La derecha y su relato: vivir del olvido y la mentira

Marcos Roitman Rosenman

El pasado nos interroga, nos asalta. Forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero a la pregunta ¿qué es el pasado?, la respuesta no es tan clara. Sólo podemos decir que son hechos, una verdad de facto. Cosa diferente es su interpretación, orden y explicación. Cuando recordamos, la memoria trae a la mano hechos. Tomar el autobús para ir al trabajo, por ejemplo, es un hecho, su realización conlleva activarla para recordar hechos. ¿Dónde está la parada?, ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es el precio del ticket?, etcétera. También, se puede ir en Metro, taxi, caminando o en bicicleta. Todas las opciones se entrecruzan. Le damos sentido de acuerdo con el fin de la acción: ir al trabajo, pero no aclara quién lo hace: ¿una trabajadora?, ¿un empresario? El hecho, es el mismo, pero según quien lo lleve a cabo, su interpretación difiere. Llegar tarde, para un trabajador puede provocar el despido, si es el empresario, su retraso constituye una anécdota.

La historia la escriben los vencedores. Howard Zinn enfrentó tal afirmación al cuestionar la interpretación que ha dado lugar a la historia oficial de EU. Escribió La otra historia de Estados Unidos. En ella, desenmascara la versión oficial, recupera hechos del olvido y rescata la memoria colectiva de los oprimidos. Sin embargo, para el establishment, Zinn cometió una herejía. Cuestionó el poder y sus fuentes de legitimación. En esta dirección, Hannah Arendt, se enfrentó al mismo problema. Su obra Eichmann en Jerusalén cuestionó la explicación del sionismo al papel jugado por Eichmann en el Holocausto. Por ello, fue acusada de traicionar al pueblo judío. Su pecado, señalar que los hechos imputados a Eich­mann, tras escuchar sus alegaciones, no respondían a un antisemita; concluyó que eran el resultado de una lógica perversa, sus crímenes se fundaban en lo que denominó la banalidad del mal. Posteriormente, Arendt, con motivo de la guerra de Vietnam, propuso diferenciar la verdad de facto de la opinión. “Lo que parece más inquietante –dirá– es que las verdades factuales incómodas (…) son a menudo transformadas, de forma consciente o inconsciente, en opiniones –como si el apoyo de Alemania a Hitler, la caída de Francia ante el ejército alemán en 1940 o la política del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial no fueran hechos históricos sino un asunto de opinión”. Los hechos pueden suscitar repulsa, pero no pueden ser cuestionados, son historia. Lo que define a la verdad factual es que su opuesto no es el error, la ilusión ni la opinión. Sino la falsedad deliberada o la mentira.

En América Latina hay hechos que marcan la historia de los últimos 500 años: I) la conquista y colonización, II) la independencia política, III) la revolución mexicana, IV) la revolución cubana, V) los golpes de Estado, VI) la resistencia de los pueblos originarios y las luchas feministas. Hay más, pero esta propuesta es ya una construcción histórica. Sin embargo, son los juicios políticos sobre tales hechos los que han de ser analizados. La conquista y colonización es una verdad fáctica. Pero su interpretación se construye a posteriori. De esta manera el pasado se modela. No es unidireccional. La única verdad es que se produjo la conquista y se colonizó, pero la explicación propuesta por los vencedores manipuló los hechos de acuerdo con sus valores y creencias. Es la batalla por apropiarse de la realidad lo que da sentido al relato histórico de los hechos y lo que está en disputa.

En tiempos de la guerra fría, la derecha y las fuerzas armadas recurrieron a una supuesta invasión de la URSS, para justificar los golpes de Estado. En su relato, los hijos serían arrancados de sus madres y llevados a Cuba. La libertad religiosa sería eliminada y las iglesias quemadas. Los opositores eliminados, el himno nacional pasaría a ser la internacional comunista, y los niños sufrirían un adoctrinamiento ideológico para separarlos de sus padres. Ninguna de tales afirmaciones han tenido lugar, no son hechos ni verdades factuales.

Pero la derecha sí ha producido hechos. Ahí están los golpes de Estado de la doctrina de la seguridad nacional, los detenidos desaparecidos, la tortura y la represión. En América Latina, ningún gobierno de izquierda o progresista envió a los niños a Cuba, quemó iglesias, asesinó, o torturó opositores. Sin embargo, el discurso de la mentira, se mantiene. Los hechos, van en sentido contrario, demuestran que las plutocracias reprimen, criminalizan, torturan, cierran universidades e imponen regímenes de muerte. Eliminan la democracia, limitan la libertad de expresión, reunión, prensa y asociación. Esa es la verdad fáctica. Han construido un castillo de mentiras. Pero su tiempo se agota, sus mentiras serán desenmascaradas, transformando a sus falsos héroes en lo que son: criminales de lesa humanidad, llámense Hernán Cortés, Pizarro, Francisco Franco, Porfirio Díaz, Stroessner, Videla, Pinochet, Uribe, Iván Duque o Sebastián Piñera. La derecha lo sabe, por ello se refugian en la mentira para seguir asesinando a sus pueblos.

Vacunas transgénicas: experimento masivo en favor de trasnacionales

Silvia Ribeiro

La vacunación contra el SARS-CoV-2, causante del Covid-19, alcanzó en septiembre de 2021 un promedio de 44 por ciento de la población mundial. En realidad sólo una veintena de países ha vacunado de 60 a 80 por ciento de su población, mientras en África no llega a 3 por ciento. Un apartheid de vacunas, le llaman organizaciones sociales y gobiernos. Refleja una situación de desigualdad sistémica, ya que las trasnacionales farmacéuticas, con el apoyo de sus gobiernos sede, principalmente en Europa y Estados Unidos, han causado la escasez de vacunas para mantener mercado, altos precios y poder de negociación (https://tinyurl.com/3pcdz88k).

Hay otros aspectos también muy preocupantes. La mayoría de las vacunas aplicadas son transgénicas, con procesos de elaboración nóveles, que nunca se habían usado en seres humanos. Por ejemplo las que usan ARN modificado (Pfizer-BioNTech y Moderna) o ADN vectorizado por adenovirus modificados (AstraZeneca, Janssen, Sputnik V y CanSino).

Otras vacunas aplicadas en América Latina son Sinovac y Sinopharm (chinas, públicas). Esas usan métodos convencionales probados por décadas. Son nuevas para Covid y tienen algunos efectos secundarios, pero no conllevan los altos riesgos e incertidumbres de las vacunas transgénicas. Las vacunas producidas en Cuba (en instituciones públicas) usan métodos biotecnológicos, pero no son transgénicas, sino basadas en métodos probados por más de 15 años.

Desde el principio de la pandemia, las trasnancionales farmacéuticas afirmaron que sus nuevas vacunas genéticas serían más efectivas y estarían disponibles mucho más rápido que otras. Sin embargo, a medida que avanzó el experimento sin precedente de inocular a cientos de millones de personas con vacunas corporativas transgénicas, varias empresas, ya con su mercado establecido, reconocieron que sus porcentajes de efectividad son menores que los alegados. Incluso algunas vacunas transgénicas podrían tener menor nivel de efectividad que las convencionales.

Por otro lado, la gran diferencia de tiempo para disponer de vacunas convencionales, que en diciembre 2020 se argumentó esencial para iniciar la vacunación prometiendo a la gente que sería el boleto de salida de la pandemia, apenas fue de un par de meses. Resumiendo, no existió ninguna razón objetiva, salvo afirmaciones vacuas e intereses comerciales, para exponer a millones de personas a los riesgos e incertidumbres de vacunas transgénicas: se podrían haber desarrollado vacunas con métodos convencionales, tanto públicas como privadas. Algo que habría facilitado que muchos más países e instituciones nacionales pudieran producir y distribuir vacunas más ágilmente.

Sobre los riesgos de las vacunas transgénicas, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL) acaba de publicar un pronunciamiento y un extenso artículo científico de revisión bibliográfica que plantea elementos que se deben tener en cuenta para la evaluación de riesgos de las nuevas vacunas de ARN modificado y/o adenovirus recombinantes contra SARS-CoV-2 (https://tinyurl.com/3b5xcsym).

Entre otros aspectos, el artículo plantea los impactos potenciales a corto y largo plazos de las vacunas transgénicas. Se basa en un centenar de artículos científicos y en el análisis de los efectos adversos a vacunas reportados en Estados Unidos y otros países. Uno de los efectos graves con vacunas de ADN vectorizadas son coagulopatías y trombosis, a los que se ha agregado el síndrome de Guillain-Barré (parálisis) y el aumento del riesgo de contraer VIH. Las vacunas de ARN se han asociado, entre otros, a riesgos de efectos inflamatorios multisistémicos y miocarditis. En el caso de la Pfizer, puede haber también reacciones posteriores causadas por el uso de nanolípidos como vectores, que al ser nanopartículas, no son reconocidas por el sistema inmunológico y se pueden acumular en diferentes órganos. Estudios científicos han mostrado en ratones de laboratorio la presencia de ARN modificado en múltiples órganos y no sólo en el lugar de inoculación. Los reportes de efectos adversos, incluyen varios miles de muertes que podrían estar relacionadas a vacunas transgénicas, cuya vinculación causa-efecto es difícil de establecer, aunque se considera probable si ocurre dentro de los 3 días posteriores a la vacunación y en relación a los efectos antes mencionados.

Si bien es cierto que el porcentaje de efectos adversos graves reportados es un porcentaje mínimo en relación con cientos de millones de personas vacunadas, existiendo alternativas vacunales y otros tratamientos posibles, no se debería haber expuesto a nadie, mucho menos a miles de personas, a esos riesgos. Las estadísticas indican que la vacunación ha reducido la mortalidad y hospitalización, pero también las vacunas con metodologías convencionales.

Tampoco está claro cuánto dura la inmunidad con las vacunas, por lo que de todos modos es un enfoque limitado, que se ha impuesto a despecho de considerar seriamente tratamientos más integrales y fuera del control de las empresas. A dos años de la debacle múltiple que ha provocado esta pandemia, es hora de un debate mucho más amplio sobre todos sus aspectos, incluso sus causas y qué ciencia y otros enfoques necesitamos para fortalecer nuestros sistemas inmunológicos personales, como comunidades y sociedades.

Proceso: Las transiciones fallidas

Ricardo Ravelo


Leí con sentimiento la carta del periodista Alejandro Caballero tras despedirse de la revista Proceso, a la que dedicó más de 21 años de su vida como reportero, primero, y responsable de la página web, después.

Con lujo de detalles, denuncia una larga cadena de abusos, injusticias, excesos, yerros y desatinos que, dice, postraron a la revista en una crisis financiera pero, sobre todo, editorial tras el arribo de Jorge Carrasco a la dirección del semanario.

Para quienes fuimos parte del semanario quizá nada de lo que expone Caballero sea desconocido. Estos graves problemas en el trato laboral y humano se empezaron a notar tras la muerte de Don Julio Scherer García, en el año 2015. Antes de su deceso, él siempre estuvo atento a que ninguna injusticia se cometiera, aunque el caso de Francisco Ortiz Pinchetti, despedido injustamente en el año 2000, fue una excepción bastante cuestionable. Don Julio, quien siempre dijo admirar a Ortiz por su trabajo excepcional, lo abandonó a su suerte. Luego sobrevinieron las venganzas, inevitables tras el pleito que causó su despido.

En el año de 1996, fiel a un acuerdo establecido, dejaron la revista Julio Scherer, Vicente Leñero y Enrique Maza, los fundadores; ahí empezó a tejerse la desgracia que hoy enfrenta la revista. Scherer no quiso nombrar, de inmediato, un director que lo sustituyera. Dejó que brotara la crisis.

No se sabe si algún resorte emocional inconsciente hizo sentir a Scherer insustituible en la dirección de Proceso, pero en vez de nombrar a un director optó por crear un equipo editorial integrado por Carlos Puig, Gerardo Galarza, Salvador Corro y Francisco Ortiz que operaba en coordinación con Rodríguez Castañeda. Siempre llamó la atención que Scherer no hubiera nombrado un director editorial, preparado con anticipación.

El ensayo no funcionó. Pronto empezaron a notarse las deficiencias, no obstante la calidad periodística de sus miembros. El resultado: Bajó la calidad informativa, algunas portadas no se sostenían con la fuerza periodística necesaria y surgieron diferencias; el relajamiento en la cobertura de fuentes empezó a ser evidente y Rodríguez Castañeda, con frecuencia, se quejaba respecto de problemas para cerrar una edición contundente con una portada excepcional. Había un declive. Los lectores notaron este “bajón” en Proceso, aunque adentro de Proceso –como es costumbre –nunca se reconoció.

Esto tenía una explicación: Las piezas centrales de la revista ocupaban la mayor parte del tiempo en “grillar” para llegar a la dirección. Marín y Castañeda, enfrascados en esa pelea de poder, se dedicaban a buscar aliados en la redacción y a presionar a Scherer para que tomara una decisión para nombrar un director. En medio del trabajo editorial hubo decenas de reuniones para debatir la necesidad urgente de que el presidente del Consejo de Administración nombrara a su sustituto.

Cuando caminaba por la redacción y se le preguntaba cómo estaban las cosas, Rodríguez Castañeda siempre decía –y no estaba equivocado– que Proceso necesitaba un mínimo de dirección, ya que –decía– la revista no podía seguir en el desorden. La lucha por el poder fue desgastante en más de un sentido. La redacción se dividió. Unos reporteros estaban con Carlos Marín, otros con Rodríguez Castañeda. La pugna crecía cada vez más y una atmósfera de incertidumbre invadía a todos los reporteros, el barco a la deriva.

En marzo de 1999 –dos años y cuatro meses después de que Scherer se había “retirado” de Proceso– las cosas empezaron a definirse, después de una crisis que él mismo dejó crecer. Rafael Rodríguez Castañeda fue nombrado director, pero sobrevino el rompimiento: Carlos Marín renunció a su cargo, lo secundó Froylán López Narváez, quien, dolido por la decisión, dijo: “Yo renuncio y denuncio”. No dijo nada. Sólo fue amenaza. Ambos cobraron una liquidación cuantiosa, dejando a Proceso en crisis. Con Marín se fueron algunos reporteros aliados suyos que luego tuvieron cabida en Milenio, por suerte.

Todavía recuerdo la cara de felicidad de Rodríguez Castañeda y su frase minutos después de su nombramiento: “Será para bien”, dijo, mientras se paseaba por la redacción de la revista saludando y abrazando a los reporteros.

En estricto sentido, Julio Scherer nunca se retiró de la revista. Nombró a Rodríguez Castañeda pero se volvió una sombra para él. Frecuentemente visitaba las instalaciones de Proceso, saludaba a los reporteros y se reunía con Rodríguez Castañeda para delinear temas, hablar del país, sugerir enfoques, asuntos, entre otras cosas. Esto quizá incomodaba al nuevo director, pero también ayudaba en la buena marcha de la revista. Era una autoridad moral y se le veía como el padre de una familia que, él mismo, asumía porque, ante cualquier riesgo, acudíamos a Scherer.

Todas las portadas eran cuestionadas por Don Julio, implacable en la crítica, punzante en la crítica. Scherer hablaba con los reporteros, les preguntaba cómo se sentían, qué estaban haciendo, en qué asuntos estaban trabajando, en fin, nunca edificó murallas de silencio, jamás se negó a hablar con los reporteros que buscaban para aclarar dudas o comentar chismes con él. Fue un hombre abierto para todos.

Tras la muerte de Don Julio –que todos lamentamos todavía– las cosas empezaron a cambiar, pero para mal. Comenzaron las injusticias laborales, el mal trato en algunos casos, algunos despidos fueron calificados como injustos y, paulatinamente, la parte editorial empezó a mermar. El rigor se había relajado. La revista se sostenía sólo en los anclajes de su historia, pero ese recurso se agotó. El archivo –por cierto muy rico– también lo agotaron en publicaciones de números especiales y libros. Todo se ceñía a una historia de gloria, pero hacia adelante no había nuevos temas. La pasión estaba agotada, muerta la cabeza de una dirección sin ímpetu. Ya no se podía vivir del pasado.

Como director, Rafael Rodríguez Castañeda no aprendió de su pasado y repitió el error de Scherer. Él mismo sabe que cuando fue nombrado director la revista recobró el rumbo perdido en aquel 1999. Cuando tomó la dirección se dijo que las finanzas estaban en números rojos. Y salió adelante porque tuvo un acierto: se hizo de un equipo. Tenía a su alrededor a Antonio Jáquez Enríquez, un extraordinario periodista lagunero como asesor; luego nombró a Salvador Corro, leal en todo momento; contaba con grupo de reporteros que siempre le salvaban la portada de cada semana. Había uno que otro consentido y becados que le daban más dolores de cabeza que satisfacciones. Pero en lo general siempre tuvo la lluvia de ideas y las propuestas informativas necesarias para sacar adelante la edición semanal, algo indispensable para un director.

Luego vino la siguiente transición en medio de una crisis económica y editorial. Rodríguez Castañeda seguía al frente de Proceso. Más de una voz le insistió en que era tiempo de retirarse, a punto de cumplir dos décadas en la dirección. Desoyó la sugerencia. En algún momento había pensado en irse dejando finanzas sanas y un semanario firme en lo editorial, pero se tardó demasiado, a mi ver. Sería injusto decir que toda la culpa de este debacle es suya. Hay otras razones: Una serie de factores –nuevos medios digitales mejor dotados de recursos, el anclaje de Proceso a un romanticismo periodístico insostenible e inexistente, la resistencia a dar el paso a lo digital, entre otros– sumieron a la revista en la crisis editorial que actualmente padece.

Tengo la certeza de que Jorge Carrasco, el actual director de Proceso, no era la carta fuerte de Rodríguez Castañeda para suplirlo. A pesar de la situación crítica, se negó, en más de una ocasión, a dejar la dirección pese a que su posición ya era insostenible. Quizá también, como Scherer, se sintió insustituible.

Presionado por las circunstancias y por la familia Scherer, finalmente dejó la dirección y le pasaron la estafeta a Carrasco que, se asegura, había sido recomendado por Don Julio Scherer antes de morir. La familia quiso respetar esa decisión del fundador de Proceso, se ignoran las razones. ¿Se equivocó Don Julio Scherer como lo hizo en Excélsior con Regino Díaz Redondo? Ya veremos. ¿A quién hubiera nombrado Rodríguez Castañeda? A uno de sus exalumnos para él continuar al frente?

Lo que actualmente está ocurriendo en el semanario, con el respeto que en lo personal me merece la carta de Alejandro Caballero, no es culpa de Jorge Carrasco: es consecuencia de una larga cadena de yerros y desatinos que, actualmente, desembocan en una crisis muy grave.

Con respecto a ti, Caballero, gran periodista y la carta, opino: Coincido en buena parte con tu misiva. Admiro tu decisión de decirlo. Lo aplaudo. Ese fue el ejemplo del maestro Don Julio Scherer. Con esa libertad te digo: Las injusticias privan en todos los medios de comunicación. Hay luchas de poder, muertos y heridos. Pero cuando el reportero sabe lo que es ningún agravio daña. Lo que duele es el ego. Lo más profundo jamás duele. Se lastima la imagen que hemos construido, lo falso, lo que creemos que somos, nunca lo que somos.

Ahora, sí es muy cuestionable la posición de Jorge Carrasco, sobre todo cuando dijo que iba a honrar la historia de Proceso y a seguir el ejemplo de Julio Scherer. Creo que se equivoca. En esa historia de gloria hay cosas rescatables, pero no se pueden repetir los errores, que no fueron pocos.

El actual Proceso jamás podrá volver a ser lo que fue con Scherer ni con Rodríguez Castañeda, en su etapa previa a la muerte de Scherer. No se puede seguir viviendo del pasado. Aquello ya fue. Lo que continúa jamás se renueva. Algo debe morir para volver a surgir. Y este es el proceso que debe seguir Proceso: morir para ser otra cosa.

Lo que surja de esos escombros o lo que quede estará en la justa medida de lo que son sus actuales directivos en lo moral, ético y profesional. Es otra generación, otra visión de las cosas. Lo otro ha muerto. Ojalá lo entiendan algún día. No es posible ser el pasado y el presente al mismo tiempo.

En esta nueva etapa de Proceso seguramente se sumarán más errores. Los aprendizajes son dolorosos y cuestan muy caro. Carrasco y su equipo se tendrán que seguir equivocando una y otra vez para construirse. No hay otro camino. Es el costo histórico de no haber preparado a un director para tamaño reto. Y aquí los responsables son Julio Scherer y Rafael Rodríguez Castañeda. La soberbia está cobrando la factura y hay que pagarla. A Carrasco le entregaron una revista en crisis financiera y editorial, a la que se suma lo ético y moral. En esto hay que recomponer el camino. La apuesta es dejar de mirar al pasado –eso está muerto– y seguir adelante con lo que se disponga y hasta donde tope.

Siempre se dijo que Scherer se llevaría a Proceso a la tumba. Eso es retórica. Scherer está muerto. Ya fue. Proceso, pese a todo, tiene vida.

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Carta íntegra de la renuncia de Alejandro Caballero

Mi adiós a Proceso

Este día recibí mi finiquito conforme a la ley. Ni un centavo más ni un centavo menos. Termina así mi relación laboral con la revista Proceso a la que ingresé el uno de enero de 1995 en una primera y breve estancia de un año y siete meses y a la que regresé el uno de enero del 2000 para prolongar mi estadía en esta querida casa editorial por 21 años y 8 meses.

De mi paso por Proceso me llevo en el corazón el afecto y la confianza que desde el primer día que lo conocí depositó en mi don Julio Scherer García, así como las inolvidables e incontables lecciones profesionales y de vida que tuvo a bien compartir conmigo. Le correspondí, queriéndolo siempre, hasta donde mis capacidades dieron. Cómo se le extraña. Cómo hace falta.

Agradezco a Rafael Rodríguez Castañeda el apoyo que me brindó sin regateo alguno en todas las encomiendas laborales en las que sintió que mis conocimientos y experiencia podían ser útiles a la empresa. Fue mi maestro en tareas de edición y definición de portadas, al fin periodista cabal de los que no abundan.

Me voy, sin embargo, alarmado por el rumbo que ha tomado la empresa que edita Proceso desde que en enero del 2020 se definieron nuevos mandos. Un acelerado desprestigio, una derechización de su línea editorial y una crisis económica de la que no se informa a los trabajadores, tienen a Proceso en quizá la más delicada situación desde que se fundó en 1976.

La orientación periodística e ideológica impuesta por los actuales mandos al semanario y que se refleja también en la página web, ya tiene sus consecuencias: una dramática caída en la venta de ejemplares, un derrumbe en las suscripciones y una caída preocupante en las visitas al espacio digital.

Alerté a tiempo, a quienes tomaron la decisión de nombrar a Jorge Carrasco como el nuevo director, de los riesgos que implicaría esa designación. Un reportero gris, conservador, apenas conocido en las fuentes castrences y judiciales, sin mayor experiencia en tareas de dirección, en definición de portadas, cabeceo y línea editorial, ha logrado en apenas unos meses que a Proceso se le haya perdido el respeto y se le considere una especie de encarte dominical del periódico Reforma.

Su más reciente desatino: asociarse en defensa de la “libertad de expresión” y del gremio periodístico, entre otros, con medios tan desprestigiados como El Universal de Juan Francisco Healy Ortiz, los Soles y Grupo Imagen, propiedad de miembros de la familia Vázquez Raña, y el portal politico.mx, ligado a Ricardo Salinas Pliego, quien por cierto tiene demandado a Proceso.

Debo reconocer que el desastre que avizoré con el arribo de Carrasco a la dirección se quedó corto. No sólo se ha derechizado la línea editorial del semanario y su página web, sino que se ha perseguido y hostigado a quienes hemos criticado su arribo a la dirección. El actual es un Proceso opuesto al que nos legaron Don Julio y Rafael, pero a tono con el tamaño de sus nuevos mandos: hacia adentro maltrato laboral y hacia fuera alianza con medios que lo último que hacen es respetar a sus trabajadores.

Pero el error en la designación de Carrasco no ha sido el único. El autonombramiento de Santiago Igartúa como jefe de la página digital es igual de grave. Su historial laboral es un insulto para la revista. Ingresó a Proceso desplazando sin pudor alguno a quien cumplía las labores de corresponsal en Argentina y de ahí paso a la redacción nacional del semanario con el puesto de reportero, en donde se distinguió, no por sus textos, sino por cobrar sin trabajar. Con estos antecedentes, Igartúa se autoascendió a labores de mando en la página web de donde con el mayor de los desaseos e incluso de manera cobarde, mientras me encontraba de vacaciones, sin aviso alguno, se me desplazó de mis funciones.

La página que llegó a estar por meses en el top ten de Comscore, no ha podido recuperar la visibilidad que tuvo. Aún en tiempos de pandemia en que los ciudadanos se volcaron a los medios digitales, la página de Proceso no pudo repuntar. Por si fuera poco los números recientes de visitas señalan un declive preocupante.

Tanto el portal como la revista han perdido credibilidad y en el caso del primero hasta seriedad y no se diga oportunidad noticiosa, todo ello, responsabilidad única de quien opera bajo el autonombramiento de jefe. Con el caso de Santiago Igartúa se confirma que la honestidad y el talento no se heredan.

Los agravios que recibí desde la cúpula y que incluyeron marginarme de cualquier toma de decisiones y en el absurdo cambiar mi escritorio por uno más pequeño y borrarme del directorio por más de un año, lamentablemente no han sido los únicos. El Proceso que privilegiaba las relaciones humanas, factor que lo distinguía de cualquier otra empresa periodística, se esfumó con la llegada de Carrasco e Igartúa.

Me refiero, por ejemplo, a como sin consideración alguna se despidió a corresponsales en el extranjero y a colaboradores de la sección de análisis.

Imperdonable también fue el maltrato, incluso hasta horas antes de su muerte, que tuvieron para con Marco Antonio Cruz, en su calidad de coordinador de fotografía. Sólo doy dos datos, podría ofrecer más. Sin consultarlo, Carrasco contrató a la agencia  Cuartoscuro para nutrir de fotografías a Proceso, algo a lo que siempre se opuso don Julio; Igartúa, también sin consultarlo, designó a un integrante del cuerpo de fotógrafos para tareas en la página digital.

Tengo la certeza de que los nuevos mandos se enteraron de la estatura profesional del querido Marco cuando leyeron los entrañables textos póstumos que amigos y compañeros le dedicaron en Proceso. Desde los puestos de dirección, en vida se le ofendió, a su muerte se le elogió.

Carrasco también fue incapaz de retener a periodistas talentosos como Álvaro Delgado o al monero Hernández, quien junto con Helguera, había recuperado para Proceso el atractivo de su última página.

Las malhadadas decisiones en la empresa continuaron nombrando a José Gil Olmos como jefe de información. Lo peor que le puede pasar a un trabajador es que designen como su jefe a un inepto. Incapaz de argumentar una orden de trabajo, negado para idear un reportaje, torpe para redactar un párrafo sin incurrir en problemas de sintaxis y faltas de ortografía, se le dio una autoridad que, por obvias razones, no se respeta.

En las manos de este trío sin luces está el indigno presente y el nebuloso futuro del querido Proceso. Desprestigiado, inmerso en una crisis editorial y financiera, no se vislumbra mejora. Cómo estarán de podridas las aguas entre los nuevos mandos que las apuestas que corren es sobre cuánto tardará Igartúa en deshacerse de Carrasco.

Proceso, cuyas principales hazañas las dio desnudando corruptelas y enfrentando a gobiernos y empresarios censores, hoy se hunde por los desatinos de un trio que no se sabe la música.

Amigos y compañeros procesianos, cuando regresé a Fresas 13 en el año 2000 pensé que esta entrañable casa editorial sería mi última morada. Me despido con el aprecio y reconocimiento a su trabajo. Sin ustedes Proceso difícilmente sobrevivirá, con los actuales mandos el Proceso que edificó don Julio se evapora semana tras semana.

Ojalá estas líneas fueran producto de un arrebato, el guion de un mal sueño, las notas de una fallida melodía…

Los abrazo

3 años de AMLO: Estado regresa a su función social

Zósimo Camacho

A mitad de su sexenio, AMLO ha regresado su función social al Estado mexicano, pero la transformación avanza de manera desigual. Mejor distribución del ingreso, combate a la corrupción y más soberanía frente a Estados Unidos; pero límites en la independencia económica, titubeos en la reforma fiscal y postergación de la justicia política para los pueblos indígenas. Especialistas advierten una segunda mitad con récords en crecimiento de la economía pero mayor confrontación: la oposición de derecha buscará golpear desde tres frentes: el Poder Judicial, el sector financiero y organismos extranjeros o internacionales

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega a la mitad de su periodo y ya puede presumir un nuevo rostro del Estado mexicano. Incompleta la transformación aún y con largo trecho por recorrer, pero las bases de su proyecto se han asentado. Especialistas en ciencia política, economía y geopolítica consultados por Contralínea coinciden en que el logro más visible es haberle devuelto al Estado mexicano su “función social”.

Por separado, señalan que ahora el Estado mexicano tutela una mejor distribución del ingreso, la justicia económica y social y la procuración –para toda la población– de derechos básicos, como la alimentación, la salud y la educación. Pero reconocen que el neoliberalismo sigue vigente y los grupos de interés no han sido desplazados totalmente de las estructuras del sistema político mexicano.

Para algunos, es un asunto de tiempo, pues 3 años no pueden sustituir casi 40 años de neoliberalismo. Para otros, se trata de una imposibilidad ante la sujeción económica que ejerce Estados Unidos y a que el obradorismo tampoco tiene como propósito emprender una trasformación más radical, a semejanza de la impulsada por gobiernos de América del Sur a principios de siglo.

Todos señalan, sin embargo, que con la continuidad de las actuales políticas México podrá crecer a tasas del 6.6 por ciento en los próximos años, similares a las del periodo llamado Milagro Mexicano (1940-1970), y muy por encima del raquítico 2 por ciento del periodo formalmente neoliberal (1982-2018).

A mitad del sexenio, el gobierno de López Obrador consumó 55 reformas constitucionales, a leyes federales y a leyes secundarias. En número son inferiores a las concretadas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus respectivas primeras mitades de periodo, pero son de otro calado, explican. Otorgan más derechos económicos, políticos y sociales y ordenan una planificación estratégica de la economía.

Otras resultan polémicas, como la de creación de la Guardia Nacional como nueva Fuerza Armada y las que otorgan más facultades en seguridad pública y en aspectos económicos a las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Y otras han quedado pendientes, entre ellas de carácter fiscal, financiero y económico que deberían consolidar una mejor distribución del ingreso, que paguen más impuestos los que más riqueza concentran y se regulen, entre otros, los servicios de la banca privada. Una más ha quedado rezagada y, al parecer, en confrontación con la “cuarta transformación”, o 4T, del país: la de derechos y cultura indígenas, que recuperaría los Acuerdos de San Andrés y reconocería la autonomía de los pueblos, tribus y naciones originarias para decidir sobre sus territorios y recursos.

La apuesta por el Estado de bienestar

La primera mitad del sexenio de López Obrador estuvo atravesada por varios procesos, observa Aníbal García Fernández, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Dos de ellos de carácter internacional: la pandemia de Covid-19 y la crisis internacional del capitalismo que viene profundizándose desde 2008.

En la parte nacional, López Obrador goza de legitimidad social. Según las encuestas, cuenta una aprobación superior al 60 por ciento, algo que a la mitad de los sexenios anteriores ningún presidente había tenido, observa el académico. Sí hay un desgaste, como ha reconocido el propio presidente, pero sigue contando con legitimidad social.

Adscrito al Observatorio Lawfare del Celag, García Fernández señala que son evidentes los cambios con respecto de las administraciones anteriores. Se han concretado reformas de carácter social que intentan darle otro cariz y otra perspectiva al Estado mexicano: en materia de hidrocarburos, electricidad, para el combate a la corrupción, para transformar la Fiscalía General de la República (FGR) y leyes secundarias para favorecer la democracia participativa, con figuras como la consulta ciudadana y la revocación del mandato.

Además, en materia de contención de la violencia, se creó la Guardia Nacional y está desplegándose en el territorio nacional con sus propios cuarteles. “Pero no basta para detener esta espiral de violencia que viene desde [Felipe] Calderón [2006-2012]”. Se avanza pero falta todavía bastante. Se ha criticado el proceso de militarización, “pero no se puede eliminar de un plumazo que los militares se encarguen de la seguridad pública en tanto no haya una policía preparada y con capacidad de despliegue nacional”.

Georgette Ramírez Kuri, investigadora invitada en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), señala que el gobierno de López Obrador, a 3 años de iniciado, regresó la función social al Estado mexicano. Considera que, en términos generales, es esa la gran diferencia con los anteriores gobiernos neoliberales “que robaron a las clases trabajadoras”.

Tal despojo se ejecutó en los sexenios pasados a través de una sistemática reducción de los salarios y el recorte al gasto público. Todo, en detrimento del acceso de la mayoría de la sociedad mexicana a la vivienda, salud, educación.

Maestra y doctorante en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ramírez Kuri observa que el Estado comienza a hacerse cargo de nueva cuenta de la economía y de la redistribución de la riqueza.

El doctor en economía y maestro en ciencias económicas Ernesto Bravo Benítez está de acuerdo en que lo que más ha caracterizado al gobierno de López Obrador ha sido “la parte social”. Señala que “los programas de atención a los grupos marginados han sido el eje rector en unión con principios de austeridad fiscal”.

A este respecto, celebra los esfuerzos en la redistribución del ingreso pero recomienda ser “más proactivos en la parte económica más allá de los grandes proyectos de inversión que este gobierno está impulsando”. Por ello, en la segunda mitad del sexenio se debe aprovechar la oportunidad “de apuntalar económicamente a sectores que históricamente han estado desatendidos” y en los que se debe invertir no sólo con programas sociales sino con infraestructura.

“Es necesario redoblar el esfuerzo, más allá de los programas; también es necesario crear puertos, infraestructura carretera y aeroportuaria; y no concentrar todo el esfuerzo en los estados del sur y del sureste, pues se debe atender también la parte centro y la parte noroeste del país, que también falta equiparla de manera importante”.

El investigador en estudios hacendarios y del sector público del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM advierte que el neoliberalismo en México no ha terminado, pues se impuso durante una etapa de casi 4 décadas. Esta forma de concebir el proceso económico se institucionalizó y, por ello, es complejo cambiarlo en una sola administración. El gobierno de López Obrador ya ha impulsado cambios importantes, pero sigue incrustado en áreas del quehacer económico, señala.

“La nueva administración va a medio camino y se va a llevar todavía lo que resta del sexenio para modificar inercias institucionales y pasar a una etapa post-neoliberal de impulso al desarrollo económico del país.”

Algunos cambios, inmediatos; pero el proyecto es a largo plazo

La determinación política de transformar al Estado se observa con claridad en los sectores estratégicos de México, como el energético y el de infraestructura, considera Ramírez Kuri.

Con estudios de geografía crítica en la Universidad de Sao Paulo y de geopolítica en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (de Brasil ambas instituciones),  señala que el gobierno actual ha dado giros claros con respecto de lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Ejemplifica con los esfuerzos por fortalecer las empresas estatales que, reconoce, son muy pocas luego de casi 4 décadas de neoliberalismo.

La reforma energética y la política aplicada por el obradorismo en 3 años son diametralmente opuestas a las seguidas entre 1982 y 2018. Mientras que en los sexenios pasados estaba encaminada a desmantelar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE),  ahora se trata de fortalecerlas.

Explica que el petróleo y la electricidad son dos rubros estratégicos para cualquier economía del mundo y observa que el gobierno de la 4T “sí ha implementado una serie de decisiones políticas encaminadas a que estas empresas tengan un mejor posicionamiento dentro del mercado y puedan tener mayor competencia en el mercado internacional, por ejemplo”.

Claro, señala, faltan muchas reformas y cambios “y sería deseable que se profundizaran algunos de los que se empezaron ya a trazar. En 3 años de gobierno no puedes tirar 3 décadas de avance neoliberal.”

Considera que, en sentido contrario a lo que dice la oposición sobre que este gobierno improvisa, “yo veo todo lo contrario”. Explica que bajo el neoliberalismo no se planificaba, “más bien se dejaba pasar”. El gobierno era de lo más laxo con tal de no afectar los intereses de los grandes capitalistas. Ahora hay una serie de estrategias en las que basa sus acciones y sus decisiones de política en los diferentes ámbitos: político, geopolítico, económico y social.

“Sí veo que se están tratando de articular estas dimensiones lo mejor posible; hay muchísimos especialistas que están ocupando cargos. Contrario a lo que dice la oposición, la cuarta transformación no está centralizada en una figura. Sí hay gente muy capaz que está puesta estratégicamente en cada una de las secretarías, en cada uno de los niveles de gobierno.”

Reconoce, sin embargo, que sigue habiendo muchos errores al interior del gobierno. Hay personas que provienen de otros partidos políticos y, por lo tanto, mantienen otras prácticas, otras formas de hacer política. “Pero eso me parece que está cambiando y tiene que seguir cambiando”.

La planeación estratégica también se refleja “en la complejidad de los proyectos de infraestructura para la integración territorial, en los programas para fortalecer las empresas estatales, en la reestructuración al interior de las Fuerzas Armadas. Se puede ver que al menos hay un cambio en la intención y objetivos. Que esos proyectos logren concretarse, ese es otro problema”.

Georgette Ramírez Kuri agrega que uno de los grandes esfuerzos es la captación de ingresos fiscales; por ello ha logrado una recuperación millonaria que regresa al erario y que se redistribuye entre la sociedad mexicana.

También hay esfuerzos muy importantes para regularizar los salarios, observa. Es una política integral que busca incrementar de manera sostenida el salario mínimo por encima de la inflación y regularizar la subcontratación u outsourcing. Al mismo tiempo, hay esfuerzos por regularizar los empleos y por incrementarlos para dinamizar el mercado interno.

Lo anterior va de la mano con la promoción de los derechos laborales y el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, como el derecho a la vivienda. Ramírez Kuri ejemplifica con los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que, con bajas tasas de interés, se busca que nuevamente el acceso a las viviendas por parte de las clases trabajadoras sea mayor.

Por su parte, el experto en economía financiera Ernesto Bravo Benítez destaca que en materia económica “hay cambios importantes” en 3 años de gobierno. Explica que alcanzan no sólo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la de Economía, sino al propio Banco de México (Banxico) a pesar de ser un organismo autónomo de la administración pública federal. Cita como ejemplo que el actual gobernador, Alejandro Díaz de León, haya estado de acuerdo en utilizar el recurso del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el manejo de la deuda. “Esta actitud de quién gobierna un ente autónomo tan importante como el Banco de México no se hubiera entendido en un contexto anterior.”

A esto se suman medidas como la de la autonomía para la FGR, la transparencia que en la administración pública federal y una firme política tributaria desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la SHCP para captar recursos de los grandes contribuyentes que durante muchos años fueron consentidos fiscalmente. Además, la incorporación ˝eficiente” de las Fuerzas Armadas no sólo a labores de seguridad sino aquellas que tienen un impacto económico.

Multilateralismo y tensiones con EU

Especialista en geopolítica latinoamericana, Gerogette Ramírez observa que la diplomacia mexicana dejó de ser un medio de los funcionarios para seguir enriqueciéndose. Hoy se ve más claramente apegada a la Doctrina Estrada y dejó de favorecer intereses extranjeros en México o intereses de determinados mexicanos en el extranjero.

El papel que está desempeñando ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es “muy relevante” en varios sentidos. Primero, porque retoma el multilateralismo. Es decir, “a pesar de nuestra vecindad con Estados Unidos, a pesar de tener un 80 por ciento de actividad comercial con ese país y del problema que existe en las fronteras norte y sur por el flujo migratorio desde Centroamérica, sí se ha podido marcar una serie de límites a Estados Unidos”.

Observa “una fuerte intención” por parte del gobierno mexicano de acordar una agenda bilateral en común. México ahora está poniendo sobre la mesa cuáles son sus intereses y a partir de ellos negociar con Estados Unidos. “Y ver cuáles son los intereses que tienen en común ambos países para, entonces, acordar una agenda”.

La nueva relación se construye también con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (Tmec), pues México pugnó siempre por el aspecto laboral, es decir, “defender los derechos laborales de los trabajadores mexicanos; ése había sido un tema ríspido en esas negociaciones”.

Otro aspecto a destacarse de la negociación económica México-Estados Unidos es el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel. Tal instrumento había estado suspendido algunos años y nada se hacía para equilibrar en la relación las asimetrías y la desigualdad que existe entre países como México, Estados Unidos y Canadá.

Ramírez Kuri explica que el nuevo papel de México es benéfico para los tres países en su conjunto. “Me parece que se reconfigura en sí misma la región de América del Norte porque México se reposiciona. Ya no va a ser una relación a partir de una desigualdad salarial, en cuanto a políticas o en cuanto a subsidios. México está buscando un tratado que sea mucho más equitativo en ese sentido”.

Este reposicionamiento político y económico de México en el concierto internacional se vio reflejado en la adquisición de las vacunas contra la Covid-19. La pandemia vino a mostrar claramente la multilateralidad que México ha impulsado en su política de relaciones exteriores. Por ello ha logrado tener un portafolio de vacunas extenso.

“Existen ahora nueve vacunas autorizadas para aplicarse en el país, y el origen de estas vacunas es diverso, es decir, son de origen chino, ruso, de la India, de Reino Unido y también de Estados Unidos”, destaca Ramírez Kuri. Explica que el programa de la vacuna transfronteriza es también resultado de la política social que está llevando a cabo el gobierno de México actualmente.

Sin embargo, México camina en zona minada, advierte Aníbal García Fernández. Estados Unidos cuenta con muchos mecanismos para presionar a México en el momento en que considere que ha rebasado la “independencia” que puede tolerar.

Experto en relaciones de Estados Unidos con América Latina, García Fernández observa que es una realidad que México hace funciones de contención de los migrantes. Es una medida que se tuvo que aceptar precisamente por las presiones de Estados Unidos.

En este rubro, señala, hay una política de continuidad con los gobiernos anteriores de parar a los migrantes. Sigue este proceso de ser, para Estados Unidos, una especie de primer filtro de migrantes de varias partes del mundo. “Esto va seguir y puede hacer crisis a nivel nacional y bilateral con Estados Unidos”.

Otro aspecto de tensión con Estados Unidos es la política energética que ha desarrollado el actual gobierno mexicano. Varios think tanks y cabilderos de petroleras estadunidenses protestan por la política mexicana de fortalecimiento de Pemex y la CFE. Pero el gobierno de López Obrador busca reducir la dependencia que tiene el país de las gasolinas extranjeras, explica García Fernández. Por ello la construcción de la refinería de Dos Bocas y el fortalecimiento de las seis refinerías que ya tiene el país y el impulso de la petroquímica.

Las batallas que vienen

El doctor Ernesto Bravo, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, señala que el neoliberalismo seguirá dominando amplios márgenes de la economía mientras no haya controles al sector financiero. Explica que este sector sigue teniendo injerencia en decisiones económicas importantes. Por ejemplo, señala el investigador, “siguen siendo muy altas las tasas de interés y los gastos administrativos que a los cuentahabientes o deudores cargan”. Falta aún una regulación a este sector que sigue obteniendo beneficios que en ninguna otra parte obtiene. Es un sector altamente oligopolizado”.

Además, propone bajar la banca de desarrollo al primer piso, junto con la posibilidad de, una vez tomada esta decisión, hacer uso de al menos una tercera parte de las reservas internacionales para financiamiento de proyectos productivos. Asimismo, considera necesario establecer tanto el impuesto Tobin como el impuesto Buffet.

El primero, para gravar la entrada, salida o ambas, de inversión de cartera. “Ésta es una forma de controlar la balanza de capitales por la parte fiscal”. El segundo, un impuesto especial para el 1 por ciento más rico de la población. “No es posible que los más ricos de este país paguen una tasa de ISR [Impuesto Sobre la Renta] personal de máximo el 35 por ciento, cuando un trabajador con ingresos de 30 a 40 mil pesos ya está cercano a esta tasa”.

Además, señala Bravo Benítez, México tiene dejar de concentrarse casi exclusiva en el Tmec, en el contexto externo, y replantear el federalismo fiscal, en el interno. Se debe “convocar en serio a los estados y los municipios, hacer un esfuerzo”, para que no dependan sus ingresos en el 90 por ciento de la federación, en el caso de los estados, y del 75 por ciento en el de los municipios. “Que sean autónomos desde el punto de vista tributario les da más libertad para que con más información puedan ellos impulsar sus propios programas de desarrollo, más allá de lo que la federación pueda dictarles”.

El maestro Aníbal García Fernández coincide en que vienen 3 años de retos importantes para la 4T. En materia de reformas, falta la de la Guardia Nacional. Si bien se aprobó la que le dio origen a esta nueva Fuerza Armada, ahora va por la consolidación de su carácter militar. El otro reto es el de la reforma fiscal. Va a generar mucha oposición, advierte García Fernández, sobre todo de los grupos económicos que van a estar pugnando por la defensa de sus intereses. Estos grupos están enquistados en las estructuras del Estado porque constitucionalizaron sus intereses económicos. La reforma fiscal permitiría sustentar las bases de un proceso de transformación.

Observa que la realización de esta reforma va a depender de la correlación de fuerzas que haya y del apoyo social que mantenga el gobierno federal. Si no tiene apoyo social, no podrá hacerlo.

Explica que si no hay apoyo social, el gobierno difícilmente se va a radicalizar. “Y no estamos hablando de una radicalización como la de gobiernos progresistas de América del Sur. Hablamos de por lo menos hacer que las grandes empresas paguen impuestos; hacer que las pequeñas y medianas tengan más oportunidades de crecer ante grupos oligopólicos y monopólicos nacionales y trasnacionales. En el fondo, es sentar las bases que permitan al país un desarrollo endógeno, que es algo que perdió México desde 1982”.

Georgette Ramírez Kuri considera que la 4T ya hizo su mayor número de reformas del sexenio. El mejor escenario para las reformas era el de la primera mitad, los primeros 3 años, cuando contaba con mejores condiciones y una ventaja más amplia en el Poder Legislativo. Estas reformas se hicieron en los sectores que más preocupan al proyecto encabezado por López Obrador.

Advierte un periodo más conflictivo que la primera mitad. Y, considera, hace falta una “autocrítica” del actual gobierno ante la pérdida de espacios en el Poder Legislativo.

Los riesgos que observa para la segunda mitad están encabezados por la relación con Estados Unidos, sobre todo en el tema comercial. Hasta ahora ambos gobiernos han sido cautelosos y han podido hacer prevalecer las coincidencias. Pero “en muchas cuestiones no van a coincidir; por más que estén tratando de negociar una agenda en común, bilateral, cada país tiene sus propios intereses y, por ejemplo, en la cuestión energética son intereses contrarios”.

Otra probable fuente de conflictos en la segunda mitad del gobierno es el sistema judicial, advierte Ramírez Kuri. Lo anterior, porque es una instancia a la que está recurriendo la oposición como su campo de acción, al que no tener más incidencia de la que quisieran en el Ejecutivo y el Legislativo. “Justo el poder Judicial es un poder que no es elegido por voto popular, lo cual hace que no tenga transparencia, que la rendición de cuentas sea muy difícil”. Y los intereses creados últimamente están defendiendo su autonomía, pero a conveniencia de ellos mismos.

“La oposición no tiene una base social de la cual el actual gobierno deba preocuparse, pero sí llama mucho la atención que no hayan aceptado una sesión extraordinaria para discutir la revocación de mandato. Es paradójico porque la oposición sí quiere la salida de López Obrador, pero no legal, pareciera que no quieren una salida que sea legítima o que sea votada por la gente y, sobre todo, el precedente que deja la revocación de mandato. Parece que la oposición se inclina por vías golpistas, a lo mejor no un golpe militar, pero sí un golpe judicial”.

En la agenda bilateral con Estados Unidos hay dos temas que coinciden en las preocupaciones de los dos países: la migración y el narcotráfico. México ha propuesto un cambio en el combate a estos dos problemas y Estados Unidos ha tenido que ceder. Inclusive ahora el gobierno de Biden presenta como propia la propuesta de México de enfrentar las causas de la migración y no sólo llenar las fronteras de militares. Con ello, y aunque no lo hace abiertamente, Estados Unidos, ha tenido que aceptar parte de su responsabilidad para solucionar estos problemas.

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano descentraliza el narcotráfico como problema, observa Georgette Ramírez. Porque no sólo es el tráfico de drogas, es todo lo que implica: tráfico de armas, de personas, de vehículos, de combustibles robados, es decir, el problema se tiene que abordar como toda una economía que se ha generado por el narcotráfico.

“Una propuesta como la de aplicar el programa Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro sí es justo darle la vuelta” a soluciones que privilegiaban el uso de la fuerza y que tenían escasos resultados. “Ahora se trata de solucionar problemas por la vía pacífica y ya no por la vía militar”.

“En la parte positiva veo que va a ser un periodo en el que se concreten muchos proyectos, sobre todo proyectos de infraestructura, y sí se va a notar ese cambio en cosas materiales.”

Conflictos con la izquierda social

México vive conflictos eco y socioterritoriales de larga data, señala el latinoamericanista Aníbal García Fernández. Hay una continuidad, respecto de algunos proyectos, que están generando conflictos sociales. En primer lugar, el del Tren Transístmico que buscaron construir los presidentes Carlos Salinas, Vicente  Fox y Enrique Peña Nieto. Muchos grupos se han opuesto porque implica partir el país a la mitad, observa. Lo que no se debe perder de vista es el carácter geopolítico del proyecto. “Ese interés lo tiene Estados Unidos desde, por lo menos, el Siglo XIX”.

Tiene una connotación geopolítica y económica, explica. Estados Unidos y sus grandes refinerías están tratando de pasar por ahí una gran cantidad de refinados y productos petroquímicos. El otro aspecto es la migración, pues implica interponer una frontera que no es física, pero que es de la acumulación de riqueza que sirva para la contención migratoria.

El otro asunto, a decir de García Fernández, es el del Tren Maya. Es más conflictivo porque se enfrenta a otra configuración histórica y territorial del país. Desde 1994, luego del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se construyeron “numerosos y grandes procesos organizativos”, como los Caracoles. “Le va a explotar este tema al presidente; no creo que sea algo tan sencillo como aplicar ese tipo de consultas que fueron criticadas” por no respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo signado por México. “Va ser algo que va a tener que enfrentar”.

Para López Obrador, explica, el Tren Maya es una manera de buscar el desarrollo de esa región del país que tiene los índices de pobreza más altos. Advierte que el proyecto de Andrés Manuel no es anticapitalista. Sí es distinto al neoliberal y plantea cortar este proceso de desgarre forzado del país.

Señala que los gobiernos neoliberales implantaron tres patrones territoriales de organización económica distinta: el del Norte, el del Bajío y la parte Centro y el del Sur. Este último, totalmente desligado de la economía nacional en algunos aspectos como el de la agricultura y el del sector manufacturero.

A este respecto, “no hay que perder de vista que México está profundamente ligado a Estados Unidos. Entonces cada decisión debe tener en cuenta que va a haber repercusiones” en la relación bilateral y en cada uno de los países.

“Y el proyecto del Tren Transístmico y el Tren Maya son parte de esto. El margen de acción que tiene el presidente se reduce bastante. El actual gobierno mexicano está costantemente probando la posibilidad de poder conducirse por fuera de los márgenes del neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio, pero no hay mucho margen.”

Agrega el Tmec, antes Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es una camisa de fuerza para el gobierno de López Obrador. En términos generales no puede salirse de ese margen de acción porque sería ponerse contra los intereses imperialistas de Estados Unidos y tampoco es estratégico hacerlo. Hay que tener en mente que este tipo de temas no están por fuera de la lógica de la política estadunidense.

Amanecer económico

El segundo trienio será de crecimiento económico, luego de la crisis mundial generada por la pandemia de Covid-19, asegura el maestro en ciencias económicas y doctor en economía Ernesto Bravo Benítez. “Ya maduran en el corto plazo grandes proyectos de producción y de inversión” que consolidará a México como una plataforma logística de exportaciones atractiva para los cuatro puntos cardinales.

“México está llamado a ser un centro logístico internacional; la Ruta de la Seda también va a pasar por México en la parte marítima y es algo que ya está más que visualizado, de tal manera que si la actual administración es capaz, sobre todo con estos cambios que se hicieron en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, de articular la política monetaria, fiscal y cambiaria en una dirección de fortalecimiento productivo, el país se va a recuperar.”

Confía en que la recuperación de la economía mexicana será muy por encima de la registrada durante los 38 años de neoliberalismo. No sería “para nada suficiente” si el crecimiento fuera del 2 por ciento, como en todo ese periodo. “La apuesta, tratando de leer directamente tanto los documentos básicos que guían la política económica del gobierno como entrelíneas, apunta a una recuperación de tasas de crecimiento de entre 4 o 4.5 puntos porcentuales del PIB”.

Advierte que tales tasas promedio anual pasan por fortalecer el Estado de derecho, en donde la certidumbre de las inversiones sea mayor. En ese sentido, podría llegar a recuperar las tasas históricas previas al neoliberalismo, “en dónde por más de 50 años fue del 6.5 por ciento el crecimiento real. Estamos haciendo referencia a lo que sirvió este en este país durante el famoso Milagro Económico; lo podemos recuperar sin lugar a dudas”.

Señala que durante todo el periodo neoliberal el crecimiento económico del 2 por ciento no sólo es raquítico. Explica que si se considerara la expulsión de 12 millones de connacionales al exterior, incluso no se habría registrado crecimiento alguno. “Si ellos se hubieran quedado en el país, con esta tasa de crecimiento el PIB per cápita hubiera sido 0.0. Esa válvula de escape finalmente significó para algunas familias mexicanas poder salir adelante”.

Considera que lo que viene para México “es una etapa muy interesante” en donde se están generando las condiciones que se le negaron al país por mucho tiempo. “México ya empieza a ser reconocido. Las condiciones están puestas para que, haciendo bien las cosas, México se consolide. Necesitamos por supuesto invertir mucho más en ciencia, tecnología e innovación. Esa es la piedra angular, junto con las medidas que comentábamos, que va a catapultar a este país”.

La oposición de derecha

En el ámbito de la política interna, observa Aníbal García Fernández, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) van a seguir en su alianza que han sustendado desde 2012. Ahora su campo de acción intentan extenderlo a organismos internacionales. Al menos llevan seis visitas al extranjero con este fin. La última vez fueron a la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero también se reunieron con el Wilson Center.

“Este think tank no es menor. Es de los que han hecho cabildeo importante para aprobar todas las reformas constitucionales de Peña Nieto y anteriores. Panistas, priístas y perredistas están buscando la forma de generar alianzas y encontrar espacios en el centro de poder de Estados Unidos, que saben que podrían ponerle un alto a Andrés Manuel. Si hay algo que recorra la historia de México es el fantasma de Estados Unidos.”

García Fernández considera que estos grupos políticos están buscando en Estados Unidos la legitimidad que no tienen en México. Pero tampoco cuentan liderazgo, cohesión, bases ni organización. Lo único que les queda es el golpeteo económico y mediático y la búsqueda de aliados en organismos internacionales.

Pero que no tengan legitmidad no significa que no tengan poder, aclara. “El pocer económico no está por fuera del poder político. Van juntos. Se van determinando [estos grupos] unos a otros. Sí han sido medianamente desplazados del Estado y no encuentran facilidades en el gobierno actual como las tuvieron antes”.