grupos paramilitares o de limpieza social), y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de dicha persona o a reconocer que está privada de la libertad, sustrayéndola así a la protección de la ley.

La práctica de la desaparición remite al Decreto noche y niebla ( Nacht-und-nebel-erlass) del führer Adolfo Hitler, del 12 de diciembre de 1941, reconocido como el primer documento de Estado con órdenes para detener-desaparecer personas de manera furtiva o secreta, bajo el cobijo/ocultamiento de la oscuridad y la niebla. El decreto fue complementado por otros que especificaban cómo debían hacer desaparecer a personas sospechosas de resistir la ocupación nazi en Europa: sin dejar rastro de su paradero, ninguna pista, ningún atisbo de esperanza y sin proporcionar información alguna a sus parientes. El cadáver debía ser inhumado en el sitio de muerte y el lugar no sería dado a conocer. El objetivo era generar “un efecto aterrorizante ( abschreckende wirkung)”, eficaz y perdurable sobre los familiares y la población, que debería permanecer con la incertidumbre sobre el destino de los detenidos.

El propósito era paralizar a la población a través del terror. Los desaparecidos eran un medio; el objetivo principal era desarticular cualquier forma de resistencia y mantener a la población en una incertidumbre duradera. Un esquema necrofílico que se ha venido repitiendo en México a través de la simulación e instrumentación gubernamental de la búsqueda de los 43 desaparecidos, con el objetivo encubierto −pero hasta el presente no logrado− de aniquilar síquicamente a los familiares y compañeros de las víctimas y a la población en general, e inhibir cualquier oposición o resistencia a la colonización, ocupación y despojo del territorio que habitan.

La obsesión evaluadora, una nueva barbarie

Adolfo Gilly

Un gobierno que ha llevado al país al desastre que hoy vivimos, en medio de las tormentas mundiales que estaban previstas y no supo o no le convino prever, pretende ahora tenazmente implantar en el terreno educativo, semilla y raíz de esta nación desde antes de que su nombre fuera México, las normas bárbaras de la evaluación según criterios ajenos a la enseñanza y afines a las lógicas entrelazadas del dinero y el poder.

La tentativa de implantar en la enseñanza primaria el sistema de control denominado evaluación es en realidad un terreno de prueba amplio, tanto desde su dimensión cuantitativa como desde su profundidad en la vida social, para extender e imponer esta forma de control, regimentación, disciplinamiento y subordinación sobre los cuerpos y las mentes de mexicanas y mexicanos también en la función pública, en la empresa privada y en la educación superior.

Las campañas de prensa escrita, radial y televisiva contra los maestros que defienden sus derechos y la dignidad de su profesión sobrepasan los límites de la indecencia y la ignorancia. Sería estéril dejarse arrastrar a ese terreno de la vociferación, la calumnia y la amenaza moral y física directa que todos en México vivimos, excepto –tal vez– los muy ricos o los muy poderosos.

En este clima se gesta y se prepara una ofensiva de contenidos similares contra la educación superior, para normalizar sus programas de estudio e investigación, sus conductas, sus normas internas y sus autoridades.

De este tamaño es el desafío en el periodo escolar que ha dado inicio en estos días.

                                                           §

La evaluación universal según las normas y las costumbres del mundo de las finanzas ha sido ya denunciada y es resistida en forma organizada o espontánea en diversas naciones y sociedades, conforme a las experiencias anteriores de organización y vida social de cada una y de los mundos del trabajo y la cultura en cada caso.

Tan temprano como diciembre de 2008, surgió en Francia un grupo organizado, El llamado de los llamados ( L’Appel des Appels), que convocó a resistir esta ofensiva contra el trabajo humano. Así se definió:

Nosotros, profesionales de la salud, del trabajo social, de la educación, de la justicia, de la información y de la cultura, llamamos la atención de los poderes públicos y de la opinión sobre las desastrosas consecuencias sociales de las reformas implantadas apresuradamente en estos últimos tiempos […]

El poder deshace y recompone nuestros oficios y nuestras misiones exponiendo cada vez más a los profesionales y a los usuarios a las leyes naturales del mercado. Esta ideología se ha revelado catastrófica incluso en el mismo ambiente de negocios de donde provino.

Tres años después, en 2012, esta convocatoria había reunido ya 90 mil firmantes. Sobre esa sólida base, El llamado de los llamados lanzó entonces un nuevo documento con el título de Manifiesto-Política de los oficios, que ha circulado con amplitud en Francia y en otros países.*

                                                             §

El Manifiesto parece escrito para estos tiempos mexicanos. Reproduzco aquí algunos de sus pasajes más significativos:

Una nueva barbarie está ya entre nosotros, dentro de los muros de la ciudad. Por nueva barbarie entendemos la de los expertos, de los evaluadores, de los mánagers que implantan dispositivos de disciplina y de sujeción de todos los asalariados en la empresa privada y en el empleo público, en todos los oficios, aplicando sin distingos los mismos esquemas simplistas de control de todas las actividades, sociales o no, según y conforme las lógicas comercial y financiera.

La evaluación es una consigna; o mejor, es un grito de guerra, el grito de la sumisión de todos cuantos todavía no estaban suficientemente sometidos. La crisis financiera, lejos de detener la dinámica de los dispositivos de control de las existencias, la acelera. En nombre de los sacrificios que es preciso aceptar, la disciplinarización del trabajo se acentúa y acelera. […]

Los evaluadores, ante todo en el terreno de las altas finanzas, no tienen que rendir cuentas a nadie, sino que son ellos quienes las exigen a los demás. En este sentido la evaluación es una relación de poder: los evaluados son los gobernados, jamás los verdaderos gobernantes. […]

                                                               §

El documento expone con claridad la lógica implacable y los objetivos duros y verdaderos de estos métodos aplicados al trabajo intelectual:

Someter a los profesionales a la única ley de la rentabilidad medida en cifras, incluso si para ello es preciso inventar sustitutos de ganancias en aquellos campos donde la noción de ganancia no tiene sentido alguno (salud, educación, justicia, policía…), es tratar de construir una sociedad homogénea, que funcione en todas sus partes según una lógica única, la lógica de la cosificación generalizada. Es el trayecto más corto para hacer dinero, para convertir todo en dinero, para trasformar en dinero cada cosa. Es querer trasformar a los seres humanos en cosas mensuradas, cuantificadas, clasificadas, estandarizadas. Es convertir a la lógica del mercado en el único modo de pensar posible, la única manera en la cual pueden presentarse los seres humanos y sus actividades pueden aparecer y ser admitidas en el mundo. […]

Evaluar sin saber, haciendo funcionar procedimientos automáticos, es el ideal: un formalismo generalizado, automatizado, anónimo, ciego e ininterrumpido. La nueva administración funciona como una máquina social que impone al trabajo vivo someterse a sus imperativos, a sus ritmos, a su presión, con un nuevo agregado: esta maquinaria no se refiere solamente a la sumisión de los músculos y los nervios, el adiestramiento de los cuerpos por procesos mecánicos como en los tiempos de la taylorización, sino que ahora exige la sumisión de las almas a través de procesos de culpabilización. Someterse a la evaluación es someterse completamente, cuerpo y alma. Esto es lo esencial. […]

                                                              §

Las conclusiones del Manifiesto acerca de la perversidad intrínseca de esta política son también implacables: se propone dividir a todos los asalariados, introducir formas de competencia destructoras de la solidaridad en el trabajo y crear entre ellos situaciones competitivas similares o comparables con las que existen en la esfera estrictamente comercial:

Para que todo esto funcione, agrega el documento, es preciso que los sujetos acepten someterse a un sistema de evaluación que sea al mismo tiempo un sistema de comparación. Deben aceptar entrar en la comparación, en la separación entre excelentes y no-excelentes y, entonces, en el relegamiento o la eliminación de aquellos de los cuales hay que deshacerse.

“La evaluación –concluye– es un medio de descarte de los que se desvían de la norma, de los inconformes, enviados directamente ante el responsable de recursos humanos. La evaluación sirve para deshacerse socialmente de aquellos que, supuestamente, no cumplen con la norma, según un método que es preciso llamar eugenesia económica al servicio de la lógica del mercado.”

                                                              §

El Manifiesto convoca a discutir, idear y crear nuevas formas de organización del trabajo manual e intelectual contra esta nueva barbarie, conforme a la experiencia que en cada país, región y sociedad el trabajo manual e intelectual ha acumulado en el tiempo largo de su historia: “Solo, es difícil combatir en todos estos frentes, y han hecho cuanto han podido para que cada uno de nosotros se sienta solo en la masa anónima. La única respuesta es construir lo ‘colectivo’ y desarrollar todas las formas posible de resistencia a las normas cuando éstas pervierten las finalidades de los oficios y los trasforman en instrumentos de control social. […] A un sujeto colectivo, cualquiera éste pueda ser, corresponde la tarea de construir estas formas de resistencia”.

Asegurar la traducción, la impresión, la reproducción y la circulación de este Manifiesto por todos los medios posibles y disponibles, que no son pocos, puede ser un empeño necesario en apoyo de los maestros en resistencia y también de la ardua lucha de los padres y las madres de la Escuela Normal de Ayotzinapa por sus hijos normalistas y futuros maestros, desaparecidos en esta vorágine de barbarie, violencia y mentiras que el poder y el dinero nos imponen.

México, DF, 25 de agosto de 2015

* Politique des métiers – Manifeste, Paris, Éditions Mille et Une Nuits, 2011, 68 pp.

Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
15 Agosto 2015
P R E S E N T E

Presidente Peña Nieto:

Nosotros, periodistas, escritores, y artistas creativos de todo el mundo, con el apoyo de PEN y el Comité de Protección a los Periodistas, vemos con indignación los ataques contra los reporteros en México. Cuando se ataca a un periodista se atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera.

El 31 de julio fue asesinado en Ciudad de México el fotoreportero Rubén Espinosa, junto con una activista de derechos humanos, dos de sus compañeras de piso y la empleada doméstica del lugar. Este crimen ha sido un parteaguas. La Ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico. Pero ahora no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México.

Desde el año 2000 decenas de reporteros han sido víctimas de homicidio; se sabe de otros 20 que continúan desaparecidos. La abrumadora mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad. La CNDH apunta a evidencia que involucra a funcionarios públicos en varios de los ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las amenazas físicas extremas y generalizadas que padecen los reporteros llama la atención de las organizaciones encargadas de vigilar la libertad de expresión en el mundo, y de grupos como el Comité de Protección a los Periodistas y PEN, que abogan por los derechos de la prensa. Todos ellos han hecho campañas para acabar con lo que se ha llamado censura a tiros.

Rubén Espinosa, asesinado a sus 31 años de edad, laboraba como fotógrafo en el estado de Veracruz. Tras recibir varias amenazas graves, huyó a la Ciudad de México hace algunas semanas. Los reporteros de Veracruz que reciben amenazas están convencidos de que éstas provienen de funcionarios del gobierno del estado. Desde que el actual gobernador, Javier Duarte, llegó al poder en 2010, las amenazas, los maltratos, y los asesinatos de periodistas han alcanzado cifras sin precedente en Veracruz: catorce han muerto de manera atroz, y tres han desaparecido. En cada uno de los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas. Hasta ahora, 37 colegas de Rubén Espinosa han tenido que abandonar sus trabajos, sus hogares y sus familias, y desplazarse a la Ciudad de México tras recibir amenazas. Rubén Espinosa fue asesinado a las pocas semanas de su llegada a la capital.

Señor Presidente; no debe haber mas asesinatos: el homicidio de Espinosa, y de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Nadia Vera, y Mile Virginia Martín —las cuatro jóvenes que murieron con él— deben ser investigadas con integridad. Los verdaderos homicidas tienen que recibir juicio justo y con-dena pronta. En su país, señor Presidente, las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes: Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 89 por ciento de los asesinatos permanecen sin resolver. La Comisión ha denunciado que sus propias investigaciones son obstaculizadas por las autoridades. La negligencia judicial garantiza la impunidad.

Hoy el periodismo en todo el mundo vive bajo asedio: los reporteros mexicanos, en particular, viven en peligro mortal. Las organizaciones criminales, los funcionarios de gobierno corruptos, y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos son causa de la extrema vulnerabilidad de los reporteros.

Señor presidente, le urgimos a:

1.-Garantizar el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos contra Rubén Espinosa y la enorme cantidad de periodistas en México que han caído como él, y la investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que, en cada caso, se puedan haber visto involucrados.

2.- La revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo de su gobierno para garantizar la libertad de expresión en México.

Atentamente,

Mario Arriagada, Héctor Abad Faciolince, Rodrigo Abd, Jaime Abello, Vivian Abenshushan, Mariclaire Acosta, Chimamanda Ngozi Adichie, Sergio Aguayo, José Agustín, Francisco Alanís, Cristian Alarcón, Jesús Alberto Yajure, María Alesia Sosa, Andrew Alexander, Paola Alín, Esther Allen, Guilherme Alpendre, Vivien Altman, Sinar Alvarado, Nathalie Alvaray, Rosental Alves, Christiane Amanpour, Luigi Amara, Anita Anand, Jon Lee Anderson, Miguel Angel Nieto, Claudia Antunes, Kwame Anthony Appiah, former president of PEN American Center, Elizabeth Araujo, Gerardo Araujo, Betty Aridjis, Chloe Aridjis, Homero Aridjis, Rosemarie Armao, Alonso Arreola, Margaret Atwood, Paul Auster, Cecilia Ballesteros Guerra, Cecilia Balli, Patricia Barba Ávila, Caco Barcellos, Javier Bárcenas, Günter Bartsch, César Batiz, Dan Baum, Louis Begley, former president of PEN American Center, Ana Belen Santiago, Geney Beltrán Félix, Marcelo Beraba, Carl Bernstein, Luis Pablo Beauregard Alday, Marjorie Blomme, Ray Bonner, Steven Bodzin, Lisseth Boon, Lolita Bosch, Liz Bradley, Carlos Bravo Regidor, Tom Brokaw, Gloria Jay Browne-Marshall, Lydia Cacho, Verónica Calderón García, Rebeca Calle, Homero Campa, Fidel Cano, Pablo Caño Gallardo, Martín Caparrós, Mardonio Carballo, Laura Carlsen, Sonia Corona Sánchez, Ana María Carrano, Laura Castellanos, Ricardo Castro, César Castro Fagoaga, Jean-Philippe Ceppi, Michael Chabon, Vitaly Chelyshev, Ron Chernow, former president of PEN American Center, Susan Chira, Noam Chomsky, Paula Chouza Candeira, Sandra Cisneros, Ana Clavel, Jennifer Clement, John Coats, John Coetzee, Teju Cole, John Conroy, Martha Cooley, Sheila Coronel, Daniel Coronell, Ricardo Corredor, Molly Crabapple, Carjuan Cruz, Juan Cruz, Alfonso Cuarón, Manuel Martin Cuenca, Guillermo Cullell, Dave Cullen, Michael Cunningham, Carlos Dada, Sergio Dahbar, Staffan Dahllöf, Luke Dale-Harris, Helen Darbishire, Javier Darío Restrepo, Daniela Dávila Torres, Jacobo Dayana, Luca De Biase, Donna De Cesare, José de Córdoba, Pablo de Llano Neira, Anthony de Palma, José Roberto de Toledo, Siddhartha Deb, Melissa del Bosque, Matias del Rio, Guillermo del Toro, Claudia Delgado, Junot Díaz, Adriana Diaz Enciso, Christopher Dickey, Juan Diego Quesada Fernández, Stephen Doig, Andrew Donohue, Kate Doyle, Daniel Drepper, Denise Dresser, Borja Echevarría, Nelson Eduardo Bocaranda, Carlos Eduardo Huertas, Gastón Eligio Monge, Alvaro Enrigue, Octavio Enríquez, Louise Erdrich, Gerardo Esquivel, Joaquín Estefanía, Monica Fahmy, Tai Farounbi, Jules Feiffer, Héctor Feliciano, Airam Fernández, Patricio Fernández, Antonio Fernández Nayz, Carlos Fernando Chamorro, Stephen Ferry, Diego Fonseca, Juan Luis Font, Juan Forero, Altin Fortuzi, Hal Foster, Lorna Scott Fox, Marian Botsford Fraser, chair of Writers in Prison Committee, PEN International, Carlos Franz, Salvador Frausto, Maureen Freely, president of English PEN, Josh Friedman, Melva Frutos, Claudia Furiati Páez, Jan Gunnar Furuly, Neil Gaiman, Esther Garcia, Alicia García Bergua, Ana García Bergua, Gael García Bernal, Lourdes Garcia-Navarro, Javier Garza, Verónica Gerber Biecci, Graeme Gibson, Ricardo Ginés, Todd Gitlin, Jo Glanville, director of English PEN, Peter Godwin, former president of PEN American Center, Matt Goldberg, Francisco Goldman, Marina Gómez Robledo Ramos, Vanessa Gómez Quiroz, Enric Gonzalez, Mónica Gonzalez, Mónica González Islas, Camilo Gonzalez Posso, Gustavo Gorriti, Juan Gossain, Cheryl Gould, Témoris Grecko, John Green, Mona Grivi Norman, Evelyn Groenink, Rogelio Guedea, Carla Guefenbein, Leila Guerriero, Alma Guillermoprieto, Chus Gutierrez, Alejandra Gutiérrez Valdizán, Sebastián Hacher, Jessica Hagedorn, Nicky Hager, Pete Hamill, Daniel Handler, Adam Hannestad, Dorrit Harazim, Miles Harvey, Jens Egil Heftoy, Leonardo Heiblum, Aleksander Hemon, Amy Hempel, Julián Herbert, Yuri Herrera, Roberto Herrscher, Seymour Hersh, Adam Hochschild, Refik Hodzic, Pavla Holkova, Amanda Hopkinson, Mark Horvitz, Brant Houston, Ariana Huffington, Mark Lee Hunters, Siri Hustvedt, Steven Isenberg, Gabriela Jaúregui, Camilo Jiménez Estrada, Ha Jin, Gilbert Joseph, Laia Jufresa, Mario Jursich, Salmon Kalmanovitz, David Kaplan, Nitasha Kaul, Amitava Kaur, Porochista Khakpour, Kimberly Kleman, Minna Knus-Galán, Lucy Komisar, Gisela Kozak, Stefanie Kremser, Hari Kunzru, Rachel Kushner, Tony Kushner, Sandra La Fuente, Gumersindo Lafuente, Lucía Lagunes Huerta, Anne Lea Landsted, Isaac Lee, Joanne Leedom-Ackerman, Rafael Lemus, Juanita León, Jonathan Lethem, Karen Lewellen, Albinson Linares, Yelitza Linares, Elinor Lipman, Claudio Lomnitz, Carlos Lopez, Claudio Lopez, Roberto López Belloso, Mabel Lozano, Jorge Luis Sierra, Diego Luna, Helge Lunde, Gavin MacFadyen, Larissa MacFarquhar, Frida Maceira, Pamela Maffei McCarthy, Dale Maharidge, Gabriela Manulli, David Marcial Pérez Muñoz, David Maris, Megan Marshall, Eduard Martín-Borregón, Óscar Martínez, París Martínez, Jan Martínez Ahrens, Antonio Martínez Velázquez, Michael Massing, Ayana Mathis, Judith Matloff, D.T. Max, Patrick Mayoyo, Colum McCann, Colin McMahon, Jody McPhillips, Pablo Medina, María Gabriela Méndez, Claudia Méndez Arriaza, Maaza Mengiste, Geraldine Fabrikant Metz, Josh Meyer, Lorenzo Meyer, Alfredo Meza, Thomasina Miers, T. Christian Miller, Ken Mizokochi, Anne Modarressi, Adrian Mogos, Fernando Molica, Pablo Ortiz Monasterio, Tania Montalvo, Daniel Montero Bejerano, María Jesús Montes, Acianela Montes de Oca, Rick Moody, Marcelo Moreira, Gina Morelo, Ana Karina Moreno, Daniel Moreno, Dan Morrison, Eduardo Mosches, Maggie Mulvihill, Boris Muñoz, Azar Nafisi, Bertha Navarro, Fernanda Navarro, Enrique Naveda, Sonia Nazario, Guadalupe Nettel, Juan Noé Fernández Andrade, Suzanne Nossel, executive director of PEN American Center, José Luis Novoa, Adriana Núñez, Eulimar Núñez, Finbarr O’Reilly, Achy Obejas, Midori Ogasawara, Lise Olsen, Michael Ondaatje, Hector Ortega, Antonio Ortuño, Alfonso Ospina, Guillermo Osorno, Jardiel Palomec, Weng Paraan, José Luis Pardo Vieras, Catherine Parnell, Katherine Paterson, Bruno Patiño, Miranda Patrucic, Norman Pearlstein, Bibiana Peine, Máximo Peña, Amantha Perera, Gustavo Daniel Pescheta, Blanche Petrich, D.B.C Pierre, Michael Pietsch, Omar Pineda, Rafael Pineda, Erwin Potts, Luis Prados de la Escosura, Francine Prose, former president of PEN American Center, Sabrina Provenzani, Jordi Puntí, Guillermo Quijas-Corzo, Karem Racines, Paul Radu, Sergio Ramírez, Andrés Ramírez, Claudia Ramos, Dulce Ramos, Ricardo Raphael, Ahmed Rashid, Theresa Rebeck, Victoria Redel, Rossana Reguillo, Elena Reina Muñoz, David Remnick, Vania Reséndiz, Jacob Resneck, German Rey, Gustavo Reyes, Pilar Reyes, Rodrigo Rey Rosa, Angel Ricardo Gómez, Maite Rico Francia, Alan Riding, Jill Riepenhoff, Carmen Riera, Ronna Rísquez, Ariel Ritchin, Laura Robinson, Eduardo Rodriguez, Juan Ramón Rodríguez, Martín Rodríguez Pellecer, Larry Rohter, Nayeli Roldán, María Teresa Ronderos, Enrique Rondón Nieto, Espen Rosback, Eleanor Rose, Clovis Rossi, Sebastián Rotella, Sandra Mims Rowe, Antonio Rubio, Saúl Ruiz Mata, Emiliano Ruiz Parra, Alan Rusbridger, Norman Rush, Salman Rushdie, Douglas Rushkoff, Alberto Salcedo Ramos, Daniel Saldaña, Andres Sanchez, Omar Sánchez de Tagle, Alejandra Sánchez Inzunza, Nora Sanin, Inés Santaeulalia Fernández, Esmeralda Santiago, Daniel Santoro, José Luis Sanz, John Ralston Saul, president of PEN International, George Saunders, Said Sayrafiezadeh, Andrés Schafer, Elissa Schappell, Diana Schemo, David Schlesinger, Richard Sennett, Carlos Serrano, Shahid Sha, Bruce Shapiro, Craig Shaw, Owen Sheers, Erin Siegal McIntyre, Álvaro Sierra, Héctor Silva Ávalos, Joel Simon, executive director of Committee to Protect Journalists, Pablo Simonetti, Majo Siscar, Margo Smitt, Dava Sobel, Andrew Solomon, president of PEN American Center, Deborah Solomon, Paula Span, Art Spiegelman, Paul Steiger, María Stoopen, Asuncion Stoupignan, Jean Strouse, Rubén Suárez Ciria, Drew Sullivan, Damon Tabor, Irlanda Tambascio, Janne Teller, Mauricio Tenorio, Sanne Terlingen, Marleen Teugels, Adam Thirlwell, Serena Tinari, Colm Tóibín, Fred Tomaselli, Wibert Torre, Justin Torres, Laird Townsend, Marcelo Träsel, Salil Tripathi, John Trotter, Eileen Truax, Duy Linh Tu, Marcela Turati, Manuel Ureste, Pedro Vaca, Javier Valdez, Roberto Valencia, Mael Vallejo, Michael Vazquez, Rulo David Vázquez, Andres Velasco, Natalia Viana, Judith Vichniac, Juan Pablo Villalobos, Julio Villanueva Chang, Juan Villoro, Ayelet Waldman, Mike Walter, Jonathan Weiner, Tim Weiner, Jacob Weisberg, Margot Williams, Matthew Winkler, Tobias Wolff, Alejandra Xanic Von Bertrab, Karla Zabludovsky, Alejandro Zambra, Fabiola Zerpa, Blaz Zgaga, Margriet Zoethout.

Veracruz, estado de censura

Jenaro Villamil

 

MÉXICO, D.F. (apro).- La madrugada del 11 de octubre de 2002 explotó el boiler en el departamento del periodista veracruzano José Miranda Virgen, autor de la columna “Espejo de Poder”. El estallido le causó quemaduras en 98% ciento de su cuerpo. Vivía solo. Fue trasladado al Hospital ABC de la Ciudad de México, pero fueron inútiles los intentos por mantenerlo con vida. Murió a los cinco días.

Uno de sus últimos textos fue el involucramiento de personajes del entonces gobierno de Miguel Alemán Valdés con el crimen organizado. Aludió la vecindad del mandatario estatal con Jesús Albino Quintero Meraz, El Beto, entonces uno de los narcotraficantes más buscados.

La Asociación de Periodistas de Veracruz denunció que Miranda Virgen no murió por accidente, sino que fue víctima de un atentado. Pidieron la intervención de la PGR y de la CNDH. Representantes de Reporteros sin Fronteras (RSF) acudieron con el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, para solicitar su intervención en el caso. El gobierno foxista no se involucró.

La Procuraduría de Veracruz concluyó que la explosión “fue un accidente provocado por una fuga de gas”. No hubo investigación y el caso quedó cerrado. Sus archivos fueron sustraídos por agentes policiacos. En ese entonces, el jefe de la policía estatal era José Alejandro Montano Guzmán, amigo del entonces gobernador.

Trece años después, Montano Guzmán subió a la tribuna de la Comisión Permanente, el pasado 5 de agosto, para defender a su gobernador, Javier Duarte, de cualquier responsabilidad en el multihomicidio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Montano Guzmán, exjefe policiaco de Veracruz y señalado como uno de los personajes incómodos del priismo veracruzano que se sumó al peñismo, pidió “un voto de confianza” para la Procuraduría capitalina. Insistió que todo hacía pensar en el móvil del robo como causa del brutal atentado contra la vida de Rubén Espinosa, Nadia Vera –ambos desplazados internos por amenazas recibidas en Veracruz– y tres mujeres más.

Ese ha sido el estilo y el sello de la casa en casi todos los atentados y crímenes contra periodistas en Veracruz: desde la época de Miguel Alemán, incluyendo el sexenio criminógeno de Fidel Herrera y, sobre todo, durante la administración de Duarte de Ochoa (los tres priistas), la insistencia de los procuradores y jefes de la policía estatales de Veracruz ha sido menospreciar el ejercicio periodístico como la principal línea de investigación.

Con Duarte se dio un salto cualitativo: a la persecución a comunicadores se agregó la intimidación y acoso a activistas de derechos humanos, la criminalización a organizaciones y agrupaciones estudiantiles. Los crímenes de Rubén Espinosa y de Nadia Vera (fotoperiodista y activista de #YoSoy132, respectivamente) combinan a los dos sectores más criminalizados y perseguidos por su gobierno.

Algo de esto debe saber también su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien mantiene una estrategia férrea de control y de censura hacia todo lo relacionado con los excesos de sus agentes y las arbitrariedades cometidas.

No en balde los abogados de Nadia Vera Pérez, así como el diputado local del PT, Fidel Robles Guadarrama, han demandado que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no solamente llame a declarar a Javier Duarte sino también a su jefe de la policía, Bermúdez Zurita, y a su antecesor en el cargo, Sergio López Esquer.

“Hemos solicitado desde la coadyuvancia que se cite al exsecretario de Seguridad Pública (general López Esquer) y al actual secretario (Arturo Bermúdez Zurita) justo porque las denuncias públicas de Nadia y de Rubén señalan a elementos de Seguridad Pública, porque justo lo que nos interesa es profundizar en la actuación de estos elementos”, declararon los abogados David Peña y Karla Michelle.

La agrupación Periodistas de a Pie también ha señalado que desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se lleva un registro fotográfico de reporteros y activistas incómodos para el gobierno de Javier Duarte.

El mismo Rubén Espinosa había recibido información de que su denuncia interpuesta en 2013 por las amenazas recibidas no prosperó precisamente porque “desde la Secretaría de Seguridad Pública” la habían bloqueado. En ese momento, Bermúdez Zurita ya encabezaba la dependencia.

El estado de censura en Veracruz tiene nombres, apellidos y posibles responsables. El problema fundamental es que los encargados de investigar en esa entidad son jueces y parte del problema. Prácticamente todos los procuradores y jefes de la policía estatal de 2000 a la fecha han minimizado los crímenes, han entablado una campaña soterrada para criminalizar a los propios periodistas asesinados, vinculándolos con el narcotráfico, o bien, señalándolos como “revoltosos”.

Antes del homicidio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, excolaboradora de La Jornada y una de las periodistas más respetadas por su honestidad en una entidad donde las redes de corrupción y de cooptación son comunes, ya había una lista de 15 periodistas masacrados en Veracruz.

En abril de 2012 habían sido asesinados Jesús Miranda Virgen, Raúl Gibb Guerrero, Hugo Barragán Ortiz, Roberto Marco García, Alfonso Sánchez Guzmán, Raúl Martínez López, Luis Daniel Méndez Hernández, Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, alias Milo Vera, su hijo Misael y su esposa, así como Yolanda Ordaz de la Cruz, estos tres últimos del periódico Notiver.

En medio de la ola de indignación por el crimen de Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012, el 3 de mayo del mismo año fueron asesinados los fotógrafos Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez. Trabajaron en Notiver bajo las órdenes de Yolanda Ordaz de la Cruz. En menos de un año este periódico perdió a cinco trabajadores en forma violenta.

En todos los casos se “filtró” que la mayoría de los crímenes no fueron por el ejercicio periodístico sino por “venganzas” del crimen organizado.

Ahora, con el multihomicidio en la colonia Narvarte tratan de cerrar el caso desvinculándolo de la crisis de seguridad pública y persecución a informadores en Veracruz y remitirlo a un expediente de robo, cuyo móvil no aparece por ninguna parte.

El estado de censura ha llegado al Distrito Federal.

La responsabilidad del gobierno capitalino es revertir, al menos en el caso de la Narvarte, este guión persistente en el caso de las autoridades de Veracruz.

A menos que esperemos que otro boiler explote en la casa de algún periodista y nos digan: “Ustedes disculpen, fue un accidente”.