El asalto a la Universidad Michoacana

Eduardo Nava Hernández

El 28 de abril de 2012 ya ha entrado al calendario de la Universidad Michoacana como una más de las fechas negras de su historia. Como el 14 de marzo de 1963 y el 8 de octubre de 1966, en que las instalaciones universitarias fueron ocupadas por el Ejército y cientos de universitarios fueron agredidos y conducidos a prisión.

Recuento sumario del día 28: 1) Las policías Federal y Estatal (GOE) penetran de madrugada a dos domicilios, las casas estudiantiles Nicolaita y 2 de Octubre, que son parte integrante de la UM, usando gases, chorros de agua, balas de goma y toletes; 2) no había flagrancia, pues en el momento en que algunos supuestos estudiantes cometieron delitos como la quema de vehículos no intervino la policía y ésta llegó horas después, cuando los hechos habían pasado; 3) allanan, puesto que no llevaban órdenes de cateo; 4) Realizan detenciones masivas sin órdenes de aprehensión, que remiten la memoria a 1963 y 1966, o a 1968; 5) por varias horas mantienen incomunicados a los detenidos y sin información a sus familiares y compañeros, pues seguramente las policías y el MP ni siquiera sabía a quiénes estaban deteniendo; 6) en la mañana, como a las 11:00 horas, la policía repite la dosis represiva en la casa Lucio Cabañas, agrede y golpea con toletes y hasta con bates de beisbol a los estudiantes, y realiza más detenciones; 7) hay saqueo y robo de pertenencias a los moradores y destrucción de otras, como colchones, cortinas, ventanas, etcétera; 8) franqueado por el secretario de Seguridad Pública y el secretario general de Gobierno, el rector Salvador Jara declara en rueda de prensa que no hubo violación a la autonomía universitaria, porque hay quién sabe qué tesis jurisprudencial de la SCJN a propósito del tema; 9) los medios de comunicación adictos al gobierno desatan una campaña de linchamiento no contra quienes pudieran haber cometido delitos, sino contra los albergues estudiantiles en su totalidad y contra todos sus moradores, campaña que se refleja también en las redes sociales.

Desde el 17 de marzo los miembros de la Coordinadora de Universitarios en Lucha habían solicitado al gobierno del estado recursos para salir a diversos municipios y comunidades a difundir la convocatoria para el ingreso a la Universidad. Hace algunos años la institución da por hecho que todos los alumnos de secundaria y bachilleratos de Michoacán tiene acceso fácil a internet, única vía por la que hoy se realizan los trámites de registro. La difusión de la convocatoria no es una tarea que realmente corresponda a la organización estudiantil; pero aun el secretario de la Universidad, Egberto Bedolla, reconoció (La Jornada Michoacán, 27 de abril) que anualmente el gobierno estatal ha venido apoyando en esa tarea a los estudiantes.

El 25 de abril el gobierno dio una respuesta negativa y la CUL decidió cerrar algunos tramos de la Avenida Madero de Morelia y retener diversos vehículos del gobierno. Al atardecer del 27, cuando las pláticas se habían restablecido y había visos de llegar a un acuerdo, dos de esas unidades fueron incendiadas por personas aún no identificadas, sin que la policía o los bomberos hicieran acto de presencia. La acción de la madrugada del 28, preparada en frío y como acción punitiva, no preventiva, no se dirigió a los responsables del incendio sino a los estudiantes habitantes de las casas en general.

En su inmensa torpeza (o inmensa debilidad, o ambas) el rector Jara no alcanza a percibir el alcance de su exculpación a las fuerzas del orden y viene a pretender justificar hechos que la historia ya ha juzgado. Las ocupaciones militares de 1963 y 1966 desembocaron, ambas, en la imposición a la Universidad de nuevos marcos legales y la deposición de los rectores, Elí de Gortari y Nicanor Gómez Reyes, respectivamente. Conforme a la nueva tesis jariana, aquellas invasiones militares no fueron tampoco atentatorias a la autonomía universitaria. Jara viene también a pretender desmentir al rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, que el 31 de julio de 1968 convocó a un mitin contra la intervención en edificios de la institución y categórico afirmó: “Varios planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México han sido ocupados por el Ejército. Durante casi 40 años la autonomía de nuestra institución no se había visto tan seriamente amenazada como ahora... Hoy más que nunca es necesario mantener una enérgica prudencia y fortalecer la unidad de los universitarios. Dentro de la ley, está el instrumento para hacer efectiva nuestra protesta. Hagámosla sin ceder a la provocación".

El tema en cuestión no es de autonomía universitaria, aunque ésta esté desde luego implicada como un marco general. Se trata, sí, de graves violaciones a los derechos humanos y sus garantías, específicamente al artículo 16 de la Constitución de la República, por cuya violación deberían salir inmediatamente todos los estudiantes detenidos sin que mediara flagrancia, órdenes de cateo o de aprehensión, averiguaciones previas ni denuncia específica en su contra, y de los cuales trece han sido ya consignados a los jueces.

Si hay delitos qué perseguir, en este caso el incendio en la vía pública de dos vehículos del gobierno del estado, ello no autoriza en ningún sentido al gobierno mismo a violentar las garantías individuales para perseguirlos. Mucho menos a realizar redadas nocturnas o asaltos contra instalaciones universitarias. Ni a la opinión pública a satanizar a los estudiantes que habitan los albergues universitarios, pobres todos ellos de condición y sujetos a la reglamentación universitaria.

Pero lo más riesgoso para la sociedad como conjunto, además de la ruptura de la legalidad por el Estado, es la justificación que éste esgrime y que una parte no despreciable de aquélla asume. No hay gobernante, lo sabemos, que no haya invocado la legalidad y el orden para legitimar sus acciones represivas; en este caso, empero, el gobernador Fausto Vallejo encabeza el linchamiento al señalar, cual sheriff de Arizona, que muchos de los moradores de las casas provienen de otras entidades y “quitan oportunidades” de estudiar a los michoacanos. Más temerariamente aún, ha señalado, sin aportar pruebas, que un grupo guerrillero está detrás de las acciones estudiantiles. Una parte de la opinión pública, difícil de cuantificar pero sin duda considerable, participa aplaudiendo las violaciones del Estado y postrándose ante el látigo que puede después volverse contra ella. Un acontecimiento de represión como éste nos permite apreciar en blanco y negro -después de dos décadas de existencia de las comisiones de Derechos Humanos y muchos más años de trabajo de organismos de defensores varios- las escasa y lábil cultura de respeto a la legalidad y garantías, y ver a trasluz, como en la clásica película de Ingmar Bergman, cómo dentro del huevo de la serpiente crece dentro de la sociedad el monstruo del autoritarismo que históricamente convalidó al nazismo y a otras dictaduras con sus crímenes. Hoy, liberar a los estudiantes nicolaitas ilegalmente aprehendidos y consignados, y a los que se arrancaron declaraciones mediante tortura y en ausencia de defensores es el primer paso, apenas el primero de lo mucho que en materia de una cultura de apego a la legalidad y respeto a esos derechos falta por hacer.