Se pactó con EU la privatización de Pemex

Miguel Ángel Ferrer

En la empresa estatal Petróleos Mexicanos marchan aceleradamente los trabajos administrativos para echar a la calle a diez mil trabajadores, entre sindicalizados y de confianza. A partir del presente mes de noviembre se pondrá en marcha el proceso administrativo denominado oficialmente “Reestructuración de Pemex” que contempla el cese de la relación laboral entre la empresa y esos diez mil jefes de familia.

La mismo aconteció hace dos décadas con el conjunto de empresas nacionales de la industria del acero. Fueron echados a la calle varios miles de trabajadores que laboraban, entre otras empresas estatales, en Sidermex y Altos Hornos de México.

Como hace 20 años en la industria siderúrgica y ahora en la petrolera, el propósito final de ese eufemísticamente llamado “ajuste laboral” o reestructuración de las empresas es la entrega de esas riquezas nacionales a manos privadas nacionales y extranjeras. Se buscaba y se busca obviamente “sanear” las finanzas de esas dos corporaciones para entregarlas “sin gravámenes laborales” a los nuevos dueños.

En el caso de Pemex, a los iniciales diez mil trabajadores despedidos sin duda se sumarán otros tantos o muchos más. Y así, sin “excesivas” cargas laborales, los nuevos dueños podrán explotar la riqueza petrolera mexicana y elevar sustantivamente sus ganancias.

La decisión de mandar al desempleo a esos iniciales diez mil jefes de familia, desde luego, se mantiene en secreto en la empresa. Los altos mandos de Pemex mantienen en la opacidad la criminal determinación. Pero aun así, mediante las inevitables filtraciones de arriba hacia abajo, se ha logrado conocer hasta los nombres de los que resultarán despedidos a partir de este mes de noviembre.

También desde luego, la inmensa mayoría de los trabajadores de la empresa se resisten a creer que la tal reestructuración implicará esos miles y miles de despedidos, lo que quiere decir que muchas de las próximas víctimas de la guillotina laboral se han tragado la versión oficial de que Pemex no se venderá, que Pemex no se privatizará. Y suponen, en consecuencia, que los despidos implícitos en la reestructuración serán solamente de unos cuantos centenares. “Ojalá a mí no me toque”, se dicen a sí mismos muchos de los nuevos desempleados, guardando la infundada esperanza de salvarse de la guillotina.

Pero oculta o medio oculta, la decisión de echar a la calle a esos miles de trabajadores y la determinación de vender Pemex está tomada. Hay, sin embargo, un problema. Privatizar Pemex implicará que el Estado pierda los cuantiosos recursos dinerarios que aporta la empresa al fisco y que sirven para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, el gasto del gobierno.

Por eso, al tiempo que se prepara la venta de Pemex, el régimen de Peña Nieto anda buscando suplir los ingresos que perderá con la irracional y antipatriótica decisión de privatizar la renta petrolera. Y la única manera de resarcir esa pérdida es el aumento de los impuestos.

Y es tal la desesperación por allegarse nuevos recursos, que el gobierno peñista no ha vacilado en malquistarse con casi todos los sectores de la población: empresarios, trabajadores, comerciantes, habitantes de las zonas fronterizas, rentistas. ¡Qué absurdo! Si ya tiene el gobierno en la bolsa el dinero que aporta Pemex, para qué perderlo y andar lastimando innecesariamente a cien millones de mexicanos por la vía de la exacción tributaria.

La única explicación para esa irracional conducta económica ya la ha dado el líder de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador: se pactó con Washington la privatización de Pemex, y ahora hay que cumplir el compromiso o atenerse al enojo y a las represalias del imperio.