Feudalización de los energéticos de México: hermenéutica de una privatización encubierta

Alfredo Jalife-Rahme

Cualquier debate civilizado sobre el destino de los energéticos en México debe compartir un común léxico universal.

El caos deliberado del lenguaje forma parte de la confusión conceptual que favorece la privatización encubierta en beneficio de las trasnacionales anglosajonas.

Los dinosaurios de México, su sector político más atrasado que anhela la privatización encubierta, ignoran la semántica del término moderno que usan en forma desregulada y cuyo significado real es: Que ha sucedido recientemente (Real Academia Española: RAE) y Que pertenece a los tiempos presentes y recientes ( The Oxford University Diccionary).

¿Qué ha sucedido recientemente? Pues que las tendencias de la corriente histórica en la década de 2000 es la restatización/renacionalización; no la privatización, según Carola Hoyos, del mismo The Financial Times (12/3/07).

Así que la privatización encubierta del Pacto por México es antimoderna y retrocede a México a etapas porfirianas con las sucesoras de las mismas trasnacionales liquidadas y, peor, a la feudalización medieval del control financierista por las empresas anglosajonas tanto en las aguas profundas del Golfo de México y en las transfronteras como en la explotación telúrica del gas esquisto ( shale gas); ver Bajo la Lupa, 19 y 26/12/12;10 y 13/2/13; 17/3/13 y 10/4/13).

La doble derrota militar de EU, la otrora superpotencia unipolar, en Afganistán e Irak trastocó la geopolítica energética: hoy las nuevas siete hermanas petroleras/gaseras son estatales y han desbancado a las añejas siete hermanas anglosajonas.

La máxima joya geoestratégica del planeta, los hidrocarburos, no se mueven en reductos cerrados: forman parte sustancial e intrínseca del incipiente nuevo orden multipolar que gestó el advenimiento de las nuevas siete hermanas estatales: Aramco (Arabia Saudita), Gazprom (Rusia), NIOC (Irán), Pdvsa (Venezuela), Petrobras (Brasil), CNPC (China) y Petronas (Malasia), sin contar las relevantes estatales INOC (Irak) e Indian Oil, además de Statoil (67 por ciento propiedad de gobierno noruego).

Hoy los hidrocarburos no son lo mismo que en la etapa geopolítica bipolar ni la etapa unipolar cuando dominaron las añejas siete hermanas anglosajonas.

Carola Hoyos compara petróleo, gas y finanzas de las nuevas siete hermanas estatales con las añejas siete hermanas trasnacionales anglosajonas (condensadas en dos estadunidenses Exxon Mobil y Chevron, y dos británicas BP y Shell, ésta con participación holandesa).

Hasta 2005, cuya tendencia se ha acentuado considerablemente ocho años más tarde, tanto las reservas como la producción del petróleo y el gas las controlan apabullantemente las siete nuevas hermanas estatales en detrimento del grave decaimiento de las añejas siete anglosajonas.

Como es de esperarse, las finanzas siguen siendo el reino de las trasnacionales anglosajonas debido a su control de los megabancos de inversiones (que forman parte de su consejo de administración en forma bidireccional) como de la alquimia del mercado de los derivados financieros en las dos mayores plazas financieras del planeta: Wall Street y la City.

Las trasnacionales anglosajonas aplastan literalmente a las nuevas siete hermanas estatales gracias a su alquimia financierista debido a dos factores nodales: 1) el orden financierista global de la dupla anglosajona EU/Gran Bretaña (GB) y su paraguas nuclear, y 2) el dominio artificial de los megabancos anglosajones mediante la desregulada globalización y sus ominosos derivados financieros: armas financieras de destrucción masiva (Warren Buffett dixit).

Se recomiendan dos libros para elucidar los alcances de la geopolítica del petróleo, la mayor joya geoestratégica del planeta: Las siete hermanas: las magnas trasnacionales del petróleo y el mundo que configuraron (Ed. Viking Press, Nueva York, 1975), del británico Anthony Sampson, y Un siglo de guerra: la política petrolera anglo-estadunidense y el nuevo orden mundial, del geopolitólogo alemán William Engdahl (ed. Pluto Press, London, 1992).

Fue Peña quien acudió a las oficinas del Financial Times ( FT), y no al revés, con un nutrido séquito de funcionarios encabezados por Videgaray, donde promete la reforma transformacional (¡supersic!) de Pemex ( FT, 17/6/13).

FT, portavoz de la desregulada globalización financierista, informa que Peña se comprometió (sic) con una reforma que transforme Pemex para atraer miles de millones de dólares en inversión extranjera (¡supersic!).

FT expone una serie de frases de Peña: liberalización de Pemex acordada en el Pacto por México; propuesta más detallada (sic) se entregará en dos o tres meses; existen diferentes opciones y será transformativa (sic). Todas adornan la histórica frase clave: la reforma energética incluirá cambios constitucionales (¡supersic!) necesarios para dar certeza jurídica a los inversionistas privados.

Según FT, ExxonMobil y Royal Dutch Shell están dispuestos a invertir (sic), si el Congreso aprueba la propuesta: Liberalizar (sic) Pemex y posiblemente (sic) permitir reparto de ganancias (¡supersic!) con las trasnacionales.

Definición de transformar: hacer cambiar de forma a una cosa (RAE), y según el Oxford Universal Dictionary: cambiar de forma; metamorfosis; cambiar en características y condiciones. Ergo, si entendemos la hermenéutica de Peña y la mayéutica del FT (privatización de las aguas profundas/transfronteras/ shale gas) por las trasnacionales anglosajonas: Pemex será cambiada a otra cosa y sufrirá una metamorfosis en tierra firme, aguas someras y en la profundidad de los mares.

Por lo visto Peña es candil de la calle (privatización en GB y Wall Street) y oscuridad en la casa: caos semántico cuando privatizar no es privatizar, salpicado de desmentidos aberrantes. Peña ostenta un doble discurso esquizofrénico que ha generado inmensas expectativas en la anglósfera, mientras confunde a la opinión pública de su país (http://www.youtube.com/watch?v=AIKFT2H2kcA).

De regreso al hogar, donde sus declaraciones provocaron turbulencias, Peña desmiente la privatización de los energéticos con una acrobacia sofista: ampliar (sic) Pemex no implica que se vaya a privatizar ( La Jornada, 20/6/13).

Hasta hoy Peña no ha desmentido directamente sus asertos al FT que refutó en México.

Más allá de los juicios perentorios y los malabarismos interesados del FT, las declaraciones esotéricas de Peña –que requieren una hermenéutica neurolingüística sui generis– se deben concatenar con la lectura financiera que hacen al día siguiente The Wall Street Journal ( WSJ) y Bloomberg (relevante agencia de noticias financieras de Nueva York).

Según WSJ, Peña quiere permitir a las empresas privadas (sic) compartir los riesgos en el desarrollo de las reservas de energía cada vez más complejas. ¿Cuáles? Obvio: aguas profundas/transfronterizas/ shale gas; justamente donde las trasnacionales anglosajonas detentan la tecnología que carecen las parasitarias y disfuncionales empresas privadas mexicanas.

La próxima vez abordaré la interpretación de la hermenéutica de Peña por WSJ y Bloomberg.
www.alfredojalife.com

La Corte, cómplice de la cleptocracia

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participa en la descomposición institucional en México.

Su negativa a transparentar las cuentas y bienes de los diputados federales y, en consecuencia, de todos los funcionarios y representantes del Estado mexicano, exhibe la descomposición de la vida pública y la gran debilidad de su sistema democrático.

En la práctica, deja la puerta abierta para que sigan existiendo los Granier, las Elbas, los Reynoso, los alcaldes que reciben bolsas de dinero, las “confusiones” como las de los senadores del PAN para repartirse 16 millones de pesos –de una bolsa de más de 200 millones–, y una interminable y vergonzosa lista que hacen de la clase política de México una de las más corruptas del mundo. Una verdadera cleptocracia, el gobierno de los que roban.

Por una mayoría de seis votos, el pleno de ministros de la Suprema Corte negó este jueves un amparo promovido por la organización no gubernamental Fundar en contra de la negativa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de dar a conocer las declaraciones patrimoniales de los diputados federales.

La ASF es un ente de la Cámara de Diputados encargada de la revisión de las cuentas públicas y del desempeño de quienes ejercen los poderes formales del Estado mexicano. Pero de poco ha servido para sancionar la corrupción en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

En su revisión anual elabora un informe sobre las anomalías e irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos. Hace numerosas observaciones y las da a conocer. Pero después, sin informar cómo ni cuándo, las da por “solevantadas”. En el mejor de los casos, da vista al Ministerio Público y no se vuelve a saber nada. Una cara más de la impunidad.

Ni la ASF ni la SCJN están a la altura de lo que es el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas en una verdadera democracia.

El voto mayoritario en el máximo tribunal declaró la validez constitucional del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Según ese artículo, la Secretaría de la Función Pública –que Peña Nieto propuso convertir en una Comisión Anticorrupción– lleva un registro con las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, referidas a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos. Pero sólo se puede hacer público con el consentimiento del funcionario.

El pleno rechazó el proyecto del ministro José Ramón Cossío, quien consideró que esa disposición viola el artículo Sexto de la Constitución en lo relativo al acceso a la información y a la máxima publicidad. Sólo tuvo el respaldo de Sergio Valls y del ministro presidente Juan Silva Meza. Con matices, los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero favorecieron la apertura.

Más allá de su justificación técnica, los ministros tienen sus propias razones para mantener la opacidad. Desde siempre, se han negado a que se revise su patrimonio. No quieren que se sepa cuánto tienen y cómo lo obtuvieron.

Tan sólo por sus sueldos de iluminados, son millonarios. Por años, algunos de ellos antes han sido litigantes, notarios o académicos. Otros, jueces, administradores judiciales o funcionarios en el Ejecutivo.

No es posible saber si cobran por favores, por impulsar o detener juicios. La opacidad atenta incluso contra ellos, pues caen fácilmente en el chantaje cuando se trata de votaciones importantes.

La Corte abordará de nuevo el tema. Un nuevo ministro hará un nuevo proyecto. Pero no hay un plazo, tampoco razones para que cambie de opinión el bloque formado por los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.

En el caso de los diputados, tampoco es posible conocer sus arreglos con las empresas de cabildeo para el destino de ciertas leyes. Tampoco se puede saber quiénes les pagan los viajes u otras cuentas. O, de plano, si algunos tienen arreglos con la delincuencia organizada. Del Senado, lo mismo. Y en los tres niveles de gobierno los millonarios abundan.

La negativa de la Corte también beneficia a las entidades autónomas, incluidas todas esas comisiones creadas en los últimos años, que además de darle más posiciones de poder al presidente de la República, sólo han descentralizado la toma de decisiones y, en consecuencia, de los beneficios que se pueden obtener en el ejercicio del poder.

jcarrasco@proceso.com.mx