23.5.14

Protestar es un derecho, reprimir es un delito


Las organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, manifestamos nuestra preocupación al pueblo del estado de Chiapas; al Gobierno estatal, así como a las y los diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de Chiapas por la aprobación el pasado 15 de mayo, a iniciativa del Gobernador Manuel Velasco Coello, del Código que establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública, la cual criminaliza la protesta social y se perfila hacia un Estado represor.

El contexto de Chiapas, está marcado por noticias que dan cuenta de los efectos de la crisis económica, social y política que se vive. Reportes que aparecen de manera indistinta en medios de comunicación, redes sociales, revelan acontecimientos que expresan descontento de la sociedad con las políticas públicas, las decisiones y actuar de funcionarios públicos en complicidad con empresas privadas, instituciones de gobierno, cuerpos policíacos y militares; quienes regularmente están implicados en la ejecución unilateral de planes, políticas y reformas legales que afectan intereses comunes, deteriorando aún más la vigencia de un Estado democrático.

Le recordamos al Estado mexicano, y al gobierno y pueblo de Chiapas, que la protesta social surge cuando prevalece la impunidad, y no hay canales para resolver las inconformidades, o que estos canales se han agotado, son inoperantes o son ignorados por las instituciones federales, estatales o municipales que tienen que resolverlos, o cuando la violación a los derechos humanos es de gran magnitud que afectan a un gran numero de la población, como por ejemplo las llamadas reformas estructurales.

Con el Código aprobado, el gobierno de Chiapas, ve las protestas como un delito consumado o en vías de consumación, a las y los manifestantes como presuntos delincuentes y a su organización como enemiga y desestabilizadora de la paz social. El Código aprobado, saca de contexto los conflictos sociales y políticos, para llevar las protestas al campo judicial. Es leer el descontento social desde la óptica del código penal, y considerarla como una conducta delincuencial.

La criminalización de la protesta social se distingue por ser un mecanismo empleado por el Estado, no sólo para controlar sino para castigar expresiones de la ciudadanía en ejercicio y/o reivindicación de sus derechos.

Una de las características del gobierno de la República y del estado de Chiapas, es que la mayoría de las inconformidades sociales o políticas se llevan a la arena judicial. Se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de movimientos y protestas sociales, quienes entonces deben concentrar sus energías en defenderse de dichas acusaciones.

Así como las y los legisladores, crean leyes y delitos para controlar a la sociedad, hay omisiones importantes en materia legislativa en cuanto a la participación ciudadana. El actual modelo de Estado no permite a la ciudadanía, la participación directa en la toma de decisiones que afectan intereses colectivos.

Las organizaciones firmantes, le manifestamos al pueblo de Chiapas, al gobernador del estado, así como a las y los integrantes del Congreso Local que la protesta social es un derecho y también un instrumento legítimo para la exigibilidad de derechos. La protesta es la forma que tienen los movimientos sociales para ser tomados en cuenta, esperar respuestas y ejercer derechos.

Lamentamos que a pesar de las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, los congresos locales, como el de Chiapas, legislen en contra de derechos consagrados en ésta, así como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, y que estas acciones legislativas vulneren y pongan en entredicho inalienables derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de manifestación, así como el derecho de asociación, entre otros.

Recordamos también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha indicado que la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de la represión directa de los manifestantes o a través de la investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión.

Protestar es llevar la palabra y la acción a los lugares públicos: la calle, el parque, la carretera, un edificio público, una pared. La protesta es también un instrumento contra la impunidad y el olvido; fortalece la memoria colectiva de los pueblos y hacen contrapeso político al ejercicio del poder desmedido del Estado. Protestar es un Derecho, reprimir es un delito.

Atentamente:
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)
The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba)
Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A.C
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas A.C
Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Cordova y Ordoñez, AC (Fraymaco)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC (CEPAZDH)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC (DESMI)
Edupaz
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, AC (Colem)
Maderas del Pueblo del Sureste, AC (MPS)
Melel Xojobal, AC
Red de Mujeres Chiapanecas en contra de la Violencia
Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna (MER)
Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC A.C)
Servicios Para la Asesoría y la Paz (SERAPAZ)
SYJAC
Radio Votán
Radio Zapatista
Radio Pozol
Tejemedios
Hijxs de la Madre Tierra
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)

22.5.14

The North American Security Framework. Expanded Trilateral Defense Cooperation

By Dana Gabriel

 As an extension of the North American Leaders Summit which was held in February, the defense ministers from the U.S., Canada and Mexico quietly met last month to discuss continental security issues. During the conference, they addressed shared defense and security challenges. This includes threats posed by cyber attacks and transnational criminal organizations. The North American security relationship has evolved with Mexico being increasingly viewed as a valued part of the continental defense team. The U.S., Canada and Mexico are building the framework for greater cooperation on common security issues. They are expanding security arrangements and are further establishing new institutions at a continental level. The trilateral defense ministers meeting, which received very little media attention is part of the process of integrating military planning and coordination into a North American security perimeter.

 On April 24, Mexico’s Secretary of National Defense General Salvador Zepeda Cienfuegos and Naval Secretary Admiral Vidal Francisco Soberon Sanz hosted the Second Trilateral Meeting of North American Defense Ministers with their counterparts, U.S. Secretary of Defense Chuck Hagel and Canadian Defense Minister Robert Nicholson. A joint statement explained that,
“Threats to North America and the hemisphere are increasingly complex and require coordinated responses. Building upon the trilateral collaboration under the North American Leaders Summit process, we remain committed to enhancing our common understanding of those threats and developing effective and efficient approaches needed to address them.”
It went on to say, “With this foundation, our countries continue to work together to address the security and defense challenges that our continent faces. We acknowledge that transnational threats require transnational responses and are committed to furthering our collaboration.” The Inaugural Meeting of North American Defense Ministers was held in March 2012.

The ministers joint statement also identified specific areas where they seek to expand trilateral defense cooperation. This includes working together to strengthen hemispheric defense forums, developing an updated continental threat assessment, identifying opportunities to synchronize security on the southern border, as well as sharing information regarding cyber defense challenges. In his speech at the trilateral meeting, Secretary of Defense Chuck Hagel acknowledged that, “Cyber security is another threat, like transnational crime, that knows no borders.” With that in mind, he proposed that all three countries, “establish a cyber-working group to identify potential opportunities to work together to share best practices and lessons learned.” During their meetings, Secretary Hagel also noted that the defense ministers agreed that,
“combatting transnational crime at the strategic level is best addressed by the security group under the North American Leaders Summit.” Nevertheless, he emphasized that, “we need to ensure that coordination at the tactical and operational level continues.”
In his speech which focused on security issues facing North America, Secretary Hagel further elaborated on how the trilateral defense meeting is, “moving beyond the concept stage and is becoming a venue to develop new opportunities for deeper collaboration and new approaches to more effectively address shared threats and challenges. We have identified important areas where we can work together as equal partners. As we move forward, the discussions today will further strengthen the foundation for continued cooperation in meeting defense and security requirements for our three nations.” In order to continue their important trilateral dialogue, Secretary Hagel has offered to host the next defense ministerial in 2016.
Back in February, Canada and Mexico also announced plans to further strengthen defense relations. As part of the trilateral defense meeting, they officially signed the Declaration of Intent on Defense Cooperation. The agreement, “further solidifies defense relations between Canada and Mexico, and demonstrates commitment by both countries to continue cooperation in areas such as military training, support to civilian authorities, defense research, defense materiel cooperation, defense industry matters, as well as other areas of importance to defense and security.” Canadian Defense Minister Robert Nicholson described how, “The Trilateral Meeting of North American Defense Ministers has given us a valuable opportunity to further deepen our cooperation and collaboration towards our common goals of ensuring the security of our citizens, and our continent. Signing the Declaration of Intent on Defense Cooperation with Mexico is a demonstration of this cooperation and collaboration, and shows Canada’s commitment to deepening the defense component of Canada’s longstanding, friendly relations with Mexico.”
Increased U.S. interest in continental defense continues to have an impact on Canadian and Mexican security policy. Both countries are further adopting American security priorities, which raises concerns regarding sovereignty. Under the guise of stopping drug and illicit arms trafficking, the U.S. seeks to further extend its military and security apparatus into other regions. The trilateral defense ministers meeting is part of the ongoing efforts to establish a fully integrated continental security perimeter and represents another important step towards a North American Union.

Dana Gabriel is an activist and independent researcher. He writes about trade, globalization, sovereignty, security, as well as other issues. Contact: beyourownleader@hotmail.com. Visit his blog at Be Your Own Leader

20.5.14

Chiapas y Puebla, retrocesos

Julio Hernández López

En un pronunciamiento público, 18 personas, en su mayoría periodistas de Chiapas, aseguran que en la entidad gobernada por Manuel Velasco Coello se está aplicando censura a comentarios críticos en Twitter, lo que corresponde de facto a las pretensiones priístas anunciadas mediante la impugnada iniciativa peñista conocida como Ley Telecom.

Gabriela Coutiño, periodista sureña, comenzó a recibir comentarios de tuiteros que le preguntaban la razón de que no estuviese colocando asiduamente sus posicionamientos en el sitio de los 140 caracteres como tope. Eso sucedió después del 4 de abril, cuando ella había tuiteado que mientras el gobernador Manuel Velasco celebraba a todo lujo su fiesta de cumpleaños, en el municipio de Chilón fueron asesinados 4 indígenas y heridos 11.

Entonces, explicó Coutiño, “empecé a hacer pruebas y a monitorear mi cuenta. Vi que los comentarios críticos que vertía en donde ponía los hashtag #Chiapas y #EZLN, o la identificación @VelascoM_ y otros, no se publicaban, lo que evidenció que era un acto de censura”. Otros internautas reportaron restricciones similares, como Jesús Lazos, @jesuslazos, un usuario que en una ocasión tomó una foto al gobernador Manuel Velasco cuando indígenas del municipio de Oxchuc lo cargaban en andas, lo que generó muchas críticas en las redes sociales de Internet. Él explicó que no podía compartir información en su cuenta de Facebook en lo que se refiere a denuncias contra el gobierno.

Al indagar más, los afectados se enteraron de que Twitter mantiene un apartado sobre seguridad y policía, lo que permite a los gobiernos solicitar información de usuarios, pedir tu dirección de IP y leer tus mensajes privados, por lo consiguiente bloquear contenidos por varias razones a solicitud de las procuradurías de los estados. Los 18 pronunciantes aseguran que este acto de censura es parte de un contexto en el que se están criminalizando las acciones críticas. Como lo es la reciente aprobación del Código de Uso Legítimo de la Fuerza Pública, que criminaliza la protesta (http://bit.ly/1gIpCx0).

El citado código fue aprobado en Tuxtla Gutiérrez por 26 votos, frente a cuatro en contra y una abstención. A pesar de que la mayoría de las conductas susceptibles de uso legítimo de la fuerza ya están reguladas en otros preceptos penales, su reformulación específica en el contexto de las manifestaciones y protestas públicas pretende facilitar y legitimar las acciones policiacas inmediatas y contundentes, incluso mediante el uso de armas no letales para disolver concentraciones que la autoridad considere violentas y peligrosas.

De acuerdo con lo aprobado por el congreso chiapaneco, a iniciativa del gobernador Velasco Coello, las fuerzas de seguridad pública podrán usar la fuerza institucional en contra de manifestaciones o concentraciones públicas que recurran a las amenazas para intimidar a las autoridades u obligarlas a resolver en el sentido deseado por los violentos, al igual que si se incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana. Bastaría, pues, con la presencia y las consignas de infiltrados y provocadores para que una protesta ciudadana fuese discrecionalmente clasificada por las autoridades de violenta y, en consecuencia, se ordenara el uso legítimo de la fuerza pública.

Ayer, por cierto, hubo varios bloqueos carreteros en Chiapas. Uno, que anunciaron sería por tiempo indefinido, fue en la carretera transfronteriza, tramo Palenque-Benemérito de las Américas, por indígenas que exigen la liberación de uno de los asesores de los bienes comunales de la Comunidad Zona Lacandona, detenido el pasado 15 por su presunta participación en el secuestro de la ex secretaria federal de ecología Julia Carabias. Otra obstrucción fue en la vía que va de Tuxtla Gutiérrez a Villahermosa, en demanda de que salga de la cárcel el dirigente de la Organización Luz y Fuerza, al que acusaron de robar ganado.

Así como se generalizó la pretensión de regular las manifestaciones públicas, ahora se avanza en la formalización del uso legítimo de la fuerza pública para enfrentar con dureza esas expresiones de inconformidad. Luego de Chiapas vino Puebla, donde ayer fue aprobado incluso el disparo de armas de fuego en caso de emergencias, desastres naturales y… manifestaciones violentas. Priístas y panistas sumaron 35 votos en el congreso poblano, frente a cinco abstenciones de diputados pertenecientes al Verde Ecologista y el PRD (tal vez el sol azteca no se atrevió a votar en contra en función de su reciente alianza con el gobernador ex priísta y ahora panista Rafael Moreno Valle, presunto precandidato presidencial pluripartidista –P4–, cuyo secretario de gobierno, Luis Maldonado Venegas, antes priísta y convergente, se acaba de afiliar al PRD chucho).

Con la Ley Bala poblana, los policías podrán utilizar toletes, químicos irritantes, dispositivos eléctricos de control y pistolas noqueadoras ante manifestaciones violentas. Pero si, a juicio del agente en cuestión, existe riesgo para su vida, podrá valerse de armas de fuego, siempre y cuando considere que al accionar tales artefactos mortales puede prevenir una conducta ilícita y favorecer el principio de oportunidad. Antes de disparar, los policías deberán identificarse y exhortar al presunto agresor para que cese su conducta infractora, dándole tiempo para que recapacite, a menos de que la necesidad de la acción sea inmediata, pues de otra manera se pondría en riesgo a terceras personas y al propio agente policiaco.

...

18.5.14

Como dijimos, hay que desarrollar la industria: refinerías

Antonio Gershenson

El domingo pasado pusimos ejemplos de desarrollo masivo de hidroelectricidad, electricidad con el viento y geotermia. Hoy, las muy necesitadas refinerías. Ya hemos hablado de que deben ser de Pemex, e insistimos.

El pasado gobierno panista habló de refinerías a transnacionales. Las cámaras lo echaron abajo y acordaron que fueran de la nación. En los hechos, ese gobierno no hizo nada de nada. Se empieza a notar que el actual gobierno, aunque habló de refinerías de trasnacionales, se va notando que en los hechos va también a ninguna refinería; ya lleva más de un año y ni siquiera se anuncia una rifa entre trasnacionales. Como con los anteriores gobiernos, prefieren el negocio de importar a lo loco gasolina, es mejor negocio para los funcionarios.

Sin embargo, se acordó en el Congreso e incluso en el entonces nuevo gobierno, un presupuesto para una nueva refinería. Claro, fue puro cuento, se rifó entre varios estados y no se construyó ni nada. Ahora, hasta la fecha, ni siquiera, como dijimos, de rifa.

Un antecedente está como principio de antecedente del libro que plantea la enorme obra:
Petróleos Mexicanos deberá elaborar y enviar a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de julio de 2008, un estudio de viabilidad y prefactibilidad para determinar la necesidad de construir una nueva refinería para el sistema nacional de refinación del organismo subsidiario Pemex-Refinación.

Hay una parte del escrito muy importante, de la que nos vamos a ocupar. El estudio se aboca a las dimensiones que deben tener las instalaciones de destilación de crudo y el tren de refinación. El tamaño máximo lo determinan el diámetro de la torre de vacío que se pueda construir y transportar y en general capacidad de proceso.

Se plantea como posible capacidad hasta 300 mbd (miles de barriles diarios), que corresponde a un tren de refinación plenamente utilizado. Se compara esto que se observa que el mayor valor se genera cuando se incrementa la capacidad de proceso hasta 600 mbd, en dos trenes de refinación.

“Destaca que una tercera refinería de la misma escala ya no genera valor adicional, sino que lo destruye. Esto indica que no existe suficiente mercado para una tercera refinería en un periodo de 20 años.

Además, el tamaño del mercado incide en la determinación del tamaño óptimo de las instalaciones. En el caso de México, las condiciones monopólicas permiten hacer un análisis sobre el total de las ventas internas esperadas. En este sentido, se considera deseable un incremento eventual en la capacidad de refinación de 600 mbd en dos trenes de refinación.

Este estudio se refiere al primer tren, con capacidad de 300 mbd de crudo tipo Maya, ya que es el que aporta mayor valor presente neto (de casi mil 900 millones de dólares).

Una vez que se determine el tamaño y configuración del primer tren de refinación, pueden iniciarse los estudios para definir el segundo tren. De acuerdo con los análisis realizados hasta el momento, existen ventajas en el costo de suministro al localizar el segundo tren de refinación.

Como es sabido, el pasado gobierno ni siquiera supo, o por lo menos ignoró, la capacidad de refinación de 600 mbd. Ni siquiera a la hora de los hechos puso un centavo para los 300 mpd ni para nada. No hubo refinería, ni para el gobierno actual lo está habiendo.

¿Y la cantidad de gasolina disponible durante por lo menos el resto del sexenio?

Entre las nuevas leyes está la del artículo transitorio 16 de la iniciativa de ley de hidrocarburos, la cual dice que la gasolina tendrá aumentos similares a los actuales durante el resto del sexenio, similarmente a otros servicios públicos.

Ésta es una de las consecuencias de dejarnos sin refinerías nuevas: gasolinas cada vez más caras. Aunque los discursos oficiales sean cada vez más falsos.

Tal vez, en las últimas décadas, que haya no sea coincidencia entre los aumentos sucesivos mensuales de gasolina, y que no haya nuevas refinerías.

15.5.14

Mireles, el malo

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F. (apro).- Uno de los pilares que sostenía a los grupos de autodefensa ciudadana desde que nacieron el 24 de febrero de 2013 en la Tierra Caliente, Michoacán, era su autonomía del gobierno estatal y del federal. Esto daba legitimidad y credibilidad al movimiento, no obstante que el uso de las armas podría ser calificado como ilegal.

Por más de un año fueron considerados en muchas partes del país –con los mismos problemas de violencia e inseguridad– como la respuesta más legítima de una sociedad harta de los abusos del crimen organizado y sus cómplices en el gobierno, las fuerzas armadas y los policías que propiciaron un ambiente de desconfianza para cualquiera que se atrevía a denunciar.

En los meses que estuvieron operando sin el peso de los reflectores ni de las tentaciones del poder, el dinero y las posiciones políticas, las autodefensas hicieron lo que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no pudieron: arrebatar Michoacán de las manos de los Caballeros Templarios.

Con las armas en las manos los calentanos primero, y los costeños y purépechas después, avanzaron por regiones que estaban bajo el yugo de los Templarios. Les quitaron de sus dominios 24 municipios y lograron poner en cada uno de ellos grupos de autodefensas propios y hasta consejos ciudadanos que hacían las veces de alcaldes o cabildos.

José Manuel Mireles, un médico de Tepalcatepec con formación política alejada del PRI, concentró la atención de los medios por su discurso coherente y contestatario que chocaba con el oficial. Su figura alta, desgarbada y de tupido bigote, con sombrero, se hizo emblemática de las autodefensas que en el primer año mantuvieron su lejanía del gobierno federal.

Conforme pasó el tiempo el gobierno cooptó a varios de los representantes de las autodefensas que desde enero tomaron un papel protagónico en cada avance que tenían en los poblados que estaban bajo el control de los criminales Templarios.

El 4 de enero, Mireles sufrió un accidente aéreo y ante su ausencia el comisionado del gobierno federal, Alfredo Castillo, pidió que pusieran a otro representante de las autodefensas, y desde entonces trepó al escenario Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, un limonero de Buenavista Tomatlán.

Sin la presencia de liderazgo ni el discurso político independiente del gobierno, Estanislao Beltrán resultaba más cómodo que Mireles en los planes del gobierno federal de desaparecer a las autodefensas, que para entonces ya eran un icono para otros grupos inconformes con la incapacidad e ineptitud del gobierno para combatir al crimen organizado.

El 24 de febrero, a su regreso a Tepalcatapec, y luego de su convalecencia por el percance aéreo, Mireles recuperó las calles y entre sus pares autodefensas no sólo el papel de vocero, sino que fue nombrado coordinador general de las autodefensas ciudadanas. Con ese cargo el médico cirujano se convirtió en “la piedra en el zapato” del gobierno del priista Peña Nieto.

Durante semanas, Castillo se reunió con las autodefensas pero sin incluir a Mireles. Asistían Papá Pitufo, Alberto Gutiérrez, El Comandante Cinco; Nicolás Sierra, jefe de la banda de Los Viagras, y otros más, con quienes el comisionado tomó el acuerdo para el desarme y desmovilización de las autodefensas a partir del sábado 10 de mayo.

A principios de abril, Mireles protestó por su exclusión y después de una serie de movilizaciones en varios municipios de Tierra Caliente y pueblos purépechas fue invitado a las siguientes reuniones, donde era la única voz disidente a las intenciones del gobierno federal de desaparecer a las autodefensas. Además, denunció el enriquecimiento de algunos de sus compañeros y su vinculación con grupos del crimen organizado.

Para el gobierno peñista era cada vez más incómoda la presencia de Mireles y, antes de que llegara el día del desarme, se desplegó una estrategia para anularlo y desprestigiarlo, aprovechando las propias debilidades del jefe de las autodefensas.

Papá Pitufo y el Comandante Cinco, que varias veces sirvieron de mensajeros de Castillo, fueron los peones en la estrategia gubernamental: acusaron a Mireles de deficiencia mental, de aprovecharse del movimiento, de la muerte de cinco jóvenes en un enfrentamiento en Caleta de Campos y solo faltó que señalaran que también era Templario.

Lo traicionaron a pesar de haber sido compañeros de causa. El comisionado cerró la estrategia al decir que se investigaría a Mireles por la muerte de los jóvenes, así como de confirmar que ya no era más el interlocutor con las autodefensas.

Hoy el movimiento de autodefensas michoacanas dejo de existir en Tierra Caliente. Siguen operando algunas en la región de la Costa y zona purépecha, junto con las rondas y policías comunitarias. El gobierno mediatizó e inutilizó al movimiento convirtiéndolo en una fuerza rural bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, la misma que fue infiltrada por el crimen organizado.

Quizá el gobierno federal apueste a que con la anulación del liderazgo de Mireles podrá controlar el movimiento de autodefensas en Michoacán y lograr una pacificación en la entidad.

Sin embargo, no toma en cuenta que ya existen municipios, como Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Tingüindín y Cotija, que han rechazado la sumisión y por el contrario han expresado su apoyo al doctor de Tepalcatepec.

También han resaltado que persiste una intención de formar un movimiento nacional de autodefensas que pretende canalizar la expresión de inconformidad social en todo el país ante la incapacidad del gobierno federal de sofocar al crimen organizado.

La anulación del liderazgo de Mireles y la institucionalización de las autodefensas no acaba con el problema del crimen organizado en Michoacán, tampoco la detención de los líderes de los Templarios y el encarcelamiento de algunas autoridades, como el exgobernador interino Jesús Reyna.

Peor aún, los grupos que antes estaban en el estado, como el Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, han regresado y la estructura social que soportó por tantos años a los Templarios sigue intacta. Tal vez haya una pausa en la violencia, pero el problema a todas luces no ha sido resuelto.

11.5.14

La mafia “itamita” que controla al país

Jorge Carrasco Araizaga
 
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, descalificado por The Wall Street Journal porque “ha mostrado gradualmente una profunda desconfianza hacia los mercados”, tiene en cambio tal confianza en sí mismo que encabeza al grupo de economistas egresados del ITAM que se ha hecho del control del aparato económico del Estado. Además de dominar al menos cuatro secretarías, esa élite manda en Pemex, la CFE, la Cofece, la Consar, la Condusef, la CNB, Nafin, Banobras, el Infonavit… y es la que bajo el liderazgo de Videgaray elabora las propuestas de reformas de Peña Nieto.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El pasado 28 de abril The Wall Street Journal descalificó al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como un auténtico neoliberal. Lo acusó de manipular la conducción económica para favorecer sus intereses políticos. Nada más agraviante para el poderoso jefe del gabinete económico de Enrique Peña Nieto y los principios ortodoxos de su alma máter, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

La columnista e integrante del consejo editorial del influyente periódico, Mary Anastasia O’Grady, fue contundente: En sus 16 meses de gestión Videgaray Caso “ha mostrado gradualmente una profunda desconfianza hacia los mercados”, que puede amenazar el crecimiento económico prometido por su jefe. Puso como ejemplo la Ley Federal de Competencia Económica o ley antimonopolio, aprobada en marzo por la Cámara de Diputados y en abril por el Senado a iniciativa del gobierno federal.

“Una desregulación significa menos poder para los políticos, y ese no es el objetivo del ejercicio antimonopolio. Esta ley sólo podría venir de un gobierno convencido de su superioridad intelectual sobre el orden espontáneo”, escribió la también editora.

En su cuestionamiento, la analista identifica a Videgaray como el “líder del equipo de reformadores” de Peña Nieto. Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en efecto, encabeza al grupo de economistas egresados del ITAM que tiene el control del aparato económico del Estado mexicano.

Como no había ocurrido en los 30 años de dominio neoliberal, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, los ortodoxos del mercado egresados del tecnológico del sur del Distrito Federal no habían tenido tanto mando como el que ejerce Videgaray.

Con su escuela económica forjada en el ITAM y afianzada con posgrados, sobre todo en Estados Unidos, ellos tienen en sus manos la economía del país y mucho más.

Bajo su dominio e influencia están las secretarías de Hacienda, Energía, Comunicaciones y Transportes y Relaciones Exteriores, además de hallarse al frente de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, a las que están decididos a reducir, eso sí, como monopolios del Estado.


Dominan en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef).

Tienen bajo su control la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Nacional Financiera (Nafin), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

NÚCLEO INTELECTUAL

Gobiernan la Administración General de Aduanas y la Tesorería de la Federación; se encuentran incrustados en las secretarías de Desarrollo Social, del Trabajo y de Agricultura. Su influencia alcanza al Gobierno del Distrito Federal y al del Estado de México, y están al frente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado. También fuera del gobierno, como un ente autónomo, uno de sus profesores, Agustín Carstens, es gobernador del Banco de México.

Reprobado hasta ahora ante los ojos de la ortodoxia neoliberal estadounidense, Videgaray y su grupo surgieron del Departamento Académico de Economía que el propio ITAM define como uno de los "núcleos intelectuales" más dinámicos de México y uno de los de mayor influencia en la formación de pensamiento económico y en el diseño de la política económica del país, "gracias a la intensa participación de nuestra facultad y nuestros ex alumnos en... el gobierno".

A diferencia de sus antecesores priistas De la Madrid, Salinas y Zedillo, Peña Nieto carece de formación tecnócrata. No la obtuvo ni en México ni el extranjero. Pero se hizo de un vasto equipo de egresados del ITAM que lo mismo trabajaron para Zedillo que para los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Aunque el principio básico de estos economistas es la eliminación del Estado como agente económico, han sido y siguen siendo grandes beneficiados del dinero público. Sus sueldos oscilan entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales, más prestaciones y beneficios.

Su afán liberalizador les ha dejado grandes ganancias. Primero, forman parte de una élite burocrática dorada y, después, capitalizan en grandes empresas privadas nacionales y extranjeras los conocimientos adquiridos en el gobierno.

EL OMNIPRESENTE MIT

Los partidos o grupos políticos no importan. Son muchos los casos. Uno es el del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia que desde el gobierno de Salinas adquirió como identidad la "diplomacia económica". Su actual titular, José Antonio Meade Kuribreña, no tiene nada de diplomático. Su formación es de economista en el ITAM y en la Universidad de Yale, la misma donde estudió Zedillo, quien lo puso al frente de la Consar.

Aunque el ahora canciller estudió derecho en la UNAM, su incursión gubernamental ha sido en el área económica. Fue coordinador de asesores, subsecretario y secretario de Hacienda y de Energía de Calderón, así como director de Banca y Desarrollo de la SHCP y titular de Financiera Rural con Fox.

Coincidió como estudiante en el ITAM con Luis Videgaray, quien se licenció en economía en 1994 y cuatro años después obtuvo su doctorado en finanzas públicas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Con ellos estuvo Raúl Murrieta Cummings, actual subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Su gran mentor fue el secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella, uno de los primeros en hacer la ruta ITAM-MIT.

Otro de los maestros de los economistas en el poder fue Jesús Reyes Heroles González, secretario de Energía de Zedillo y director de Pemex con Calderón. Como secretario de Energía, Reyes Heroles fue presidente de los consejos de administración de Pemex y de la CFE.

SUPERA AL MAESTRO

Egresado igualmente del ITAM y del MIT, se desempeñó como embajador del gobierno de Zedillo en Washington y es ahora consejero de consultoras nacionales e internacionales, como EnergeA y el Energy Intelligence Group, además de ser promotor de proyectos de inversión en el sector energético en América Latina junto con la firma Morgan Stanley Private Equity.

Luis Videgaray, con Aspe como profesor y empleador en la empresa Protego Evercore, en la cual estaba a cargo del área de Finanzas Públicas y del financiamiento de la deuda del Estado de México, donde se vinculó con Peña Nieto, parece haber superado al maestro. Al menos en lo que hace al control del gabinete económico.

La SHCP está tomada por los economistas egresados del ITAM. En el despacho principal de la secretaría, en Palacio Nacional, rinden cuentas los tres subsecretarios de Videgaray: Fernando Aportela Rodríguez, de Hacienda y Crédito Público; Fernando Galindo Favela, de Egresos, y Miguel Messmacher Linartas, de Ingresos.

Aportela también trabajó para Aspe en Protego Evercore, y, como él y su actual jefe, después de egresar del ITAM se fue al MIT. Messmacher es un ejemplo más de que la lealtad política no importa. Entre 2007 y 2012 fue jefe de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, cargo en el que coincidió con el actual senador panista Ernesto Cordero, asimismo egresado del ITAM y primer secretario de Hacienda de Calderón.

En Hacienda no hay espacio para extraños. Todas las áreas importantes les pertenecen: la Unidad de Políticas de Ingresos no Tributarios, la de Evaluación de Desempeño, la de Crédito Público, la de Banca de Desarrollo, la de Planeación Hacendaria, la de Gobierno de Tecnologías de la Información, la de Política de Ingresos y la de Seguros, Pensiones y Seguridad Social.

NO DEJAN NADA

Lo mismo que la Oficialía Mayor y hasta la Unidad de Comunicación Social, a cargo de Pola Strauss Seidler, economista por el ITAM y maestra en relaciones internacionales por la Fletcher School of Law and Diplomacy, de la Universidad Tufts, de Estados Unidos. Con esas credenciales es la encargada de lidiar con la prensa en Hacienda desde 2011, cuando fue designada por José Antonio Meade. Strauss fue coordinadora de asesores en la Secretaría de Energía con Georgina Kessel, en el gobierno de Calderón.

Desde luego, asesores y secretarios particulares de Videgaray también salieron del ITAM. Los órganos desconcentrados e instituciones sectorizadas a Hacienda son una extensión de ese control.

En la Administración General de Aduanas figura Alejandro Chacón Domínguez, quien en el gobierno pasado fue coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT. En el sexenio de Salinas laboró como asesor de Luis Téllez, otro egresado del ITAM y del MIT, en la Subsecretaría de Agricultura. Durante la administración de Zedillo, Chacón siguió con Téllez en la Oficina de la Presidencia y en la Secretaría de Energía.

Al frente de la Consar, Videgaray colocó a Carlos Ramírez Fuentes; en la Tesorería de la Federación, a Irene Espinosa Cantellano, hermana de Patricia, la secretaria de Relaciones Exteriores de Calderón. En la CNBV, por la que en el sexenio pasado también pasó Luis Téllez, nombró a Jaime González Aguadé.

En calidad de titular de la Condusef incorporó a otro economista del ITAM, Mario di Costanzo, aunque desde el gobierno de Zedillo éste renegaba de la tecnocracia siendo asesor parlamentario del PRD. En la pasada legislatura federal coincidió con su actual jefe, aunque en bancadas distintas. Como diputado del PRD y hombre cercano al ex candidato presidencial de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, Di Costanzo confrontaba las posiciones del entonces diputado priista. El desdén del dirigente izquierdista lo llevó al encuentro con su compañero de escuela.

OTROS

ÁMBITOS

La banca de desarrollo tampoco podía dejar de hallarse reservada para los egresados del ITAM. Alfredo del Mazo Maza es el director de Banobras, licenciado en administración e hijo del ex gobernador del Estado de México y frustrado aspirante presidencial Alfredo del Mazo. En Bansefi manda Charbel Jorge Estefan Chidiac, quien como diputado federal del PRI entre 2006 y 2009 presidió la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. En Nafin, Videgaray ubicó al operador de las privatizaciones de Salinas, Jacques Rogozinski.

El director general del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural es Luis Alberto Ibarra Pardo, ex titular de la Comisión Federal de Competencia, que lo mismo ha trabajado con Zedillo en la Presidencia que con Fox en Hacienda. Durante la administración de Calderón regresó a Los Pinos.

Otro de los espacios de Videgaray es el Infonavit, del que funge como director general Alejandro Murat, egresado de derecho e hijo del ex gobernador de Oaxaca José Murat.

Desde el sexenio de Zedillo, quien emprendió la privatización energética del país, la Sener ha sido bastión de egresados del ITAM. Con Peña Nieto se rompió cualquier equilibrio en el interior del gabinete económico, y ahora las dependencias del sector paraestatal y las del sector central también quedaron en manos de economistas del ITAM.

8.5.14

Trasnacionales mineras: violencia y saqueo a cambio de “limosnas”


Érika Ramírez

Indígenas de la Sierra Norte de Puebla permanecen en “alerta” ante el posible regreso de la minera de origen chino JDC Minerals, que obtuvo la concesión de las autoridades mexicanas para la explotación de 100 hectáreas de su territorio; no así la aprobación de la comunidad nahua que en noviembre de 2012 logró expulsar a los empresarios. Ésta es una de las 392 concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en Puebla. La Auditoría Superior de la Federación documentó que en el sexenio de Calderón el pago por derechos mineros significó sólo el 2.2 por ciento de las ganancias de las trasnacionales. En tanto, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México indica que la recaudación impositiva, puesta en vigor en enero pasado, es insuficiente. La minería se ha convertido en un sector de saqueo, daños ambientales y división social, señalan defensores ambientalistas

Tlamanca, Zautla, Puebla. Les dieron 24 horas para salir; ése fue el ultimátum. La población de esta comunidad nahua había acordado que, una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, cerrarían caminos. Nadie, en lo absoluto, proveería de alimentos a los empresarios chinos que habían llegado 3 meses atrás para extraer el oro de la región.

El repudio se leía en pancartas, se escuchaba en los gritos que clamaban la expulsión de los mineros; en el rostro de miles de hombres y mujeres que marcharon por algunos kilómetros desde el centro de la comunidad de Tlamanca a la entrada de la empresa JDC Minerals, el 22 de noviembre de 2012.

“Nos reunimos unas 8 mil personas de las 32 comunidades del municipio”, recuerda Esteban González Hernández, habitante de esta localidad y uno de los impulsores a la oposición del proyecto minero.

Esteban, quien trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural como promotor en agricultura, relata a Contralínea que, en un principio, los empresarios se instalaron con cierto sigilo en la construcción de la vieja mina La Lupe, abandonada a mediados del siglo pasado. Los pobladores veían a ingenieros recoger muestras de tierra y rocas. Nadie informaba nada.

Poco a poco se fueron acercando a la autoridad local (actualmente destituida): Felipe García Martínez, juez de paz suplente. Intentaron convencerlo de que con su proyecto se traería progreso a la zona; caminos, agua potable, empleo y hasta un hospital.

La irrupción de JDC Minerals

Los representantes de JDC Minerals interrumpían las asambleas comunitarias para presentación de diapositivas, donde mostraban los “beneficios” y la inversión que traerían, así como el panorama de un proyecto extractivo responsable con el medio ambiente. Sólo algunos les creyeron.

La evidencia de que su propuesta tenía mucho de engaño fue la deforestación de uno de los cerros de Tlamanca. “Mucha gente empezó a decir: ‘no estamos nuevos, sabemos cuánto tarda un árbol en crecer y los árboles de nuestro cerro no los vas a tener en 1 año, van a ser fácil unos 20 o 25 años y ya no habrá agua’”, recuerda Esteban.

El proceso de expulsión duró 3 meses; inició el 27 de octubre de 2012 y culminó el 22 de noviembre tras decidirlo en varias asambleas comunitarias, donde los impulsores y autoridades exponían los efectos de la minería en el medio ambiente y la salud humana.

—¿Hay riesgo de que regrese la minera?

—Todavía. Sí, pensamos que va a regresar. Aunque está suspendido [el proyecto], no se tiene la seguridad porque la concesión está vigente para 50 años, apenas tiene 2 o 3 años que la han autorizado. Entonces, tanto tiempo de vigencia permite que en cualquier momento regrese.

Ricardo Abad Rojas, juez de paz adjunto de Tlamanca, recuerda: “Simbólicamente clausuramos a la empresa; ya habíamos escuchado toda su mentira. Les metimos presión porque se elaboró un acta en la que el pueblo pedía que se fueran. El documento especificaba que tenían 24 horas para abandonar el lugar.

“Se acerca con nosotros el encargado de personal de la mina y nos dice: ‘Señores, he visto que el asunto está muy feo; de forma personal voy a renunciar: yo me retiro, la empresa también me mintió como contratista, me dijo que ya contaba con los permisos de Sagarpa [Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación], Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente]’. No se había otorgado el uso de suelo”, relata Ricardo.

El hombre de oficio vidriero dice que no tiene estudios, como la mayoría de la población: “Ni la primaria concluida. Aprendí a leer y escribir en la escuela nocturna, cuando tenía 9 años y vivía en la Ciudad de México”.

Sin embargo, dice, “dentro de lo que alcanzo a comprender, sé que no quiero ver las cosas por un recurso inmediato, hay que ver el mañana no a cambio de dinero y sí de un buen patrimonio como lo es la tierra. No quiero que mis hijos tengan un Tlamanca muerto.

“Aquí la gente emigra porque el campo no da suficiente; aquí se cosecha frijol, maíz, durazno, manzanas. Soñamos con ser comerciantes de manzana y hay que cuidar la tierra”, comenta.

Los Indicadores sociodemográficos de la Secretaría de Desarrollo Social muestran que en 2010 se contabilizaron 10 mil 863 personas en este municipio, de las cuales, el 79.3 por ciento se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. El 28 por ciento de su población no tiene acceso a la educación, en tanto que el 53.1 por ciento no cuenta con ningún servicio de salud.

Las concesiones en Puebla

Mientras los pobladores de Tlamanca buscaban la expulsión de los mineros, en los archivos del Sistema de Administración Minera (Siam), de la Secretaría de Economía, se mantenía el registro de la concesión a la empresa asiática JDC Minerals bajo el título “216 mil 370, en una superficie de 100 hectáreas y para la explotación de oro, plata, cobre y zinc”.

Datos del Siam indican que Puebla tienen concesionadas 211 mil 576 hectáreas mediante 392 títulos. En estas comunidades la mayoría de la población es indígena, vive en un “alto” grado de marginación y se dedica a la producción agrícola. La llegada de las trasnacionales ha significado división y afrenta.

El Estudio de la minería en México. Un estudio comparado con Canadá –publicado en noviembre pasado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM)– revela que el 4 por ciento del territorio indígena nahua que se encuentra en San Luis Potosí, la Sierra Norte de Puebla y el Norte de Veracruz (con una superficie de 948 mil 680 hectáreas) ha sido concesionado a la industria minera, es decir, 38 mil 313 hectáreas.

“Siguen abiertas las venas de América Latina”, dice Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, quien comenta a Contralínea que uno de los puntos a favor que tienen los pueblos es que cada vez hay mayor participación y resistencia ante la llegada de las empresas mineras, el despojo y la contaminación que estas producen.

“La minería es el megaproyecto de mayor concesión de territorio; por ello hay que construir resistencias, pero también alternativas de vida distintas, alternativas locales que les permita sobrevivir [a las comunidades indígenas] y desarrollar proyectos productivos; con esto los empresarios no podrán engañar a las poblaciones ofreciendo progreso y desarrollo”, agrega el ambientalista.

Los focos rojos

La defensa de su medio ambiente y recursos naturales provoca división entre éstos y aquellos que creen que con la llegada de las corporaciones también vendrá “el desarrollo”, prometido en los discursos de las explotadoras de metales preciosos.

Por ello, municipios poblanos también figuran como focos rojos en el conflicto minero.
En abril de 2013, Contralínea documentó la existencia de 35 conflictos en todo el país por la presencia de corporaciones mineras, de acuerdo con datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y un análisis de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), entre ellos figuraba el provocado por la china JDC Minerals (edición 331).

OCMAL también registra en Puebla el conflicto en Tetela de Ocampo, donde la minera Frisco, del empresario Carlos Slim, ha ocasionado división y deterioro ambiental en esta comunidad. Este proyecto también fue denunciado en el marco del Encuentro de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, llevado a cabo el 15 de marzo pasado.

Con él, también se denunció la problemática que ha dejado la minería en los municipios poblanos de Ixtacamaxtitlán, Zacatlán, Libres, Cuetzalan, Zacapoaxtla, Olintla, Tlatlauquitepec, Teziutlán y Huauchinango. Así como a nivel nacional, en estados como Colima, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Guerrero y Guanajuato.

Defensa del territorio

Claudia Gómez Godoy, abogada ambientalista, explica que es importante ver que los pueblos indígenas en México son “una población grande”; se calcula que al menos 15.7 por millones de personas dice tener un origen indígena y un número similar son hablantes de lenguas indígenas.

“La mayoría de los pueblos indígenas viven en las regiones biogeográficas más importantes, donde está la mayor cantidad de riqueza forestal, captadora de agua; Se considera que alrededor del 35 por ciento del territorio nacional está concesionado y muchas de esas concesiones se asientan a lugares y territorios indígenas.

“Esa invasión de los territorios indígenas no la podemos separar de cómo viven los pueblos un proceso de discriminación, marginación, exclusión, etnocidio, trabajo forzado, negocio, pobreza, negación de los derechos; incluso se ha hablado de que en México existe un colonialismo interno: los pueblos indígenas son colonias dentro de su propio país y esa situación no ha cambiado”, comenta Gómez Godoy en entrevista.

La abogada ambientalista indica que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las herramientas de defensa de los territorios y las comunidades indígenas, ya que el Artículo 2 establece que México tiene una composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas. “Esto es importante porque nos está diciendo cómo debe ser la nación. Es una obligación jurídica fundamentada en el derecho; entonces, los actos de los jueces, autoridades o empresarios que pretenden imponer una mina deben estar con la visión de que antes de cualquier acto tiene que pensar que en el territorio, ahora concesionando, hay pueblos indígenas”.

En el texto, el artículo constitucional indica en sus primeros párrafos que “la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

“La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.”

Mineras dejan sólo el 2.2 por ciento

Resultado de la revisión a la última Cuenta Pública de la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que durante su gestión las mineras dejaron apenas el 2.2 por ciento de sus ganancias en México.

El informe muestra que del periodo 2007-2012 el valor de la producción minera ascendió a 693 mil 66 millones 900 mil pesos; de los cuales 15 mil 231 millones 435 mil 200 pesos ingresaron a las arcas nacionales por el concepto de pago de derechos sobre minería. Este monto representa apenas el 2.2 por ciento del total de utilidades generadas.

El desglose anual de los pagos permite observar un incremento mínimo durante el primer trienio.

Durante el primer año de la administración de Felipe Calderón Hinojosa las mineras obtuvieron ganancias por 113 mil 393 millones 100 mil pesos, de los cuales devengaron a la Federación 538 millones 382 mil 300 pesos. Esto significa apenas el 0.5 por ciento de sus beneficios.

La ASF muestra que, al segundo año, la participación de los derechos ascendió a 1.9 por ciento; luego de que las mineras obtuvieran una producción con valor de 109 mil 683 millones 100 mil pesos y contribuyeran con 2 mil 127 millones 362 mil 100 pesos.

El tercero, apenas subió tres décimas porcentuales, al tocar el 2.1 por ciento por la participación de derechos. Las empresas registraron montos por 106 mil 873 millones 300 mil pesos. Los pagos a la Federación fueron de 2 mil 275 millones 212 mil 800 pesos.

El máximo órgano de fiscalización del país indica que la minería es un eje fundamental de la sociedad, al aportar materias primas relevantes para el desarrollo económico e industrial de México. Constituye una actividad de interés público y corresponde al Estado protegerla y vigilarla para el cumplimiento de su función económico-social.

Un dato relevante en el reporte de la Auditoría es el de la generación de empleos, cuya meta no fue alcanzada al ciento por ciento. Documenta que en el periodo 2007-2012, la actividad minera generó 55 mil 121 nuevos empleos, que representaron el 84.2 por ciento de la meta sectorial de 65 mil 430 empleos acumulados.

Por este motivo, el máximo órgano de fiscalización del país emitió la recomendación 12-0-10100-07-0389-07-002 para que la Secretaría de Economía analice las causas por las cuales no se cumplió la meta del indicador establecido en el Programa Sectorial de Economía 2007-2012.

Grandes conflictos, paupérrimas ganancias

Cifras e informes oficiales también revelan que en comunidades donde hay conflictos sociales por la oposición a la minería, se ha saqueado la mayoría de su riqueza y dejado a sus comunidades mínimos porcentajes de las ganancias extractivas.

Tal es el caso de San José del Progreso, Oaxaca, donde se ha “luchado” por el cierre de la mina desde fines de 2011. Ahí fueron asesinados Bernardo Vásquez Sánchez (15 de marzo de 2012) y Bernardo Méndez (el 18 de enero del mismo año), opositores a la presencia de Fortuna Silver (Contralínea 327 ).

Ahí, la trasnacional canadiense dejó sólo el 0.2 por ciento anual de sus ganancias. Fortuna Silver Mine llegó a obtener una utilidad bruta anual de 2 mil 124 millones 636 mil 500 pesos en 2012; pagó 4 millones 252 mil 800 pesos, por derechos de actividad minera en México en ese mismo año. Así lo evidencia el Estudio de la minería en México. Un estudio comparado con Canadá.

Otro ejemplo del saqueo de las mineras es el de Agrico-Eagle, que obtuvo en 2012 la utilidad anual de 5 mil 716 millones 177 mil 109 pesos y dejó a la Federación 954 mil 240 pesos; es decir, el 0.01 por ciento de sus ganancias. Esta empresa se dedica a la extracción de oro y tiene concesionadas 56 hectáreas en Chihuahua, bajo el proyecto Pinos Altos.

Le sigue Timmins Gold Corp, con el proyecto denominado TMM Fracc 1, en Sonora, con 70 mil 986 hectáreas. Éste ha obtenido una utilidad anual bruta por la extracción de oro y plata de 2 mil 124 millones 636 mil 500 pesos; retribuyó por pago de derechos 4 millones 252 mil 800 pesos. Apenas dejó el 0.2 por ciento de sus ganancias al erario mexicano.

Francisco López Bárcenas, abogado, especialista en derecho indígena y asesor agrario, expone que con estos ejemplos “se ve claramente el despojo de bienes al que ha sido sometido el país. Lo que pagan por derechos de uso de los recursos minerales por la concesión misma es irrisorio: de 5 pesos a 112, ridículo.

“En el Informe de la Cuenta Pública 2011, la misma Auditoría recomendó que lo quitaran, porque era más lo que tardaban en recuperarlo que lo que obtenían, aunado a que el nuevo impuesto (de 7.5 por ciento) es realmente reducido”, comenta en entrevista López Bárcenas.

Impuesto irrisorio

En octubre de 2013, la reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo reconsideró recaudar impuestos sobre la minería, que hasta esa fecha no había ocurrido. Lo anterior, expone la CDPIM al considerar que los minerales y las sustancias del subsuelo son bienes no renovables de la naturaleza, por lo que “debe ser prioridad del Estado mexicano la optimización de los recursos minerales al considerar la importancia de que aquellos que se beneficien cubran un derecho que represente la justa retribución a favor del Estado y de las propias comunidades”.

Dentro de la reforma, también se modificó el cobro a los titulares de concesiones y asignaciones mineras que se encuentren inactivas. Éste consiste en el cobro del 50 por ciento de la cuota máxima del artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, la cual es de 129.24 pesos, lo que implica que el pago sería de 64.62 pesos. Éste se llevará a cabo cuando los concesionarios no realicen obras y trabajos de exploración y explotación comprobados durante 2 años continuos. La cuota se incrementará al ciento por ciento cuando la inactividad sea a partir del décimo segundo año y posteriores, a cubrirse en forma semestral.

También, se propone un derecho extraordinario sobre minería a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, que establece una tasa del 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, en tanto que se trata de minerales de una considerable extracción y cuyos procesos afectan considerablemente al entorno.

Para que el impuesto se utilice en los fines que ha sido creado, se ha conformado un Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros, conformado con el 50 por ciento de los recursos obtenidos por los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería.

Los recursos que se obtengan de ese pago de derechos se destinarán a un fondo, donde la distribución será de: 40 por ciento para el gobierno federal, 30 por ciento para las entidades federativas mineras y 30 por ciento para los municipios mineros.

Sin embargo, López Bárcenas expone que “en México se pueden pagar derechos por el uso de los recursos naturales o impuestos por la actividad que se realiza sobre ellos y las ganancias que se puedan obtener, pero en ninguno de los dos casos queda este 7.5 por ciento impuesto. No es claro. Literalmente, queda como una ayuda que dan las mineras a los municipios en donde se desarrolla esta actividad y está establecida la industria”.

El estudio de la CDPIM indica que la propuesta del Ejecutivo, avalada por las cámaras de Senadores y de Diputados, “representa un avance con respecto de la situación fiscal actual, donde el país funciona como paraíso fiscal para las mineras”.

Miguel Mijangos Leal, integrante de la Rema dice en entrevista: “Vemos varios problemas [con el impuesto del 7.5 por ciento]. Entre ellos, que no hay una contabilización seria por parte del gobierno mexicano; no es que no la tengan, pero siempre hay una lógica de acomodar los procesos lo más cómodo posible para las trasnacionales. Hay muchos vacíos en términos de transparencia, no tenemos cobertura. El impuesto es muy bajo; no representa nada para las ganancias de las empresas.”

7.5.14

Congreso de EU devela las sustancias químicas cancerígenas y contaminantes del fracking

Alfredo Jalife-Rahme

Todo el complejo industrial petrolero/gasero de Estados Unidos se ha volcado en una colosal promoción publicitaria sobre los supuestos efectos benéficos del fracking, susceptible de convertir a ese país en la nueva Arabia Saudita energética del siglo XXI.

La reciente publicación bimestral de Foreign Affairs (mayo/junio 2014), portavoz del muy influyente Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), adopta sin tapujos al polémico fracking como la nueva arma letal energética/geoestratégica de Estados Unidos.

La crítica al tóxico fracking –fracturación hidráulica para extraer grandes cantidades de shale gas (esquisto/lutitas/grisú/pizarra) con inyección masiva de agua y de sustancias químicas secretas– ha provenido primordialmente del sector científico (geólogos, sismólogos, químicos, etcétera), la cual ha quedado confinada al ámbito académico de sus insignes publicaciones, desde la revista Science hasta Proceedings of the National Academy of Sciences , que pecan por carecer de una adecuada difusión en los multimedia controlados por los plutocráticos intereses petroleros/gaseros de Estados Unidos.

La crítica al ominoso fracking ha abarcado la producción de sismos –que niega absurdamente la entreguista Comisión Nacional (sic) de Hidrocarburos del “México neoliberal itamita” controlado por Estados Unidos–, el agotamiento y la contaminación del agua (en medio de la peor sequía de Estados Unidos en los recientes 100 años) y la exacerbación del calentamiento global por la masiva emisión de metano.

Sólo falta(ba) la identificación de la secreta centena de sustancias químicas inyectadas con el agua.

Con un retardo de tres años permea desde la cúpula del Congreso de Estados Unidos el primer reporte sobre un inventario nacional de sustancias químicas usadas por las empresas del fracking.

El punto nodal del desconocimiento de la identidad de las misteriosas sustancias químicas del fracking fue elucidado por un reporte del Comité de Energía y Comercio del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El comité de marras coloca en la picota la “seguridad (¡supersic!) del fracking”, combinada con el secreto (¡supersic!) sobre las sustancias químicas usadas con los fluidos: “entre 2005 y 2009, las 14 principales empresas de fracking de Estados Unidos usaron más de 2 mil 500 productos que contenían 750 compuestos, de los cuales más de 650 contenían químicos conocidos como carcinógenos (¡supersic!) humanos o enlistados como peligrosos contaminantes de la atmósfera”.

¿Cómo ha de estar la ominosa situación ahora, cinco años después?

El comité fustiga que gran parte de las sustancias químicas pueden ocasionar un riesgo severo a la salud de los humanos o al medio ambiente.

Las trasnacionales petroleras/gaseras como Halliburton y Schlumberger usan productos del fracking que contienen 29 sustancias químicas con tres características: 1) son conocidas como carcinógenos humanos; 2) están reguladas bajo la Enmienda del Agua Potable Segura (SDWA, por sus siglas en inglés) debido a sus riesgos a la salud humana, y 3) están enlistadas como contaminantes de la atmósfera bajo la Enmienda del Aire Puro.

Resulta que en el referido lapso las empresas del fracking usaron 95 productos que contienen 13 diferentes carcinógenos, que incluyen naftaleno, benceno y acrilamida.

Las empresas usaron el mayor volumen de fluidos conteniendo uno o más carcinógenos en Texas, Colorado y Oklahoma.

Tanto Texas como Nuevo México son fronteras con el “México neoliberal itamita”, que ha adoptado al fracking sin miramientos a la salud pública de los ciudadanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora, ante la pusilanimidad de sus anodinos gobernadores, secuestrados por el presupuesto federal.

La amplia mayoría de las sustancias químicas supuestamente reguladas por SDWA fueron compuestos conocidos como BTEX: benceno, tolueno, xileno y etilbenceno.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer y la Agencia de Protección (sic) Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), el benceno es un carcinógeno humano, mientras que la exposición crónica (sic) al tolueno, etilbenceno o xilenos puede también dañar el sistema nervioso central, el hígado y los riñones. ¡Uf!

Las trasnacionales del fracking inyectaron más de 30 millones de galones de combustible diésel o fluidos de fracturación hidráulica que contienen combustible diésel en los yacimientos de 19 estados, cuando en su reporte de 2004 la EPA había sentenciado que “el uso de combustible diésel en los líquidos del fracking constituye la mayor (¡supersic!) amenaza a las fuentes subterráneas de agua potable”, ya que contiene constituyentes tóxicos que incluyen los componentes BTEX.

En el mismo lapso se usaron 595 productos conteniendo 24 diferentes contaminantes de la atmósfera, en los que resaltan el fluoruro de hidrógeno, el plomo y el metanol.

El fluoruro de hidrógeno es altamente corrosivo y es un veneno (sic) sistémico que puede llegar a ser fatal.

El plomo es un metal pesado particularmente dañino al desarrollo neurológico de los niños; además, puede ocasionar problemas de salud en los adultos, que incluyen problemas reproductivos, hipertensión y trastornos nerviosos.

El tóxico metanol es un contaminante de la atmósfera que “ha aparecido más frecuentemente en los productos del fracking”.

Una aberración radica en que “varios componentes químicos de los líquidos de fracking usados por las empresas” fueron listados como secretos comerciales o de propiedad.

Por cierto, el comité de marras solicitó a las trasnacionales del fracking la divulgación y transparencia de sus productos para informar sobre su propiedad/secreto comercial y salieron con una excusa pueril al “carecer de la información de la propiedad de los productos por haber sido comprados ‘fuera de los estantes’ de los proveedores”. Sin comentarios.

Los congresistas dedujeron que “parecía que las empresas del fracking inyectan líquidos que contienen sustancias químicas desconocidas (¡supersic!) de las cuales pudieran tener conocimiento limitado (¡supersic!) sobre los riesgos potenciales a la salud humana y al medio ambiente”. ¿Gozan de patente neoliberal de corso texano?

El perturbador reporte resulta paradójicamente didáctico para los aprendices de brujo, como el “México neoliberal itamita”, que desean experimentar el espejismo de la seudo revolución energética del siglo XXI fraguada por la polémica extracción del shale gas –a mi juicio, una vulgar burbuja financierista de Wall Street–, que atenta contra la biosfera: el espacio donde cohabitan todos los seres vivientes de la creación.

Hasta aquí cualquier país interesado en la salud pública de sus ciudadanos hubiera detenido el tóxico fracking, en espera de sopesar integralmente su costo-beneficio. En bioética, esta actitud prudente es avalada por el principio de precaución.

4.5.14

Latin America: Class Struggle from Above and Below

James Petras

To approach the role of class struggle in a dynamic mitreux we will focus exclusively on Latin America over the past two and a half decades 1990 – 2014, a period of significant changes in economic models, political regimes and class structure
“Class struggle is the motor-force of History”
Karl Marx
Introduction

One looks in vain among the writings of historians and social scientists for any systematic study of the role of class struggle in the determination of economic systems, class structures and state power.

Yet social classes are everpresent in each and every discussion of the distribution of income, the concentration of property, representation in the state and in establishing the lead actors in economic paradigms.

To move beyond ‘class analysis’ as simple points of reference in static structures and to see classes as changing, dynamic actors whose action shapes and reshapes the social, political and economic institutions through which they act and react, we have to turn from passive class analysis (seeing classes as the ‘recipients’ of economic goods, state decisions and social action) to classes-in-action, specifically class struggle. In the course of our analysis of class struggle, we will extend “class” to mean ‘social communities’, indigenous people, unemployed and informal workers.

Conceptualizing Class Struggle

A survey of major professional political, sociological and economic journals over the past half-century fails to turn up a single theoretically informed study of class struggle anywhere. Even the few publications which purport to study “revolution” marginalize or omit the central role that class struggle in its varied forms plays in the success or failure of popular upheavals.

To approach the role of class struggle in a dynamic mitreux we will focus exclusively on Latin America over the past two and a half decades 1990 – 2014, a period of significant changes in economic models, political regimes and class structure.

To properly address the centrality of class struggle (CS) it is important to clarify several misconceptions. CS is not merely a phenomenon of the working or peasant class. Among the most active, organized and combatative social class engaged in class struggle are bankers, manufacturers, plantation owners, commodity traders and other ‘owners of the means of production’. In Latin America, some of the more militant participants in the class struggle are ‘middle class’ public employees: teachers, health employees and municipal workers.

To clarify the polarity of classes engaged in class struggle, we refine it by distinguish between class struggle “from above” and class struggle “from below”. CS “from above” includes the principal owners’ of the major means of production, distribution and financing. CS “from below” includes both private and public employees, wage workers, peasants, unemployed and afro-indigenous people.

In other words while class struggle is the “motor force” of history, the direction and societal configurations are a result of which “classes-in-struggle” succeed imposing their class interests.

Moreover, we have to make a further distinction, especially central to the present period: class struggle ‘from above’ includes two important sub groups: domestic and foreign capitalists. So that we need to include Class struggle from above and the outside since US-EU-Japanese multi-national capitalists and the principal owners of the major means of production, distribution and financing. CS “from below” includes both private and public employees, wage workers, peasants, unemployed and afro-indigenous people.

In other words while class struggle is the ‘motor force” of history, the direction and societal configuration are a result of which “classes-in-struggle” succeed in imposing their class interests.

Our analysis of class struggle takes account of the complexity and dynamism of changing class actors, the intensity and changing context of class action, the ebbs and flows of class struggle and the shifts in the correlation of class forces.

We view the actions and composition of the regime and state as both a product or outcome of class struggle and as essential actor in determining the direction of class struggle.

Imperial Globalization and Class Struggle

In the era of imperial globalization, international class forces, political and economic, play a major role in the class struggle. In Latin America the US Canadian and European imperial states and multi-nationals and self-styled international financial institutions play a major role, especially in the “class struggle from above” by imposing economic paradigms (“neo-liberal economies”) and policing them via “structural adjustment policies”.

In opposition, the emergence of Latin American centered regional organizations like ALBA, PETRO Caribe, MERCOSUR, and serve as a counterweight to some aspects of imperial centered international organizations.

Key Dimensions to Measure Class Struggle

Analytically, class struggle takes place along various axes:

1. Intensity: the frequency and degrees of class based mobilizations and actions and their impact vary by time, duration and place.

High intensity class struggle from below would include insurrections, general strikes, large scale road blockages extensive land and/or building occupations.

High intensity class struggle from above would involve imperial invasions, military coups, employer lockouts, large scale hoarding, repeated sabotage of vital infrastructure, systematic disinvestment and prolonged austerity programs.

2. Scope of class struggle:

Class struggle from below or above can range from narrowly based economic sectors, (a single enterprise or trade union) in a limited regional area, over immediate demands through limited actions (time bound strikes) to broad based national collective actions of workers or employers engaging in economy wide demands backed by sustained action.

3. Targets of Class Struggle:

Targets of class struggle can vary from single employers or trade unions to the entire class, or the state. The objective may vary for workers the objections range from simply defending existing working conditions and wages, to reforming labor codes and improving welfare benefits, to transforming the social system. For capitalists the class struggle varies from resisting wage increases, to imposing structural adjustments which privatize public enterprise, reduce labor costs and facilitate firings (so-called “flexible labor”) to coups which overthrow populist, socialist and progressive regimes.

4. Methods of Struggle and Outcomes:

Radical means of struggle, including popular uprisings, coups, occupations and lockouts frequently but not always; lead to an escalation of demands: “class consciousness” is raised in the course of struggle and the political and social horizon is extended. However, in other circumstances, seemingly radical actions become ‘ritualized’ and lead to negotiated settlements involving incremented changes. In some cases radical political action is ‘co-opted’ by more moderate electoral politicians who after some radical initial promises adopt measures of co-habitation with existing elites. The idea of an “inner logic” to class struggle which moves inexorably toward large scale changes has been demonstrated to be false.

Class struggle does not move forward as a continuous ‘permanent’ process; it is contingent on a multiplicity of internal and external circumstances which include organizational and leadership capacity.

Evaluation of the Results and Perceptions of Class Struggle

Our study will focus on a specified frame and select group of country-experiences. This allows us to measure the degree of success and failures of the opposing classes engaged in class struggle. We can distinguish between total, partial and marginal success or failures based on the objectives set by the protagonists of the class struggle. We can specify several levels of achievements. These include organizational, policy and systemic achievements.

1. Strengthening of class organization, including quantitative increases, participants’ quality – efficacy – leadership and cohesion – unity of class in action.

2. Improvements in living and working condition (for workers); and vice versa for capital; improvements for maximizing profits, increasing market shares, easy access to credits and low interest loans, lowering labor costs.

3. Policy Changes Favorable welfare and regulated labor markets for wage and salaried workers and free market policies, deregulated capital and labor markets for capital.

4. Structural Changes:

States with extensive public ownership social welfare provisions, graduated progressive taxation for labor versus privatized economy, low and regressive taxation with budget allocations favoring large scale subsidies and tax incentives favoring agro-mineral exporters for capital.

5. Strategic Changes:

Development strategy based on food security, agrarian reform, redistribution of income, credit and loans for small producers and deepening diverse domestic and regional markets versus a strategy promoting agro-mineral exports, dependent on foreign investment and finance.

6. Systemic Changes:

A state representing the interests of labor as reflected in substantial equality of income, substantial public ownership of key economic sectors and high levels of worker representation in the state.

For a capital state which promotes private foreign and domestic capitalist concentration of ownership, deepens social inequality, limits social organization of labor, and is exclusively responsive to and represents capital in the design of economic strategy and budgeting and fiscal policy.

By examining the class struggle in the context of who gains and who loses in terms of the distribution of goods, services, legislation and organization we can develop operational hypothesis about how effective class struggle is for capital and labor in contemporary Latin America. And in the course of concluding, test out Marx’s idea that “class struggle is the motor force of history”.

Two Decades of Class Struggle in Latin America: Heterogeneity, Advances, Retreats and Dynamic Equilibriums Heterogeneity

Most of the most dynamic class struggles over the past two decades have taken place ‘outside of the factory workplace’. ‘While tens of thousands of landless rural workers in Brazil have occupied large estates, and Indian communities in Peru, Ecuador and Bolivia have fought pitched battles with big mining companies over contamination and dispossession of land and water resources, no comparable workers occupation of factories have taken place.

Between 1990 – 2005 advances in the class struggle from above have alternated with substantial gains for the protagonists of class struggle from below.

The period between 1990 – 2000 witnessed a major successful advance in the class struggle from above. In most Latin American countries – but not all – foreign and domestic capitalist classes directly and via their neo-liberal state, succeeded in transferring over 5,000 public enterprises into private banks, including most strategic resources.

The capitalist class’s shares of income shifted drastically in their favor … labor was in retreat, flexible, labor policies were adopted, strikes and protests were violently repressed. Structural adjustment policies were imposed via the IMF – World Bank and IDF – which facilitated foreign takeovers of national banks, telecommunications and other strategic sectors at bargain basement prices. Ruling class “neo-liberal” ideology promising free markets, free elections and prosperity held over the middle class and enabled them to win elections in Argentina, Bolivia, Peru, Brazil and Ecuador. Structural adjustment policies in Venezuela were imposed by blood and fire – the Perez regime massacred several thousand protesting unemployed and poor people.

The successful outcomes for local and foreign neo-liberal capitalist classes during the decade of the 1990’s led to a belief that this ‘model’ was the “end of history”, instead of the product of a particular moment in the economic cycle and a specific correlation of class forces.

This ruling class illusion would have profound consequences in the next decade following the crises of 2000 the breakdown and discrediting of the neo-liberal model and the upsurge of the class struggle from below. The overthrow and defeat of the neo-liberal regimes and the relative advance of the “popular forces” established in most cases a new post-neo-liberal configuration of regimes and changes in the correction of forces.

The imperial powers, especially the US, Canada and the EU refused to recognize and adapt to this new configuration.Instead they adopted policies and strategies to reverse this process and re-impose the 1990’s ‘neo-liberal model’. As a result of this ‘nostalgia for the nineties’ they suffered a series of defeats during the first decade of the 21st century in Venezuela, Bolivia, Ecuador and Argentina. The ruling classes only succeeded via a military coup in Honduras and a civilian putsch in Paraguay. However, by the latter part of the decade the capitalist class went on the offensive and regained ground in some countries.

The ascendancy of the class struggle from above in the 1990’s was not universal: in Colombia the armed class struggle of the FARC advanced from the countryside to the periphery of major cities. In Venezuela a military-civilian uprising in 1992 was followed by mass mobilization from below leading to an electoral victory for the popular classes in 1998 with the election of Hugo Chavez.

The economic breakdown and crises of the neo-liberal model at the end of the 1990’s, the gross pillage of the public treasuries, the rising rates of impoverishment,deepening social polarization and the massive rise of unemployment and informal ‘employment combined to ignite large scale social uprisings and mass movements. In a word the class struggle from below went on the offensive: through popular uprisings (Bolivia, Ecuador and Argentina), social mobilizations linked to elections (Brazil, Venezuela, Uruguay and Peru), the incumbent neo-liberal electoral regimes were toppled or replaced.

The class protagonists (the ‘leading forces’) in these struggles, however varied according to country. The political and social composition of those engaged in the class struggle from below differed significantly from the center-left political parties and leaders who benefited from the struggle. Moreover, the political-economic changes implemented by the “post neo-liberal” regimes differed markedly from the programs and demands that ignited the class struggle from below.

For example, in Bolivia the major popular social movements which led to the overthrow of the Sanchez de Losada and Mesa regimes were markedly different in composition and progmatically from the leadership of the Movement to Socialism (MAS) party- regime. Workers, the unemployed, informal workers, Indian and peasants spearheaded the uprising. But lower and upper middle class social liberals and technocrats designed and implemented economic policy.Mass demands for the nationalization of mines, radical agrarian reform and a class based ‘constituent assembly’ were replaced by the MAS leaders who promoted joint ventures with foreign capital, encouraged agro-business and organized a constituent assembly based on ‘territorial constituencies’. Similar economic divergences occurred in Argentina and Ecuador between the anti-neo-liberal regimes composed of middle class leaders and the popular classes. In summary, the political elites diluted the policy outcomes of the class struggle from below.

The retreat of the capitalist class, the displacement of the US backed neo-liberal regimes and their replacement by new pro-capitalist social liberal regimes with political and organizational ties to the popular class organizations, led to a relative equilibrium of class forces (labor and capital) in the cities and industries. Class Struggle from Below: The Transition from ‘Advance’ to Equilibrium: 2010 -2014

The period 2010-14 witnessed a decline in class struggle from below in several senses. The demands were narrow focused on wages and salaries and not ‘structural’ changes. The modes of struggle shifted to “tripartite” negotiations rather than mass action. The popular struggles were fragmented by sectorial interests (public-private, mining-industry, peasant-Indian) rather than unified by class interests. Neither labor nor capital were decisively defeated nor wholly victorious during the ascendancy of the center left regimes. Class struggles, extensive and intensive, persisted, but only for limited moments, in few countries, and circumscribed circumstances.

In Bolivia, the capitalist class and the US imperial state made an effort to destabilize the MAS regime by mobilizing the Santa Cruz elite. They were defeated by mass mobilizations and the military which remained loyal to the regime. Subsequently, the MAS regime negotiated an economic pact with the national and foreign capitalist class to promote ‘production, investment and growth’ on the one hand, and a social pact with labor union leaders (COB) to increase wages, especially the minimum wage and other incremental changes. For all intents and purposes, class struggle from above ended because the regime incorporated the program of the capitalist class as its own. The class struggle from below was confined to the economistic demands of public sector workers and social ecological struggles by a sector of the Indian-peasant communities-the Tipnis conflict.

Venezuela is the exception. Class struggle from above and below remained at the highest intensity. The capitalist class and its US imperial backers launched major assaults on state power. A military coup in April 2002, a lockout in December 2002 to February 2003; a referendum revoking the Presidency of Hugo Chavez in 2004. Sustained disinvestment in production and a sabotage campaign targeting infrastructure throughout the decade and a half (2000-2014),culminated with a violent terrorist campaign between February – May 2014. The “class struggle from below” based on an alliance between mass movements and the Chavez – Maduro governments, defeated and rolled back the capitalist assault on popular power and went on the offensive. From 2003 onward, the government backed by the popular classes, nationalized enterprises and partially redistributed oil rents from the overseas banks and capitalists to massive social expenditures. Thousands of community councils were organized to buttress the class struggle from below.

In Venezuela the intense class struggle reflected the deep social class polarization and political-social divisions. As a result the kind of regime-multinational capitalist pact which the MAS imposed in Bolivia was not possible. Venezuela’s practice of class politics contrasted sharply with the MAS’s double discourse: left rhetoric for the masses and long-term lucrative pacts with the capitalist class.

The Transition from Intense to Limited Class Struggle 2000 – 2014

The intensity and scope of the class struggle varied in the post-neo-liberal countries. During the ‘reformist phase’ of the regimes and the start of the commodity boom – roughly from 2000 to the first half of the decade, class struggle was intense, protracted and linked to major social advances. Subsequently between 2006 - 2010 capitalists were ensured protection from expropriation, granted subsides, export incentives and tax relief. Labor received jobs, wage and pension increases and access to cheap credit to finance consumer purchases.

By the start of the second decade, the decline of the commodity boom, the global economic crises, the growth of consumer indebtedness, and the decline of large scale foreign capital flows, the class struggle from above gained importance. The capitalist class pressed for greater support and incentives; labor strikes multiplied especially in the face of rising prices and lagging wages.

In the most recent period, 2013-2014, the class struggle from above has re-emerged as an influential determinent of regime policy. In Argentina, the Fernandez government has signed off on lucrative agreements with major agro-mineral companies; effectively devalued the peso favoring agro-business exporters; and turned toward greater concessions for foreign debt holders. The right turn of the regime, its embrace of the leading capitalist sectors, has provoked a general strike by one of the trade union confederation (headed by Moyano) and ‘road blockages’ by dissident leftist union activists. The Kirchner-Fernandez regime has come full circle: from accommodating the demands of the unemployed workers for public investments and wage increases in 2003-2006; to promoting tripartite social pacts between labor and capital between 2007-2011; to a right-turn as the commodity boom limits public resources and the capitalist class goes on the offensive.

In Bolivia, the MAS regime, came to power via mass mobilizations from below and rhetorically adopted a plurinational and nationalist agenda. However, by the beginning of the second term (2008) it pursued and implemented an open door policy to foreign agro-mining capital. Incremental wage and pension improvements and extensive cooptation of peasant and trade union leaders created a quasi-corporate state structure embellished by ethno-populist rhetoric. The class struggle from below was harnessed by the MAS to beat back coup attempts by the Santa Cruz elite in 2008-09. Subsequently the MAS moved to reconcile the elite via a political-economic pact based on mutual accommodation of the regime and capital.

From the end of 2010 to 2014, the MAS regime has embraced a ‘developmentalist strategy’ based on attracting extractive capital, orthodox fiscal policy and the accumulation of foreign reserves managed by multi-national bankers.

Paradoxically the class struggle from below has, over the past decade, led to regimes which are responding favorably to the demands of the foreign and domestic capitalist class. The Argentine and Bolivian experiences of the class struggle follow a trajectory whereby class struggle from below gains leverage over ‘center-left’ regimes for several years but then gives way to class accommodation and demobilization. This is followed by the revival of class struggle from above and the conversion of the ‘center-left’ regimes into patrons and promoters of capitalist interests via “developmentalist policies”.

From Social Change to ‘Production Pacts’: Class Struggle from Above 2014 - ?

Ecuador has embraced big oil and seeks World Bank loans to finance its agro-mineral growth model while harshly repressing the Indian movement (CONAIE) and dissident urban social movements. Even Venezuela, after passing through a decade and a half of expanded social spending and public ownership under President Chavez, has turned toward a “production pact” with capital under pressure from a violent capitalist class offensive which was launched in February 2014. The Venezuelan masses, via the “class struggle from below”, has responded to the capitalist offensive but is largely dependent on the Maduro government for leadership, the latter however has attempted to divide the opposition, repressing the violent sectors and offering concessions to “productive capitalists” and the electoral opposition.

Conclusion

Over the last quarter of a century, the class struggle has played a decisive role in the rise, consolidation and demise of contrasting economic paradigms.
Class struggle has shaped the class system; the levels of poverty and wealth; and the direction of public policy,especially the relation between public and private ownership of the means of production.

The advance of the class struggle from above in the 1990’s led to the imposition of the neo-liberal model; the massive shift from public to private ownership; the concentration of wealth and an increase of poverty, unemployment and informality.

The first decade of the 21st century witnessed the advance of the class struggle from below. This led to the overthrow or electoral defeat of neo-liberal regimes; increases of public investments in social programs; a steady rise of wages and salaries and the reduction of poverty; the organization of new class- community based ethno-ecology movements; and the selective renationalization of enterprises.

However, class struggle from below, lacking independent political leadership relied on center-left electoral politicians who ‘leaned’ in their direction when class pressure was strongest and turned to the capitalist class when the correlation of forces shifted.The class struggle from below advanced furthest in Venezuela in terms of socio-economic changes. However, in no country did it lead to the transformation of the capitalist economy and state.

The class struggle brought to the fore new and old protagonists on both sides of the class divide. Unlike earlier periods, the industrial working class played a subsidiary role, even in the more advanced industrial economies like Argentina and Brazil. The major protagonists of class struggle from below were a complex of urban and rural social forces situated in different socio-economic locations.

Despite the shifting configurations of power between capital and labor, neither has suffered a ‘historic’ victory or defeat over the past quarter century as happened in the previous decades. For example the revolution in Cuba in 1959 was a decisive victory for the class struggle from below that changed the social system, state and economy for a historical epoch. The military coups in Chile (1973), Brazil (1964) and Argentina (1976) smashed working class institutions, organizations and imposed the neo-liberal economic model for over 30 years.

The ‘historic defeats’ had a profound impact, even today, in shaping the class struggle. The powerful role of workers’ organizations in occupying factories, self-managing enterprises, convoking general strikes has diminished. However, that has not meant “the end of class struggle”. New dynamic classes have stepped forward and are leading the struggle.

In Brazil, million person demonstrations have marched and blocked streets, demanding that the “center-left” Workers Party regime attend to basic social services, public transportation and other essential needs. The urban mass struggles demand nothing less than a fundamentalist shift in budget priorities and allocations away from corporate subsidies and sports extravagances to public needs.

In Chile mass struggles have been led by secondary and university students demanding quality free public education financed by progressive taxes on the corporate elite; slum dwellers demand an end to the worst social inequalities in the region.

In Argentina, entire communities adjoining agro-mineral mega-corporations have engaged in class warfare resisting toxic chemical farming by Monsanto, toxic mining by Barrack Gold. Urban trade unions have engaged in class resistance to the center-left regimes policies imposing the costs of anti-inflationary policies on labor.

In Colombia, Peru, Ecuador and Bolivia mass resistance is based on rural communities, predominantly Indian, which challenge the state-agro-mineral alliances which are dispossessing them of land, water and clean air. They are demanding state aid for local productive activity. The traditional labor organizations which formerly were in the forefront of class struggle have become, at best, the rearguard of these mass struggles.

The most significant ‘labor presence’ in the class struggle occurred in Argentina between 2002 – 2006 when hundreds of thousands of unemployed workers organized ‘piqueteros’ (roving pickets) and blocked major road arteries, seized work sites and posed, temporarily, an alternative bases for political power.

The new protagonists of class struggle from below represent the principle source of resistance to the current capitalist class offensive from above. They are in search of allies in the cities, new political instruments, national co-ordinating structures and a strategy for power.

What is clear is that the previous alignment of class struggle movements with reluctant center-left regime allies, has exhausted its progressive possibilities. The center-left has embraced the agro-mining developmentalist model based on the dispossession of peasants, Indians and small producers. The center-left regimes, from being reluctant allies of labor, have become accomplices of the new capitalist class offensive from above. This political shift, however, has not detained the class struggle from below nor lessened the underlying socio-economic and political conditions motivating the exploited, dispossessed and oppressed classes from organizing and struggling for social and political liberation.