Sobre el Pentágono, Peña y El Chapo Guzmán

Carlos Fazio

 

De la mano del embajador es­tadunidense Anthony Way­ne y a la sombra del Comando Norte del Pentágono se siguen ajustando la estrategia y los tiempos de la guerra de Enrique Peña. La idea es cambiar algunas cosas para que todo siga como está, profundizando la estrategia belicista de la administración anterior bajo nuevas coartadas propagandísticas.

Hasta ahora los cambios han sido cosméticos; pura palabrería demagógica. Envuelta con el celofán de los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional, la nueva política de Estado en seguridad de Peña está atada y bien atada a las directrices de Washington, resultado ineludible de una antigua relación bilateral dependiente y asimétrica que cristalizó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994) y se profundizó con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005). Con docilidad supina, en la última fase de la relación −la de la Iniciativa Mérida, 2007−, Felipe Calderón se dejó atrapar por la lógica mercenaria-gansteril-imperial del dúo Bush Jr./Obama desde la Casa Blanca, que sumió al país en una violencia salvaje y derivó en la catástrofe humanitaria actual.

Con base en la estrategia del caos periférico, la guerra de cuarta generación que ha venido impulsando Estados Unidos en México combina acciones de agentes encubiertos expertos en desestabilización y guerra sicológica, con el uso de drones y aviones de reconocimiento, y la intervención de fuerzas de seguridad locales (Ejército, Marina, las distintas policías), mercenarios, redes delincuenciales mafiosas, paramilitares y escuadrones de la muerte para la eliminación física de enemigos, en el marco de campañas de saturación mediática bajo la pantalla manipuladora de la guerra a las drogas.

Con una dinámica abiertamente criminal, la guerra antiterrorista de Bush −aplicada en Colombia, Afganistán, Irak y Pakistán y luego por Obama en Egipto, Libia y Siria bajo la modalidad de operaciones de contingencia en el extranjero− borra las fronteras entre las áreas militar y civil, y busca balcanizar naciones y desestructurar sociedades y organizaciones consideradas hostiles, con la ilusión de retener el control estratégico de grandes territorios poseedores de recursos naturales (petróleo, gas, agua, oro, litio, biodiversidad) a ser depredados por corporaciones trasnacionales privadas.

No sin presiones, rispideces y desgastantes contradicciones aceitadas por filtraciones mediáticas (incluidos el desmentido veto al general Moisés García Ochoa, el asesinato del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro y el encarcelamiento de varios altos mandos del Ejército acusados de brindar protección a traficantes de drogas), la continuidad del modelo intervencionista estadunidense en México quedó garantizada con la designación de los nuevos secretarios de la Defensa y la Marina de Guerra, el general de división Salvador Cienfuegos y el al­mirante Vidal Francisco Soberón, quienes por trayectoria y las funciones específicas que desarrollaron arrastran vínculos orgánicos con el Comando Norte del Pentágono y están bien compenetrados con los candados y compromisos de la Iniciativa Mérida, que a corto o mediano plazo podrá cambiar de nombre pero no su esencia.

Según documentos del Pentágono no desmentidos en Estados Unidos ni en México, desde 2010 el Comando Norte ha venido entrenando a soldados, marinos y policías de élite mexicanos en las modalidades propias de las operaciones especiales, que incluyen acciones clandestinas, sabotajes, métodos de espionaje y ataque sorpresa, así como la ubicación, detención-secuestro, tortura y aniquilamiento de enemigos, que, en el caso de la guerra a la delincuencia de Calderón, fueron asimilados a potenciales terroristas.

El 31 de diciembre pasado, el secretario de Defensa estadunidense, Leon Panetta, firmó un memorando autorizando el fortalecimiento del Comando Norte de Operaciones Especiales, para mejorar el adiestramiento de fuerzas de seguridad de México en tácticas antiterroristas que contemplan el asesinato de traficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, siguiendo el modelo de Pablo Escobar en Colombia y Osama Bin Laden, en Abbottabad, Pakistán, cuyos antecedentes cercanos en México son el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel Villarreal, por la Marina y el Ejército, respectivamente.

En el país sudamericano, la estrategia militar de matar a los barones de la cocaína de Medellín y Cali, elaborada, vigilada y apoyada in situ por tropas especiales del Pentágono y agentes de la CIA, la DEA y la FBI, y desplegada por el llamado Bloque de Búsqueda del Ejército y la Policía Nacional colombiana, que integraba el ahora general retirado Óscar Naranjo (asesor de Enrique Peña), involucró a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en una guerra sucia propia del terrorismo de Estado.

Según revelaciones periodísticas, personal del Pentágono llevó a Afganistán, Irak, Kuwait, Pakistán y a la base de Guantánamo en Cuba, a por lo menos tres grupos de oficiales mexicanos, para que observaran y aprendieran tácticas de fuerzas especiales, operaciones de decapitación de mando y estructuras de redes terroristas, técnicas de tortura, asaltos y ataques sorpresa, inteligencia militar y diseminación de inteligencia, y análisis de protocolos de espionaje tecnológico y personal a objetivos específicos.

La pinza del Pentágono en México se cerrará pronto con la creación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Gendarmería Nacional, ambos bajo control de la supersecretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong. En la coyuntura, la elevación del Chapo Guzmán a la categoría de enemigo público número uno de Chicago, con la consiguiente visibilización mediática, parece ser otra maniobra propagandística dirigida a preparar con anticipación los futuros éxitos de la nueva política de Estado de Enrique Peña en materia de seguridad.

No soy Florence

Carlos Beas Torres

 

Claro que no lo soy. Me llamo Miguel Juan Hilaria y soy mixe, ayuuk como nos decimos nosotros. Antes era campesino, ahora sólo soy un preso. Tengo ocho años encerrado en una cárcel de Oaxaca, en un pueblo llamado Matías Romero, pues me acusaron falsamente de haber matado a un pobre allá por el rumbo del ejido Francisco Javier Jasso. Para lograr mi culpabilidad me torturaron y fui obligado por el subprocurador Wilfrido Almaraz a firmar una hoja en blanco, que después supe era mi confesión. Me golpearon y me humillaron durante horas en las oficinas de la procuraduría que está en Tehuantepec, adonde me llevaron sin mostrarme una orden. Yo no hablo bien la castilla y a punta de golpes, gritos y hasta escupidas me obligaron a poner mi firma y mi huella en un papel. Ningún abogado y ningún traductor me acompañó. Esa es la ley para nosotros.

Al día siguiente, como bulto, todo magullado y adolorido me tiraron en el penal de Matías. Por la golpiza que recibí no me pude ni parar y estuve orinando sangre. Mis familiares fueron a avisar a la organización y pronto me trajeron un médico que me atendió, estuve tirado más de 10 días. Y a pesar de que la comisión de derechos humanos comprobó que había sido torturado, y de que la única testigo declaró que los judiciales la habían amenazado para que me acusara, el juez me condenó a 30 años de cárcel.

En estos largos días de encierro, que los paso tejiendo hamaca, recuerdo aquella maldita mañana cuando fui a cuidar mi milpa y me fui encontrando con los ganados del rico, que tranquilamente se comían la milpa que yo había sembrado. Enojado, agarré los animales dañosos para que el rico viniera por ellos y me pagara los destrozos. Y sí, al rato llegó bien enmuinado; me gritó e insultó: “¡Pinche indio, la vas a pagar cara!, ¡quién te crees, huarachudo!…” Yo me monté en mi macho y le dije, es más, le grité: haga lo que quiera, pero no le voy a dar sus animales hasta que no me pague los daños. Y como quiera me aventó unos billetes y se llevó los tres ganados dañosos, no sin antes amenazarme de nuevo.

Y pronto cumplió su amenaza el rico, ya que su hija Janet era agente del Ministerio Público y me achacó la muerte de un vecino que andaba de aventurado con la mujer de otro. Esa Janet era política también y le andaba haciendo campaña al mentado Ulises Ruiz, y cuando éste ganó la gubernatura, la mujer se volvió más poderosa y con sus influencias logró que los jueces me hundieran en la cárcel.

Mi juicio fue muy sucio, pues varias veces pidió mi abogado que citaran al marido ofendido, que en verdad era el hechor de la muerte que me echaron encima, pero nunca lo citaron. Y como la vida de un indio no vale en este país, aquí llevo años esperando día a día que se reconozca la injusticia que he sufrido y que me tiene aquí acabado, enfermo, y lejos de mi familia.

Aquí en la cárcel hay muchos pobres presos más. Platican sus historias. La mayoría dice que no tuvieron dinero para pagar abogados, unos que no hablan bien la castilla, no saben ni por qué están prisioneros. Muchos hablan de maltratos y de abusos. Hay otro indio, pero que es mixteco, y que dice que el rico lo denunció falsamente por violación y ahora ya le quitó su tierra. La verdad en esta tierra no hay justicia.

No, no soy Florence. Soy un indio más. Soy un pobre más que, como muchos, estoy encarcelado en este país. Muchos por no entender el idioma, o por no tener dineros para pagar abogados o comprar justicia. No, no soy Florence, soy Miguel Juan, indio mixe. A mí no me conoce el presidente de Francia, ni salí en la televisión secuestrando o matando. Estoy preso por cuidar mi milpa, por defender mi derecho y mi vida. No valgo nada, eso me han dicho jueces, policías y ministerios públicos. Sólo soy Miguel Juan Hilaria, indio preso en un penal del estado de Oaxaca.