Carlos Fazio
Fue un crimen de Estado. Las ejecuciones sumarias extrajudiciales de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron sendos crímenes de Estado que involucran, por acción y omisión, a los gobiernos estatal y federal. Pese a las evidencias periciales, testimoniales, gráficas y fílmicas que involucran a varios agentes estatales, a 42 días del uso desproporcionado de la fuerza pública en la Autopista del Sol, seguido de tratos crueles y tortura contra otros estudiantes, los criminales siguen impunes.
Desde un principio, la falta de cooperación de las autoridades fue evidente. Actuaron con dolo y de manera conspirativa. Ratificando su vocación represiva, autoritaria y criminal, procedieron al margen de los protocolos antimotines correspondientes y con total desprecio por los derechos humanos. Funcionarios de primer nivel del gobierno de Guerrero y de la Policía Federal mintieron de manera deliberada para distorsionar, enredar y ocultar los hechos. Las autoridades alteraron la escena del crimen y mediante una "operación barrido" destruyeron y/o desaparecieron pruebas y evidencias para encubrir a los responsables materiales e intelectuales de la violenta acción represiva.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que el uso de la fuerza letal contra civiles desarmados obedeció a un acto consciente de causar daño más allá del control de la situación. Además se quiso fabricar un culpable. Un chivo expiatorio. Mediante tortura y la siembra de un fusil de asalto se intentó manufacturar un falso positivo a la mexicana. El estudiante Gerardo Torres Pérez fue doblemente victimizado. Capturado en el lugar de los hechos, fue aislado e incomunicado. Lo desnudaron, le mojaron el cuerpo y lo golpearon en la espalda, costillas y cara para que se incriminara. Después, sus captores lo llevaron a una casa abandonada en Zumpango y lo obligaron a disparar un arma AK-47 –cuerno de chivo– y tocar los casquillos percutidos para impregnar sus manos con pólvora, con la intención de imputarle el asesinato de sus compañeros.
El montaje, atribuido por el estudiante al comandante de la policía ministerial David Urquizo (quien sigue activo), lo divulgó mediáticamente el ex procurador estatal Alberto Rosas López, quien manejó la presencia en el lugar –con fines desestabilizadores, dijo– de "grupos civiles ajenos" al gobierno y los estudiantes. Y sin la autopsia correspondiente, a pocas horas del crimen "reveló" que las víctimas presentaban impactos de arma AK-47, "que no usan las corporaciones del estado, cuyos elementos acudieron al lugar desarmados".
El uso excesivo de fuerza letal frente a la protesta social de los estudiantes de Ayotzi se dio en el marco del operativo Guerrero seguro, donde participan diversas corporaciones de seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal y Procuraduría General de la República) que responden a una coordinación interinstitucional, cuyo mando superior se ubica en el gabinete de seguridad nacional de Felipe Calderón. La estrategia es coordinada por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. En la acción también intervinieron agentes de las policías preventiva y ministerial del estado de Guerrero.
El operativo estuvo a cargo del subsecretario de Seguridad Pública local, general Ramón Miguel Arriola Ibarra, quien declaró a los medios: "El gobernador me pidió limpiar y la carretera está limpia". Durante la "limpieza" hubo un uso excesivo de armas de fuego. No hubo enfrentamiento. Se empleó fuerza letal para reprimir estudiantes desarmados. Diversas videograbaciones permitieron contabilizar 300 detonaciones de fusiles de asalto y 200 disparos con escuadras, revólveres y rifles de bajo calibre en sólo ocho minutos. Muchos tiros fueron al aire. Pero varios autobuses donde se refugiaron estudiantes exhibieron impactos de bala en vidrios y carrocería. La tragedia pudo ser mayor.
Los homicidios no debieron ocurrir. Pero alguien dio la orden y ésta bajó por la cadena de mando. El o los asesinos tiraron a matar; lo hicieron a sangre fría. Herrera recibió un tiro en la cabeza; Echeverría, en el cuello. Los autores materiales de los disparos son agentes de un poder violento. Quien ordenó tirar lo hizo con lúcida conciencia. Fue una acción intencional y calculada que obedeció a una estrategia de poder, como engranaje o eslabón imprescindible de un sistema de gobierno o una provocación interpares.
Quedan muchas preguntas pendientes: ¿cuál fue la línea de mando?, ¿quién estuvo a cargo del operativo?, ¿quién ordenó el envío de efectivos con fusiles de asalto a desalojar una manifestación de estudiantes?, ¿quién en la cadena de mando político y operativo ordenó abrir fuego y con qué criterios?, ¿quién ordenó modificar la escena del crimen y desaparecer evidencias?, ¿quiénes coaccionaron, previa tortura física y sicológica, al estudiante Gerardo Torres para que accionara un arma sembrada y se incriminara?, ¿por qué no están detenidos los torturadores?, ¿por qué no se tomó declaración al general Arriola, quien proporcionó un testimonio incontrovertible: "El gobernador me ordenó limpiar"? ¿Quién incendió la bomba de gasolina: un joven furioso, "hasta la madre" por tanta injusticia y violencia, un agente provocador, una bala o granada? ¿A qué actores políticos, grupos caciquiles o poderes fácticos convenía, en la antesala de un año electoral, montar una provocación criminal en Chilpancingo? ¿Quiénes tienen capacidad para hacerlo? ¿Hubo terceros instigadores del uso de la violencia sistémica que al intentar "incendiar" Guerrero perseguían profundizar la desestabilización del país?
El martirio de Echeverría y Herrera es referente simbólico de punición para toda la comunidad de Ayotzinapa y fue planificado para conducir a una parálisis social, mediante el terror y amedrentamiento, de la protesta estudiantil. No alcanza el grito indignado ¡Nunca más! Es necesario comprender qué ocurrió y cómo ocurrió. Conocer la verdad histórica. Ambos crímenes de Estado no deben quedar impunes.
23.1.12
20.1.12
La prerrogativa
Luis Javier Garrido
El 2012 está planteando en México, aunque muchos no lo entiendan, la confrontación entre quienes sostienen que es necesario buscar establecer, aun imperfecto, un estado de derecho, y quienes desde el gobierno siguen defendiendo el principio del imperio de la fuerza.
1. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitan su territorio, pero la del gobierno panista de Felipe Calderón ha sido no nada más salvaguardar los intereses del gobierno estadunidense y de las corporaciones trasnacionales, sino avalar el exterminio de quienes, por formar parte del narcotráfico, son entendidos por el gobierno panista como sus enemigos, haciendo suyo de tal manera el "derecho a matar", como lo documentan múltiples casos.
2. Noam Chomsky señala muy claramente en su libro más reciente, La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza (Pasado y Presente, 2011), coincidiendo con periodistas de The Atlantic, que una diferencia significativa en la llamada "política antiterrorista" del actual gobierno estadunidense con las de la administración de Bush II es que ésta "capturó a miles de sospechosos" (para ella) de ser terroristas "y los envió a campos de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo", en tanto la administración Obama se ha concentrado en la eliminación, mediante sofisticados operativos, de aquellos a los que considera terroristas individuales "en lugar de intentar capturarlos con vida" (p. 231). Es decir, que en nombre de las nuevas políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se arroga el derecho de matar a los que juzga sus enemigos.
3. Ese "derecho de matar" a sus enemigos en cualquier parte del planeta, que Washington asume ahora como su prerrogativa, como expresó el presidente Barack Obama en su discurso en el Pentágono el día 5, fue denunciado, según señalan los periodistas de The Atlantic (4 de mayo de 2011), por el ex canciller alemán Helmut Schmidt, quien al analizar el caso de la ejecución en Pakistán de Osama Bin Laden por un comando de elite de infantes de la marina, el 1º de mayo de 2011, concluyó que ese operativo fue claramente "una violación del derecho internacional". Obama hizo entonces lo que ningún mandatario estadunidense había hecho, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam: asumir que no hay un orden jurídico internacional, sino un mero imperio de la fuerza.
4. La doctrina Obama sobre "el derecho a matar" a quienes se considere enemigos de Estados Unidos, teniendo o no pruebas de ello –como en el caso de Bin Laden–, empalma de tal manera con dos aspectos de la llamada doctrina de Bush II: el de poder establecer de manera unilateral quiénes son esos enemigos (como acontece con el que llaman "eje del mal") y el de establecer, también unilateralmente, el derecho de Washington a revocar el carácter de "estados" a los países que albergan los que a su juicio son "terroristas", todo lo cual parecen esgrimirlo en el caso del narcotráfico en México.
5. La “guerra contra el narco” de México, que fue decidida en Washington en 2006 e impuesta a Calderón, está claramente marcada de tal suerte por los principios de la nueva estrategia estadunidense, y entre éstos el del "derecho a matar". Las miles de ejecuciones de capos del narco en territorio mexicano en los últimos cinco años, que la información oficial ha presentado como producto del enfrentamiento de bandas o grupos rivales, no son exactamente eso. En un escenario que se sabe es, entre otras cosas, el de la reordenación del narcotráfico por las principales agencias estadunidenses que impunemente operan en territorio mexicano –la CIA, la DEA, la DIA, la NSRO y otras–, muchos de estos homicidios aparecen como resultado de operativos del poder, es decir, que fueron cometidos por fuerzas militares o policiales mexicanas bajo las directivas de las agencias de Washington. No se puede decir “operativos de Estado” porque ya aquí el poder público mexicano aparece subordinado a fuerzas del exterior.
6. El viaje que hizo a México el miércoles 18 el general David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, quien como se recuerda fue hasta 2011 el comandante supremo en Irak, no es en este contexto una visita protocolaria más, como se pretende, sino un desplazamiento de importancia estratégica para ellos. El director de la CIA, en un hecho que no tiene precedente en nuestra historia, encabezó por la tarde una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con los integrantes del llamado "gabinete de seguridad" –los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, así como el director del Cisen–, y es muy claro que en el periodo prelectoral mexicano, que coincide en parte con el estadunidense, Washington prepara agresivos operativos en México.
7. La expresión utilizada en el boletín expedido por Los Pinos, luego de que al anochecer se reunió Calderón con Petraeus, estableciendo que habían acordado "seguir estrechando" (¿aún más?) los lazos en materia "de seguridad", no significa otra cosa que mayor subordinación de México a Washington. Y como si ya la lógica del agonizante gobierno panista fuera entregarlo todo –de las decisiones en materia financiera y económica a las de seguridad interna y externa–, en función de las elecciones de 2012, el jueves 19 Calderón anunció en un acto en Los Pinos que las políticas ecológica y de medio ambiente de México se decidirían también "de común acuerdo" con Washington, en función de un "memorando de entendimiento".
8. La responsabilidad política y penal de Felipe Calderón y de los integrantes de su gobierno por haber entregado al exterior amplios aspectos del manejo del país y haber tornado a México en un espacio de experimentación de las estrategias militares de Washington es tan grande como la relativa a las que se estima son ya más de 60 mil muertes, y todo el derroche propagandístico del régimen no podrá ocultar esto.
9. Un boletín más del gobierno federal, expedido el día 18, curiosamente a la misma hora de la visita del director de la CIA a México, pretende que tras el violento inicio de 2012 no quedan en México en actividad más que dos cárteles, el de Sinaloa y el de Los Zetas, y que estos dos son responsables de la mayor parte de los muertos en el país (no el gobierno federal, desde luego). El boletín ignora así deliberadamente que la violencia de estos cinco años fue planeada, gestada e impulsada desde el poder, que hundir a México en ella ha sido parte de un proyecto económico y político, que los integrantes armados de los cárteles son en su mayoría ex policías o ex militares y ex marinos, y que el gobierno panista creó grupos paramilitares que se arrogaron, como las fuerzas oficiales, el derecho a matar.
10. La violencia ilegal que abruma a México debe terminar, y el clamor de "¡Ya basta!" debe ser más intenso si se quiere salvar a la nación.
El 2012 está planteando en México, aunque muchos no lo entiendan, la confrontación entre quienes sostienen que es necesario buscar establecer, aun imperfecto, un estado de derecho, y quienes desde el gobierno siguen defendiendo el principio del imperio de la fuerza.
1. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitan su territorio, pero la del gobierno panista de Felipe Calderón ha sido no nada más salvaguardar los intereses del gobierno estadunidense y de las corporaciones trasnacionales, sino avalar el exterminio de quienes, por formar parte del narcotráfico, son entendidos por el gobierno panista como sus enemigos, haciendo suyo de tal manera el "derecho a matar", como lo documentan múltiples casos.
2. Noam Chomsky señala muy claramente en su libro más reciente, La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza (Pasado y Presente, 2011), coincidiendo con periodistas de The Atlantic, que una diferencia significativa en la llamada "política antiterrorista" del actual gobierno estadunidense con las de la administración de Bush II es que ésta "capturó a miles de sospechosos" (para ella) de ser terroristas "y los envió a campos de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo", en tanto la administración Obama se ha concentrado en la eliminación, mediante sofisticados operativos, de aquellos a los que considera terroristas individuales "en lugar de intentar capturarlos con vida" (p. 231). Es decir, que en nombre de las nuevas políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se arroga el derecho de matar a los que juzga sus enemigos.
3. Ese "derecho de matar" a sus enemigos en cualquier parte del planeta, que Washington asume ahora como su prerrogativa, como expresó el presidente Barack Obama en su discurso en el Pentágono el día 5, fue denunciado, según señalan los periodistas de The Atlantic (4 de mayo de 2011), por el ex canciller alemán Helmut Schmidt, quien al analizar el caso de la ejecución en Pakistán de Osama Bin Laden por un comando de elite de infantes de la marina, el 1º de mayo de 2011, concluyó que ese operativo fue claramente "una violación del derecho internacional". Obama hizo entonces lo que ningún mandatario estadunidense había hecho, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam: asumir que no hay un orden jurídico internacional, sino un mero imperio de la fuerza.
4. La doctrina Obama sobre "el derecho a matar" a quienes se considere enemigos de Estados Unidos, teniendo o no pruebas de ello –como en el caso de Bin Laden–, empalma de tal manera con dos aspectos de la llamada doctrina de Bush II: el de poder establecer de manera unilateral quiénes son esos enemigos (como acontece con el que llaman "eje del mal") y el de establecer, también unilateralmente, el derecho de Washington a revocar el carácter de "estados" a los países que albergan los que a su juicio son "terroristas", todo lo cual parecen esgrimirlo en el caso del narcotráfico en México.
5. La “guerra contra el narco” de México, que fue decidida en Washington en 2006 e impuesta a Calderón, está claramente marcada de tal suerte por los principios de la nueva estrategia estadunidense, y entre éstos el del "derecho a matar". Las miles de ejecuciones de capos del narco en territorio mexicano en los últimos cinco años, que la información oficial ha presentado como producto del enfrentamiento de bandas o grupos rivales, no son exactamente eso. En un escenario que se sabe es, entre otras cosas, el de la reordenación del narcotráfico por las principales agencias estadunidenses que impunemente operan en territorio mexicano –la CIA, la DEA, la DIA, la NSRO y otras–, muchos de estos homicidios aparecen como resultado de operativos del poder, es decir, que fueron cometidos por fuerzas militares o policiales mexicanas bajo las directivas de las agencias de Washington. No se puede decir “operativos de Estado” porque ya aquí el poder público mexicano aparece subordinado a fuerzas del exterior.
6. El viaje que hizo a México el miércoles 18 el general David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, quien como se recuerda fue hasta 2011 el comandante supremo en Irak, no es en este contexto una visita protocolaria más, como se pretende, sino un desplazamiento de importancia estratégica para ellos. El director de la CIA, en un hecho que no tiene precedente en nuestra historia, encabezó por la tarde una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con los integrantes del llamado "gabinete de seguridad" –los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, así como el director del Cisen–, y es muy claro que en el periodo prelectoral mexicano, que coincide en parte con el estadunidense, Washington prepara agresivos operativos en México.
7. La expresión utilizada en el boletín expedido por Los Pinos, luego de que al anochecer se reunió Calderón con Petraeus, estableciendo que habían acordado "seguir estrechando" (¿aún más?) los lazos en materia "de seguridad", no significa otra cosa que mayor subordinación de México a Washington. Y como si ya la lógica del agonizante gobierno panista fuera entregarlo todo –de las decisiones en materia financiera y económica a las de seguridad interna y externa–, en función de las elecciones de 2012, el jueves 19 Calderón anunció en un acto en Los Pinos que las políticas ecológica y de medio ambiente de México se decidirían también "de común acuerdo" con Washington, en función de un "memorando de entendimiento".
8. La responsabilidad política y penal de Felipe Calderón y de los integrantes de su gobierno por haber entregado al exterior amplios aspectos del manejo del país y haber tornado a México en un espacio de experimentación de las estrategias militares de Washington es tan grande como la relativa a las que se estima son ya más de 60 mil muertes, y todo el derroche propagandístico del régimen no podrá ocultar esto.
9. Un boletín más del gobierno federal, expedido el día 18, curiosamente a la misma hora de la visita del director de la CIA a México, pretende que tras el violento inicio de 2012 no quedan en México en actividad más que dos cárteles, el de Sinaloa y el de Los Zetas, y que estos dos son responsables de la mayor parte de los muertos en el país (no el gobierno federal, desde luego). El boletín ignora así deliberadamente que la violencia de estos cinco años fue planeada, gestada e impulsada desde el poder, que hundir a México en ella ha sido parte de un proyecto económico y político, que los integrantes armados de los cárteles son en su mayoría ex policías o ex militares y ex marinos, y que el gobierno panista creó grupos paramilitares que se arrogaron, como las fuerzas oficiales, el derecho a matar.
10. La violencia ilegal que abruma a México debe terminar, y el clamor de "¡Ya basta!" debe ser más intenso si se quiere salvar a la nación.
12.1.12
Me la pelas y otros síndromes de la élite
Pedro Miguel
Ve tú a saber qué infierno personal pueda haber en la génesis del energúmeno evidenciado esta semana en las redes sociales y que responde al nombre de Miguel Sacal Smeke, rápidamente bautizado como El gentleman de las Lomas. El punto es que los modos de este agresor ("¡me la pelas!"), al igual que los de Azalia Ojeda y María Vanessa Polo Cajica, las Ladies de Polanco, videograbadas en agosto del año pasado cuando maltrataron a policías de un puesto de control de alcohol ("¡nacos asalariados!"), así como la indiscreción tuitera de una hija de Enrique Peña Nieto (“bola de pendejos envidiosos, parte de la prole”) y el cándido racismo feisbuquero del panista Carlos Talavera hacia las mujeres indígenas ("huele impresionantemente feo, pero pues pobresillas: no es lo suyo la higiene"), retratan de manera fiel las actitudes de la élite que detenta el poder económico, político y mediático en el país. Desde hace muchos años, en el México posrevolucionario, conforme la élite política y empresarial se iba convirtiendo en una oligarquía privilegiada y saqueadora, fue desarrollando un desprecio profundo por la mayor parte de la sociedad, hasta empatarse en actitudes con los catrines porfirianos o incluso con los encomenderos del virreinato.
El fenómeno no es nuevo; lo que pasa es que hoy en día la masificación de los registros en texto, foto y video ha borrado las fronteras entre lo público y lo privado, y cualquier persona está más expuesta que antes a exhibirse tal como es, a que se conozca lo que realmente piensa y a que sus dichos y actos cotidianos queden registrados para regocijo o indignación.
En la indignada reacción masiva han proliferado expresiones simétricamente fóbicas, espejo de las palabras de menosprecio, propósitos de linchamiento: el empresario agresor es grosero porque es judío, las procaces de Polanco son pirujas y los políticos (y sus hijos) son todos unos patanes. En las personas mencionadas en el primer párrafo se ha concentrado, para su desgracia, extraviadas reacciones insultantes, racistas y discriminatorias al insulto y la discriminación que resultan lamentables en sí mismas, pero también porque dificultan la comprensión de un clasismo y un elitismo mucho más extendido, profundo y preocupante que unas cuantas insolencias difundidas urbi et orbi por la magia de Youtube y de Twitter.
Vamos a ver: tal clasismo tiene como núcleo central la noción –no muy apartada de la realidad, hasta ahora– de que se puede y debe ejercer el poder político y económico en forma absoluta, arbitraria, ilimitada e impune, e incluso en abierta violación a las leyes y reglamentos que debieran entenderse como constitutivos de esos poderes. Por eso, las Ladies de Polanco se sienten posibilitadas para infringir el Reglamento de tránsito. Si unos efectivos policiales pretenden impedirlo, bastará, para ponerlos en su lugar, con verbalizar la diferencia de clase que respalda cualquier infracción: "¡Nacos asalariados!".
Para sorpresa, o no tanto, el conjuro, que es la erección de una barrera social instantánea, surte su efecto y los agentes del orden se ven de inmediato reducidos a la impotencia por el poder de tales palabras. Poco importa que las majaderas pertenezcan a una desesperada clase media y que el incidente videograbado de Polanco las haya pillado cuando apenas están haciendo sus inciertos pininos en la incorporación al mundo del espectáculo: la injuria impresiona porque se asume, sin dudar, que sólo unas personas realmente picudas pueden pronunciarla.
La discriminación verbal es un arma arrojadiza de alta eficacia. "¡Pinche naco jodido!", se oye en la grabación de un pleito de cantina protagonizado durante el Mundial de Futbol de Sudáfrica entre el es director del Fonatur, Miguel Gómez Mont, y su parentela, y familiares del futbolista Cuauhtémoc Blanco. Cualquiera de los bandos pudo pronunciar la expresión, porque ambos podían sentirse con derecho a ello.
En ese reducido universo social, para cuyos integrantes no existe frontera alguna entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, los poderosos no se equivocan y el que sostenga lo contrario miente. Cómo se les ocurre que Papá podría desempeñarse mal en un acto público. Si sostienen tal cosa no es porque tengan razón, sino porque son “resentidos, envidiosos, pendejos y prole”.
Si el empresario de Bosques de Las Lomas estaciona mal su vehículo y una grúa se lo lleva, el resto de la sociedad –representada, bien o mal, por los operadores del vehículo de arrastre y por un testigo que videograba los hechos– "se la pela", y por él, que vaya a sancionar "a su puta madre". Él nada más es beneficiario de la ley y el orden y no está obligado a nada. Los miles de pesos que paga por mantenimiento en el edificio donde vive lo convierten en dueño de los empleados del multifamiliar y, para que no quede duda, la emprende a golpes contra uno de ellos que se niega a acatar una orden disparatada y arbitraria.
"Me la pelas" es la verbalización de una actitud generalizada de un ejercicio de poder político, empresarial y mediático desorbitado y enloquecido que no tiene empacho en hacer pedazos al país con tal de hacer negocios jugosos de toda suerte. La expresión representa fielmente a Ernesto Zedillo pretendiendo prolongar su inmunidad presidencial 12 años más de que prescribiera, para evitar que lo juzguen por la masacre de Acteal, propiciada por su gobierno; a Carlos Salinas, quien se placea de manera impúdica, al suponer que ya se nos olvidó el enorme daño que su gestión le causó a México; a Felipe Calderón, empecinado en seguir alimentando un conflicto armado sangriento y absurdo y en vendernos a más del doble de su costo una porquería que, si llega a ser conmemorativa, lo será de la corrupción monumental de su administración; a Peña Nieto, quien supone que puede emitir en público todos los rebuznos que desee sin que ello afecte su popularidad, porque cuenta con los recursos para mandarse a hacer encuestas que le resulten favorables.
Nada de esto es (tan) nuevo. Ya en décadas pasadas Fidel Velázquez se ufanaba de que los legisladores de oposición habían pretendido interpelar a Miguel de la Madrid y "se la pelaron" (Proceso, 3/09/88), Emilio Azcárraga Milmo se enorgullecía de hacer televisión para "un país de jodidos" (Televisión sin fronteras, Florence Toussaint, p. 114) y el ex góber precioso Mario Marín (reaparecido hace unos días al lado de Peña Nieto) presumía al empresario Kamel Nacif de una impunidad que le permitía "darle un coscorrón a esta vieja cabrona", en el marco de la conjura que ambos organizaron en contra de la periodista Lydia Cacho.
Las aplicaciones tecnologías debilitan severamente las fronteras entre los vicios privados y las virtudes públicas y han permitido que los primeros estén mucho más expuestos que antes. Pero la exhibición no basta para erradicarlos, como no basta tampoco la indignación que provocan. En tanto no decidamos en forma colectiva poner fin a este estado de cosas, seguiremos siendo unos "pinches nacos jodidos" que "se la pelan" a los poderosos.
* * *
Vaya un dato: mientras Felipe Calderón anuncia impúdicos subsidios para beneficio de la banca comercial privada y a cualquier cantidad de universidades particulares patito, en lo que constituye un nuevo golpe a la educación superior pública, en la Universidada Autónoma de la Ciudad de México siguen agarrados de la greña en un duelo de tod@s contra tod@s.
Ve tú a saber qué infierno personal pueda haber en la génesis del energúmeno evidenciado esta semana en las redes sociales y que responde al nombre de Miguel Sacal Smeke, rápidamente bautizado como El gentleman de las Lomas. El punto es que los modos de este agresor ("¡me la pelas!"), al igual que los de Azalia Ojeda y María Vanessa Polo Cajica, las Ladies de Polanco, videograbadas en agosto del año pasado cuando maltrataron a policías de un puesto de control de alcohol ("¡nacos asalariados!"), así como la indiscreción tuitera de una hija de Enrique Peña Nieto (“bola de pendejos envidiosos, parte de la prole”) y el cándido racismo feisbuquero del panista Carlos Talavera hacia las mujeres indígenas ("huele impresionantemente feo, pero pues pobresillas: no es lo suyo la higiene"), retratan de manera fiel las actitudes de la élite que detenta el poder económico, político y mediático en el país. Desde hace muchos años, en el México posrevolucionario, conforme la élite política y empresarial se iba convirtiendo en una oligarquía privilegiada y saqueadora, fue desarrollando un desprecio profundo por la mayor parte de la sociedad, hasta empatarse en actitudes con los catrines porfirianos o incluso con los encomenderos del virreinato.
El fenómeno no es nuevo; lo que pasa es que hoy en día la masificación de los registros en texto, foto y video ha borrado las fronteras entre lo público y lo privado, y cualquier persona está más expuesta que antes a exhibirse tal como es, a que se conozca lo que realmente piensa y a que sus dichos y actos cotidianos queden registrados para regocijo o indignación.
En la indignada reacción masiva han proliferado expresiones simétricamente fóbicas, espejo de las palabras de menosprecio, propósitos de linchamiento: el empresario agresor es grosero porque es judío, las procaces de Polanco son pirujas y los políticos (y sus hijos) son todos unos patanes. En las personas mencionadas en el primer párrafo se ha concentrado, para su desgracia, extraviadas reacciones insultantes, racistas y discriminatorias al insulto y la discriminación que resultan lamentables en sí mismas, pero también porque dificultan la comprensión de un clasismo y un elitismo mucho más extendido, profundo y preocupante que unas cuantas insolencias difundidas urbi et orbi por la magia de Youtube y de Twitter.
Vamos a ver: tal clasismo tiene como núcleo central la noción –no muy apartada de la realidad, hasta ahora– de que se puede y debe ejercer el poder político y económico en forma absoluta, arbitraria, ilimitada e impune, e incluso en abierta violación a las leyes y reglamentos que debieran entenderse como constitutivos de esos poderes. Por eso, las Ladies de Polanco se sienten posibilitadas para infringir el Reglamento de tránsito. Si unos efectivos policiales pretenden impedirlo, bastará, para ponerlos en su lugar, con verbalizar la diferencia de clase que respalda cualquier infracción: "¡Nacos asalariados!".
Para sorpresa, o no tanto, el conjuro, que es la erección de una barrera social instantánea, surte su efecto y los agentes del orden se ven de inmediato reducidos a la impotencia por el poder de tales palabras. Poco importa que las majaderas pertenezcan a una desesperada clase media y que el incidente videograbado de Polanco las haya pillado cuando apenas están haciendo sus inciertos pininos en la incorporación al mundo del espectáculo: la injuria impresiona porque se asume, sin dudar, que sólo unas personas realmente picudas pueden pronunciarla.
La discriminación verbal es un arma arrojadiza de alta eficacia. "¡Pinche naco jodido!", se oye en la grabación de un pleito de cantina protagonizado durante el Mundial de Futbol de Sudáfrica entre el es director del Fonatur, Miguel Gómez Mont, y su parentela, y familiares del futbolista Cuauhtémoc Blanco. Cualquiera de los bandos pudo pronunciar la expresión, porque ambos podían sentirse con derecho a ello.
En ese reducido universo social, para cuyos integrantes no existe frontera alguna entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, los poderosos no se equivocan y el que sostenga lo contrario miente. Cómo se les ocurre que Papá podría desempeñarse mal en un acto público. Si sostienen tal cosa no es porque tengan razón, sino porque son “resentidos, envidiosos, pendejos y prole”.
Si el empresario de Bosques de Las Lomas estaciona mal su vehículo y una grúa se lo lleva, el resto de la sociedad –representada, bien o mal, por los operadores del vehículo de arrastre y por un testigo que videograba los hechos– "se la pela", y por él, que vaya a sancionar "a su puta madre". Él nada más es beneficiario de la ley y el orden y no está obligado a nada. Los miles de pesos que paga por mantenimiento en el edificio donde vive lo convierten en dueño de los empleados del multifamiliar y, para que no quede duda, la emprende a golpes contra uno de ellos que se niega a acatar una orden disparatada y arbitraria.
"Me la pelas" es la verbalización de una actitud generalizada de un ejercicio de poder político, empresarial y mediático desorbitado y enloquecido que no tiene empacho en hacer pedazos al país con tal de hacer negocios jugosos de toda suerte. La expresión representa fielmente a Ernesto Zedillo pretendiendo prolongar su inmunidad presidencial 12 años más de que prescribiera, para evitar que lo juzguen por la masacre de Acteal, propiciada por su gobierno; a Carlos Salinas, quien se placea de manera impúdica, al suponer que ya se nos olvidó el enorme daño que su gestión le causó a México; a Felipe Calderón, empecinado en seguir alimentando un conflicto armado sangriento y absurdo y en vendernos a más del doble de su costo una porquería que, si llega a ser conmemorativa, lo será de la corrupción monumental de su administración; a Peña Nieto, quien supone que puede emitir en público todos los rebuznos que desee sin que ello afecte su popularidad, porque cuenta con los recursos para mandarse a hacer encuestas que le resulten favorables.
Nada de esto es (tan) nuevo. Ya en décadas pasadas Fidel Velázquez se ufanaba de que los legisladores de oposición habían pretendido interpelar a Miguel de la Madrid y "se la pelaron" (Proceso, 3/09/88), Emilio Azcárraga Milmo se enorgullecía de hacer televisión para "un país de jodidos" (Televisión sin fronteras, Florence Toussaint, p. 114) y el ex góber precioso Mario Marín (reaparecido hace unos días al lado de Peña Nieto) presumía al empresario Kamel Nacif de una impunidad que le permitía "darle un coscorrón a esta vieja cabrona", en el marco de la conjura que ambos organizaron en contra de la periodista Lydia Cacho.
Las aplicaciones tecnologías debilitan severamente las fronteras entre los vicios privados y las virtudes públicas y han permitido que los primeros estén mucho más expuestos que antes. Pero la exhibición no basta para erradicarlos, como no basta tampoco la indignación que provocan. En tanto no decidamos en forma colectiva poner fin a este estado de cosas, seguiremos siendo unos "pinches nacos jodidos" que "se la pelan" a los poderosos.
* * *
Vaya un dato: mientras Felipe Calderón anuncia impúdicos subsidios para beneficio de la banca comercial privada y a cualquier cantidad de universidades particulares patito, en lo que constituye un nuevo golpe a la educación superior pública, en la Universidada Autónoma de la Ciudad de México siguen agarrados de la greña en un duelo de tod@s contra tod@s.
9.1.12
Sobre guerra y verdad
Carlos Fazio
Hace tiempo que la realidad nacional está invadida por la guerra. Y aunque está ocurriendo ahora, la dimensión alcanzada por la "guerra" de Felipe Calderón requiere la búsqueda de la razón histórica. La búsqueda de la verdad. Como dice Horst Kurnitzky, vivimos en la época de una "contra-Aufklärung". Una "contra-ilustración" que no sólo involucra a una doctrina económica dirigida por una supuesta mano invisible y sus correspondientes formas de gobierno, sino también a unos medios masivos de comunicación que operan como monopolios de la "contra-Aufklärung", y que con las formas y los métodos de la propaganda comercial conducen los sentimientos y las emociones y determinan todas las relaciones sociales.
Recuerda Jean Robert que Michel Foucault exhortaba a sus auditorios a "pensar lo impensable". Y pensar lo impensable significa romper las seguridades mentales engendradas por el discurso del orden. Supone, por ejemplo, pensar la "guerra" de Calderón como negocio. Como una guerra capitalista por territorios y recursos geoestratégicos que implica, entre otras cosas, destrucción y reconstrucción. La destrucción del tejido social y de la identidad colectiva de la nación, y un nuevo reordenamiento poblacional de facto sobre el territorio conquistado. En su dimensión internacional, el eje destrucción/reconstrucción (o "la guerra arriba y la muerte abajo" diría el sub Marcos) forma parte del nuevo reordenamiento geopolítico en curso (Colombia, Afganistán, Irak, Libia) y un negocio redondo para el complejo militar-industrial-energético estadunidense.
Tiene razón Robert cuando afirma que "la verdad ya no tiene dueño ni el poder lugar legítimo". Que el Estado no puede cometer delitos para combatir el delito es una verdad de Perogrullo. Peor aún, cuando una práctica extendida del sexenio es que en lugar de capturar y juzgar a los delincuentes, se les mata. Según el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, "cuando la Marina interviene no hay heridos ni detenidos, sólo muertos". Dice que el Ejército también ha tenido esa práctica. Si el Estado emula a las organizaciones criminales, ¿cómo puede seguir legitimando su violencia? Máxime, si la violencia homicida estatal contra civiles inocentes, niños incluidos, es encubierta, farisaicamente, como "daños colaterales".
Instalado en el discurso del miedo –que como arma mediática legitimadora del accionar oficial utiliza un lenguaje maniqueo que enfrenta a los malos criminales con las fuerzas del Estado bueno–, Calderón ha permitido y fomentado la burocratización de la tortura, la desaparición forzada y los homicidios dolosos extrajudiciales. Al convertir a las víctimas en simples números estadísticos sin nombres, sin historia ni circunstancia de muerte y mucho menos investigaciones, el gobierno volvió anónimas las ejecuciones sumarias, y al negar la desaparición de personas por agentes estatales y el uso de la tortura como mecanismo sistemático para arrancar y/o fabricar confesiones, "normalizó" la barbarie.
No es un problema de percepción. La realidad ha sido encubierta, en parte, mediante campañas de intoxicación (des)informativa. Los llamados de Calderón a la ciudadanía a "plantar cara al enemigo" y "batirse en combate en nombre de México desde todas las trincheras" (seas militar o no), son el sustrato de una retórica ideológica seudonacionalista que intenta la manipulación colectiva. Como elementos de control social, la manufacturación de enemigos fantasmales y la exhibición de la violencia caótica en los medios buscan evadir y ocultar la responsabilidad estatal en flagrantes violaciones a los derechos humanos.
El país vive una catástrofe humanitaria. Esa crisis humanitaria ha colocado a México ante una emergencia nacional. Negarlo es vivir fuera de la realidad. La "línea dura" adoptada por Calderón en su cruzada contra la criminalidad ha llevado la violencia a niveles "más altos que en muchas zonas de guerra" (Declaración de Ginebra, La Jornada, 28/10/2011). La responsabilidad política de la militarización de la seguridad pública (tarea preventiva de esencia policial), recae sobre el titular del Ejecutivo.
En cuanto a métodos, es bien conocida la relación simbiótica entre los cuerpos policiales y la delincuencia. Y parafraseando a Calderón, la "metástasis" alcanza ya al Ejército y la Marina. El "abatimiento" de criminales es un elemento central en los promocionales gubernamentales. A ello se suma, en clave de discurso legitimador de las matanzas, el argumento de que “los narcos se están matando entre ellos”. Cifras conservadoras hablan de 63 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos. Sólo en 20 días de caravanas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad documentó 800 desapariciones. Hay más de 250 mil desplazados internos forzosos; una forma de reordenamiento poblacional/territorial utilizada antes en Colombia vía el accionar militar y paramilitar.
Hace casi dos décadas Hans M. Enzensberger advirtió sobre la guerra civil molecular; ya entonces se estaba incubando en México. Aunque existan actores externos, se trata de un proceso endógeno. Lejos de la lógica gubernamental, la violencia autista de los "combatientes" –reducidos a "cucarachas" a exterminar en la jerga socialdarwinista de Calderón– no es exclusiva de los perdedores del sistema reclutados por grupos criminales. Los contendientes se parecen cada vez más tanto en comportamiento como en moralidad. En las zonas conflictivas del país, el Ejército y la Marina actúan como si fueran una banda más. Unidades de elite practican la pena de muerte preventiva; jóvenes adictos y pequeños delincuentes son víctimas de la limpieza social de escuadrones paramilitares.
Los porfiados hechos están ahí. Examinar, dudar, criticar lo que parece evidente, lógico, natural, he ahí el verdadero significado de la ilustración hoy, versus la contra-Aufklärung practicada por falsificadores y oportunistas de ocasión.
Hace tiempo que la realidad nacional está invadida por la guerra. Y aunque está ocurriendo ahora, la dimensión alcanzada por la "guerra" de Felipe Calderón requiere la búsqueda de la razón histórica. La búsqueda de la verdad. Como dice Horst Kurnitzky, vivimos en la época de una "contra-Aufklärung". Una "contra-ilustración" que no sólo involucra a una doctrina económica dirigida por una supuesta mano invisible y sus correspondientes formas de gobierno, sino también a unos medios masivos de comunicación que operan como monopolios de la "contra-Aufklärung", y que con las formas y los métodos de la propaganda comercial conducen los sentimientos y las emociones y determinan todas las relaciones sociales.
Recuerda Jean Robert que Michel Foucault exhortaba a sus auditorios a "pensar lo impensable". Y pensar lo impensable significa romper las seguridades mentales engendradas por el discurso del orden. Supone, por ejemplo, pensar la "guerra" de Calderón como negocio. Como una guerra capitalista por territorios y recursos geoestratégicos que implica, entre otras cosas, destrucción y reconstrucción. La destrucción del tejido social y de la identidad colectiva de la nación, y un nuevo reordenamiento poblacional de facto sobre el territorio conquistado. En su dimensión internacional, el eje destrucción/reconstrucción (o "la guerra arriba y la muerte abajo" diría el sub Marcos) forma parte del nuevo reordenamiento geopolítico en curso (Colombia, Afganistán, Irak, Libia) y un negocio redondo para el complejo militar-industrial-energético estadunidense.
Tiene razón Robert cuando afirma que "la verdad ya no tiene dueño ni el poder lugar legítimo". Que el Estado no puede cometer delitos para combatir el delito es una verdad de Perogrullo. Peor aún, cuando una práctica extendida del sexenio es que en lugar de capturar y juzgar a los delincuentes, se les mata. Según el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, "cuando la Marina interviene no hay heridos ni detenidos, sólo muertos". Dice que el Ejército también ha tenido esa práctica. Si el Estado emula a las organizaciones criminales, ¿cómo puede seguir legitimando su violencia? Máxime, si la violencia homicida estatal contra civiles inocentes, niños incluidos, es encubierta, farisaicamente, como "daños colaterales".
Instalado en el discurso del miedo –que como arma mediática legitimadora del accionar oficial utiliza un lenguaje maniqueo que enfrenta a los malos criminales con las fuerzas del Estado bueno–, Calderón ha permitido y fomentado la burocratización de la tortura, la desaparición forzada y los homicidios dolosos extrajudiciales. Al convertir a las víctimas en simples números estadísticos sin nombres, sin historia ni circunstancia de muerte y mucho menos investigaciones, el gobierno volvió anónimas las ejecuciones sumarias, y al negar la desaparición de personas por agentes estatales y el uso de la tortura como mecanismo sistemático para arrancar y/o fabricar confesiones, "normalizó" la barbarie.
No es un problema de percepción. La realidad ha sido encubierta, en parte, mediante campañas de intoxicación (des)informativa. Los llamados de Calderón a la ciudadanía a "plantar cara al enemigo" y "batirse en combate en nombre de México desde todas las trincheras" (seas militar o no), son el sustrato de una retórica ideológica seudonacionalista que intenta la manipulación colectiva. Como elementos de control social, la manufacturación de enemigos fantasmales y la exhibición de la violencia caótica en los medios buscan evadir y ocultar la responsabilidad estatal en flagrantes violaciones a los derechos humanos.
El país vive una catástrofe humanitaria. Esa crisis humanitaria ha colocado a México ante una emergencia nacional. Negarlo es vivir fuera de la realidad. La "línea dura" adoptada por Calderón en su cruzada contra la criminalidad ha llevado la violencia a niveles "más altos que en muchas zonas de guerra" (Declaración de Ginebra, La Jornada, 28/10/2011). La responsabilidad política de la militarización de la seguridad pública (tarea preventiva de esencia policial), recae sobre el titular del Ejecutivo.
En cuanto a métodos, es bien conocida la relación simbiótica entre los cuerpos policiales y la delincuencia. Y parafraseando a Calderón, la "metástasis" alcanza ya al Ejército y la Marina. El "abatimiento" de criminales es un elemento central en los promocionales gubernamentales. A ello se suma, en clave de discurso legitimador de las matanzas, el argumento de que “los narcos se están matando entre ellos”. Cifras conservadoras hablan de 63 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos. Sólo en 20 días de caravanas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad documentó 800 desapariciones. Hay más de 250 mil desplazados internos forzosos; una forma de reordenamiento poblacional/territorial utilizada antes en Colombia vía el accionar militar y paramilitar.
Hace casi dos décadas Hans M. Enzensberger advirtió sobre la guerra civil molecular; ya entonces se estaba incubando en México. Aunque existan actores externos, se trata de un proceso endógeno. Lejos de la lógica gubernamental, la violencia autista de los "combatientes" –reducidos a "cucarachas" a exterminar en la jerga socialdarwinista de Calderón– no es exclusiva de los perdedores del sistema reclutados por grupos criminales. Los contendientes se parecen cada vez más tanto en comportamiento como en moralidad. En las zonas conflictivas del país, el Ejército y la Marina actúan como si fueran una banda más. Unidades de elite practican la pena de muerte preventiva; jóvenes adictos y pequeños delincuentes son víctimas de la limpieza social de escuadrones paramilitares.
Los porfiados hechos están ahí. Examinar, dudar, criticar lo que parece evidente, lógico, natural, he ahí el verdadero significado de la ilustración hoy, versus la contra-Aufklärung practicada por falsificadores y oportunistas de ocasión.
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