28.5.12

La territorialidad de la dominación IV

Carlos Fazio
Cuando el 14 de abril, durante la sexta Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, el presidente Felipe Calderón confesó en privado a su homólogo peruano, Ollanta Humala, que en algunas partes del territorio mexicano el narcotráfico había comenzado a remplazar funciones del Estado como la recaudación de impuestos, pareció avalar la matriz manufacturada en Washington tres años antes, que definía a México como Estado fallido. Y aunque era admitir el tácito fracaso de su guerra a las drogas después de cinco largos años de terror y muerte, Calderón volvió a redondear la idea en Puerto Vallarta, Jalisco, tres días después, en el Foro Económico Mundial para América Latina. Dijo allí: “Los cárteles de la droga han conformado un Estado paralelo al suplir funciones de gobierno […] Imponen su ley y cobran cuotas […] Estos señores tienen un comportamiento monopólico y no quieren que entre su competencia. En lugar de vencer con precio y calidad, se matan. Eso genera caos en algunas regiones (donde) buscan controlar ciudades y territorios”.

Para John P. Sullivan, experto en contrainsurgencia y contraterrorismo de la Asociación de Inteligencia del Cuerpo de Infantes de Marina de Estados Unidos, un área donde los traficantes han logrado establecer soberanías paralelas arrebatándole funciones al Estado es Tamaulipas. Según él, Tamaulipas es un ejemplo de Estado fracasado a escala subnacional o de un estado criminal liberado, donde el gobierno de Calderón ha perdido el control, lo que de seguir la tendencia podría derivar en un Estado criminal sustituto.

El aporte del académico de los marines es la hipótesis de que los grupos de traficantes mexicanos han devenido en insurgencias criminales beligerantes. A su juicio, la novedosa evolución difiere de la insurgencia convencional, ya que su única motivación política es ganar autonomía y control económico sobre el territorio, llenando el hueco que deja el Estado y creando enclaves criminales. Según Sullivan, en municipios como Ciudad Juárez (Chihuahua) y Nuevo Laredo (Tamaulipas) grupos delincuenciales dominan mediante una cuidadosa combinación de violencia simbólica, ataques a la policía y corrupción; recaudan impuestos, recogen información de inteligencia, amenazan a la prensa, hacen negocios e imponen una versión de orden que sirve a sus intereses, mientras fomentan la percepción de que son protectores de la comunidad. Símil de los señores de la guerra de Afganistán, han configurado zonas neofeudales en el marco de un Estado paralelo. México sería víctima de un poderoso narcoligopolio o un adversario parapolítico.

El término insurgencia criminal acuñado por Sullivan –cuyos trabajos se divulgan en Small Wars Journal, publicación cibernética fundada por ex marines– fue introducido al lenguaje del Pentágono y la doctrina de seguridad estadunidense a comienzos de la administración de Barack Obama por el subsecretario de Estado, James Steinberg, mano derecha de la titular del ramo, Hillary Clinton, sobre quien tendría gran influencia intelectual. Y la Clinton fue uno de los vehículos principales para posicionar mediáticamente la matriz de Sullivan; incluso llegó a comparar a México con la Colombia de hace 20 años.

En ese contexto se entenderían las coincidencias discursiva y conceptual de Felipe Calderón de finales de sexenio con las matrices de opinión contenidas en el nada inocente análisis académico de Sullivan. Aunque en un intento de control de daños con vistas al futuro, en 2010 Calderón cambió su guerra a las drogas por lucha por la seguridad pública, simplemente se estaría ajustando al guión que viene de Washington. La existencia de una insurgencia criminal en México justificaría la aplicación del manual de contrainsurgencia.

Un par de datos adicionales resultan sugerentes. En marzo de 2009 se divulgó un documento del Departamento de Defensa estadunidense, donde como parte de un paquete contraterrorista se asignaba una partida discrecional por casi 13 millones de dólares para liberar territorios en México, al margen de la Iniciativa Mérida. En marzo de 2010, Estados Unidos y México pactaron un plan binacional con sendos programas pilotos en las zonas fronterizas de Ciudad Juárez-El Paso y Tijuana-San Diego, para frenar las actividades criminales en esos corredores.

Pero, lejos de decrecer, la violencia aumentó. Y se registraron graves violaciones a los derechos humanos (detenciones ilegales, tortura, ejecuciones sumarias, desapariciones forzosas) atribuidas a mandos militares en Baja California y Chihuahua. Para entonces comenzaba a convulsionarse Tamaulipas con la ejecución del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, y la aparición de fosas clandestinas. En la escalada de desestabilización seguirían otros tres estados fronterizos con Estados Unidos: Nuevo León, Coahuila y Sonora, a los que se sumaría más tarde Veracruz, sobre el Golfo de México.

En vísperas de los comicios presidenciales, la ejecución del general Mario Acosta Chaparro; el hallazgo de nueve cadáveres colgados de un puente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de 49 cuerpos mutilados en Cadereyta, Nuevo León, así como la detención de tres generales por presuntos vínculos con el crimen organizado, son otros tantos ingredientes que se suman al caldo de cultivo que alimenta la matriz de México como un Estado fallido jaqueado por una insurgencia criminal, lo que daría pretexto ideológico y moral a la contrainsurgencia y encubriría la infiltración de altos organismos del Estado por parte del narcotráfico. En realidad, vía la guerra de Felipe Calderón, la administración Obama va camino a lograr la consolidación de otra plataforma militar en el área, al tiempo que a través de la estimulación de una violencia caótica avanza en sus planes para una cuadriculación y un reordenamiento territorial y espacial de México en función de los intereses del gran capital trasnacional.

25.5.12

The Politics of Language and the Language of Political Regression

James Petras

Capitalism and its defenders maintain dominance through the ‘material resources’ at their command, especially the state apparatus, and their productive, financial and commercial enterprises, as well as through the manipulation of popular consciousness via ideologues, journalists, academics and publicists who fabricate the arguments and the language to frame the issues of the day.

Today material conditions for the vast majority of working people have sharply deteriorated as the capitalist class shifts the entire burden of the crisis and the recovery of their profits onto the backs of wage and salaried classes. One of the striking aspects of this sustained and on-going roll-back of living standards is the absence of a major social upheaval so far. Greece and Spain, with over 50% unemployment among its 16-24 year olds and nearly 25% general unemployment, have experienced a dozen general strikes and numerous multi-million person national protests; but these have failed to produce any real change in regime or policies. The mass firings and painful salary, wage, pension and social services cuts continue. In other countries, like Italy, France and England, protests and discontent find expression in the electoral arena, with incumbents voted out and replaced by the traditional opposition. Yet throughout the social turmoil and profound socio-economic erosion of living and working conditions, the dominant ideology informing the movements, trade unions and political opposition is reformist: Issuing calls to defend existing social benefits, increase public spending and investments and expand the role of the state where private sector activity has failed to invest or employ. In other words, the left proposes to conserve a past when capitalism was harnessed to the welfare state.

The problem is that this ‘capitalism of the past’ is gone and a new more virulent and intransigent capitalism has emerged forging a new worldwide framework and a powerful entrenched state apparatus immune to all calls for ‘reform’ and reorientation. The confusion, frustration and misdirection of mass popular opposition is, in part, due to the adoption by leftist writers, journalists and academics of the concepts and language espoused by its capitalist adversaries: language designed to obfuscate the true social relations of brutal exploitation, the central role of the ruling classes in reversing social gains and the profound links between the capitalist class and the state. Capitalist publicists, academics and journalists have elaborated a whole litany of concepts and terms which perpetuate capitalist rule and distract its critics and victims from the perpetrators of their steep slide toward mass impoverishment.

Even as they formulate their critiques and denunciations, the critics of capitalism use the language and concepts of its apologists. Insofar as the language of capitalism has entered the general parlance of the left, the capitalist class has established hegemony or dominance over its erstwhile adversaries. Worse, the left, by combining some of the basic concepts of capitalism with sharp criticism, creates illusions about the possibility of reforming ‘the market’ to serve popular ends. This fails to identify the principle social forces that must be ousted from the commanding heights of the economy and the imperative to dismantle the class-dominated state. While the left denounces the capitalist crisis and state bailouts, its own poverty of thought undermines the development of mass political action. In this context the ‘language’ of obfuscation becomes a ‘material force’ – a vehicle of capitalist power, whose primary use is to disorient and disarm its anti-capitalist and working class adversaries. It does so by co-opting its intellectual critics through the use of terms, conceptual framework and language which dominate the discussion of the capitalist crisis.

Key Euphemisms at the Service of the Capitalist Offensive

Euphemisms have a double meaning: What terms connote and what they really mean. Euphemistic conceptions under capitalism connote a favorable reality or acceptable behavior and activity totally dissociated from the aggrandizement of elite wealth and concentration of power and privilege. Euphemisms disguise the drive of power elites to impose class-specific measures and to repress without being properly identified, held responsible and opposed by mass popular action.

The most common euphemism is the term ‘market’, which is endowed with human characteristics and powers. As such, we are told ‘the market demands wage cuts’ disassociated from the capitalist class. Markets, the exchange of commodities or the buying and selling of goods, have existed for thousands of years in different social systems in highly differentiated contexts. These have been global, national, regional and local. They involve different socio-economic actors, and comprise very different economic units, which range from giant state-promoted trading-houses to semi-subsistence peasant villages and town squares. ‘Markets’ existed in all complex societies: slave, feudal, mercantile and early and late competitive, monopoly industrial and finance capitalist societies.

When discussing and analyzing ‘markets’ and to make sense of the transactions (who benefits and who loses), one must clearly identify the principle social classes dominating economic transactions. To write in general about ‘markets’ is deceptive because markets do not exist independent of the social relations defining what is produced and sold, how it is produced and what class configurations shape the behavior of producers, sellers and labor. Today’s market reality is defined by giant multi-national banks and corporations, which dominate the labor and commodity markets. To write of ‘markets’ as if they operated in a sphere above and beyond brutal class inequalities is to hide the essence of contemporary class relations.

Fundamental to any understanding, but left out of contemporary discussion, is the unchallenged power of the capitalist owners of the means of production and distribution, the capitalist ownership of advertising, the capitalist bankers who provide or deny credit and the capitalist-appointed state officials who ‘regulate’ or deregulate exchange relations. The outcomes of their policies are attributed to euphemistic ‘market’ demands which seem to be divorced from the brutal reality. Therefore, as the propagandists imply, to go against ‘the market’ is to oppose the exchange of goods: This is clearly nonsense. In contrast, to identify capitalist demands on labor, including reductions in wages, welfare and safety, is to confront a specific exploitative form of market behavior where capitalists seek to earn higher profits against the interests and welfare majority of wage and salaried workers.

By conflating exploitative market relations under capitalism with markets in general, the ideologues achieve several results: They disguise the principle role of capitalists while evoking an institution with positive connotations, that is, a ‘market’ where people purchase consumer goods and ‘socialize’ with friends and acquaintances. In other words, when ‘the market’, which is portrayed as a friend and benefactor of society, imposes painful policies presumably it is for the welfare of the community. At least that is what the business propagandists want the public to believe by marketing their virtuous image of the ‘market’; they mask private capital’s predatory behavior as it chases greater profits.
One of the most common euphemisms thrown about in the midst of this economic crisis is ‘austerity’, a term used to cover-up the harsh realities of draconian cutbacks in wages, salaries, pensions and public welfare and the sharp increase in regressive taxes (VAT). ‘Austerity’ measures mean policies to protect and even increase state subsidies to businesses, and create higher profits for capital and greater inequalities between the top 10% and the bottom 90%. ‘Austerity’ implies self-discipline, simplicity, thrift, saving, responsibility, limits on luxuries and spending, avoidance of immediate gratification for future security – a kind of collective Calvinism. It connotes shared sacrifice today for the future welfare of all.

However, in practice ‘austerity’ describes policies that are designed by the financial elite to implement class-specific reductions in the standard of living and social services (such as health and education) available for workers and salaried employees. It means public funds can be diverted to an even greater extent to pay high interest rates to wealthy bondholders while subjecting public policy to the dictates of the overlords of finance capital.

Rather than talking of ‘austerity’, with its connotation of stern self-discipline, leftist critics should clearly describe ruling class policies against the working and salaried classes, which increase inequalities and concentrate even more wealth and power at the top. ‘Austerity’ policies are therefore an expression of how the ruling classes use the state to shift the burden of the cost of their economic crisis onto labor.

The ideologues of the ruling classes co-opted concepts and terms, which the left originally used to advance improvements in living standards and turned them on their heads. Two of these euphemisms, co-opted from the left, are ‘reform’ and ‘structural adjustment’. ‘Reform’, for many centuries, referred to changes, which lessened inequalities and increased popular representation. ‘Reforms’ were positive changes enhancing public welfare and constraining the abuse of power by oligarchic or plutocratic regimes. Over the past three decades, however, leading academic economists, journalists and international banking officials have subverted the meaning of ‘reform’ into its opposite: it now refers to the elimination of labor rights, the end of public regulation of capital and the curtailment of public subsidies making food and fuel affordable to the poor. In today’s capitalist vocabulary ‘reform’ means reversing progressive changes and restoring the privileges of private monopolies. ‘Reform’ means ending job security and facilitating massive layoffs of workers by lowering or eliminating mandatory severance pay. ‘Reform’ no longer means positive social changes; it now means reversing those hard fought changes and restoring the unrestrained power of capital. It means a return to capital’s earlier and most brutal phase, before labor organizations existed and when class struggle was suppressed. Hence ‘reform’ now means restoring privileges, power and profit for the rich.

In a similar fashion, the linguistic courtesans of the economic profession have co-opted the term ‘structural’ as in ‘structural adjustment’ to service the unbridled power of capital. As late as the 1970’s ‘structural’ change referred to the redistribution of land from the big landlords to the landless; a shift in power from plutocrats to popular classes. ‘Structures’ referred to the organization of concentrated private power in the state and economy.
Today, however, ‘structure’ refers to the public institutions and public policies, which grew out of labor and citizen struggles to provide social security, for protecting the welfare, health and retirement of workers. ‘Structural changes’ now are the euphemism for smashing those public institutions, ending the constraints on capital’s predatory behavior and destroying labor’s capacity to negotiate, struggle or preserve its social advances.

The term ‘adjustment’, as in ‘structural adjustment’ (SA), is itself a bland euphemism implying fine-tuning , the careful modulation of public institutions and policies back to health and balance. But, in reality, ‘structural adjustment’ represents a frontal attack on the public sector and a wholesale dismantling of protective legislation and public agencies organized to protect labor, the environment and consumers. ‘Structural adjustment’ masks a systematic assault on the people’s living standards for the benefit of the capitalist class.

The capitalist class has cultivated a crop of economists and journalists who peddle brutal policies in bland, evasive and deceptive language in order to neutralize popular opposition. Unfortunately, many of their ‘leftist’ critics tend to rely on the same terminology.

Given the widespread corruption of language so pervasive in contemporary discussions about the crisis of capitalism the left should stop relying on this deceptive set of euphemisms co-opted by the ruling class. It is frustrating to see how easily the following terms enter our discourse:

Market discipline – The euphemism ‘discipline’ connotes serious, conscientious strength of character in the face of challenges as opposed to irresponsible, escapist behavior. In reality, when paired with ‘market’, it refers to capitalists taking advantage of unemployed workers and using their political influence and power lay-off masses workers and intimidate those remaining employees into greater exploitation and overwork, thereby producing more profit for less pay. It also covers the capacity of capitalist overlords to raise their rate of profit by slashing the social costs of production, such as worker and environmental protection, health coverage and pensions.

‘Market shock’ – This refers to capitalists engaging in brutal massive, abrupt firings, cuts in wages and slashing of health plans and pensions in order to improve stock quotations, augment profits and secure bigger bonuses for the bosses. By linking the bland, neutral term, ‘market’ to ‘shock’, the apologists of capital disguise the identity of those responsible for these measures, their brutal consequences and the immense benefits enjoyed by the elite.

‘Market Demands’ – This euphemistic phrase is designed to anthropomorphize an economic category, to diffuse criticism away from real flesh and blood power-holders, their class interests and their despotic strangle-hold over labor. Instead of ‘market demands’, the phrase should read: ‘the capitalist class commands the workers to sacrifice their own wages and health to secure more profit for the multi-national corporations’ – a clear concept more likely to arouse the ire of those adversely affected.

‘Free Enterprise’ – An euphemism spliced together from two real concepts: private enterprise for private profit and free competition. By eliminating the underlying image of private gain for the few against the interests of the many, the apologists of capital have invented a concept that emphasizes individual virtues of ‘enterprise’ and ‘freedom’ as opposed to the real economic vices of greed and exploitation.

‘Free Market’ – A euphemism implying free, fair and equal competition in unregulated markets glossing over the reality of market domination by monopolies and oligopolies dependent on massive state bailouts in times of capitalist crisis. ‘Free’ refers specifically to the absence of public regulations and state intervention to defend workers safety as well as consumer and environmental protection. In other words, ‘freedom’ masks the wanton destruction of the civic order by private capitalists through their unbridled exercise of economic and political power. ‘Free market’ is the euphemism for the absolute rule of capitalists over the rights and livelihood of millions of citizens, in essence, a true denial of freedom.

‘Economic Recovery’ – This euphemistic phrase means the recovery of profits by the major corporations. It disguises the total absence of recovery of living standards for the working and middle classes, the reversal of social benefits and the economic losses of mortgage holders, debtors, the long-term unemployed and bankrupted small business owners. What is glossed over in the term ‘economic recovery’ is how mass immiseration became a key condition for the recovery of corporate profits.

‘Privatization’ – This describes the transfer of public enterprises, usually the profitable ones, to well-connected, large scale private capitalists at prices well below their real value, leading to the loss of public services, stable public employment and higher costs to consumers as the new private owners jack up prices and lay-off workers - all in the name of another euphemism, ‘efficiency’.

‘Efficiency’ – Efficiency here refers only to the balance sheets of an enterprise; it does not reflect the heavy costs of ‘privatization’ borne by related sectors of the economy. For example, ‘privatization’ of transport adds costs to upstream and downstream businesses by making them less competitive compared with competitors in other countries; ‘privatization’ eliminates services in regions that are less profitable, leading to local economic collapse and isolation from national markets. Frequently, public officials, who are aligned with private capitalists, will deliberately disinvest in public enterprises and appoint incompetent political cronies as part of patronage politics, in order to degrade services and foment public discontent. This creates a public opinion favorable to ‘privatizing’ the enterprise. In other words ‘privatization’ is not a result of the inherent inefficiencies of public enterprises, as the capitalist ideologues like to argue, but a deliberate political act designed to enhance private capital gain at the cost of public welfare.

Conclusion

Language, concepts and euphemisms are important weapons in the class struggle ‘from above’ designed by capitalist journalists and economists to maximize the wealth and power of capital. To the degree that progressive and leftist critics adopt these euphemisms and their frame of reference, their own critiques and the alternatives they propose are limited by the rhetoric of capital. Putting ‘quotation marks’ around the euphemisms may be a mark of disapproval but this does nothing to advance a different analytical framework necessary for successful class struggle ‘from below’. Equally important, it side-steps the need for a fundamental break with the capitalist system including its corrupted language and deceptive concepts. Capitalists have overturned the most fundamental gains of the working class and we are falling back toward the absolute rule of capital. This must raise anew the issue of a socialist transformation of the state, economy and class structure. An integral part of that process must be the complete rejection of the euphemisms used by capitalist ideologues and their systematic replacement by terms and concepts that truly reflect the harsh reality, that clearly identify the perpetrators of this decline and that define the social agencies for political transformation.

23.5.12

Corte de caja

José Steinsleger
 
Ni los chamanes que ofrecen limpias en el Zócalo ni los analistas de Televisa y el grupo Milenio, ni los santos varones del laicismo que siguen a Walter Mercado “con mucho, mucho… ¡amor!”, imaginaron, siquiera, el insólito giro político que el país vivió en un mes que aún no termina. Veamos:

Domingo 6. Tras el debate de los cuatro aspirantes a la Presidencia, los jóvenes conocieron mejor al único candidato que se mostró reacio a la logomaquia (discusión en la que se atiende a las palabras, y no al fondo del asunto).

Jueves 10. En el Día de las Madres, un viejo Paul McCartney desencadenó en el Zócalo la emoción y felicidad de tres generaciones: “All my loving…” El ex beatle rugió: ¡Viva México, cabrones!

Viernes 11. El candidato Enrique Peña Nieto es repudiado por estudiantes de la Ibero.

Martes 15. Muere Carlos Fuentes, y un modo de entender el siglo XX se fue con él. A mediados de enero, entrevistado por Carmen Aristegui, el escritor había calificado negativamente a los candidatos. Sin embargo, sólo uno le hizo levantar las manos con preocupación: Peña Nieto.

Jueves 17. En misteriosa sincronía, 97 mil veracruzanos bailaron y cantaron con Willie Colón en el Festival de la Salsa de Boca del Río: “Te conozco bacalao / aunque vengas disfrazao… / beren, ben, ben / tucutun, tucutun / ten cuidado, bacalao, que te llevan arrestao…”

Sábado 19. Decenas de miles de jóvenes se manifestaron en la capital contra Peña Nieto y la desinformación programada de Televisa y Tv Azteca. Al día siguiente, más de 50 mil en todo el país levantaron la imagen de Andrés Manuel López Obrador.

A diferencia del épico y luctuoso 1968 (o de las revueltas de Túnez, Egipto, España y Alemania), el clima político de la primavera mexicana empieza a ser más coherente y suscitador: existe un líder de masas, con un proyecto viable de país.

Por consiguiente, crece entre los jóvenes la sensación de que no todos los políticos son iguales. Pues esta idea, sospechan, fue instalada por los que, justamente, heredaron las obsesiones de Artemio Cruz: la del político de origen humilde que participó en la revolución y luego se fue degradando moralmente hasta convertirse en un magnate del capitalismo.

No es novedad la mala prensa que padecen los jóvenes. En 1968 fue igual y así es hoy, cuando muchos de aquellos líderes e intelectuales los estigmatizan sin piedad, en lugar de emplear su cultura para recordarles los versos de Schiller: Dígale usted / cuando sea hombre / respete los sueños de su juventud.

¿Cómo demandar de los jóvenes moderación si en cualquier clase y condición social nada hay más terrible que su desconcierto, soledad y confusión? El sistema, a más de negarlos, los ve como delincuentes potenciales o factor de riesgo.

El chileno Martín Hopenhayn, investigador del drama, es contundente: El discurso de la seguridad ciudadana permea tan fuerte, que en muchos países la gente dice: el mayor problema de la sociedad es la seguridad, y lo vincula a ese grupo de riesgo que es la juventud (Página 12, Buenos Aires, 2/1/12).

En Argentina, Chile y ahora en nuestro país, los jóvenes vuelven a tallar su futuro. ¿Qué no tienen poder? Quién sabe... Con las nuevas tecnologías de comunicación (que a un tiempo les dan independencia y dependencia), nos están advirtiendo acerca de los axiomas catastróficos que les hemos ofrecido.

Es simple entender por qué un joven consciente tiende a dudar del adulto. ¿Cuántos años nos llevó reconocer (y siempre que lo reconozcamos) que no hay respuesta para todo? Y, por otro lado, tenemos el extraño lenguaje de los políticos al uso, que lejos de revelar las injusticias y las desigualdades se revelan como ejercicios de oportunismo y amoralidades pactadas.

Los expertos que en 2000 dijeron que el camino de México era el voto útil, la alternancia, la transición, se encuentran en figurillas para explicarnos la aparición de cientos de jóvenes de 14 y 15 años expertos en el manejo de armas modernas, y en motosierras que usan para destazar seres humanos en vivo.

Porque fueron ellos, los expertos que desacreditaron y bastardearon nuestro legado político y cultural como superado, populista y dogmático, los que durante 30 años exaltaron el nacionalismo español, yanqui y chileno como referentes de civilización, modernidad, progreso.

¿Cómo haremos, entonces, para evitar que México continúe siendo un chapoteadero de sangre, con vísceras humanas expuestas a los ojos de los niños, osario de fosas comunes, morgues rebosantes de cuerpos mutilados y feminicidios a granel en una guerra, donde con excepción de gringos y amanuenses criollos, nadie sabe quién es quién?

La política puede hacer algo. Y cuando digo política, no digo más que la prevista en la Constitución de la República: con un presidente que la valore por sobre los intereses de las corporaciones económicas, y que en su calidad de comandante en jefe ponga punto final a la doctrina de seguridad en curso, impuesta por Estados Unidos.

20.5.12

¡Semana crucial en un mundo caótico!: advertencia "nuclear" de Medvedev y tambores de guerra contra Irán


Alfredo Jalife-Rahme
Pocas veces han coincidido tantas cumbres trascendentales y actos decisivos en una sola semana: cumbres del G-8, la OTAN y la Unión Europea; negociaciones en Bagdad del contencioso iraní a un minuto de la guerra y elección presidencial en Egipto –cuya suma y resta decidirán el rumbo del nuevo orden mundial.

Previo a las cumbres del G-8 (en Campo David) y la OTAN (en Chicago), el hoy primer ministro ruso Dmitri Medvedev, ante un foro jurídico internacional en San Petersburgo, emitió una ominosa advertencia de guerras regionales –y hasta una guerra nuclear– en referencia a la volcánica situación en Siria y Medio Oriente (RIA Novosti, 17/5/12 y De Defensa, 18/5/12).

El abogado de profesión Dimitri Medvedev defendió el concepto de soberanía (Nota: muy anacrónico para los globalistas neoliberales con nostalgia financierista unipolar) y arremetió contra todo género de sanciones colectivas que pasan por alto las instituciones internacionales y que no han mejorado la situación en el mundo, ya que las operaciones militares inclementes en países foráneos usualmente colocan a radicales en el poder –en clara alusión a la guerra de la OTAN en Libia, donde gobiernan en Trípoli Al Qaeda y su líder, el jihadista Abdul Hakim Belhadj (Red Voltaire, 22/12/11), y en Bengasi domina un grupo secesionista, mientras el caos libio se ha desparramado hasta Malí, donde los jihadistas controlan el norte del subSáhara, donde los nómadas transfronterizos tuaregs han propinado un golpe de Estado. ¡El caos propiciado por la OTAN!

Dimitri Medvedev insistió en que es derecho de los países escoger su vía de desarrollo como valor universal. ¡A ver si le hacen caso en el G-8!

Nikolai Makarov, jefe del estado mayor del ejército ruso, exclamó, 14 días antes a la sonora advertencia nuclear de Medvedev, que la política de despliegue de misiles defensivos en Europa por Estados Unidos y la OTAN podría obligar a Rusia a un primer golpe preventivo (RIA Novosti, 3/5/12).

En forma significativa, el presidente Vlady Putin optó por no asistir a la cumbre del G-8, donde será representado por Medvedev.

La OTAN amenaza con operar un cambio de régimen en Siria e Irán. ¿Lo conseguirá mediante la balcanización sectaria?

La casi balcanización de Siria ya se desparramó sectariamente a cuatro de sus cinco fronteras: Turquía (afectada por flujos de refugiados), Líbano (donde en su segunda ciudad más importante la mayoría sunita anti Assad libra una guerra religiosa contra la minoría alawita de la cofradía del presidente sirio Bashar Assad), Irak (balcanizado de facto y donde los sunitas árabes de la región de Anbar apoyan a sus etnocorreligionarios de Siria), y Jordania (donde 19 países y 12 mil soldados encabezados por EU, con la notable ausencia de Israel, acaban de realizar los mayores ejercicios militares de Medio Oriente en los pasados 10 años en la frontera con Siria, israelnationalnews.com, 16/5/12).

En Israel –frontera de Líbano, Siria y Jordania–, el premier Netanyahu formó una coalición de guerra la noche del 7 de mayo y sacudió a su país al aliarse con el principal partido de oposición, Kadima, en un gobierno de unión nacional, según el israelí-estadunidense Charles Krauthammer (The Washington Post, 13/5/12), connotado súper halcón de los neoconservadores straussianos y considerado el comentarista más influyente de EU por The Financial Times (¡Pues sí!).

Krauthammer aduce que el cambio intempestivo del gabinete tiene que ver con la preparación política de Israel para atacar Irán, en similitud a mayo de 1967, cuando se formó una coalición de unidad nacional que llevó a la Guerra de los Seis Días por Israel.

El periódico israelí Haaretz (18/5/12) considera que la visita a Irán del polémico director nipón Yukiya Amano, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, días antes de la importante reunión de Bagdad sobre el contencioso nuclear iraní, va encaminada a un acuerdo marco–que los súper halcones israelíes buscan descarrilar.

Hay que reconocer el estoicismo de Irán cuando recibe en forma magnánima al nipón Amano, vilipendiado por sus mendacidades y vínculos con el pestilente lobby nuclear de Fukushima (ver Bajo la Lupa, 13/11/11).

Netanyahu acusa a Irán de jugar ajedrez con la comunidad internacional. ¿Cómo van a dejar el ajedrez si es lo mejor que sabe hacer cuando Netanyahu actúa como el cowboy mesiánico de gatillo ligero?

Meir Dagan, ex director del Mossad –en asombroso artículo conjunto (Wall Street Journal, 16/5/12), en el que participaron diplomáticos y jefes de espionaje nortrasatlánticos–, adujo que la única manera de detener el programa nuclear iraní era con sanciones y no con la guerra preventiva –que desea la tripleta Netanyahu-Lieberman-Ehud Barak.

Según Russia Today y la iraní PressTv (18/5/12), la enmienda bipartidista número 568 fue apabullantemente bipartidista y acerca peligrosamente a EU a una guerra contra irán, justo a unos días de la segunda ronda sobre el contencioso nuclear persa en Bagdad. La enmienda aboga por un ataque militar a Irán en caso de que obtenga capacidad de armas nucleares –término muy ambiguo que puede ser aplicado a cualquier país con programa atómico civil, como Brasil, Japón, Holanda, Argentina, etcétera.

El coronel Lawrence Wilkerson –anterior jefe de gabinete del entonces secretario de Estado Colin Powell– advirtió que la resolución de marras –amadrinada por la feroz amazona Ileana Ros-Lehtinen, cubana exiliada en Miami– tiene el mismo sonido musical que llevó a la guerra de Irak y que pudiera ser el precursor de una guerra contra Irán. !Uf!

En sincronía con Ileana Ros-Lehtinen, Daniel Shapiro, embajador de EU en Israel, declaró que los planes para bombardear Irán están listos (Haaretz, 18/5/12). Shapiro fue el enlace de Obama con la comunidad judía de EU durante su campaña (The Jerusalem Post, 20/8/08). ¿No pueden buscar un embajador menos bélicamente parcial?

Ahora sí que ya está presupuestada la guerra contra Irán por el Pentágono: EU incluye la guerra contra Irán en su proyecto de presupuesto militar de 2013 (Russia Today, 18/5/12).

El presupuesto, que está siendo examinado por la Cámara de Representantes, prevé acciones militares contra Irán.

El documento contiene un plan de envío de aviones, municiones y combustible para las operaciones contra Irán por mar y aire, y estipula el respaldo significativo de la fuerza naval en la región, con el fin de poder comenzar una larga (¡súper sic!) campaña militar contra una serie de instalaciones nucleares y militares de Irán. Para el año fiscal 2013 se prevén gastos de Defensa por más de 642 mil millones de dólares, mil 500 millones más de lo previsto para 2012 y 554 mil millones están asignados al presupuesto del Pentágono y el Departamento de Energía, responsable del estado de las armas nucleares.

Una cosa es prepararse para la guerra y otra autorizarla.

En esta fase ominosa de tambores bélicos se desprende que EU se prepara para la guerra, la cual falta que autorice el Congreso y decida in extremis Obama –quien también puede estar bluffeando.

Esta semana crucial decide el curso de la historia del siglo XXI.

14.5.12

La territorialidad de la dominación III

Carlos Fazio

En su fase actual, la lógica de una desestabilización encubierta con fines de una balcanización territorial –parcial o total– de México se apoya en la guerra sicológica y en la guerra sucia. A ambas modalidades bélicas les es consustancial la propaganda. La propaganda de guerra. Mediante la propaganda se fabrica la "verdad oficial". En el proceso de manufacturación de una verdad colectiva el objetivo es lograr que aparezca como verdadero lo falso. La realidad cotidiana es negada como tal y redefinida por la propaganda gubernamental. Los continuos partes oficiales (del Ejército, la Marina, la Policía Federal o estatal) se convierten en la "realidad", por más obvia que sea su distorsión de los hechos. En ese ambiente de mentira institucionalizada los medios realizan una verdadera inversión orwelliana de las palabras. Y como en toda guerra el "enemigo" llega a ser –aunque no siempre de manera explícita– la referencia fundamental del quehacer social, identificar quién es enemigo de quién y de qué manera lo es, son preguntas que en muchos casos tienen menos que ver con realidades objetivas que con construcciones elaboradas mediante una calculada manipulación de la realidad.

Como principal procedimiento de la guerra sicológica, la propaganda consiste en “el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva […] con miras a alterar o controlar opiniones, ideas y valores y, en última instancia, a cambiar actitudes manifiestas según líneas predeterminadas”. Frente a la inercia y debilidad de la conciencia pública, la ambivalencia y confusión de las capas medias de la población son explotadas mediante la propaganda. Los medios son uno de los principales vehículos de la propaganda. El poder real tiene conciencia que los medios son un poder. Y lo utilizan para incrementar el propio. Máxime, cuando, como en el caso del duopolio de la televisión, las familias propietarias forman parte de la plutocracia mexicana.

Si la guerra sicológica busca la destrucción del enemigo real o potencial no mediante su eliminación física, sino por medio de su conquista síquica, la guerra sucia se dirige contra la población civil, y como no existe una justificación, ni política ni legal, para dirigir a las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del Estado contra la sociedad, la tarea se encomienda a organizaciones clandestinas o escuadrones de la muerte –grupos de hombres armados vestidos de civil– que secuestran, torturan, asesinan o desaparecen sospechosos de colaborar con el "enemigo".

Ambas formas de guerra constituyen maneras de negar la realidad y buscan alcanzar la victoria sobre el enemigo por medio de la violencia y generando terror en la población. La guerra sucia se sirve de la represión aterrorizante. Es decir, de la ejecución visible de actos crueles que desencadenan en la población un miedo masivo, incontenible y paralizante. A su vez, la guerra sicológica utiliza la represión manipuladora, generando miedo mediante una sistemática e imprevisible dosificación de amenazas y estímulos, premios y castigos, actos de amedrentamiento y muestras de apoyo condicionado.

En diciembre de 2006, para justificar la militarización del país como vía para profundizar el plan de reordenamiento territorial de facto contenido en el Plan Puebla-Panamá (2001) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (Aspan, 2005), Felipe Calderón y sus patrocinadores en Washington tuvieron que fabricar un nuevo "enemigo". Dado que Andrés Manuel López Obrador desactivó la resistencia civil pacífica contra el fraude electoral para evitar un baño de sangre, y que tras los laboratorios de la mano dura en Atenco y Oaxaca (2006) las guerrillas siguieron en sendas fases de construcción pacífica de autonomía territorial (el EZLN) y de acumulación de fuerza (el EPR), los estrategas de la "guerra" de Calderón tuvieron que fabricar un nuevo "peligro" para México. El enemigo sustituto pasó a ser el narcotráfico, como la modalidad más visible de lo que se ha dado en llamar el crimen organizado.

 Hermano gemelo –en su gestación– del calderonismo, la irrupción mediática del grupo La Familia Michoacana sintetizó y exhibió la nueva matriz de opinión que habría de ser impuesta a la población desde los medios: la guerra entre grupos delincuenciales por el control de los territorios, las rutas y los mercados de la economía criminal. Una guerra de distracción –salvaje y de apariencia demencial, pero planificada para ese fin–, que por la vía de inflar, potenciar y posicionar en el escenario público organizaciones delincuenciales reales o ficticias (el grupo de Joaquín El Chapo Guzmán, Los Zetas, La Mano con Ojos y otras sorpresas) permitió desviar la atención de la nueva guerra de conquista por los territorios y los recursos geoestratégicos, con sus megaproyectos y una integración energética transfronteriza ya en curso.

 En forma paralela a la "guerra" a los malos de Calderón –una guerra real, encubridora de la dominación de espectro completo con fines de balcanización del territorio nacional y miles de ejecutados sumarios, torturados, detenidos-desaparecidos y fosas clandestinas–, las usinas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Pentágono en Washington fueron manufacturando otras matrices de opinión tales como "México, Estado fallido", "narcoinsurgencia" y "narcoterrorismo", y otras más recientes como "narcoestado sustituto", que han venido siendo utilizadas para profundizar la militarización de la vida cotidiana y de los principales espacios sociales en varias partes del país. Una militarización que, con la excusa de acabar con "enclaves criminales" y recuperar "espacios sin gobierno", contribuye a la omnipresencia del control prepotente y de la amenaza represiva, como vía para imponer un nuevo reordenamiento territorial en el marco de un Estado policial en ciernes.

9.5.12

Sarkofobia: rebelión contra el euro y la "austeridad Merkel"; alianza de Francia con los BRICS?

Alfredo Jalife-Rahme
La categoría dicotómica de izquierda y derecha, aunque necesaria, es insuficiente y deficiente para entender la crisis terminal de la globalización financierista, cuando los radicalismos del espectro político se han coaligado en su contra para que sobrevivan las naciones.

Los radicalismos de derecha y/o izquierda han coincidido en su rechazo nacionalista a la globalización financierista y, en el caso europeo, en su triple aversión al euro, a la austeridad Merkel (fiscalismo castrante que beneficia a la parasitaria bancocracia) y a las caducas recetas del disfuncional FMI.

Today’s Zaman (8/5/12) condensa que el triunfo de F. Hollande imprime una nueva dirección que puede propinar un golpe mortal a la austeridad que ha sido la piedra de toque de Europa en los años recientes y comenta que la personalidad del líder pro Estados Unidos (¡súper sic!) Sarkozy probó ser demasiado amarga de digerir para los votantes.

Wayne Madsen Report (7/5/12) sintetiza la revuelta ciudadana, de extrema derecha/izquierda, contra la bancocracia, el FMI y la austeridad neoliberal monetarista de la canciller Merkel cuando surge en toda (sic) Europa la izquierda anti FMI y anti banqueros: 1) el socialista Hollande derrota a Sarkozy: la austeridad es anatema; 2) el partido socialista del difunto líder S. Milosevic, opuesto al FMI, decide quién gobernará en Serbia; 3) la extrema izquierda antieuropea y los neofascistas surgen en Grecia: adiós a los partidos pro austeridad; 4) se espera que la izquierda anti euro gane las elecciones locales en Italia: se esfuman los partidos de derecha, y 5) Merkel derrotada en Schleswig-Holstein: el centro-izquierda formará el gobierno.

Le faltó el humillante resultado de las elecciones municipales en Gran Bretaña, donde fue vapuleado el Partido Conservador del premier David Cameron, otro adicto a la austeridad ajena: la de los ciudadanos (para favorecer a la parasitaria bancocracia).

La putrefacción de Sarkozy, efímero conquistador petrolero de Bengasi, había alcanzado niveles nauseabundos: GEAB (16/4/12) cita 11 megaescándalos de su bribonería financiera, bajo investigación judicial, siendo el más espectacular el financiamiento electoral por Kadafi (¡quien se vengó desde ultratumba!).

GEAB detecta una revuelta del provincialismo contra las élites parisinas. El Partido Socialista arrebató la ciudad de París cuando parte de su triunfo se debió a la fronda de la Francia profunda: la sarkofobia de Marine Le Pen (extrema derecha), de F. Bayrou (centro-derecha) y de Jean-Luc Mélenchon (extrema izquierda).

Fustiga el desierto (sic) intelectual de su élite mercenaria o castrada. ¿No es, acaso, la lubricada descerebración a la que lleva la globalización financierista?
Vaticina que Merkel, “quien depende del apoyo del Partido Social Demócrata y los verdes”, tendrá que aceptar el nuevo pacto de crecimiento de Hollande.

Avizora, a fin de año, el lanzamiento de eurobonos y un préstamo público superlativo (Préstamo Carlomagno) para la eurozona por 500 mil millones de euros a 10 años y a una tasa de interés de 5 por ciento, garantizado por el sistema monetario europeo, que tendrá dos propósitos: 1) disminuir el nivel de deuda en la eurozona a un umbral máximo de 30 por ciento de su deuda soberana con el fin de marginalizar la influencia de los mercados financieros internacionales controlados por Wall Street y la City; y 2) estimular el crecimiento de la eurozona mediante inversiones estructurales en infraestructura (transporte, servicios públicos, educación, investigación, salud, etcétera). ¡Todo lo contrario del neoliberalismo!

Juzga que el triunfo de Hollande reanudará el ataque anglosajón contra los países vulnerables de la eurozona (los despreciados PIIGS: Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España), cuando la economía y la situación financiera de Gran Bretaña prosiguen su deterioro (nota: ya padece la recesión de doble hundimiento), mientras desaparece el espejismo de la recuperación de Estados Unidos.

Los primeros dos años de Hollande se caracterizarán por dos grandes tendencias: 1) afirmación de la política gaullista europea (o Mitterrand-gaullista), es decir, la prioridad estratégica de implementar una política exterior independiente (sic); y 2)exploración de una asociación futura euro-BRICS (¡súper sic!). ¿Los dejará la tripleta israelí-anglosajona?
La prensa anglosajona, en particular The Economist, ya no se diga el “laissez-faire” de Obama –sin contar la consternación de Israel ante la pérdida de su aliado Sarkozy (DEBKA, 7/5/12)–, se había pronunciado obscenamente contra Hollande.

GEAB desprecia la próxima cumbre del G-20 en Los Cabos (que, a mi juicio, estará pornográficamente controlada por el financierismo israelí-anglosajón), mientras concede enorme importancia (cual debe ser) a la cumbre del G-20 en Moscú el próximo año, donde resaltarían los puntos comunes de la convergencia euro-BRICS a escala internacional (reforma del FMI y del Consejo de Seguridad de la ONU) y, especialmente, la reforma fundamental del sistema monetario internacional (la sustitución del dólar de Estados Unidos como divisa de reserva), lo cual en su conjunto contribuirá decisivamente al desarrollo de la gobernabilidad del mundo de la post crisis.

GEAB anticipó las consecuencias del triunfo del socialista Hollande en su dimensión local, regional y global: Francia, eurozona, Unión Europea, OTAN, G-20 y euro-BRICS (la hipotética alianza del euro con el emergente bloque pentapartita).

Considera que el ascenso de Hollande, socialista gaullista muy sui generis, es más importante desde el punto de vista geopolítico (sic) que la elección en Estados Unidos, donde su sistema político padece parálisis general.

A su juicio, ha empezado una serie de sublevaciones estratégicas (sic) que afectarán a Europa y que acelerarán en forma significativa los cambios geopolíticos (sic) en curso a escala global desde 2008.

Aunque Francia es un país menos poderoso que Estados Unidos, ocupa una posición estratégica en Europa y en el mundo, que lo colocará como un actor principal en la emergencia del mundo de la post crisis.

Comenta que Hollande ha declarado diáfanamente su intención de explorar en forma activa las posibilidades de asociación con los BRICS (¡súper sic!), lo que rompe de tajo con la integración incondicional de Sarkozy al eje Washington/Tel Aviv. ¡Muy interesante!

Los círculos eurocéntricos coronan a los BRIICS con una I adicional: Indonesia (la mayor población islámica del mundo, además de potencia energética), cuya importancia geoestratégica conocen muy bien tanto el mismo Obama como el hoy defenestrado ex subdirector del Pentágono Paul Dundes Wolfowitz (zar de los neoconservadores straussianos, vinculado al nepotismo bushiano).

GEAB, amén de francocentrista, parece muy angelical frente a las malignas veleidades balcanizadoras de la tripleta israelí-anglosajona.

Mis fuentes europeas me aseguran que el Vaticano ve con buenos ojos el acercamiento católico con los BRICS con el fin de romper con el paganismo hipermaterialista de la perniciosa especulación financierista de los Shylocks posmodernos a los dos lados del Atlántico Norte.

5.5.12

El asalto a la Universidad Michoacana

Eduardo Nava Hernández

El 28 de abril de 2012 ya ha entrado al calendario de la Universidad Michoacana como una más de las fechas negras de su historia. Como el 14 de marzo de 1963 y el 8 de octubre de 1966, en que las instalaciones universitarias fueron ocupadas por el Ejército y cientos de universitarios fueron agredidos y conducidos a prisión.

Recuento sumario del día 28: 1) Las policías Federal y Estatal (GOE) penetran de madrugada a dos domicilios, las casas estudiantiles Nicolaita y 2 de Octubre, que son parte integrante de la UM, usando gases, chorros de agua, balas de goma y toletes; 2) no había flagrancia, pues en el momento en que algunos supuestos estudiantes cometieron delitos como la quema de vehículos no intervino la policía y ésta llegó horas después, cuando los hechos habían pasado; 3) allanan, puesto que no llevaban órdenes de cateo; 4) Realizan detenciones masivas sin órdenes de aprehensión, que remiten la memoria a 1963 y 1966, o a 1968; 5) por varias horas mantienen incomunicados a los detenidos y sin información a sus familiares y compañeros, pues seguramente las policías y el MP ni siquiera sabía a quiénes estaban deteniendo; 6) en la mañana, como a las 11:00 horas, la policía repite la dosis represiva en la casa Lucio Cabañas, agrede y golpea con toletes y hasta con bates de beisbol a los estudiantes, y realiza más detenciones; 7) hay saqueo y robo de pertenencias a los moradores y destrucción de otras, como colchones, cortinas, ventanas, etcétera; 8) franqueado por el secretario de Seguridad Pública y el secretario general de Gobierno, el rector Salvador Jara declara en rueda de prensa que no hubo violación a la autonomía universitaria, porque hay quién sabe qué tesis jurisprudencial de la SCJN a propósito del tema; 9) los medios de comunicación adictos al gobierno desatan una campaña de linchamiento no contra quienes pudieran haber cometido delitos, sino contra los albergues estudiantiles en su totalidad y contra todos sus moradores, campaña que se refleja también en las redes sociales.

Desde el 17 de marzo los miembros de la Coordinadora de Universitarios en Lucha habían solicitado al gobierno del estado recursos para salir a diversos municipios y comunidades a difundir la convocatoria para el ingreso a la Universidad. Hace algunos años la institución da por hecho que todos los alumnos de secundaria y bachilleratos de Michoacán tiene acceso fácil a internet, única vía por la que hoy se realizan los trámites de registro. La difusión de la convocatoria no es una tarea que realmente corresponda a la organización estudiantil; pero aun el secretario de la Universidad, Egberto Bedolla, reconoció (La Jornada Michoacán, 27 de abril) que anualmente el gobierno estatal ha venido apoyando en esa tarea a los estudiantes.

El 25 de abril el gobierno dio una respuesta negativa y la CUL decidió cerrar algunos tramos de la Avenida Madero de Morelia y retener diversos vehículos del gobierno. Al atardecer del 27, cuando las pláticas se habían restablecido y había visos de llegar a un acuerdo, dos de esas unidades fueron incendiadas por personas aún no identificadas, sin que la policía o los bomberos hicieran acto de presencia. La acción de la madrugada del 28, preparada en frío y como acción punitiva, no preventiva, no se dirigió a los responsables del incendio sino a los estudiantes habitantes de las casas en general.

En su inmensa torpeza (o inmensa debilidad, o ambas) el rector Jara no alcanza a percibir el alcance de su exculpación a las fuerzas del orden y viene a pretender justificar hechos que la historia ya ha juzgado. Las ocupaciones militares de 1963 y 1966 desembocaron, ambas, en la imposición a la Universidad de nuevos marcos legales y la deposición de los rectores, Elí de Gortari y Nicanor Gómez Reyes, respectivamente. Conforme a la nueva tesis jariana, aquellas invasiones militares no fueron tampoco atentatorias a la autonomía universitaria. Jara viene también a pretender desmentir al rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, que el 31 de julio de 1968 convocó a un mitin contra la intervención en edificios de la institución y categórico afirmó: “Varios planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México han sido ocupados por el Ejército. Durante casi 40 años la autonomía de nuestra institución no se había visto tan seriamente amenazada como ahora... Hoy más que nunca es necesario mantener una enérgica prudencia y fortalecer la unidad de los universitarios. Dentro de la ley, está el instrumento para hacer efectiva nuestra protesta. Hagámosla sin ceder a la provocación".

El tema en cuestión no es de autonomía universitaria, aunque ésta esté desde luego implicada como un marco general. Se trata, sí, de graves violaciones a los derechos humanos y sus garantías, específicamente al artículo 16 de la Constitución de la República, por cuya violación deberían salir inmediatamente todos los estudiantes detenidos sin que mediara flagrancia, órdenes de cateo o de aprehensión, averiguaciones previas ni denuncia específica en su contra, y de los cuales trece han sido ya consignados a los jueces.

Si hay delitos qué perseguir, en este caso el incendio en la vía pública de dos vehículos del gobierno del estado, ello no autoriza en ningún sentido al gobierno mismo a violentar las garantías individuales para perseguirlos. Mucho menos a realizar redadas nocturnas o asaltos contra instalaciones universitarias. Ni a la opinión pública a satanizar a los estudiantes que habitan los albergues universitarios, pobres todos ellos de condición y sujetos a la reglamentación universitaria.

Pero lo más riesgoso para la sociedad como conjunto, además de la ruptura de la legalidad por el Estado, es la justificación que éste esgrime y que una parte no despreciable de aquélla asume. No hay gobernante, lo sabemos, que no haya invocado la legalidad y el orden para legitimar sus acciones represivas; en este caso, empero, el gobernador Fausto Vallejo encabeza el linchamiento al señalar, cual sheriff de Arizona, que muchos de los moradores de las casas provienen de otras entidades y “quitan oportunidades” de estudiar a los michoacanos. Más temerariamente aún, ha señalado, sin aportar pruebas, que un grupo guerrillero está detrás de las acciones estudiantiles. Una parte de la opinión pública, difícil de cuantificar pero sin duda considerable, participa aplaudiendo las violaciones del Estado y postrándose ante el látigo que puede después volverse contra ella. Un acontecimiento de represión como éste nos permite apreciar en blanco y negro -después de dos décadas de existencia de las comisiones de Derechos Humanos y muchos más años de trabajo de organismos de defensores varios- las escasa y lábil cultura de respeto a la legalidad y garantías, y ver a trasluz, como en la clásica película de Ingmar Bergman, cómo dentro del huevo de la serpiente crece dentro de la sociedad el monstruo del autoritarismo que históricamente convalidó al nazismo y a otras dictaduras con sus crímenes. Hoy, liberar a los estudiantes nicolaitas ilegalmente aprehendidos y consignados, y a los que se arrancaron declaraciones mediante tortura y en ausencia de defensores es el primer paso, apenas el primero de lo mucho que en materia de una cultura de apego a la legalidad y respeto a esos derechos falta por hacer.