Silvia Ribeiro
No hay nada más imprevisible que el pasado. Ahora parece que los lacandones conservan la selva, por lo que el gobierno de Chiapas, a nombre del programa REDD, les paga en "reconocimiento de su espíritu de preservación ambiental". También los entrena para inventariar especies y combatir otros pueblos indios que habitan la región, incluyendo comunidades zapatistas. Esos otros, afirman gobierno y trasnacionales conservacionistas, destruyen la selva. La verdad es muy distinta y contradice la versión oficial y la de los traficantes de conservación. La mayor deforestación de la selva Lacandona la ha producido históricamente la prospección petrolera, los latifundistas, las empresas madereras, chicleras, grandes ganaderos y las carreteras que estas actividades demandaban. Los lacandones sirvieron de encubrimiento para que las madereras siguieran deforestando impunemente.
Los habitantes originarios de la selva Lacandona fueron extinguidos por los conquistadores en el siglo XVII y los ahora llamados lacandones llegaron desde Guatemala y Yucatán. Llegaron también otros pueblos indios buscando refugio, entre otros, choles, tzotziles, tojolabales y tzeltales. Eran perseguidos de guerra, desalojados de su tierra por la codicia de viejos y nuevos conquistadores, rebeldes y escapados de la esclavitud de las haciendas.
Cuando en 1972 el gobierno decidió titular a favor de 66 lacandones más de 614 mil hectáreas fue para dar tranquilidad y negociar la selva con madereros y ganaderos, como ahora lo quiere hacer con los mercaderes del carbono. Ni entonces ni ahora fue por el espíritu de conservación de los llamados lacandones. El decreto de 1972 convirtió en "invasores ilegales" a las otras comunidades que estaban allí. Los lacandones sólo constituían 6 por ciento de la población, pero su espíritu ancestral no les impidió aceptar este acuerdo tan injusto contra los otros indígenas. Luego sirvieron de coartada para que la explotación maderera pudiera seguir, incluso se hicieron socios de la Compañía Forestal de la Lacandona SA.
Ahora, avizorando nuevos negocios con la biodiversidad y los mercados de carbono, el gobierno estatal vuelve a arremeter contra las comunidades de la selva, comprando a quien se deje y reprimiendo a los demás. Mientras da a lacandones dinero y ambulancias, a la comunidad de Amador Hernández, que no acepta sus negociados, les retira los pocos servicios de salud y transporte médico que tenían. Como desde hace siglos, si los indios no quieren someterse, hay que sacarlos de esa riquísima selva. Los nombres cambian, las intenciones no.
El gobierno chiapaneco llama a esto proyectos REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada de bosques) y se ufana de un acuerdo firmado con el gobierno de California en 2010, para venderle a empresas contaminantes de allá bonos de carbono de la selva Lacandona. Pero la Suprema Corte de San Francisco, California, sentenció en marzo 2011 que el marco general por el cual el gobierno californiano firmó el acuerdo con Chiapas viola el Acta de Calidad Ambiental de California, al no buscar alternativas de reducción de emisiones domésticas y sólo basarse en mercados de carbono.
No obstante, el gobernador Sabines sigue propagandeando el acuerdo y aunque no tenga contraparte segura en Estados Unidos, ni las bases técnicas para REDD, paga con dinero público a los lacandones. La venta de bonos de carbono de la selva le da una excusa nacional e internacional (lucha contra el cambio climático global) para sacar a los indios que no colaboran y facilitar el acceso a la biodiversidad a las trasnacionales. Su versión del futuro sustentable de la entidad se basa en entregar la decisión sobre el uso de la selva a los empresarios de los bonos de carbono.
Un colaborador esencial de estas políticas de cambio climático del gobierno de Chiapas es Conservación Internacional (CI), famosa, junto a otras ONG trasnacionales, como WWF y The Nature Conservancy, por promover la privatización y mercantilización de la naturaleza, bajo la cobertura de conservación. Un concepto útil para justificar el desalojo de comunidades de áreas que interesan a las trasnacionales que las financian. Obviamente, las tres integran el comité REDD nacional del gobierno mexicano.
Un botón de muestra sobre CI. El 14 de mayo pasado dos periodistas de la revista Don’t Panic fingieron ser representantes de la trasnacional de armas y guerra Lockheed Martin, grabando una entrevista donde solicitan a CI "limpiar" su imagen. CI no se inmutó y les ofreció varios servicios para ello, entre otros participar en su Consejo de Negocios y Sustentabilidad, donde ya integraron a Monsanto, Cargill, Chevron, Shell, Walmart y otras similares. (Vea la entrevista en www.dontpaniconline.com )
Según el gobierno de Chiapas, Conservación Internacional es un aliado estratégico, que le está facilitando el desarrollo de bases científicas, con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), La Universidad Autónoma de México (UNAM) y el Colegio de Posgraduados (COLPOS). CI es también su contrapartida para financiamientos internacionales y nacionales. Por si fuera poco, Conservación Internacional y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAVIHN) son quienes informan y brindan espacios de participación a la sociedad chiapaneca. Ya vemos qué tipo de información.
Todos esos actores convergen en promover los programas REDD, una nueva cobertura para viejos saqueos, no solamente en Chiapas.
19.5.11
Imperialism: Bankers, Drug Wars and Genocide
By Prof. James Petras
In May 2011, Mexican investigators uncovered another mass clandestine grave with dozens of mutilated corpses; bringing the total number of victims to 40,000 killed since 2006 when the Calderon regime announced its “war on drug traffickers”. Backed by advisers, agents and arms, the White House has been the principal promotor of a ‘war’ that has totally decimated Mexico ’s society and economy.
If Washington has been the driving force for the regime’s war, Wall Street banks have been the main instruments ensuring the profits of the drug cartels. Every major US bank has been deeply involved in laundering hundreds of billions of dollars in drug profits, for the better part of the past decade.
Mexico ’s descent into this inferno has been engineered by the leading US financial and political institutions, each supporting ‘one side or the other’ in the bloody “total war” which spares no one, no place and no moment in time. While the Pentagon arms the Mexican government and the US Drug Enforcement Agency enforces the “military solution”, the biggest US banks receive, launder and transfer hundreds of billions of dollars to the drug lords’ accounts, who then buy modern arms, pay private armies of assassins and corrupt untold numbers of political and law enforcement officials on both sides of the border.
Mexico’s Descent in the Inferno
Everyday scores, if not hundreds, of corpses – appear in streets and or are found in unmarked graves; dozens are murdered in their homes, cars, public transport, offices and even hospitals; known and unknown victims in the hundreds are kidnapped and disappear; school children, parents, teachers, doctors and businesspeople are seized in broad daylight and held for ransom or murdered in retaliation. Thousands of migrant workers are kidnapped, robbed, ransomed, murdered and evidence is emerging that some are sold into the illegal ‘organ trade’. The police are barricaded in their commissaries; the military, if and when it arrives, takes out its frustration on entire cities, shooting more civilians than cartel soldiers. Everyday life revolves around surviving the daily death toll; threats are everywhere, the armed gangs and military patrols fire and kill with virtual impunity. People live in fear and anger.
The Free Trade Agreement: The Sparks that lit the Inferno
In the late 1980’s, Mexico was in crisis, but the people chose a legal way out: they elected a President, Cuahtemoc Cardenas, on the basis of his national program to promote the economic revitalization of agriculture and industry. The Mexican elite, led by Carlos Salinas of the Institutional Revolutionary Party (PRI) chose otherwise and subverted the election: The electorate was denied its victory; the peaceful mass protests were ignored. Salinas and subsequent Mexican presidents vigorously pursued a free trade agreement (NAFTA) with the US and Canada , which rapidly drove millions of Mexican farmers, ranchers and small business people into bankruptcy. Devastation led to the flight of millions of immigrant workers. Rural movements of debtors flourished and ebbed, were co-opted or repressed. The misery of the legal economy contrasted with the burgeoning wealth of the traffickers of drugs and people, which generated a growing demand for well-paid armed auxiliaries as soldiers for the cartels. The regional drug syndicates emerged out of the local affluence.
In the new millennium, popular movements and a new electoral hope arose: Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO). By 2006 a vast peaceful electoral movement promised substantial social and economic reforms to ‘integrate millions of disaffected youth’. In the parallel economy, the drug cartels were expanding and benefiting from the misery of millions of workers and peasants marginalized by the Mexican elite, who had plundered the public treasury, speculated in real estate, robbed the oil industry and created enormous privatized monopolies in the communication and banking sectors.
In 2006, millions of Mexican voters were once again denied their electoral victory: The last best hope for a peaceful transformation was dashed. Backed by the US Administration, Felipe Calderon stole the election and proceeded to launch the “War on Drug Traffickers” strategy dictated by Washington .
The War Strategy Escalates the Drug War: The Banking Crises Deepens the Ties with Drug Traffickers
The massive escalation of homicides and violence in Mexico began with the declaration of a war on the drug cartels by the fraudulently elected President Calderon, a policy pushed initially by the Bush Administration and subsequently strongly backed by the Obama – Clinton regime. Over 40,000 Mexican soldiers filled the streets, towns and barrios – violently assaulting citizens - especially young people. The cartels retaliated by escalating their armed assaults on police. The war spread to all the major cities and along the major highways and rural roads; murders multiplied and Mexico descended further into a Dantesque inferno. Meanwhile, the Obama regime ‘reaffirmed’ its support for a militarist solution on both sides of the border: Over 500,000 Mexican immigrants were seized and expelled from the US ; heavily armed border patrols multiplied. Cross border gun sales grew exponentially .The US “market” for Mexican manufactured goods and agricultural products shrank, further widening the pool for cartel recruits while the supply of high powered weapons increased. White House gun and drug policies strengthened both sides in this maniacal murderous cycle: The US government armed the Calderon regime and the American gun manufacturers sold guns to the cartels through both legal and underground arms sales. Steady or increasing demand for drugs in the US – and the grotesque profits derived from trafficking and sales--- remained the primary driving force behind the tidal wave of violence and societal disintegration in Mexico .
Drug profits, in the most basic sense, are secured through the ability of the cartels to launder and transfer billions of dollars through the US banking system. The scale and scope of the US banking-drug cartel alliance surpasses any other economic activity of the US private banking system. According to US Justice Department records, one bank alone, Wachovia Bank (now owned by Wells Fargo), laundered $378.3 billion dollars between May 1, 2004 and May 31, 2007 (The Guardian, May 11, 2011). Every major bank in the US has served as an active financial partner of the murderous drug cartels – including Bank of America, Citibank, and JP Morgan, as well as overseas banks operating out of New York , Miami and Los Angeles , as well as London .
While the White House pays the Mexican state and army to kill Mexicans suspected of drug trafficking, the US Justice Department belatedly slaps a relatively small fine on the major US financial accomplice to the murderous drug trade, Wachovia Bank, spares its bank officials from any jail time and allows major cases to lapse into dismissal.
The major agency of the US Treasury involved in investigating money laundering, the Undersecretary for Terrorism and Financial Intelligence, deliberately ignored the blatant collaboration of US banks with drug terrorists, concentrating almost their entire staff and resources on enforcing sanctions against Iran . For seven years, Treasury Undersecretary Stuart Levey used his power as head of the Department for Terrorism and Financial Intelligence to pursue Israel ’s phony “war on terrorism” against Iran , rather than shut down Wachovia’s money-laundering operations with the Mexican drug terrorists. In this period of time an estimated 40,000 Mexican civilian have been killed by the cartels and the army.
Without US arms and financial services supporting both the illegitimate Mexican regimes and the drug cartels – there could be no “drug war”, no mass killings and no state terror. The simple acts of stopping the flood of cheap subsidized US agriculture products into Mexico and de-criminalizing the use and purchase of cocaine in the US would dry up the pool of ‘cartel soldiers’ from the bankrupted Mexican peasantry and the cut back the profits and demand for illegal drugs in the US market.
The Drug Traffickers, the Banks and the White House
If the major US banks are the financial engines which allow the billion dollar drug empires to operate, the White House, the US Congress and the law enforcement agencies are the basic protectors of these banks. Despite the deep and pervasive involvement of the major banks in laundering hundreds of billions of dollars in illicit funds, the “court settlements” pursued by US prosecutors have led to no jail time for the bankers. One court’s settlement amounted to a fine of $50 million dollars, less than 0.5% of one of the banks (the Wachovia/Wells Fargo bank) $12.3 billion profits for 2009 (The Guardian, May 11, 2011). Despite the death of tens of thousands of Mexican civilians, US executive branch directed the DEA, the federal prosecutors and judges to impose such a laughable ‘punishment’ on Wachovia for its illegal services to the drug cartels. The most prominent economic officials of the Bush and Obama regimes, including Summers, Paulson, Geithner, Greenspan, Bernacke et al, are all long term associates, advisers and members of the leading financial houses and banks implicated in laundering the billions of drug profits.
Laundering drug money is one of the most lucrative sources of profit for Wall Street; the banks charge hefty commissions on the transfer of drug profits, which they then lend to borrowing institutions at interest rates far above what – if any – they pay to drug trafficker depositors. Awash in sanitized drug profits, these US titans of the finance world can easily buy their own elected officials to perpetuate the system.
Even more important and less obvious is the role of drug money in the recent financial meltdown, especially during its most critical first few weeks.
According to the head of United Nation’s Office on Drugs and Crime, Antonio Maria Costa, “In many instances, drug money (was)… currently the only liquid investment capital…. In the second half of 2008, liquidity was the banking system’s main problem and hence liquid capital became an important factor…interbank loans were funded by money that originated from drug trade and other illegal activities… (there were) signs that some banks were rescued in that way.” (Reuters, January 25,2009. US edition). Capital flows from the drug billionaires were key to floating Wachovia and other leading banks. In a word: the drug billionaires saved the capitalist financial system from collapse!
Conclusion
By the end of the first decade of the 21st century, it has become clear that capital accumulation, at least in North America, is intimately linked to generalized violence and drug trafficking. Because capital accumulation is dependent on financial capital, and the latter is dependent on the industry profits from the multi-hundred-billion dollar drug trade, the entire ensemble is embedded in the ‘total war’ over drug profits. In times of deep crises the very survival of the US financial system – and through it, the world banking system – is linked to the liquidity of the drug “industry”.
At the most superficial level the destruction of Mexican and Central American societies – encompassing over 100 million people – is a result of a conflict between drug cartels and the political regimes of the region. At a deeper level there is a multiplier or “ripple effect” related to their collaboration: the cartels draw on the support of the US banks to realize their profits; they spend hundreds of millions on the US arms industry and others to secure their supplies, transport and markets; they employ tens of thousands of recruits for their vast private armies and civilian networks and they purchase the compliance of political and military officials on both sides of the borders
For its part, the Mexican government acts as a conduit for US Pentagon/Federal police, Homeland Security, drug enforcement and political apparatuses prosecuting the ‘war’, which has put Mexican lives, property and security at risk. The White House stands at the strategic center of operations – the Mexican regime serves as the front-line executioners.
On one side of the “war on drugs” are the major Wall Street banks; on the other side, the White House and its imperial military strategists and in the ‘middle’ are 90 million Mexicans and 40,000 murder victims and counting.
Relying on political fraud to impose economic deregulation in the 1990’s (neo-liberalism), the US policies led directly to the social disintegration, criminalization and militarization of the current decade. The sophisticated narco-finance economy has now become the most advanced stage of neo-liberalism. When the respectable become criminals, the criminals become respectable.
The issue of genocide in Mexico has been determined by the empire and its “knowing” bankers and cynical rulers.
In May 2011, Mexican investigators uncovered another mass clandestine grave with dozens of mutilated corpses; bringing the total number of victims to 40,000 killed since 2006 when the Calderon regime announced its “war on drug traffickers”. Backed by advisers, agents and arms, the White House has been the principal promotor of a ‘war’ that has totally decimated Mexico ’s society and economy.
If Washington has been the driving force for the regime’s war, Wall Street banks have been the main instruments ensuring the profits of the drug cartels. Every major US bank has been deeply involved in laundering hundreds of billions of dollars in drug profits, for the better part of the past decade.
Mexico ’s descent into this inferno has been engineered by the leading US financial and political institutions, each supporting ‘one side or the other’ in the bloody “total war” which spares no one, no place and no moment in time. While the Pentagon arms the Mexican government and the US Drug Enforcement Agency enforces the “military solution”, the biggest US banks receive, launder and transfer hundreds of billions of dollars to the drug lords’ accounts, who then buy modern arms, pay private armies of assassins and corrupt untold numbers of political and law enforcement officials on both sides of the border.
Mexico’s Descent in the Inferno
Everyday scores, if not hundreds, of corpses – appear in streets and or are found in unmarked graves; dozens are murdered in their homes, cars, public transport, offices and even hospitals; known and unknown victims in the hundreds are kidnapped and disappear; school children, parents, teachers, doctors and businesspeople are seized in broad daylight and held for ransom or murdered in retaliation. Thousands of migrant workers are kidnapped, robbed, ransomed, murdered and evidence is emerging that some are sold into the illegal ‘organ trade’. The police are barricaded in their commissaries; the military, if and when it arrives, takes out its frustration on entire cities, shooting more civilians than cartel soldiers. Everyday life revolves around surviving the daily death toll; threats are everywhere, the armed gangs and military patrols fire and kill with virtual impunity. People live in fear and anger.
The Free Trade Agreement: The Sparks that lit the Inferno
In the late 1980’s, Mexico was in crisis, but the people chose a legal way out: they elected a President, Cuahtemoc Cardenas, on the basis of his national program to promote the economic revitalization of agriculture and industry. The Mexican elite, led by Carlos Salinas of the Institutional Revolutionary Party (PRI) chose otherwise and subverted the election: The electorate was denied its victory; the peaceful mass protests were ignored. Salinas and subsequent Mexican presidents vigorously pursued a free trade agreement (NAFTA) with the US and Canada , which rapidly drove millions of Mexican farmers, ranchers and small business people into bankruptcy. Devastation led to the flight of millions of immigrant workers. Rural movements of debtors flourished and ebbed, were co-opted or repressed. The misery of the legal economy contrasted with the burgeoning wealth of the traffickers of drugs and people, which generated a growing demand for well-paid armed auxiliaries as soldiers for the cartels. The regional drug syndicates emerged out of the local affluence.
In the new millennium, popular movements and a new electoral hope arose: Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO). By 2006 a vast peaceful electoral movement promised substantial social and economic reforms to ‘integrate millions of disaffected youth’. In the parallel economy, the drug cartels were expanding and benefiting from the misery of millions of workers and peasants marginalized by the Mexican elite, who had plundered the public treasury, speculated in real estate, robbed the oil industry and created enormous privatized monopolies in the communication and banking sectors.
In 2006, millions of Mexican voters were once again denied their electoral victory: The last best hope for a peaceful transformation was dashed. Backed by the US Administration, Felipe Calderon stole the election and proceeded to launch the “War on Drug Traffickers” strategy dictated by Washington .
The War Strategy Escalates the Drug War: The Banking Crises Deepens the Ties with Drug Traffickers
The massive escalation of homicides and violence in Mexico began with the declaration of a war on the drug cartels by the fraudulently elected President Calderon, a policy pushed initially by the Bush Administration and subsequently strongly backed by the Obama – Clinton regime. Over 40,000 Mexican soldiers filled the streets, towns and barrios – violently assaulting citizens - especially young people. The cartels retaliated by escalating their armed assaults on police. The war spread to all the major cities and along the major highways and rural roads; murders multiplied and Mexico descended further into a Dantesque inferno. Meanwhile, the Obama regime ‘reaffirmed’ its support for a militarist solution on both sides of the border: Over 500,000 Mexican immigrants were seized and expelled from the US ; heavily armed border patrols multiplied. Cross border gun sales grew exponentially .The US “market” for Mexican manufactured goods and agricultural products shrank, further widening the pool for cartel recruits while the supply of high powered weapons increased. White House gun and drug policies strengthened both sides in this maniacal murderous cycle: The US government armed the Calderon regime and the American gun manufacturers sold guns to the cartels through both legal and underground arms sales. Steady or increasing demand for drugs in the US – and the grotesque profits derived from trafficking and sales--- remained the primary driving force behind the tidal wave of violence and societal disintegration in Mexico .
Drug profits, in the most basic sense, are secured through the ability of the cartels to launder and transfer billions of dollars through the US banking system. The scale and scope of the US banking-drug cartel alliance surpasses any other economic activity of the US private banking system. According to US Justice Department records, one bank alone, Wachovia Bank (now owned by Wells Fargo), laundered $378.3 billion dollars between May 1, 2004 and May 31, 2007 (The Guardian, May 11, 2011). Every major bank in the US has served as an active financial partner of the murderous drug cartels – including Bank of America, Citibank, and JP Morgan, as well as overseas banks operating out of New York , Miami and Los Angeles , as well as London .
While the White House pays the Mexican state and army to kill Mexicans suspected of drug trafficking, the US Justice Department belatedly slaps a relatively small fine on the major US financial accomplice to the murderous drug trade, Wachovia Bank, spares its bank officials from any jail time and allows major cases to lapse into dismissal.
The major agency of the US Treasury involved in investigating money laundering, the Undersecretary for Terrorism and Financial Intelligence, deliberately ignored the blatant collaboration of US banks with drug terrorists, concentrating almost their entire staff and resources on enforcing sanctions against Iran . For seven years, Treasury Undersecretary Stuart Levey used his power as head of the Department for Terrorism and Financial Intelligence to pursue Israel ’s phony “war on terrorism” against Iran , rather than shut down Wachovia’s money-laundering operations with the Mexican drug terrorists. In this period of time an estimated 40,000 Mexican civilian have been killed by the cartels and the army.
Without US arms and financial services supporting both the illegitimate Mexican regimes and the drug cartels – there could be no “drug war”, no mass killings and no state terror. The simple acts of stopping the flood of cheap subsidized US agriculture products into Mexico and de-criminalizing the use and purchase of cocaine in the US would dry up the pool of ‘cartel soldiers’ from the bankrupted Mexican peasantry and the cut back the profits and demand for illegal drugs in the US market.
The Drug Traffickers, the Banks and the White House
If the major US banks are the financial engines which allow the billion dollar drug empires to operate, the White House, the US Congress and the law enforcement agencies are the basic protectors of these banks. Despite the deep and pervasive involvement of the major banks in laundering hundreds of billions of dollars in illicit funds, the “court settlements” pursued by US prosecutors have led to no jail time for the bankers. One court’s settlement amounted to a fine of $50 million dollars, less than 0.5% of one of the banks (the Wachovia/Wells Fargo bank) $12.3 billion profits for 2009 (The Guardian, May 11, 2011). Despite the death of tens of thousands of Mexican civilians, US executive branch directed the DEA, the federal prosecutors and judges to impose such a laughable ‘punishment’ on Wachovia for its illegal services to the drug cartels. The most prominent economic officials of the Bush and Obama regimes, including Summers, Paulson, Geithner, Greenspan, Bernacke et al, are all long term associates, advisers and members of the leading financial houses and banks implicated in laundering the billions of drug profits.
Laundering drug money is one of the most lucrative sources of profit for Wall Street; the banks charge hefty commissions on the transfer of drug profits, which they then lend to borrowing institutions at interest rates far above what – if any – they pay to drug trafficker depositors. Awash in sanitized drug profits, these US titans of the finance world can easily buy their own elected officials to perpetuate the system.
Even more important and less obvious is the role of drug money in the recent financial meltdown, especially during its most critical first few weeks.
According to the head of United Nation’s Office on Drugs and Crime, Antonio Maria Costa, “In many instances, drug money (was)… currently the only liquid investment capital…. In the second half of 2008, liquidity was the banking system’s main problem and hence liquid capital became an important factor…interbank loans were funded by money that originated from drug trade and other illegal activities… (there were) signs that some banks were rescued in that way.” (Reuters, January 25,2009. US edition). Capital flows from the drug billionaires were key to floating Wachovia and other leading banks. In a word: the drug billionaires saved the capitalist financial system from collapse!
Conclusion
By the end of the first decade of the 21st century, it has become clear that capital accumulation, at least in North America, is intimately linked to generalized violence and drug trafficking. Because capital accumulation is dependent on financial capital, and the latter is dependent on the industry profits from the multi-hundred-billion dollar drug trade, the entire ensemble is embedded in the ‘total war’ over drug profits. In times of deep crises the very survival of the US financial system – and through it, the world banking system – is linked to the liquidity of the drug “industry”.
At the most superficial level the destruction of Mexican and Central American societies – encompassing over 100 million people – is a result of a conflict between drug cartels and the political regimes of the region. At a deeper level there is a multiplier or “ripple effect” related to their collaboration: the cartels draw on the support of the US banks to realize their profits; they spend hundreds of millions on the US arms industry and others to secure their supplies, transport and markets; they employ tens of thousands of recruits for their vast private armies and civilian networks and they purchase the compliance of political and military officials on both sides of the borders
For its part, the Mexican government acts as a conduit for US Pentagon/Federal police, Homeland Security, drug enforcement and political apparatuses prosecuting the ‘war’, which has put Mexican lives, property and security at risk. The White House stands at the strategic center of operations – the Mexican regime serves as the front-line executioners.
On one side of the “war on drugs” are the major Wall Street banks; on the other side, the White House and its imperial military strategists and in the ‘middle’ are 90 million Mexicans and 40,000 murder victims and counting.
Relying on political fraud to impose economic deregulation in the 1990’s (neo-liberalism), the US policies led directly to the social disintegration, criminalization and militarization of the current decade. The sophisticated narco-finance economy has now become the most advanced stage of neo-liberalism. When the respectable become criminals, the criminals become respectable.
The issue of genocide in Mexico has been determined by the empire and its “knowing” bankers and cynical rulers.
17.5.11
Diez formas distintas de manipulación mediática
Noam Chomsky
Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios. En su libro “Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas” Chomsky hace referencia a ese escrito en su decálogo de las “Estrategias de Manipulación”.
1- LA ESTRATEGIA DE LA DISTRACCIÓN.
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.
La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología o la cibernética.
“Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto 'Armas silenciosas para guerras tranquilas')”.
2- CREAR PROBLEMAS Y DESPUÉS OFRECER SOLUCIONES.
Este método también se denomina “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el que demande las medidas que se desea hacer que se acepten. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el que demande leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad.
O también: crear una crisis económica para hacer que se acepten como manes necesarios el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3- LA ESTRATEGIA DE LA GRADUALIDAD.
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta con aplicarla gradualmente, con cuentagotas, por años consecutivos. De esa manera las condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) se impusieron durante las décadas de 1980 y 1990
Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo masivo, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que habrían provocado una revolución si se hubieran aplicado de una sola vez.
4- LA ESTRATEGIA DE DIFERIR.
Otra manera de hacer que se acepte una decisión impopular es la de presentarla como "dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato.
Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido se podría evitar. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5- DIRIGIRSE Al PÚBLICO COMO A CRIATURAS DE POCA EDAD.
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental.
Cuanto más se pretende engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ésta tuviese 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestión, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6- UTILIZAR EL ASPECTO EMOCIONAL MUCHO MÁS QUE LA REFLEXIÓN.
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional, y finalmente en el sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7- MANTENER AL PÚBLICO EN LA IGNORANCIA Y LA MEDIOCRIDAD.
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la mas pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8- ESTIMULAR AL PÚBLICO A SER COMPLACIENTE CON LA MEDIOCRIDAD.
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
9- REFORZAR LA AUTOCULPABILIDAD.
Hacer creer al individuo que sólo él es el culpable de su propia desgracia debido a la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se minusvalora y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. ¡Y sin acción no hay revolución!
10- CONOCER A LOS INDIVIDUOS MEJOR DE LO QUE SE CONOCEN ELLOS MISMOS.
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y los que poseen y utilizan las elites dominantes.
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológica. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que éste se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios. En su libro “Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas” Chomsky hace referencia a ese escrito en su decálogo de las “Estrategias de Manipulación”.
1- LA ESTRATEGIA DE LA DISTRACCIÓN.
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.
La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología o la cibernética.
“Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto 'Armas silenciosas para guerras tranquilas')”.
2- CREAR PROBLEMAS Y DESPUÉS OFRECER SOLUCIONES.
Este método también se denomina “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el que demande las medidas que se desea hacer que se acepten. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el que demande leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad.
O también: crear una crisis económica para hacer que se acepten como manes necesarios el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3- LA ESTRATEGIA DE LA GRADUALIDAD.
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta con aplicarla gradualmente, con cuentagotas, por años consecutivos. De esa manera las condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) se impusieron durante las décadas de 1980 y 1990
Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo masivo, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que habrían provocado una revolución si se hubieran aplicado de una sola vez.
4- LA ESTRATEGIA DE DIFERIR.
Otra manera de hacer que se acepte una decisión impopular es la de presentarla como "dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato.
Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido se podría evitar. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5- DIRIGIRSE Al PÚBLICO COMO A CRIATURAS DE POCA EDAD.
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental.
Cuanto más se pretende engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ésta tuviese 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestión, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6- UTILIZAR EL ASPECTO EMOCIONAL MUCHO MÁS QUE LA REFLEXIÓN.
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional, y finalmente en el sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7- MANTENER AL PÚBLICO EN LA IGNORANCIA Y LA MEDIOCRIDAD.
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la mas pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8- ESTIMULAR AL PÚBLICO A SER COMPLACIENTE CON LA MEDIOCRIDAD.
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
9- REFORZAR LA AUTOCULPABILIDAD.
Hacer creer al individuo que sólo él es el culpable de su propia desgracia debido a la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se minusvalora y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. ¡Y sin acción no hay revolución!
10- CONOCER A LOS INDIVIDUOS MEJOR DE LO QUE SE CONOCEN ELLOS MISMOS.
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y los que poseen y utilizan las elites dominantes.
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológica. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que éste se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
15.5.11
"No existe diferencia entre crimen organizado y fuerzas federales"
Julián Contreras Alvarez
Monterrey, NL, 14 de mayo. La guerra contra el narcotráfico ha logrado que la sociedad proteste porque su vida está en peligro, en lugar de hacerlo por los más de 50 millones de pobres, los despidos masivos de trabajadores, la contrarreforma laboral y la destrucción de sindicatos, puntualizó Julián Contreras Álvarez, representante del Frente Plural Ciudadano de Ciudad Juárez, durante el foro Militarización y violencia en México.
Consideró que para entender la situación de extrema violencia que vive el país es necesario echar una mirada al contexto global, ya que Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, inició una estrategia de "guerras preventivas contra el terrorismo".
Con el argumento de evitar nuevos ataques contra su seguridad nacional, el vecino país emprendió reformas que culminaron con la Ley Patriótica, que implicó la anulación de los derechos civiles de los estadunidenses, y que ahora en México, con el pretexto de enfrentar al narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón impulsa una reforma similar bajo el nombre de Ley de Seguridad Nacional.
El Plan Mérida y la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón Hinojosa forman parte de la política de seguridad nacional de Estados Unidos, pero el pretexto de la iniciativa es ayudar a México a enfrentar al crimen organizado, cuando son los estadunidenses los principales consumidores.
La estrategia se da en el contexto de la peor crisis económica internacional desde la gran depresión, pues ante la inestabilidad y el descontento social en distintos puntos del planeta, es prioridad para la seguridad de Estados Unidos tener el control mediante una política de terror contra la población para evitar que la gente proteste por cuestiones que en otras condiciones lo haría.
La lógica de la guerra, alimenta la violencia y una estrategia de metralletas en las calles beneficia a la industria militar, a la industria de la seguridad "y a quien tal parece que le sale más barato matar pobres que acabar con la pobreza".
...
En el caso de Ciudad Juárez, con la militarización empezamos a ver que la gente moría ejecutada sin defenderse; esto echa por tierra cualquier lógica de guerra, donde ambos bandos se disparan. “Empezamos a documentar la presencia de escuadrones de paramilitares que actuaban con total impunidad, protegidos por fuerzas militares y federales para cometer masacres como la de Salvárcar.
También "fuimos demostrando la participación de fuerzas policiacas federales y militares en extorsiones, secuestros, robos y cateos ilegales, amedrentamiento de la población, desplazamientos, desapariciones forzadas y otras prácticas".
En Ciudad Juárez “hemos llegado a la conclusión de que la diferencia entre el crimen organizado y las fuerzas federales no existe, sino que forma parte de una misma política de terror contra la población.
"No podemos negar que exista la posibilidad de que estemos viviendo eso que decían los propagandistas nazis: repetir una mentira muchas veces hasta que crean que es verdad. No vaya a ser que también aquí la gente crea que se está en una guerra contra el narcotráfico y no hay tal."
"Valdría el ejemplo del circo romano para ilustrar esta guerra. Los que mueren en la arena, mueren realmente, se desangran en combate, pero eso no significa que para los que estén en las gradas deje de ser un espectáculo macabro, sangriento".
Monterrey, NL, 14 de mayo. La guerra contra el narcotráfico ha logrado que la sociedad proteste porque su vida está en peligro, en lugar de hacerlo por los más de 50 millones de pobres, los despidos masivos de trabajadores, la contrarreforma laboral y la destrucción de sindicatos, puntualizó Julián Contreras Álvarez, representante del Frente Plural Ciudadano de Ciudad Juárez, durante el foro Militarización y violencia en México.
Consideró que para entender la situación de extrema violencia que vive el país es necesario echar una mirada al contexto global, ya que Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, inició una estrategia de "guerras preventivas contra el terrorismo".
Con el argumento de evitar nuevos ataques contra su seguridad nacional, el vecino país emprendió reformas que culminaron con la Ley Patriótica, que implicó la anulación de los derechos civiles de los estadunidenses, y que ahora en México, con el pretexto de enfrentar al narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón impulsa una reforma similar bajo el nombre de Ley de Seguridad Nacional.
El Plan Mérida y la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón Hinojosa forman parte de la política de seguridad nacional de Estados Unidos, pero el pretexto de la iniciativa es ayudar a México a enfrentar al crimen organizado, cuando son los estadunidenses los principales consumidores.
La estrategia se da en el contexto de la peor crisis económica internacional desde la gran depresión, pues ante la inestabilidad y el descontento social en distintos puntos del planeta, es prioridad para la seguridad de Estados Unidos tener el control mediante una política de terror contra la población para evitar que la gente proteste por cuestiones que en otras condiciones lo haría.
La lógica de la guerra, alimenta la violencia y una estrategia de metralletas en las calles beneficia a la industria militar, a la industria de la seguridad "y a quien tal parece que le sale más barato matar pobres que acabar con la pobreza".
...
En el caso de Ciudad Juárez, con la militarización empezamos a ver que la gente moría ejecutada sin defenderse; esto echa por tierra cualquier lógica de guerra, donde ambos bandos se disparan. “Empezamos a documentar la presencia de escuadrones de paramilitares que actuaban con total impunidad, protegidos por fuerzas militares y federales para cometer masacres como la de Salvárcar.
También "fuimos demostrando la participación de fuerzas policiacas federales y militares en extorsiones, secuestros, robos y cateos ilegales, amedrentamiento de la población, desplazamientos, desapariciones forzadas y otras prácticas".
En Ciudad Juárez “hemos llegado a la conclusión de que la diferencia entre el crimen organizado y las fuerzas federales no existe, sino que forma parte de una misma política de terror contra la población.
"No podemos negar que exista la posibilidad de que estemos viviendo eso que decían los propagandistas nazis: repetir una mentira muchas veces hasta que crean que es verdad. No vaya a ser que también aquí la gente crea que se está en una guerra contra el narcotráfico y no hay tal."
"Valdría el ejemplo del circo romano para ilustrar esta guerra. Los que mueren en la arena, mueren realmente, se desangran en combate, pero eso no significa que para los que estén en las gradas deje de ser un espectáculo macabro, sangriento".
9.5.11
"Torture Was Vital to Getting Bin Laden"
Global Research, May 9, 2011
Washington's Blog
War Criminals Try to Evade Prosecution By Pretending Torture Was Vital to Getting Bin Laden ... When It Actually Delayed the Hunt for YEARS
Dick Cheney, Donald Rumsfeld and John Yoo were all instrumental in implementing the U.S. torture program.
So it is no surprise that they are now pretending that torture helped get Bin Laden. See this, this and this.
They're trying to avoid war crimes prosecution.
As I noted in 2009:
Cheney was the main architect of the torture policy (according to the number 2 man at the State Department and others).
So of course he would defend torture - he's trying to keep his behind out of the defense chair at a war crimes tribunal.
Cheney defending torture is exactly like Charles Manson appearing on all of the news shows defending murder as a public policy.
Matthew Alexander - a former top Air Force interrogator who led the team that tracked down Abu Musab al-Zarqawi - agrees:
"These guys are trying to save their reputations, for one thing," Alexander said. "They have, from the beginning, been trying to prevent an investigation into war crimes."
As does Colonel Wilkerson, the former number two man at the State Department:
Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy
Indeed, as Dan Froomkin notes in a little-noticed essay, torture actually delayed by years more effective intelligence-gathering methods which would have resulted in finding Bin Laden:
Defenders of the Bush administration’s interrogation policies have claimed vindication from reports that bin Laden was tracked down in small part due to information received from brutalized detainees some six to eight years ago.
But that sequence of events -- even if true -- doesn’t demonstrate the effectiveness of torture, these experts say. Rather, it indicates bin Laden could have been caught much earlier had those detainees been interrogated properly.
"I think that without a doubt, torture and enhanced interrogation techniques slowed down the hunt for bin Laden," said an Air Force interrogator who goes by the pseudonym Matthew Alexander and located Abu Musab al-Zarqawi, the leader of al Qaeda in Iraq, in 2006.
It now appears likely that several detainees had information about a key al Qaeda courier -- information that might have led authorities directly to bin Laden years ago. But subjected to physical and psychological brutality, "they gave us the bare minimum amount of information they could get away with to get the pain to stop, or to mislead us," Alexander told The Huffington Post.
"We know that they didn’t give us everything, because they didn’t provide the real name, or the location, or somebody else who would know that information," he said.
In a 2006 study by the National Defense Intelligence College, trained interrogators found that traditional, rapport-based interviewing approaches are extremely effective with even the most hardened detainees, whereas coercion consistently builds resistance and resentment.
"Had we handled some of these sources from the beginning, I would like to think that there’s a good chance that we would have gotten this information or other information," said Steven Kleinman, a longtime military intelligence officer who has extensively researched, practiced and taught interrogation techniques.
"By making a detainee less likely to provide information, and making the information he does provide harder to evaluate, they hindered what we needed to accomplish," said Glenn L. Carle, a retired CIA officer who oversaw the interrogation of a high-level detainee in 2002.
***
For Alexander, Kleinman and others, the key takeaway is not just that the torture didn't work, but that it was actually counterproductive.
"The question is: What else did KSM have?" Alexander asked. And he’s pretty sure he knows the answer: KSM knew the courier’s real name, "or he knew who else knew his real name, or he knew how to find him -- and he didn’t give any of that information," Alexander said.
Alexander’s book, "Kill or Capture," chronicles how the non-coercive interrogation of a dedicated al Qaeda member led to Zarqawi’s capture.
"I’m 100 percent confident that a good interrogator would have gotten additional leads" from KSM, Alexander said.
***
This new scenario hardly supports a defense of torture on the grounds that it’s appropriate in "ticking time bomb" scenarios, Alexander said. "Show me an interrogator who says that eight years is a good result."
Indeed, Froomkin points out that the type of torture used is a special type focused on obtaining false confessions:
Experts agree that torture is particularly good at one thing: eliciting false confessions.
Bush-era interrogation techniques, were modeled after methods used by Chinese Communists to extract confessions from captured U.S. servicemen that they could then use for propaganda during the Korean War.
And Froomkin notes that torture hurts national security:
"They don’t want to talk about the long term consequences that cost the lives of Americans," Alexander added. The way the U.S. treated its prisoners "was al-Qaeda’s number-one recruiting tool and brought in thousands of foreign fighters who killed American soldiers," Alexander said. "And who want to live with that on their conscience?"
For background, see this.
Note: Cheney and Rumsfeld were never very interested in capturing Bin Laden. Their focus was elsewhere. So their revisionist statements about the usefulness of torture for intelligence purposes must be taken with a grain of salt. In reality, their torture program was crafted to justify the Iraq war, not to catch Bin Laden (and see this.)
Washington's Blog
War Criminals Try to Evade Prosecution By Pretending Torture Was Vital to Getting Bin Laden ... When It Actually Delayed the Hunt for YEARS
Dick Cheney, Donald Rumsfeld and John Yoo were all instrumental in implementing the U.S. torture program.
So it is no surprise that they are now pretending that torture helped get Bin Laden. See this, this and this.
They're trying to avoid war crimes prosecution.
As I noted in 2009:
Cheney was the main architect of the torture policy (according to the number 2 man at the State Department and others).
So of course he would defend torture - he's trying to keep his behind out of the defense chair at a war crimes tribunal.
Cheney defending torture is exactly like Charles Manson appearing on all of the news shows defending murder as a public policy.
Matthew Alexander - a former top Air Force interrogator who led the team that tracked down Abu Musab al-Zarqawi - agrees:
"These guys are trying to save their reputations, for one thing," Alexander said. "They have, from the beginning, been trying to prevent an investigation into war crimes."
As does Colonel Wilkerson, the former number two man at the State Department:
Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy
Indeed, as Dan Froomkin notes in a little-noticed essay, torture actually delayed by years more effective intelligence-gathering methods which would have resulted in finding Bin Laden:
Defenders of the Bush administration’s interrogation policies have claimed vindication from reports that bin Laden was tracked down in small part due to information received from brutalized detainees some six to eight years ago.
But that sequence of events -- even if true -- doesn’t demonstrate the effectiveness of torture, these experts say. Rather, it indicates bin Laden could have been caught much earlier had those detainees been interrogated properly.
"I think that without a doubt, torture and enhanced interrogation techniques slowed down the hunt for bin Laden," said an Air Force interrogator who goes by the pseudonym Matthew Alexander and located Abu Musab al-Zarqawi, the leader of al Qaeda in Iraq, in 2006.
It now appears likely that several detainees had information about a key al Qaeda courier -- information that might have led authorities directly to bin Laden years ago. But subjected to physical and psychological brutality, "they gave us the bare minimum amount of information they could get away with to get the pain to stop, or to mislead us," Alexander told The Huffington Post.
"We know that they didn’t give us everything, because they didn’t provide the real name, or the location, or somebody else who would know that information," he said.
In a 2006 study by the National Defense Intelligence College, trained interrogators found that traditional, rapport-based interviewing approaches are extremely effective with even the most hardened detainees, whereas coercion consistently builds resistance and resentment.
"Had we handled some of these sources from the beginning, I would like to think that there’s a good chance that we would have gotten this information or other information," said Steven Kleinman, a longtime military intelligence officer who has extensively researched, practiced and taught interrogation techniques.
"By making a detainee less likely to provide information, and making the information he does provide harder to evaluate, they hindered what we needed to accomplish," said Glenn L. Carle, a retired CIA officer who oversaw the interrogation of a high-level detainee in 2002.
***
For Alexander, Kleinman and others, the key takeaway is not just that the torture didn't work, but that it was actually counterproductive.
"The question is: What else did KSM have?" Alexander asked. And he’s pretty sure he knows the answer: KSM knew the courier’s real name, "or he knew who else knew his real name, or he knew how to find him -- and he didn’t give any of that information," Alexander said.
Alexander’s book, "Kill or Capture," chronicles how the non-coercive interrogation of a dedicated al Qaeda member led to Zarqawi’s capture.
"I’m 100 percent confident that a good interrogator would have gotten additional leads" from KSM, Alexander said.
***
This new scenario hardly supports a defense of torture on the grounds that it’s appropriate in "ticking time bomb" scenarios, Alexander said. "Show me an interrogator who says that eight years is a good result."
Indeed, Froomkin points out that the type of torture used is a special type focused on obtaining false confessions:
Experts agree that torture is particularly good at one thing: eliciting false confessions.
Bush-era interrogation techniques, were modeled after methods used by Chinese Communists to extract confessions from captured U.S. servicemen that they could then use for propaganda during the Korean War.
And Froomkin notes that torture hurts national security:
"They don’t want to talk about the long term consequences that cost the lives of Americans," Alexander added. The way the U.S. treated its prisoners "was al-Qaeda’s number-one recruiting tool and brought in thousands of foreign fighters who killed American soldiers," Alexander said. "And who want to live with that on their conscience?"
For background, see this.
Note: Cheney and Rumsfeld were never very interested in capturing Bin Laden. Their focus was elsewhere. So their revisionist statements about the usefulness of torture for intelligence purposes must be taken with a grain of salt. In reality, their torture program was crafted to justify the Iraq war, not to catch Bin Laden (and see this.)
2.5.11
Sobre seguridad nacional
Carlos Fazio
La esencia de la contrarreforma en materia de seguridad nacional que la semana pasada entró en la congeladora legislativa es la pretendida reglamentación y/o "normalización" del régimen de excepción y el estado de inseguridad radical instaurado el 1º de diciembre de 2006. Desde entonces, la "democracia" en pie de guerra de Felipe Calderón ha ido desembocando en un creciente proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización de la vida nacional. El riesgo latente, ahora, es que del Estado autoritario conservador construido durante los gobiernos del Partido Acción Nacional se pase a un régimen cívico-militar "legalizado", subordinado a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo en abril de 2009 encarnaba una peligrosa militarización de la sociedad, con la consiguiente politización de las fuerzas armadas con base en el secreto y el mantenimiento del fuero de guerra. A partir de una rocambolesca "teoría de los grises" sobre guerra y paz, dicha iniciativa, profundizada ahora por aliados priístas, busca difuminar las fronteras y los límites entre seguridad pública y seguridad interior, lo que de facto implica entregar al Ejército y la Marina las funciones de Ministerio Público, con el riesgo de un deslizamiento hacia un Estado pretoriano.
A su vez, se busca otorgar al comandante en jefe de las fuerzas armadas un uso discrecional del estamento castrense con fines represivos, sin contrapesos ni controles institucionales (del Congreso, el Ifai, la CNDH, etcétera), lo que de aceptarse significaría el rompimiento del equilibrio entre el poder civil y el poder militar. Con eje en un pretendido "proyecto nacional" encarnado por el Ejecutivo, que lleva a una virtual personificación del Estado en el mandatario de turno, a quien se adjudicaría la preservación de la condición de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano (ya no de la nación), se abre las puertas a un régimen dictatorial.
Otra vertiente de la militarización y centralización represiva en el Ejecutivo y el Consejo Nacional de Seguridad, con base en una declaración de afectación como eufemismo de estado de excepción, es la que busca dotar a los integrantes de las fuerzas armadas de la atribución de solicitar a jueces civiles la autorización de espiar, grabar, registrar e intervenir comunicaciones privadas a cualquier persona o grupo considerados en cualquiera de los 21 supuestos constitutivos de "obstáculos" a la seguridad nacional que consigna el artículo quinto. En la lista de causas o factores que afectan la seguridad nacional se encuentran delitos ya tipificados en el Código Penal Federal (traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración) y se les agregan otros que exceden el listado y que podrán ser interpretados de forma abusiva dada su formulación ambigua o equívoca.
De aprobarse ese remedo de la Ley Patriótica estadunidense se profundizaría la criminalización de la protesta. En virtud de la interpretación discrecional del Ejecutivo y miembros del consejo, movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social podrían constituir un "desafío" o una "amenaza" a la seguridad nacional. Eso abriría la puerta a un mayor autoritarismo, con la consiguiente afectación de las libertades públicas, civiles y los derechos humanos.
La Ley de Seguridad Nacional tiene como fundamento una doctrina y una ideología. La doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense es una doctrina militar. Contiene una rigidez completamente militar: es una ciencia de la guerra. Fue concebida en el marco de la "guerra de espectro total" contra el comunismo y el terrorismo. Su esencia es contrarrevolucionaria, antisubversiva. Entre los elementos de esa doctrina figuran los "objetivos nacionales". Ergo, el interés nacional o proyecto nacional son la finalidad de la guerra y la finalidad de la política, con la absorción de la política por la guerra. En esa perspectiva, no hay razón para que la nación se comporte de manera diferente de las fuerzas armadas. También desaparecen las fronteras entre la guerra y la diplomacia, entre política exterior y política interior, entre la violencia reservada a las fuerzas armadas y la acción no violenta del Estado. Borra la distinción entre violencia preventiva y violencia represiva. La seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Si la Constitución molesta, se cambia.
Cabe recordar que en la guerra sólo cuentan los golpes dados al enemigo (devenido en "enemigo interno"). Y poco importan los medios empleados, sean represivos, militares o sicológicos. Su valor o su oportunidad es cuestión de estrategia. La necesidad de la victoria salta o suprime restricciones o límites legales y constitucionales. Según esa doctrina, el Estado encarna la voluntad de la nación, con lo cual desaparece el equilibrio de poderes. Toda oposición supone anarquía, subversión. La doctrina de la seguridad nacional tiene amigos y enemigos. Y dado que es un Estado en tiempo de guerra (o de "paz relativa", diría Alfonso Navarrete Prida), significa que no es sólo una "democracia" que hace la guerra, sino una "democracia" concebida en función de la guerra, sea ésta real, virtual o potencial. Así, la finalidad primordial de la nueva institucionalidad consiste en colocar la soberanía popular en manos de los militares.
Esa peligrosa fascinación por lo absoluto en clave castrense subyace en la iniciativa de Calderón. Sólo que el culto por la (in)seguridad calderonista fue construido para favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El interés nacional sirve para negar o esconder los intereses de clase. Es la envoltura ideológica para ocultar un sistema de dominación y explotación vía las fuerzas armadas. Importada de Estados Unidos e impuesta por el Pentágono, la seguridad nacional de Felipe Calderón busca mantener sin alteraciones el funcionamiento de la economía de mercado y las instituciones de gobierno dadas… haiga sido como haiga sido.
La esencia de la contrarreforma en materia de seguridad nacional que la semana pasada entró en la congeladora legislativa es la pretendida reglamentación y/o "normalización" del régimen de excepción y el estado de inseguridad radical instaurado el 1º de diciembre de 2006. Desde entonces, la "democracia" en pie de guerra de Felipe Calderón ha ido desembocando en un creciente proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización de la vida nacional. El riesgo latente, ahora, es que del Estado autoritario conservador construido durante los gobiernos del Partido Acción Nacional se pase a un régimen cívico-militar "legalizado", subordinado a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo en abril de 2009 encarnaba una peligrosa militarización de la sociedad, con la consiguiente politización de las fuerzas armadas con base en el secreto y el mantenimiento del fuero de guerra. A partir de una rocambolesca "teoría de los grises" sobre guerra y paz, dicha iniciativa, profundizada ahora por aliados priístas, busca difuminar las fronteras y los límites entre seguridad pública y seguridad interior, lo que de facto implica entregar al Ejército y la Marina las funciones de Ministerio Público, con el riesgo de un deslizamiento hacia un Estado pretoriano.
A su vez, se busca otorgar al comandante en jefe de las fuerzas armadas un uso discrecional del estamento castrense con fines represivos, sin contrapesos ni controles institucionales (del Congreso, el Ifai, la CNDH, etcétera), lo que de aceptarse significaría el rompimiento del equilibrio entre el poder civil y el poder militar. Con eje en un pretendido "proyecto nacional" encarnado por el Ejecutivo, que lleva a una virtual personificación del Estado en el mandatario de turno, a quien se adjudicaría la preservación de la condición de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano (ya no de la nación), se abre las puertas a un régimen dictatorial.
Otra vertiente de la militarización y centralización represiva en el Ejecutivo y el Consejo Nacional de Seguridad, con base en una declaración de afectación como eufemismo de estado de excepción, es la que busca dotar a los integrantes de las fuerzas armadas de la atribución de solicitar a jueces civiles la autorización de espiar, grabar, registrar e intervenir comunicaciones privadas a cualquier persona o grupo considerados en cualquiera de los 21 supuestos constitutivos de "obstáculos" a la seguridad nacional que consigna el artículo quinto. En la lista de causas o factores que afectan la seguridad nacional se encuentran delitos ya tipificados en el Código Penal Federal (traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración) y se les agregan otros que exceden el listado y que podrán ser interpretados de forma abusiva dada su formulación ambigua o equívoca.
De aprobarse ese remedo de la Ley Patriótica estadunidense se profundizaría la criminalización de la protesta. En virtud de la interpretación discrecional del Ejecutivo y miembros del consejo, movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social podrían constituir un "desafío" o una "amenaza" a la seguridad nacional. Eso abriría la puerta a un mayor autoritarismo, con la consiguiente afectación de las libertades públicas, civiles y los derechos humanos.
La Ley de Seguridad Nacional tiene como fundamento una doctrina y una ideología. La doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense es una doctrina militar. Contiene una rigidez completamente militar: es una ciencia de la guerra. Fue concebida en el marco de la "guerra de espectro total" contra el comunismo y el terrorismo. Su esencia es contrarrevolucionaria, antisubversiva. Entre los elementos de esa doctrina figuran los "objetivos nacionales". Ergo, el interés nacional o proyecto nacional son la finalidad de la guerra y la finalidad de la política, con la absorción de la política por la guerra. En esa perspectiva, no hay razón para que la nación se comporte de manera diferente de las fuerzas armadas. También desaparecen las fronteras entre la guerra y la diplomacia, entre política exterior y política interior, entre la violencia reservada a las fuerzas armadas y la acción no violenta del Estado. Borra la distinción entre violencia preventiva y violencia represiva. La seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Si la Constitución molesta, se cambia.
Cabe recordar que en la guerra sólo cuentan los golpes dados al enemigo (devenido en "enemigo interno"). Y poco importan los medios empleados, sean represivos, militares o sicológicos. Su valor o su oportunidad es cuestión de estrategia. La necesidad de la victoria salta o suprime restricciones o límites legales y constitucionales. Según esa doctrina, el Estado encarna la voluntad de la nación, con lo cual desaparece el equilibrio de poderes. Toda oposición supone anarquía, subversión. La doctrina de la seguridad nacional tiene amigos y enemigos. Y dado que es un Estado en tiempo de guerra (o de "paz relativa", diría Alfonso Navarrete Prida), significa que no es sólo una "democracia" que hace la guerra, sino una "democracia" concebida en función de la guerra, sea ésta real, virtual o potencial. Así, la finalidad primordial de la nueva institucionalidad consiste en colocar la soberanía popular en manos de los militares.
Esa peligrosa fascinación por lo absoluto en clave castrense subyace en la iniciativa de Calderón. Sólo que el culto por la (in)seguridad calderonista fue construido para favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El interés nacional sirve para negar o esconder los intereses de clase. Es la envoltura ideológica para ocultar un sistema de dominación y explotación vía las fuerzas armadas. Importada de Estados Unidos e impuesta por el Pentágono, la seguridad nacional de Felipe Calderón busca mantener sin alteraciones el funcionamiento de la economía de mercado y las instituciones de gobierno dadas… haiga sido como haiga sido.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
