Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
En unos días se cumplirá el 74 aniversario de la expropiación petrolera y resulta hoy oportuno traer a la atención de la opinión pública un caso grave e importante de la política y la industria del petróleo: el aprovechamiento de los yacimientos transfronterizos y el acuerdo suscrito al respecto por los gobiernos de México y Estados Unidos.
El pasado 28 de febrero recibió el Senado, para su ratificación, el Acuerdo para la explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, firmado el pasado 20 de febrero, en Los Cabos, Baja California Sur, por las secretarias de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Estado, Hillary Clinton, respectivamente, de los gobiernos de México y Estados Unidos. Se trata de un instrumento jurídico que tiene el propósito de establecer los procedimientos para repartir la producción obtenida de yacimientos continuos hacia ambos lados de la frontera marítima. En ese sentido, el acuerdo implica un cambio en la forma como México ha llevado a cabo la explotación de los carburos de hidrógeno durante más de setenta años, y por ese simple motivo debe ser ampliamente conocido y examinado.
La ausencia de información pública sobre una negociación de la complejidad técnica de este acuerdo genera, por decir lo menos, suspicacia. Por ejemplo, no se sabe por qué se firmó hasta ahora, pues dada su materia fundamental debió haberse suscrito por lo menos diez años atrás. Si fue por negligencia de las autoridades mexicanas, que, entre otras cuestiones, desestimaron que durante todo ese tiempo las empresas competidoras de Pemex lograron avanzar tecnológica y organizacionalmente en la planeación y desarrollo de este tipo de proyectos; o si fue negativa del gobierno estadunidense, por razones que hasta hoy no se nos han dado a conocer. El hecho contundente es que este acuerdo deja sin protección el interés nacional, pues las empresas que ya trabajan en el lado estadunidense de la frontera marítima no quedan obligadas a su observancia, y en el caso de la redistribución, o sea la eventual nueva distribución entre ambas partes de los productos obtenidos en el curso del desarrollo y aprovechamiento de un yacimiento, el procedimiento para la nueva reasignación de beneficios queda en la indefinición.
El acuerdo trata del método –de unificación (gestión de un yacimiento transfronterizo por un solo operador, que rinda cuentas a las dos partes)– que utilizarán las empresas o entidades que hayan adquirido o adquieran permisos o concesiones para explotar yacimientos que crucen las fronteras marinas de México y Estados Unidos: se definen plazos para notificar las actividades de exploración y explotación que se realicen en una franja de tres millas a cada lado de la línea de delimitación; se especifican los procedimientos para determinar, cuando así proceda, la calidad de yacimientos transfronterizos, para llevar a cabo la unificación; se fijan los plazos para la obtención de acuerdos de distribución y redeterminación (modificación de la distribución de beneficios); se identifica a las instancias que deban constituirse para administrar conjuntamente los yacimientos, y, establece reglas para la solución de controversias entre los participantes.
El acuerdo deja a salvo el interés de las empresas que ya están trabajando en las áreas limítrofes, en este caso del lado norteamericano, pues consigna textualmente que sus cláusulas no se aplicarán sin la voluntad de las empresas (artículo1): “Si alguna disposición de este acuerdo requiriera que una de las partes modifique los términos de cualquier licencia existente a la fecha de la última notificación prevista en el artículo 22, dicha disposición no será aplicable en tal caso…” y el acuerdo no rige en la jurisdicción de las aguas territoriales del estado de Texas.
El artículo 9 señala los procedimientos para la redeterminación de la distribución de la producción, pero es ambiguo al señalar que “[Las] partes deberán hacer lo posible para asegurar… la justa y equitativa distribución de la producción de cada yacimiento…” Al respecto, debe tenerse en cuenta que la evaluación de las condiciones de los yacimientos es dinámica en la medida de su desarrollo y aprovechamiento, por lo que el acuerdo debiera garantizar la equidad entre las partes y no dejar su interpretación a la subjetividad de lo que para alguna de las partes sea (o no) posible. Más aún cuando en la relación con Estados Unidos es inevitable el peso de la asimetría.
El área objeto del acuerdo identifica más de 140 bloques, que en su mayoría podrán ser objeto de licitación, entre ellos se encuentran 23 que han sido ya concesionados, y en los que diferentes empresas realizan trabajos de exploración y desarrollo. La región del Cañón de Alaminos, particularmente la zona denominada Cinturón Plegado de Perdido concentra gran parte de los proyectos más prometedores: Great White, Silvertreep, Trident y Hammerhead, donde las empresas concesionarias han logrado perforar con éxito a profundidades que superan los 2,900 metros de tirante de agua; algunos pozos han comenzado a producir y otros lo harán en los años siguientes. Se trata de un complejo (Perdido Hub) que ya está en funcionamiento y que integra, en el fondo marino, la infraestructura de las diferentes empresas para concentrar, separar y transportar el producto obtenido hasta las costas de Texas.
En los últimos años Pemex ha comenzado a explorar la parte mexicana del Cinturón Plegado de Perdido, a partir de información que puede suponerse soporta la hipótesis de que existen yacimientos transfronterizos. Esta actividad plantea la disyuntiva de que al localizar yacimientos viables, aun cuando no fueran continuos hasta la parte estadunidense, se tendría que decidir la construcción y montaje de nueva infraestructura o vincularse a la ya existente, que lleva los productos obtenidos a la costa texana. Es decir, se estaría asumiendo que dados los previsibles volúmenes extraídos sobre todo en las primeras etapas de explotación, el desarrollo de un proyecto para procesar en territorio mexicano los productos obtenidos podría resultar antieconómico, por lo que estos productos tendrían que utilizar las infraestructuras con terminales en Texas, con las consecuencias económicas, financieras y geopolíticas que ello implica. Esta es una razón más para buscar precisión en el acuerdo, en cuanto a la distribución de beneficios en el aprovechamiento de yacimientos transfronterizos.
Por otra parte, dado que el acuerdo señala que las empresas que ya trabajan en la zona tienen la facultad de decidir si adoptan o no lo establecido en el acuerdo, las autoridades mexicanas y el Senado deben, por lo pronto, responder a las siguientes preguntas: ¿qué pasará si una empresa, con licencia estadunidense previa, estima no conveniente celebrar un acuerdo de unificación? ¿Quién fijará la compensación al Estado mexicano por los hidrocarburos de un transfronterizo ya obtenidos o por extraer? ¿A qué instancias internacionales podría recurrir el gobierno mexicano en caso de controversia?
El asunto se complica aún más dado que el artículo 16 establece que un experto fallará sobre las controversias relativas a la distribución de la producción. Quizás esta sea la práctica usual entre empresas, pero no se debe olvidar que en este caso el experto determinaría entre el interés de una empresa y el de un Estado soberano.
Por las circunstancias en que se da, la firma de este acuerdo parece el resultado de una presión ejercida sobre el gobierno mexicano para facilitar los trabajos de las empresas que ya operan del lado estadunidense. En el año 2000 el gobierno mexicano suscribió con Estados Unidos un Tratado de límites sobre la plataforma continental, es decir sobre el espacio marino más allá de las doscientas millas de mar patrimonial, que estableció una moratoria a la exploración y explotación en la frontera de la región denominada Hoyos de Dona; sin embargo, como se ha visto, el desarrollo se dio ya en el lado estadunidense, mucho más cerca de la costa, y fuera del área respecto a la cual se negoció la moratoria, por lo que ahora los vecinos pretenden extender sus zonas de actividad a los transfronterizos, que seguramente ya han detectado.
Una omisión grave es que a lo largo del texto del acuerdo no aparece la palabra, y menos aún el tema, de las reservas que pudieran descubrirse, pues para México, como país exportador, resulta prioritaria su administración con visión de largo plazo. Cabría al respecto preguntarse si en la Estrategia Nacional de Energía se han previsto las gestiones necesarias para convenir un plan que considerara la apertura a la explotación ordenada de las distintas zonas compartidas en el Golfo de México –tal como se hace en Estados Unidos.
El acuerdo que se ha solicitado ratifiquen los senadores levantará la moratoria sobre la zona de los Hoyos de Dona (artículo 24) y abrirá a la explotación, en un solo acto, si así lo dispone el gobierno estadunidense, toda la línea limítrofe en el mar, dejando que sólo el interés del mercado determine la velocidad de extracción de los hidrocarburos existentes. ¿Donde quedará el interés mexicano por administrar las reservas de esa zona según las necesidades del desarrollo nacional o para generaciones futuras? Más aún cuando se actúa a ojos cerrados, pues se desconoce la magnitud de los recursos comprometidos, o incluso, cuando existe confusión en el propio gobierno (o un propósito consciente de confundir a la opinión pública), lo que se ha visto en estos días, cuando funcionarios gubernamentales afirman reiteradamente que no hay indicios de la existencia de yacimientos transfronterizos.
Un acuerdo como el recientemente firmado por el gobierno mexicano no debería ser un acto obligado por las circunstancias, sino paso secuencial de una ruta trazada en la expansión de la industria petrolera nacional y en la protección y administración con racionalidad de presente y futuro, política, económica y técnica, de nuestros recursos naturales.
Bajo las nuevas circunstancias, es indispensable fortalecer los recursos de Pemex para proyectos en la zona limítrofe. Es necesario, igualmente, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos fortalezca sus funciones de vigilancia en el uso racional de los recursos y para la prevención de desastres naturales. Y es indispensable, además, examinar las posibilidades de que Pemex adquiera instalaciones de refinación en Estados Unidos para procesar los flujos de hidrocarburos que surgirán en la porción norte del Golfo de México.
Finalmente, el Senado de la República, antes de ratificar el acuerdo, debiera solicitar al Ejecutivo su modificación, a fin de que quede plenamente salvaguardado el interés nacional y para que este texto no vaya a ser antecedente en la suscripción de otros acuerdos internacionales, como el que bien puede preverse deberá en su momento convenirse con Cuba. De no acceder el Ejecutivo a plantear la revisión de este acuerdo, el Senado de la República no debe ratificarlo.
10.3.12
La telaraña del poder corporativo y la "economía verde"
Silvia Ribeiro
Apenas 147 empresas trasnacionales controlan el 40 por ciento del volumen total de ventas de todas las trasnacionales del globo. El dato más sorprendente no es que sean pocas –existían ya estudios mostrando el alto grado de concentración corporativa–, sino que están estrechamente interconectadas a través de acciones y participaciones entre ellas, constituyendo una "súper entidad" global que ejerce un control enorme sobre mercados, producción y políticas nacionales e internacionales. Las tres cuartas partes de éstas 147 superpoderosas son bancos e intermediarios financieros, que a su vez tienen un importante porcentaje de acciones en las mayores empresas de capital productivo.
Los datos provienen del estudio The Network of Global Corporate Control de Stefania Vitali, James B. Glattfelder y Stefano Battiston, del Instituto Federal de Tecnología de Suiza (publicado en la revista científica PLoS ONE el 26/10/11). El estudio analiza las redes corporativas globales y las relaciones entre ellas, para lo cual se basan en la interpretación de información de la base de datos Orbis al 2007, que registra más de 30 millones de actores económicos en el mundo.
Los investigadores seleccionaron 43 mil 60 de las mayores empresas en 116 países y encontraron que 737 concentran el 80 por ciento de las ventas de todas las trasnacionales. Pero a nivel de conexiones hay un núcleo de 1318 empresas que tienen dos o más interconexiones, con un promedio de 20 vínculos entre sí. Estas mil 318, con sede en 26 países, mayoritariamente anglosajones, controlan el 60 por ciento de los ingresos globales, a través de acciones en empresas globales de manufactura, energía y otros rubros básicos.
Como araña en la red de esas mil 318, hay un núcleo de mucho mayor densidad de interrelaciones, formado por las 147 empresas que detentan 40 por ciento de los ingresos de todas las trasnacionales. La gran mayoría de éstas últimas son instituciones financieras, entre las que se encuentran nombres muy conocidos como Barclays Lpc, Axa, JP Morgan Chase & Co, Merrill Lynch & Co Inc, Deustche Bank, Bank of America, Walton Enterprises LLC (la firma inversora del capital de la familia Walton, dueños de la empresa más grande del mundo: el supermercado WalMart), ING Group, BNP Paribas. La número 50 en la lista es significativamente la china Petrochemical Group Company, que denota el ascenso de los capitales chinos a este grupo exclusivo de corporaciones que tienen las riendas económicas y financieras del planeta.
Aunque el estudio está hecho sobre datos del 2007, previos a romper la ola de crisis financiera que acabó con algunas de las empresas referidas en el estudio, la estructura de la red se mantiene y es una información clave para entender también las políticas "públicas" que se promueven frente a las crisis financiera, alimentaria, climática, ambiental.
Para empezar, este enorme poder concentrado está entretejido y por detrás de que los gobiernos hayan dedicado –y siguen dedicando, ahora con mayor acento en Europa– enormes sumas de dinero público para salvar bancos y grandes empresas en quiebra, a costa de los presupuestos de políticas de bienestar social para las mayorías, a costa del apoyo que necesita la población víctima de las crisis y en lugar de apoyar alternativas productivas decentralizadas y de pequeña escala (como la agricultura campesina, cooperativas de trabajadores urbanos, etcétera) que son las que realmente pueden enfrentar las crisis múltiples desde las raíces, cambiando las causas, no transformando los síntomas de la enfermedad en nuevas fuentes de negocios.
Al mismo tiempo, sin tocar ni la especulación financiera que causó la crisis, ni los nocivos modelos de consumo y de producción contaminantes (bases de la civilización petrolera y de la devastación ambiental y climática), promueven nuevas fórmulas para aumentar y legalizar los mercados financieros con la naturaleza (mercados de carbono, de servicios ambientales, de biodiversidad, etcétera) y más explotación de naturaleza y recursos a través de nuevas tecnologías, como por ejemplo, el uso extendido de biología sintética para procesar biomasa como fuente de combustibles, de fármacos y sustancias industriales.
Irónicamente, a estos paquetes de subsidiar a corporaciones abriendo nuevas fuentes de mercantilización de la naturaleza y sus funciones para aumentar las ganancias con supuestos remedios a las crisis que ellas mismas provocaron, le llaman "economía verde". O como dijo Obama parafraseando a F. Roosevelt frente a la crisis de 1929, se trata de un "green new deal" (nuevo acuerdo verde), donde todos son escenarios de ganar-ganar. Claro que las ganancias-ganancias están siempre referidas a los mismos: a esa red corporativa que tiene entre sus tentáculos al planeta y a la gente (Ver “Quién controlará la economía verde” www.etcgroup.org/es/node/5298)
El escenario parece abrumador, pero no olvidemos que el sistema que sostiene a estas redes de poder está en una profunda crisis y que por todas partes en el planeta aparecen movimientos que los denuncian y no están dispuestos a resignarse a seguir siendo víctimas. Son movimientos diversos y contradictorios, pero van convergiendo con las alternativas locales, campesinas, indígenas, que son las que sostienen, cuidan y dan de comer a la mayoría del planeta, mientras las corporaciones se empeñan en seguirlo explotando. El emperador sigue reinando, pero está sin ropas a la vista de todos, y tenemos que seguirlo denunciarlo, por más que ahora diga que está vestido de verde.
Apenas 147 empresas trasnacionales controlan el 40 por ciento del volumen total de ventas de todas las trasnacionales del globo. El dato más sorprendente no es que sean pocas –existían ya estudios mostrando el alto grado de concentración corporativa–, sino que están estrechamente interconectadas a través de acciones y participaciones entre ellas, constituyendo una "súper entidad" global que ejerce un control enorme sobre mercados, producción y políticas nacionales e internacionales. Las tres cuartas partes de éstas 147 superpoderosas son bancos e intermediarios financieros, que a su vez tienen un importante porcentaje de acciones en las mayores empresas de capital productivo.
Los datos provienen del estudio The Network of Global Corporate Control de Stefania Vitali, James B. Glattfelder y Stefano Battiston, del Instituto Federal de Tecnología de Suiza (publicado en la revista científica PLoS ONE el 26/10/11). El estudio analiza las redes corporativas globales y las relaciones entre ellas, para lo cual se basan en la interpretación de información de la base de datos Orbis al 2007, que registra más de 30 millones de actores económicos en el mundo.
Los investigadores seleccionaron 43 mil 60 de las mayores empresas en 116 países y encontraron que 737 concentran el 80 por ciento de las ventas de todas las trasnacionales. Pero a nivel de conexiones hay un núcleo de 1318 empresas que tienen dos o más interconexiones, con un promedio de 20 vínculos entre sí. Estas mil 318, con sede en 26 países, mayoritariamente anglosajones, controlan el 60 por ciento de los ingresos globales, a través de acciones en empresas globales de manufactura, energía y otros rubros básicos.
Como araña en la red de esas mil 318, hay un núcleo de mucho mayor densidad de interrelaciones, formado por las 147 empresas que detentan 40 por ciento de los ingresos de todas las trasnacionales. La gran mayoría de éstas últimas son instituciones financieras, entre las que se encuentran nombres muy conocidos como Barclays Lpc, Axa, JP Morgan Chase & Co, Merrill Lynch & Co Inc, Deustche Bank, Bank of America, Walton Enterprises LLC (la firma inversora del capital de la familia Walton, dueños de la empresa más grande del mundo: el supermercado WalMart), ING Group, BNP Paribas. La número 50 en la lista es significativamente la china Petrochemical Group Company, que denota el ascenso de los capitales chinos a este grupo exclusivo de corporaciones que tienen las riendas económicas y financieras del planeta.
Aunque el estudio está hecho sobre datos del 2007, previos a romper la ola de crisis financiera que acabó con algunas de las empresas referidas en el estudio, la estructura de la red se mantiene y es una información clave para entender también las políticas "públicas" que se promueven frente a las crisis financiera, alimentaria, climática, ambiental.
Para empezar, este enorme poder concentrado está entretejido y por detrás de que los gobiernos hayan dedicado –y siguen dedicando, ahora con mayor acento en Europa– enormes sumas de dinero público para salvar bancos y grandes empresas en quiebra, a costa de los presupuestos de políticas de bienestar social para las mayorías, a costa del apoyo que necesita la población víctima de las crisis y en lugar de apoyar alternativas productivas decentralizadas y de pequeña escala (como la agricultura campesina, cooperativas de trabajadores urbanos, etcétera) que son las que realmente pueden enfrentar las crisis múltiples desde las raíces, cambiando las causas, no transformando los síntomas de la enfermedad en nuevas fuentes de negocios.
Al mismo tiempo, sin tocar ni la especulación financiera que causó la crisis, ni los nocivos modelos de consumo y de producción contaminantes (bases de la civilización petrolera y de la devastación ambiental y climática), promueven nuevas fórmulas para aumentar y legalizar los mercados financieros con la naturaleza (mercados de carbono, de servicios ambientales, de biodiversidad, etcétera) y más explotación de naturaleza y recursos a través de nuevas tecnologías, como por ejemplo, el uso extendido de biología sintética para procesar biomasa como fuente de combustibles, de fármacos y sustancias industriales.
Irónicamente, a estos paquetes de subsidiar a corporaciones abriendo nuevas fuentes de mercantilización de la naturaleza y sus funciones para aumentar las ganancias con supuestos remedios a las crisis que ellas mismas provocaron, le llaman "economía verde". O como dijo Obama parafraseando a F. Roosevelt frente a la crisis de 1929, se trata de un "green new deal" (nuevo acuerdo verde), donde todos son escenarios de ganar-ganar. Claro que las ganancias-ganancias están siempre referidas a los mismos: a esa red corporativa que tiene entre sus tentáculos al planeta y a la gente (Ver “Quién controlará la economía verde” www.etcgroup.org/es/node/5298)
El escenario parece abrumador, pero no olvidemos que el sistema que sostiene a estas redes de poder está en una profunda crisis y que por todas partes en el planeta aparecen movimientos que los denuncian y no están dispuestos a resignarse a seguir siendo víctimas. Son movimientos diversos y contradictorios, pero van convergiendo con las alternativas locales, campesinas, indígenas, que son las que sostienen, cuidan y dan de comer a la mayoría del planeta, mientras las corporaciones se empeñan en seguirlo explotando. El emperador sigue reinando, pero está sin ropas a la vista de todos, y tenemos que seguirlo denunciarlo, por más que ahora diga que está vestido de verde.
5.3.12
¡Ayotzinapa vive!
Carlos Fazio
A casi tres meses de los hechos en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero, en los que tres personas murieron, cuatro más resultaron heridas por proyectiles de armas de fuego y 24 fueron sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes, el caso exhibe la manera autoritaria en que se maneja un conflicto social en México. También devela la colusión de las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia –en la represión extralegal a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa hubo una coparticipación institucional de los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal– y desnuda el sistema de seguridad y justicia mexicano, que con base en una cultura del engaño y la simulación está estructurado de manera clasista para servir, encubrir y propiciar la impunidad de quienes ostentan el poder.
Los asesinatos de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, no debieron ocurrir. Tampoco la muerte del ex paracaidista de la Marina Gonzalo Cámara Rivas, encargado del sistema de cómputo del establecimiento Eva II, quien falleció a consecuencia de quemaduras múltiples al tratar de contener el incendio de una de las bombas de suministro de gasolina. Si ocurrieron, fue porque alguien en la cadena de mando del Operativo Guerrero Seguro ordenó el uso de armas de alto poder contra estudiantes desarmados que defendían que la escuela siga abierta.
El homicidio de los estudiantes y el incendio de la gasolinera fue producto de la represión violenta. De un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública y las armas de fuego, con el objetivo de contener una manifestación pública. La utilización de la fuerza letal contra civiles siempre debe ser el último recurso. Es una alternativa extrema y excepcional cuando se han agotado todas las vías de negociación y persuasión, y no se puede ejercer de manera arbitraria; es necesario observar los principios de legalidad, oportunidad, proporcionalidad y razonabilidad, situaciones que no se dieron en el caso de marras el 12 de diciembre de 2011.
De acuerdo con el informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para reprimir una manifestación de 300 estudiantes –y sin que existan elementos fehacientes del uso de protocolos o lineamientos de actuación antimotines– se utilizaron 165 elementos policiales: 61 de la Policía Federal, 73 de la policía ministerial; 19 de la policía estatal y 12 policías preventivos municipales, de los cuales al menos 67 portaban armas de alto poder. Según la prueba de Griess practicada por la Procuraduría General de la República (PGR), 91 por ciento de las armas detonadas pertenecían a policías federales.
Sin entrar en la lógica perversa del sistema, en la cual instancias federales, estatales y ministeriales se encubren y acusan mutuamente para enredar y dilatar el caso, sacar ventajas y pretender eludir responsabilidades –y prescindiendo también de la guerra civil molecular en el estado de Guerrero, donde participan la Zona Militar, la Marina, las procuradurías federal y estatal (incluido un grupo duro de "incontrolados" locales que gozan de autonomía y tienen presuntos nexos con bandas de la economía criminal), partidos políticos (PRI, PRD, PAN), el sindicato de maestros que controla Elba Esther Gordillo, narcotraficantes y organizaciones guerrilleras en fase de acumulación de fuerzas–, persisten varias preguntas claves:
¿Quién estuvo a cargo del operativo? ¿Quién en la línea de mando dio la orden de que las "fuerzas del orden" participaran con armas de alto poder al margen de los protocolos antimotines? ¿Quién ordenó disparar y con qué criterios?
¿Por qué si existen evidencias de que el ex fiscal especializado para la investigación de delitos graves, Esteban Maldonado, y el ex coordinador de zona de la policía ministerial, David Urquizo Molina, participaron en la tortura al estudiante Gerardo Torres Pérez y le sembraron un arma AK-47 de las llamadas cuerno de chivo, sólo han sido destituidos, no están siendo investigados y permanecen libres?
¿Por qué intervino en el caso la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)? ¿Se intenta vincular a algunos mandos con el llamado cártel Independiente de Acapulco para que la PGR haga un uso político del caso en tiempos electorales? ¿Qué tiene que ver con lo anterior la ejecución de dos policías ministeriales que actuaban como escoltas del subprocurador de Justicia, César de los Santos, el pasado 24 de febrero? ¿Existe una guerra sucia interna por el control de la procuraduría estatal?
Más allá de esas interrogantes, una aproximación a la verdad histórica de los hechos parece evidenciar que hubo un plan predeterminado para cerrar la normal de Ayotzi y de paso incendiar Guerrero. Que en la cadena de mando alguien dio la orden de tirar a matar y modificar la escena del crimen. Después, siguiendo la lógica carroñera del poder, los estudiantes Herrera y Echeverría fueron estigmatizados junto con sus compañeros de Ayotzi, en tanto Cámara, "el héroe de la gasolinera", recibió un reconocimiento post mortem tras ser designado por el cabildo local "hijo predilecto" de Chilpancingo.
La reanudación de clases y el nombramiento de un nuevo director son un triunfo de los normalistas. Se evitó el cierre. ¡Ayotzinapa vive! Pero ahora, en un uso faccioso de la justicia, se está chantajeando a los estudiantes con el incendio de la bomba de gasolina –que bien pudo ser cometido por un agente provocador encubierto– y se quiere criminalizar su protesta atribuyéndoles ataques a las vías de comunicación, delito federal. ¿Acaso se pretende cambiar dos muertos por uno? Y, en el colmo del absurdo, si no fuera moneda corriente: ¿por qué se están haciendo seguimientos a miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan? ¿También se busca incriminarlos?
A casi tres meses de los hechos en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero, en los que tres personas murieron, cuatro más resultaron heridas por proyectiles de armas de fuego y 24 fueron sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes, el caso exhibe la manera autoritaria en que se maneja un conflicto social en México. También devela la colusión de las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia –en la represión extralegal a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa hubo una coparticipación institucional de los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal– y desnuda el sistema de seguridad y justicia mexicano, que con base en una cultura del engaño y la simulación está estructurado de manera clasista para servir, encubrir y propiciar la impunidad de quienes ostentan el poder.
Los asesinatos de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, no debieron ocurrir. Tampoco la muerte del ex paracaidista de la Marina Gonzalo Cámara Rivas, encargado del sistema de cómputo del establecimiento Eva II, quien falleció a consecuencia de quemaduras múltiples al tratar de contener el incendio de una de las bombas de suministro de gasolina. Si ocurrieron, fue porque alguien en la cadena de mando del Operativo Guerrero Seguro ordenó el uso de armas de alto poder contra estudiantes desarmados que defendían que la escuela siga abierta.
El homicidio de los estudiantes y el incendio de la gasolinera fue producto de la represión violenta. De un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública y las armas de fuego, con el objetivo de contener una manifestación pública. La utilización de la fuerza letal contra civiles siempre debe ser el último recurso. Es una alternativa extrema y excepcional cuando se han agotado todas las vías de negociación y persuasión, y no se puede ejercer de manera arbitraria; es necesario observar los principios de legalidad, oportunidad, proporcionalidad y razonabilidad, situaciones que no se dieron en el caso de marras el 12 de diciembre de 2011.
De acuerdo con el informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para reprimir una manifestación de 300 estudiantes –y sin que existan elementos fehacientes del uso de protocolos o lineamientos de actuación antimotines– se utilizaron 165 elementos policiales: 61 de la Policía Federal, 73 de la policía ministerial; 19 de la policía estatal y 12 policías preventivos municipales, de los cuales al menos 67 portaban armas de alto poder. Según la prueba de Griess practicada por la Procuraduría General de la República (PGR), 91 por ciento de las armas detonadas pertenecían a policías federales.
Sin entrar en la lógica perversa del sistema, en la cual instancias federales, estatales y ministeriales se encubren y acusan mutuamente para enredar y dilatar el caso, sacar ventajas y pretender eludir responsabilidades –y prescindiendo también de la guerra civil molecular en el estado de Guerrero, donde participan la Zona Militar, la Marina, las procuradurías federal y estatal (incluido un grupo duro de "incontrolados" locales que gozan de autonomía y tienen presuntos nexos con bandas de la economía criminal), partidos políticos (PRI, PRD, PAN), el sindicato de maestros que controla Elba Esther Gordillo, narcotraficantes y organizaciones guerrilleras en fase de acumulación de fuerzas–, persisten varias preguntas claves:
¿Quién estuvo a cargo del operativo? ¿Quién en la línea de mando dio la orden de que las "fuerzas del orden" participaran con armas de alto poder al margen de los protocolos antimotines? ¿Quién ordenó disparar y con qué criterios?
¿Por qué si existen evidencias de que el ex fiscal especializado para la investigación de delitos graves, Esteban Maldonado, y el ex coordinador de zona de la policía ministerial, David Urquizo Molina, participaron en la tortura al estudiante Gerardo Torres Pérez y le sembraron un arma AK-47 de las llamadas cuerno de chivo, sólo han sido destituidos, no están siendo investigados y permanecen libres?
¿Por qué intervino en el caso la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)? ¿Se intenta vincular a algunos mandos con el llamado cártel Independiente de Acapulco para que la PGR haga un uso político del caso en tiempos electorales? ¿Qué tiene que ver con lo anterior la ejecución de dos policías ministeriales que actuaban como escoltas del subprocurador de Justicia, César de los Santos, el pasado 24 de febrero? ¿Existe una guerra sucia interna por el control de la procuraduría estatal?
Más allá de esas interrogantes, una aproximación a la verdad histórica de los hechos parece evidenciar que hubo un plan predeterminado para cerrar la normal de Ayotzi y de paso incendiar Guerrero. Que en la cadena de mando alguien dio la orden de tirar a matar y modificar la escena del crimen. Después, siguiendo la lógica carroñera del poder, los estudiantes Herrera y Echeverría fueron estigmatizados junto con sus compañeros de Ayotzi, en tanto Cámara, "el héroe de la gasolinera", recibió un reconocimiento post mortem tras ser designado por el cabildo local "hijo predilecto" de Chilpancingo.
La reanudación de clases y el nombramiento de un nuevo director son un triunfo de los normalistas. Se evitó el cierre. ¡Ayotzinapa vive! Pero ahora, en un uso faccioso de la justicia, se está chantajeando a los estudiantes con el incendio de la bomba de gasolina –que bien pudo ser cometido por un agente provocador encubierto– y se quiere criminalizar su protesta atribuyéndoles ataques a las vías de comunicación, delito federal. ¿Acaso se pretende cambiar dos muertos por uno? Y, en el colmo del absurdo, si no fuera moneda corriente: ¿por qué se están haciendo seguimientos a miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan? ¿También se busca incriminarlos?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
