La emboscada, el desgaste militar y los derechos humanos

Carlos Fazio

A 23 días de los hechos de Culiacán, Sinaloa, en los que según la narrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un convoy militar fue emboscado por un grupo armado con saldo de cinco soldados muertos y 10 heridos, no existen datos periciales, de balística ni criminológicos de una autoridad competente que permitan saber qué ocurrió y cómo, ni quiénes fueron los atacantes y cuál fue el móvil.

Si bien el pasado 22 de octubre, en presencia del comandante de la novena Zona Militar, general Rogelio Terán, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (Seido), Gustavo Salas Chávez, aseveró que se tiene claramente establecido el móvil, la cadena de decisiones y acciones ilícitas que motivaron la emboscada, así como el número de delincuentes que participaron y a qué organización pertenecen, se reservó nombres y motivos. Asimismo, dijo que hay varias personas detenidas, pero no especificó cuántas ni quiénes son. Por lo que desde el punto de vista informativo no aportó ningún dato nuevo y todo queda sujeto a la especulación.

No obstante, a partir de un video filtrado a un medio televisivo por mandos castrenses, sobre un evento anterior en el poblado de Bacacoragua, municipio de Badiraguato, donde se observa a dos soldados que asisten a una persona herida (que en el relato de la Sedena y la PGR es identificada como Julio Óscar Ortiz Vega, presunto delincuente), se construyó y desencadenó toda una trama, que, con base en un encendido discurso del titular de la Defensa, general Salvador Cienfuegos −quien definió el ataque como alevoso y cobarde y a los ejecutores de la emboscada como enfermos, insanos, bestias criminales−, llevó a un grupo de columnistas de Estado a impulsar una campaña de intoxicación mediática con una matriz de opinión que puso el acento en el hartazgo y el fastidio castrense, la sordera civil y el supuesto abandono en que se tiene al Ejército. Lo que sumado al desgaste del instituto armado, descrito en un discurso posterior del jefe de la Sedena, puso en la agenda político-parlamentaria la necesidad de regular ya la intervención militar en tareas de seguridad pública.

La sucesión de hechos en apariencia inconexos: la emboscada, el malestar castrense, el renovado patriotismo de los formadores de opinión pública y la consecuente necesidad de una nueva legislación sobre seguridad interior, el estado de excepción (o de emergencia) con suspensión de derechos humanos y garantías, y la prolongación de la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública (o policiales) que lleva ya 10 años, tiene en su origen algunos puntos oscuros.

El evento de Badiraguato, la construcción narrativa sobre el enigmático y elusivo “alias Kevin” (Julio Óscar Ortiz Vega, supuestamente rescatado por las bestias criminales), quien vestía un uniforme similar al de los dos soldados que presuntamente le salvan la vida en el video y con quienes sostiene un diálogo inusual (por humanitario) entre un delincuente y elementos del Ejército tras un enfrentamiento −mismos que además después murieron en una emboscada de precisión militar que rompe la tendencia y el modus operandi−, con todo y su dramatismo real o ficticio, puede ser una cortina de humo (la fabricación de una noticia que cause el impacto esperado desplazando a la anterior) para pasar a una nueva fase de militarización del país, en momentos en que más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil demandan al gobierno de Enrique Peña Nieto que cumpla con las 14 recomendaciones formuladas al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, y se adopte un cronograma para el retiro de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública.

La emboscada que profundizó el desgaste del Ejército (general Cienfuegos dixit) y reactivó en los círculos parlamentarios la discusión sobre la ley de seguridad interior, en particular sobre la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, podría resultar muy peligrosamente tentadora para la imposición de un régimen autoritario de nuevo tipo.

Cabe consignar que, en su origen, la intervención militar en el combate a las drogas, se dio en el contexto de una doctrina de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos desde los años 90 del siglo pasado. Desde entonces, la tendencia hacia una militarización y trasnacionalización de la guerra a las drogas contribuyó al reforzamiento y a la relegitimación del papel doméstico de las fuerzas armadas y de cuerpos policiales militarizados, estrategia diseñada por Washington en detrimento de las tendencias regionales hacia la democratización de sus sociedades, la desmilitarización y una mayor protección de los derechos humanos.

Desde entonces, también, el estado de derecho en países como México se fue transformando en un cascarón vacío, donde las funciones y las instituciones garantes de un sistema democrático siguieron existiendo como estructura, pero en lugar de cumplir con sus mandatos constitucionales, se pusieron al servicio de los intereses de la plutocracia y sus administradores civiles, borrando cualquier garantía constitucional, erigiendo la impunidad a regla de convivencia civil, en un proceso de contaminación y resquebrajamiento que se ha venido profundizando hasta nuestros días.

A todas luces México no es un Estado democrático de derecho. Durante el sexenio de Peña Nieto la descomposición del principio de legalidad y la vulneración flagrante de los derechos humanos se han profundizado. Así lo revela el más reciente estudio del World Justice Project 2015, de Washington, DC, que ubica a México en el lugar 79 de 102 países estudiados, reprobado con una calificación de 0.47, debajo de Burkina Faso, Tanzania, China y Túnez.

En ese contexto, el actual dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, cuyo contenido forma parte de las garantías individuales, es una pieza jurídica propia de un Estado autoritario.

La emboscada

Carlos Fazio

La agresión armada contra un convoy militar en Culiacán, Sinaloa, sigue generando contradicciones. Como pocas veces antes, la narrativa de los mandos castrenses parece ajustarse a la verdad de los hechos: tanto el general Alfonso Duarte Múgica, comandante de la tercera región militar en Mazatlán, como el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, señalaron que hacia las 3:30 horas del 30 de septiembre, una ambulancia de la Cruz Roja y dos vehículos Humvee del Ejército fueron emboscados en la carretera México 15 en el acceso norte a Culiacán, con saldo de cinco soldados muertos, 10 lesionados y dos ilesos. Los soldados fueron agredidos con armas de gran volumen y potencia de fuego (granadas de fragmentación y fusiles Barret .50, AR-15 y AK-47), por un grupo de la delincuencia organizada que los estaba esperando, dijo Duarte.

Más allá de la retórica adjetivada de dos profesionales de la violencia como son los divisionarios Cienfuegos y Duarte, quienes calificaron el ataque de alevoso y cobarde, propio de enfermos, insanos, bestias criminales −seguido de amenazas de retaliación o represalia que se retrotraen incluso a la ley del talión del siglo XVIII aC−, cabe consignar que la emboscada es una de las técnicas guerreras más eficaces para hostigar, aniquilar, destruir, obtener e incautar material y equipo al enemigo, y que por definición es un ataque violento, sorpresivo y engañoso breve, contra un blanco u objetivo en movimiento o detenido de manera temporal, que incluye una retirada rápida y segura sobre una ruta prestablecida.

Las bases esenciales de una emboscada son buena información, una cuidadosa planificación y la elección inteligente del lugar. Pero en el caso de marras, más que un plan detallado a partir de información previa que permitiera conocer cómo opera el enemigo y la hora en que pasaría por cierto punto o área, parece tratarse de una acción improvisada o inmediata contra un blanco de oportunidad, montada y ejecutada a partir de la intervención (o escucha) de las frecuencias de radio utilizadas por soldados de la 24 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en San Ignacio, desde que un par de horas antes incursionaron en Bacacoragua, municipio de Badiraguato, donde tras un supuesto enfrentamiento resultó herido el presunto delincuente Julio Óscar Ortiz Vega, ataviado con ropa militar.

El aparente objetivo de la emboscada fue rescatar a Ortiz Vega, quien era trasladado en la ambulancia. En la operación, los agresores habrían utilizado algún tipo de aditamento explosivo para incendiar las dos unidades donde se transportaban los militares, dos de los cuales fueron consumidos por las llamas. Según la narrativa oficial, en la emboscada participaron alrededor de 40 sicarios que habrían utilizado unas 15 camionetas blindadas.

Una cronología de hechos elaborada por la policía ministerial de Sinaloa señala que a partir de una llamada anónima denunciando disparos en la avenida Salvador Dalí, frente al número 3059 del fraccionamiento Espacios Bar­celona, a las 3:26:21 una operadora del Centro de Emergencias y Respuestas Inmediatas de Sinaloa (CERI) avisó, por radio, del incidente a las autoridades federales, estatales y municipales del estado, incluida la Sedena, que dio acuse de recibido. Doce minutos después llegó al lugar un policía ministerial y en seguida varias patrullas municipales y el coordinador de Seguridad Pública de Sinaloa, general retirado Moisés Melo. El Ejército arribó una hora después.

A juzgar por los datos descritos, la emboscada se ejecutó en un lapso breve (10 minutos) y con una precisión y fuerza militar inusuales en los grupos de la economía criminal. Dado que desde 2007 está vigente la Operación Sinaloa y en septiembre último se instaló en la entidad un grupo especial de reacción inmediata integrado por elementos del Ejército, la Marina y de las policías Federal, estatal y municipal, no queda claro qué falló, por qué y quiénes son los responsables en la cadena de mando.

¿Cómo fue posible que a esa hora de la madrugada una concentración de 15 vehículos con al menos 40 hombres haya pasado desapercibida ante las cámaras de videovigilancia del sistema de monitoreo C-4? ¿A qué obedecieron las declaraciones y filtraciones de fuentes militares y de inteligencia a columnistas de Estado, que de manera indistinta atribuyeron la autoría del hecho a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán (Alfredo e Iván); a las llamadas Fuerzas Especiales, de Dámaso López Núñez, El Licenciado (integradas presuntamente por desertores del Ejército, la Marina y la Policía Federal), y al cártel Jalisco nueva generación, de Nemesio El Mencho Oceguera, en una eventual alianza con Alfredo Beltrán Guzmán, alias El Mochomito, de los Beltrán Leyva? ¿Se trató de enturbiar el caso?

¿Pudo ejecutar la emboscada un comando militar de otro tipo? Y si fuera así, ¿con qué objetivo? ¿Para llevar la guerra no convencional, asimétrica y de contrainsurgencia por territorios y recursos al llamado Triángulo Dorado formado por los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango bajo la pantalla de la guerra al crimen organizado?

¿A qué obedeció la operación de saturación e intoxicación mediática −chan­tajista y manipuladora− impulsada por el ciudadano-general Cienfuegos con el aparente aval de su comandante en jefe, el autista Enrique Peña Nieto, coreografiada en el Zócalo el 7 de octubre? ¿Fue para apaciguar el enojo castrense en momentos que se rompen pactos y cunden las deslealtades? ¿Se fracturó la hegemonía del sistema político y asistimos a un acelerado proceso de descomposición del régimen?

La agresión contra los soldados en Culiacán constituye un delito que debe ser investigado por las autoridades competentes de manera pronta, objetiva e integral, y sus responsables sancionados. A 10 días del hecho no hay detenidos. Ante el fracaso de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano y el desbloqueo de los fondos de la Iniciativa Mérida, ¿se prepara la llegada formal de soldados y contratistas de Estados Unidos?

Consecuencias del alza de la tasa de interés

Arturo Huerta González*

El Banco de México (BdeM) decidió el jueves 29 de septiembre aumentar la tasa de interés interbancaria de 4.25 a 4.75 por ciento con la finalidad de frenar las presiones inflacionarias derivadas de la devaluación del peso. Señala que es crucial reforzar las políticas orientadas a fortalecer los fundamentos macroeconómicos del país y que ello coadyuvará a una mayor estabilidad financiera.

El problema es que con la contracción del gasto público que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como el alza de la tasa de interés del BdeM, no se fortalecen los fundamentos macroeconómicos ni se logra la estabilidad financiera. El alza de la tasa de interés aumenta la carga del servicio de la deuda pública, lo que presiona las finanzas públicas. La contracción del gasto público dirigida a disminuir el déficit fiscal, como el monto de la deuda pública, y la actividad económica para reducir el crecimiento de importaciones y las presiones sobre el sector externo, tampoco logra dichos propósitos. La contracción de la actividad económica derivada del alza de la tasa de interés, como del menor gasto público, disminuye el ingreso nacional y con ello la recaudación tributaria, que depende del ingreso nacional, por lo que siguen las presiones sobre las finanzas públicas. Asimismo, la menor actividad productiva, lleva a que las importaciones sigan creciendo para satisfacer la demanda interna, por lo que siguen las presiones sobre el déficit de comercio exterior.

El alza de la tasa de interés va orientada a promover entrada de capitales y a frenar su salida del país para evitar mayor déficit en la balanza de pagos y mayor devaluación, pero es difícil que el alza de la tasa de interés promueva entrada de capitales y frene su salida, dado que con la devaluación (que va en 20 por ciento en el año) pierden más que el rendimiento que les da la tasa de interés. Al encarecerse el costo del crédito y al restringirse el gasto público, la inversión crece menos, así como la productividad y la capacidad productiva, por lo que seguirán las presiones de oferta sobre la balanza de comercio exterior, no alcanzándose la fortaleza buscada en el sector externo.

Con el alza de la tasa de interés y la contracción del gasto público, el costo de la deuda tiende a crecer más que el ingreso nacional, es decir, que el ingreso de empresas, individuos y del gobierno, por lo que se restringe la capacidad de pago de la deuda. Ello aumenta la cartera vencida que llevará nuevamente a otra crisis bancaria, por lo que tales políticas no coadyuvan a una mayor estabilidad financiera como el BdeM ha declarado.

El BdeM no puede seguir con su política monetaria restrictiva en la supuesta defensa de la baja inflación. El problema del país no es la inflación, sino la falta de crecimiento. Ellos mismos reconocen que en el segundo semestre de 2016 se registró una contracción económica, y el alza de la tasa de interés y el recorte del gasto público que ellos consideran correcto, nos lleva a menor crecimiento, a agravar los problemas económicos, políticos y sociales del país.

Con tales políticas ellos tratan de seguir viabilizando lo que por décadas se ha evidenciando que es inviable. Sus políticas se orientan a crear condiciones de confianza al gran capital, de que se ‘mantendrá’ la estabilidad macroeconómica del país y la libre movilidad de mercancías y capitales, pero la economía nacional no tiene condiciones para ello ni tampoco se logra contrayendo la actividad económica ni aumentando la pobreza y extranjerización del país. El contexto de recesión económica y de presiones permanentes sobre las finanzas públicas y el sector externo y los crecientes niveles de endeudamiento, llevan a que el riesgo país aumente, por lo que el capital seguirá saliendo del país y no vendrá, lo que compromete el financiamiento de los desequilibrios macroeconómicos que se enfrentan (déficit fiscal y del sector externo), acentuando la crisis económica nacional.

Estamos viviendo la crónica de una crisis anunciada. Cada día la economía nacional se adentra a un colapso que nos lleva a la recesión, a mayor desempleo y subempleo, mayor pobreza y desigualdad, que retroalimenta el clima de violencia e inseguridad que se vive.

No se puede seguir insistiendo en un modelo económico que no responde a los intereses nacionales, sino a los propósitos de los dueños del dinero. Ello es inviable económica y políticamente. Con los crecientes problemas que afrontamos, irá cambiando la correlación de fuerzas, que demandarán cambio de rumbo, a fin de evitar crisis de mayores proporciones, de la que ya enfrenamos.

*División de Estudios de Posgrado. Facultad de Economía, UNAM