Cristóbal León Campos
A los heroicos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
A los dignos estudiantes de Guerrero
Nuestro país vive una de las peores crisis económicas y morales de su historia. La creciente pauperización de las clases trabajadoras provocada por las políticas neoliberales que la burguesía gobernante ha implementado durante las últimas décadas, y la creciente degradación moral de los seres humanos por el narcotráfico avalado y fomentado por el actual régimen ilegal que ostenta el poder, son algunas de las más serias amenazas que internamente van día a día desintegrando las esperanzas de los mexicanos de un futuro mejor.
La frontera militarizada, el racismo contra los migrantes y las acusaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, son parte de las amenazas externas que se ciñen contra nuestra patria. La cada día mayor entrega del espurio al régimen imperial y la demagogia acompañan este oscuro panorama.
La privatización que se agudiza, amenaza con destruir lo que nos queda de las heroicas gestas de Independencia y Revolución, nos han robado los poderosos la seguridad social, nos quitan las tierras que trabaja el campesino, persiguen nuestras identidades de etnia, genero e ideología, nos llaman criminales y utilizan hasta el último recurso de sus aparatos estatales para reprimirnos: ¡Y sin embargo, aquí estamos!
El poder pretende que el pensamiento crítico ante la grave situación del país desaparezca, no se reproduzca más, que sea exterminado. Para ello necesita controlar las universidades y las escuelas normales por ser los centros rectores del quehacer intelectual. Por ser las universidades y las escuelas normales los lugares donde los jóvenes adquieren el conocimiento que permite comprobar lo equivocado del poder.
El poder golpea a la educación reduciendo el presupuesto, modificando los planes de estudio, controlando las organizaciones estudiantiles, persiguiendo a la crítica, para finalmente privatizar los centros de enseñanza y convertirlos en centros de enajenación y de producción de mano de obra califica que sólo tiene como fin; el ser explotada.
La autonomía de los centros de enseñanza cada día es más un recuerdo, la mano del poder está dentro manoseando las conquistas y pretendiendo controlar todo. Aquí, en nuestro Yucatán, la obra del socialismo que dirigió Felipe Carrillo Puerto al crear la Universidad y abrir sus puertas a todo el pueblo, está siendo aniquilada por la derecha. Todos los derechos universitarios están siendo modificados o eliminados, el pueblo tiene menos acceso a las aulas del saber, las políticas capitalistas con su lógica de mercado dirigen las curriculas que se imparten. Los organismos estudiantiles son en la práctica una extensión de los partidos políticos, no sirven más que para la enajenación de los estudiantes.
Es por ello hermanos guerrerenses: que nosotros los que resistimos en Yucatán, miramos en ustedes un ejemplo a seguir. Las conquistas democráticas que han logrado, son la estrella que brilla más fuerte en esta larga noche del capitalismo, esa estrella es una muestra de dignidad estudiantil para todo el país.
Hermanos Guerrerenses: no permitan que esa estrella se apague, que el oscurantismo regrese a controlar sus escuelas, colegios, universidades y normales, no dejen que el avance conseguido retroceda por los conservadores serviles del poder, por aquellos que solo pueden dar mentiras como hechos.
Desde aquí en Yucatán, les decimos que la digna lucha que vienen realizando es fundamental, es la que llevará a la educación a una vida democrática firme, a una vinculación con la sociedad fuerte y solidaria, en la cual, la conciencia social será rectora de los actos, donde la autonomía sea el garante de la democracia estudiantil.
Ustedes hermanos decidieron este camino, el de la democracia, ahora toca defenderlo ante los retrogradas, ante los enemigos de la educación y del pueblo. ¡Seamos como Lucio Cabañas y hagamos pueblo!
Hermanos; aquí en Yucatán, tenemos la convicción de que la justicia saldrá vencedora, sabemos que defenderán hasta lo último la democracia y que la extenderán por todas las normales y escuelas del país.
Su rabia y su dolor, son nuestros también, repudiamos con toda nuestra fuerza los crimines que se han cometido contra sus compañeros y, nos sumamos al grito de ¡Castigo para los actores materiales e intelectuales de esta nueva masacre!
¡Exigimos enérgicamente, el fin del hostigamiento y persecución de todos los estudiantes dignos del Estado de Guerrero, y del país entero!
Gritamos con ustedes: ¡Libertad inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos!
Hermanos guerrerenses: tengan la seguridad de que su lucha es nuestra, de que levantaremos nuestras voces para exigir justicia y difundir sus justas demandas.
¡No demos paso atrás!
¡Desde aquí va el más caluroso saludo y el más fuerte abrazo!
¡Defendamos la Educación y la Democracia!
¡Vivan los estudiantes de guerrero! ¡Viva el pueblo guerrerense!
¡Venceremos!
8.12.11
Pemex: entrega total
Javier Jiménez Espriú
El amplio reportaje aparecido el viernes 25 de noviembre en el diario La Jornada, sobre la entrevista que Israel Rodríguez J. le hace al doctor Rogelio Gasca Neri, miembro del consejo de administración de Petróleos Mexicanos, es –si no jurídica, ciertamente política– una grave denuncia de la inaceptable entrega de la riqueza petrolera mexicana a las empresas extranjeras que tendrán a su cargo, si no se para de tajo ese atentado contra los recursos nacionales de hidrocarburos, todas las actividades que la Constitución y la Ley de Petróleos Mexicanos asignan al organismo paraestatal y parte de la renta petrolera, que la Carta Magna reserva a la nación.
El consejo de administración, integrado por los secretarios de Estado designados por el Presidente, los representantes del sindicato de trabajadores de Pemex, al servicio de las órdenes del Ejecutivo por obra y gracia de las generosas aportaciones que recibe, y cuatro consejeros profesionales, tres de los cuales aceptan –"hasta la ignominia antes que la renuncia"– lo que manda el patrón –como en el caso de la operación con Repsol, en la que fueron vergonzosamente ignorados, aunque obviamente no en sus pagos y sus prestaciones–, sirve únicamente para "legalizar" con su presencia y su obsecuente aceptación cuanto decide el alto mando, independientemente de que sea legal o no, o que sea razonable y conveniente o no.
El doctor Gasca el único que ha alzado la voz en ese órgano: ha hablado, con toda claridad, de la ilegalidad, las arbitrariedades y los inconvenientes de los contratos incentivados, los tres primeros firmados hace unos meses y los seis ahora autorizados para licitarse antes de que termine el año (peores aún que los primeros, y lesivos para Petróleos Mexicanos, en palabras de Gasca).
El consejero Gasca, que presentó su "voto razonado", fue nuevamente –como en la autorización de los contratos anteriores, ocasión en la que hizo lo mismo– olímpicamente ignorado. Se diría que así funcionan las cosas en la democracia: si 12 gentes apoyan y una se opone a algo, se hace lo que diga la mayoría. En este caso, sin embargo, la mayoría es uno, y tiene sus comparsas bien alineadas y bien maiceadas, que levantan la mano cuando se les hace la seña. Ninguno razonó su voto. Eso sucede una y otra vez en nuestra agobiada República, pero en este caso, como lamentablemente en varios más, por la indigna actitud de quienes esto aceptan, con el agravante de que están autorizándose contratos ilegales, expresamente prohibidos en la Constitución y traicionando sus postulados y su espíritu.
Foto
Piso de perforación en la plataforma de exploración Bicentenario de Industrial Perforadora Campeche, Grupo R, pozo Talipao 1, en agosto pasadoFoto José Carlo González
Aquí es necesario reiterar lo que hemos dicho una y otra vez. Los contratos incentivados no han sido, como aseguran las autoridades del sector energético –incluso en documentos oficiales como la Estrategia Nacional de Energía–, validados como constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN lo que señaló como constitucional, frente a una controversia constitucional presentada por legisladores hace tiempo, es la facultad del consejo de administración de Pemex para definir las formas de contratación, pero esta facultad está, desde luego, inscrita en el marco legal que regula las funciones de la empresa, y éste prohíbe los contratos como los aprobados, por los que se entregan a empresas privadas las funciones de Pemex, y parte de la renta petrolera, como denuncia Gasca.
Tarde o temprano, la razón legal aparecerá y la rendición de cuentas –cuento demagógico de esta administración– pondrá a cada quien en su sitio, refiriéndome a su sitio frente a la opinión pública, pues el sitio que debiera ser el destino de quienes violan la ley está reservado para quienes no tienen recursos para comprarse una buena justicia.
Mientras, la "espada de Damocles" de nuestro "año de Hidalgo" –¡a ver si de nuestros hidrocarburos nos dejan algo!– amenaza como nunca al patrimonio nacional. El Presidente calla sobre la legitimidad o ilegitimidad de los contratos autorizados; continuará, como en todo, aferrado a su estrategia. Ya después, seguramente, asumirá la socrática "posición Moreira" de que "él sólo sabía que no sabía nada", y en todo caso, si es absolutamente necesario, habrá que demandar al que puso los sellos de las sesiones del consejo en las que se autorizaron los contratos ilegales.
Ahí está la denuncia del consejero Gasca hoy retomada por otros diarios nacionales, en espera de algún eco redentor.
"En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás", dijo hace muchos años el presidente López Mateos. Hoy podríamos interpretar lo que piensa el actual Presidente –y también el recién registrado "precandidato único del PRI"–: "En la privatización de Pemex, ni un paso atrás".
El amplio reportaje aparecido el viernes 25 de noviembre en el diario La Jornada, sobre la entrevista que Israel Rodríguez J. le hace al doctor Rogelio Gasca Neri, miembro del consejo de administración de Petróleos Mexicanos, es –si no jurídica, ciertamente política– una grave denuncia de la inaceptable entrega de la riqueza petrolera mexicana a las empresas extranjeras que tendrán a su cargo, si no se para de tajo ese atentado contra los recursos nacionales de hidrocarburos, todas las actividades que la Constitución y la Ley de Petróleos Mexicanos asignan al organismo paraestatal y parte de la renta petrolera, que la Carta Magna reserva a la nación.
El consejo de administración, integrado por los secretarios de Estado designados por el Presidente, los representantes del sindicato de trabajadores de Pemex, al servicio de las órdenes del Ejecutivo por obra y gracia de las generosas aportaciones que recibe, y cuatro consejeros profesionales, tres de los cuales aceptan –"hasta la ignominia antes que la renuncia"– lo que manda el patrón –como en el caso de la operación con Repsol, en la que fueron vergonzosamente ignorados, aunque obviamente no en sus pagos y sus prestaciones–, sirve únicamente para "legalizar" con su presencia y su obsecuente aceptación cuanto decide el alto mando, independientemente de que sea legal o no, o que sea razonable y conveniente o no.
El doctor Gasca el único que ha alzado la voz en ese órgano: ha hablado, con toda claridad, de la ilegalidad, las arbitrariedades y los inconvenientes de los contratos incentivados, los tres primeros firmados hace unos meses y los seis ahora autorizados para licitarse antes de que termine el año (peores aún que los primeros, y lesivos para Petróleos Mexicanos, en palabras de Gasca).
El consejero Gasca, que presentó su "voto razonado", fue nuevamente –como en la autorización de los contratos anteriores, ocasión en la que hizo lo mismo– olímpicamente ignorado. Se diría que así funcionan las cosas en la democracia: si 12 gentes apoyan y una se opone a algo, se hace lo que diga la mayoría. En este caso, sin embargo, la mayoría es uno, y tiene sus comparsas bien alineadas y bien maiceadas, que levantan la mano cuando se les hace la seña. Ninguno razonó su voto. Eso sucede una y otra vez en nuestra agobiada República, pero en este caso, como lamentablemente en varios más, por la indigna actitud de quienes esto aceptan, con el agravante de que están autorizándose contratos ilegales, expresamente prohibidos en la Constitución y traicionando sus postulados y su espíritu.
Foto
Piso de perforación en la plataforma de exploración Bicentenario de Industrial Perforadora Campeche, Grupo R, pozo Talipao 1, en agosto pasadoFoto José Carlo González
Aquí es necesario reiterar lo que hemos dicho una y otra vez. Los contratos incentivados no han sido, como aseguran las autoridades del sector energético –incluso en documentos oficiales como la Estrategia Nacional de Energía–, validados como constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN lo que señaló como constitucional, frente a una controversia constitucional presentada por legisladores hace tiempo, es la facultad del consejo de administración de Pemex para definir las formas de contratación, pero esta facultad está, desde luego, inscrita en el marco legal que regula las funciones de la empresa, y éste prohíbe los contratos como los aprobados, por los que se entregan a empresas privadas las funciones de Pemex, y parte de la renta petrolera, como denuncia Gasca.
Tarde o temprano, la razón legal aparecerá y la rendición de cuentas –cuento demagógico de esta administración– pondrá a cada quien en su sitio, refiriéndome a su sitio frente a la opinión pública, pues el sitio que debiera ser el destino de quienes violan la ley está reservado para quienes no tienen recursos para comprarse una buena justicia.
Mientras, la "espada de Damocles" de nuestro "año de Hidalgo" –¡a ver si de nuestros hidrocarburos nos dejan algo!– amenaza como nunca al patrimonio nacional. El Presidente calla sobre la legitimidad o ilegitimidad de los contratos autorizados; continuará, como en todo, aferrado a su estrategia. Ya después, seguramente, asumirá la socrática "posición Moreira" de que "él sólo sabía que no sabía nada", y en todo caso, si es absolutamente necesario, habrá que demandar al que puso los sellos de las sesiones del consejo en las que se autorizaron los contratos ilegales.
Ahí está la denuncia del consejero Gasca hoy retomada por otros diarios nacionales, en espera de algún eco redentor.
"En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás", dijo hace muchos años el presidente López Mateos. Hoy podríamos interpretar lo que piensa el actual Presidente –y también el recién registrado "precandidato único del PRI"–: "En la privatización de Pemex, ni un paso atrás".
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